Desigualdades sociales y esferas de segregación

Hacia finales de los años 70 del siglo XX se produce una inflexión, a escala global, en la dinámica de distribución social de la renta: se abre un ciclo de crecimiento intenso de las desigualdades en buena parte del mundo. Al entrecruzarse con variables de género, edad, origen y residenciales, el incremento de la desigualdad da lugar a unas estructuras socioespaciales más complejas y fragmentadas. En la última década se han acelerado este tipo de procesos: primero como consecuencia de la gran recesión de 2008 y sus políticas de austeridad; de forma más reciente, como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia.

El crecimiento reciente de las desigualdades se produce en un marco de fuertes interacciones con las dinámicas de segregación social, es decir, con la tendencia de distintos grupos a separarse en su cotidianidad, de manera que las vidas de unos y otros transcurren en espacios no compartidos, con interacciones escasas entre ellos. La segregación resulta por tanto en la práctica inexistencia de mixtura; expresa la fragilidad o ausencia de escenarios de mezcla, de comunidades con vinculaciones cruzadas. Sucede que cuando la construcción de igualdad se debilita, las segregaciones tienden a ensancharse; la cristalización progresiva de esferas segregadas genera entonces nuevas condiciones de ampliación de desigualdades. En sentido opuesto, la existencia y la calidad de espacios de mixtura, de comunidades diversas con alta densidad relacional, opera como factor promotor de horizontes de equidad. Es el núcleo de la tesis de Klinenberg en Palacios del pueblo’: la construcción de valores compartidos requiere espacios compartidos. Una sociedad más igualitaria exige una infraestructura social que la sustente en términos de cotidianidad. 

¿Transitan nuestras vidas por esferas de segregación, con mayor o menor intensidad según en qué ámbitos? ¿Operan estas fragmentaciones como motor de crecimiento de la desigualdad?. En ¿Vidas segregadas?. Reconstruir fraternidad’, libro colectivo de próxima aparición, se exploran elementos de respuesta. Emergen los rasgos que caracterizan esas esferas de vida donde las desigualdades cristalizan en segregaciones, allí donde la cotidianidad se fractura. Son procesos de fragmentación socioresidencial, junto a lógicas de desvinculación relacional y fragilidad comunitaria, así como segregaciones con sesgos de clase y género en las dinámicas cotidianas de movilidad. Son escuelas y redes de escolarización segregadas, junto a espacios educativos extraescolares fuertemente excluyentes, así como lógicas fragmentadas de acceso y práctica cultural. Son esferas segregadas de atención sanitaria según niveles de renta, y ‘desiertos de alimentación saludable’ en barrios de alta vulnerabilidad. Son finalmente capacidades institucionales y cívicas en barrios de rentas medias, junto a áreas de alta vulnerabilidad privadas del capital relacional necesario para revertir sus múltiples desventajas. 

La acumulación de este conjunto de dimensiones ofrece el mosaico de la segregación cotidiana. Para superar esta lógica, e impulsar transiciones hacia escenarios de mixtura igualitaria se hacen necesarias políticas públicas de nuevo tipo y prácticas de innovación social, así como pautas de interacción entre ellas: espacios de construcción de lo común, ‘palacios del pueblo’.

Hacia un nuevo contrato social: políticas para construir fraternidad

El contrato social posbélico implicó en la Europa democrática un amplio ejercicio colectivo de solidaridad. Las instituciones de bienestar, sobre todo las de carácter universal, impulsaron el encuentro entre grupos sociales con independencia de sus niveles de renta y mantuvieron por tanto activas las condiciones cotidianas de la igualdad. Pero el estado de bienestar no sólo ha actuado como palanca de igualdad y de mezcla. En ciertas circunstancias ha operado también como factor de segregación. Cuando las políticas sociales no son universales (por ejemplo, programas selectivos por niveles de renta), ni se incardinan en procesos de construcción de comunidad (por ejemplo, equipamientos públicos ajenos al tejido social del territorio) pueden contribuir a reforzar dinámicas de fragmentación. Un ejemplo histórico de este fenómeno, de nítidas características socioespaciales, fue la construcción masiva de vivienda pública en las periferias de las grandes ciudades europeas: el derecho a la vivienda se hizo tangible en términos de segregación urbana.

Hoy, en un contexto de cambio de época, la reconstrucción de ciudadanía y sus coordenadas de debate deberían situarse en el tipo de valores y políticas necesarias para tejer igualdades y mezclas, para hacerlo respetando diferencias y autonomías. ¿Cómo erigir una dimensión de fraternidad potente en el núcleo de una ciudadanía social posible para el siglo XXI? ¿Puede dibujarse una agenda de transición hacia escenarios cotidianos de mixtura igualitaria? Emerge el reto de explorar políticas y prácticas orientadas a rearticular espacios compartidos y vínculos, a generar lugares y redes de mezcla e hibridación de grupos y funciones. Parece evidente, además, que la vertiente de fraternidad debería tejerse desde políticas de proximidad y por tanto desde poderes locales más fuertes; así como desde la profundización democrática y por tanto desde la cocreación ciudadana de esas políticas. Podemos considerar cinco ejes vertebradores. Ámbitos donde tejer el entramado político y comunitario de la mixtura: ese nuevo contrato social que, ahora sí, articule igualdad con fraternidad.        

- Regeneración urbana. El conjunto de vulnerabilidades vinculadas a la segregación y la exclusión habitacional ganan centralidad en la estructura emergente de riesgos sociales. Frente a hábitats fragmentados y desiguales, surge la necesidad de una bateria de políticas urbanas por el derecho a la ciudad, como componente clave de la agenda de fraternidad: el acceso a la vivienda en todos los entornos urbanos; la seguridad residencial ante dinámicas de gentrificación; la mejora de barrios vulnerables ante dinámicas de degradación; y la configuración de espacios urbanos para la movilidad saludable. Una agenda contrasegregadora orientada a crear cotidianidades compartidas en lugares de mixtura social y funcional.    

- Inclusión social e interculturalidad. Los escenarios de fragmentación desigual cristalizan en el espacio urbano, y lo hacen también en su geografía humana: interaccionan vulnerabilidad residencial y exclusión social. Las estrategias de inclusión deberían desarrollarse en dos campos principales. a) La pobreza severa remite al fortalecimiento de las redes de servicios sociales. Frente a las fracturas en el tejido de la cohesión, resulta fundamental la existencia de unos servicios sociales universales, promotores de la autonomía personal y los lazos comunitarios, con capacidad de impulsar lógicas de empoderamiento que situen a personas y colectivos vulnerables como sujetos activos de sus propios itinerarios de inclusión. b) Las ciudades han ido transitando hacia la heterogeneidad de orígenes. La agenda de fraternidad remite al modelo intercultural, definido por la voluntad de generar simultáneamente condiciones de igualdad política, inclusión social y reconocimiento cultural. Y tanto más importante: sin coexistencias cotidianas en paralelo. Con reglas de juego acordadas que hagan posible la interacción, barrio a barrio. 

- Acción comunitaria. La segregación comunitaria implica múltiples fragilidades en la esfera relacional: interacciones débiles y lazos solidarios escasos; soledades forzadas y dinámicas de aislamiento; vidas desvinculadas de sus entornos. La acción comunitaria como gramática de respuesta se orienta al empoderamiento personal y colectivo basado en la centralidad de los vínculos y la densidad relacional. En sociedades complejas, la ciudadanía -junto a componentes de justicia espacial e inclusión social- debe aportar anclajes comunitarios de vida cotidiana. En clave de políticas públicas, la acción comunitaria puede desplegarse a través de: a) la lógica territorial: planes y marcos de gobernanza a escala de barrio como espacios de cooperación público-vecinal de carácter integral; b) la lógica del commoning: consolidación del tejido de lo común por medio de articulaciones estables entre la acción colectiva y las instituciones de proximidad (cocreación de políticas, gestión comunitaria de servicios…); c) la lógica infraestructural: acciones impulsadas desde las redes de servicios públicos (educación, cultura, salud, cuidados…) para dotar de dimensión comunitaria al bienestar; lógica que remite a los equipamientos de proximidad y a la necesidad de convertirlos en bienes comunes, como aportación a la agenda de la fraternidad.

- Territorios de educación y cultura. La escuela pública constituyó un eje central de igualdad en el contrato social del siglo XX; la articulación de educación, cultura y comunidad podría construir una dimensión clave de la agenda de fraternidad en el contrato social del siglo XXI. Transitar hacia un escenario de educación fraternal implica, en primer lugar, revertir el conjunto de factores que generan segregación escolar: poner fin a esquemas duales (pública/concertada) que allanan los caminos de huida de las clases medias Pero la desegregación educativa debe ir más allá de las escuelas. Ello conduce a dos ideas-fuerza. a) La ampliación educativa hacia el conjunto de los ciclos de vida (universalizar los servicios educativos y de cuidados de 0 a 3 años). b) La ampliación educativa hacia el conjunto de entornos de vida cotidiana (revertir la segregación en actividades extraescolares; conectar escuelas y barrios). La vinculación cultura-educación, finalmente, emerge como el marco básico donde ubicar la superación de las segregaciones culturales. Los escenarios de fragmentación se expresan hoy en circuitos de consumo, más que de participación cultural; y de mercado, más que de derechos culturales. La transición debería articular un entramado de actividades culturales inclusivas y de proximidad, así como dotar de centralidad a los espacios comunitarios y reconocer los activos culturales ciudadanos no formalizados.

- Barrios y vidas saludables. La conexión salud-alimentación-ecología aparece como pieza clave en la transición hacia nuevos escenarios cotidianos de mixtura. En el terreno de la salud puede plantearse por un lado un giro hacia la proximidad, fortaleciendo la red de centros de atención primaria en los barrios. Y por otro lado un giro comunitario que permita forjar procesos de construcción colectiva de la salud entre recursos públicos y tejido vecinal-asociativo. En la dimensión alimentaria, priorizar la acción contrasegregadora implica reforzar de forma articulada el eje social: cobertura de necesidades alimentarias de personas y colectivos en riesgo de exclusión; el eje territorial: mejora de los entornos alimentarios locales en barrios de rentas bajas; y el eje comunitario: apoyo a iniciativas ciudadanas de solidaridad alimentaria y de consumo agroecológico. No podemos olvidar, por último, las segregaciones vinculadas a los determinantes ambientales de la salud. Los barrios frágiles sufren de forma más intensa las consecuencias del cambio climático y de la contaminanción. Es por ello que las políticas urbanas de transición energética y movilidad sostenible son relevantes en tanto que políticas de salud y resultan además fundamentales en su contribución a la justicia socioespacial.

En síntesis, construir ciudadanía social en el siglo XXI es tarea compleja y necesaria. Las dimensiones del cambio de época nos ubican en transiciones vitales inéditas. Tejer un contrato social conectado a las nuevas realidades supone redibujar muchas coordenadas del viejo modelo de bienestar. Implica, en todo caso, superar las relaciones contradictorias entre los regímenes de bienestar clásicos y las esferas cotidianas de segregación. Explorar caminos que hagan posible forjar una agenda de fraternidad como dimensión central de los procesos de innovación y cambio; trazar geografías compartidas como infraestructuras cotidianas de emancipación; diseñar políticas públicas de generación de mixturas, y prácticas colectivas donde producir los vínculos cotidianos de esas mixturas. Tal vez así pueda reescribirse la gramática de la igualdad. Tal vez así pueda tomar un nuevo sentido la pulsión humanista del viejo estado de bienestar. 

Tres milions i mig de llocs de treball perduts des del començament de la crisi. Dos milions de llars sense cap font d'ingressos. Un creixement de gairebé el 30% en la diferència entre les rendes altes i les baixes. Un augment sense precedents en els índexs de pobresa i exclusió social, amb una especial incidència sobre els joves, les dones i les persones d'origen immigrant. Per a molts, la conseqüència més dramàtica de la pèrdua d'ocupació ha estat i està sent el desallotjament del seu habitatge per impagaments en la hipoteca. Un estudi del Col.legi de Registradors recentment publicat demostra que, només al 2012, es van produir a Espanya més de 30.000 desnonaments a primers habitatges. 115 expropiacions diàries. Una cada 15 minuts.

No ve al cas explicar aquí l'origen del problema, sobre el qual hi ha, d'altra banda, un cert consens: una llei hipotecària antiga, uns contractes abusius, una indefensió absoluta per part dels afectats. Com a exemple paradigmàtic de política 'top down', el govern espanyol ha necessitat que el Tribunal de Justícia Europeu sentenciés que els procediments de desnonament per impagament d'una hipoteca són contraris a la legislació europea de protecció dels consumidors per afirmar que cal canviar la llei .

El procés que condueix al canvi legislatiu en aquesta matèria, però, no es pot entendre sense el paper jugat per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Amb la seva acció reivindicativa, la PAH ha aconseguit situar la problemàtica de l'habitatge (i més particularment, la dels desnonaments) en el centre de l'agenda política del país. La ILP promoguda per la PAH i altres organitzacions, a favor de la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el foment del lloguer social, ha recollit prop d'un milió i mig de signatures i ha aconseguit un evident suport social. El debat polític i mediàtic giren avui al voltant de les mesures proposades per aquesta organització. Tot un èxit en un camp de política pública històricament capturat pels interessos de l’eix financer-immobiliari.

Però més enllà de la 'baralla' pel canvi d'una norma sens dubte injusta, el que resulta realment innovador quant a dinàmiques socials i polítiques en un moment d'emergència social com el que vivim, és la funció que està jugant la PAH en la mediació del conflicte i en la posada en marxa de solucions que donin resposta a la desesperació que viuen milers de ciutadans. Les retallades que venim patint des del 2010 sota l'eufemisme de la racionalització de la despesa no s'han vist compensades per cap mesura dirigida a esmorteir les conseqüències de la crisi. Així les coses, les polítiques socials semblen evaporar-se just quan més les necessitem. Serveixi d'exemple la retallada en més d'un 50% del fons per donar suport a la recepció i la integració social dels immigrants, en un moment en què gairebé la meitat d'aquest col.lectiu s'ha quedat sense feina.

Mentre les polítiques socials retrocedeixen, moviments com la PAH avancen amb força no només per la seva tasca de denúncia de les injustícies i de reivindicació de noves polítiques, sinó també pel desplegament d'una important funció social que, malgrat les seves limitacions, tracta de contrarestar els efectes de la paràlisi institucional. L'acció de la PAH ha actuat com a esperó perquè les administracions locals es posicionin i assumeixin responsabilitats en un assumpte que desborda el seu marc competencial. Els blocs d'habitatges ocupats en el marc de la campanya de reallotjaments de l'Obra Social de la PAH compleixen una funció redistributiva que les administracions haurien d'estar assumint ara més que mai. En absència d'actuació institucional, l'alternativa a les ocupacions col.lectives promogudes per la PAH és la de l'ocupació individual, moguda únicament i exclusiva per la desesperació personal, amb possibles efectes negatius sobre la convivència veïnal. A la PAH li hem d'agrair també la seva important tasca d'articulació de xarxes de solidaritat i de reciprocitat entre diferents col.lectius, amb independència del seu origen. Si en els barris més vulnerables de les nostres ciutats, amb una forta concentració de població immigrada d'origen extracomunitari, no ha esclatat el conflicte interètnic malgrat el context actual de forta escassetat, és probablement per la funció comunitària exercida per organitzacions com la PAH.

A ningú pot sorprendre que la confiança de la ciutadania en l'aparell de l'Estat estigui sota mínims. Una confiança que és inversament proporcional a la que mostra per organitzacions no governamentals, amb la PAH al capdavant (més d'un 70% de suport, segons una enquesta recent de Metroscopia per a El País sobre l'11% que donava suport a la tasca del govern). En aquests moments la PAH, amb vincles clars amb el 15M, és segurament la millor evidència que no és la democràcia el que està en crisi, sinó les institucions que la representen. Com afirma Joan Subirats ( http://bit.ly/14ZJm7E) la trajectòria de la PAH atén a un cert paradigma de creació d'espais de nova democràcia, una nova aura col.lectiva. Amb les seves formes d'organització, de presa de decisions, de gestió del conflicte, la PAH està contribuint a generar, com reflexionava Guillem Martínez fa uns dies ( http://bit.ly/ZJcEXm), un nou procés constituent marcat per la lluita per una major justícia social, política i jurídica davant d'un règim que s'enfonsa. I si no existís la PAH? Si no existís la PAH, caldria inventar-la.

Tres milions i mig de llocs de treball perduts des del començament de la crisi. Dos milions de llars sense cap font d'ingressos. Un creixement de gairebé el 30% en la diferència entre les rendes altes i les baixes. Un augment sense precedents en els índexs de pobresa i exclusió social, amb una especial incidència sobre els joves, les dones i les persones d'origen immigrant. Per a molts, la conseqüència més dramàtica de la pèrdua d'ocupació ha estat i està sent el desallotjament del seu habitatge per impagaments en la hipoteca. Un estudi del Col.legi de Registradors recentment publicat demostra que, només al 2012, es van produir a Espanya més de 30.000 desnonaments a primers habitatges. 115 expropiacions diàries. Una cada 15 minuts.

No ve al cas explicar aquí l'origen del problema, sobre el qual hi ha, d'altra banda, un cert consens: una llei hipotecària antiga, uns contractes abusius, una indefensió absoluta per part dels afectats. Com a exemple paradigmàtic de política 'top down', el govern espanyol ha necessitat que el Tribunal de Justícia Europeu sentenciés que els procediments de desnonament per impagament d'una hipoteca són contraris a la legislació europea de protecció dels consumidors per afirmar que cal canviar la llei .

El procés que condueix al canvi legislatiu en aquesta matèria, però, no es pot entendre sense el paper jugat per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Amb la seva acció reivindicativa, la PAH ha aconseguit situar la problemàtica de l'habitatge (i més particularment, la dels desnonaments) en el centre de l'agenda política del país. La ILP promoguda per la PAH i altres organitzacions, a favor de la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el foment del lloguer social, ha recollit prop d'un milió i mig de signatures i ha aconseguit un evident suport social. El debat polític i mediàtic giren avui al voltant de les mesures proposades per aquesta organització. Tot un èxit en un camp de política pública històricament capturat pels interessos de l’eix financer-immobiliari.

Però més enllà de la 'baralla' pel canvi d'una norma sens dubte injusta, el que resulta realment innovador quant a dinàmiques socials i polítiques en un moment d'emergència social com el que vivim, és la funció que està jugant la PAH en la mediació del conflicte i en la posada en marxa de solucions que donin resposta a la desesperació que viuen milers de ciutadans. Les retallades que venim patint des del 2010 sota l'eufemisme de la racionalització de la despesa no s'han vist compensades per cap mesura dirigida a esmorteir les conseqüències de la crisi. Així les coses, les polítiques socials semblen evaporar-se just quan més les necessitem. Serveixi d'exemple la retallada en més d'un 50% del fons per donar suport a la recepció i la integració social dels immigrants, en un moment en què gairebé la meitat d'aquest col.lectiu s'ha quedat sense feina.

Mentre les polítiques socials retrocedeixen, moviments com la PAH avancen amb força no només per la seva tasca de denúncia de les injustícies i de reivindicació de noves polítiques, sinó també pel desplegament d'una important funció social que, malgrat les seves limitacions, tracta de contrarestar els efectes de la paràlisi institucional. L'acció de la PAH ha actuat com a esperó perquè les administracions locals es posicionin i assumeixin responsabilitats en un assumpte que desborda el seu marc competencial. Els blocs d'habitatges ocupats en el marc de la campanya de reallotjaments de l'Obra Social de la PAH compleixen una funció redistributiva que les administracions haurien d'estar assumint ara més que mai. En absència d'actuació institucional, l'alternativa a les ocupacions col.lectives promogudes per la PAH és la de l'ocupació individual, moguda únicament i exclusiva per la desesperació personal, amb possibles efectes negatius sobre la convivència veïnal. A la PAH li hem d'agrair també la seva important tasca d'articulació de xarxes de solidaritat i de reciprocitat entre diferents col.lectius, amb independència del seu origen. Si en els barris més vulnerables de les nostres ciutats, amb una forta concentració de població immigrada d'origen extracomunitari, no ha esclatat el conflicte interètnic malgrat el context actual de forta escassetat, és probablement per la funció comunitària exercida per organitzacions com la PAH.

A ningú pot sorprendre que la confiança de la ciutadania en l'aparell de l'Estat estigui sota mínims. Una confiança que és inversament proporcional a la que mostra per organitzacions no governamentals, amb la PAH al capdavant (més d'un 70% de suport, segons una enquesta recent de Metroscopia per a El País sobre l'11% que donava suport a la tasca del govern). En aquests moments la PAH, amb vincles clars amb el 15M, és segurament la millor evidència que no és la democràcia el que està en crisi, sinó les institucions que la representen. Com afirma Joan Subirats (http://bit.ly/14ZJm7E) la trajectòria de la PAH atén a un cert paradigma de creació d'espais de nova democràcia, una nova aura col.lectiva. Amb les seves formes d'organització, de presa de decisions, de gestió del conflicte, la PAH està contribuint a generar, com reflexionava Guillem Martínez fa uns dies (http://bit.ly/ZJcEXm), un nou procés constituent marcat per la lluita per una major justícia social, política i jurídica davant d'un règim que s'enfonsa. I si no existís la PAH? Si no existís la PAH, caldria inventar-la.

Tres millones y medio de empleos perdidos desde el inicio de la crisis. Dos millones de hogares sin fuente de ingresos alguna. Un crecimiento del casi 30% en la diferencia entre las rentas altas y las bajas. Un aumento sin precedentes en los índices de pobreza y exclusión social, con una especial incidencia sobre los jóvenes, las mujeres y las personas de origen inmigrante. Para muchos, la consecuencia más dramática de la pérdida de empleo ha sido y está siendo el desalojo de su vivienda por impagos en la hipoteca. Un estudio del Colegio de Registradores recientemente publicado demuestra que, sólo en 2012, se produjeron en España más de 30.000 desahucios en primeras viviendas. 115 expropiaciones diarias. Una cada 15 minutos.

No viene al caso explicar aquí el origen del problema, sobre el que existe por otra parte un cierto consenso: una ley hipotecaria antigua, unos contratos abusivos, una indefensión absoluta por parte de los afectados. Como ejemplo paradigmático de política ‘top down’, el gobierno español necesitó que el Tribunal de Justicia Europeo sentenciara que los procedimientos de desahucio por impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores para afirmar que es necesario cambiar la ley.

El proceso que conduce al cambio legislativo en esta materia, sin embargo, no puede entenderse sin el papel jugado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Con su acción reivindicativa, la PAH ha logrado ubicar la problemática de la vivienda (y más particularmente, la de los desahucios) en el centro de la agenda política del país. La ILP promovida por la PAH y otras organizaciones, en favor de la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social, ha recogido cerca de un millón y medio de firmas y ha logrado un evidente apoyo social. El debate político y mediático giran hoy alrededor de las medidas propuestas por esta organización. Todo un logro en un campo de política pública históricamente capturado por los intereses del eje financiero-inmobiliario.

Pero más allá de la ‘pelea’ por el cambio de una norma a todas luces injusta, lo que resulta realmente innovador en cuanto a dinámicas sociales y políticas en un momento de emergencia social como el que vivimos, es la función que está jugando la PAH en la mediación del conflicto y en la puesta en marcha de soluciones que den respuesta a la desesperación que viven miles de ciudadanos. Los recortes que venimos sufriendo desde el 2010 bajo el eufemismo de la racionalización del gasto no se han visto compensados por ni una sola medida dirigida a amortiguar las consecuencias de la crisis. Así las cosas, las políticas sociales parecen evaporarse justo cuando más las necesitamos. Sirva de ejemplo el recorte en más de un 50% del fondo para apoyar la recepción y la integración social de los inmigrantes en un momento en el que casi la mitad de este colectivo se ha quedado sin trabajo.

Mientras las políticas sociales retroceden, movimientos como la PAH avanzan con fuerza no sólo por su labor de denuncia de las injusticias y de reivindicación de nuevas políticas, sino también por el despliegue de una importante función social que, a pesar de sus limitaciones, trata de contrarrestar los efectos de la parálisis institucional. La acción de la PAH ha actuado como acicate para que las administraciones locales se posicionen y asuman responsabilidades en un asunto que desborda su marco competencial. Los bloques de viviendas ocupados en el marco de la campaña de realojos de la Obra Social de la PAH cumplen una función redistributiva que las administraciones deberían estar asumiendo ahora más que nunca. En ausencia de actuación institucional, la alternativa a las ocupaciones colectivas promovidas por la PAH es la de la ocupación individual, movida única y exclusivamente por la desesperación personal, con posibles efectos negativos sobre la convivencia vecinal. A la PAH debemos agradecerle también su importante labor de articulación de redes de solidaridad y de reciprocidad entre distintos colectivos con independencia de su origen. Si en los barrios más vulnerables de nuestras ciudades, con una fuerte concentración de población inmigrada de origen extracomunitario, no ha estallado el conflicto interétnico a pesar del contexto actual de fuerte escasez, es probablemente por la función comunitaria desempeñada por organizaciones como lo PAH.

A nadie puede sorprender que la confianza de la ciudadanía en el aparato del estado esté bajo mínimos. Una confianza que es inversamente proporcional a la que muestra por organizaciones no gubernamentales, con la PAH a la cabeza (más de un 70% de apoyo según una encuesta reciente de Metroscopia para El País frente al 11% que apoyaba la labor del gobierno). En estos momentos, la PAH, con vínculos evidentes con el 15M, es seguramente la mejor evidencia de que no es la democracia lo que está en crisis, sino las instituciones que la representan. Como afirma Joan Subirats (http://bit.ly/14ZJm7E) la trayectoria de la PAH atiende a un cierto paradigma de creación de espacios de nueva democracia, una nueva aura colectiva. Con sus formas de organización, de toma de decisiones, de gestión del conflicto, la PAH está contribuyendo a generar, como reflexionaba Guillem Martínez hace unos días (http://bit.ly/ZJcEXm ), un nuevo proceso constituyente marcado por la lucha por una mayor justicia social, política y jurídica frente a un Régimen que se hunde. ¿Y si no existiera la PAH? Si no existiera la PAH, habría que inventarla.