El 4 de mayo ha sido un día aciago para la Gestora del PSOE. Pedro Sánchez y su equipo, esos que han conseguido 53.117 avales, han demostrado que tenían razón en dos asuntos bien importantes.

Por un lado, como ha demostrado el cuponazo vasco, el PP podía buscar apoyos en otro sitio. No era inevitable que el PSOE le apoyara en la formación de gobierno. Parafraseando al parroquiano de Amanece que no es poco de José Luis Cuerda, el PSOE no era necesario, era más bien contingente. Sin embargo, la presión, toda la presión del mundo, se puso sobre el entonces secretario general que debía sí o sí apoyar al PP para que este no tuviera que llegar a pactos con los nacionalistas.

Como entonces dijeron algunos analistas, si se le apoya para formar gobierno, habrá que respaldarle también para aprobar los presupuestos porque, si no, ¿para qué sirve el apoyo a la formación de gobierno? Recuérdese que en la democracia el presupuesto es la principal herramienta de gobierno y sin los presupuestos aprobados poco se puede hacer. El apoyo (a la formación de gobierno primero) y el no-apoyo (al presupuesto después) de la Gestora ha servido para que al final se apruebe un presupuesto territorialmente regresivo, totalmente opuesto a las recomendaciones de los expertos sobre la financiación autonómica, e injusto, que por ejemplo recorta el gasto en la maltrecha educación e incumple flagrantemente los acuerdos en el Pacto de Investidura PP-Ciudadanos en aquellos aspectos sociales que pudieran parecerse en algo a los suscritos anteriormente por Sánchez y Rivera.

¿Para qué? Si el daño ya estaba hecho dentro del PSOE. Ya se había consumado el segundo enorme error simbólico del PSOE en pocos años. Tras el primero que fue la reforma del 135, con el que se le estaba diciendo a la gente que la socialdemocracia ya no tenía respuestas; en este segundo se le dijo a los votantes que había que resignarse a apoyar a una derecha que no había hecho más que recortar y estaba sumergida en numerosos casos de corrupción. De manera soberbia se dijo y repitió que con ello se iba a “gobernar desde el Parlamento” y se iba a “crujir” al Gobierno, ignorando las advertencias de expertos en derecho y política parlamentaria que señalaban, por activa y por pasiva, que las posibilidades anunciadas eran muy limitadas.

Pero ¿en qué cabeza cabe que eso iba a ser inocuo? Además de traer consigo políticas regresivas e injustas, el apoyo de la Gestora al PP ha provocado una consecuencia siniestra, pero esperable: el partido está literalmente dividido en dos. Uno puede querer echar la culpa a Podemos, como hace Javier Fernández, que en esa extraña pinza con el PP (PPodemos, usando el acrónimo del profesor Paul Kennedy) prefirió no gobernar con el PSOE y Ciudadanos para intentar arañar un puñado de votos más en las siguientes elecciones. Pero es difícil obviar la responsabilidad en esta situación de la torpe maniobra de “derrocamiento” (Fernández dixit) perpetrada contra un secretario general elegido por la militancia, y la falta de ideas y perspectiva para gestionar las consecuencias de su maniobra “chusquera” del 1 de octubre. Fruto de ello es la valoración negativa que la ciudadanía (y en particular los votantes socialistas) hacen de la labor del PSOE en la oposición, que se desploma a niveles nunca vistos.

Aunque la candidata alineada con el aparato llegara a ganar, los datos de distintos sondeos evidencian claramente que su apoyo entre los votantes socialistas es muy bajo, peor incluso que el que recibe Patxi López, claramente relegado por la militancia en el proceso de recogida de avales. Una victoria de Susana Díaz acreditaría una desconexión descomunal entre el segmento de la militancia ganadora, apostada en sedes y agrupaciones de un puñado de Comunidades Autónomas, y el electorado socialista y potencialmente recuperable, distribuido de manera bastante más equilibrada en el territorio.

Susana Díaz concentra buena parte de su apoyo en los grandes graneros tradicionales del voto socialista en el sur de España. El insignificante apoyo a Díaz en Cataluña (5% del censo) y País Vasco (2%) es testimonio de su escaso gancho, cuando no de abierta hostilidad, fuera de su espacio sociológico y territorial de confort, y síntoma de una inquietante brecha con nacionalidades cuya integración en el proyecto de Estado es uno de los mayores retos políticos que afrontamos. Los datos que tenemos nos dicen que los votantes actuales y potenciales del Partido Socialista fuera de los fortines de Susana Díaz presentan un perfil urbano, más joven y con mayor nivel educativo, cuyo voto responde a estímulos ideológicos, programáticos e incluso simbólicos que Díaz no parece poder llegar a encarnar.

La candidatura de Susana Díaz se ha negado a repensar el proyecto socialdemócrata que encarna el PSOE en un contexto cambiante. A diferencia de las otras dos candidaturas, que han elaborado sus propios documentos programáticos, Susana Díaz ha dado por buenas las ponencias preparadas en los últimos meses por la Gestora excluyendo de la reflexión y la deliberación a expertos y dirigentes del sector crítico, absteniéndose incluso de plantear matices e introducir propuestas complementarias. En sintonía con la negación de la crisis de la socialdemocracia que Zapatero teorizó hace dos meses –unos días antes del batacazo del PvDA holandés y unas semanas antes del hundimiento del PS francés– el proyecto oficialista aparenta ser poco más que una “patada hacia adelante”, liderada por una líder cuyos mensajes, como se señalaba recientemente en el magazine norteamericano de análisis Politico, se parecen más a las invocaciones de un gurú de autoayuda dedicado a intentar reflotar el ego maltrecho de cargos y militantes todavía noqueados y desubicados en el nuevo escenario político. 100% PSOE, mucho PSOE, pero aun así, menos PSOE que nunca.

Hace unas semanas se publicó el Índice Europeo de Justicia Social, un índice que está compuesto por diferentes indicadores agrupados en seis dimensiones, y que se elabora desde la Fundación Bertelsmann con la participación de un panel de expertos. La de 2014 es ya su tercera edición (las anteriores son de 2008 y 2011). A partir de este mismo año su relevancia será creciente puesto que constituirá uno de los dos componentes del Monitor de Inclusión Social que se presentará en diciembre con el propósito de realizar un seguimiento de los avances de cada país en la dimensión social de la Estrategia 2020 de la Unión.

¿Qué nos dice este Índice sobre España? España ocupa el puesto 21 de los 28 países de la Unión Europea. Por primera vez, ni siquiera alcanza el aprobado (con un 4.85) tal y como puede observarse en la Figura 1 extraída de la página 8 de este informe. Y ¿por qué España queda en tan mal lugar? Veamos con algo más de detalle como puntúa nuestro país en cada una de las dimensiones que componen este índice.

Tabla 1. Índice de Justicia Social de la UE

La primera dimensión analiza la capacidad de cada país para prevenir la pobreza. En este aspecto España queda en el puesto 19 de 28, habiendo empeorado respecto a las mediciones anteriores. El riesgo de pobreza en nuestro país se ha incrementado en 4 puntos (de 23,3 a 27,3) para la población general y es especialmente elevado en el caso de los niños (de 28,6 a 32,6). También se debe prestar atención a un dato que quiero destacar aquí especialmente: el riesgo de pobreza es el doble entre los niños que entre los mayores de 65 años en nuestro país. La privación severa también afecta más a los niños que a los mayores, aunque en este indicador España está algo mejor que la media.

El informe recalca los recortes en educación e I+D en España porque pueden hipotecar el futuro del país. Aunque en educación se alcanza el aprobado (5,3), nuestro país está por debajo de la media, en la posición 20 de 28. España destaca en negativo por la reducción de gasto en la educación pre-primaria y, aunque el impacto del origen social en el rendimiento escolar no es tan alto como en otros países, también ha empeorado desde 2008. Mantenemos el record europeo en abandono escolar con la posición 28 de 28 y aunque este ha disminuido respecto a las mediciones anteriores es dudoso que se deba a medidas adoptadas desde el sistema educativo.

España se sitúa en el puesto 27 de 28 en las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, habiendo empeorado no solo respecto a 2008 sino también a 2011. Mientras Alemania ha reducido el desempleo, España lo aumenta. Mientras España presenta una tasa de desempleo juvenil del 55%, Alemania solo alcanza al 8%. También tenemos más trabajadores pobres que la media, el triple que otros países. El trabajo temporal involuntario es del 92%, casi treinta puntos por encima de la media. Y quizá uno de los datos más dramáticos es el desempleo de larga y muy larga duración, más del doble de la media de la UE. A estos datos habría que añadir otro que no se recoge explícitamente en este informe pero que es cada vez más preocupante. Se trata del creciente número de ciudadanos sin empleo que carecen de cualquier tipo de prestación y del menguante presupuesto en prestaciones por desempleo (y políticas activas).

La dimensión de cohesión social y no discriminación trata de medir hasta qué punto el Estado es capaz de promover la primera y lograr la segunda. España ocupa el puesto 18 de 28, por debajo de la media, habiendo empeorado. No es nada que no supiéramos, ya que se denuncia constantemente, el crecimiento de la desigualdad en nuestro país cuyo coeficiente Gini alcanza el 33,7 situándonos en el puesto 25 de 28. También es conocida nuestra elevada tasa de Ninis (personas de entre 20 y 24 años que no trabajan ni participan en ningún programa educativo) que es una de las más altas de la UE, muy por encima de la media.

En materia de salud, como era de esperar, España sale mejor parada que la media de los países de la UE, ocupando el puesto 12 de 28 con una nota de 7 sobre 10. Es muy posible que nuestro país “viva todavía de las rentas” en este sector. La buena calificación no significa, sin embargo, que no exista margen para la mejora en algunos de los indicadores que se manejan como, por ejemplo, el de accesibilidad.

Finalmente, el informe incluye una interesante dimensión que se refiere a lo que denomina justicia intergeneracional que trata de medir hasta qué punto nuestras políticas actuales hipotecan el futuro de las generaciones más jóvenes. España ocupa en esta dimensión el puesto 23 de 28. En al menos cuatro de los indicadores que contempla, España está peor: ratio de dependencia, energías renovables, gasto en I+D y deuda.

En conclusión, España no va bien en lo social y tiene difícil ir mejor. Del lado europeo, la brecha norte/sur se ha incrementado y “lo peor” es que algunos países han mejorado (entre ellos Alemania), lo que los hará menos receptivos a las demandas de los países más desfavorecidos. En cualquier caso, alguien debería denunciar en el Parlamento europeo que la Estrategia 2020 está fracasando. Por ejemplo, la reducción de la pobreza no solo no se ha conseguido en la UE, sino que ha aumentado más de un punto desde 2009 (más del 25% y ¡hasta un 28% entre jóvenes y niños!). El objetivo de incrementar la tasa de empleo hasta el 75% tampoco se ha logrado, al contrario ha decrecido del 66 al 63,5%.

Del lado nacional, los primeros análisis de los nuevos presupuestos no parecen augurar nada extraordinario. Si el crecimiento económico no garantiza la justicia social en condiciones de bonanza, menos va hacerlo ahora cuando es pírrico. El poco empleo que nuestro país conseguirá crear en los próximos años tampoco va a sacarnos de esta situación ya que además de ser muy escaso (el FMI nos dice que, si todo va bien, el desempleo descenderá al 20% en 2018) será de muy mala calidad. Ya no vale decir que “el empleo es la mejor política social” como le gusta decir al partido en el gobierno. Es necesario pensar en otras iniciativas de política fiscal y gasto social más justas y estratégicas, y dejar de pensar que este último tiene solo una función paliativa. Por poner un ejemplo, Finlandia, que ocupa el puesto número dos en el Índice de Justicia Social y es uno de los países con mejores resultados en PISA, ha puesto en marcha un programa educativo para prevenir la pobreza porque sabe que, lejos de ser un gasto, esos recursos son una inversión que les permitirá ser más competitivos en el futuro al mismo tiempo que ahorrarán en prestaciones para pobres a medio plazo.

Hace unas semanas se publicó el informe anual que elabora la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) sobre la percepción que los ciudadanos tienen sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Uno de los datos más destacados del informe es que la satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos, tanto de los servicios públicos en general, como de la educación pública, los centros de salud o los hospitales públicos, ha caído 20 puntos entre 2011 y 2013. Estos últimos días se ha aparecido también el Barómetro Sanitario que pone manifiesto una caída, aunque de menos entidad, en la satisfacción desde 2011.

Evolución de la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de los centros de salud (1994-2013)

En principio, una caída en la satisfacción de 20 puntos podría calificarse de noticia inquietante. Sin embargo, si estos datos se analizan con una perspectiva temporal algo más larga, aunque siguen siendo negativos porque los niveles de satisfacción están ahora más bajos que nunca, no son tan alarmantes. Como puede observarse en los gráficos, mientras la satisfacción con los servicios públicos ha caído llamativamente desde 2011 hasta ahora, justo en los dos años anteriores, entre 2009 y 2011, había pasado lo contrario. En estas últimas fechas mencionadas, la satisfacción se había incrementado llamativamente.

A pesar de los recortes, es extraño que en dos años se haya deteriorado tanto la calidad de los servicios. Pero es aún más extraño que en los dos años previos la calidad de los mismos hubiese mejorado tanto y a la vez en hospitales, centros de salud y educación. Esto nos lleva a preguntarnos ¿hasta qué punto la percepción del funcionamiento de los servicios públicos tiene que ver con el funcionamiento real de los mismos o puede estar también influida por otros factores?

En un artículo de Díaz-Pulido, Del Pino y Palop se concluye que al menos una parte de la evaluación que realizan los ciudadanos de los servicios públicos parece estar relacionada con la forma en que se gestionan tales servicios y con su funcionamiento real. Sin embargo, en el citado artículo también se prueba que hay otros factores que afectan a la valoración que se hace de los servicios públicos. Por ejemplo, la ideología (votantes del partido en el gobierno tienden a valorar mejor los servicios), la edad (los más mayores suelen estar más satisfechos) o la clase social.

Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la enseñanza pública (1994-2013)

Una explicación posible a estos cambios en la valoración de los servicios es que los ciudadanos los evalúan también en función de las expectativas que tienen de lo que puede pasar con ellos como resultado de las políticas gubernamentales. Según esta hipótesis, cuando se anunciaron los primeros recortes del gasto público los ciudadanos habrían reaccionado confirmando que los servicios públicos funcionaban satisfactoriamente como una manifestación de su defensa de los mismos. Sin embargo, una vez que los recortes están hechos, los ciudadanos han entendido que manifestar su insatisfacción con los servicios públicos es una forma de decir que no se pueden hacer más recortes porque los servicios públicos pueden estar (quizá lo estén ya) en una situación de deterioro difícil de revertir si se continúa con esta política.

No debe olvidarse que, según el mismo informe de AEVAL, un 70% de los ciudadanos considera que los servicios públicos tienen una importancia entre 7 y 10 (en una escala de 1 a 10), y que cada vez son más los ciudadanos que les conceden mayor importancia (en un año el porcentaje de quienes otorgan una importancia de 10 a los servicios públicos ha pasado de ser el 26% al 33%). Además, como Calzada y Del Pino demostraron en otro trabajo, que una parte importante de los españoles pensaba que si los servicios públicos funcionaban mal, lo que había que hacer era financiarlos mejor antes que adoptar otras medidas (dato que se ha encontrado después en trabajos que estudian las actitudes de los ciudadanos en otros países europeos del norte). Asimismo, como ya vimos en un post anterior, en estos últimos años ha crecido el rechazo a los recortes en prácticamente todas las políticas públicas.

Es muy probable que los últimos datos negativos sobre satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos reflejen un deterioro de los mismos, en buena medida derivado de los recortes. Sin embargo, a mi juicio, lo que estos datos también revelan es una gran preocupación ciudadana por los servicios públicos y su futuro que, en el caso de la sanidad y la educación, han escalado hasta formar parte de los seis principales problemas que tiene nuestro país en 2014.

Durante los últimos cinco años España ha estado con frecuencia en el punto de mira de la prensa europea. Después de un largo período de crecimiento económico ininterrumpido y ampliamente aclamado, la crisis financiera que se inició en 2007 parece haber acabado con lo que la prensa económica extranjera había calificado como “el milagro español”. Desde 2008, España ha experimentado dificultades económicas extremas que han compelido a los gobiernos a realizar severos recortes y a aceptar lo que la ciudadanía ha percibido como una intervención suave de la UE a cambio de los recursos necesarios para rescatar a una parte del sistema financiero español.

Antes de la crisis, los cuatros años de la primera legislatura del Gobierno de Zapatero habían sido aprovechados para completar y consolidar el Estado de Bienestar heredado del anterior período de gobierno socialista. Los 14 años de gobierno de Felipe González (1982-1996) habían sido responsables de la introducción de importantes reformas que racionalizaron los sistemas de pensiones y sanidad, ampliando la cobertura y la generosidad del primero, y moviéndose en la dirección de garantizar la cobertura universal del segundo. Además, se establecieron las bases para la prestación de servicios sociales a nivel regional por parte de las Comunidades Autónomas y municipios.

A pesar de la ambición y esfuerzo de los gobiernos de González en su explícito intento por alcanzar a los países del norte y centro de Europa en el desarrollo de políticas de protección social, muchas necesidades y riesgos sociales permanecieron desatendidos. En el caso de las políticas de protección por desempleo, por ejemplo, algunos colectivos no llegaron a estar adecuadamente cubiertos ya que tenían trayectorias laborales demasiado cortas, o habían trabajado fundamentalmente en la economía sumergida. Mientras que los trabajadores más experimentados (y los ancianos en general) se convirtieron en los principales beneficiarios de las reformas introducidas en el ámbito del bienestar, los trabajadores más jóvenes han permanecido en gran medida excluidos de la red de protección proporcionada por las políticas sociales en España.

Debido a la naturaleza marcadamente dual del mercado de trabajo español, la situación de los jóvenes ha sido especialmente adversa en tiempos de desaceleración económica, cuando los trabajadores temporales (muchos de ellos menores de 30 años) asumen buena parte de las consecuencias del ajuste laboral de las empresas debido a la aplicación del principio de que “el último contratado es el primero en ser despedido”.

La importancia que en España se concede a la familia (también en el terreno de la provisión de la necesidades de bienestar) permitió al Estado delegar con naturalidad en ésta la función de “amortiguador” cuando los miembros no adecuadamente protegidos por el sistema se enfrentan a situaciones de precariedad o privación (desempleo, desintegración familiar, etc.), o a necesidades asistenciales especiales (enfermedad, dependencia o maternidad). En estas circunstancias, no se espera que el Estado intervenga hasta que la seguridad económica que proporcionan los cabezas de familia no esté claramente en cuestión.

El papel tradicionalmente asumido por la familia sirvió para excusar la debilidad de los servicios sociales, así como para desactivar las demandas de reforma en este ámbito de políticas hasta la década de los 90. Sin embargo, a partir de esa fecha, los rápidos cambios en el entorno económico y social empezaron a poner de manifiesto la necesidad de nuevas políticas sociales, así como la reforma de las existentes. Así, durante la década de los 90 y principios de 2000, España experimentó una transición incompleta hacia un orden “post-industrial”, que alteró profundamente las estructuras ocupacionales, así como las relaciones familiares y de género. La economía de servicios abrió nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, los jóvenes y otros colectivos que hasta entonces no habían estado adecuadamente integrados en el mercado laboral.

Los “outsiders” (especialmente los nuevos inmigrantes procedentes de países en desarrollo), se incorporaron al mercado de trabajo de manera particularmente precaria y con empleos de escasa calidad. El crecimiento del empleo femenino supuso un aumento del número de hogares con dos adultos empleados en los que la posición relativa del varón sustentador en el seno del hogar se vio alterada por la aparición de una segunda fuente de ingresos: un activo clave para mantener los estándares de consumo deseados, lo que supone, sin embargo, un aumento de las dificultades de las familias para conciliar las esferas profesionales y personales. Los equilibrios tradicionales que funcionaban bajo la presunción de que el cuidado y el trabajo doméstico lo llevaban a cabo las amas de casa a tiempo completo, se habían trastocado de manera clara. Las trabajadoras inmigrantes, a través de su participación en un mercado de servicio doméstico y de cuidados no regulado, informal y precario, ocuparon un papel central en los encajes de los hogares españoles para responder a dichos retos de conciliación.

En este contexto de transformación socio-económica, un número creciente de personas quedaban atrapadas en empleos de baja calidad, con contratos de carácter temporal o intermitente, de baja remuneración, para los que con frecuencia estaban sobrecualificados. Como consecuencia de sus carreras laborales inestables y precarias, dichos trabajadores carecían de la protección social necesaria en momentos en los que debían afrontar situaciones de desempleo o discapacidad. Un número creciente de personas se enfrentaban también a obstáculos de difícil solución al tratar de equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, tener descendencia, o al llegar a la vejez en situación de fragilidad y sin apoyo familiar. Situaciones como estás, englobadas bajo el epígrafe de Nuevos Riesgos Sociales (NSR) habían estado prácticamente ausentes en el debate público español hasta las años 90, cuando se introducen súbitamente en las agenda pública y política, alimentando nuevos debates y demandas en materia de política social.

Los gobiernos de Zapatero impulsaron una amplia gama de medidas para responder a los NRS. Por un lado se trató de facilitar la emancipación juvenil por la vía de favorecer la autonomía residencial de los jóvenes. Se promovieron el empleo femenino y la conciliación de la vida laboral y familiar con el programa de atención a los niños de 0 a 3 (Educa3), entre otras medidas, al tiempo que se alentó la natalidad mediante el programa popularmente conocido como “cheque-bebé”. También se pretendió atender las necesidades de cuidado derivadas del envejecimiento poblacional a través de la Ley de Dependencia. Aunque el gasto en políticas de familia continuó estando por debajo de la media europea, el incremento proporcional del gasto en este tipo de programas se situó sustancialmente por encima de la media europea en el período entre 2004 y 2010 (36% en este período, sólo por debajo de la tasa de crecimiento de Irlanda para este tipo las políticas entre los países de la UE-15). En un clima social de relativo optimismo económico, estas medidas representaron un cambio importante respecto a los patrones de actuación clásicos de los Estados del bienestar del sur de Europa, respondiendo a las expectativas de expansión de los programas de protección social entre los votantes socialistas tras casi una década de crecimiento económico y austeridad fiscal impuesta por los gobiernos conservadores del Partido Popular.

Estas reformas expansivas se detuvieron en seco en 2008 tras el estallido de la crisis financiera y su correlato en forma de crisis económica. Ante las crecientes restricciones presupuestarias, los gobiernos españoles concentraron sus esfuerzos en la contención del gasto social, siendo las políticas de nueva creación que respondían a los NRS, las que más directamente sufrieron las consecuencias de dichos recortes. Así, en 2010 Zapatero suprimió la asignación por nacimiento que había introducido dos años antes, no cumplió su promesa de ampliar el permiso parental de 13 a 30 días y redujo la ayuda financiera al alquiler para los jóvenes. Tras la derrota electoral de los socialistas a finales de 2011, el nuevo gobierno conservador de Mariano Rajoy introdujo drásticos recortes en el ámbito del bienestar, entre los que destacan no solo los recortes en sanidad y educación, sino también la significativa reducción de los recursos destinados a la atención a la dependencia, las políticas de cuidado de niños de 0 a 3 o las políticas activas de empleo, comprometiendo seriamente la sostenibilidad financiera de estos programas.

A pesar de la gravedad de las restricciones fiscales y financieras experimentadas por las administraciones públicas españolas, sería un error creer que la lucha contra el déficit público es la única responsable de la reducción de los gastos en protección social en España. Durante los últimos dos años, las decisiones tomadas por el gobierno conservador han actuado sobre los principios básicos de los sistemas de protección social del Estado de bienestar español. Desde la investidura del gobierno de Rajoy, las Comunidades Autónomas han visto como los fondos provenientes del gobierno central se han reducido drásticamente, en lo que podría considerarse una estrategia de “matar de hambre a la bestia” con objeto de obligar a los gobiernos autónomos a reducir el gasto al privarles de los recursos económicos necesarios para su financiación (recursos dedicados en gran medida a la educación la atención sanitaria y los servicios sociales). Esto ha dado lugar a una sustancial disminución de la cobertura de una serie de derechos sociales garantizados hasta la fecha por dichos gobiernos (servicios de atención a la dependencia, prestaciones y/o servicios a las familias, rentas mínimas de inserción, etc.), y ha afectado muy negativamente a la calidad de las prestaciones de dichos sistemas (visible, por ejemplo, en el aumento de las listas de hospitalarias, la falta de aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, etc.), favoreciendo la huida de las clases medias hacia esquemas privados (fenómeno particularmente visible por ejemplo en al ámbito sanitario).

En el ámbito concreto de la sanidad, y mas allá de los recortes presupuestarios, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha experimentado una serie de reformas que invierten claramente la tendencia hacia la universalización de su cobertura (por la expulsión de los inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema, el aumento significativo de los co-pagos, etc.), al tiempo que se pretende regresar a los tiempos en que la sanidad estaba vinculada al sistema de Seguridad Social a través de la reintroducción de la categoría de beneficiarios “asegurados” del SNS, lógica organizativa de la que se había logrado alejar gradualmente al SNS desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. Además, al discutir el desarrollo de un catálogo “básico” de prestaciones sanitarias, el gobierno actual abre la puerta a limitar el alcance de los servicios prestados por el sistema sanitario público, y por tanto, al surgimiento de un sistema de aseguramiento privado complementario que reintroduciría una lógica de dualización en el ámbito sanitario entre las personas con recursos (y seguros complementarios) y los grupos más desfavorecidos (que tan solo tendrían acceso al “paquete básico”).

Un segundo conjunto de reformas afectó al ámbito del mercado de trabajo y las prestaciones sociales vinculadas a la participación laboral. A principios de 2012, el nuevo gobierno conservador aprobó nueva legislación que simplifica y abarata el despido de trabajadores. También aborda el sistema de negociación colectiva con el fin de debilitar la influencia de los sindicatos, hacer que las empresas puedan aplicar medidas de flexibilidad interna y reducir los salarios. Bajo la nueva regulación, el autoempleo y otras formas de empleo atípico (en particular los trabajos a tiempo parcial no deseados) han crecido a expensas de los puestos de trabajo estables. Es probable que la flexibilización del mercado de trabajo tenga consecuencias sociales importantes en el largo plazo, especialmente si los trabajadores son cada vez más incapaces de cumplir los criterios para ser elegibles para percibir prestaciones sociales de naturaleza contributiva y adecuado grado de protección. En esta línea, las reformas en el ámbito de la política de pensiones, que han endurecido los requisitos para poder acceder en el futuro a una pensión contributiva, harán que una parte importante de la población no pueda acceder a este tipo de prestaciones por no poder certificar una carrera laboral y contributiva suficientemente larga y/o estable.

España se enfrenta así a un nuevo escenario donde la aspiración a contar con un “Estado de bienestar a la europea” resulta cada vez más inalcanzable. En la actualidad continúa siendo uno de los países de la OCDE donde el impacto redistributivo de la política fiscal es menor, tanto a través de impuestos como de transferencias (véanse los documentos recientemente publicados por el FMI y por la OCDE), ya que representa menos de 10 puntos de la reducción absoluta del coeficiente de Gini. Desde 2008 la desigualdad en España ha estado creciendo a un ritmo nunca visto en Europa desde la era Thatcher. El deterioro del bienestar económico está golpeando con especial dureza a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad (las decilas inferiores de la distribución del ingreso, así como a la población de origen inmigrante).

Esta concentración social de los impactos más negativos de la crisis está haciendo que las consecuencias de ésta resulten más aceptables para las clases medias (grandes sectores de las cuáles permanecen relativamente aisladas de estos efectos, o protegidas frente a golpes de mala fortuna). En estas circunstancias, Rajoy se siente legitimado para perseguir una agenda ideológica que pone énfasis en el proceso de gradual desapalancamiento financiero del sector privado, así como en la mejora de la competitividad internacional de la economía española a través de una devaluación interna, dando la espalda al coste que estas medidas tienen para los colectivos más desfavorecidos, así como para la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Artículo publicado en Policy Network - The Spanish social model in the crisis yearsPolicy NetworkThe Spanish social model in the crisis years

Una vez aplicadas las políticas de austeridad, los ciudadanos parecen haber reaccionado a un recorte que consideran ya suficiente

El discurso que sostiene que la austeridad no es la solución parece estar presente en la cabeza de los ciudadanos desde al menos 2012

Un 60% de los ciudadanos consideran que los recursos dedicados a sanidad y educación son insuficientes

Hasta 2008, fecha del comienzo de la crisis, el gasto público en general y en particular el dedicado a las políticas sociales gozaban de un sólido y estable apoyo popular. Además, un porcentaje de ciudadanos razonablemente elevado se mostraba partidario de pagar más impuestos a cambio de mejorar los servicios. Sin embargo, como Wlezien y Soroka demostraron en su teoría del termostato, las actitudes ciudadanas son sensibles a las decisiones de los policy-makers. Es posible que fruto de políticas cambiantes, que han pasado de ser más expansivas a ser más austeras, la opinión de los ciudadanos hacia el gasto público y los impuestos haya sido menos estable durante esta crisis.

¿Han cambiado y en qué sentido las actitudes hacia el gasto y los impuestos durante la crisis? Aquí se exploran tres indicadores para responder a esta pregunta.

1. Antes de 2008 una mayoría superior al 85% se oponía al recorte del gasto en sanidad, pensiones, educación y desempleo, porcentaje que ha sido creciente hasta 2012, cuando alcanza el 95, 94, 94 y 91%, respectivamente (Gráfico 1). Sin embargo, los ciudadanos contrarios al recorte en seguridad ciudadana, cultura, infraestructuras y defensa, disminuyeron, pasando del 87, 78, 66 y 45% respectivamente en 2008 al 82, 61, 48 y 36% respectivamente en 2011. En este grupo de políticas, ha habido que esperar a la política de recortes del gobierno del PP para observar un cambio de tendencia. Respecto a 2011, en 2012 quienes se oponen al recorte en seguridad ciudadana se han estabilizado, se han incrementado en el caso de la cultura hasta trece puntos, cinco en obras públicas y solo continúan disminuyendo en defensa. En resumen, la crisis ha tenido un efecto distinto según las políticas: mientras que en relación con las políticas sociales el porcentaje de contrarios al recorte ha sido muy elevado y creciente; respecto a las otras políticas, aumentaron quienes estaban a favor del recorte hasta 2011 y solo la austeridad parece haber hecho retroceder de nuevo a estos partidarios del recorte (excepto en defensa).

2. Cuando en los años 80 se preguntaba a los españoles su valoración acerca de si los recursos destinados a sanidad o educación eran pocos, los justos o demasiados, alrededor de un 60% respondía la primera opción (Gráfico 2). Este porcentaje ha ido decreciendo hasta su mínimo en los años 2010 y 2011, en torno al 40%. La disminución se ha producido a costa del crecimiento de quienes opinaban que los recursos eran los justos, ya que nunca más de un 5% ha considerado que los recursos dedicados a estas políticas fuesen demasiados. Sin embargo, 2012, sin duda como consecuencia de los recortes, ha traído un cambio de tendencia y casi un 60% y un 56% de los ciudadanos respectivamente consideran de nuevo que los recursos dedicados a sanidad y educación son insuficientes, porcentaje que no se alcanzaba desde 1994. Algo parecido ha ocurrido en relación a las pensiones y la protección por desempleo. Nuevamente, las políticas de bienestar son las que más consenso generan pero, como en el caso del indicador anterior, el porcentaje de quienes pensaban que los recursos destinados a cultura y obras públicas eran pocos ha crecido desde 2011 tras sufrir una caída al comienzo de la crisis, volviendo a porcentajes similares a los de hace una década.

3. Finalmente, en 1996, 2005 y comienzos de 2009, entre el 43 y el 55% de los encuestados, siempre más de la mitad de quienes respondían a la pregunta, prefería aumentar la presión fiscal a cambio de mejores prestaciones sociales y servicios públicos. En estos años, entre un tercio y un cuarto de los individuos se decantaban por la opción contraria. En septiembre de 2009, con la crisis económica presente ya en el discurso público (recuérdese que Zapatero pronunció por primera vez la palabra “crisis” en julio de 2009, utilizando con anterioridad otros eufemismos), el patrón se invierte y pasan a ser mayoría quienes prefieren bajar los impuestos. Esta situación no ha durado mucho, ya que entre 2009 y finales de 2011 aumenta seis puntos el porcentaje que prefiere subir impuestos y, a pesar de ser solo por un pequeño margen, esta opción vuelve a ser la mayoritaria. En 2012, aunque con otra formulación de la pregunta, también son algunos más los que prefieren esta opción. Este cambio no parece estar relacionado con la percepción de la situación económica y política, que ha seguido empeorando. [Si en la primera parte de la crisis, se produjo una fragmentación en el apoyo tradicional de los ciudadanos de izquierdas al pago de impuestos, en la segunda fase la recuperación del porcentaje a favor del pago de impuestos se debe a los ciudadanos que se sitúan a la derecha del eje ideológico.]

En resumen, un lector que analizara las opiniones ciudadanas en solo dos puntos del tiempo, 2008 y 2012, no percibiría cambios significativos, pero el análisis detallado demuestra que la estabilidad es solo aparente. En algunas políticas, durante la primera parte de la crisis, los ciudadanos parecieron convencerse de que había margen para el recorte. Sin embargo, en la segunda parte, una vez aplicadas las políticas de austeridad, los ciudadanos parecen haber reaccionado a un recorte que consideran ya suficiente. El discurso que sostiene que la austeridad no es la solución parece estar presente en la cabeza de los ciudadanos desde al menos 2012 (última fecha para la que contamos con datos). Finalmente, no todas las políticas públicas se comportan de la misma manera, siendo las políticas nucleares del Estado de Bienestar las que más consenso generan a lo largo del tiempo. Falta por saber si la otra parte de la teoría del termostato se cumple y si ahora los policy-makers serán receptivos a las preferencias anti-recorte de los ciudadanos.

Las pensiones no serían en la actualidad un problema grave si no fuera por el desempleo masivo

Somos el tercer país con más desigualdad de la UE-27, problema que ya existía antes de la crisis

La evidencia científica nos dice que el crecimiento por sí solo no redistribuye de manera suficiente

Sería difícil negar el hecho de que el Estado de Bienestar español experimentó una transformación impresionante desde la reinstauración de la democracia hasta el final del siglo XX. Desde los primeros años setenta, el gasto social se dobló y lo mismo ocurrió con la presión fiscal. Sin embargo, y a pesar de que los países más importantes de la UE estaban ya tratando de contener el gasto social desde 1980, el Estado de bienestar español (EBE) nunca logró darles alcance en términos de gasto e ingresos. En 2007, tras una década de crecimiento económico sin precedentes, nuestro gasto social en porcentaje del PIB era del 21,6% mientras que en Italia, Alemania y Francia sobrepasaba el 25%; tampoco nuestro sistema fiscal se puso a la altura de otros europeos. Tras cinco años de crisis, con un PIB a la baja, el porcentaje de gasto social se ha acercado a otros países de Europa, pero nos siguen diferenciando de ellos algunos complejos problemas y la falta de una estrategia clara de política social.

Por lo que se refiere a los problemas, al comenzar este siglo, el EBE presentaba aún serios desafíos que lo alejaban de los mejores EB europeos. Por un lado, adolecía de un limitado nivel de institucionalización en algunos sectores de política social, como los relativos al cuidado, la infancia y las familias, debido tanto a la prioridad que por diversas razones se había concedido al desarrollo de otras políticas, como al extraordinario papel que han venido desempeñando las mujeres como proveedoras de tal cuidado. Por otro lado, presentaba problemas similares a los que afrontan otros EB europeos, en concreto los denominados Nuevos Riesgos Sociales, que sin embargo se manifiestan de manera especialmente intensa e interconectada en España (lo que nos recuerda que no sirve de nada reformar un sector de políticas sin tener en cuenta los demás).

Sin ánimo de exhaustividad, tales nuevos riesgos se concretan en España en fenómenos como los siguientes. El rápido envejecimiento de la población y, en parte derivado de ello, la necesidad en un futuro cercano de más recursos para atender el pago de las pensiones, el gasto sanitario y el creciente número de personas en situación de dependencia. Las pensiones no serían en la actualidad un problema grave si no fuera por el desempleo masivo (ahora de un 26% frente al 11% del promedio de la UE). A su vez, este es el resultado de la defectuosa transición que realizamos hacia una sociedad postindustrial basada en el protagonismo de un modelo productivo asentado sobre sectores de bajo valor añadido.

Además, en parte como consecuencia de tal modelo, sufrimos un terrible fracaso escolar (con chavales que preferían el salario de la construcción al estudio) que duplica la media de la U-27 y que complica la vuelta al mercado laboral de estas personas deficientemente instruidas cuando caen en el desempleo.

El fracaso escolar y la necesidad de mejorar la calidad de la educación y la formación profesional son dos grandes retos del sistema educativo a los que, sin embargo, no puede atenderse solo desde tal sistema, pues sabemos que el rendimiento escolar está muy ligado a las características socioeconómicas de los estudiantes. Y aquí es precisamente donde encontramos dos de los grandes problemas de nuestro EB: la desigualdad y la pobreza. Se trata de problemas centrales y vergonzantes por tres razones:

1) Somos el tercer país con más desigualdad de la UE-27.

2) La situación no se debe solo a la crisis sino que ya estaba ahí antes de la llegada de la misma y no hicimos nada por corregirla.

3) Afecta a colectivos especialmente frágiles, mayores y niños, siendo para estos últimos una condena de por vida.

Estos problemas se han agravado por la crisis ya que son los segmentos más pobres, los que más ingresos pierden por impacto de la misma (a diferencia de lo que ocurre en otros países, como explica Muñoz de Bustillo) y todavía se agravarán más en muy poco tiempo debido tanto a la destrucción de empleo como al escaso desarrollo de nuestro EB, profundizando así en el otro creciente problema de la sociedad, la dualización entre aquellos bien integrados en el mercado laboral y los que nunca lo estarán, lo que puede ocasionar que un tercio de nuestra población quede descolgada del sistema.

Por lo que respecta a la estrategia, durante los años 80, se comenzó a edificar un sistema de bienestar compuesto por políticas que pretendían abarcar a sectores amplios de nuestra sociedad (por ejemplo, en materia de educación, el objetivo entonces era la equidad más que la calidad, en materia de sanidad, la universalización; en pensiones, se introdujeron las no contributivas). Sin embargo, la segunda mitad de los 90 y la primera mitad de los 2000, fue una década prácticamente pérdida para el EBE, y no solo porque no se aprovechó para solucionar los problemas del país (por ejemplo, la fuerte dualización del mercado laboral) sino que distintas iniciativas solo tendieron a agravarlos (por ejemplo, en materia fiscal).

¿Qué estaba pasando en Europa durante estos años? A finales de los noventa, algunos países europeos y la propia UE en su estrategia de Lisboa abrazaron la llamada perspectiva de “inversión social”. Considerado por algunos el paradigma emergente en política social, este enfoque no ha estado exento de críticas, tanto por parte de los defensores del paradigma keynesiano, que lo acusan no sin razón de abrazar los valores del neoliberalismo, como por parte de los propios neoliberales, que lo culpan, con razón, de operar con instrumentos keynesianos.

Sintéticamente, considera que las políticas sociales no son una carga sino una inversión. Sin embargo, para sus defensores los recursos públicos no deberían destinarse a la reparación de situaciones de necesidad sino a la prevención de las mismas (a preparar, no a reparar), dotando a los ciudadanos de herramientas que les proporcionen habilidades para integrarse adecuadamente en el mercado laboral, y esta inversión debe realizarse desde el mismo momento en que se nace. Se trata de políticas de escolarización temprana y a lo largo de la vida y que apoyen la inserción laboral de las mujeres e incluso de los mayores y otros colectivos que antes no se consideraban empleables.

Algunas de estas políticas parecen haber inspirado las llevadas a cabo entre 2005 y 2010 en España (Plan Educa3, iniciativas de refuerzo de la Formación Profesional o la propia Ley de Igualdad). También en este periodo debe reconocerse la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, una vez más, olvidando la evidencia científica sobre el hecho de que el crecimiento por sí solo no redistribuye de manera suficiente, volvimos a obviar nuestros problemas centrales (pobreza, desigualdad y dualización), que otros países sí estaban tratando de atender. Ahora, los avances de la última década se han disuelto como un azucarillo en el café y nuestros problemas se han agravado sin que nadie parezca tener propuestas para solucionarlos.