España envejece y tiene pocos niños. A 1 de enero de 2024, España cuenta con 48,5 millones de habitantes. Las proyecciones prevén que superemos los 50 millones en 2030 y que sigamos creciendo de forma continua hasta 2050, momento en el que la población se estabilizará en torno a los 53 millones de personas. Sin embargo, nos mantenemos en el grupo de países con menor tasa de nacimientos. La expectativa de contar con 2,1 hijos por mujer no se ha alcanzado en ningún país de la Unión Europea en la última década y en España no se supera desde 1980, hace ya 44 años. Son datos que confirman que cada vez somos más mayores y, sobre todo, que los cambios sociales que vivimos requieren políticas más allá de las estrictamente dirigidas a la promoción de la natalidad.

Tomar la decisión de tener hijos depende de muchas cosas, pero, entre ellas, hay algunas tan evidentes como las expectativas de vida de las mujeres en edad de ser madres, su seguridad laboral y el salario que perciben, si tienen acceso o no a una vivienda adecuada, o si confían en los servicios públicos necesarios para contar con el mejor apoyo.

Los nacimientos de hoy no pueden desvincularse de la precarización que sufrieron las generaciones jóvenes y adultas jóvenes en la crisis de 2010 y las políticas austericidas posteriores. No olvidemos que en 2013 la tasa de desempleo juvenil superaba el 56% y que, pese a su retroceso en los últimos años, aún está muy por encima de la media de la UE. Esa juventud en paro o que tuvo que emigrar hace una década es la que estaba llamada a la paternidad ahora. La reforma laboral y la subida del salario mínimo han comenzado a revertir la precariedad, pero debemos seguir avanzando en políticas sociales y perspectivas laborales si queremos recuperar la cifra de nacimientos. 

Una de las grandes dificultades que enfrentan los jóvenes reside en el acceso a la vivienda, lo que explica en parte la alta edad media de emancipación (31 años los hombres y 29 las mujeres) y el retraso en la edad de maternidad. El derecho a la vivienda a precios asequibles es un imperativo que debe venir acompañado de servicios básicos de proximidad, públicos y privados, para facilitar el asentamiento de población en las ciudades y las áreas rurales.

Ni zonas metropolitanas tensionadas ni áreas rurales vacías. El enfoque de ciudades y territorios con servicios básicos a no más de 15 y 30 minutos respectivamente debe estar presente en el diseño de políticas de bienestar y reducción de brechas de despoblación.

A ello se suman otras cuestiones en las que seguimos trabajando para reducir las brechas de género en desigualdad salarial, en el acceso a puestos directivos y de representación, o en las divergencias en las carreras profesionales entre hombres y mujeres por efecto de la maternidad.

Aunque hemos avanzado hacia la igualdad con la extensión e igualación de los permisos de maternidad y paternidad, la universalización de la educación de 0 a 3 años, la mejora del salario mínimo o el equilibrio de género en puestos directivos, hay mucho camino por recorrer hacia la conciliación y la corresponsabilidad. Los estudios sociológicos nos muestran que los hombres, incluso jóvenes, están lejos de haber interiorizado la igualdad de género de forma efectiva y real.

En realidad, es difícil imaginar un crecimiento de la tasa de fecundidad actual en España (de 1,2 hijos por mujer) sin una reducción sostenida de todas estas barreras. Incluso si cuando se dan estas circunstancias, el crecimiento demográfico a través de la dinámica interna (el crecimiento vegetativo) es limitado o incluso negativo.

Pero esto no es excepcional, sino un rasgo propio de las sociedades avanzadas. Esto explica, por ejemplo, que la Unión Europea esté abordando el cambio demográfico como una de sus más importantes transiciones, junto a la ecológica y la digital. 

¿Significa esto que España esté condenada al declive demográfico? Ni mucho menos. De hecho, el crecimiento económico y la atracción de población hacia nuestro país desde otras zonas –especialmente América Latina, pero también África y Europa– permite no solo revertir el saldo vegetativo negativo, sino crecer en número de habitantes, aumentar la población joven y adulta, manteniendo nuestra población activa, e incluso, en algunas áreas rurales, luchar contra la despoblación. Este saldo migratorio es positivo y necesario en España y Europa, y lo será aun más en las próximas décadas, a medida que aumente el número de personas mayores y su proporción en nuestra pirámide.

Son muchos otros los desafíos demográficos que hemos de atender y, por vez primera, el Gobierno los está afrontando de forma específica: la despoblación rural, la fuga de talento de las zonas en declive demográfico, la atención a las personas mayores y a la dependencia en una sociedad cada vez más longeva, la mejora de las oportunidades para jóvenes, la igualdad de derechos y la garantía de proximidad de servicios en todo el territorio, etc. Pero un cambio estructural de esta profundidad requiere tiempo, visión a largo plazo y colaboración de todas las administraciones y la sociedad.

Es hora de ampliar el foco, reducir las brechas, apostar por la calidad de vida y del empleo, las prestaciones sociales y el acceso a la vivienda. Es hora también de mantener un debate abierto y constructivo sobre política migratoria y el impacto social y demográfico de la cohesión territorial.

Este 20 de septiembre se abre a la firma en Nueva York el Tratado para la Protección de la Biodiversidad en Alta Mar. Por fin, tras dos décadas de trabajo técnico y negociación, nos dotamos de los acuerdos para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.

España firmará en nombre propio y del Consejo de la Unión Europea. Es una excelente noticia que todavía necesitará desarrollos y actuaciones concretas importantes.

Estamos a la vanguardia con los países que promueven la protección de los océanos y la conservación y restauración de los ecosistemas marinos.

Así debe ser como país que somos vinculado al mar, cultural y económicamente; como país responsable y consciente del papel fundamental que el océano desempeña en el sistema climático, la salud global del planeta y el bienestar humano. 

España trabaja para asegurar la correcta gestión de nuestros mares y garantizar una especial protección de, al menos 30% de las aguas marinas antes de 2030 (con un hito intermedio de protección del 25% para 2025), en línea con lo acordado en la Conferencia sobre Diversidad Biológica celebrada en Montreal en diciembre de 2022. 

Más allá de nuestras aguas jurisdiccionales, hemos impulsado durante años la cooperación internacional en este ámbito, convencidos de la importancia de lograr un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar.

El Tratado que este miércoles se abre a la firma regula las actividades humanas en alta mar, promueve la designación de áreas marinas protegidas y establece mecanismos para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos. Se trata de un desarrollo ambicioso de todos los aspectos medioambientales previstos en el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS).

Tras un proceso largo y difícil, el texto se aprobó formalmente en junio de 2023. Para su entrada en vigor requiere la ratificación por parte de 60 países, desde la apertura a la firma este 20 de septiembre, en la Sede de las Naciones Unidas.

Se trata de un nuevo marco normativo que respalda el enfoque ecosistémico e integrado del océano y los principios esenciales que permiten preservar su delicado equilibrio.

Una actualización de principios e instrumentos conocidos en derecho ambiental como la seria obligación de que quien genera la contaminación se responsabilice financieramente de la recuperación del espacio dañado; la necesidad de una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los ecosistemas marinos; la aplicación de instrumentos de precaución ante las actuaciones potencialmente dañinas para la sociedad o el medio ambiente o el desarrollo activo de políticas de protección del patrimonio común de la humanidad.

Quizás lo más importante es el énfasis en el papel crucial que desempeña la investigación científica marina dando prioridad a la adopción de decisiones basadas en el mejor conocimiento e información científica disponibles los conocimientos tradicionales pertinentes de pueblos indígenas y comunidades locales.

Lo que también explica uno de los aspectos emblemáticos del nuevo régimen consistente en la obligación de evitar la transferencia de daños o peligros de unas zonas marinas a otras y la transformación de un tipo de contaminación en otro como consecuencia de la acción del hombre.

Pero en un mundo afectado por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, lo más sensible y complejo se resume en el reconocimiento de las circunstancias especiales y las necesidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados, y los países en desarrollo sin litoral.

Con la adhesión, España cierra filas con el impulso de la salud integral de los océanos y por conservar y restaurar los ecosistemas marinos. Apostamos por lo que importa hoy, pero también por lo que mañana será imprescindible para hacer viable el equilibrio ambiental, social y económico del planeta.

Si tuviéramos que resumir en una sola frase el escenario que presenta España en materia de agua, diríamos que España cuenta un rico patrimonio hidráulico y una gran diversidad de ecosistemas acuáticos y, sin embargo, convive con escasez e importantes retos pendientes en gestión del agua.

Una gestión que debe abordarse con amplitud de miras y mediante una planificación hidrológica inteligente si aspira a ser eficiente, ambientalmente sostenible y socialmente justa. Y uno de los aspectos más sensibles que no podemos obviar es el trasvase Tajo-Segura. 

Un asunto cuya respuesta requiere distintas líneas de acción que pongan en el centro a las personas, el medio ambiente y el uso sostenible del agua.

En diciembre de 2020 se dio el primer paso en ese sentido con la aprobación de un Real Decreto que otorgaba una subvención de 40 millones de euros a la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración y adecuación de cauces en los municipios colindantes de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ayuntamientos que conforman el sistema de cabecera del trasvase Tajo-Segura, y que durante años se sintieron abandonados por no contar con las infraestructuras necesarias para aprovechar el agua.

Con esta apuesta, activamos nuestra hoja de ruta para la explotación sostenible del ATS (Acueducto Tajo-Segura), con un objetivo único: encauzar problemas enquistados durante años.

Se pretende, por un lado, mantener un régimen adecuado de caudales ecológicos en el Tajo, y mayores volúmenes de agua en los embalses de cabecera del trasvase. A ello contribuirá la modificación de las Reglas de Explotación del ATS, que tiene por objeto incrementar los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, al tiempo que se reducen los volúmenes mensuales que se envían a las cuencas receptoras cuando el sistema se encuentra en situación de normalidad. Gracias a estas nuevas reglas, el sistema de la cabecera del Tajo evitará encontrarse tan a menudo en situación hidrológica excepcional.

El paso más importante lo daremos con la aprobación del tercer ciclo de planificación hidrológica, prevista para abril de 2022. Una apuesta enormemente ambiciosa que requerirá cambios de gran complejidad técnica, así como una revisión de las normas de explotación. La nueva planificación hidrológica dará paso a una nueva realidad, que ha de traducirse en un equilibrio ecológico que el Tajo largamente ha demandado.

Será imprescindible también incrementar los recursos alternativos en las cuencas receptoras del trasvase, especialmente en la cuenca del Segura, para facilitar el desarrollo económico, social y ambiental de la zona. Esto supone aumentar los recursos procedentes de la desalación y de la reutilización. La desaladora de Torrevieja es un ejemplo. En poco tiempo ha duplicado su capacidad y esperamos poder triplicarla en los próximos meses.

El incremento de las capacidades de desalación y reutilización, así como la conexión de estas aportaciones con las áreas de consumo, debe hacerse en paralelo a la incorporación de energía renovable -en especial- fotovoltaica para facilitar una reducción del coste de la energía y, en definitiva, del precio del agua.

Todo con la vista puesta en optimizar la gestión de los recursos generados, a fin de que se puedan distribuir en las zonas regables, independientemente de su procedencia. Sin duda, el agua desalada y el agua reciclada son un bien estratégico para España. Estos instrumentos permitirán una gestión integral de un recurso valioso, anticipar los riesgos a medio y largo plazo, impulsar la actividad económica y ayudar a fijar población en ciudades de interior y en zonas rurales.

Proteger el medio ambiente y en especial el agua como recurso clave para la vida es proteger, en última instancia, nuestro sistema de bienestar, la cohesión territorial y social y el desarrollo sostenible. Un trinomio sin el cual no es posible el progreso.

El mundo afronta una crisis sin precedentes. En solo unas pocas semanas, la pandemia de la COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y ha causado una tremenda tragedia humana y un revés económico histórico del que todavía desconocemos su impacto completo.

Nuestras sociedades se han confinado, las fronteras han sido cerradas, el desempleo aumenta y las empresas están en plena lucha. El foco está situado actualmente en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias inmediatas. Sin embargo, deberíamos empezar a prepararnos para reconstruir la economía y preparar los necesarios planes de recuperación para conseguir un progreso sostenible y renovado y traer prosperidad de nuevo a Europa y sus ciudadanos.

Mientras hacemos esto, no debemos perder de vista las persistentes crisis climática y ecológica. Crear el momentum para librar esta batalla debe mantenerse en lo alto de la agenda política. La lección que se extrae de la crisis de la COVID-19 es que la reacción temprana es esencial. De esta manera, necesitamos mantener la ambición para mitigar los riesgos y costes de la inacción ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

No podemos permitirnos retrocesos que pueden tener efectos perjudiciales en nuestro clima, nuestra biodiversidad y el medio ambiente además de sobre la salud de la humanidad y nuestras economías. Estas crisis nos recuerdan que las respuestas deben ser concertadas mediante una respuesta europea común.

La capacidad de la Unión Europea para actuar depende en gran medida de nuestra habilidad para trabajar juntos de forma solidaria para construir un puente entre la lucha contra la COVID-19, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Así, celebramos que los jefes de Estado y de Gobierno, el 26 de marzo invitaran a la Comisión a que comenzara a trabajar en un plan europeo de recuperación que integrara la transición ecológica y la transformación digital.

Llamamos a la Comisión a utilizar el Green Deal europeo como marco para este ejercicio y, de este modo, mantener ese momentum implementando sus iniciativas. El Green Deal supone una nueva estrategia de crecimiento para la Unión Europea, capaz de conseguir los beneficios de la estimulación económica y la creación de empleos mientras se acelera la transición ecológica de una manera eficiente. Por ejemplo, el objetivo de la neutralidad climática para 2050 así como un marco político sólido aseguran un medio ambiente con inversiones estables y de futuro para las empresas europea que es una precondición esencial para el crecimiento verde y la creación de trabajos.

Además, animamos a la Comisión a que contemple el Green Deal y su plan de inversiones, que pude ser impulsado, para empujar la recuperación verde y una transición justa. Necesitamos incrementar las inversiones, especialmente en los campos de la movilidad sostenible, la energía sostenible, la renovación de edificios, la investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

El Green Deal nos proporciona una hoja de ruta para tomar las decisiones correctas para responder ante la crisis económica al tiempo que Europa se convierte en una economía sostenible y neutral con el clima. Deberíamos resistir las tentaciones de las soluciones a corto plazo para afrontar esta crisis que amenazarían con encadenar la Unión Europea a una economía de los combustibles fósiles durante décadas.

En su lugar, debemos mantenernos firmes para incrementar los objetivos de la Unión para 2030 antes de que acabe este año cumpliendo el calendario del Acuerdo de París a pesar de que la cumbre climática de 2020 (la COP26) se haya pospuesto e inspirar a otros agentes globales para que eleven su ambición también.

Desde ese punto de vista, nos complace que la Comisión esté en el camino para presentar en septiembre de este año un plan de impacto para aumentar esa ambición europea y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 y un 55% en comparación con los niveles de 1990. Además, necesitamos mantener y reforzar las regulaciones como el Sistema de Comercio de Emisiones, los estándares ambientales y las políticas sectoriales y hacerlas más efectivas a la hora de reducir las emisiones de la manera más eficiente al tiempo que sean una ruta para que los negocios europeos se adentren en un futuro verde de economía circular.

Necesitamos enviar una señal política fuerte al mundo y a nuestros ciudadanos de que la Unión Europea liderará con su ejemplo, incluso en momentos difíciles como el actual, e iluminará el camino hacia esa neutralidad climática y el cumplimiento del Acuerdo de París.

En ese mismo sentido, la acción urgente para proteger y conservar la biodiversidad debe ser un elemento clave de nuestra respuesta a la crisis global tanto de salud como ecológica y un aspecto crucial para asegurar la supervivencia a largo plazo y el bienestar de nuestras sociedades.

Firmantes:

Leonore Gewessler. Ministra federal para la Acción Climática, el Medio Ambiente, la Energia, Mobilidad, Innovación, y Tecnología de Austria.

Dan Jørgensen. Ministro de Clima, Energía e Infraestructuras de Dinamarca.

Krista Mikkonen. Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Finlandia.

Sergio Costa. Ministro de Medio Ambiente, Tierra y Mar de Italia.

Juris Pūce. Ministro de Protección Ambiental y Desarrollo Regional de Letonia.

Carole Dieschbourg. Ministra de Medio Ambiente, Clima y Desarrollo Sostenible de Luxemburgo.

Carole Dieschbourg. Ministra de Asuntos Económicos y Política Climática de Holanda.

João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. Ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal.

Teresa Ribera Rodríguez. Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España.

Isabella Lövin. Ministra de Medio Ambiente y Clima y viceprimera ministra de Suecia.

Como en la fábula de la rana metida en una olla al fuego. Contenta en el agua fresquita primero, a gusto cuando está tibia, adormecida según va calentándose y muerta al empezar a hervir. Y de repente, las fotos que fecha a fecha muestran la realidad. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo y por qué tanto tiempo adormecidos?

Como en el caso de la rana, salvar el Mar Menor del colapso exige más que buenas palabras o intervenciones puntuales. Obliga a un replanteamiento serio del modelo de desarrollo en la comarca. Si hay una lección clara es que no es posible obviar los límites ecosistémicos, ni mirar para otro lado. No hay desarrollo ni prosperidad si aniquilamos el capital físico sobre el que se asientan, y el problema no se resuelve despreciando a los mensajeros que tantas veces y durante tantos años lanzaron advertencias y recomendaciones.

El debate sobre la supuesta incompatibilidad entre economía y protección del medio ambiente terminó hace años. Terminó, pero algunos no lo entendieron. En algunas ocasiones no se ha comprendido que a veces se trata de una cuestión de matiz, de ponderar equilibrios complejos… Y en otras se aprecia un desconocimiento o una voluntad clara de ignorar los riesgos y daños a medio y largo plazo. Pero eso no cambia las leyes de la física y la química, que acaban imponiéndose como una pesada carga para nosotros y nuestros hijos. En el Mar Menor, asistimos a un ejemplo de libro de lo que acabo de citar. La acumulación de presiones sobre un ecosistema frágil ignorando las consecuencias que, antes o después, se materializan. Hasta cuando la laguna ha mandado avisos serios –como hace dos años– se optó por negar la evidencia.

La situación actual del Mar Menor es enormemente preocupante. Además del desastre ambiental, vemos a los pescadores sin poder faenar y a un sector turístico comprensiblemente inquieto por su futuro. Desde el Gobierno de España y, en concreto, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, debemos reforzar nuestra capacidad de actuación. Esto significa hacer un esfuerzo adicional por velar por el cumplimiento de la normativa de aguas y costas, fortaleciendo nuestros recursos y equipos en materia de vigilancia, inspección y sanción de las ilegalidades que puedan existir sobre el terreno, y activar las herramientas de seguimiento satelital, información pública y debate informado sobre opciones, buscando una progresiva disminución de la carga que soporta el Mar Menor. Debemos aplicar fórmulas que permitan disminuir drásticamente las aportaciones de aguas contaminadas y plantear un estricto deslinde del dominio público hidráulico y marítimo terrestres, añadiendo un recordatorio estricto de las limitaciones de uso en las zonas adyacentes. Necesitamos darle una oportunidad de regeneración a la laguna y al acuífero. Tenemos que aplicar con escrupuloso rigor y celeridad las normas, sin aceptar el desánimo que a veces nos produce la incomprensión o el recelo de los afectados frente a la actuación ambiental.

Como suele ser habitual, el mal estado de las masas de agua tiene su origen, esencialmente, en tierra, así que conviene repasar el potencial listado de causas y las medidas más eficaces para responder. Ley de Aguas y Ley de Costas, acompañadas de decisiones basadas en el mejor conocimiento de la ciencia –incluidos organismos señeros como el Instituto Español de Oceanografía, el CSIC, el IGME o el CEDEX– son nuestra referencia inicial. Y debemos ser además valientes a la hora de suscitar preguntas complejas: ¿Cabe todo lo que hay o debemos “esponjar” el territorio, hoy ocupado por actividad agrícola o construcciones, con humedales artificiales y filtros verdes? ¿Se limita el uso de fertilizantes nitrogenados? ¿Ha de reforzarse la inversión en depuración y saneamiento?

Pero nada de esto funcionará si no hay un debate y una reacción serios a nivel local: una sociedad que reclame un cambio en el orden de prioridades y unas instituciones locales comprometidas con un modelo de desarrollo distinto. Ha implosionado la laguna pero, sobre todo, ha implosionado un modelo de desarrollo económico insostenible, basado en una falacia –la de creer que la naturaleza tiene capacidad infinita de carga– defendida con ahínco y un agresivo despliegue de medios para convertir en hereje a quien cuestionara el modelo.

Nadie culpa de la DANA al secretario general del PP, señor García Egea, pero cuidado con las citas de la hemeroteca porque ahí sí hay una gran capacidad documental para entender cómo la rana pasó del agua fresquita a la cocción. ¿Quién paga ahora? Todos, así que lo mejor es ponernos manos a la obra para hacer del problema una gran oportunidad de aprendizaje y reorientación, para convertir la regeneración del Mar Menor en otro ejemplo de libro, en el ejemplo de futuro y prosperidad sostenibles que nos reclaman los ciudadanos.

El próximo domingo, los votantes se enfrentarán a esta pregunta: “¿Qué clase de Europa quiere usted?”. Si usted está cansado de vivir en una ciudad con mala calidad del aire y preocupado por el estado del planeta que dejará a las siguientes generaciones, su respuesta podría ser: “una Europa ambientalmente sostenible”. Si usted sufre las consecuencias de la precariedad laboral o ve su puesto de trabajo amenazado, probablemente su respuesta sea: “una Europa socialmente sostenible”. Para nosotras, ministras de medio ambiente socialistas y socialdemócratas, la protección del medio ambiente y la promoción de la justicia social son dos caras de la misma moneda. Y estas son las razones:

En primer lugar, porque los esfuerzos para mejorar el medio ambiente no cristalizarán sin abordar de forma adecuada los efectos sociales que pueda tener la revolución verde o, para ser más concretos, a no ser que el proceso de transición ecológica contribuya a resolver los problemas sociales existentes.

En segundo lugar, porque salvar el medio ambiente no puede ser un lujo para minorías. Se trata de una cuestión vital para todos. Esto es algo que los miles de jóvenes que salen a las calles cada semana para manifestarse –desde Estocolmo a La Valeta, desde Madrid a Berlín– conocen bien.

Por eso, los socialistas y socialdemócratas queremos un Pacto para el Desarrollo Sostenible que guíe la próxima legislatura en la Unión Europea y que nos permita alcanzar estos dos objetivos. Nuestra visión propone una transición justa, un enfoque que defiende una transición ecológica apoyada con inversión, con investigación y desarrollo, con sindicatos fuertes y con capacitación para asegurar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para una economía verde e inclusiva.

Esta transición se apoyará en un Fondo Europeo de Transición Justa para apoyar una política industrial, de innovación, estructural y de inversión activa de la UE, especialmente en las regiones dependientes del carbón. Con el enfoque adecuado, la transición ecológica tiene un enorme potencial para la modernización industrial y la creación de empleo.

A través de un Plan Europeo de Vivienda Asequible también podemos hacer frente al cambio climático y ayudar a los más desfavorecidos. Queremos poner fondos de la UE a disposición de las ciudades para que inviertan en rehabilitación y construcción de viviendas públicas energéticamente eficientes. Mejoremos el parque de viviendas de Europa y hagamos que las necesidades de climatización de las casas sean más asequibles. Podemos proteger el planeta a la vez que promovemos la justicia social.

Con el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE hemos puesto un precio a las emisiones de CO2 de la industria y la producción de energía. De una manera socialmente justa, necesitamos que esta señal de precio se extienda a otras fuentes generadoras de emisiones, como pueden ser el transporte o los sistemas de calefacción. Para ello, nos aseguraremos de que los precios del carbono no afecten negativamente a las familias con ingresos pequeños y medianos, ni impongan una carga excesiva a quienes viajan en transporte público o viven de alquiler.

Europa también debe intensificar sus esfuerzos para hacer realidad el Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados centígrados. Esto implicará una estrategia climática a largo plazo de la UE con el objetivo global de alcanzar la neutralidad climática y aumentar el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero de la UE para 2030. Esta sería una señal fuerte para fomentar una mayor ambición climática global.

El modelo europeo de producción de alimentos también puede mejorarse radicalmente. Debemos volver a centrarnos en el apoyo a las pequeñas explotaciones y las cadenas de suministro cortas,  y apostar por la producción agrícola urbana. También es preciso trabajar por la reducción de los residuos de alimentos, del uso de plaguicidas y de las fugas de basura plástica, que acaban en la naturaleza. Con esta visión,  podemos preservar la biodiversidad y los ecosistemas, y hacer que los alimentos sean sanos y asequibles para todos.

Además, necesitamos una transición que nos aleje de la movilidad basada en combustibles fósiles y promover modos de transporte más sostenibles, limpios y accesibles, lo cual requiere una importante inversión en transporte público ecológico.

Todos estos objetivos son alcanzables, si existe voluntad política. Debemos reconocer que las políticas medioambientales, las políticas industriales, las políticas sociales y las políticas económicas deben apoyarse mutuamente. Los socialistas y socialdemócratas tenemos la capacidad de conciliar las inquietudes de los que se preocupan por el fin de un planeta habitable con las de quienes sufren para poder llegar a fin de mes. Junto a Frans Timmermans, el candidato progresista a la Presidencia de la Comisión Europea, vincularemos la protección del medio ambiente con la generación de empleo de calidad y el bienestar de los ciudadanos. Nos aseguraremos de que los europeos tengan seguridad en tiempos de cambio. Es hora de una transición justa hacia un modelo económico ambientalmente sostenible.

Es más que probable que antes o después se adopten medidas de estímulo para reactivar la economía

La mejor orientación estratégica para Europa es facilitar herramientas de eficiencia y cambios tecnológicos cuyas sociedades pueden aportar

España tiene una avanzadísima industria que lidera todas las etapas de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de energías renovables

Merkel y Rajoy, como cualquier otro ciudadano europeo, hablan de medidas de crecimiento. Necesitamos facilitar la recuperación de la actividad económica, el empleo y las garantías del progreso y del estado del bienestar. Sin embargo, poco o nada debatimos las características del modelo que queremos impulsar. Seguro que todos hablamos de cosas distintas pero el resultado de impulsar un modelo u otro no nos será indiferente. ¿Eurovegas o rehabilitación energética de edificios?, ¿vendemos el litoral o impulsamos la sostenibilidad de Playa de Palma? Optar entre alternativas determinará el nivel de concentración o dispersión de los beneficios de las medidas de recuperación, la prioridad que se dé a actividades industriales de valor añadido frente al consumo bruto de capital natural, la viabilidad a medio y largo plazo de los proyectos, etc.

Es más que probable que antes o después, en efecto, se adopten medidas de estímulo para reactivar la economía. Por ello, es fundamental entender mejor qué condiciones se deben dar para que no caigan en saco roto sino que, al contrario, permitan asentar las bases de un futuro equilibrado y un bienestar sostenido.

Curiosamente, el paquete de energía y cambio climático adoptado por la Unión Europea en 2008 tenía como objetivo fortalecer la competitividad económica y el peso geopolítico de la UE en el medio y largo plazo. La intención respaldada entonces -y posteriormente desarrollada en la estrategia de Lisboa y el énfasis puesto en el uso eficiente de los recursos- parte de un diagnóstico certero y plenamente vigente: la compleja realidad mundial en la que muchos otros actores aspiran a crecer y lo harán más deprisa. Un escenario en el que la UE difícilmente podrá competir con otros en costes laborales o en un mejor o mayor acceso a materias primas. La mejor orientación estratégica para Europa es, precisamente, facilitar herramientas de eficiencia y cambios tecnológicos cuyas sociedades, mejor preparadas -¿todavía?- que otras, pueden aportar. En este contexto, sorprendería que no fueran, precisamente, el criterio de la sostenibilidad ambiental, el impulso de un modelo energético eficiente y renovable y el uso inteligente de los recursos los que se convirtieran en guía de la recuperación.

Sin embargo, las convincentes razones identificadas en su momento parecen haberse olvidado y el riesgo del “todo vale” se siente presente en muchas de las decisiones y declaraciones públicas. En un mundo cada vez más poblado y con presión creciente sobre los recursos, tendremos la necesidad de ser extraordinariamente eficientes en consumos de agua, energía, suelo…; de poner en valor de forma respetuosa las oportunidades que nos ofrece el entorno: paisajes, sol, viento…; de recuperar, reutilizar aluminio, vidrio, cobre, papel, etc.; de apostar por el papel de la tecnología que da apoyo a consumos inteligentes, por soluciones para un transporte limpio que asegure la calidad del aire (y de vida) en nuestras ciudades o por la innovación en materiales.

A España, en realidad, este diagnóstico le sienta como un guante: tanto por disponer de aquello que los demás demandan, como por requerir un proceso interno de eficiencia en consumos que le permitiría canalizar a una gran parte de sus ciudadanos en paro -en gran medida, precisamente, los más vulnerables y con menor formación hasta ahora empleados en el sector de la construcción-.

España tiene una avanzadísima industria que lidera todas las etapas de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de energías renovables. Algo parecido le ocurre con la depuración, saneamiento, desalación y técnicas de uso eficiente del agua. Cuenta con magníficos entornos naturales enormemente atractivos –salvo si se destruyen o se consiente su degradación-. Aprovechar, por tanto, este momento de crisis para impulsar la transición energética hacia un modelo de generación distribuida, eficiente y renovable sería una excelente noticia que nos garantizaría precios estables, bajos y predecibles para nuestros consumos eléctricos. Favorecer la rehabilitación energética de los edificios y el aprovechamiento energético de sus azoteas permitiría generar empleo y la cualificación de los trabajadores de la construcción, reduciría la factura de la luz y el gas de nuestros hogares así como el déficit de nuestra balanza comercial en el capítulo de combustibles. Garantizar la protección del entorno, mantiene y mejora el potencial turístico de calidad, el desarrollo de pequeños emprendimientos locales en ocio, agroindustria de calidad, etc.

Frente a ello, preocupa la obsesión por mantener el statu quo y que nuestros dirigentes vendan como principales atractivos para la inversión en España cuestiones tales como la reducción de costes laborales, la recuperación del litoral para el urbanismo, la supresión de garantías ambientales y figuras de protección de nuestros montes y ecosistemas, la cesión gratuita de suelo para megaproyectos urbanísticos –con rebajas fiscales y eliminación de garantías laborales y sanitarias ad hoc-, la supresión de supuestos sometidos a un régimen de responsabilidad ambiental específico o el “redimensionamiento” del estado.

Da la impresión de que poco o nada hemos aprendido de los excesos cometidos. El espejismo de la riqueza barata se convirtió en una gran hipoteca de la que pocos se enriquecían y todos asumíamos el coste asociado al mantenimiento de infraestructuras inútiles o de poco uso y dudosa oportunidad. Las medidas de estímulo que ayuden a la recuperación deben ser congruentes con los objetivos estratégicos de medio y largo plazo; un futuro en el que la competitividad se medirá por la disponibilidad de tecnologías que faciliten un uso eficiente de los recursos, un sistema energético renovable no dependiente de los precios de los combustibles en los mercados internacionales ni generadores de externalidades que lastren nuestro bienestar o nuestra economía. La acción en ciudades y pueblos, la renovación urbana construyendo entornos sostenibles permite acercar empleo y soluciones locales en ámbitos tan distintos como el transporte, los residuos, los edificios, la distribución de agua, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, etc. Todo un potencial de empleo, actividad económica, mejora de la calidad y el bienestar urbano, generación de atractivos, innovación y ahorro de costes. ¿No tiene mucho más sentido que promover un modelo expansionista, intensivo en consumos de todo tipo, con poco valor añadido y en el que la competitividad se mide por los costes laborales unitarios?

Hay pocas ocasiones como ésta para poner el marcador a cero y reiniciar una senda. Hagámoslo en la dirección correcta.