Más de 22 millones de euros cada día. Esta es la cifra que mueve el negocio del juego en España sin contabilizar el gasto en loterías y máquinas tragaperras -que en 2014 representaron más del 73 % del segmento del juego en nuestro país-. Es una gráfica que lleva años en línea ascendente: en 2012 se jugaban 7,5 millones de euros al día; en 2013 algo más de 15 millones y en 2014 casi 18 millones; ya en el primer semestre de este 2015 se han movido más de 22 millones diarios.

Para Germán Gusano, director de la Fundación Codere (perteneciente a la multinacional Codere, única empresa española del sector del juego que cotiza en Bolsa), este incremento se debe dos factores: “la evolución natural de un juego nuevo” y “la progresiva extensión territorial” en cuanto a la regulación de las apuestas deportivas por parte de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias de los salones de juego, mientras que el Estado se encarga del juego online.

Según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) -órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, las 52 operadoras de juego online con licencia en España invirtieron 66.310.971 euros durante el primer semestre de 2015 en “publicidad” y “promociones (bonos)”, cifra que supone un 22% más que en el mismo periodo de 2014. Según esta misma fuente, en 2015 la media de jugadores activos es de 383.212, un 6% más respecto a 2014 y un 37% de incremento si lo comparamos con 2013. Trasladando el foco a los jugadores que se registran por primera vez los datos también muestran un notable incremento: en 2013 cada mes se registraron 123.726 usuarios; 130.919 en 2014; y 140.491 en 2015.

“Me sentí como si fuese un dios”, dice Marcos (nombre ficticio) sobre la primera vez que entró a un salón de apuestas. Asegura que “ya puedo ganar dinero” fue lo que pasó por su cabeza aquel día cercano a su décimo octavo cumpleaños, pero que “como en casi todas las apuestas, no me tocó”. Según el Análisis del perfil de jugador online 2014 elaborado por la DGOJ, “para el 84,2 % de jugadores, jugar ha supuesto un gasto o pérdida patrimonial neta”. 19.358 personas, según este mismo informe, tuvieron pérdidas superiores a 3.000 euros.

Apostar en soledad

Más de dos años después de haber entrado por primera vez en uno de los miles de locales de juego que hay en España, Marcos nos cuenta su experiencia en la sede de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL): “Al principio era ir con amigos a echar una apuesta el fin de semana, antes de ir a jugar”, relata tras puntualizar que, pese a que su gran pasión es el fútbol, no apostaba a este deporte y sí a otros de los que “no tenía ni idea”. “Pero luego sí que era en solitario, totalmente. Con el móvil. En clase, en vez de estar atendido, miro que apuestas echo hoy. Jugaba en directo en clase”, añade.

Según el informe de la DGOJ Análisis Global del Mercado Nacional del Juego Online, que analiza el segundo trimestre de 2015, se jugaron al póquer 418 millones (-18% respecto al mismo periodo del año anterior) y al casino 588 millones (un 61% más). Si bien las apuestas deportivas son las favoritas para los jugadores, con un incremento del 51% respecto al mismo periodo de 2014, fueron 1.002 millones de euros los jugados durante los meses de abril, mayo y junio de este año. El 29% de ellos en apuestas “convencionales” (antes del evento deportivo) y el 71% “en directo”.

La psicóloga Bayta Díaz Rodríguez lleva doce años trabajando en APAL: “El perfil que teníamos antes, más de tragaperras o bingo, llevaba muchísimos años jugando e iba acumulando deudas, pero eran más o menos sostenibles. Jugaban menores cantidades porque en las tragaperras o en el bingo físico no puedes gastar demasiado. Pero los que están viniendo ahora, por el juego online, son gente que lleva poco tiempo jugando pero que están muy endeudados”. “Los jóvenes de apuestas online llevan viniendo cuatro o cinco años, pero el boom ha sido desde hace dos años”, añade.

Según Díaz Rodríguez, en lo físico frente a lo virtual la clave está en el tiempo que requiere y en el dinero en forma de efectivo. “Cuando entré en una página online me asusté. Porque cuando vas a un bingo, tienes que comprar varios cartones, tienes que esperar a que salgan los números, mientras que en el bingo online compras los cartones y automáticamente se van marcando todos: puedes tener 400 cartones en un momento y se lo chupa todo”, explica.

Por su parte, para Cabeza de Vaca el juego online “se trata de un producto tan nuevo que en realidad la tecnología no ha influido en un cambio de perfil”. A esto añade que “la evolución de los perfiles es más debido a la ampliación de la base de jugadores que a factores tecnológicos”.

Reflexionar en compañía

“Yo no le voy a decir a nadie 'no te tomes una cerveza, vas a ser alcohólico'”, explica Díaz Rodríguez. “Se puede jugar y apostar, sí. No pasa nada por ir a salones de apuestas. Pero ten cuidado, porque esto engancha”, añade. Marcos, pese a llevar 19 semanas sin jugar, reconoce “no estar seguro de no volver a recaer”. “Estoy un poco creyéndome que puedo salir, estoy más convencido. Pero sí es verdad que cuando llegó el Eurobasket... las dos semanas sí que fueron las dos más jodidas, porque sí pensaba todos los días en el juego y las ganas de jugar sí que me venían. Y soñar con el juego: 'Joder, y si llego a apostar a que España ganaba el torneo me llevo 2.000 euros'. Aquí (en APAL) me han dicho que esto es lo más normal del mundo”, desgrana Marcos su experiencia.

Díaz Rodríguez estima entre 18 y 24 meses de abstinencia el período necesario para dar el alta. “El primer año se centra en el cambio de hábito y el segundo en el conocimiento de la enfermedad y de sí mismo”, dice. “Hay dos tipos de pacientes -divide esta psicóloga-: los que se comprometen con la terapia y los que no”. Y dos escenarios finales: “Para la gran mayoría, si viene todas las semanas, la rehabilitación está asegurada y se les da el alta. Pero tenemos un porcentaje muy alto de abandonos”.

Apuntar en un cuaderno

“Una de las bases de la adicción es ocultarme a mí mismo toda la información, engañarme a mí mismo”, asegura Díaz Rodríguez. Por ello, su principal consejo para quien dude de en qué momento se encuentra es “hacerse un cuadernito e ir apuntando lo que has ganado y lo que has invertido. El dinero fácil es muy vistoso y las pequeñas pérdidas no tanto”. Marcos sabe bien de qué habla esta psicóloga: “Yo nunca les contaba a mis amigos lo que había perdido, porque decía 'estos me van a decir que tengo un problema'. Yo lo ocultaba, solo contaba cuando les decía 'he perdido 20 euros pero he ganado 120'. Es más, a veces hasta mentía diciendo que había ganado algo que no había ganado”.

Los datos de la DGOJ dicen que, en 2014, “de cada 100 euros destinados al juego, el operador reparte 95,7 euros en premios”. Germán Gusano, director de la Fundación Codere, aconseja al jugador que “contemple la actividad como un apartado más de ocio y entretenimiento” y que “asigne un presupuesto para esta actividad basándose en sus posibilidades y, tanto si gana como si pierde, no la aumente”. “El componente de emoción sano que produce arriesgar una cantidad de dinero disponible en determinados eventos deportivos -prosigue Gusano-, no puede desembocar en una pasión descontrolada por el juego, con objetivos diferentes al mero entretenimiento”.

Díaz Rodríguez considera que “el 90% de los casos que vienen a la APAL no estarían si, en el momento en el que se asustaron, en vez de intentar ocultarlo, hubieran decidido buscar a un amigo o a un familiar y le hubieran dicho 'mira lo que me acaba de pasar, me he gastado cien pavos en apostar esto, he perdido esto'. La mejor medida de precaución es intentar buscar ayuda en el entorno más cercano y, si realmente creen que se les escapa de las manos, o lo han intentado controlar varias veces y no han sido capaces, entonces sí, convendría buscar ayuda profesional: aquí les esperamos”.

Según la Memoria Anual 2014 de la DGOJ, el “margen de juego” (diferencia entre las cantidades apostadas y los premios otorgados a los usuarios por las empresas de azar) del “juego online estatal” fue en 2014 de 254 millones de euros, en 2013 de 229 millones y en 2012 de 115 millones: un 120 % ha aumentado el margen de juego de las operadoras online. Para el directivo de Codere Luis Miguel Cabeza de Vaca “el sector está en crecimiento y tiene todavía mucho recorrido”. Y vislumbra un futuro “en cinco años” en el que “habrá una clara convergencia entre el sector presencial y el online, apostando a través de nuestros dispositivos móviles y utilizando los locales presenciales como un sitio para cobros, pagos y visualización de eventos deportivos”.

Sorpresa en la jornada de votación del Parlamento Europeo. La Eurocámara se ha saltado las expectativas de los que creían que este miércoles suscribiría sin apenas cambios el reglamento propuesto por la Comisión Europea para el comercio responsable de minerales en la UE. La legislación, que busca evitar participar en los conflictos que afectan a los países emisores de las materias primas, se centraba en la “autocertificación” voluntaria de las empresas. El Parlamento ha dado un paso más: ha aprobado por mayoría una enmieda cuyo texto aboga por obligar a todas las empresas de la cadena de producción a identificar de dónde provienen los materiales que comercian.

El resultado de la votación, aunque significativo en cuanto al posicionamiento de la Eurocámara, no es definitivo pero altera los planes de las instituciones europeas. Ahora serán los dos órganos legisladores europeos, el Parlamento y el Consejo de la UE, junto con la supervisión –en teoría– técnica y apartidista de la Comisión Europea, los que vuelvan a negociar un texto, que puede ser completamente nuevo.

La jornada parlamentaria de este miércoles en Estrasburgo ya llevaba unas horas cuando, a mediodía, llegaba el turno a este informe. La incógnita de la votación radicaba en cuánto se modificaría la propuesta de la Comisión Europea, que establecía la “autocertificación” voluntaria de las empresas para cumplir la futura legislación.

El informe de la comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo que se presentaba en la votación del pleno había dado un paso más: proponía obligar a las empresas a cumplir la ley, pero solo a las del primer eslabón de la cadena, ubicado en las refinerías y refundidoras.

Este avance era insuficiente para los diputados de los grupos (Verdes, socialistas e Izquieda Unitaria) que más se han volcado en encontrar los votos necesarios para lograr una mayoría que optara por una vinculación obligatoria y en todas las etapas comerciales. Habían anunciado que no aprobarían el informe completo si no se cumplían estos requisitos. La clave estaba, dado que los conservadores defendían la propuesta del informe de INTA, en conseguir apoyos entre los miembros del grupo de los liberales (ALDE), que aglutina a perfiles diversos.

La enmienda 155

El ritmo frenético en la aprobación de enmiendas se frenó de golpe cuando se anunció que la enmienda 155 había obtenido 378 votos a favor y 300 en contra. La división en la votación se trasladó al sonido de los aplausos y al silencio de la sorpresa. La enmienda propuesta por el eurodiputado belga de ALDE Louis Michel no modificaba el texto de la Comisión, sino que añadía un texto diciendo que todas las empresas de la cadena “tomarán todas las medidas razonables para identificar y abordar los riesgos que surgen en sus cadenas de suministro” y “estarán obligadas a proporcionar información sobre las prácticas de diligencia debida que emplean”.

Algunos diputados entendieron que con la inclusión de esta enmienda se modificaba el espíritu de la propuesta de la Comisión y del informe de INTA, por lo que solicitaron un receso en la sesión. Tras éste, en un procedimiento que no es inusual y dado que el consenso era muy débil, se apeló al artículo 61 del Reglamento interno del Parlamento: no se votaría el informe final y se buscaría ganar tiempo en las negociaciones con el Consejo.

Futuro incierto

Ahora la negociación del nuevo reglamento recae en el Parlamento y el Consejo de la UE. La Eurocámara estará representada por los responsables del informe INTA –el conservador rumano Iulius Winkler como ponente y un miembro de cada grupo político del Parlamento– mientras que por parte del Consejo, que representa a los ministros del ramo de los gobiernos de los 28 Estados miembros, tomará las riendas Letonia, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del órgano. El texto puede ser completamente distintos al discutido hasta el momento.

Si estas negociaciones, que no tienen obligatoriedad temporal, llegan a buen puerto, el Parlamento votaría el nuevo informe en su conjunto y, de ser aprobado, se produciría el reglamento. Si la Eurocámara no lo aprobase, se iniciaría el proceso de segunda lectura.

Valoraciones de los partidos españoles

Desalambre se ha puesto en contacto con los parlamentarios españoles tras lo ocurrido. Ernest Maragall (ERC), de los Verdes, se congratula de que “es posible dar forma a una mayoría de voto alternativa a la de la 'Gran Coalición' en determinadas cuestiones significativas” pero se muestra cauto ya que “podemos esperar una reacción en sentido contrario a una votación que nos da esperanzas”.

Lola Sánchez (Podemos) se muestra “orgullosa” porque se ha demostrando que “con voluntad política, diálogo y perseverancia, coherencia y sentido común se pueden conseguir leyes a la altura de la Europa de los Derechos Humanos (sic.) y a la altura de las exigencias de la ciudadanía, que tiene el derecho y el deber de conocer cuándo compra un producto que contiene materiales que provocan toda una vida de sufrimiento a muchas personas en terceros países”.

Pablo Zalba (PP) observa una situación “especialmente delicada” en la Eurocámara y lo achaca a que “el tema lo merece”; se muestra “seguro” de que “el Parlamento estará a la altura de las circunstancias en las votaciones que tengan lugar tras las negociaciones”.

Javier Nart (Ciudadanos) califica de “éxito descomunal” la votación de hoy “pues parecía en un principio inevitable que triunfara la opción mercantilista y no la ética” gracias a lograr “tumbar una normativa que dejaba todas las puertas abiertas a que se mantuviera esta sangrienta explotación”.

Marina Albiol (IU) se muestra, pese a “algunas mejoras considerables” obtenidas, crítica con este posicionamiento “que aún no es definitivo” y deja “toda la responsabilidad en manos de los consumidores al obligar a las empresas a etiquetar de determinada manera, pero no impone ninguna restricción de calado sobre la actividad de empresas que día tras día explotan recursos naturales y utilizan mano de obra en condiciones casi de esclavitud en todo el mundo con el beneplácito de la Unión Europea”.

Beatriz Becerra (UPyD) considera que hoy se ha “aprovechado una oportunidad única” actuando “con contundencia para que Europa no sea cómplice de esta barbarie” y pide seguir “actuando de forma inequívoca y tajante no solo sobre el tratamiento de minerales como el coltán, sino sobre toda la cadena de producción, distribución y suministro, como el Dr. Mukwege, nuestro Premio Sajarov, no deja de reclamar”.

Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) también se muestra orgullosa por cumplir con la “petición” del doctor Mukgewe de “una regulación que obligue a las empresas a certificar que los minerales que utilizan no están manchados de sangre” ya que “el comercio nunca puede servir para financiar conflictos” y “la UE tiene que demostrar que es capaz de defender a la vez los derechos humanos y los puestos de trabajo.

Minerales como el coltán están en las entrañas de nuestros móviles u ordenadores, y también en las causas de cruentas guerras en África. En países en conflicto, las minas de estos productos están controladas por organizaciones violentas que, tras someter a sus conciudadanos a condiciones inhumanas para la extracción, se financian vendiendo las riquezas naturales del continente a intermediarios que hacen la vista gorda en un proceso comercial que termina, multinacionales de tecnología mediante, en los teléfonos o productos similares que compramos en las tiendas.

El próximo miércoles, 20 de mayo, el pleno del Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre qué reglamento debe exigir la UE a las empresas que comercializan estos productos, denominados por muchos “minerales de sangre”. El acuerdo final, no obstante, dependerá de la decisión que tome el Consejo Europeo. 

Basándose en las directrices de la OCDE, la Comisión propuso en marzo de 2014 un Reglamento sobre los 'minerales de sangre' o 'minerales de conflicto'. La Comisión Europa es la encargada de proponer los textos legislativos para que el Parlamento Europeo se posicione antes de que lo hagan los gobiernos de los 28 Estados miembros en el Consejo. En la propuesta de la Comisión se pretenden eliminar los vínculos entre la extracción y el comercio de minerales con el objetivo de crear un mercado europeo de minerales comercializados de manera responsable por las empresas que participan en el proceso: extracción, transporte, venta, distribución y producción de determinadas partes de los sistemas, entre otros pasos.

El plan del Ejecutivo comunitario establecía “las obligaciones en materia de diligencia debida”. Es decir, que cada empresa se responsabilice de la adecuación a la legislación del material que ha recibido de su predecesora en la cadena; un concepto, el de diligencia debida, que ya deben cumplir en Europa, por ejemplo, las entidades financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales o la industria alimentaria en la trazabilidad de sus productos.

La principal polémica que acompaña a la propuesta de la Comisión radica en los afectados por la regulación: las empresas que “decidan autocertificarse como importadores responsable de los materiales o metales”. Autocertificarse: deja la sumisión a la futura legislación a la voluntariedad de las empresas que importan anualmente millones de euros en estos minerales.

Ya en el Parlamento Europeo, la comisión encargada de discutir el Reglamento fue la de Comercio Internacional (INTA): su informe, elaborado por el diputado rumano del Partido Popular Europeo Iulius Winkler, no modificó en gran medida la naturaleza voluntaria del proyecto, colocando el foco de la obligatoriedad exclusivamente en la parte de la cadena que corresponde a la extracción.

La comisión de Desarrollo (DEVE) también discutió la propuesta: todos los grupos mayoritarios del Parlamento apoyaron la obligatoriedad para las empresas y que se aplicase la diligencia debida en todas las etapas del proceso y no sólo en la inicial. Pero a esta comisión solo le correspondía elaborar una opinión que no tenía por qué ser tenida en cuenta, como así ha ocurrido pese a la amplitud del acuerdo.

Europa puede seguir el camino “alarmante” de EE.UU

“Por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa”. Este fue el motivo por el que la Unión Europea recibió el Nobel de la Paz en 2012. Con parte de Europa desangrándose económicamente, el galardón trataba de reconocer el orgullo del continente: ser el embajador mundial de los derechos humanos. Pero este perfil comunitario también está sumergido en una profunda crisis. Ahora, a la vez que se impide el acceso al continente de miles de africanos que huyen de los conflictos, Bruselas trata, sin demasiada rotundidad, de regular el comercio de minerales que sirven, precisamente, para financiar muchos de esos conflictos.

ONG como Amnistía Internacional avisan de que el sistema de control europeo puede terminar siendo tan insuficiente como el estadounidense –al que hace referencia explícita la Comisión en su propuesta–: la Ley Dodd Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aprobada por el Congreso en 2010, requiere a las empresas presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) un informe anual (el primero fue respecto a 2013) sobre la cadena de suministro de diligencia debida en relación a los minerales en conflicto. El resultado de un informe de Amnistía Internacional y Global Witness es claro: el 80% de las empresas no controlan sus suministros ni revelan con transparencia si en sus productos hay minerales procedentes de zonas en conflicto, por lo que llaman a la ciudadanía a presionar a los grupos políticos de la UE para que su regulación sea severa.

También lucha por una legislación exigente el ginecólogo congoleño Denis Mukwege, quien analizó los resultados “alarmantes” que ha traído la Ley Dodd Frank en un artículo en The New York Times: “Sólo el 16% (de las corporaciones norteamericanas, gigantes como Apple, Microsoft, Intel, HP y un largo etcétera) podría indicar de qué país procedían sus minerales. Los resultados revelan que la mayoría de las empresas no son conscientes de si sus productos contienen minerales que han sido vendidos para financiar la violencia”. En el artículo, tras felicitar a las corporaciones que se han esforzado en mapear la cadena de suministro, critica a las que “se han escondido detrás de los grupos de la industria como la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para impugnar la ley en los tribunales”.

Mukwege también ha mirado a Bruselas, concretamente al presidente del Parlamento Martin Schulz, el mismo que le hacía entrega del premio Sajarov en 2014. Hace unas semanas Schulz recibió una carta del ginecólogo y activista congoleño en su condición de “testigo de las tragedias que sufre la población civil de mi país debido a un conflicto mantenido por grupúsculos que explotan minerales ilegalmente” en la que subrayaba que es “importante” el “dar un carácter vinculante a esta regulación y dirigirse tanto a los productos finales en Occidente como a las materias primas en estado natural en África”.

Qué dicen los eurodiputados españoles

En estos días se suceden las reuniones entre los distintos grupos políticos europeos para buscar unos acuerdos mínimos sobre si regular o no toda la cadena y qué sanciones aplicar, con la intención de no mostrar una Europa divida en el debate del pleno del martes 19 y en la votación del miércoles 20. Desalambre ha entrevistado a parlamentarios de ocho partidos españoles para conocer sus impresiones.

Pablo Zalba, del Partido Popular, (miembro de la comisión INTA) considera que, pese a que la propuesta de la Comisión es “un paso importante” que “va más allá de lo que ha hecho Estados Unidos”, “habría que ser más contundentes” y se lamenta de que las enmiendas que ha presentado “no han salido adelante”. Su compañera Teresa Jiménez-Becerril (miembro de la comisión DEVE), no cree que el Parlamento deba “poner sanciones” y apunta a que “esas empresas tendrían que pagar más sus impuestos en los países donde están” ya que “no tiene mucho sentido que luego toda la riqueza se vaya fuera y esas personas se queden siempre atrasadas”.

Ésta no es la solución para el vicepresidente de los socialistas europeos Enrique Guerrero (también miembro de DEVE), que exige una “trazabilidad obligatoria”, “regularizar” todo el proceso para que las empresas europeas tengan que “declarar obligatoriamente las condiciones en las que han obtenido” los minerales y “adquieran compromisos de comercializarlos en determinadas condiciones, o de no hacerlo cuando están alimentando conflictos”.

El cabeza de lista de Ciudadanos Javier Nart (comisión DEVE) pide “control y sanción” y que “ningún producto sea admitido en la UE si no se certifica toda la cadena que llevaba”; también advierte de que, de no ser así, y pone el ejemplo de nuestras importaciones tecnológicas de China, “se produciría una situación absolutamente hipócrita y pésima para Europa: nosotros cumplimos, los chinos no cumplen y nos lo venden más barato. ¿Qué acabamos de hacer? Destruir nuestra estructura industrial”.

Lola Sánchez (comisiones INTA y DEVE), de Podemos, apuesta por “sanciones que duelan”, pide que Bruselas abandone “la hipocresía y la falta de coherencia” y las sustituya por “valentía y voluntad política” ante el “expolio” de las empresas multinacionales europeas de las que la UE “funciona como embajadora por el mundo”; a su vez, en relación a que los productos importados de una China irrespetuosa con los derechos humanos en África serían más baratos, aboga por la “pedagogía” para “mostrar a la gente por qué merece la pena pagar un poquito más si estás salvando vidas”.

Marina Albiol (comisión DEVE), de IU, ve de “ilusos” pensar que las empresas van a cumplir la legislación de forma voluntaria: “El camino ha de ser que sean los Estados los que legislen y exijan que no haya explotación laboral, apropiación de sus recursos naturales...” y que “la UE controle lo que están haciendo sus empresas en terceros países”.

En opinión de Beatriz Becerra (comisión DEVE), de UPyD, los parlamentarios no son “diplomáticos” y deben “controlar y exigir” sanciones por incumplimientos, algo que también reclama para “la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales con terceros países”, y considera, respecto a las posibles relaciones comerciales desiguales en esta materia con potencias como China, que la clave es ser “un Gobierno que ejecuta un plan de Gobierno para 500 millones de ciudadanos” por encima del Consejo, “que necesariamente va a representar sus interesas nacionales. Así no habrá acuerdo”.

El vicepresidente de Verdes-ALE, Josep-Maria Terricabras (ERC), asegura que “todo reglamento europeo que no tenga sanciones es una homilía” y abre el abanico de éstas: “No se trata a menudo de poner una sanción directamente económica a alguien, sino de no renovarle ayudas de ningún tipo, de no favorecer su relación con otros...”.

Por último, Izaskun Bilbao (PNV) es vicepresidenta del grupo de los demócratas y liberales (ALDE), que representa un grupo de votos clave –aunque los diputados tienen libertad de voto real– porque aúna, por un lado, a diputados liberales en lo económico que prefieren dejar la regulación a la voluntariedad de las empresas y, por otro, a un perfil político que pide, como Bilbao, más responsabilidades. La eurodiputada exige “coherencia en las políticas que desarrollamos, transversalidad: no podemos estar hablando de ayuda humanitaria y por otra parte estar permitiendo la implantación de empresas europeas en países menos desarrollados o que están recibiendo la colaboración europea”, lo cual considera “un abuso y una inmoralidad” que “lo único que hace es permitir que crezcamos a costa de otros. Eso es una debilidad para Europa. Cita a Iñigo Urkullu: ”Iremos más lentos, pero iremos todos juntos“.

El siguiente paso del procedimiento legislativo ordinario será, una vez aprobada la posición del Parlamento Europeo, conocer en qué sentido se pronuncia el Consejo. Es decir, comprobar con qué autoridad y creencia en sus valores democráticos frente a las grandes corporaciones se ven los 28 Estados miembros al mirarse en el espejo que supondría una regulación exigente.

Veintidós adolescentes de quince y dieciséis años se reparten, sentados de dos en dos, el aula del instituto donde estudian en el I.E.S. Luis Buñuel, en Móstoles, a escasos metros de la plaza de toros desde la que, en 2005, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre despegaron montados en un helicóptero. Una charla con ellos, sin ánimo científico, sugiere que el cambio de valores y esquemas políticos puede estar calando.

“¿Cómo veis vuestro futuro?”, se les pregunta. “Fuera de España”, dicen cinco voces más o menos a la vez. El resto se va sumando a un debate que, en segundos, es ruido. “Así no nos escuchamos. A ver, levantad la mano quienes veáis vuestro futuro fuera de España”: veinte manos se alzan rápidas, y enérgicas, muchas de ellas con más fuerza de la que mostrarán en ningún otro momento durante los siguientes tres cuartos de hora. Buceando en esta mayoría, Estados Unidos se destaca notablemente como el país de preferencia.

A la puerta del instituto, un cartel invita a los alumnos a vestir prendas de color verde los viernes. ¿Lo hacéis? Entrecruzan sus miradas en silencio. El debate se orienta entonces hacia la lucha de la “marea verde”, la lucha por la educación pública y contra los recortes. Los alumnos mencionan sin mucho interés las condiciones laborales del profesorado, la reducción en el material escolar o el aumento del ratio de alumnos por aula. Sólo el susurro “a mí me gusta más otro verde” devuelve el pulso a la clase, que vuelve a relajarse cuando se les pregunta quién ha ido a una manifestación de esa “marea verde”: solo dos levantan la mano, pero no hablan. El silencio invade la clase.

Más allá de las redes sociales, caen con cuentagotas los nombres de las webs donde buscan informarse: El País, El Mundo, Terra y Wikipedia. Además, solo tres aseguran meterse en estas webs a diario.

Las ganas cambian cuando ellos mismos sacan la palabra que prende la mecha: “políticos”. Se escucha calificarles de “corruptos” y de“ egoístas”, así como de “tener pocos estudios” o de “recortar sin distinción”... También emerge la monarquía, a la que ven con distancia e “inservible”. “Incapaces”, resume una chica para hablar de los dirigentes en general; todos la apoyan.

Pero también hay autocrítica: “Criticamos a los políticos, pero también nosotros actuamos sin pensar en el futuro. Solo pensamos a corto plazo”. A la hora de plantear soluciones, un chico aboga con rotundidad por “eliminar el gobierno”. “Anarquía”, sentencia después. En general el discurso es de regeneración completa de los actores políticos, pero indican que no únicamente en España: “No sólo en nuestro país: Portugal, Grecia, Italia... el problema es la política de recortes de Alemania”. Sobre el fin de la crisis, por lo general, la sitúan entre 2018 y 2020.

¿Y cómo salir de esta? Las vías para alcanzar esa ansiada salida no están en las que podríamos calificar de “tradicionales”. Es decir, varios aseguran que “las manifestaciones no tienen apenas relevancia”, “y menos con mayoría absoluta”; se intuye por algunos comentarios que sus anhelos de cambio tienen una herramienta clara: los móviles (es la generación del smartphone, no del ordenador). Sobre los movimientos sociales -preguntados concretamente por las actuaciones de la PAH-, una chica cree que “sirven, pero para casos concretos: se para un desahucio con la lucha, pero enseguida hay otro y no se puede con todos”. Por concretar, se les pregunta que cuántos creen que la actual crisis acabará en conflicto social: catorce piensan que sí, ocho que no. No hacen comentarios, solo levantan o no la mano para mostrar su apuesta futura.

Tras esto surge una curiosidad: “¿A cuántos de vosotros os gustaría ser políticos?”. Cinco dicen que sí rápidamente. Sus razones, orientadas al bien común: desde “me interesan los temas sociales, me gustaría ayudar” a “para despedir a la mitad”, aunque en general se inclinan por el “para cambiar las cosas”. Se cuela también un discurso nacionalista, con matices autárquicos, “España debe decidir ella, no estar a las órdenes de otros gobiernos”, lo que nos lleva a hablar de Europa. “Estar en la Unión Europea es bueno” opina uno, y la mayoría le respaldan. “Se puede viajar sin pasaporte”, concreta su compañero de al lado. Pero otros no creen tan conveniente el pertenecer a la Unión Europea. Principalmente, como ya se ha dicho, y ellos insisten, “porque no puedes elegir la política, tienes que hacer recortes todo el rato”. Otro muchacho habla del euro “es una moneda muy débil”.

¿Cómo se ven con treinta años? Casi todos hablan de viajar (“para ir a Bulgaria, que tengo familia” o, simplemente, “para ir un país donde pueda trabajar de informático, como quiero”). La importancia de hablar idiomas, especialmente el inglés, también es reconocida por todos. Hay una joven que insiste en este tema y, tras escucharse una voz que dice “venga, dilo, que lo estás deseando”, asegura sonriente: “Yo también estoy estudiando alemán. Es muy importante”. “Y el chino”, se oye en un tono medio en broma medio en serio.

No hace tanto, a su edad, muchos jóvenes eran seducidos por los salarios de la obra y abandonaban el instituto. Ahora todos afirman con rotundidad que no cometerían “ese error”. “Mis padres me han hablado de ello”, aseguran varios, a los que se suman los que comentan haber leído “cosas sobre la burbuja y la gente que dejaba de estudiar”.

La Historia deja muchas páginas en blanco sobre personajes que no han trascendido con la relevancia que merecen, para bien o para mal. El pasado día 12 de marzo el soriano Jesús Gil y Gil hubiese cumplido 80 años. Repasar su biografía es poner a un país frente al espejo.

Empresario de la construcción y presidente de club de fútbol que decide, en los años 90, iniciar su aventura política para obtener beneficios económicos y judiciales. Gana tres veces las elecciones gracias a su dominio de la comunicación a través de un lenguaje populista basado en la jocosidad y en el manejo de la psicología del hombre humilde, del millonario hecho a sí mismo. Como todo buen “héroe”, necesita estructurar la demonización del enemigo: los políticos “tradicionales” y los jueces y su “persecución”. Como Silvio Berlusconi.

Gil fue condenado y encarcelado en 1969 (salió de la cárcel en 1971 tras abonar 400 millones de pesetas y ser indultado por Franco), tras el desplome del techo de su restaurante de Los Ángeles de San Rafael (Segovia), que se llevó por delante 58 vidas. El 26 de junio de 1987 se convierte en el presidente del Atlético de Madrid tras ganar las elecciones.

Cuando se inicia la última década del siglo XX, a Gil no le basta el rol de empresario de la construcción que entabla amistad con el concejal de Urbanismo de turno: él sólo entiende su estrategia urbanística de una forma, y ésta únicamente es factible mediante el control absoluto.

Así, en 1991, rodeándose de personas arruinadas que estamparan su firma sin hacer preguntas, transmitiendo al electorado una lógica tan antigua como efectiva basada en el “Yo soy millonario. Yo no necesito robar al pueblo”, sometiéndose sin titubeos y con espontaneidad a las cámaras, buscando el voto compartiendo chatos de vino en los bares, y enviando un vídeo a 50.000 hogares marbellíes prometiendo la ruptura radical con la política de los partidos tradicionales para una ciudad que definió como “una joya que ha encontrado al tallador, y tenemos (sic) pronto el diamante”, logra que el Grupo Independiente Liberal (conocido como el GIL, en una muestra de egolatría política sólo comparable al hecho de fundar un partido y escoger como color corporativo el de tu nombre propio) arrase en las elecciones que se celebraron el 26 de mayo, logrando 19 de los 25 concejales.

Sobres lacrados con cemento

Gil y su equipo imponen desde el primer momento un modelo urbanístico en Marbella cuyo modus operandi (basado, entre otras estrategias, en la compra de parcelas a precios irrisorios en los que luego, tras la recalificación, se edificaría importantes construcciones, o en la creación de una caja B con la contabilidad de dinero relacionado con facturas falsas de empresas fantasma que recibían dinero público sin realizar las obras que figuraban en los contratos) no tarda en aparecer en algunas conversaciones que constructores, acreedores y gestores públicos mantienen sobre el césped de algún campo de golf de la costa mediterránea, o en la barra de los palcos deportivos. Una forma de compatibilizar intereses particulares que corrió como la pólvora por España: la burbuja se infló, cargada de ladrillos en su interior; ahora caen sobre nuestras cabezas.

Marbella sufre una metamorfosis radical en esta primera legislatura. Gil destruye, literalmente, parte de la ciudad para edificar una nueva (cuya gestión urbanística se encarga a Juan Antonio Roca); acaba de forma expeditiva con la droga y la prostitución –con la que era visible en las calles, se sobrentiende–; entrega viviendas sociales; atrae inversores –sin importar la procedencia del dinero– y eleva mediáticamente a la ciudad, que lo vive con orgullo (“Me estoy enfrentando a todas las vacas sagradas de este país, a todo lo establecido como norma a pesar de ser prepotente y representativo de la soberbia. ¿Cuántos españoles se pueden permitir el lujo de desafiar tanto absurdo establecido?”, dijo Gil a toda España en el programa televisivo “Las noches de tal y tal”). Las consecuencias judiciales del periodo 1991-95 se llamarán “Caso Saqueo”, y llevarían a la cárcel a Gil en 2002.

Gil se sentía poderoso. Se atrevía con todo: desde convertir, en 1992, al Atlético de Madrid en Sociedad Anónima Deportiva, de la que era el nuevo máximo accionista (eso sí, gracias a 2.000 millones de pesetas que, años después, la Justicia descubriría que nunca abonó, en el que se conoció como “Caso Atlético”), hasta presentarse a las elecciones generales de 1993 (donde se llevaría uno de los mayores varapalos de su vida al obtener tan solo 16.452 votos), pasando por prometer proyectos faraónicos que nunca existirían o lograr, en 1995, abrumadoras mayorías absolutas tanto en la propia Marbella como en la localidad vecina de Estepona, donde alzó a su hijo Jesús Gil Marín a la alcaldía.

El 7 de enero de 1999 estalla el “Caso Camisetas”. Gil es encarcelado por el supuesto desvío de 450 millones de pesetas de dinero público a las arcas del Atlético –del que es máximo accionista– a través de publicitar “Marbella” en las camisetas colchoneras. Sale de la prisión de Alhaurín a los pocos días. Jornadas en las que el pueblo que, según el juez, ha sufrido el robo, se manifiesta en favor del alcalde. El 13 de junio de ese año, el GIL supera sin problemas los escándalos de corrupción en las urnas y logra la tercera mayoría absoluta consecutiva, amén de otras trece alcaldías en el sur de España.

Gil se va, su filosofía y su resaca se quedan

En diciembre de 1999, el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón ordena la intervención judicial del Atlético de Madrid por un presunto desvío de fondos por valor de 9.427 millones de pesetas. Pero es en octubre de 2000 cuando Gil se ve acorralado: la Audiencia de Málaga le condena a 28 años de inhabilitación por el “Caso Camisetas”; sin rubor, solicita al fiscal general del Estado que aparte de las causas a los fiscales anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y Carlos Castresana.

En 2001 el cerco judicial se estrecha aún más sobre Gil, con un historial en el que constan 25 imputaciones en procedimientos penales. Pero cuidado ahora, lector con problemas cardíacos, al leer la sucesión de hechos acaecida en 2001: en agosto fueron robados de los Juzgados de Marbella los sumarios relacionados con la investigación a Gil, y en octubre se suicidó el agente judicial Francisco Calero, detenido por su presunta vinculación con la sustracción, lo que provocaría que se cerrara la investigación sobre el robo de los documentos en sede judicial. El 8 de abril de 2002 el Tribunal Supremo confirma la condena por el “Caso Camisetas”, lo que le lleva a prisión nuevamente el día 16, también durante apenas unas jornadas. Es entonces, el día 24 del mismo mes cuando dimite como alcalde y elige dedocráticamente un sucesor, Julián Muñoz. Un año después, el 21 de mayo de 2003, abandona la presidencia del Atlético.

Su soberbia actuación como forofo futbolero fue un filtro amnésico de primera magnitud para pulir su imagen mediática. Prueba de ello son los periódicos más influyentes del país en sus ediciones del 15 de mayo de 2004 –tras su fallecimiento a causa de un infarto cerebral masivo–, que ubican la información referente a Gil en la sección de Deportes, y no en la de Nacional. ABC acota al terreno deportivo su perfil titulando “El presidente de los excesos del populismo en el fútbol”. La información de El País, firmada por Daniel Borasteros, lo define como “empresario imaginativo”. En estas mismas páginas encontramos la profunda reflexión vital que una figura como la de Jesús Gil inspiró a Mariano Rajoy al hacer éste balance de su trayectoria: “Consiguió uno de sus grandes sueños, ganar la Liga y la Copa el mismo año”.

En 2005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales anuncia que el agujero de los ayuntamientos gobernados por el GIL representa más del 50% de la deuda de todos los municipios del país con la Seguridad Social. Otra vertiente del oleaje provocado por Gil es que, pese a que la Justicia explicita que sus herederos deben asumir la responsabilidad civil, éstos aseguran en octubre de 2007 que, en el momento del fallecimiento, el exalcalde tiene en su cuenta bancaria 854 euros y un patrimonio de 625.000, una cifra difícil de encajar si tenemos en cuenta los montantes que Gil había ido desembolsando en fianzas para eludir la cárcel.

Si es hora de encontrar nuevos modelos económicos, es hora de nombrar algunas experiencias que dan pistas.

“¿Desea usted un nuevo orden económico?” La respuesta del 88% de los alemanes (del 90% en Austria) en una encuesta de la Fundación Bertelsmann –ligada al establishment político-económico germano- fue “sí”. Y es que el shock de la crisis ha mostrado un abismo que está desgastando exponencialmente la marca capitalismo. Distanciándose de los ríos de tinta que analizan las causas, los culpables y el futuro cortoplacista, el profesor de Economía en la Universidad de Viena Christian Felber (Salzburgo, 1972) propone dar un paso al frente en busca de una solución, a la par que plantear un itinerario: la Economía del Bien Común (EBC). Un “sistema económico alternativo completo” que deja atrás la economía planificada comunista, pero también los excesos del capitalismo financiero desregulado.

¿Por qué los valores que nos hemos otorgado constitucionalmente y que, además, son los que todos impulsamos en nuestras relaciones humanas –honestidad, aprecio, confianza, responsabilidad, solidaridad y generosidad-, se comprueban radicalmente opuestos –avidez, envidia, desconfianza, irresponsabilidad, desconsideración y egoísmo- a los que rigen en la economía? Para Felber y su equipo, se debe legislar en pos de que las coordenadas de la gráfica –que suele expresar moviendo los brazos- que perfilan el actual “orden económico legal” -afán de lucro y competencia- dejen de ser seductoras para los empresarios, y enfocar y recompensar el éxito económico remplazando (con el desarrollo de leyes que serán explicadas en las próximas líneas) dichas coordenadas por las de la contribución al bien común y la cooperación: las reglas del juego económico en la EBC.

¿Utopía? Felber, que se adelanta a esta pregunta recurrente, afirma que sólo pretende hacer “congruente” el comportamiento económico según lo que dictan las constituciones democráticas (cita el artículo 151 de la Constitución de Baviera -“Toda actividad económica sirve al bien común”- y el preámbulo de la Constitución española -“La Nación española, deseando (….) promover el bien de cuantos la integran (…) proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”) respecto a la contribución al bien común, un término acuñado por Tomás de Aquino y de cuyos beneficios sociales ya hablaba Aristóteles.

El profesor Felber, de personalidad magnética y retórica consistente, aboga por romper esta contradicción haciendo que el dinero ocupe su rol original: “Es un medio, un instrumento; no un fin: los indicadores del éxito deben medir el nuevo objetivo final, que es el bien común”. Actualmente, la unidad de medida en la macroeconomía es el PIB, y en la microeconomía el balance financiero de las empresas. Ambos son indicadores exclusivamente monetarios. Así, en lo que califica de un “error metodológico fundamental”, el PIB creciente de un país no nos refleja si su ciudadanía padece un conflicto bélico, vive en una dictadura o siente miedo, en vez de confianza, ante el futuro. Por tanto, la EBC propone, a nivel macro, conocer, anualmente, mediante encuestas y asambleas comunales, el nivel de bienestar de la población midiendo una veintena de factores sobre la calidad de vida.

El Balance del Bien Común, en el código de barras

El Balance del Bien Común, en el código de barrasPero es a nivel microeconómico donde la EBC muestra una practicidad, madurez y conectividad para con la sociedad, en un proyecto que se formula “de abajo a arriba”. Los balances financieros tienen la misma lógica estrictamente monetaria que el PIB: ¿el éxito de esa empresa ha sido a costa de trabajo infantil, evadir impuestos o devastar el medio ambiente?, ¿o quizá gracias a discriminar a las mujeres, esclavizar a los trabajadores o destruir empleo? Buscando estas respuestas, y rechazando la Responsabilidad Social Corporativa, que se ha mostrado netamente propagandística, la EBC propugna algo similar a una auditoría, merced a una herramienta que Felber considera el “corazón” del sistema: La matriz del Bien Común.

Esta -en constante evolución y mejora con la aportación de los actores económicos que se están sumando al proyecto en todo el mundo- consiste en un cuadrante que, mediante puntuaciones correspondientes a la interacción de, por un lado, los factores relacionados con valores constituciones (dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y transparencia), que pueden sumar hasta 200 puntos cada uno y, por el otro, los grupos de contacto o 'stakeholders' (proveedores, financiadores, empleados –inclusive propietarios-, clientes/productos/servicios/copropietarios y ámbito social), así como los criterios negativos, que restan puntos, permite obtener la puntuación final (entre 0 y 1.000) de cada empresa, ayuntamiento, universidad, etc., de forma no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Por tanto, la empresa que tenga una gestión participativa en las decisiones, que reduzca la huella ecológica o que iguale los salarios de hombres y mujeres, por poner algunos ejemplos puntuables de las células de este cuadrante, tendrá una mayor puntuación. Es decir, estará más cerca de alcanzar el éxito en su meta: el bien común.

Y aquí es donde toma protagonismo la persona que decide la supervivencia de cualquier empresa: el consumidor. Cada producto tendrá un color en su código de barras según su puntuación en el Balance del Bien Común -rojo (0-200 puntos), naranja (200-400), amarillo (400-600), verde claro (600-800) o verde oscuro (800-1000)- para que el cliente pueda decidir gracias a la transparencia (una aplicación de móvil permitirá que cada cual compruebe los datos que más le interesan) de una información que Felber califica de “holística”, ya que “no solo es un sello de comercio justo, o ecológico, o social; sino una visión global de la responsabilidad –cuyos parámetros son hoy día una propuesta de la EBC sujeta a modificaciones- de una empresa”.

Legislación económica en favor de la mayoría

Legislación económica en favor de la mayoríaLa entrada en escena de la política es, llegados a este momento, la clave. Como sabemos, los productos poco éticos (fabricados con mano de obra infantil o arrasando el ecosistema, por ejemplo) son más baratos que los de comercio justo, gracias a que el marco legal favorece estas prácticas. Felber plantea desarrollar legislativamente los principios constitucionales y, así, las empresas, según se aproximen al objetivo del bien común, obtendrían una reducción en los impuestos y tasas aduaneras, créditos a interés reducido (Felber está fundando en Austria el primero de una serie de bancos del bien común que sigan las líneas comerciales de la banca en sus albores), la prioridad en la contratación pública y la cooperación con la investigación universitaria. Por su parte, las empresas que no se adecúen a la justicia social, verán aumentados sus gravámenes y no se podrán beneficiar de esta legislación, con lo que sus productos dejarán de ser más baratos que los de las empresas que opten por la EBC. Teniendo un precio similar, se presupone que la ciudadanía desechará los productos irresponsables, viéndose obligadas todas las marcas a buscar el nuevo éxito empresarial. O a desaparecer.

“La EBC sigue siendo una economía de mercado, basada en empresas privadas, en dinero, en oferta y demanda –subrayó Felber en una conferencia en Alcoy-. Por tanto todas las empresas seguirán haciendo sus balances financieros, pero basados en una producción real, y no en un capital que se multiplica por sí solo, como ocurre con la economía financiera globalizada anónima”. Así, estos balances ya no serían un fin, sino un medio, por lo que propone, insistiendo una vez más en que estas medidas “deberán ser aprobadas en referéndums democráticos”, prohibir cuatro usos de los excedentes monetarios en esta economía “postcapitalista”: las inversiones financieras especulativas, el absorber hostilmente otras empresas, la distribución a personas que no trabajen en esas empresas y las donaciones a partidos políticos, para evitar que el poder económico y el poder político converjan.

Manteniendo el aroma quincemayista que impregna sus propuestas, Felber aboga por establecer el “consenso sistémico” (un método que logra concretar qué propuesta ofrece menor resistencia por parte de la población, y que suele ser un punto intermedio entre los extremos) para preguntar a la ciudadanía, entre otras decisiones, si debería haber un límite legal entre el salario mínimo de un país y el sueldo máximo que se pueda cobrar. En la actualidad, en Austria el beneficio personal máximo multiplica por 800 el salario mínimo, en Alemania por 5.000 y en el sector financiero estadounidense por 360.000. “Nada en exceso”, advertían ya los antiguos filósofos griegos.

Anteriormente se analizó la primera de las dos coordenadas (sustituir el afán de lucro por la contribución al bien común) que la EBC propone para un nuevo marco legal. Abordando la segunda de ellas (el reemplazo de la competencia por la cooperación), Felber reflexiona: “Competir viene de las raíces latinas com (juntos) y petere (buscar), por lo que su significado original, buscar juntos, estaría más cercano a lo que hoy llamamos cooperar”. Y añade: “Se dice que competir nos motiva, pero la cooperación nos motiva, además, emocionalmente. Con la fuerza incomparable que ello tiene”. Se pregunta también cuál es el factor de motivación más fuerte en el cóctel contemporáneo de la competencia. “El miedo”, resuelve; y verbaliza sus síntomas: estrés, presión, mobbing… La EBC propone liberar a las empresas de la “coerción” del crecimiento infinito, con el objetivo de que las empresas alcancen su tamaño óptimo y, después, puedan ayudar a otras empresas, fomentando la cooperación y la solidaridad. “Si las reglas del juego de la economía son las mismas que los valores de la vida privada, habrá más personas con ganas de crear empresas”, asegura Felber.

Un movimiento creciente, desde abajo

Un movimiento creciente, desde abajo“No es una idea, sino un proyecto social”, una pata más de la mesa sobre la que escribir el futuro, que se sustenta junto con otros elementos (I+D+i científico y sanitario, educación universal en todos los niveles, partidos políticos verdaderamente representativos…). En los siempre complicados primeros dos años de vida, 935 empresas de más de una docena de países se han sumado al proyecto, la matriz del Bien Común sigue implementándose, y se han creado “campos de energía” (grupos regionales de la EBC que hacen pedagogía entre los actores económicos de sus zonas). La idea de Felber y su equipo es empezar de abajo a arriba, con asambleas locales a las que todas las personas, empresas e instituciones públicas están invitadas. Buscan madurar el proyecto en asambleas democráticas comunales y, entonces, pasar a un proceso puramente democrático a través de una Asamblea Económica abierta cuyas decisiones, en un mundo digital con infinidad de posibilidades, se voten en referéndum, para que la legislación económica al fin conecte con los valores constitucionales. ¿Se comprometerá alguna formación política de los países de la UE a pedir el voto en las próximas elecciones para legislar en favor de la EBC?

Felber se muestra optimista de cara al futuro: “Hoy es impensable. Mañana será lógico”, ya que históricamente “la autoridad natural vence, a largo plazo, a la autoridad violenta”. No tiene prisa, ni aguarda a que las grandes multinacionales se sumen, sino que apuesta por empezar en nuestras ciudades, haciendo ver, cada cual en sus posibilidades, el atractivo que tiene para las empresas aplicar el Balance del Bien Común y diferenciarse del resto. Tampoco se pone plazos: “El apocalipsis tendrá lugar, independientemente de nuestra velocidad”, bromea. Aspira a que en unos años las grandes corporaciones no puedan alegar desconocimiento cuando se les pregunte por la EBC, y a que el PIB ya solo interese para investigaciones estadísticas.

Y es que, ya se sabe, no se puede ver el arcoíris sin haber sentido la tormenta.