Cuando Ana Orantes fue asesinada en 1997, un escalofrío despertó la conciencia de la sociedad española. La habían visto días antes, en televisión, narrando el calvario que vivía desde hacía 40 años. Su muerte abrió los ojos a una ciudadanía que había hecho oídos sordos a un problema que siempre estuvo enterrado entre las cuatro paredes de casa. Las mujeres habían estado solas. Hasta entonces. El asesinato de Ana Orantes provocó una revolución legislativa que culminó en 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple una década con luces, pero con terribles sombras: en lo que va de año han sido asesinadas 42 mujeres; 12 de ellas habían denunciado previamente a su agresor.

La comparación, utilizada por algunos colectivos de víctimas, suele ayudar a visualizar cuál es la radiografía actual: ETA asesinó desde 1968 hasta 2010 (en 42 años) a 829 personas. El “terrorismo machista”, como lo definen ya estos colectivos, ha matado a 700 mujeres en una década. Una media de setenta homicidios cada año. El dato contabiliza a las mujeres asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a cifrar los crímenes con vistas a la aprobación de la ley –un año más tarde–, hasta 2013. En este negro balance no se incluían a las 45 asesinadas de este 2014, catorce de las cuales habían denunciado.

Durante la reunión de junio del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para estudiar la futura reforma de la Ley andaluza contra la Violencia de Género –con el fin de mejorarla–, la diputada socialista Soledad Pérez fue clara: “No queremos modificarla porque tenga déficit, pero estamos preocupadas por el poco pulso social que está teniendo la violencia de género”. “Las mujeres siguen sin confiar en el sistema, el sistema sigue sin funcionar porque continúan muriendo mujeres que nunca denunciaron”.

Pocas veces se ha vuelto a repetir aquel 'sí' unánime de los 320 diputados del Congreso a la Ley Integral contra Violencia de Género. Salvadas las reticencias iniciales planteadas por el Partido Popular, nadie pudo negarse, aquel 8 de octubre de 2004, a dar apoyo a una norma que estaba llamada a combatir esta grave lacra social. Esta ley pionera, esperada y al final aplaudida por la casi totalidad de la sociedad, fue la primera que aprobaba el recién aterrizado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Era la primera vez que la mujer víctima de la ancestral violencia machista se convertía en el eje de reformas sociales, sanitarias y, sobre todo, judiciales. Porque la ley no solo se comprometía a no dejarlas solas, a escucharlas, a acompañarlas… La norma incluía, además, el aumento de penas para los maltratadores y asesinos, creaba juzgados especiales y medidas de protección específicas para las víctimas. Pero llegó la crisis.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamaba hace unas semanas al Gobierno central que no recortara más en esta materia que ya había perdido, en los dos últimos años, “el 22%”. Pero eldiario.es publicaba en septiembre que los fondos para las políticas en favor de la mujer se habían estabilizado en sus mínimos de cara a los presupuestos de 2015, aunque en los últimos cuatro años el gasto en igualdad y contra la violencia machista había perdido 16,9 millones de euros.

La clave: prevenir y educar

La clave: prevenir y educarNadie duda ya de que esta ley fue un paso definitivo en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, para Carmen Monreal, psicóloga, pedagoga y profesora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), “aunque supuso un referente, fue una ley mucho más avanzada que las mentalidades, mucho más difíciles de cambiar”. Esta ley echó a andar por delante de una sociedad en la que en determinados ámbitos se “mantiene la creencia de que las mujeres son menos capaces”.

“Esta creencia existe y existe en la actualidad, y esto hace que se cree resistencia, porque se trata de ideas que están muy interiorizadas. Esta idea de desigualdad llevada al extremo es lo que produce violencia, y el hecho de que esté tan interiorizada en la sociedad hace que exista tolerancia hacia ella”, explica Monreal, que codirige el máster de Género e Igualdad de la UPO y estuvo al frente del Aula de Género de la universidad durante cinco años (2003-2008). “Se han producido importantes avances en esa no tolerancia, se va interiorizando poco a poco ese rechazo social, y ese sí que es un gran paso, porque el problema deja de ser privado para convertirse en un problema social”.

“Pero esto es solo la punta del iceberg”, comenta Monreal, “porque hay hombres que siguen sin considerar que exista un problema y que, por tanto, asuman la igualdad en sus relaciones sociales, afectivas, laborales…”. “La única manera de combatir esto es la educación”, sentencia. Un aspecto, a juicio de expertos como Monreal, tratado en la ley, pero escasamente llevado a la práctica. “La prevención es la gran asignatura pendiente”, opina la profesora de la UPO.

Esta afirmación es ya una reivindicación ante los nuevos datos: los adolescentes imitan y reproducen los patrones machistas y ya se está produciendo un incremento de víctimas de violencia de género en menores de edad. “El machismo muta, cambia y se adapta”, afirma la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate. Hoy ese machismo ancestral encuentra en las redes sociales y el móvil un gran aliado, de ahí que la Administración autonómica se esté empleando a fondo en el desarrollo de programas que tienen como eje a las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías. “Las jóvenes han crecido pensando que ese problema ya no era suyo, pero en el momento en que tienen pareja, son madres o acceden al mercado laboral, sienten en su propia piel esa brecha”, afirma Oñate: “Es ese falso espejismo de la igualdad”.

La revolución sigue pendiente. La última encuesta del CIS sitúa a la violencia de género y a los problemas relacionados con las mujeres en los últimos puestos de la lista de preocupaciones de los españoles, por debajo de la “crisis de valores”.

Manolito entró en la clase con las rodillas llenas de sangre. Se había caído en el recreo. “¿Qué te ha pasado Manolito?”, le preguntó la profesora a su alumno de sólo cinco años. “No te preocupes seño, soy valiente… y los niños no lloran”. “¿Por qué los niños no pueden llorar si les duele? ¿Es que ellos, vosotros, no os ponéis tristes como vuestras compañeras?”, pregunta Ana, aquella profesora, la misma hoy, al medio de centenar de niños y niñas que la miran con sorpresa. “¿Por qué no pueden llorar los niños y sí las niñas?”, insiste. El auditorio reflexiona en silencio. Ana les concede unos segundos antes de continuar: “Al hacernos caso de estas cosas aprendidas culturalmente, tenemos dificultad para transmitir a los demás nuestra personalidad, porque desde que nacemos nos asignan un papel distinto a mujeres y hombres”. “¿Cómo hemos llegado a ser diferentes?”, pregunta al alumnado, que no tiene más de 11 años. “¿Estáis de acuerdo en que desde pequeños nos dicen que a las niñas les gusta el rosa, las muñecas y que son sensibles y miedicas? ¿Y que a los niños les gusta el azul, son brutos y muy valientes?”. Y un rotundo “siiiiiiiiiiiiiiii” rompe con el silencio en la Casa de la Cultura de Santiponce, en Sevilla.

Hace una mañana gris y lluviosa. Aún así escolares de varios centros de la localidad se han acercado, junto a sus profesores, hasta este auditorio para participar en el programa 'La Violencia No es un Juego', que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, ha puesto en marcha para tratar de derribar estereotipos y fomentar la cultura de la igualdad entre los más pequeños. Más de 295.000 niños y niñas participarán en alguno de estos talleres en Andalucía.

El temor a que la violencia de género eche raíces entre los jóvenes ha alertado a las administraciones. Sobre todo desde que se conocieran los datos del informe ‘Andalucía Detecta’ en 2011. Aquel estudio, elaborado por el IAM, arrojaba ya entonces datos preocupantes: un 24% de los jóvenes andaluces consideraba que el lugar de una mujer estaba en su casa, con su familia, y el 10%, que el hombre es quien debe tomar las decisiones “importantes” en la pareja. El informe evaluaba el grado en que los adolescentes andaluces de 3º y 4º de la ESO tenían interiorizado el sexismo, referido a roles e ideas relacionadas con la legitimidad del dominio del varón sobre las relaciones de pareja y sobre su capacidad de identificar el abuso o el maltrato. El 86,4% de las chicas y el 77,4 de los chicos asumían como verdadera la idea de que “sólo puede hablarse de maltrato a la mujer cuando el hombre le pega”.

Con los datos en la mano y teniendo como referencia el incremento de los casos de violencia de género entre chicas menores de 18 años, la Junta de Andalucía puso en marcha iniciativas que tenían a la educación como eje en la lucha contra las desigualdades y la violencia machista.

En Santiponce, los alumnos que participan en el taller son continuamente interpelados por Ana sobre sus gustos, sobre lo que quieren ser de mayores, sobre su manera de enfrentarse a los conflictos. “A mí me gusta el fútbol y a veces se meten conmigo”, reconoce una de las niñas. “¿A quién le gusta Cenicienta?”, pregunta esta vez Ana: “¡A miii!!”, un grupo de niñas ha levantado la mano. “Chicas, pensadlo bien. Cenicienta es una chica que está siempre encerrada en un castillo limpiando para los demás. ¿Eso os gusta?”. “Nooooooooo”. “¿Habéis visto alguna vez a Spiderman con escoba?” “Noooo”, y al auditorio vuelven las voces y las risas. “¡Yo también quiero salvar al mundo, ¿pueden las princesas salvar el mundo?”, les pregunta Ana esta vez. Los niños y niñas vuelven al silencio reflexivo.

Adolescencia machista y redes sociales

Programas similares se repiten también en los institutos, adaptados al leguaje adolescente. Porque, actualmente, los jóvenes empiezan a imitar conductas machistas pero, ahora sobre todo, haciendo uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. “Si me quieres, dame las claves del twitter”. “Como no lo hagas, subo a internet tus fotos sin sujetador”. “¿Con quién estás? Mándame una foto por whatsapp”. Estas frases, reales, son sólo un ejemplo del control y del abuso que los jóvenes empiezan a ejercer sobre sus parejas a través de las nuevas tecnologías. Los expertos alertan ya sobre un nuevo tipo de violencia, que denominan la “ciberdelincuencia de género”, que afecta principalmente a los adolescentes.

“La violencia de género ha mutado; es un fenómeno muy grave al que no podemos enfrentarnos como antes”, afirmaba Amparo Díaz, abogada experta en la materia, en uno de los talleres de los Foros ASOCIA, destinados a ofrecer a los adultos las claves necesarias para detectar y prevenir posibles casos. “Las nuevas tecnologías han entrado en nuestras vidas y no estábamos preparados, nadie nos alertó de los peligros: el futuro nos ha atropellado”, sentenciaba el psicólogo Juan Ignacio Paz, responsable del programa de atención psicológica a víctimas de violencia de género menores de edad, impulsado por el IAM. “No es exagerado decir que la juventud siente, comunica y vive sus relaciones en las redes sociales, y los adultos tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de relación que no es la nuestra”. “Hay que educar a nuestros jóvenes para que entiendan que lo que hagan en el mundo virtual sí influye en el mundo real”.

Cristina abre una caja imaginaria donde una vez hubo un espejo. Hace el gesto de abrir la tapa y se mira en ese espejo invisible. “Soy otra persona”, dice en un susurro mientras las lágrimas asoman en un rostro hoy sereno, sin rabia ni miedo. “Me había prometido no llorar pero, al removerlo todo, no puedo evitarlo”. Para Cristina, aquella terapia de grupo donde la psicóloga la obligó a enfrentarse a su propio rostro representó un antes y un después en su vida. Para entonces, ya había gritado un “hasta aquí hemos llegado” después de la primera paliza, había dejado su casa con su hijo pequeño y había superado el miedo para ir a denunciar. Pero seguía sin encontrarse.

Aquel día de terapia, Cristina (no es su nombre real) empezó una lucha personal contra once años de invisibilidad. Más de 4.000 días en los que transitó sola por un camino lleno de renuncias, abusos e insultos de su expareja.

Ya hace un año que volvió a encontrarse con aquella joven de 30 años que había trabajado en Barcelona, en Canarias y en Sevilla. Aquella emprendedora que no tenía miedo a los retos, que tenía amigos aquí y allá y a la que le encantaba salir y ponerse guapa. Volvió a mirarla, ya sin nostalgia, y decidió que era hora de desprenderse de aquella otra Cristina triste, a la que su marido había prohibido trabajar y relacionarse con familia y amigos durante demasiado tiempo. Aquella Cristina miedosa que sólo vivía para que él no se enfadara, que no se maquillaba ni salía sin su permiso, que aceptaba sumisa las culpas, los errores inventados, el control, las humillaciones… Para que no se enfadara.

Hasta hace un año, cuando se plantó y le dijo que no podía más. Y él se enfadó y le pegó una paliza delante de su hijo. “Cuando llegó la policía, encima les dijo que era yo la que le estaba pegando”. Era la segunda vez que le levantaba la mano. La primera, se refugió en casa de su madre, aunque a los pocos días volvió con su agresor: “Lo hice por mi hijo. Fue el mayor error”.

Después de aquella paliza, tardó una semana en denunciarlo. Tenía miedo, se sentía perdida, desorientada, pero lo hizo. Fue clave la ayuda que le prestaron en el Punto de Información a la Mujer (PIM) y los consejos de la policía. Y poco a poco, fueron desapareciendo las marcas de los golpes; de las heridas psicológicas aún se recupera despacio. Esas nunca se vieron, así que la justicia nunca le concedió una orden de alejamiento. “Mi madre se enfadó mucho y llegó a decirle a la jueza que si yo tenía que ir al juzgado con la cara morada para que me dieran la orden”. Nunca llegó después de un año y siete denuncias. Cristina cree que la justicia sigue sin estar totalmente del lado de las mujeres.

“Tuve que irme de la ciudad donde vivía a un pueblo, pero averiguó dónde estaba y vino a insultarme; cambié de teléfono, pero averiguó el nuevo y me llama con número oculto, también para insultarme”. “He tardado mucho en salir sola a la calle. Voy haciéndolo poco a poco, porque llegó un momento en que no podía privar a mi hijo de estar un ratito en el parque”. “Me costó mucho. He llegado a ir con un paraguas o con las llaves en la mano por si acaso”.

Una nueva vida

Una nueva vida

La justicia sólo reconoció a Cristina el derecho de quedarse en el piso que compartía con su expareja. Aunque cuando regresó al que había sido su hogar no encontró nada: “Se lo había llevado todo y lo que quedaba lo había destrozado… ¡Hasta el termo del gas! Aquellos momentos fueron horribles y hubo gente que se portó muy bien: la Fundación Ana Bella hizo un llamamiento por si alguien me podía ayudar y una persona que no quiso dar su nombre me dio 300 euros para que me pudiera comprar una lavadora y un microondas. Para mí, ese gesto fue y será para toda mi vida muy importante”.

Tampoco entonces funcionaron las denuncias. No pasó gran cosa, excepto que Cristina tuvo que mudarse a 45 kilómetros de la que había sido su casa, lejos de su madre, la que siempre ha estado, la que tanto ha sufrido: “Por eso prefiero no dar mi nombre real, no aparecer en la foto… Ella ya ha sufrido bastante”.

Cristina toma un sorbo de café y vuelve a sonreír. “Tengo un hijo increíble”. “Él también ha pegado un buen cambio. Cuando nos mudamos de casa, todavía se hacía pipí en la cama”. Tenía nueve años. Habla de ello con calma, sabiendo que sólo es posible la cura si se supera el rencor. Quizá por eso está empeñada en que su hijo no crezca con esa amargura y acepta que siga viendo a su padre los fines de semana que cumple con el régimen de visitas, que no son todos.

“Hoy puedo decir que soy otra mujer. Doy las gracias todos los días a tantas personas que me han ayudado en este camino”, afirma con emoción, recordando los consejos y la eterna compañía de Clara, de la Fundación Ana Bella, reviviendo su experiencia como “embajadora de Danone”, aquel primer trabajo: “Los fines de semana empecé a trabajar en degustaciones de sus productos... ¡Uf, después de tanto tiempo! Al principio estaba supertensa, pero empecé a relacionarme otra vez con gente: ¡Me encantaba! Me di cuenta de que yo valía mucho”.

Desde entonces, han llegado nuevos trabajos, nuevos amigos, una nueva vida llena de aire fresco. “¡De esto se sale, claro que se sale!”. “Ahora me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es mirarme al espejo. Me doy muchos besos a mí misma y me digo: Tú vales mucho”.

Hasta junio de este año, 62.110 mujeres como Cristina denunciaron ser víctimas de violencia de género en España.

Los últimos datos sobre violencia de género reflejan un preocupante aumento de casos de malos tratos entre adolescentes.

Andalucía pone en marcha un programa pionero de atención psicológica a víctimas de entre 14 y 18 años.

"Empezamos de manera experimental, pensando que la terapia iba a estar más dirigida a educar conductas, pero nos hemos encontrado con casos espeluznantes", explica Paola Fernández.

Según un estudio, "el 20% de las chicas y el 28% de los chicos tienen interiorizados estereotipos machistas como que "el lugar más adecuado para la mujer es en su casa con su familia".

13 de diciembre de 2012. Un instituto. Un largo pasillo. Un aula. Antonio recuerda aquel día con detalle. “No dijo casi nada, dos, tres palabras… Pero fue suficiente”. Aquel 13 de diciembre, con un grito ahogado, su hija de 15 años ponía fin a casi un año de malos tratos por parte de su pareja, también de 15, y Antonio y su mujer lograban componer el rompecabezas: “Irene confesó el suplicio por el que estaba pasando a un profesor con el que tenía mucha confianza”. Habían notado sus cambios de humor, algún moratón que su hija atribuía a los entrenamientos de karate –Irene es cinturón negro- y comportamientos raros, pero “nunca nos hubiéramos imaginado algo así”.

Los últimos datos que ofrece el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) revelan que, en el primer semestre de 2012, se registraron en Andalucía 78 denuncias por violencia de género en chicas de entre 14 y 18 años. De las 15 mujeres asesinadas en la Comunidad Autónoma el año pasado, seis eran menores de 30 (el 40%) y, por primera vez, una de las víctimas mortales tenía menos de 20. Lejos de ser un fenómeno aislado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) advierte: “El porcentaje de casos de malos tratos en menores se incrementa cada año”.

Alertados por éstas cifras el IAM y la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (AESIM) pusieron en marcha hace seis meses un programa de atención para estos casos en las ocho provincias andaluzas. Su sorpresa ha sido mayúscula. Sólo en los tres primeros meses de este año ya recibieron 30 casos. Y eso, explican, que aún no hay una implantación homogénea del programa por toda la región y tampoco se ha producido el previsible efecto llamada que provocará el conocimiento del programa.

“La primera torta se la pegó el día de su 15 cumpleaños, ese fue su regalo”, narra Antonio con templanza, manteniendo a raya una rabia que ha logrado dominar con la terapia. “Dejó de ponerse manga corta, la llamaba a las cuatro, las cinco de la mañana…”. Hasta que un día se ensañó, Irene se asustó y a los tres o cuatro días lo contó todo. “La suerte es que mi hija no ha llegado a tener una relación de dependencia con él”, suspira con cierto alivio Antonio, al tiempo que confiesa que “celebraron” el resultado de esa primera terapia: “Al salir me fui con mi mujer a una cafetería y tomamos un café… Es muy fuerte lo que voy a decir, pero nos dio la sensación de que, después de lo que habíamos pasado, éramos casi afortunados, porque los casos de las otras chicas eran terribles, extremos”.

Irene empieza ahora a encontrarse bien, gracias a la terapia individual y grupal que ha recibido de la mano de una de las terapeutas que trabaja en el programa de atención psicológica a víctimas menores de maltrato, puesto en marcha sólo hace seis meses. Impulsado por el IAM y por AESIM en todas las provincias andaluzas, se trata de un servicio pionero: “No hay ninguna CCAA que, de manera institucional y global, esté dando solución a este problema. Un problema que requiere de una especial atención porque hablamos de niñas, menores, que están siendo víctimas de otros menores”, explica la coordinadora del programa, Paola Fernández.

El IAM puso en marcha el servicio, alertada por el incremento de casos. “Empezamos de manera experimental, pensando que la terapia iba a estar más dirigida a educar conductas, pero nos hemos encontrado con casos espeluznantes, de violencia física muy severa, de control y chantaje psicológico y coacción sexual, por lo que hemos tenido que enfocar las sesiones a restaurar, primero, y a educar y prevenir después”. “Y tenemos adolescentes de todos los niveles sociales y educativos: no es un problema que afecte más a un tipo de mujer que a otro”, subraya Paola Fernández.

¿Qué está fallando?

Mónica Peralta asegura que en las terapias hacen especial hincapié en el maltrato psicológico, “porque es más difícil de detectar”. Es aquel que hace referencia al control de la ropa, del móvil, redes sociales e incluso de lo que hablan con sus familiares… En estos casos, afirma, se produce un aislamiento del grupo de amigas, criticándolas, manifestando que son una mala influencia o que son muy “ligeras”. También trabajan con conceptos como empujar, “algo que la mayoría de las veces no identifican como violencia física… o el golpear las paredes, puertas, pegar puñetazos en la mesa o cerca de ellas para intimidarlas. Estos comportamientos no suelen identificarlos como violencia”.

María. 17 años.

- ¿Qué es para ti violencia de género? ¿Conoces a alguien que la haya sufrido?

- La violencia de género consiste en malos tratos tantos psicológicos como físicos a una mujer… La verdad que no conozco ningún caso, aunque basta con encender la televisión.

- ¿Y tus amistades son conscientes del problema?

- Hoy todos estamos al corriente de este tipo de situaciones. A todos nos parece algo malo, aunque el machismo en algunos de mis conocidos está presente.

- ¿En qué sentido?

- Comentarios sobre ropa, chistes, bromas, cometarios sobre que son las mujeres las que tienen que estar en casa y realizar las tareas domésticas… Un chico con el que salí también se metía con mi ropa, tenía celos… y solía decirme que “no quería que nadie mirara lo que era suyo”.

“¿Qué está pasando? Si son cada vez más numerosas las campañas de prevención contra los malos tratos y el machismo, ¿por qué no calan entre la población joven?”, se pregunta Paola Fernández.

“No es propio de los hombres hacerse cargo de las tareas del hogar”

La Fundación Mujeres (FM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) realizaron en 2011 un estudio – Andalucía Detecta- en el que se evaluaba el grado en que adolescentes andaluces de 3º y 4º de la ESO tenían interiorizado el sexismo, referido a roles e ideas relacionadas con la legitimidad del dominio del varón sobre las relaciones de pareja y sobre su capacidad de identificar el abuso o el maltrato. Los resultados arrojaron que tanto los chicos (73%) como las chicas (60%) tenían interiorizadas conductas sexistas de algún tipo: El 24% de los chicos y el 9% de las chicas opinaban que “los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público (la política, los negocios, etc.)”. El 20% de las chicas y el 28% de los chicos estaban de acuerdo en que “el lugar más adecuado para la mujer es en su casa con su familia” y que “no es propio de los hombres hacerse cargo de las tareas del hogar”.

Asimismo, el 86,4% de las chicas y el 77,4 de los chicos asumían como verdadera la idea de que “sólo puede hablarse de maltrato a la mujer cuando el hombre le pega”. De hecho, el estudio observa que un 61,2% de los chicos y un 41% de las chicas tenían interiorizada la creencia de que los celos son una muestra de amor, incluso el requisito indispensable del verdadero amor.

“Los celos –recuerda Paola Fernández- suele usarse habitualmente para justificar en las parejas comportamientos egoístas, represivos y violentos”. Y pueden ser sólo el origen: “El problema es que no se detectan estas situaciones como un riesgo”. “Ahora se ejerce un control menos explícito sobre las mujeres y es más difícil de detectar”, asegura. “Tenemos demasiado interiorizados los mitos relacionados con el amor romántico… la transmisión de valores a través de esas princesas de cuento que buscan a su príncipe ideal. Muchas son vulnerables y cuando se encuentran con una situación de abusos piensan: ”por mí va a cambiar, el amor es para toda la vida“. Hay que desmontar esos mitos, favorecer la autoestima, la independencia, incentivar la educación preventiva, la educación en igualdad, en los colegios e institutos desde ya”. Para que el cuento siempre acabe bien.

Rafaela Pastor respira hondo: “Las mujeres no somos un tema, somos personas libres. Mujeres independientes que reivindican la equidad… que dejen ya de decidir por nosotras”. Preside desde hace 17 años la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Casi dos décadas y casi los mismos temas sobre la mesa. “Después de 30 años, tenemos que volver a entonar ese ”yo también he abortado“.

Pastor hace referencia a aquella campaña que impulsaron en 2010 como medida de presión para que se aprobara la Ley del Aborto que proponía el Gobierno de Zapatero. Y espetaban ese “yo también he abortado” que recordaba a aquellas 1.300 mujeres, entre ellas actrices, abogadas, médicas, políticas, escritoras y cantantes, que en 1979 declaraban en un documento, dirigido a la opinión pública, haber abortado voluntariamente para defender a las 11 mujeres que iban a ser juzgadas en Bilbao por la interrupción de su embarazo. 1979. “Se vuelve a cuestionar un derecho fundamental, que es el de decidir sobre nuestra propia maternidad, sobre nuestro propio cuerpo”. “Yo le preguntaría a Gallardón por qué, desde ese Catolicismo que le lleva a condenar el aborto, no se afana igual en defender a la cantidad de mujeres que son despedidas de sus trabajos por quedarse embarazadas”.

“Otra vez, como entonces, las mujeres que no se puedan permitir ir a Londres o Ámsterdam a abortar, se cargarán de niños y las condenarán a ellas y a sus hijos a la pobreza”. “No queremos volver a la época de nuestras abuelas, cuando se ponían una ramita de perejil en la vagina para poder abortar, entre otros métodos… Algunas morían”.

Crítica con la política de recortes sociales, Rafaela Pastor es tajante: “Se habla mucho de crisis económica, pero es mentira. Lo que estamos viviendo es un retroceso social por el mal reparto de las riquezas, que repercute directamente en la calidad de vida de las personas que ya tenían menos recursos: hoy tienen menos seguridad en el trabajo y muchas más cargas”, apostilla la presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que pone sus miras también en la Iglesia: “¿En nombre de qué fe defienden la vida, cuando hay miles de mujeres que tiene que vender su cuerpo o no tiene para dar de comer a sus hijos porque están en la pobreza más absoluta? Esas mujeres sí necesitan ayuda”.

De Andalucía a Bruselas

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres es una organización, como la propia Rafaela Pastor define, que trasciende lo regional, lo estatal, puesto que las reivindicaciones de las mujeres pretenden llegar a la más alta instancia europea como es el Parlamento: “Nuestra organización abarca desde el pueblo más pequeño de Andalucía hasta llegar a Bruselas”. La plataforma pertenece a la Coordinadora Estatal, CELEM, que representa a 27 organizaciones y colectivos de mujeres en la sede de la Unión Europea, a través del Lobby Europeo de Mujeres, que representa, a su vez, a más de 2.000 organizaciones de los 27 países de la UE.

La Plataforma Andaluza lleva casi dos décadas desarrollando campañas, ciclos formativos y tejiendo redes colaborativas con asociaciones y colectivos, con el fin de exigir una ley que conciba el aborto como un derecho (“No obligamos a nadie, es un derecho sanitario, que cada mujer decida”), reivindicando el permiso paterno e intransferible y el cumplimiento de la laicidad y la paridad en las instituciones.

Desde la plataforma presionan, asimismo, para que partidos, sindicatos e instituciones cumplan con sus promesas en materia de igualdad: “Exigimos que los mandatarios varones acaben con esa doble moral y respeten los derechos de las mujeres, primero dentro de sus propias organizaciones, y después en base al compromiso que muchos adquirieron, por ejemplo, respecto a la paridad”.

¿Pero están realmente unidas las mujeres? ¿Es posible compartir los mismos objetivos al margen de ideologías? Rafaela Pastor lo tiene claro: “Nos unen los mismos problemas: sólo por ser mujeres somos víctimas en las guerras, víctimas de la violencia de género, nos une que podemos decidir si ser madres… vengamos de la Casa Real o del último poblado. El problema es que seguimos bajo la losa del patriarcado, de un resurgir de la religión, de una tradición que ve normal que los hombres compren el cuerpo de las mujeres, que no se compartan derechos… Pero todo esto no impide que nos reconozcamos las unas a las otras. Sí estamos unidas y hemos estado unidas, junto a varones inteligentes. Gracias a esa unión hemos logrado romper con leyes que nos llevaban a la cárcel por adulterio o que nos impedían pedir el divorcio sin una causa justificada. Las mujeres exigimos justicia y que todo ser humano tenga los mismos derechos y una vida digna”.

El borrador prevé la suspensión del artículo 28 que capacita a los Ayuntamientos a desarrollar iniciativas en materia de Salud, Igualdad, Educación y Vivienda.

Concejalas de Servicios Sociales de distinto signo político muestran su preocupación ante la posibilidad de que los municipios pierdan competencias básicas, sobre todo en estos momentos de crisis.

El Gobierno central ha puesto encima de la mesa la reforma de la Administración Local. Entre las propuestas que integra el borrador, actualmente en fase de alegaciones, se prevé dejar sin competencias en materia de Igualdad, Educación, Salud, Medio Ambiente y Vivienda a los Ayuntamientos; las competencias centrales para la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía. Municipios de distinto signo político han mostrado a eldiario.es/andalucia su inquietud ante la posibilidad de que la reforma se apruebe y se ahonde aún más en la situación límite en que se encuentran miles de ciudadanos, que tienen en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos el punto de referencia para pedir ayuda. La exigencia entre los municipios es casi unánime: “Los servicios deben estar cerca de los ciudadanos, sobre todo en este contexto de crisis”.

La reforma quiere suprimir el artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y modificar el 25 limitando los servicios sociales del municipio a “la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión”; “protección de la salubridad pública”; “cementerios y funerarias” y “participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria”. Esto es, los Ayuntamientos podrían convertirse en “una mera oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia”, denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “La reforma desnaturaliza los servicios sociales, al convertirlos en meras oficinas de mediación”, detallan en el informe El valor de la proximidad, un documento que analiza el impacto de la medida.

“No me canso de decir, cada día, que la clave es la cercanía y que hay que reforzar los ayuntamientos”. Josefina Cristo es concejala del Área de Servicios Sociales de Lepe, ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. También es diputada provincial. Con 28.000 habitantes, los Servicios Sociales de este municipio onubense atendieron el año pasado a más de 3.000 personas, prestando servicios de ayuda a domicilio, a familias con dificultades, a inmigrantes, personas con discapacidad y mujeres, muchas víctimas de violencia de género.

La situación que la concejala dibuja de un día cualquiera en las oficinas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lepe podría resumirse en pocas palabras: “Hay gente que lo está pasando muy mal”. Por eso, Josefina Cristo se resiste a creer que la reforma vaya a aprobarse tal cual. Le cuesta creerlo porque, confiesa, “los ayuntamientos están desbordados y lo que necesitan es más ayuda”. “Estoy de acuerdo con que se les fiscalice, con que no se dupliquen los servicios, pero el objetivo debe ser que se optimicen los recursos en los municipios, que se les abastezca de todo y que la cercanía sea siempre la clave”. Para la edil popular, trasladar servicios básicos a las capitales de provincia (puesto que las competencias municipales pasarían a manos de las Diputaciones) podría llevar a los ayuntamientos a tener que pagar a los ciudadanos, incluso, el billete para el transporte, porque “hay personas que no tienen ni para eso ¿Cómo se van a poder desplazar?”. ¿Usted se opondría a la reforma si se llegara aprobar? “Sí, creo que sí”, afirma Josefina Cristo.

La batalla, sobre el terreno

Andalucía es la cuarta Comunidad Autónoma más pobre: el 31,68 % de los andaluces vive bajo el umbral de la pobreza. Uno de cada seis menores está en situación de pobreza extrema. Los Ayuntamientos conocen al pie de la letra estas cifras. Hasta ahora, han sido los técnicos municipales los que han trabajado sobre el terreno contra la desigualdad y la exclusión. Por eso, para Brígida Pachón, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), gobernado por el PSOE, esta reforma echa por tierra el trabajo de 30 años: “Se trata de un ataque directo al municipalismo y a la democracia”. Una medida anticonstitucional, denuncia Pachón, pues vulnera los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local y no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía.

“Los ayuntamientos quedarán en manos de interventores, de tecnócratas, sujetos a estándares de calidad si no se cumplen los objetivos de financiación”, advierte Pachón, para quien esta reforma sólo esconde “la privatización de los servicios”. “Si una familia no tiene para pagar la luz o para comer, ¿cómo se va a poder desplazar para tramitar el salario social? La atención no será directa y se favorecerá que surjan empresas que realicen servicios que hoy son gratuitos”.

“Los Ayuntamientos dejarán de ayudar a quien más lo necesita, pero tampoco podrán poner en marcha actividades extraescolares, promocionar a artistas locales o ayudar al ciudadano a gestionar documentación sobre temas de vivienda. Esta reforma no tiene beneficios, no hay ahorro”, advierte la concejala socialista para quien esta norma dejará sin sentido que los alcaldes sean elegidos por los ciudadanos, que ya no podrán exponer a los candidatos sus necesidades. “Los ayuntamientos desaparecerán, será una vuelta al pasado con ciudadanos de primera, de segunda y, si me apuras, de tercera”. Osuna, con 18.500 habitantes, atendió en 2012 a más de 5.500 personas en los servicios, hoy, en el punto de mira.

En el punto de mira, también, aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que podrán ser intervenidos si no cumplen con las medidas de austeridad en el gasto. Es el caso de la Roda de Andalucía, municipio sevillano de unos 4.400 habitantes, gobernado por IU y PP. Pepi Valverde (IU) es concejala de Cultura, Educación y Participación Ciudadana y coordina, además, los servicios municipales de la localidad. “Lo que no se puede hacer es cortar por lo sano. El Ayuntamiento, fuera… cuando somos nosotros los que estamos día a día con la gente”. 4.400 habitantes, más de 2.000 beneficiarios de los servicios sociales durante 2012 (la mitad de su población).

“Si los ayuntamientos estamos empujando al máximo para salir de la crisis y ahora aprueban esto, nos atan de pies y manos. Esta reforma va a quitar a los alcaldes para poner un funcionario, que será quien tome las decisiones dictadas por Moncloa”.

A pesar de gobernar con el PP aseguran: “Ellos nos dicen que no hemos leído bien el texto… que la presión de los municipios del PP hará que se modifique. En el fondo tampoco están de acuerdo. Lo que sí tenemos claro es que como el texto se apruebe, La Roda de Andalucía tendrá el primer alcalde insumiso”.

La iniciativa, impulsada por el PP, deja a los ayuntamientos sin competencias en materia de Igualdad.

Los centros municipales atendieron en 2012 a más de 124.000 mujeres en Andalucía.

De las andaluzas atendidas, 20.314 fueron asistidas por violencia de género (un 16,28% del total).

Miles de andaluzas encuentran en los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), repartidos por toda la Comunidad, el abrigo que necesitan después de denunciar malos tratos. Otras acuden a estas oficinas para conocer mejor sus derechos, recibir información y asesoramiento en salud, empleo o realizar algún curso formativo. “Estas mujeres confían en el equipo técnico y jurídico porque están en su pueblo, a dos pasos de sus casas, y los vecinos tienen estos centros como referencia”, dice Rosa de las Heras, asesora jurídica del CMIM de Carmona (Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular). La reforma de la Administración Local que propone el Gobierno central amenaza esta atención directa a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, pues contempla la supresión de las competencias que desde 1985 tienen los ayuntamientos para poder realizar actuaciones en materia de Igualdad.

Que se produzca esta situación depende de la aprobación final del texto –actualmente en fase de alegaciones-, aunque el borrador ya ha levantado la voz de colectivos, asociaciones y municipios que ven cómo 20 años de trabajo en el acercamiento de los servicios básicos a la ciudadanía pueden venirse abajo. Así lo expuso la semana pasada el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que ha creado un grupo de trabajo en el que las asociaciones analizarán la reforma y su repercusión en las políticas de Igualdad. En esta reunión, el Consejo puso de manifiesto cómo esta reforma dejaría a la Administración local fuera de la Ley estatal de Igualdad, que establece que sean las entidades locales las que integren el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias.

“El problema de esta reforma es que va a afectar directamente a las mujeres más vulnerables, aquellas que tienen más dificultades para acceder a los servicios porque tienen menos recursos, no disponen de transporte y desplazarse a la capital de provincia para acceder a estos servicios puede suponer para ellas un auténtico esfuerzo”, afirma la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Ruiz.

La reforma prevé la supresión del artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que capacita a los ayuntamientos para trabajar y promover actuaciones para la promoción de la mujer. Pero también actividades complementarias relativas a la educación, la vivienda o la sanidad. “¿Qué pasará entonces con los programas de prevención de drogas o con las campañas de sensibilización contra los malos tratos que impulsaban los municipios?”, se preguntan la directora del IAM.

Una Administración, una competencia

Si la reforma sigue adelante, las administraciones autonómicas y provinciales asumirán las competencias en materia de Igualdad, lo que supondría la desaparición de los 164 Centros Municipales de Información a la Mujer repartidos por Andalucía. Sólo quedarían los ocho Centros Provinciales de la Mujer, ubicados en las capitales. Entre todos, el año pasado atendieron a 124.774 andaluzas. El Gobierno autonómico concedió subvenciones a los municipios por un total de 2.760.000 euros para la gestión de los CMIM. Los ayuntamientos aportaron el 50% del coste total.

Desde el IAM se preguntan cómo podrán financiar los mismos servicios para las mismas personas con menos dinero, puesto que dejarán de contar con la partida de los ayuntamientos si el Gobierno central no prevé fondos extraordinarios a las comunidades autónomas. Muy al contrario, el Ejecutivo prevé ahorrar 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales.

Para el Gobierno, la finalidad de la reforma es eliminar la duplicidad de servicios y que una sola Administración desarrolle la prestación o servicio– el lema de la reforma es Una Administración, una competencia-. Sin embargo, hasta ahora, han sido los técnicos municipales los que han trabajado codo con codo con los ciudadanos, librando en el territorio la batalla contra la desigualdad y la exclusión. Al menos así lo cree Rosa de las Heras, asesora jurídica del CMIM de Carmona. “Damos una respuesta inmediata e integral a los problemas de las mujeres, sobre todo a las que son especialmente vulnerables, como las víctimas de violencia de género. Hay casos en los que no se puede perder el tiempo. Con la reforma serían las mujeres las que tendrían que dar el paso y desplazarse a buscar esa ayuda. Ese contacto permanente, el seguimiento, ese refugio que encuentran en nuestros centros, desaparecería”.

Privatización de servicios públicos

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió en 2012 de manera directa, a través de sus centros provinciales y municipales, a un total 124.774 mujeres, lo que supone un 4,2% más que en 2011. Del total, 13.414 eran inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Marruecos y Rumanía, y 3.325 mujeres tenían discapacidad. Las mujeres atendidas realizaron 305.717 consultas: el 11,11% fueron sobre orientación laboral, 9,59% sobre violencia de género y el 7,1% sobre formación para el empleo. De las mujeres atendidas, 20.314 fueron asistidas por violencia de género (un 16,28% del total), lo que supone un 3,5% más que las mujeres atendidas por este motivo en 2011. El perfil medio de la mujer por consulta sobre malos tratos es de 39 años, con 1,5 hijos/as y sin trabajo remunerado. Estos centros dan trabajo hoy a 448 profesionales.

Con estos datos en la mano, la directora del IAM asegura que “lo peor de la reforma es lo que no se cuenta: ¿cómo se va a poder ayudar a las mujeres en las zonas rurales, teniendo en cuenta la distribución geográfica de Andalucía?”. “Estamos ante un desmantelamiento de los servicios públicos, una situación que puede hacer que si un ayuntamiento no puede poner en marcha un servicio, contrate a una empresa privada para que lo lleve a cabo”.

Ante las críticas suscitadas, el Ministerio de Hacienda insiste en que el texto está aún en fase de alegaciones que se están estudiando, por lo que “todo está abierto, y es susceptible de cambio”.