Pedro Sánchez ganó la secretaría general del PSOE con un discurso orientado a que el Partido Socialista vuelva a ser una “opción mayoritaria y de gobierno”, marcando distancias en relación a Izquierda Unida y, sobretodo, a Podemos. En su primer discurso tras la elección afirmó que “sólo el PSOE puede gobernar una España con un proyecto que no caiga en el populismo ni en la demagogia”. Pero su primera decisión como secretario general ha sido votar en el Parlamento Europeo lo mismo que los partidos a la izquierda del PSOE (IU, Podemos, ERC, Compromís y Bildu) alejándose del voto mayoritario de la socialdemocracia europea.

Ante esta aparente contradicción, cabe preguntarse: ¿Por qué esta concesión 'a la galería' de un dirigente político que quiere encarnar un PSOE “con vocación de gobierno”? ¿Por coherencia con lo defendido durante la campaña? ¿Por considerar que es lo que quieren las bases del partido?

En este último caso, ¿por qué se aceptó, sin más debate ni discusión, durante la campaña para la elección del secretario general que 'lo coherente' era votar en contra de Juncker? ¿Por qué nadie estuvo dispuesto a explicar a los militantes que el PSOE votaría a Juncker a cambio de que los populares votaran a Schulz como Presidente del Parlamento y apoyen a un socialdemócrata como vice-presidente económico de la Comisión?

La política consiste en representar a tus electores pero también en hacer pedagogía. Sin un debate informado sólo se pueden tomar decisiones parciales, como ha hecho el PSOE en esta ocasión. El PSOE no está sólo en Europa. Pertenece a una gran familia política, la familia de los socialistas, social-demócratas y laboristas. Es cierto que no ha habido unidad en esta votación y no sólo el PSOE no ha respetado el acuerdo entre Juncker y Schulz, pero en este momento de gran dificultad, el PSOE necesita más que nadie estar al lado de la mayoría en el Parlamento Europeo, junto al centro-izquierda alemán e italiano.

Gráfico 1. Voto del grupo parlamentario de los Socialistas y Demócratas (S&D)

Renzi será el gran referente del centro-izquierda durante los próximos años y ha conseguido situar a uno de los suyos, Gianni Pittella, como jefe del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. El PSOE debería hacer todo lo posible para tejer una alianza con el centro-izquierda italiano, puesto que el futuro de España se juega en Europa.

La política de hoy o es europea o no puede ser política en mayúsculas, porque no puede ser transformadora. A nivel nacional ya no es posible hacer las políticas de estímulo e inversión que la economía española necesita, como las anunciadas por Juncker. Hoy no nos sirve un discurso izquierdista a nivel nacional si no somos capaces de articular una alternativa europeísta real. Parafraseando a Felipe González, 35 años después del XXVIII Congreso, hoy “hay que ser socialista (europeo) antes que izquierdista (español)”.

¿Esto significa que el PSOE no debe criticar las políticas llevadas a cabo hasta ahora por la Comisión Europea y por la Unión en su conjunto? En absoluto. Debe criticarlas en el Parlamento Europeo, pero también en el Congreso de los Diputados, donde habría que utilizar mejor los mecanismos de control que ofrecen los tratados europeos. El Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, abrió la puerta a un mayor control de los parlamentos nacionales sobre las políticas europeas, y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria -la mayor transferencia en política económica y fiscal que ha hecho España, en vigor desde enero de 2013- también prevé este control parlamentario nacional.

Sin embargo, uno de los países que menos controla y discute la política económica europea y su aplicación nacional a través del Semestre Europeo -el mecanismo de control presupuestario y fiscal por parte de la Comisión- es España. Según un informe reciente del Observatorio de los Parlamentos tras el Tratado de Lisboa (OPAL) los países más afectados por la crisis son, a su vez, los que cuentan con Parlamentos más débiles y que han controlado menos las decisiones económicas tomadas a nivel europeo -en el Consejo Europeo, el Eurogrupo o la Comisión. En cambio, los países con triple A han sido los que más han controlado las decisiones económicas europeas desde sus parlamentos nacionales. Y los que más han influido en ellas.

Una vez más, como apuntábamos en un artículo anterior, se pone en evidencia que en Europa hay países que se toman en serio la política europea -también su control democrático a través de sus parlamentos- y otros que no. Desgraciadamente España se encuentra entre los segundos. En consecuencia, la nueva legislatura ha empezado dominada por Alemania: sus candidatos se han hecho con la presidencia de la Comisión y del Parlamento, así como con la presidencia del grupo popular europeo. Los italianos han conseguido la presidencia del grupo socialista. Los franceses y los españoles ni están ni se les espera.

Por consiguiente, la nueva dirección del PSOE debe ser consciente que está obligada a una doble tarea: reforzar el control parlamentario de la aplicación de la política económica europea desde Madrid e influir -a través del grupo socialista en el Parlamento Europeo- en las decisiones de la nueva Comisión -incluyendo el nombramiento del nuevo comisario español, que deberá ser aceptado por el Parlamento. Mucho me temo que tras la decisión de esta semana de votar contra Juncker, las posibilidades de bloquear la candidatura de Arias Cañete con el apoyo del grupo socialista europeo se han reducido notablemente. Eso lo saben perfectamente los eurodiputados socialistas, y sería tarea del nuevo secretario general explicarlo en las agrupaciones del partido.

Las elecciones europeas de Mayo las ganó el Partido Popular Europeo, con 221 escaños y más de 40 millones de sufragios. El pasado 27 de junio, su candidato, Jean-Claude Juncker, recibió el apoyo de 26 de los 28 Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para ser elegido Presidente de la Comisión. En unas semanas deberá ser el Parlamento quien vote su elección.

Juncker ha sido elegido por los líderes nacionales, pero por primera vez su elección ha sido condicionada por los partidos políticos europeos, que decidieron en 2013 presentar candidatos comunes a la presidencia de la Comisión.

El Tratado de la Unión Europea, tras su última reforma firmada en Lisboa, establece que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por el Consejo Europeo “teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas” y deberá recibir el apoyo de una mayoría de diputados del Parlamento Europeo. Para ello, el Tratado deja claro que deberá producirse un período de consultas entre ambas instituciones para acordar el candidato. Pero en ningún artículo establece que antes de las elecciones los partidos políticos europeos presentarán candidatos a la presidencia de la Comisión que ejerzan de “cabezas de lista” -Spitzenkandidaten, en alemán.

Ahí radica la gran novedad de la elección de Juncker. Y por ello no sólo el PPE ha apoyado su elección sino también el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y la Alianza de los Liberales (ALDE). Incluso los Verdes, que no lo apoyarán, han recibido positivamente su elección, al considerar que representa “un triunfo de la democracia europea”.

¿Por qué los 4 principales partidos políticos europeos consideran un triunfo la elección de Juncker? Porque hace más de un año todos apostaron por “politizar” la elección del Presidente de la Comisión, convirtiendo las elecciones europeas en unas auténticas “elecciones parlamentarias” de una “democracia representativa normal”, en las que los distintos partidos presentan a sus candidatos a la presidencia del gobierno y todos aceptan que el ganador sea el elegido.

Esta “politización” de las elecciones, que pretende “democratizar” las instituciones comunitarias, ha condicionado la elección del Presidente de la Comisión por parte del Consejo Europeo, más allá de la letra de los Tratados. Por ello, se podría decir que la elección de Juncker es un triunfo de los partidos políticos europeos.

Juncker fue elegido por los líderes nacionales porque antes fue elegido candidato del Partido Popular Europeo, a pesar de las reticencias de Angela Merkel -y de la mayoría de los 13 jefes de Estado y de Gobierno de la familia popular europea- a nombrar un candidato antes de las elecciones. El PPE fue el último partido en elegir a su candidato, el 7 de marzo en Dublín, y sólo lo hizo forzado por la elección de candidatos por parte de socialistas, liberales, verdes y la izquierda europea. Merkel sólo cedió a nombrar un candidato del PPE tras la elección de Martin Schulz por parte de los socialistas.

Merkel se vio arrastrada por la dinámica generada por los partidos políticos europeos, incluido el suyo, y tuvo que renunciar a su candidata preferida para ocupar la presidencia de la Comisión, la directora-gerente del FMI Christine Lagarde. Juncker fue su second best, e incluso lo tuvo que defender en el seno del PPE, cuando surgió un candidato alternativo, el comisario Michel Barnier, que a punto estuvo de poner en jaque la candidatura de Juncker.

Pero una vez elegido, Merkel jugó a fondo la carta de los Spitzenkandidaten. Alemania fue el país donde los debates entre los dos principales candidatos tuvieron mayor eco -Juncker y Schulz protagonizaron dos debates en alemán y en prime time - y donde la prensa realizó una cobertura mediática más amplia de sus campañas electorales, como podemos ver en el siguiente gráfico.

En Alemania la campaña fue más europea que en cualquier otro país de la Unión, y quizás por ello también aumentó notablemente la participación. Los electores alemanes tuvieron claro que en sus manos estaba la elección del próximo Presidente de la Comisión, gracias a la cobertura de sus medios, y por ello cuando tras las elecciones David Cameron -con el apoyo de los primeros ministros sueco y holandés- quiso poner en duda la legitimidad de Juncker, Merkel no pudo ceder. Se había comprometido con sus electores -y ante la prensa alemana- a que el ganador de la contienda sería el elegido. Y así ha sido.

Por consiguiente, la elección de Juncker se puede considerar una victoria de la política frente a la tecnocracia, de los partidos políticos europeos frente a los líderes nacionales, y de la opinión pública alemana frente al resto de opiniones públicas nacionales. Las elecciones europeas de 2014, con dos candidatos alemanes y otros dos que hablan perfectamente alemán, nos ofrecen un nuevo interrogante: ¿la democracia europea será una democracia alemana?

La democratización de la UE implica que las opiniones públicas nacionales se impliquen en los debates políticos europeos. Y estas elecciones han puesto en evidencia -una vez más- que Alemania lidera porque quizás es el único gran país que se toma en serio la construcción europea. En 2019, en lugar de lamentarnos, quizás deberíamos proponer candidatos franceses, españoles e italianos, y tomarnos más en serio las elecciones europeas. Sólo así conseguiremos ser más influyentes y condicionar la política europea.

El sistema financiero de Chipre está en una situación de quiebra. ¿Pero qué debe hacer la Unión Europea y el resto de Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria? ¿Salvar a los bancos chipriotas? ¿Dejar caer los bancos pero salvar a los depositantes? ¿Permitir que los grandes depositantes pierdan sus ahorros para que los pequeños ahorradores los puedan salvar?

Estas son las preguntas que llevan semanas encima de la mesa de los ministros de Economía de la zona Euro y que se resolvieron el sábado 16 de marzo con la tasa excepcional del 6.75% a los depósitos de menos de 100.000 euros y del 9.99% a los depósitos superiores, revisada a posteriori para dejar exentos a los depósitos inferiores a los 20.000 euros, y vuelta aún a revisar para dejar exentos a todos los depósitos inferiores a los 100.000 euros y terminar aplicando una “tasa” de hasta el 30 por cien en los depositos superiores a los 100.000 euros.

Se ha escrito que la “tasa sobre los depósitos” que se quiere aplicar es una “confiscación” de los ahorros. Pero esa argumentación parte de la premisa que los depósitos, sean de la cuantía que sean, están garantizados, y eso no es cierto. Los depósitos sólo están garantizados hasta los 100.000 euros ante un riesgo de quiebra de la entidad financiera. Y la tasa que se quiere aplicar es precisamente para evitar esta quiebra, de modo que incluso la podríamos calificar de “mal menor” si consideramos que sin el plan de rescate, probablemente como mínimo uno de los dos grandes bancos chipriotas quebraría y sus depositantes podrían perder todos sus ahorros. El plan de rescate y la tasa permitiría no sólo garantizar los depósitos inferiores a 100.000 euros, como marca la ley, sino garantizar los depósitos superiores con una pérdida de “sólo” el 30 por cien.

Y aquí está el meollo de la cuestión: ¿por qué, en lugar de aplicar esta tasa no dejamos caer a bancos técnicamente en quiebra, los liquidamos, y garantizamos todos los depósitos hasta un máximo de 100.000 euros? ¿Por qué no garantizamos los ahorros de los pequeños depositantes y permitimos que todo aquél que tenga más de 100.000 euros pierda toda la cantidad que supera este importe? Esa es la ley que, en principio, debería imperar para todos. ¿Da miedo hacerlo? ¿Incluso nos da miedo en un contexto como el chipriota, donde la mayoría de grandes depositantes son no residentes que llevaron su fortuna a la isla para sacar provecho de su peculiar status de “paraíso fiscal” dentro de la zona euro?

Si los bancos chipriotas quebraran, se calcula que se podrían perder hasta el 60% de los depósitos. Pero eso no quiere decir que todo el mundo perdiera el 60% de lo depositado, sino que los pequeños depositantes podrían mantener el 100% de sus ahorros, y los grandes perderían hasta más del 90% en el caso que tuvieran más de un millón de euros en la isla. ¿Por qué no se ha tomado esta medida? Porque nadie ha querido, empezando por el gobierno chipriota. Un gobierno que no quiso ni tan siquiera aplicar una tasa del 15% a todos los depósitos superiores a 100.000 euros, como proponía la Comisión Europea, medida que hubiera evitado proponer inicialmente una tasa para los depósitos inferiores a esa cantidad, y que ha terminando aceptando una solucion mucho peor.

Seamos claros: el principal responsable de la actual situación de quiebra financiera en Chipre no es la troika europea, sino del gobierno chipriota, que se ha beneficiado durante muchos años del flujo de fortunas desde el exterior, principalmente de Rusia, y que ahora no quiere poner en riesgo su particular “gallina de los huevos de oro” tasando a los grandes depositantes extranjeros para poder salvar a los pequeños depositantes chipriotas y al conjunto de su sistema financiero.

Chipre está viviendo las consecuencias del pinchazo de su burbuja financiera, como también le ocurrió a Islandia, aunque con dos importantes diferencias: en Chipre no sólo están en peligro los ahorros de sus ciudadanos sino de las grandes fortunas de los no residentes y -a diferencia de Islandia- la República de Chipre forma parte de la Unión Económica y Monetaria. De modo que los ahorradores islandeses perdieron gran parte de sus ahorros cuando el sistema quebró, pero los chipriotas esperan que el resto de europeos salvemos no sólo sus ahorros sino las fortunas de los no residentes que tienen sus depósitos en Chipre. ¿Pero es eso justo?

¿No sería más justo que los depósitos superiores a 100.000 euros, la mayoría en manos de ciudadanos no europeos, fueran grabados con una tasa, aunque sea del 20 o el 30 por cien, para “rescatar” sus propios bancos en quiebra, debido precisamente a la burbuja generada por el dinero sobrevenido al pequeño Estado insular? Eso quizás sería lo más justo, pero el gobierno chipriota se ha resisitido durante mas de una semana. Rusia, evidentemente, tampoco lo queria aceptar. Pero la alternativa a la tasa (o quita) de los grandes depositos era la quiebra. Y en una quiebra los grandes depositantes lo hubieran perdido casi todo. Pero nadie queria una quiebra, porque eso si que seria un grave precedente para las entidades financieras del sur de Europa.

Tampoco en España hemos permitido que ningún banco o caja de ahorros quebrase. ¿Y por qué no? Quizás hubiera sido ¿mejor? permitir la quiebra de alguna pequeña caja de ahorros, garantizando los depósitos de hasta 100.000 euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que ir inyectando fondos a la entidades para evitar que nadie pierda ni un euro. ¿O no?

Porque la pregunta clave es esta: ¿estamos dispuestos a que los depositantes españoles que tengan más de 100.000 euros en sus cuentas -la mayoría empresas- pierdan su dinero? Hasta ahora nadie ha estado dispuesto. El Estado se ha gastado el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos garantizando la viabilidad de las entidades y así garantizar todos los depósitos de forma indirecta, al margen de su cuantía. Y es con esta misma filosofía que se ha planteado el rescate bancario español. ¿Cuál era la alternativa al rescate? Probablemente la quiebra de alguna de las entidades. ¿Qué hubiera pasado con los 100.000 millones depositados en Bankia si la entidad hubiera quebrado? ¿Quién hubiera garantizado los depósitos? ¿Un Estado español sin recursos? Sin el fondo de rescate europeo muchos ciudadanos hubieran perdido sus ahorros y quizás hubiera sido imposible garantizar incluso los depósitos inferiores a 100.000 euros. Quizás el rescate público no sea la mejor opción, pero ¿estábamos dispuestos a que los clientes de Bankia soportaran en solitario la quiebra de la entidad para evitar tener que inyectar fondos públicos? También tenemos que tener en cuenta que el rescate se produce cuando otras opciones ya fracasaron ¿o hemos olvidado que Bankia salió a bolsa precisamente para no tener que inyectar fondos públicos para capitalizarla?

Desgraciadamente esta es la disyuntiva en la que nos encontramos: rescate público europeo o quiebra. Y si un banco quiebra pero su Estado no es suficientemente solvente para garantizar los depósitos, los depositantes perderían sus ahorros -como recordaba hace unos días el ministro de finanzas alemán. Eso es lo que hubiera pasado en España sin rescate bancario. Y eso es lo que se ha intentado evitar en Chipre con la “tasa” o “quita” a los depositos superiores a 100.000 euros.

La disyuntiva en Chipre no es entre asumir una perdida del 20 o el 30% sobre los ahorros o mantenerlos como hasta ahora, sino entre asumir esa perdida o perder los ahorros. Si los chipriotas no están dispuestos a asumir esa perdida parcial, lo más probable es que terminen perdiendo todos sus ahorros.

El caso chipriota nos obliga a mirar la realidad de frente y asumir que las ayudas públicas a la banca para mantenerla a flote han servido para salvar los depósitos. Sin esas ayudas, y sin un sistema de garantía de depósitos europeo que a día de hoy no existe, el riesgo de quiebra de algunas entidades hubiera sido muy alto, y millones de españoles hubieran podido perder sus ahorros. Debemos pues sabernos mirar bien en el espejo chipriota.