El reproche más extendido que se le hace al fiscal general del Estado, no sólo por parte de la derecha sino por una nutrida porción del progresismo, es el de no haber dimitido para “preservar” la institución de la Fiscalía antes de verse obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Siguiendo este razonamiento, el fiscal habría antepuesto su situación personal a la institución que encabeza, poniendo esta en riesgo de deslegitimación. En este sentido, García Ortiz habría mostrado un nulo respeto por la institución, puesto que su situación personal (el procesamiento al cual está sometido) cuestionaría la propia institución de la Fiscalía General del Estado. Preservar la institución requeriría, según este argumento, que el fiscal general renunciara a su cargo.

No es un argumento desdeñable. El respeto institucional es uno de los pilares de nuestro sistema democrático y ese respeto, se entiende, empieza en las personas que ocupan posiciones de relevancia en el entramado institucional del Estado. Atrincherarse en ellas cuando uno se enfrenta a un proceso judicial les hace un flaco favor a ojos de la ciudadanía. Hemos tenido varios ejemplos de ello a lo largo del medio siglo de singladura democrática, notablemente por parte de personas que han utilizado el aforamiento como parapeto en casos relacionados con la corrupción. De ahí que esta figura constitucional sea vista por una gran parte de la opinión pública como lo que no es (un privilegio) y no como lo que pretende ser: una defensa de la representación política frente a una posible utilización torticera de los mecanismos judiciales. No quisiera imaginar en lo que se convertiría la vida de algunos de nuestros parlamentarios si tuviesen que hacer frente a una catarata de procesos judiciales en cualquier audiencia provincial, instigados por cualquiera que pueda juntar cuatro recortes de digitales.

El caso contra el fiscal general, sin embargo, no encaja con el del acusado que se atrinchera detrás de su cargo, puesto que es precisamente su renuncia lo que persigue su procesamiento. El caso que nos ocupa no busca aclarar un posible delito, sino que ha sido (y sigue siendo) utilizado con un fin estrictamente político, que no es otro que conseguir la dimisión del fiscal general, como parte de una estrategia general para debilitar al Gobierno. Y no sólo eso. Parecería que el proceso es la manera en que el Supremo quiere hacerle pagar al Gobierno el mal trago que le ha supuesto la ley de amnistía. Y más aún, puesto que en el fondo el juicio al fiscal general sirve para mandar un mensaje cristalino al Gobierno y al sector progresista de la judicatura: el poder judicial nos pertenece y no vamos a dejar que ningún “sobrevenido” lo ponga en duda.

En este sentido, y a pesar de las buenas intenciones de aquellos que desde la izquierda consideran que el fiscal general debería dimitir para preservar la institución que encabeza, la posible dimisión de este allanaría el camino al objetivo último de la causa judicial en la que se ha visto envuelto: la renuncia del propio fiscal general.

Precisamente por ello, porque nos encontramos ante una causa formalmente judicial que busca un resultado estrictamente político y no la persecución de un delito, la negativa a dimitir por parte del fiscal general puede ser entendida como un intento de preservar la institucionalidad, una muestra de respeto institucional en el sentido de que pretende, manteniéndose en el cargo a pesar de estar a punto de sentarse en el banquillo, denunciar y poner en evidencia el atentado contra las instituciones que supone instruir un proceso judicial con el objetivo último de conseguir un fin que no tiene nada que ver con la justicia. Para ello, García Ortiz no sólo no debe dimitir, sino que debe seguir en su cargo hasta que el tribunal dicte sentencia, porque haciéndolo, sentándose en el banquillo de los acusados conservando su cargo, es como pone en evidencia la intencionalidad política de todo el proceso.

Si el fiscal general hubiese dimitido en algún momento a lo largo de la instrucción a nadie se le escapa que el proceso hubiese languidecido hasta evaporarse, posiblemente salvando al tribunal de la obligación de juzgar y sentenciar el caso. En cambio, obligándolo a ir hasta el final, García Ortiz pone al tribunal ante un dilema severo: validar una instrucción jurídicamente pobre y políticamente dirigida o salvaguardar la propia institución del Supremo. Aquello que se reprocha al fiscal general se le podrá reprochar al tribunal que lo juzgará. ¿O es que no se le debe exigir al tribunal un respeto escrupuloso a sí mismo y al papel que ejerce en el entramado institucional del Estado y que actúe de forma que preserve el buen nombre y el buen hacer de la institución que encarna? ¿Acaso llevar el caso hasta el final (y condenar si llegase el caso) no es una falta palmaria de respeto institucional?

A veces parecería que la apelación al respeto a las instituciones va por barrios y sólo se aplica a una parte. A la izquierda se le exige que se ciña escrupulosamente a los procedimientos, a riesgo de vaciar de legitimidad al Estado y sus instituciones. A la derecha, por el contrario, el respeto institucional se le supone automáticamente. Así, hay quien tiene bula y puede saltarse los procedimientos y retorcer la legalidad en beneficio propio sin que nadie le reproche que, con ello, ponga en riesgo las instituciones. Lo hemos visto con el bloqueo a la renovación del CGPJ con el único objetivo de preservar una determinada mayoría, o con el manejo partidista del mecanismo de recusación en el TC para evitar según qué tipo de sentencias, o con la utilización para usos privados de las fuerzas de seguridad del Estado, encargados de entorpecer precisamente la investigación judicial de la caja B del PP. Esto parece que no atenta contra las instituciones ni las deslegitima, no es ningún escándalo ni resquebraja la confianza en el Estado. La simple negativa del fiscal general a dimitir, en cambio, parece capaz de poner en duda todo el entramado institucional del Estado.

Fin de semana de alta intensidad política. Pocas veces coinciden dos citas importantes de los dos partidos principales del sistema español. A un lado del ring, comité federal del PSOE de alto voltaje por la crisis desatada a raíz del 'caso Cerdán' (ex 'caso Koldo', ex 'caso Ábalos'). Al otro lado, congreso nacional del PP, que se suponía complicado para Núñez Feijóo por los movimientos previos de su archienemiga Isabel Díaz Ayuso, transformado finalmente en un acto de coronación sin oposición a causa, paradojas, del 'caso Cerdán'.

Los dos acontecimientos han monopolizado la información. Páginas y páginas sobre ambos actos en los días previos (esa costumbre de ir filtrando la información sobre nombramientos y ceses antes de que se reúnan los órganos que se supone que han de validarlos), cobertura permanente durante la celebración y análisis de lo sucedido y de las implicaciones futuras en los días posteriores. Un festín para periodistas, tertulianos y aficionados al género (cada vez más parecidos a los taurinos, con sus ídolos, su fe y su lenguaje incomprensible para los legos).

Del comité federal socialista hemos sabido que el secretario general y presidente del Gobierno no ha tenido más oposición que la esperada (García Page, a dos minutos de aparecer en 'El hormiguero' y tener entrevista a toda página en The Objective), que se ha reafirmado en su decisión de resistir y que está “tocado”. La spin off del cónclave la ha proporcionado un secundario (este país es una mina de secundarios) a cuenta de acusaciones de acoso sexual a compañeras del partido.

Del congreso del PP hemos sabido que Feijóo ha sido entronizado con la misión de echar a Sánchez y limpiar España de sanchismo (la derecha cuando se propone limpiar España de lo que sea da miedo). Seguramente si se hiciese una nube de conceptos sumando todas las intervenciones del cónclave popular las palabras que aparecerían más grandes, con diferencia, serían Sánchez y sanchismo. Desde el verano de 2021el PP se ha convertido básicamente en un partido antisanchista, sea eso lo que sea. Aquí el minuto de oro lo ha aportado una lideresa disfrazada, por las circunstancias, de secundaria. Díaz Ayuso acostumbra a acaparar los focos a base de ingeniosas expresiones como “dictadura comunista”, “chándal tropical” o su hit sobre lo que le llega a gustar la fruta, que provoca el delirio entre sus fans.

Pero Díaz Ayuso no es un verso suelto en el PP. A veces parece que ese papel lo represente Feijóo y sus apelaciones al centro y a la moderación, que chirriaban en medio del aquelarre antisanchista. Durante el congreso, en la pantalla que cerraba el escenario, se fueron proyectando imágenes de Pedro Sánchez como Marlon Brando en 'El padrino', o de su mujer con el mono naranja de las presidiarias de una conocida serie de televisión. La confusión entre política y ficción es ya total, como lo es la ruptura de todos los códigos con el objetivo de generar atención y “proximidad”. La política ya no es capaz de generar realidad, sólo copia la que producen las plataformas.

La mayoría de las informaciones que han salido de las dos citas, tanto el comité federal del PSOE como el congreso del PP, hacen referencia exclusivamente a las cuitas internas de cada uno de los partidos o a las estrategias de ambos en el corto plazo, para mantenerse en el gobierno los socialistas o para sacar a Sánchez del mismo en el menor tiempo posible para instalar a Feijóo los populares. Hasta cierto punto es normal que lo que haya salido de ambas cumbres orgánicas se refiera principalmente a la vida interna de sus respectivas organizaciones, pero hace tiempo que existe una constante que debería preocuparnos: los partidos (no sólo los dos mayores) emiten básicamente informaciones que les incumben sólo a ellos y a sus problemas, sus pugnas y las expectativas que tienen en el corto (a veces cortísimo) plazo. Es muy posible que eso no sea de lo único que han hablado a lo largo del fin de semana, sino que han tratado otros temas, pero lo que llega a la ciudadanía en mayor medida son informaciones que poco o nada tienen que ver con las preocupaciones del votante medio.

Sería injusto culpar de ello en exclusiva a los partidos. Aquí los medios de comunicación tienen un papel crucial a la hora de transmitir y jerarquizar las informaciones. Hace tiempo, sin embargo, que medios y partidos parecen haber entendido que “lo que vende” de la política es la propia política, sus luchas internas, sus estrategias, golpes de efecto, alianzas y contralianzas. La política ya es menos una actividad que se dedica a la gestión de los asuntos públicos que afectan al conjunto de la ciudadanía, para convertirse en una actividad (ingente) que tiene como principal objetivo el mantenimiento de su propia dinámica. La política ya no trata tanto de nosotros como de ellos, como si de una pecera se tratara y nosotros, los ciudadanos, fuésemos meros espectadores de un espectáculo del que cada vez nos sentimos más alejados, menos interesados en las cuitas de unos y otros, en lo que dicen (lo que se dicen) unos y otros.

Políticos que hablan de políticos, con políticos, entre políticos, sobre políticos, contra políticos, a políticos, “en político”. Mientras, al otro lado del cristal, a la gente le pasan cosas de las que los políticos no hablan, que no son atendidas por esa política que parece que sólo se habla a sí misma. Luego vendrán los lloros, porque ese abandono, esta dejadez de los políticos, es lo que va alimentando al monstruo entre una ciudadanía hastiada y sin futuro, abandonada a su suerte, a un paso de comprarle la moto a cualquiera que le dé un mínimo de atención, cualquiera que diga que comprende sus problemas, que la abrace… aunque sea para robarle la cartera.

Lo que pasó este domingo en la visita de los reyes y demás autoridades a Paiporta es el síntoma de una riada que hace tiempo que se está gestando y de la que la catástrofe de Valencia ha actuado como espita. Lo que ha pasado en Valencia puede no llevarse por delante a un gobierno en concreto, por su mala previsión, por una gestión negligente y torpe de la amenaza. En cambio, podemos enfrentarnos a una crisis de Estado de enorme magnitud y desarrollo imprevisible.

Lo de Paiporta no es (o no es sólo) una operación de intoxicación de la ultraderecha, un intento de putsch, una llamada a la insurrección, es la expresión de algo más profundo. Obviamente, habrá partidos que quieran sacarle provecho, pero se pueden encontrar que las consecuencias de todo esto acabe arrastrándolos también a ellos. Porque lo que se puso de manifiesto este domingo es una riada, sorda, de fondo. Esto no va de la continuidad de Mazón ni de la de Sánchez. Quien juegue en esa longitud de onda se equivoca. Esto es una riada que pone en cuestión elementos básicos de la manera como hemos entendido hasta ahora la organización política de nuestra sociedad.

Como en todas las riadas, el elemento principal es el agua, pero lo que realmente provoca el daño son todos los elementos que esta agua arrastra, todo aquello que la corriente se encuentra a su paso y va empujando. Y por decirlo de algún modo, hace tiempo que vamos llenando los cauces de los ríos de maleza, que vamos acumulando ese material que ahora el agua arrastra sin control.

En primer lugar, estamos inmersos desde hace al menos 15 años en una crisis de autoridad profunda, que se expresa en múltiples campos, no sólo el político, y que se muestra de forma explícita en multitud de canales, con una penetración que va más allá de los círculos conspiranoicos. La actitud que se considera más normal (incluso deseable, porque nos hace auténticos) es la duda hacia la autoridad, el recelo de todo lo que viene “de arriba”. Dudamos de todo lo que se nos dice, siempre que provenga de una fuente “autorizada”. Preferimos las fuentes alternativas, los outsiders que nos revelan los intentos de las élites por controlarnos, por dirigirnos. Dudamos del Estado, de la ciencia, de los expertos, y nos entregamos a teorías cuanto más locas mejor servidas directamente a nuestro terminal móvil.

De ello se deriva una desconfianza creciente y muy extendida hacia las instituciones, sobre todo las políticas, pero no sólo. No es algo nuevo, pero últimamente ha alcanzado niveles nunca vistos. El mantra de “sólo el pueblo salva al pueblo” es la expresión de que ni gobiernos ni parlamentos son útiles, no sólo ante catástrofes como la ocurrida en Valencia, sino para solucionar los problemas principales del país. De aquí a cuestionar la democracia como arquitectura pesada incapaz de hacer frente a los problemas va un solo (y pequeñísimo) paso.

Esto es así porque se mantienen unos valores antipolíticos de profunda raigambre en el imaginario colectivo. Casi cincuenta años de democracia ininterrumpida (un récord para este país) parecen no haber podido modificar ni un ápice la cultura política heredada del franquismo, enquistada en el fondo de cada uno de nosotros. Ocho de cada diez electores se muestran de acuerdo con que los políticos son todos iguales o que todos sólo buscan sus intereses personales, de manera que no importa quien esté en el poder. Ocho de cada diez. Entre la población nacida en los últimos cincuenta años también.

Por si esto fuera poco, el sistema político vive aún bajo los efectos de la crisis de 2008, trasmutada en crisis de representación que no se ha resuelto, que se ha enquistado, como sucede con todo aquello que no se soluciona y acaba pudriéndose lentamente. El nuestro es un sistema esclerótico, con una reforma siempre pendiente, siempre pospuesta. La regeneración democrática, ese guadiana legislativo, el mantra de la nueva política difunta. No hay nada que hacer.

Y es verdad que no se puede hacer nada, porque la conversación pública está tan polarizada, las posiciones son tan antagónicas, que resulta quimérico pensar en un posible consenso mínimo sobre algo. Ni tan siquiera en momentos como el actual es posible un mínimo entendimiento, o ni tan siquiera eso, un mínimo respetarse, o simplemente respetar el duelo por la cantidad insufrible de fallecidos. Nada. Ni eso.

Todo ello se produce mediante una conversación pública tensa, en la que se ha normalizado la violencia, las expresiones hirientes, el insulto sin más. Una encuesta francesa detectó que la mayoría de los electores (sobre todo los menores de cincuenta años) consideraba que era legítimo ejercer violencia contra “los políticos”. De ahí al ejercicio “legítimo” hay un paso, y no cuesta mucho darlo. Lo vimos en Paiporta. Se empieza atizando un muñeco y se acaba golpeando al presidente del gobierno. Y entremedio se “comprende”, cuando no se banaliza o se ensalza con sonrisita cómplice.

Estos son los materiales que hemos ido acumulando en el camino del agua. Falta también el miedo, ese miedo inconcreto pero real que es el sentimiento dominante de nuestro tiempo. Un miedo que nos paraliza. Miedo al desastre ecológico, al derrumbe social, al otro, al diferente, a ese que por no ser como tú quiere acabar con tu forma de vida, con tu libertad, con tu patria, tus costumbres. El miedo nos dirige, y a la vez el miedo se dirige, se atiza. Nos domina un miedo incierto, genérico. Nos sentimos solos y desamparados. Y entonces viene alguien y nos dice por dónde va a venir, a qué debemos tener miedo, de quién debemos desconfiar, de quién nos tenemos que proteger, a quien tenemos que lanzar nuestro barro.

Lo del domingo en Paiporta fue un aviso. Viene la riada y viene cargada, y se lo va a llevar todo por delante. Quien crea que va a salir indemne, quien crea que podrá sacar tajada de este desastre, se equivoca completamente. En situaciones como esta, tan responsable es el que hace correr el agua como el que la deja pasar pensando quedar a salvo.

Lo que está en juego va mucho más allá de la poltrona que ansía un determinado dirigente político. Nos va el país entero. Somos todos los que estamos en el camino de esa enorme ola que espolean los reaccionarios. Somos todos los que hemos visto como las ideas azuzadas por la extrema derecha se han disfrazado de “sentido común” y hayan poblado el mainstream para alegría de sus voceros (y de la cuenta de resultados de algunos). Así que somos todos los que estamos convocados a desbrozar tanto material putrefacto acumulado. Ya empieza a ser tarde.

En el segundo trimestre de este año se publicaron en España veinte encuestas con estimación de voto. El dato no tendría más interés si no fuese que es el trimestre en el que se han publicado menos encuestas desde 2021, sólo 1,5 encuesta por semana, nada que ver con la media de tres encuestas semanales de los tres años pasados, o las 115 encuestas que llegaron a publicarse sólo en el mes de julio de 2023, a razón de 4 al día (casi 7 si tenemos en cuenta que a partir del día 16 regía la prohibición de publicar encuestas y a partir del 24 no se publicaron más).

En España hemos vivido un frenesí demoscópico que parece haber llegado abruptamente a su fin. De la misma manera que los medios empezaron a sacar encuestas con estimación de voto, han dejado de publicarlas sin más. Podría argumentarse que esto es un efecto de la no celebración de elecciones, pero esto, razonable, no explicaría por qué en 2021 empezó una carrera alocada para publicar una media de tres sondeos semanales cuando entonces tampoco existía un horizonte electoral.

Hay algo nuevo en este pasado trimestre, que igual explica la vertiginosa caída en la publicación de encuestas. Por primera vez desde 2019 los medios progresistas han publicado más encuestas que los medios conservadores. Y no es porque ahora sean los periódicos de izquierda los que se hayan lanzado a publicar encuestas. Al contrario. Han sido los medios de la derecha los que han dejado de hacerlo. Comparado con el segundo trimestre de 2022 (año no electoral), los medios conservadores han publicado ahora 11 encuestas menos que entonces, mientras que los progresistas han publicado dos más. La caída por el lado de la derecha es sencillamente espectacular, de la misma manera que lo fue la subida meteórica de encuestas publicadas a partir de 2021.

A lo largo de ese año las encuestas publicadas en los medios de la derecha aumentaron un 212%, sin que se pueda aducir para ello que nos encontrábamos en un contexto electoral (general). La progresión entre 2021 hasta 2023 es espectacular, hasta llegar a la culminación en el momento de las elecciones generales de julio, con 66 encuestas publicada en un trimestre (a razón de 5 por semana), contra las 27 publicadas por medios de izquierda (2 por semana).

Es cierto que en este período se produce una especie de eclosión de medios alienados con las tesis conservadoras, que son más que los progresistas, de manera que obviamente el número de encuestas publicadas del lado derecho tiene por fuerza que ser más alto que el del lado izquierdo. Pero eso no puede explicarlo todo. El boom demoscópico que viven los medios conservadores (los nuevos y los viejos) parece obedecer a una voluntad de marcar el terreno electoral, de definir aquello que se vino a llamar entonces el “consenso demoscópico”, una especie de ley de hierro que delimitaba las posibilidades de lo que podía ocurrir en la arena electoral y que pronosticaba la victoria inapelable del PP en unas hipotéticas elecciones generales como las que finalmente se convocaron el 23 de julio de 2023.

La creación de ese “consenso” se basaba en la persistente publicación de encuestas por parte de los medios afines, que buscaba condicionar las estimaciones no sólo de su campo sino del contrario, de manera que si alguien tenía la osadía de contradecir el “consenso” era automáticamente tachado de manipulador (y sectario). El caso del CIS en este aspecto fue paradigmático.

Esta idea de un bombardeo permanente con el objetivo de crear un escenario indiscutible en el que el triunfo de la derecha era la única opción se refuerza con la caída en picado de la publicación de encuestas en los medios conservadores una vez ya han pasado las elecciones y se ha comprobado que la estrategia tenía sus limitaciones, como se puso de manifiesto en algunas cabeceras de la derecha, que culparon precisamente a las encuestas de haber facilitado la movilización de última hora del voto progresista.

Esta utilización de las encuestas como arma para delimitar el terreno de juego electoral, con el objetivo de incentivar o desincentivar la participación de ciertos segmentos del electorado, coincide con el tratamiento cada vez más evidente de las encuestas como oráculos. Esto tiene su razón en la creciente volatilidad del elector, que tiende cada vez más a decidir su voto final a lo largo de la campaña y en base a las probabilidades que otorga a los diferentes partidos entre los que duda, o a los cuales podrá llegar a votar en función de su rendimiento, es decir de las probabilidades de que su voto finalmente sirva para algo. En la definición de esas probabilidades las encuestas actúan como brújulas, de ahí su creciente importancia.

Pero habría otro motivo para entender el cambio de rol de las encuestas. La competencia creciente entre las empresas demoscópicas, que se dirime en función de su mayor o menor acierto de los resultados finales, de lo mucho o poco que se “acercan”, lo cual les ayuda a colocarse en el mercado (no sólo el electoral, que al fin y al cabo representa una mínima porción del negocio).

A este juego se prestan (gustosos) algunos medios que, pasadas las elecciones, acostumbran a publicar los “rankings” de empresas en función de si se han acercado más o menos al resultado final. Es este juego los que acostumbran a salir peor parados son los institutos públicos (otra vez el CIS en cabeza), que juegan con una mano atada a la espalda, puesto que sus datos (y su metodología de estimación) son públicos, no como los de las empresas privadas.

Paradójicamente, a los responsables de los institutos demoscópicos de titularidad pública se les recluta por sus conocimientos en el campo de la ciencia política… pero se les juzga como futurólogos, lo cual es profundamente injusto. Jordi Muñoz, un grandísimo investigador, tuvo que publicar una nota después de las últimas elecciones catalanas justificando el desvío de las estimaciones de la encuesta preelectoral del CEO respecto del resultado final de esas elecciones. Es algo que, obviamente, nunca ha hecho (ni hará) el responsable de una empresa privada de sondeos, porque a él no se le exigirá que dé explicaciones.

El problema de fondo es esta deriva de la visión de las encuestas como si se tratara de augurios que tuviesen la obligación de “acertar” el resultado. Una deriva a la cual contribuyen los medios y las propias empresas demoscópicas y a la que se ven arrastrados los institutos públicos.

Parece que hay que repetirlo una y otra vez. Las encuestas (cuando están bien hechas) son instrumentos magníficos para detectar la opinión social en un momento dado, pero no acaban de funcionar como predictores del futuro, menos aún cuando tenemos una facción creciente de electores que tienden a decidir sobre la marcha y hasta el mismo día de las elecciones.

Las encuestas que nos encontramos en los periódicos son instrumentos filtrados, destilados. Un primer filtro es el que va de los datos a la estimación, luego de la estimación al titular y finalmente el filtro por el que cada elector interpreta ese titular, en función de su tendencia política.

Protejamos las encuestas, por favor. No les pidamos que nos den lo que no pueden darnos. No nos van a explicar el futuro, pero son instrumentos demasiado poderosos en el proceso electoral y cada vez lo van a ser más. Así que cuidémoslas, que haciéndolo también estaremos cuidando la salud de nuestra (maltrecha) democracia.

Hubo un momento, a principios de 2016, en el que, por un instante, pareció posible que la mayoría del Congreso salido de las generales de diciembre de 2015 pudiese llevar a cabo una agenda regeneracionista, que pudiese acometer todos aquellos cambios en los aspectos del entramado institucional heredado de finales de lo setenta que el tiempo había demostrado que necesitaban de un aggioramento intenso. Eran los años de la nueva política, heredera del impulso regenerador que estalló en el 15M, el que se manifestó en la Puerta del Sol y la Plaza de Catalunya y el otro, el silencioso, mucho más extenso, el que recorría por completo a la generación nacida en democracia.

Esa oportunidad perdida, truncada por los cálculos y las necesidades particulares y las presiones de toda índole, descabezada en el infausto comité federal de octubre y con el giro a la derecha de Ciudadanos y la aparición de Vox, es la que ha parecido revivir Pedro Sánchez en su comparecencia de hoy, después de cinco días de reflexión que han tenido al país en vilo.

La propuesta que ha puesto encima de la mesa Sánchez enlaza con aquella idea rompedora de hace casi una década, que había quedado en el cajón de la Historia, y para la cual no existe hoy mayoría en el Congreso. El PP no está por la regeneración, sino todo lo contrario, como tampoco no lo está Vox, que nació precisamente para evitar recorrer esa senda (y para evitarle al PP, en un futuro, la tentación de hacerlo).

Sin embargo, Sánchez ha decidido retomar esa iniciativa perdida, esa oportunidad malhadada, desde una posición peor. Si en 2016 la regeneración de nuestro sistema político era la respuesta a una crisis de representación profunda de un sistema que el crash financiero global había desnudado, esta nueva oportunidad (si es que llega a producirse) es un aviso agónico de un sistema democrático que debe luchar por su supervivencia ante poderosos enemigos (internos y externos) que trabajan para socavar los pilares sobre los que se basa (o los que se debería basar) nuestro sistema.

Con su toma de posición, Sánchez ha querido modificar el eje de nuestra conversación pública, poniendo en su centro la necesidad de dotarnos de mejores instrumentos para reforzar nuestra democracia, para blindarla, para asegurar su continuidad más allá de su funcionamiento formal (elecciones, gobierno). Sánchez nos ha convocado a un acuerdo de país para decidir cambiar aquello que no funciona, aquello que hemos dejado que ocurriera sin entender que con ello poníamos en riesgo la pervivencia de una democracia que merezca ese nombre.

Sánchez ha decidido luchar, ha llamado a arrebato a la sociedad española y ha querido conectar con las fuerzas desatadas en 2011, que en 2016 vieron como sus aspiraciones quedaban en nada. Ha apelado a una nueva generación, que ya no es joven, que está tomando el relevo a la que protagonizó la transición, a definir un nuevo rumbo, a recuperar el impulso de hace una década, con menos entusiasmo tal vez, con más miedo quizás, conscientes de estar posiblemente ante una última oportunidad para salvar a la democracia. Se piense como se piense, es una lucha que merece la pena.

Dicen que dijo Mark Twain que la historia no se repite, pero rima y estos días agitados nos llevan al recuerdo de treinta años atrás. Entonces, como ahora, un Gobierno socialista hacía frente a una ofensiva total por parte de la derecha, no solo la política sino también la mediática y hasta cierto punto la judicial. Lo que se conoció como la legislatura de la crispación se basaba en la no aceptación por parte del PP de los resultados de las elecciones generales de 1993, cuando el PSOE liderado por Felipe González había obtenido (hasta cierto punto contra pronóstico) la victoria electoral y, con ella, la prórroga de un mandato que ya duraba más de una década. El PP (y sus apoyos) entendió que el resultado había sido un error, porque consideraba que era perentorio desalojar a los socialistas del gobierno y para ello era lícito utilizar todo el arsenal a su alcance. Todo. Esos años estuvieron marcados por los escándalos de corrupción y por una actuación descarada de cierta prensa y radio (el sindicato del crimen) para provocar de la caída de un Gobierno al que se consideraba ilegítimo. Sí, la historia rima.

También en ese 1994, como hoy, hubo elecciones al Parlamento europeo y fueron los primeros comicios de alcance general que ganó el PP, cabalgando la ola contra el felipismo “del paro, despilfarro y corrupción”, el mantra ideado por los estrategas populares y repetido ad nauseam por sus portavoces oficiales y oficiosos. Eran los años de los papeles del Cesid, de Perote, de la x de los GAL, Roldán y la crisis postolímpica. Entonces, como ahora, una parte de la judicatura pareció dispuesta a entrar en combate contra el Gobierno, aprovechando su poder para iniciar, dilatar o filtrar sumarios, aireados por la prensa afín.

Las coincidencias con la coyuntura actual son extraordinarias. Hoy, el libreto del PP es casi idéntico al desplegado en aquellos días (alguno diría que el director de la obra es el mismo de entonces): oposición sin cuartel en el Parlamento y en los medios, acusaciones de corrupción y de ocupación de los poderes del Estado, utilización del poder judicial como ariete político, denuncias de “humillar a España” ante los independentistas y creación de un clima de desasosiego general para mantener al ejecutivo permanentemente acorralado y al voto progresista en total desconcierto.

La opción de Felipe González hace treinta años fue la de resistir, aguantar la tormenta el mayor tiempo posible, fiándolo todo a una recuperación económica que acabó llegando tarde. El balance, sin embargo, no fue del todo negativo a tenor de los resultados de la convocatoria avanzada de marzo de 1996. La dulce derrota, aunque derrota al fin y al cabo.

Sánchez, situado en una posición muy similar a la de González, podía haber optado también por resistir, aguantar en el lodo, sacrificarse como un ecce homo, pasar el calvario que recorrió González e intentar alargarlo el máximo posible para, desfondado, agotado, llamar a urnas y perder. Sánchez podría haber hecho eso, pero ha decidido no ser Felipe, tal vez consciente de a dónde llevaba el camino por el que optó el expresidente y de que la tormenta de fango no va a remitir en los próximos meses, sino todo lo contrario.

Así, lo del miércoles no debe leerse como una renuncia sino como una declaración de guerra. Sánchez no va a resistir, va a salir al campo y va a luchar. Ha decidido desenmascarar la estrategia del frente político, mediático y judicial de las derechas (la ultra y la otra). Quiere (y de momento está consiguiendo) cambiar las coordenadas por las que discurre la conversación pública, y por ello ha puesto encima de la mesa la denuncia de un intento de hacer caer al Gobierno por todos los medios posibles, los legítimos y aquellos que superan los límites del sistema. Haciéndolo, Sánchez ha situado el debate sobre los principios en los que se basa nuestra democracia y los límites a los que todos los actores políticos deben someterse si no quieren que todo el entramado institucional arda (algo que, por otro lado, a la derecha nunca parece haberle importado cuando se trata de acceder al poder).

Cierto, hay un elemento diferente en este 2024 respecto a 1994. El contexto internacional. Hace treinta años la democracia liberal acababa de ganar la guerra fría y su expansión por todo el mundo parecía imparable. Eran los tiempos del fin de la historia de Fukuyama. Hoy la situación es diametralmente la contraria. La democracia se ve amenazada desde dentro y desde fuera y debe hacer frente tanto a los regímenes autoritarios como a la ola reaccionaria que se aprovecha del miedo ante un futuro incierto y amenazador, un futuro cancelado (Fisher), y alienta al repliegue tribal. Este es el debate que debemos tener. Y es lo que la carta de Sánchez pone dramáticamente encima de la mesa.

El sorprendente anuncio del PP sobre la posibilidad de conceder un indulto a Carles Puigdemont si Feijóo llegaba a la Moncloa ha despertado los fantasmas del líder popular, que ya echó a perder sus posibilidades de ser presidente el 23J en una última semana de campaña errática y plagada de tropiezos.

Según los datos de la encuesta del CIS publicada este lunes (último día legal de publicación de sondeos con estimación de voto para Galicia), casi el 30% del electorado gallego va a decidir su voto a lo largo de la última semana de campaña y hasta el mismo día de las elecciones. Son más de 600.000 electores, según el censo de residentes en la comunidad. Una cifra suficiente para definir la única incógnita de estos comicios: si el PP podrá mantener la mayoría absoluta obtenida por Núñez Feijóo en 2020 y que algunos sondeos auguran que podría perder su sucesor, Alfonso Rueda. Las consecuencias de un resultado de este tipo supondrían un terremoto, y no sólo a nivel gallego.

El mismo CIS muestra en su encuesta cómo el voto al PP parece haberse debilitado a las puertas de la campaña electoral, lo cual no es un buen augurio. En un contexto de alta incertidumbre, las tendencias acostumbran a alumbrar un poco el camino. Así, el aumento de los indecisos entre las filas populares, combinado con la creciente atracción del BNG en el espacio del voto de la izquierda, parece situar el escenario más cerca de un vuelco electoral, difícil pero no imposible.

Las consecuencias del anuncio del PP son una incógnita, pero parece evidente que han roto la línea estratégica de los populares en esta campaña, basada en la crítica feroz a la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas catalanes. Está por ver el efecto concreto que puedan tener las últimas noticias, pero de momento han debilitado mucho el argumento principal del PP, dejando a su candidato (y a su presidente nacional) en una posición muy complicada y sin mucho margen de maniobra en los días que quedan hasta la apertura de urnas.

La situación recuerda la semana horribilis de Feijóo antes del 23J. Los datos de la encuesta postelectoral del CIS de esas elecciones son reveladores de hasta qué punto esos pocos días fueron cruciales para dejar a la derecha sin posibilidad de construir una mayoría en el Congreso. Si se toma sólo a los votantes que declaraban haber decidido su voto antes de la última semana (el 55% del total), el PP superaba al PSOE en más de cuatro puntos (35 a 31) y Vox se distanciaba de Sumar. Con esos resultados, Feijóo se hubiese garantizado la presidencia del Gobierno. Pero si se observa el voto de los decididos entre la última semana y el día mismo de las elecciones (un 20% del total), el PSOE aventajó en ese grupo al PP en siete puntos. Fue allí, en esos días finales, cuando a Feijóo se le escapó el banco azul, en esos días en los que su campaña entró en barrena, encadenando errores (como no asistir al debate de RTVE, lo mismo que ha hecho Rueda en la campaña gallega) y meteduras de pata (como la excusa de la lumbalgia para justificar su ausencia en ese debate). Fue en esa semana decisiva en la que una parte, a la postre decisiva, del voto se decantó por la izquierda para evitar el gobierno del PP y Vox.

Es hasta cierto punto normal que ahora a Feijóo no le llegue la camisa al cuello. A falta de una semana y con tanto voto por decidir, el presidente popular ha vuelto a cometer un error de bulto, como ocurrió en julio, capaz de mover el voto suficiente para dejar al PP sin mayoría en Galicia, el buque insignia del poder autonómico popular, y el de Feijóo en particular. Si finalmente ocurriese esto, las miradas se dirigirían directamente a un Feijóo muy debilitado a ojos de los “grandes accionistas” del PP, ese mundo con sede en Madrid que desde el 23J viene observando al líder gallego con creciente suspicacia. Incluso si finalmente el PP gallego es capaz de mantener la Xunta, ya sea por el fiel voto emigrante o por el apoyo del orensano Jácome, la imagen de Feijóo va a quedar muy maltrecha dentro y fuera del partido.

Casualidad o no, el patrón de atracción de voto de Ciudadanos es calcado al de Podemos

Las últimas encuestas constatan la consolidación y el crecimiento de un nuevo actor en el escenario político español: Ciudadanos. El último barómetro del CIS le pronostica una clara línea ascendente, y la encuesta de Metroscopia para El País lo sitúa en la cuarta plaza por delante de su rival natural, UPyD. Parece evidente que Ciudadanos está consiguiendo hacerse un hueco, pero ¿de dónde saca su apoyo? ¿Quién o quiénes son los suministradores principales de los votos que consigue?

Tanto el CIS como Metroscopia señalan dos fuentes principales: los abstencionistas y el voto al PP de 2011. Según los dos sondeos, prácticamente la mitad de los que declaran intención de votar a Ciudadanos habían dado su apoyo a los populares en las últimas generales, y casi un 30% no había votado en esas mismas elecciones. Estos serían las dos grandes vías de apoyo al nuevo partido.

Es cierto que porcentualmente el mayor suministrador de votos a Ciudadanos es UPyD, pero si se tiene en cuenta la magnitud de los electorados, los mayores caladeros son el PP y la abstención.

Ahora bien, esta afirmación es matizable. Ciudadanos consigue unos votos que fueron del PP en 2011, pero que desde entonces estaban en el mercado. Si se compara la intención de voto de los votantes del PP de 2011 antes de la aparición de Ciudadanos y la de ahora, se observa que Ciudadanos no afecta al voto fiel del PP sino a aquel segmento de votantes que desde 2012 se mostraban indecisos… o que querían votar a UPyD.

Sería probable pues que el trasvase de votos de UPyD a Ciudadanos sea realmente mayor de lo observado, puesto que éste no solo provendría directamente de aquellos que votaron a Rosa Díez en 2011, sino también de aquellos que votaron PP y que, hasta la aparición de Ciudadanos, tenían la intención de votar a UPyD en unas futuras elecciones generales.

Casualidad o no, el patrón de atracción de voto de Ciudadanos es calcado al de Podemos: de los partidos pequeños (IU y UPyD) atraen voto fiel, mientras que de PSOE y PP se llevan aquel voto que ya habían perdido, y que en parte había decidido abstenerse o votar a los pequeños.

En su alocución del pasado lunes, Artur Mas dio por finiquitada la posibilidad de realizar una consulta amparada en la ley catalana, recurrida por el gobierno central y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, y abogó en su lugar por la realización de un proceso de participación ciudadana, que debería dar paso a un avance electoral en el que los partidarios de la independencia presenten “candidatura y programa” conjuntos.

A partir del discurso presidencial, se ha generalizado la idea de que las próximas elecciones autonómicas serán de carácter “plebiscitario”, sin saber en muchos casos qué quiere decir exactamente el concepto. De hecho, no es la primera vez que se habla en Catalunya de elecciones plebiscitarias. Para la convocatoria avanzada de 2012 también se usó el término por parte de partidos, líderes y opinadores (David Lizoain hizo una interesante recopilación). Entonces, como ahora, el concepto plebiscitario es usado como sinónimo de “histórico” o “transcendental”. Ahora bien, ¿qué son realmente unas elecciones plebiscitarias?, ¿puede alguien convocar unas elecciones de este tipo? Y finalmente, ¿por qué se habla de elecciones plebiscitarias?

Según el diccionario de la RAE, se entiende por plebiscito la “consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc.”. Por lo tanto, unas elecciones de carácter plebiscitario son aquellas en las que se presentan dos opciones con posiciones antagónicas sobre un tema, lo cual permite al ciudadano aprobar o rechazar de forma nítida y clara una de esas dos posiciones. Evidentemente, en sistemas de tipo parlamentario pluralista, y con modelos electorales de tipo proporcional, es muy complicado que se den elecciones de esta naturaleza.

Aún así, en momentos de fuerte encono político podrían ser posibles elecciones de este tipo, como en Febrero de 1936 en España. Ahora bien, estas elecciones no se convocan como tales, no hay un decreto de la presidencia disolviendo el Parlament y convocando elecciones “plebiscitarias”. El carácter plebiscitario de unos comicios viene dado por el encuadramiento de las diferentes fuerzas en dos bloques antagónicos. El propio Mas lo dijo en su alocución del lunes: serán “los partidos y no el gobierno” los que transformen estas elecciones “en un referéndum de facto”.

Así pues no es facultad de nadie convocar unas elecciones plebiscitarias. El carácter plebiscitario de unas elecciones se va formando a medida que los diferentes partidos se agrupan en bloques antagónicos. ¿Pasará esto en Catalunya? No lo sabemos. Entonces, ¿a qué viene tanto debate? Simplemente al interés de algunas fuerzas en dar a estas elecciones (que aún no han sido convocadas) un carácter transcendental. A CiU le conviene reunir en una sola candidatura a todas las fuerzas nacionalistas para evitar una más que previsible derrota, y eso solo es posible revistiendo la convocatoria de un carácter terminal, “plebiscitario” en su mala traducción. El PP también podría estar interesado en ello. Pero ERC, a quién todas las encuestas señalan como ganador, ¿estaría interesada en una única lista nacionalista? Ahí estará la clave para definir si la convocatoria autonómica avanzada acaba siendo plebiscitaria o no.

Las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de Mayo han puesto sobre la mesa el debate sobre una eventual fusión entre UPyD y Ciudadanos. Este no es un debate nuevo, puesto que ya desde el inicio de la andadura de ambas formaciones se han sucedido los intentos (a veces poco amistosos) de unirlas. El último parece que le va a costar el cargo al recientemente reelegido eurodiputado Sosa Wagner, quién ha tenido la osadía (según algún correligionario suyo) de plantear el asunto de manera abierta y directa. Lo cierto es que hay algunas razones de peso que apoyarían la fusión entre ambos partidos, de la misma forma que hay otras razones de igual peso que irían en sentido contrario. Veámoslas.

UPyD y Ciudadanos nacen prácticamente al mismo tiempo y al calor de los mismos acontecimientos: la discusión desatada a raíz de la reforma estatutaria en Cataluña y la debilidad del PP después de perder el Gobierno a manos del PSOE de Zapatero en 2004. Si bien es cierto que el origen geográfico de UPyD es el País Vasco y el de Ciudadanos Cataluña, ambos se plantean un mismo objetivo político, que es la configuración de un nuevo espacio entre PP y PSOE que tenga como referente ideológico principal la defensa de la unidad de España frente al nacionalismo periférico (sea el vasco o el catalán).

En este sentido las dos formaciones compiten por un mismo espacio político a partir de postulados ideológicos muy similares, lo que daría la razón a aquellos que propugnan la unión de ambos, ya que ésta generaría unas “economías de escala” electorales beneficiosas para el proyecto político compartido. Esto sería aún más positivo en un escenario, como el que se anuncia para el próximo ciclo electoral, presidido por la fragmentación, lo que aporta más beneficios a aquellos que sean capaces de aglutinar su espacio, a la vez que castiga a aquellos que vayan por separado. Y más aún si tenemos en cuenta que el espacio de UPyD se está viendo penetrado por Podemos, según el último barómetro del CIS, que supone que el 16% del voto de UPyD tiene intención de votar a los de Pablo Iglesias.

Esta idea a favor de la unidad se ve reforzada por los sucesivos fracasos en los intentos de UPyD de desplazar a Ciudadanos en su ámbito geográfico. El mejor resultado de los de Rosa Díez en Cataluña, antes de las europeas de Mayo, fue en las generales de 2011 y les supuso un paupérrimo 1,1% del voto válido (y eso que Ciudadanos no se presentaba en esa convocatoria). Tampoco han triunfado los intentos de implantación local en territorio catalán. En la última convocatoria municipal de 2011, UPyD sólo presentó candidatura en ocho municipios (de casi quinientos), logrando poco más de dos mil sufragios. Ciudadanos consiguió quince veces más respaldo.

La aparente imposibilidad de penetración de UPyD en Cataluña, precisamente por la presencia en su espacio de asentamiento natural de Ciudadanos, sería un argumento a favor de la fusión, o como mínimo de algún tipo de colaboración entre ambos.

Ahora bien, este argumento ha sufrido un fuerte contratiempo en las últimas elecciones europeas en las que Ciudadanos sí ha sido capaz de penetrar significativamente más allá de su territorio “natural”. Los de Rivera, después de no presentar candidatura en 2011 y consolidar su posición en el mapa político catalán en la convocatoria autonómica avanzada de 2012, se propusieron implantarse en el resto de España. Los resultados de los comicios al Parlamento europeo parecen suponer una plataforma importante para este objetivo. Del casi medio millón de votos obtenido por Ciudadanos, más de dos terceras partes los ganó fuera de Cataluña. Es destacable el resultado en Madrid, feudo tradicional de UPyD, dónde la candidatura encabezada por Javier Nart logró el 4,8% del voto.

Aunque la implantación territorial de UPyD y de Ciudadanos sigue dibujando dos espacios totalmente distintos (Ciudadanos quintuplican el resultado de UPyD en Cataluña, mientras que éstos triplican a aquellos en el resto de España), el relativo éxito de los de Rivera en su aventura española debilita los incentivos para una posible unión. Parecería que la pelota ha cambiado de campo: si antes era UPyD la que no estaba interesada en una posible fusión (con la esperanza de poder acabar con el feudo de su rival en Cataluña), ahora es Ciudadanos el que no parece tener mucho interés, habida cuenta del recorrido que puede tener más allá del Ebro en futuras elecciones.

Además de este cambio en la posición de fuerza de uno y otro, existen otros elementos poderosos que juegan en contra de la posible unidad de UPyD y Ciudadanos. En primer lugar, cualquier acuerdo seguramente comportaría la unificación de ambas organizaciones, ya que no parece muy posible que una formación que defienda la unidad de España pueda mantener dos personalidades distintas, al estilo de la CDU-CSU alemana. Y ahí se entra en un terreno complicado, puesto que atañe a los símbolos y a los sentimientos. ¿Aceptarán los miembros de Ciudadanos la desaparición de sus siglas? ¿Admitirán los de UPyD ceder parte de su logo a sus rivales? No es una cuestión menor.

El segundo elemento es aún más complicado, puesto que atañe al factor humano, y es que posiblemente el mayor obstáculo a la unión de UPyD y Ciudadanos sean sus líderes. Tanto Rosa Díez como Albert Rivera son figuras que van más allá del simple liderazgo partidista. Además de ser los máximos dirigentes orgánicos y los rostros más reconocibles de sus respectivos partidos, ambos asumen el papel de fundadores. Además, las perspectivas de futuro de ambos personajes son positivas, a tenor de las encuestas (Rivera podría ser el líder del tercer partido en el escenario catalán después de las próximas elecciones al Parlament, y Díez está llamada a ejercer de king maker en un Congreso sin mayoría clara y difícil de gestionar). Así pues, ¿quién bajaría del caballo? ¿quién de los dos cedería su plaza al otro? Rivera, visto el relativo éxito de su aventura española, tiene más incentivos para seguir por esa línea que quedarse en Cataluña, por muy boyantes que sean las expectativas para sus Ciudadanos. Por su parte, Díez ya ha demostrado su habilidad y su tesón para mantenerse como cabecilla de UPyD y cortar cualquier intento de poner en duda su liderazgo.

Si nos atuviéramos sólo a los datos de encuesta parece evidente que una fusión entre UPyD y Ciudadanos les reportaría significativos beneficios en unas próximas elecciones generales. Según el barómetro del CIS de Julio, la presentación conjunta de ambos partidos podría llegar a desplazar a IU del cuarto lugar, además de generar importantes “plusvalías” en escaños, gracias a la menor dispersión de su voto en el territorio. En un Congreso sin mayoría clara y con PP y PSOE necesitados de apoyos, el papel de UPyD-C’s podría ser decisivo. Pero sabemos por experiencias que las decisiones políticas no atienden sólo a las encuestas, sino que hay otros elementos que se tienen en cuenta, y que muchas veces resultan más influyentes en la decisión final. Las expectativas de cada cual y los liderazgos se cuentan entre estos elementos llamados a ser determinantes.

Perfil: Joven, con mayor nivel académico que las generaciones anteriores, y valora muy negativamente a Rubalcaba

¿Qué hace que un votante del PSOE de las generales de 2011 acabe votando a Pablo Iglesias en las europeas? Esta es LA pregunta que se hacen medios y tertulianos desde el 25 de Mayo y a la que mayoritariamente responden invocando a la radicalización de la izquierda socialista.

Gráfico 1. Autoubicación en el eje izquierda-derecha de los votantes PSOE Generales 2011 que votaron PSOE o Podemos en Europeas 2014

Pues va a ser que no. El perfil en el eje izquierda-derecha de los votantes socialistas que optaron por Podemos es prácticamente el mismo que el de los votantes del PSOE que se mantuvieron fieles. La mayoría de ambos grupos de sitúa en la izquierda (60%), mientras que el 30% lo hace en el centroizquierda.

No es el izquierdismo radical lo que explica la fuga de casi 400.000 votantes del PSOE al partido de Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué es? La edad, por ejemplo. El PSOE mantuvo al 45% del voto de los mayores de sesenta años, pero sólo el 30% de los de treinta a cuarentaicinco. ¿Dónde se fueron? A Podemos, en su gran mayoría. Los socialistas consiguieron retener a más de la mitad de sus votantes jubilados, pero a menos del 30% de los trabajadores, una parte de los cuales votó por Podemos, igual que los parados que habían votado al PSOE en 2011.

Gráfico 2. Ocupación de los votantes PSOE Generales 2011 que votaron PSOE o Podemos en Europeas 2014

El grueso del voto que se ha quedado en el PSOE tiene más de sesenta años, está jubilado, ha cursado la educación obligatoria y aprueba a Rubalcaba (80%). El que se ha pasado a Podemos es más joven, más activo, con mayor nivel académico (sobre todo en bachillerato y FP) y valora muy negativamente a Rubalcaba y la oposición que está haciendo el PSOE. No son más radicales, simplemente se cansaron de esperar.

Las elecciones europeas del pasado 25 de mayo depararon una sorpresa mayúscula en los cinco escaños conseguidos por Podemos, que habían pasado desapercibidos por los radares de todas las encuestas previas (que le pronosticaban a lo sumo dos eurodiputados). Desde la misma noche electoral, dos preguntas se repiten: ¿de dónde viene el apoyo a Podemos?, ¿tiene recorrido o es un fenómeno efímero?

La encuesta de Gesop publicada por El Periódico de Catalunya el pasado domingo permite dar respuesta a ambos interrogantes.

¿Quién votó por Podemos? Los datos de la encuesta son claros al respecto. El apoyo a Podemos es netamente de izquierda y sus votantes provienen de tres fuentes principales: el voto al PSOE, a IU y la abstención, aunque en magnitudes diferentes.

Intención de voto de los votantes declarados del PSOE Generales 2011

El principal nutriente de Podemos es el voto socialista, ya que el 36% de los que recuerdan haber votado al partido de Pablo Iglesias el 25 de mayo declaran haber votado socialista en las elecciones generales de 2011. En números absolutos serían más de 400.000 votos. Les siguen los abstencionistas (reales o menores de edad en 2011), que representan una cuarta parte del voto a Podemos, y los votantes de IU, un 19%. Los tres grupos representan a ocho de cada diez papeletas cosechadas por los de Pablo Iglesias.

Pero sería superficial quedarse ahí, ya que el análisis de la encuesta y la comparación con estudios previos aportan elementos más interesantes. El trasvase de voto del PSOE a Podemos no es directo. De hecho, los de Pablo Iglesias han conseguido atraer a un número bastante reducido de voto socialista convencido. La mayor parte de sus apoyos proviene de votantes socialistas que ya mostraban un claro distanciamiento respecto del PSOE en sondeos previos.

Así, si se comparan los trasvases de esta encuesta con los que mostraba la encuesta previa del CIS, se observa que el voto a Podemos viene tanto del votante socialista que mostraba intención de volver a votar PSOE como de aquellos que se mostraban indecisos delante de la cita europea. Sería este grupo de voto socialista desencantado uno de los mayores suministradores de apoyo a Podemos, lo cual refuerza la idea de une el rechazo a las políticas del último gobierno Zapatero, el movimiento del 15M y el apoyo a Podemos tres años después.

Esto da una idea de las raíces del “fenómeno Podemos”, ahora bien ¿qué recorrido tiene Podemos? ¿Puede asentarse en el sistema político o es un “bluf”?

Si nos atenemos a los datos de Gesop, en unas elecciones generales Podemos mantendría prácticamente sin pérdidas el apoyo conquistado en estas europeas. Ocho de cada diez de sus votantes les daría su voto para el Congreso de los Diputados, y aún más, un 9% de los que votaron al PSOE el 25 de mayo y un 19% de los que lo hicieron por IU daría su apoyo a los de Pablo Iglesias en unas elecciones generales.

Evidentemente, hay que tener en cuenta las fechas en las que se realizó la encuesta, justo la semana posterior a la convocatoria europea, pero aún así es interesante ver la coherencia entre los datos de Gesop y la serie de barómetros del CIS desde comienzos de la legislatura.

Los barómetros del CIS muestran como el PSOE mantenía antes de las elecciones europeas una fidelidad de voto cercana al 40% del apoyo de 2011 (CIS Enero 2014). Desde el comienzo de la legislatura se percibe una tendencia a la baja de este indicador y un incremento paralelo de los votantes socialistas que se muestran indecisos o que directamente declaran intención de abstenerse en unas próximas elecciones generales. Esta tendencia se rompe en el barómetro de abril seguramente por la proximidad de los comicios europeos.

Lo interesante si se comparan los datos del CIS con la encuesta de Gesop es que en ésta se percibe cómo se mantiene la tendencia a la baja de la fidelidad de voto al PSOE, pero sobre todo se observa una nítida retracción del voto socialista indeciso y abstencionista. ¿Dónde ha ido a parar este voto? A Podemos, que captaría el 25% del voto al PSOE de 2011.

¿Qué parecen indicar estos datos? Pues que Podemos ha logrado atraer una parte significativa del voto desencantado con el PSOE, que había ido engrosando las filas de la indecisión y del abstencionismo a medida que avanzaba la actual legislatura. Éstos parece que hubieran encontrado en Podemos un refugio, una opción de voto, no sólo en las elecciones europeas, sino en el caso de una convocatoria general.

Obviamente, es aventurado suponer que no van a haber variaciones en los transvases de voto que se observan, y habrá que estar atentos a los vaivenes de los próximos meses, pero parecería claro que Podemos se ha erigido en un serio competidor del PSOE en su flanco izquierdo y sobre la base de antiguos votantes socialistas desencantados.

La situación actual del PSC no es nueva ni su análisis es sencillo, a pesar de los intentos de despacharlo en un par de titulares. Es el resultado de varias crisis en una. En parte, es un episodio más de una pugna histórica dentro del socialismo catalán y, en parte, es un capítulo periférico de fenómenos más amplios, de un alcance que supera las limitadas fronteras del debate sobre el derecho a decidir, la consulta sobre la independencia. La situación actual del PSC puede explicarse por siete fenómenos de muy diversa naturaleza, pero que inciden todos sobre el partido de los socialistas catalanes, reforzándose unos a otros, sin que sea posible averiguar las fronteras entre ellos.

En primer lugar está la crisis del modelo de democracia, conocida también como la crisis de los partidos, pero que va bastante más allá de éstos. Es la crisis del Estado democrático como defensor efectivo del interés público frente a los intereses particulares, que tiene su expresión más visible en el desmantelamiento del Estado social, pero que va más allá de eso y pone en cuestión la misma esencia de las instituciones democráticas como representantes del bien común. Es la captura de los reguladores en los mercados por parte de los poderes privados, la corrupción de las instituciones públicas, la sumisión del interés general ante el poder “real” y de rebote el repliegue de los partidos hacia adentro, la desconexión entre representantes y representados (el ya famoso “no nos representan”). Evidentemente, este no es un fenómeno exclusivamente catalán, ni tan siquiera español. Afecta a todos los regímenes democráticos y podemos encontrar sus trazas en todas partes.

La segunda crisis, ligada con la primera, es la del proyecto socialdemócrata. Tenemos una prueba reciente de ello en Francia, con el giro del presidente Hollande y el nuevo primer ministro Manuel Valls, o en Alemania, con la gran coalición en la que el SPD ha aportado la adopción del salario mínimo (triste ganancia). En todos lados la socialdemocracia se ha visto barrida porque la crisis económica la ha encontrado sin proyecto, y siete años después, sigue sin definir una salida distinta de la que imponen las tesis neoliberales del libre mercado y el déficit cero (el público, se entiende). Sin un proyecto propio de respuesta a la situación, los partidos socialistas han perdido buena parte del atractivo electoral. No son alternativa. Y las elecciones en democracia se basan en las alternativas, en el contraste de proyectos diferentes. A los socialistas parece que sólo les han quedado dos opciones: o centrarse en temas “de valores” (el aborto, que parece el único “banderín de enganche” para la izquierda en España) o convertirse en una mala copia de los conservadores (con un toque de “capitalismo compasivo”).

La tercera de las crisis que afecta al PSC es propia de España y es la crisis del modelo de la transición. Estamos viviendo un momento de crisis de sistema en España, que afecta prácticamente a todos los elementos del modelo (del rey a los sindicatos, pasando por el tema territorial). Es una crisis previsible y que no tiene freno, ya que se basa en la “fatiga de materiales” del sistema después de cuarenta años de uso. El gran pacto de la transición (el mitificado “Consenso”, otra vez de moda tras la muerte de Suárez) permitió el establecimiento de un sistema democrático homologable a los sistemas vecinos de más al Norte (una verdadera novedad en la historia peninsular), pero la situación histórica que lo hizo nacer ha sido superada afortunadamente por la sociedad española, de manera que algunas (bastantes) cláusulas del pacto original no encajan con el momento actual, chirrían y requerirían de una puesta a punto a conciencia.

La cuarta crisis enlaza con la tercera pero ésta sí es propia de Cataluña. De la misma manera que el grupo humano en España no es el mismo que dio a luz al actual sistema político, en Cataluña también se ha producido un importantísimo relevo, con todas las consecuencias que eso tiene. Tradicionalmente se decía (y aún se dice, para desesperación de los demógrafos) que la catalana era una sociedad partida en dos mitades, los “viejos” y los “nuevos” catalanes, los nacidos aquí y los llegados del resto de España, las simpatías electorales de los cuales se repartían CiU y el PSC. Esto ya no es así. Hoy en día la radiografía de la sociedad catalana nos da un resultado mucho más complejo. Ya no podemos hablar de dos mitades, sino que hay que incorporar a las nuevas generaciones, mayoritariamente nacidas en Cataluña y escolarizadas en catalán. Las categorías propias de los años ochenta son estereotipos que poco tienen que ver con la realidad actual de un país más híbrido y complejo.

La quinta crisis es la crisis de adaptación de los partidos que históricamente han dominado la escena política catalana y ahora ven evaporarse su superioridad. Es decir el PSC, pero también CiU. De la misma manera que ha cambiado el electorado (o precisamente por eso), también ha cambiado la forma como éste se expresa. De manera que el predominio tradicional de socialistas y convergentes durante los primeros veinticinco años de autonomía se ha transformado en una situación de mayor equilibrio, con la incorporación de nuevas fuerzas con una capacidad creciente de influencia (por ejemplo, ERC). Hasta mediados de los noventa, el 70% de los votantes catalanes optaba o por el PSC o por CiU en cualquier elección, ya fuera general, autonómica o municipal. En el último ciclo electoral sólo eranun 50%. Este descenso en el apoyo a los “grandes” los obliga a reubicarse en un nuevo escenario. CiU tiene la suerte de poder hacerlo desde el gobierno, pero el PSC debe hacerlo sin sus apoyos institucionales tradicionales (el ayuntamiento de Barcelona, la diputación o el gobierno central). Confinados a la intemperie, los socialistas deben adaptarse a una nueva posición subsidiaria, emparejados con ERC y con el peligro (según la mayoría de las encuestas) de acabar siendo uno más del pelotón de las fuerzas medianas.

La sexta crisis es la de la relación entre Cataluña y España, que impacta sobre todo el arco político catalán y español, pero que tiene una especial repercusión sobre el PSC, no tanto porque su posición sea ambigua, sino porque los acontecimientos de los últimos años han puesto de manifiesto la dificultad (por no decir directamente la imposibilidad) de hacer efectiva esta posición. Uno de los ejes definitorios del proyecto de los socialistas catalanes ha sido históricamente el fortalecimiento del autogobierno de Cataluña. El PSC fue uno de los actores principales en la recuperación de este autogobierno y fue el impulsor de la profundización de este, con la reforma estatutaria iniciada por el gobierno Maragall en 2003. La sentencia del Tribunal Constitucional en el verano de 2010, que anulaba preceptos del nuevo estatuto, dejó al PSC huérfano de uno de los elementos fundamentales de su programa político

Finalmente, la séptima crisis es la propia (esta sí) de los socialistas catalanes, aunque ni siquiera es original. Es una crisis faccional típica de cualquier partido, de colisión entre mayoría y minorías, y que tiene derivadas estratégicas, de cultura política, de liderazgos, de tradición, incluso personales. Esta crisis toma etiquetas varias (“el alma catalanista”, “el aparato”), pero es un tipo de pugna que es posible encontrar en cualquier organización política. Quizás la originalidad del caso PSC está en la misma composición del partido, hermanado con uno más grande, el PSOE, que le hace a la vez de hermano y de madrastra, en función de si los intereses de unos y otros (gobernar en España, gobernar en Cataluña) se acoplan o colisionan.

Todo esto es la crisis del PSC. Pero podría no ser exclusiva del PSC. En aquello que es común, otros partidos mainstream de la política española y catalana manifiestan síntomas equiparables. Estos no deberían olvidar lo que señala el dicho, ‘cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar’.

Si se observan los procesos electorales ocurridos en Europa en los últimos años, se perciben unas tendencias comunes: cambio de la mayoría gobernante, debilitamiento de los partidos centrales de todos los sistemas y aumento del apoyo a opciones que se sitúan en los márgenes, cuando no directamente fuera, de dichos sistemas. El último ejemplo lo encontramos en las recientes elecciones locales en Inglaterra y País de Gales. Los conservadores en el poder perdieron frente a los laboristas, pero los auténticos ganadores de la contienda fueron los xenófobos del UKIP. Se puede hacer un cuadro similar de los últimos procesos electorales en Italia, Grecia, Portugal, incluso Francia. Y en España se presiente en cada nueva encuesta. La intención de voto a PP y PSOE, recogida por el CIS, ha pasado del 55% en Junio de 2011 a sólo el 26% en Abril de 2013, y el debilitamiento de los dos “grandes” es una realidad allí dónde se han celebrado elecciones (Andalucía, Galicia, Euskadi o Catalunya).

Frente a esta tendencia común se dan dos explicaciones. La conservadora, que defiende que todo es culpa de la crisis económica y postula que cuando ésta se acabe (?) todo volverá a la “normalidad”, y la hipótesis alternativa, que sugiere que nos encontramos inmersos en un final de régimen y que la caída de las fuerzas del “establishment” dará paso a la regeneración democrática.

Algo de razón tienen ambas hipótesis, pero fallan en lo esencial. Esto no es un cambio pasajero que nace de la crisis y se irá con ella, como defienden los conservadores (de derecha y de izquierda), viene de más lejos, de antes de la crisis financiera. Esta no ha hecho más que ahondar en el problema, pero no lo ha creado (y no lo va a solucionar). Por otro lado, no es cierto que la caída de los partidos del “establishment” vaya a comportar una nueva primavera democrática. ¿El Movimento 5 Stelle es un paradigma de formación democrática? ¿Las propuestas de los griegos de Aurora Dorada representan la regeneración del actual sistema esclerótico?

La raíz de la crisis política actual es más profunda y afecta el fondo de los elementos esenciales de lo que entendemos por política: propuesta, poder y representación.

La política se basa en conceptos morales, traza fronteras entre lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo inaceptable, lo justo y lo injusto. La política es, ante todo, una opción de carácter moral, pero en las últimas décadas se nos ha vendido como una elección en base a criterios técnicos de gestión, cuando no en base a aptitudes individuales de candidatos. Y eso nada tiene que ver con la crisis, es anterior a la crisis.

La crisis ha profundizado en esta desmoralización de la política y de la sociedad. Las “salidas” a la situación propuestas por el “establishment” han dejado manifiestamente de lado conceptos como justicia y ecuanimidad para centrarse en criterios aparentemente “técnicos”. Así, se ha salvado a los causantes del desaguisado por cuenta de las víctimas, con el argumento de que no había alternativa posible, y si la hubiera, nos llevaría al desastre. La teoría del “too big to fail” es el nuevo catecismo: no hace falta ser bueno para salvarse, sólo hay que ser parte de la élite. ¿Qué tipo de sociedad genera este tipo de mensaje? Cínica, descreída, acérrimamente individualista… una sociedad antipolítica.

Y esto ha sido posible por la impotencia de la política. Desde el triunfo de las tesis neoliberales, con su idea central de dejar la economía en manos de los “expertos” (“el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema”, dijo Reagan), los distintos gobiernos, de derecha o de izquierda, han ido despojándose de la mayoría de los instrumentos de actuación en la esfera económica. El paradigma neoliberal i las tesis postmaterialistas limitaron el campo de actuación de la política a las cuestiones morales (gran paradoja) y de hecho en las últimas décadas los “hitos” de los gobiernos socialdemócratas se han ceñido a cuestiones “de valores”: aborto, matrimonio gay, inmigración, educación, dependencia. La economía quedaba reservada a los “expertos”, conocedores de los mercados y sus arcanos. La mayor crisis económica en casi un siglo ha pillado a la política sin armas, incapaz de reaccionar, impotente.

Sin propuesta y sin poder la política es un elemento periférico para la mayoría de los ciudadanos a los que supuestamente debe representar. Ciudadanos que han crecido en una sociedad definida por las fuerzas desatadas de un mercado supuestamente libre. Una sociedad dónde el espacio del entendimiento está siendo sustituido por el de la competencia, dónde la esfera de lo común desaparece, llevándose consigo la idea de pacto entre diferentes, es decir, la idea misma de la política.

Ya no es que la política haya dejado de ser útil a una gran mayoría de ciudadanos y que sólo reporte beneficios palpables a los que dependen de ella, a la casta, es que la política hace tiempo ha dejado de intentar definir un tipo de sociedad. Ha ido adaptándose al espacio cada vez más reducido que le dejaba el paradigma dominante, enclaustrada en las instituciones y las sedes de los partidos. Y ahora se encuentra con una sociedad que no espera nada de ella más allá de usarla como canal para expresar el hartazgo y la ira. ¿O acaso no es eso lo que manifiesta el voto a Beppe Grillo? ¿O es que sus votantes esperan que forme gobierno y tire adelante sus propuestas? No, saben perfectamente que el gobierno, cualquier gobierno, tiene el programa definido de antemano. Lo han experimentado los italianos, al igual que los portugueses, los franceses o los españoles.

Nos deslizamos hacia una sociedad de individuos-burbuja con acceso restringido por afinidad. Una sociedad de individuos que no aceptan límites a su capacidad inmediata de elección (de consumo) de bienes, individuos, experiencias, etc. Una sociedad en la que lo común tiende a desaparecer porque no hay nadie que se ocupe ya de ello, y de eso iba lo que llamábamos política.

Este post es un resumen de 'Restoring the sense of politics. The three faces of politics: morality, power and society', intervención de Oriol Bartomeus en Next Left: Framing a New Narrative, un seminario sobre el futuro de la izquierda organizado por la Fundació Rafael Campalans.'Restoring the sense of politics. The three faces of politics: morality, power and society'Next Left: Framing a New NarrativeFundació Rafael Campalans

Más concretamente, ¿cuánto vale el consejero delegado de la entidad financiera más importante del país, el señor Alfredo Sáenz? Deberíamos hacer un cálculo aproximado, porque lo acabamos de rescatar y aparentemente gratis total. Me explico. El consejo de ministros del pasado 12 de abril aprobó un decreto que modifica los requisitos que se exigían hasta ahora para desarrollar la dirección de una entidad financiera en España, relajándolos en el apartado que obligaba a los banqueros a no haber sido condenados judicialmente. No está mal para los tiempos que corren que un gobierno apruebe aliviar los criterios para dirigir un banco. Pero es que el decreto en cuestión no se refería a todos los banqueros en abstracto sino a uno de muy particular, precisamente Alfredo Sáenz.

Si esto mismo hubiese pasado, pongamos, en Italia con un banquero amigo de Berlusconi, los medios españoles (algunos) se habrían lanzado indignados (con razón) a criticar la medida. ¿Cómo es posible que se hagan leyes a medida para una persona concreta? Eso sólo pasa en las democracias bananeras, ¡dónde se ha visto! Pues bien, aquí pasó hace una semana y ni pio. El gobierno cambia la ley “ad personam” y los medios lo despachan con un breve en página par.

¿Y la oposición? Nada de nada. No es extraño. El tan requerido consenso entre los grandes partidos existe, claro que existe… para las cosas importantes, como salvar a Sáenz. Ha sido una idea transversal, consensuada entre PP y PSOE. Para que después digan que los grandes partidos no se ponen nunca de acuerdo en nada. De hecho, el primer intento lo hizo el último gobierno socialista cuando, en el consejo de ministros posterior a las elecciones generales de 2011 (es decir, cuando el gobierno estaba en funciones), aprobó el indulto al hombre de Botín. ¿El pago? Unas palabras del patrón de la banca sobre las bondades de la economía española y su pronta recuperación.

El Tribunal Supremo, no obstante, recordó que el indulto exime del cumplimiento de la pena, pero no la “borra”, de manera que Sáenz seguía teniendo antecedentes penales, que le impedían seguir en el negocio bancario. Así que ha tenido que ser el nuevo gobierno el que rescate al consejero delegado mediante una reforma express de la ley vía decreto, lo que le permite no tener que pasar por el engorroso trámite de la discusión parlamentaria (que ya se sabe que hay diputados que no entienden los mecanismos de la alta política y serían capaces de cuestionar la imprescindible y muy patriótica decisión gubernamental).

Les anuncio que yo estoy dispuesto a tragármelo sin protestar. Hasta estoy dispuesto a no irritarme cuando me expliquen que lo que se ha hecho es bueno para España, porque con el cese de Sáenz se hubiese resentido la tan necesaria confianza de los mercados financieros internacionales hacia la economía española y bla bla bla. De acuerdo, dónde hay que firmar. Eso sí, pido una cosa, solo una. Que paguen.

El gobierno (el Estado entero, poder ejecutivo, legislativo y judicial todos juntos) ha hecho un grandísimo favor al señor Botín saltándose a la torera el ordenamiento jurídico y los principios más elementales de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Realmente se la ha jugado. Pues bien, tiene que cobrar. Tenemos que cobrar todos. Y digo todos porque no estoy dispuesto a aceptar que la cosa se arregle con un sobre bien lleno para las arcas suizas del PP y otro de más delgado para Ferraz. Eso no, ya sería el súmmum.

Pido (modesta y humildemente) que el pago del rescate de Sáenz nos beneficie a todos, porque al fin y al cabo las leyes son de todos. No pido al presidente que comparezca en rueda de prensa con el señor Botín y nos lo explique, ya entiendo que estas cosas tan serias no se hacen así. Que no nos lo digan, pero que lo hagan. Que cobren. ¿Cuánto? Aquí está la clave. No lo sé. Deberíamos hablarlo. Deberíamos encontrar un precio justo, de acuerdo con el coste del rescate. Apunto algunas ideas por si alguien las quiere recoger. Por ejemplo, que el banco del señor Botín se haga cargo de una parte de la deuda pública, una pequeña parte, pongamos el 1%, nueve mil millones de euros de nada. Es un precio justo, me parece. O también podríamos pedir como pago que este banco deje de invertir en productos que atacan a la economía española y al euro. O también podríamos negociar que dejen de facilitar la evasión fiscal a sus clientes. Pero quizás pido demasiado. No sé si el presidente Rajoy osará pedirle tanto. Puede ser que se contenten con una gorra firmada por Fernando Alonso para las cúpulas de populares y socialistas. O ni eso.

¿Por qué el gran descontento social no se transfiere en la arena política?

A diferencia del movimiento 5 Stelle de Grillo en Italia, al 15M no se le pasó por la cabeza presentarse a las elecciones

España podría seguir siendo ese lugar extraño en el que conviven una calle indignada y un sistema político prácticamente intacto

Para muchos de los observadores internacionales, España es un caso raro. Comparada con Portugal, incluso con Grecia o Italia, la situación española es sorprendente. Por un lado, la calle hierve de manifestaciones, el paro se dispara, el descontento social es evidente. Pero por otro lado, este descontento no parece cristalizar políticamente. El bipartidismo imperfecto hispánico sigue su curso, si bien es cierto que las encuestas muestran una tendencia decreciente de los dos grandes partidos. Pero esto no es nada comparado con la debacle de la política tradicional en Grecia, incluso con el cambio operado en las recientes elecciones en Italia. ¿Cómo es posible que no surjan en España partidos en los aledaños del sistema como Syriza (o como los nazis de Aurora Dorada) o movimientos “ciudadanos” como el de Beppe Grillo? ¿Por qué el gran descontento social no se transfiere en la arena política?

Sobre ello se han dado diversas respuestas. Se ha aducido que el sistema electoral español castiga fuertemente a las terceras opciones, blindando la posición de los dos grandes partidos estatales, lo cual produce un sistema cuasi bipartidista más propio del modelo mayoritario, en el que la elección se reduce a escoger entre gobierno u oposición, obligando a los electores a elegir el mal menor. También se ha hablado de la amplitud ideológica de los partidos españoles, que impediría que surjan organizaciones en sus márgenes, lo cual explicaría tanto las limitaciones de Izquierda Unida como la no aparición de partidos de corte ultraderechista. En ambos casos los votantes potenciales de estos partidos encontrarían, mal que bien, acomodo en PSOE y PP, respectivamente.

Ciertamente, todos estos elementos juegan un papel, desincentivando el crecimiento de opciones fuera del sistema (o en sus márgenes), pero no son suficientes para explicar la aparente abulia política de la indignación en España.

Ha habido quien ha hecho referencia al carácter individualista, desconfiado, casi libertario de la sociedad española, que tiende a la antipolítica más que a la crítica a los políticos de turno. Algo de eso hay. En España es extraordinariamente complicado generar movimientos colectivos que duren más allá del fogonazo inicial. Como muestra, el movimiento del 15M, capaz de aglutinar multitudes pero totalmente incapaz de estructurarlas en una organización estable con una mínima agenda común. A diferencia del movimiento 5 Stelle de Grillo en Italia, al 15M no se le pasó por la cabeza presentarse a las elecciones, ni tan siquiera organizarse como grupo de presión. Algún antropólogo hablará del “gen anarquista” hispánico, o de la pervivencia del discurso antipolítico franquista. Y algo habrá, de lo uno y de lo otro.

Pero también hay algo más básico, algo que nos diferencia totalmente de Italia o incluso Grecia (no digamos de Finlandia): en España no hubo nunca partidos de masas. En toda la Europa occidental el periodo que va de 1945 a 1975 dejó un sustrato de experiencias organizativas a nivel social del que España carece. Aquí la política nació directamente al estadio de partidos “de caudillo”, gracias a que la televisión llegó antes que la democracia.

La política (como todo en la vida) se aprende, se adquiere mediante un periodo de ensayo que puede durar décadas, a lo largo del cual se van solidificando los conocimientos adquiridos, generando las inercias necesarias y los sobreentendidos que configuran unas habilidades que al final aparecen como automatismos sociales. En España la fase de aprendizaje de los rudimentos de la política no se dio. La sociedad española no se impregnó de los usos necesarios durante la “edad de oro” de las organizaciones de masa (si exceptuamos los primeros treinta años del siglo veinte). Al contrario de las sociedades europeas, que aprendían a organizarse en partidos y sindicatos, de izquierda y de derecha, y adquirían las habilidades propias de la política democrática, aquí la sociedad era educada en la desconfianza y el recelo hacia cualquier organización col