Hay grandes maestros de la distracción. Gente que, cual trileros, consiguen que mires donde ellos quieren y no donde tú pretendías hacerlo. El mérito no está tanto en conseguir cambiar de dirección tu mirada, sino en el que tú no te des cuenta de que estás siendo manipulado. Entre nuestra clase política y parte de los medios tradicionales parecen abundar y tener un talento especial. El caso de la inexistente relación causal entre el reciente asesinato de una política del PP y las redes sociales es un ejemplo de libro.

Según todos los indicios, se trata de un crimen entre personas del mismo partido, por asuntos no ideológicos y que nada tienen que ver con internet o con las redes sociales. En Twitter se ha hablado mucho de ello. También en Facebook. También por WhatsApp o por email. Y también en persona en casa, en el trabajo y en el bar. Creo que hasta incluso por teléfono y por teléfono móvil. La gente habla de temas que le llama la atención independientemente de la tecnología que usen para ello.

Y entre los que hablan de prácticamente cualquier tema, hay gente que dice cosas sensatas con las que estamos de acuerdo y hay gente que dice cosas que también parecen sensatas, pero con las que no estamos de acuerdo. También hay gente que dice cosas insensatas y sin sentido, y luego están los que insultan, gritan y sacan el pie del tiesto. En Twitter, en el bar y por telegrama. La tecnología para esto es irrelevante.

Pero a raíz de algunos de estos comentarios, que son claramente minoritarios, buena parte de la prensa tradicional y el Gobierno con el ministro del Interior al frente se han levantado en armas pidiendo que se regulen las redes. Porque esto no es tolerable ni se puede consentir. Aquí aparece el trilero. Ya no hablamos de quién es el asesino ni de qué motivos le movían. Ni hablamos de qué pasaba en León o en el PP para que se acabe matando a alguien. Hablamos de que alguien en Twitter ha insultado o ha dicho barbaridades.

Creo que se ha dicho hasta la saciedad que las leyes ordinarias también aplican a internet. Aquella declaración de independencia de internet que escribió en 1996 John Perry Barlow no ha tenido efectos prácticos. Algo que sea delito en un bar lo es también en Twitter. Algo que no lo sea en un bar, tampoco debe serlo en Twitter. Internet no puede ser un territorio sin ley, pero tampoco puede estar sometido a un estado de excepción, a un régimen de libertades recortadas.

¿Que hay gente que dice barbaridades, incluso sobre nosotros? ¡Bienvenido al mundo real! Eso pasa en todos los ámbitos, todos los días. Y la mayor parte de esos casos no son delitos. Ni en internet ni fuera. Ante ellos, lo que hacemos es intentar aislarnos del sujeto que los lanza. Si alguien se dedica a insultarnos por la calle, pasamos por otro lado, intentamos evitarlo. En internet esto es todavía más fácil de hacer. En Twitter, que es un medio deliciosamente asimétrico, basta con bloquear a dicho individuo. Por arte de magia no volvemos a oír a ese sujeto. Seguirá diciendo lo que quiera decir, pero al igual que si lo dice en un bar al que no vamos, no nos enteramos.

La demonización de internet desde los medios tradicionales es un fenómeno que viene de antaño. En parte su causa es un profundo desconocimiento sobre su funcionamiento real. En parte es miedo a lo desconocido. También desconfianza hacia personas que se mueven en un entorno diferente al mío. Y, por último, interés directo en perjudicar a algo que se ve como el enemigo, como los que nos han quitado los lectores y los ingresos publicitarios. Hace cosas maravillosas, pero, es una bruja, es una bruja, ¡quemémosla!

La persecución de internet desde los poderes públicos es todavía más seria. Demuestra muy poco talante democrático. Poca tolerancia con las críticas o las opiniones contrarias o simplemente distintas. La definición por antonomasia de la libertad de expresión es la frase, erróneamente atribuida a Voltaire, que dice: “No estoy de acuerdo con lo que opinas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarlo”. ¡Qué lejos están muchos de ello! De hecho, están mucho más cerca de los planteamientos de Erdogan en Turquía cerrando el acceso a Twitter o de regímenes mucho menos democráticos.

Pero no es sólo eso. Esta polémica artificial es la excusa perfecta para conseguir otro objetivo. De nuevo el trilero. Internet es un entorno en el que no controlan la opinión. Hay una buena parte de la prensa tradicional que jalea al gobierno en este asunto. Hay otra parte de la prensa tradicional que hasta hace poco era algo más independiente y algo más crítica, pero todo eso ha sido resuelto rápidamente consiguiendo el cese de tres directores de periódico. Ahora hay que meter en cintura a la crítica desde internet. Y lo harán criminalizándola. Igual que pretenden criminalizar la protesta en la calle con la ley de seguridad ciudadana. Porque da igual donde sea, lo relevante es que se protesta y se critica. Y eso no puede ser. Que haya unos bocazas insultando en Twitter es la excusa perfecta.

En primer lugar se avanza en la criminalización del enlace. El enlace es una parte fundamental de la web. Es lo que permite que se pueda navegar de una página a otra. Es lo que permite que la navegación no se produzca sólo de forma jerárquica y controlada por unos pocos actores. Es lo que permite que descubras nuevas páginas y nuevas empresas porque alguien te las señala. Cuando enlazas a una página no controlas que es lo que tiene esa página, que además puede ser fácilmente cambiado después de creado tu enlace. Simplemente indicas algo que te parece interesante en el momento en el que tú lo enlazas. Esta ley pretende equiparar el acto de enlazar al de poner un contenido a disposición. El efecto previsible de aprobarse este proyecto de ley, es que muchas empresas se cuidarán de enlazar tan generosamente como hasta ahora por miedo a posibles riesgos. Lo que hará que el tráfico de internet tienda a concentrarse más en pocos sitios ya conocidos y dificultará el descubrimiento de sitios nuevos.

En segundo lugar se pretende actuar no contra los que, supuestamente, alojan contenidos para los cuales no tiene derechos, sino contra los que enlazan a estos. Y para ello, no sólo se les puede multar e incluso cerrar sus páginas, sino que se fuerza a infinidad de prestadores de servicios a que inmediatamente dejen de trabajar con estas páginas, o de lo contrario se verán sujetos a multas de cientos de miles de euros. Y todo esto sin recibir una notificación directa y sin ser parte de un procedimiento en el que puedan defenderse mínimamente. En el anteproyecto de ley se habla específicamente de empresas de medios de pago y empresas de publicidad.

Obviamente los que han redactado la ley no tienen mucha idea de cómo funciona realmente el mercado de publicidad online. Para que un anuncio aparezca en una página de enlaces puede haber 5 o 6 empresas de publicidad intermediando entre anunciante y página. El anunciante habitualmente trabajará con una agencia de medios, que a su vez puede trabajar con una red de afiliación o con un “adexchange”, un mercado de subasta de publicidad en tiempo real. Por su parte la página puede trabajar con un representante, una red de soportes o incluso varias en cascada. Todos estos van a estar ahora sometidos a la amenaza de cuantiosas multas si resulta que una de sus campañas ha aparecido en una página que no le gusta a la comisión Lassalle. Y son millones las impresiones publicitarias diarias que manejan estas redes. Como para ponerse a revisarlas una a una.

Por si fuera poco, la ley sigue incluyendo la posibilidad de cerrar páginas webs sin autorización judicial y también el solicitar a los operadores el bloqueo de páginas en el extranjero. A esto se añade que obliga a todos los intermediarios a identificar a los propietarios de las páginas en cuestión.

Todo esto, de ser aprobado, llevará posiblemente a que más empresas de internet decidan sacar elementos de su actividad de España ante el mayor riesgo que representa operar en este país. Igual que ya pasó con la Ley Sinde y los servicios de hosting, a partir de ahora va a resultar más seguro contratar la publicidad en Miami o en Irlanda. En algún momento veremos también empresas de internet de tamaño mediano y pequeño trasladando sus sedes sociales a esas ciudades. No en busca de beneficios fiscales, sino de seguridad jurídica y de igualdad de condiciones con sus competidores extranjeros. Una estupenda manera de ayudar a desarrollar uno de los pocos sectores que en la coyuntura económica actual es capaz de generar empleo. ¡Gran idea!

Julio Alonso es, además de fundador y Director General de Weblogs SL, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de Adigital.