En diciembre del año pasado publiqué en este mismo foro de Agenda Pública un artículo explicando las opciones de Grecia tras las elecciones. Decía entonces que la opción de Syriza de llevar a cabo su programa electoral era inviable dentro del euro. Así las cosas, o bien se salía del euro, o bien negociaba con Europa y se olvidaba de las partes más radicales de su programa como nacionalizaciones, gran aumento del gasto público e impago de parte de la deuda. Sabiendo que la salida del euro no era querida por ninguna de las partes, la baza que reivindicaría a Syriza sería negociar mejor que sus predecesores.

De momento eso es exactamente lo que ha pasado. El acuerdo conseguido es una extensión de cuatro meses de la situación anterior con unos pocos cambios. Eso sí, los cambios benefician un tanto a la parte griega (como el menor superávit primario que ahora se exige), que a su vez se compromete a que sus políticas sociales se cuadren en unos presupuestos realistas. Syriza tiene un tiempo para mostrar que es capaz de luchar contra el fraude y mejorar el pésimo sistema fiscal griego. Es su única manera de financiar cualquier política de incremento del gasto social y de hacer justicia a los que sí contribuyen.

El apoyo social al gobierno griego durante esta primera ronda de negociaciones ha sido muy alto, hasta del 80%. Aunque todavía no hay encuestas sobre la aceptación del acuerdo, las protestas no han sido muchas y, aunque pierda apoyo en la parte de la izquierda más extrema, seguramente mantenga índices de apoyo elevados. Esto tiene, a mi entender, dos implicaciones. Primero, los griegos parecen aceptar que la poca ganancia es suficiente para ver un cambio en la manera de negociar y de gobernar. La percepción que se tenía con los gobiernos anteriores nos es familiar en España. En lugar de liderar al país en las políticas necesarias para poner orden en las cuentas y volver a crecer, los gobernantes habían preferido presentarse como víctimas de las circunstancias y mandados por Europa. El mensaje de Varoufakis es claro en este sentido: “Hoy hemos empezado a ser los coautores de las reformas en Grecia”. Estar en control o, por lo menos, hacer lo posible por estarlo, es un acto de responsabilidad valorado por los ciudadanos. Algo de maquillaje tolerado por Europa ayuda: ya no se habla de la Troika, sino de las instituciones y tampoco de rescate, sino de mecanismo de crédito.

Segundo, la aceptación del resultado de las negociaciones por una mayoría de los griegos, mucho mayor que la suma de los votos de los partidos del gobierno, quitará peso a los grupos más radicales de Syriza y de su aliado derechista. El gobierno griego podrá centrarse en esas otras partes del programa electoral que tienen que ver más con el buen gobierno y menos con aventuras económicas. Tras la baza de las negociaciones, la siguiente es que la construcción y mantenimiento del estado de bienestar que quiere Syriza se haga con criterios de eficiencia y responsabilidad, que tenga éxito en el diseño y funcionamiento de un sistema fiscal moderno, que logre algunos objetivos en su lucha contra el fraude, la corrupción y los privilegios. No estaba en su programa electoral, pero deberá incluir medidas para facilitar la actividad económica y la competitividad. Cada una de esas políticas necesita de un liderazgo y de una confianza por parte de los ciudadanos, que tendrán que aceptar pagar mayores impuestos y ser controlados para evitar abusos.

Si consigue ser un gobierno capaz y creíble en estos aspectos estará, además, colocándose en una posición óptima para la siguiente ronda de negociaciones cuando se cumplan los cuatro meses de prórroga. Cualquier influencia que se quiera ejercer para mejorar el funcionamiento de Europa en general y la Eurozona en particular pasa por aumentar la confianza entre los distintos países. En algún momento Europa debe ser más solidaria, pero lo podrá ser cuando tenga una política fiscal común y se parezca más a unos Estados Unidos Europeos. Hasta entonces, ante una crisis, el mayor esfuerzo vendrá de cada país en solitario. El resto podrá ayudar, pero más o menos como se viene haciendo hasta ahora, con préstamos condicionados por parte de Europa y con reformas creíbles de buen gobierno por parte de cada estado. Una política fiscal expansiva es muy difícil sin garantías de que funcione y sin credibilidad dentro de cada país.

No sé si esto es lo que Syriza quiere o puede hacer con su actual aliado o con algún otro, pero es su mejor baza.

En 2009, con la llegada del Pasok al poder, se descubrieron los engaños en las cuentas griegas perpetrados por el gobierno anterior. El déficit iba a ser el 12,5% y no el 3,7%, la recaudación impositiva era un desastre y el gobierno había estado pidiendo prestado en monedas extranjeras para ocultar sus tejemanejes a la Unión Europea. Para ese momento el mal ya estaba hecho. Lo que viniera después podría aliviar o empeorar la situación, pero sería injusto olvidar que no fueron Bruselas, ni Merkel, ni el BCE ni el FMI quienes llevaron a Grecia a este punto. Cuando un país no tiene dinero para pagar su gasto público, hay básicamente cuatro cosas que se puedan hacer: aumentar los impuestos, reducir el gasto, pedir prestado o imprimir dinero. Dentro del euro, esto último no es posible. Con un gran déficit y una muy mala administración pública la prima de riesgo griega subió enseguida por encima de los 1000 puntos básicos. La Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) vino al rescate, pero impuso sus medidas.

Llegados a este punto uno puede pensar que la culpa de todo esto no es de los ciudadanos griegos, sino de sus gobiernos corruptos, o que la Troika podía haberse hecho cargo de parte de la deuda o, por lo menos, podía haber promovido una quita ordenada, y seguramente habría mucho que hablar sobre eso. Pero lo que me importa señalar no es qué pudo haber hecho la Troika, sino qué podía hacer un gobierno cuya única fuente de financiación era una Troika que era como era en 2009 y como seguirá siendo en 2015.

El gobierno de turno (y cualquier otro que estuviera en su lugar) solo tenía dos opciones: las medidas de ajuste o la bancarrota. La primera opción permitía continuar acumulando déficits financiados por la Troika dentro de un orden, y eso es dinero que no hubiera entrado al país de haberse seguido la segunda opción. Una bancarrota hubiera provocado, en ausencia de ayuda exterior, que el gasto público se redujera más de un 20%, muy lejos de lo que se redujo tras el primer rescate.

Otro hecho que hay que poner en perspectiva es el impacto de las medidas de ajuste o austeridad sobre el PIB. Veámoslo con un ejemplo: si yo tengo dos trabajos y por cada uno gano 50, mi renta es de 100. Si pierdo uno de ellos mi renta pasa a ser 50 a no ser que pida prestados otros 50. Entonces mi renta volverá a ser de 100, pero acumularé una deuda. En esta circunstancia, dejar de acumular deuda implica una pérdida de renta, pero seguirla acumulando es una invitación al desastre. Por supuesto, si esos 50 que pedían prestados los usaba para invertir en formación y lograr un nuevo y mejor trabajo, todo iría bien. Lamentablemente, la situación de Grecia se asemejaba más a la del desastre. El argumento que dice que los ajustes son la causa de las caídas del PIB es demasiado simplista y no proporciona un buen diagnóstico de las dificultades griegas.

En 2014, por fin, Grecia ha podido volver a financiarse sin necesidad de la Troika y ha experimentado su primer crecimiento desde el inicio de la crisis. Pero ha ocurrido con demasiado sacrificio y, seguramente, con una política europea viciada de necesidad desde el momento en que la unión monetaria no es también una unión fiscal. Grecia ha llegado a este año con gobiernos inestables y mayorías difíciles de conseguir. El 29 de diciembre no se alcanzó un acuerdo para nombrar presidente y habrá nuevas elecciones, que Syriza podría ganar.

Syriza se presenta con un programa anti austeridad. Aunque su programa dice más cosas, quisiera centrarme en esta parte. ¿Puede Syriza aumentar el gasto público? Sí, si consigue financiarlo de alguna de las cuatro maneras arriba apuntadas. ¿Logrará aumentar los impuestos para no incurrir en más déficits? Yo sospecho que a la Troika le da bastante igual si el déficit se controla por reducción del gasto o por aumento de impuestos. Lo que no quiere es hacerse cargo de la deuda. Pero me temo que Syriza no podrá aumentar el gasto sin traicionar a sus votantes y generar más protestas, puesto que también los aumentos de impuestos se ven como parte de las medidas de austeridad, aunque es lo que debería hacer para ser coherente. Financiarse sin ayuda de la Troika implicará volver a primas de riesgo imposibles de afrontar. Los dirigentes de Syriza parecen descartar la salida del euro, así que nos queda la opción de negociar con la Troika.

La Alemania actual no parece dispuesta a aceptar un plan de estímulos con incidencia en Grecia de la manera en que Syriza quisiera, creo que antes aceptaría una quita parcial y ordenada de su deuda. Incluso si acabara cediendo a algo de esto, lo sería tras obtener garantías de que servirá para inversiones productivas con las que deberían reducir los déficits. Es decir, que la baza de Syriza no está en hacer lo que dice que va a hacer, sino en negociar mejor con Europa. Esto último podría ocurrir si sus dirigentes nos sorprenden con grandes dosis de sensatez o si Europa cree que tiene que hacer regalos a Grecia para evitar que Syriza lleve a la ruina a su propio país.

Si el lector quiere entenderme bien, lo que estoy diciendo es que un gobierno con los problemas de Grecia y con su situación dentro de la UE tiene poco margen de maniobra: ser más eficiente en la recaudación de impuestos, distribuir el gasto público (sus aumentos y sus recortes) de otra manera, imponer más eficiencia en la cosa pública, negociar mejor con Bruselas -lo que implica convencer mejor-, y poco más.

Hasta aquí he hablado de las alternativas sensatas, pero hay otras que no he considerado y que comprometen su permanencia en el euro: confiscar y nacionalizar empresas, pensando que serán más productivas en manos del Estado y que esto no espantará al resto de empresarios, o incrementar el gasto público, creyendo que ello estimulará la demanda, el crecimiento y la recaudación, olvidándonos de todo lo anterior y volviendo al 2009. También está la posibilidad de salirse del euro directamente, devaluar y crear inflación.

No conozco a los dirigentes de Syriza, pero estas son las opciones: o negociar con Bruselas o salirse del euro. Lo primero es lo que se ha hecho hasta ahora. Lo segundo es un camino de consecuencias imprevisibles, es decir, que no podemos prever si serán malas o muy malas.

Aumentar los derechos de un colectivo puede suponer la merma de derechos de otros

Cualquier propuesta de reforma laboral, como cualquier cambio en el modelo productivo, deberá medir cómo afecta a cada colectivo

No importa quién gobierne, algunas reformas deberán hacerse, reformas que inevitablemente implicarán nuevos equilibrios entre los derechos de todos los colectivos

Tras la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Nueva York, como muchas otras, decidió congelar el precio de los alquileres. La medida consiguió que las familias que ya vivían en un apartamento alquilado pudieran seguir haciéndolo durante mucho tiempo. No obstante, hubo otros efectos no deseados, que bien predice el análisis económico, como el deterioro de los inmuebles sujetos al control de rentas y la escasez de oferta de nuevos apartamentos, de forma que se perjudicó a las personas que quisieron alquilar un apartamento en la ciudad después de la entrada en vigor de la norma.

Este ejemplo nos ilustra un hecho de interés. Aumentar los derechos de un colectivo puede suponer la merma de derechos de otros. En este caso los perjudicados fueron los propietarios de apartamentos y las personas que se incorporan al mercado después de la ley. Tras aprender de los errores, y a pesar de que la política se mantiene para los contratos antiguos, hace tiempo que los nuevos no están sujetos a este estricto control.

Toda relación contractual es un fenómeno básicamente inter partes y, por tanto, su regulación debe inclinarse hacia el principio de la seguridad jurídica de las partes, de tal forma que la justicia contractual exige un trato equivalente en las contraprestaciones de las partes. En ello insisten los juristas, mientras que, de manera complementaria, los economistas insisten en la necesidad de que los contratos sirvan para lo que sobre el papel se está pidiendo que sirvan: que faciliten de manera eficiente las relaciones económicas y que no tengan efectos no deseados. Ambas exigencias dejan de cumplirse cuando una de las partes adopta una posición de abuso o privilegio frente a la otra.

En el caso de los controles de rentas, que reconocían excesivos derechos a los inquilinos, no se cumplían esas exigencias. Tampoco se dan en un mercado de trabajo en donde una gran empresa ejerce de monopolio en la contratación laboral de una comarca, ni en una sociedad compleja en que el consumidor tiene difícil saber exactamente la calidad de un producto.

La manera de conseguir un equilibrio adecuado dependerá de las características de cada relación contractual. Así, la existencia de una agencia que examine la calidad de los alimentos puede garantizar que el consumidor reciba su parte del trato cuando va a la panadería. Por el contrario, una ley que otorgara a un comprador insatisfecho el poder de cerrar el establecimiento le estaría dando muchos derechos al consumidor, pero dejaría al país sin panaderías. Un programa de viviendas sociales puede funcionar mejor que el control de rentas al canalizar la ayuda sin necesidad de perjudicar a otros colectivos.

En el mercado de trabajo también debe evitarse cualquier tipo de poder excesivo por una de las partes como primera medida, pero esto no es suficiente. Siendo múltiples los colectivos en ese mercado y siendo que un mismo trabajador que ahora es de un colectivo puede pasar a formar parte de otro, el balance de derechos y deberes debe ir más allá. Cualquier propuesta de reforma laboral, como cualquier cambio en el modelo productivo, deberá medir cómo afecta a cada colectivo. Si alguien tiene una medida que mejore a todos respecto de la situación actual y respecto a las medidas alternativas, adelante. Por supuesto, la mejora debe ser evaluada no según la cantidad de derechos que se ofrezcan en el papel, sino según los efectos reales que se puedan esperar una vez que no cerramos los ojos a los efectos indeseados.

Una propuesta que ayude a reducir el desempleo y el número de trabajadores temporales y que reduzca alguna de las contrapartidas que en la práctica afecta más a los contratados fijos que a los demás, por ejemplo, podría ser aceptable. Los fijos perderán algo, pero habrá muchos más trabajadores con más derechos y con mejores condiciones laborales.

Ante lo anterior caben varias reacciones. Una primera diría algo así: “Aceptar esa alternativa supone renunciar otra posible que garantice más derechos a todos los trabajadores y que también reduzca el paro y la temporalidad”. Esta reacción es aceptable si realmente existe esa alternativa. Otra posible diría algo parecido, pero haciendo hincapié en que no se está diciendo nada de los derechos en la otra parte del mercado, en las empresas que contratan. Si la situación actual efectivamente tiene un balance demasiado favorable a las empresas la propuesta debe venir compensada por alguna cesión por su parte, como aportaciones a fondos de capitalización para financiar las indemnizaciones por despido o la participación de los trabajadores en los órganos de dirección (por poner unos ejemplos) o por parte del Estado en forma de verdaderos cursos de formación, tal y como ocurre en países como Dinamarca, pionero en la flexiseguridad.

Habrá también reacciones maximalistas de quienes nunca aceptan un paso atrás en ninguna de las contrapartidas del contrato, como si los derechos contractuales fueran derechos humanos que nunca deben recortarse (como la no discriminación y las libertades políticas o sindicales). Esta actitud olvida que en el estatus quo algunos colectivos están en peor situación que en la alternativa que se propone. Esos derechos, por no existir ahora, parecen merecer el olvido. Poner la situación de los más favorecidos como conquista social puede impedir el avance de los menos afortunados y frenar cualquier debate constructivo.

Dejo para el final una reacción difícil de evitar y peor de superar: la desconfianza. Tras cinco años de crisis y de pérdidas en todos los sentidos, hablar de cualquier reducción de derechos por parte de quien sea supone encender todas las luces de alerta, a pesar de que se compensen con aumentos de derechos en otras contrapartidas. Mucha gente tendrá la sospecha de que nuevas propuestas tendrán como consecuencia que la crisis siga golpeando forma desproporcionada a los menos favorecidos.

Y sin embargo, no importa quién gobierne, algunas reformas deberán hacerse, reformas que inevitablemente implicarán, además de otras cosas, nuevos equilibrios entre los derechos de todos los colectivos, y esto significa ganar aquí y perder allá, mucha negociación y mucho quid pro quo. Ayudará a limar esta desconfianza una actitud crítica que examine cada propuesta según las evidencias con que afirma que va a funcionar en la buena dirección. No ayudará el querer interpretar todo en función de buenos y malos, donde uno ya sabe qué harán las propuestas solo por atribuir la maldad a sus promotores, sean estos los sindicatos, el gobierno, la oposición o distintos grupos de más o menos expertos.

La solidaridad es un bien público cuya provisión dejada al libre arbitrio de la esfera privada (en forma de caridad, por ejemplo) no llega al nivel deseado por la sociedad

Se puede ser liberal y defender el uso de la fuerza impositiva del Estado para fomentar la solidaridad

Escribo este artículo para mostrar que la solidaridad es un bien público, es decir, un bien cuya provisión dejada al libre arbitrio de la esfera privada (en forma de caridad, por ejemplo) no llega al nivel deseado por los individuos que conforman la sociedad. Esto debería cerrar una discusión y abrir otras. Debería acabar con la idea de que la solidaridad solo es virtuosa si no está el Estado de por medio y debería centrarnos en señalar la importancia de este bien y a la manera en que debe administrarse. Quisiera que la discusión fuera atractiva para un grupo amplio de personas, con concepciones varias sobre el papel del Estado en la sociedad. Para ello, espero captar la atención de algunos prometiendo decir cosas relevantes sobre este bien que les puede ser preciado y espero atraer a otros prometiendo un análisis estrictamente liberal de la cuestión, sin perjuicio de que también tengan sus preferencias por la solidaridad.

Pero vayamos por partes. Recordemos primero la definición económica de bien público. Se trata de aquel bien que, al ser consumido por una persona, queda todavía disponible para su consumo por alguna otra. Así, la botella de agua que generosamente me sirven en las reuniones de mi Universidad (y que en la etiqueta presume ser de interés público) no es un bien público, puesto que si la consumo yo no la consume nadie más. Hay bienes públicos locales (el alumbrado público) y globales (la defensa nacional); sujetos a congestión (el parque) y no sujetos a ella (la estandarización de sistemas). Finalmente, en el caso de ciertos bienes públicos es posible excluir a algunos individuos (un espectáculo deportivo), mientras que en otros casos esto no es posible (una emisión de radio en abierto). La financiación de estos bienes puede ser pública o privada, como lo puede ser, y de manera independiente, su provisión. Otra cosa es que una u otra manera consigan mejores resultados. El caso canónico lo constituyen los bienes públicos globales, no sujetos a congestión y sin posibilidad de exclusión.

Para simplificar la cuestión y fijar ideas, me centraré en un aspecto de la solidaridad. Concretamente en las preferencias por la igualdad de recursos entre los humanos. Existen distintos índices que miden la desigualdad en este sentido. Pongamos que estamos de acuerdo en que un conjunto de ellos nos proporciona una idea bastante fiable del estado de la desigualdad en una sociedad. Si estos índices se mueven en una dirección o en otra estarán reflejando variaciones en la desigualdad que pueden preocupar o satisfacer a un individuo sin perjuicio de que lo mismo le ocurra a otro. Así pues, no sólo este aspecto de la solidaridad constituye un bien público, sino que proporciona un ejemplo canónico (es decir, de los primeros que explicaría uno en clase) de estos bienes. Argumentos similares se pueden realizar para cuestiones como la discriminación, la segmentación social y las acciones de los buenos samaritanos.

Claro está que la importancia de este bien dependerá de la que le den las personas, y aquí entran las preferencias e ideologías de cada cual. Pongámonos en el caso en que, en efecto, la solidaridad nos importa. Como bien público, los individuos de la sociedad aceptarían libremente un contrato por el cual se comprometen a dedicar parte de sus recursos para favorecer su existencia. Esto es muy distinto que pedir que los individuos contribuyan libremente a esta causa. El primer mecanismo resuelve el problema del free-rider (el escaqueado), ya que el contrato obliga. El segundo no lo resuelve. Es cierto que nunca se ha visto a los individuos firmar tal pacto, lo que importa es que el Estado funcione de manera que sus acciones se puedan interpretar como si fueran producto de este pacto. Recuerden que quiero llevar mi discusión por terrenos liberales. Esta visión contractual se puede encontrar en un liberal de prestigio como es James M. Buchanan, concretamente en su estimulante libro The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. De este libro recomiendo leer detenidamente el tercer capítulo, con su teoría de los bienes públicos.

La conclusión que extraer es la siguiente. Si los ciudadanos tienen preferencias más o menos intensas por la igualdad, el Estado liberal debe recaudar impuestos para paliar las desigualdades. Si a los ciudadanos la igualdad no les parece un bien especialmente valioso, el Estado liberal no debe hacer nada al respecto. Estoy tentado de llamar a los primeros liberales de izquierdas y a los segundos liberales de derechas, pero no estoy nada seguro de que con esto respete la opinión de las gentes de izquierdas o de derechas de este país. Si los ciudadanos están divididos en su apreciación sobre la solidaridad, el Estado liberal debe buscar una manera de agregar estas preferencias, por ejemplo en forma de compromisos políticos.

El hecho de que los Estados sean manirrotos o que las ayudas a los pobres puedan favorecer comportamientos oportunistas (el parado que no busca empleo porque cobra un subsidio) no son excusa para no intentar construir una sociedad más solidaria si es que esas son las preferencias de los que en ella viven. Sí son, en cambio, toques de atención para buscar buenos mecanismos para la provisión de este bien. El Estado puede subvencionar Fundaciones y ONGs con reputación de emplear bien los dineros. Las transferencias de recursos pueden hacerse en forma de inversiones en infraestructuras, educación y sanidad que, lejos de desmotivar a los individuos, tienen un efecto multiplicador en la productividad del colectivo beneficiado. Lo importante es que la financiación debe ser pública. La provisión puede ser pública o privada, pero contratada con los recursos públicos.

Como vemos, se puede ser liberal y defender el uso de la fuerza impositiva del Estado para fomentar la solidaridad.