Hoy podemos sumar a las críticas por la mala calidad de la ley sobre el papel (estaría en el puesto 64 de las 100 leyes de acceso a la información vigentes en el mundo), el tortuoso proceso que hay que pasar para conseguir solicitar información en la práctica.

El pasado 10 de diciembre entraba parcialmente en vigor (solo a nivel estatal) la ley de transparencia en España y, tras un año de silencio, el Gobierno desvelaba el formato que había elegido para abrir la información de la Administración General de Estado: el Portal de la Transparencia. En este espacio, dicen, se podrá consultar la información que piensan publicar proactivamente y solicitar información a las instituciones públicas.

Durante la última semana, la prensa ha analizado el contenido de la información que se ha publicado prestando sobre todo atención a los sueldos de los cargos públicos; y ha hecho en general un balance negativo sobre la información disponible (aquí dos buenos análisis Difícil de masticar para el ciudadano o Mucho ruido y pocos datos).

Pero lamentablemente pocos han reparado en las graves consecuencias que tiene el hecho de que el sistema para solicitar información sea muy complejo. Normalmente la información más sensible, aquella que oculta una mala gestión por ejemplo, no está disponible proactivamente, hay que solicitarla.

Tener cierta información publicada de manera proactiva (presupuestos, sueldos, bienes inmuebles propiedad de la administración…) es positivo y eficiente, pero el derecho a solicitar información y un sistema de garantías para que se respete dicho derecho es lo único que permite que los sistemas de transparencia no sean arbitrarios y que la rendición de cuentas que se exige a las instituciones públicas sea completa y exhaustiva (en este artículo se pueden encontrar ejemplos de solicitudes que han conseguido destapar casos de corrupción en algunos países).

En este sentido podemos afirmar que lamentablemente en España:

1. El presidente del organismo que garantiza el respeto al derecho de acceso a la información, el Consejo de la Transparencia, lo propone el Ministerio de Hacienda. Es decir, un organismo no independiente que acaba siendo juez y parte a la hora de decidir qué información puede denegar la administración.

2. No se permite que todo el mundo pueda solicitar información.

El Gobierno central ha decidido limitar este derecho a aquellas personas que tengan un DNIe y el correspondiente lector (aproximadamente un 4% de la población española según el INE), o un certificado digital (según CERES a fecha del 17/12/2014 hay 3,976,422 certificados activos), o que se den de alta en el sistema Cl@ve para lo cual entre otras cosas hace falta dar un número de cuenta bancaria y esperar a que te llegue una carta postal con una clave.

La mayoría de los extranjeros, a excepción de algunos países, directamente no tienen la opción de registrarse para solicitar información.

A esto hay que añadir la obligación de presentar un DNI para enviar una solicitud, práctica que el Consejo General del Poder Judicial considera innecesaria por tratarse de un derecho fundamental (razón por la cual este organismo no va a solicitarlo). La información en manos de las instituciones públicas debería ser pública sin matices, la identidad del solicitante resulta irrelevante para su publicación de ahí que no deba ser necesario entregar un DNI.

Todas estas trabas en la práctica hacen que en España solo algunos tengan la posibilidad de ejercer el derecho de acceso a  la información –aunque la ley de transparencia reconozca que es un derecho de todas las personas–. Por esta razón ayer la organización Access Info Europe planteó una queja ante la Defensora del Pueblo denunciando esta situación, aquí se puede leer el texto de la queja.

En prácticamente todos los países del mundo es suficiente con mandar un email para recibir la información y los estándares internacionales aconsejan a los Gobiernos permitir las solicitudes anónimas. El tortuoso proceso que ha puesto en marcha el Gobierno es simplemente una estrategia para seguir siendo opacos mientras reivindican la máxima transparencia.

"La Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid y el registro de

lobbies

ponen definitivamente a Madrid en el mapa de la transparencia ocupando un lugar predominante", afirma la autora

El 58% de los ciudadanos europeos creen que el gobierno de su país está en gran parte o totalmente controlado por unos pocos actores con grandes intereses (Transparency International, Barómetro Global 2013). Esta percepción se ve para muchos corroborada con noticias que señalan que “casi 30.000 lobbistas presionan en Bruselas para influir en la legislación comunitaria”, en las que vemos cómo documentos redactados por entidades privadas acaban plasmados íntegramente en textos normativos que debieran perseguir el interés general.

El problema, sin embargo, no reside en que desde el mundo de lo privado se quiera influenciar en las políticas públicas. Esto es normal y conveniente puesto que las instituciones públicas deben estar abiertas –para conseguir tener una perspectiva general– a recibir distintos puntos de vista sobre cualquier cuestión. Ahora bien, dado que el objetivo de cada decisión que se toma desde lo público debe ser siempre perseguir el interés general, las instituciones deben ser transparentes en los procesos de toma de decisiones –para que este interés general pueda ser comprobado y verificado–.

La ciudad de Madrid votará este miércoles la creación de un registro de lobbies obligatorio. En este registro deberán estar inscritas aquellas entidades que quieran hacer valer sus intereses ante el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que declarar quiénes son o a quién representan –en los casos en los que se trate de una persona que represente los intereses de un tercero–. Esta medida, acompañada por la ya vigente obligación de publicar las agendas de los concejales asegurará la transparencia de la toma de decisiones en Madrid y arrojará por lo tanto luz sobre un ámbito que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dejaba sin cubrir.

A pesar de las muchas recomendaciones de sociedad civil e instituciones internacionales (como la OCDE o el Consejo de Europa), todavía son pocos los países que han planteado una regulación del lobby adecuada. Según Transparencia Internacional, Europa –en este asunto– está más atrasada que Canadá o Estados Unidos, ya que solo siete países tienen leyes o normas específicamente diseñadas para regular las actividades de lobby (Austria, Eslovenia, Irlanda, Francia, Lituania, Polonia y Reino Unido). Esta organización también sugiere que las leyes y regulaciones que existen en Europa, así como su implementación, son –en mayor o menor medida– imperfectas o no aptas para cumplir su propósito.

Madrid se pone a la vanguardia en materia de transparencia y apuesta por un sistema que cumpla con las recomendaciones de los estándares internacionales: la creación de un registro obligatorio que afecte a todas las entidades (empresas, ONGs, asociaciones...) que quieren ejercer una influencia sobre un asunto público.

El Registro del Lobby del Ayuntamiento de Madrid implicará ventajas para las entidades que se inscriban, ya que será un mecanismo para mejorar las relaciones y la comunicación del Ayuntamiento con éstas. Se crearán listados temáticos a través de los cuales se enviará información sobre procesos de participación abiertos o por abrir (plazos de alegaciones, consultas públicas, eventos…), para que todo el que esté interesado pueda conocerlos y participar en los mismos.

Además, a través del propio registro, las entidades inscritas podrán convenir fácilmente reuniones con el Ayuntamiento de Madrid. Al igual que con el resto de medidas a favor de la transparencia, el conjunto de grupos políticos que forman la corporación municipal han mostrado un gran apoyo aportando mejoras sustanciales al Proyecto de Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Esto es, sin duda, una gran noticia para afrontar los desafíos que puedan acompañar a su implementación.

Como señalaba Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”, con ese espíritu la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid y el registro de lobbies ponen definitivamente a Madrid en el mapa de la transparencia ocupando un lugar predominante.

** Victoria Anderica es directora del Proyecto de Transparencia del área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid.

El Real Decreto nos aporta más detalles sobre el nuevo organismo pero también deja dudas y omite elementos importantes para el buen funcionamiento del mismo.

Hoy se ha publicado Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta norma desarrolla la naturaleza, el mandato, las funciones, los recursos y el presupuesto de este nuevo organismo cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en la norma, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El Real Decreto nos aporta más detalles sobre el nuevo organismo pero también deja dudas y omite elementos importantes para el buen funcionamiento del mismo. Pasamos a destacar en primer lugar algunos de los aciertos que recoge esta norma para después señalar algunos elementos negativos.

Entre los detalles positivos que aporta esta norma encontramos:

1. Que se dota al Consejo de la transparencia de autonomía presupuestaria para asegurar una mayor independencia a la hora de repartir y gestionar sus recursos. Según el BOE nuestro de cada día, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 cuentan con un presupuesto de casi 1,9 millones destinado a “evaluación de la transparencia de la actividad

pública“.

2. Que se redactará un informe anual que informará al Congreso de los Diputados sobre el cumplimiento de la ley de transparencia. Esta práctica es muy importante para monitorizar los avances en la implementación del derecho de acceso a la información.

Entre las cuestiones que harán más débiles a este organismo encontramos:

1. Un ámbito de aplicación limitado: Aunque esto no es nuevo, es importante destacar que el Consejo de la Transparencia solo conocerá los casos que afecten a la Administración General del Estado. Cada Comunidad Autónoma podrá crear su sistema de recurso y cada organismo constitucional deberá crear el suyo propio. Esto puede provocar una situación de desconcierto para el ciudadano y diferencias en la interpretación de la ley de transparencia.

2. Llega tarde: Según la propia Ley de Transparencia este Real Decreto debería haberse aprobado en marzo, el Gobierno defendió ante las preguntas de Europa Press que se trataba de un retraso deliberado, obviando que, al igual que lo hizo en otros países, este organismo podría haber tenido un rol muy relevante en la preparación para la entrada en vigor y para la

implementación de la Ley de Transparencia.

3. Falta de independencia del Presidente del Consejo: A pesar de establecer en el articulado que el Consejo actuará de manera independiente, no se establecen los requisitos necesarios para que así sea. Un requisito esencial es que se impida a aquellos que tienen fuertes vinculaciones políticas ser presidente; son muchas las instituciones públicas españolas cuyos

dirigentes están altamente politizados.

4. El proceso de nombramiento del presidente no es ni abierto ni participativo: El presidente será propuesto por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el candidato propuesto deberá comparecer ante la comisión competente del Congreso de los Diputados que, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar la propuesta de nombramiento. Se podría haber optado por un sistema más participativo que permitiera elegir entre varios candidatos e incluir a la sociedad civil en el proceso de selección.

5. Dudas sobre los recursos que se destinarán para conocer las reclamaciones: La ley no menciona en ningún momento que se dotará al Consejo de los recursos humanos necesarios para conocer las reclamaciones que se planteen. Esto es muy importante porque la Ley de Transparencia reconoce un doble silencio administrativo negativo con lo que de no tener recursos suficientes, muchas denegaciones de información pueden acabar sin una debida motivación de por qué no se publica la información.

6. El Consejo de la Transparencia no puede revisar la información que se deniega ni obligar a desclasificar información. En España el Consejo no podrá revisar los documentos que se denieguen para comprobar si deben ser publicados o denegados. ampoco puede decidir sobre la desclasificación de información, un gran problema en España donde es el Consejo de Ministros el único organismo con potestad para hacerlo. Access Info Europe planteó hace unos meses una serie de recomendaciones que no se han incorporado en la presente normativa pero sigue haciendo un llamamiento para que al menos en la práctica se abra el proceso de nombramiento del presidente del Consejo a la participación de la sociedad civil.

Access Info Europe planteó hace unos meses una serie de recomendaciones que no se han incorporado en la presente normativa pero sigue haciendo un llamamiento para que al menos en la práctica se abra el proceso de nombramiento del presidente del Consejo a la participación de la sociedad civil.

El jueves 17 de octubre de 2013 fue un día importante para la transparencia de la Unión Europea, la organización Access Info Europe ganaba un litigio contra el Consejo de la UE para exigir más transparencia en el proceso de elaboración normativa. El Tribunal Europeo de Justicia rechazaba los argumentos formulados por el Consejo de la UE, y respaldados entre otros países por el Gobierno de España, que buscaban mantener en secreto la identidad de los Estados Miembro a la hora de proponer enmiendas legislativas durante los debates en el Consejo.

En este tipo de litigios los países miembro de la UE pueden unirse a cualquiera de las partes litigantes para defender una u otra postura. En este caso, España se alineaba con el Consejo de UE en contra de la transparencia argumentando que la organización Access Info Europe no tenía un interés legítimo para pedir la información y que era mejor que no se supiese qué país era el autor de cada propuesta para evitar posibles “presiones” por parte de la sociedad civil. También aseguraba que los ciudadanos ya tenían suficiente información sólo con conocer el contenido de las propuestas, pero no el autor. Todos éstos son argumentos que reflejan un concepto de transparencia arcaico que no está en línea con los estándares internacionales más avanzados.

Pero es que España además de haberse posicionado en contra de la transparencia en este tema, está lejos de ser un ejemplo en cuanto a la apertura de sus procesos legislativos. Empezando por el Gobierno, de donde provienen el 97% de las leyes que se aprueban (en 2013), y donde las reuniones, informes y planes están fuera del alcance público; y continuando por el Congreso, donde -como veremos a continuación- el proceso de debate parlamentario está plagado de sombras que hacen que seguirlo con detenimiento resulte complicado.

La citada sentencia tiene mucha relevancia a nivel de la UE por mejorar la transparencia de la propia institución pero también se antoja fundamental a nivel nacional ya que a partir de ahora será más fácil saber qué es lo que pasa en Bruselas, siendo más sencillo para los parlamentos nacionales y para la sociedad civil el escrutinio de los procesos legislativos de la UE, al saber qué posición adopta cada país durante las negociaciones.

Dejando fuera el Gobierno que simplemente no tiene obligación ninguna de abrir sus procesos de decisión sobre planes legislativos, repasamos las sombras que hacen de nuestro Parlamento un lugar poco transparente.

Reuniones a puerta cerrada

Reuniones a puerta cerradaEn el Congreso de los Diputados se celebran diversas sesiones a puerta cerrada de las que no quedan vídeos ni reflejo en el diario de sesiones. Es el caso de las reuniones de la Mesa del Congreso, que suelen celebrarse a principios de semana para, entre otros, decidir qué temas de los propuestos por los grupos parlamentarios tramitará la Cámara. No es posible enterarse inmediatamente de qué iniciativas ha aceptado a trámite ni de los argumentos que han esgrimido para defenderlas o rechazarlas.

En el caso de la reunión de la Junta de Portavoces parlamentarios, que establece el orden del día de los plenos, podemos acceder a sus decisiones a través de las ruedas de prensa posteriores que ofrecen los grupos (que a veces se publican en Internet), pero podemos obtener una información sesgada, si cada portavoz da una explicación bajo su punto de vista y los intereses de su grupo.

Tampoco se puede acceder a los contenidos de las reuniones y comparecencias de algunas subcomisiones parlamentarias. No queda muy clara la razón para no publicar los documentos que va generando el trabajo de la subcomisión.

Fuentes del Congreso han indicado que los informes se publican “cuando concluyen sus trabajos, no antes”, una norma que no aparece en la resolución que regula el funcionamiento de estos órganos. En este sentido hemos formulado una pregunta para saber la razón de la no publicación de documentos a través de tuderechoasaber.es.

Las votaciones en Comisión no se publican

En el Pleno los votos se ofrecen desde junio de 2012 en formato XML y en PDF, detallados por diputado y grupo parlamentario. Los votos en Comisión se ofrecen sólo en número (de síes, noes y abstenciones).

Según han comentado fuentes del Congreso no hay un sistema electrónico de recuento de votos en las salas de las Comisiones y es poco probable que se vaya a instalar por su elevado coste. Tal vez el personal de la Cámara podría encargarse de documentar de forma más completa esas votaciones.

Introducción de enmiendas a través del informe de la ponencia

Introducción de enmiendas a través del informe de la ponenciaOtra parte del proceso legislativo que no es pública al cien por cien es la de introducción de ciertas enmiendas en un proyecto de Ley durante la fase de ponencia.

Los ponentes son los parlamentarios encargados de estudiar el proyecto de ley y de presentar un informe en el que reflejan las modificaciones que se pueden hacer para mejorarlo y las enmiendas de los distintos grupos, entre otros.

Como se puede observar en el informe de la ponencia de la Ley de emprendedores, ya aprobada, se introducen enmiendas “por mayoría”, pero no especifica qué diputados han apoyado la decisión.

En la Unión Europea la información en manos del Parlamento de la UE relacionada con el proceso legislativo es totalmente abierta, ya que se puede acceder a “todo contenido”, en cualquier soporte, si está relacionado con las políticas, acciones y decisiones de la UE. Además, en el Parlamento Europeo cada norma tiene una sección online en la que se puede consultar toda la información relativa a cada norma.

En España las sombras que encontramos en el proceso de elaboración de leyes permiten a los distintos partidos no mostrar siempre de forma clara su posicionamiento en los distintos temas. Además, la falta de transparencia sobre la documentación (informes, consultas, etc.) que acompaña a las leyes impide saber de dónde vienen los cambios que se introducen a las mismas; este último punto nos obliga a destacar también la falta de transparencia de las actividades de Lobby en España, mientras que en la UE sí está regulado.

La lista de excepciones en la información del Congreso refleja claramente un problema de opacidad en el proceso legislativo de España, un problema que se antoja desmesurado si uno lo compara con el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea donde cada paso que se da, y hoy gracias a la sentencia mencionada aún más, es totalmente transparente.

Muchos, en lugar de empezar a ser transparentes porque debería ser algo intrínseco a la actividad pública, emplazan a la ciudadanía a la aprobación de la futura ley de transparencia para comprobar cuán transparente es nuestro país. Ni siquiera esta expectativa descafeinada nos vale para el Congreso ya que toda la información que hemos citado no será accesible con la futura norma al no estar sujeta a derecho administrativo. Tampoco será esta futura norma la que abra el Gobierno ya que si bien con la nueva ley de transparencia tendrá que publicar los anteproyectos de ley, no tendrá más obligación de apertura que ésta.

Este es solo uno de los grandes problemas que de momento no solucionará la futura ley de transparencia por ser una ley muy poco ambiciosa. Sigamos pidiendo a nuestros legisladores (que aún están a tiempo, la ley está siendo debatida en el Senado), que mejoren esta norma para al menos igualar estándares que como los de la UE sí definen el concepto de transparencia que queremos alcanzar.

Han pasado nueve años desde que se prometió por primera vez en España la aprobación de una ley de transparencia, lo hacía el Partido Socialista Obrero Español en el programa electoral que presentó para las elecciones generales de 2004. Desde entonces se debate este tema y desde entonces los diferentes partidos en el gobierno han prometido acabar con la opacidad y promover la transparencia. Parecen no encontrar la fórmula.

También desde entonces la sociedad civil organizada a través de la Coalición Pro Acceso ha pedido a los diferentes gobiernos que se basaran en la experiencia de otros países y en los estándares internacionales para aprobar una ley que estuviera a la altura. Hoy lo tienen más fácil que nunca, existen 95 leyes de acceso a la información en el mundo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, ya se han pronunciado sobre esta materia. Vista la situación tampoco han encontrado la manera.

Este jueves 12 de septiembre, el Congreso votará en pleno las enmiendas que han sido aceptadas en la Comisión Constitucional, después el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno será remitido al Senado. Durante el proceso parlamentario el Grupo Parlamentario Popular ha tumbado aquellas enmiendas que pretendían acercar la ley de transparencia a las demandas sociales y solo han pasado el corte aquellas afines con su propuesta. Esa ha sido una tendencia que ha marcado todo el proceso de adopción de esta ley.

Desde que el gobierno del Partido Popular presentó su anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno el 26 de marzo de 2012, el texto ha sido sometido a una consulta pública, a los comentarios por parte de una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a los comentarios de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Estado y a un debate parlamentario que ha incluido las comparecencias de muchos expertos; sin embargo el texto ha conseguido salir prácticamente intacto de todos estos procesos, añadiendo cambios que muchos expertos han considerados cosméticos y no relevantes para reforzar el derecho de acceso a la información.

La ley sigue planteando los mismos problemas desde el comienzo: no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye muchos tipos de información (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas), establece un doble silencio administrativo negativo (la administración puede no contestar y la solicitud se entenderá desestimada y el organismo de revisión puede hacer lo mismo) y el Consejo de la Transparencia no es independiente (además, con las últimas enmiendas este organismo de revisión estará completamente politizado).

Los cambios introducidos –ya lo decía la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al presentar los resultados de la consulta pública– “son aquellos que respondían a la filosofía de la ley”, pero es precisamente es esa filosofía la que debe cambiar para garantizar un derecho de acceso a la información acorde a los estándares internacionales. De las últimas enmiendas aprobadas sí cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España entre las entidades afectadas por la ley.

Según el análisis de Global Right to Information Rating (proyecto que analiza todas las leyes de acceso a la información del mundo en base a unos indicadores consensuados por expertos internacionales) de ser aprobada como está la futura ley de transparencia obtendría una puntuación de 68 sobre 150, quedando en la posición 72 de 96 países con leyes de acceso a la información de todo el mundo. Visto los resultados, no parece ser la ley vanguardista que prometía el Gobierno.

Las excusas para no cambiar el texto se repiten: “Habría que reformar la Constitución”, “un Estado es algo muy delicado”, “va en contra de nuestro ordenamiento jurídico”… Expertos y juristas españoles refutan estas interpretaciones y achacan las carencias de esta ley a una falta de voluntad política por acabar con la opacidad.

En estos años la sociedad civil española no sólo ha mantenido su postura sino que la ha reforzado por el desarrollo de los estándares internacionales de transparencia y por el apoyo, implicación y toma de conciencia del conjunto de la sociedad española. Solo nos falta que los poderes públicos estén a la altura.

El rol de la sociedad civil es el de hacer presión para conseguir subir el listón en la defensa de los derechos de las personas, defender los estándares más avanzados en distintas materias e intentar que estos se alcancen. Este rol no es siempre comprendido en España, hace unos meses el Tribunal Supremo decía que el rol de la sociedad civil no es el de controlar al Gobierno, que este papel corresponde únicamente al Congreso de los Diputados y condenaba a Access Info Europe a pagar 3000 euros en costas al no reconocer su derecho de acceso a la información sobre medidas anticorrupción en España.

La sociedad civil española representada por la Coalición Pro Acceso, una plataforma formada por 65 organizaciones, defiende desde 2006 los principios que consideran deberían definir la futura ley de transparencia, estos principios están íntegramente basados en los estándares internacionales más progresistas y de momento, a pesar de las mejoras anunciadas hoy en el Pleno del Congreso, el texto de la ley no cumple con estos principios.

Entre los cambios que se han confirmado hoy en la cámara de los diputados hay que destacar positivamente la inclusión de la Casa Real, partidos políticos, sindicatos, patronal, empresas que tengan una inversión de dinero público relevante, y el anuncio de la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano que supuestamente será totalmente independiente y que no estará integrado en ningún ministerio.

Todos estos son cambios que a priori acercan al Gobierno a las posiciones del resto de partidos y que integran algunas de las propuestas que defiende la propia sociedad civil; pero no todas. Además de momento no se conocen los detalles de estos avances. Por eso debemos seguir insistiendo, el proceso no ha acabado.

Lo primero que debemos conseguir es que se publique el texto con los detalles de los nuevos cambios para entender el alcance de los mismos y leer bien la letra pequeña para no llevarnos sorpresas. En concreto es muy importante saber cómo funcionará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cómo definirán su independencia y cuál será su mandato y sus potestades.

También es nuestra obligación señalar que hay dos puntos muy importantes en los debemos insistir:

1.- El Gobierno ha reiterado que el derecho de acceso a la información no es un derecho fundamental pese a que los tribunales internacionales a los que está sometida España han sentenciado que sí. No es una mera cuestión formal, los derechos fundamentales prevalecen ante otros derechos y tienen mayores garantías procesales.

2.- En el debate no se ha tratado la enorme exclusión de información que conllevaría el artículo 15 de ser aprobado en su redacción actual. Excluye “la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”, es decir que deja fuera el proceso de toma de decisiones y además altera la definición de información. Este hecho nos impediría firmar el convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, uno de los objetivos de esta ley.

La sociedad civil tiene como misión hacer de contrapeso frente a los poderes públicos, son expertos con los que hay que contar para tomar decisiones y a los que hay que consultar a la hora de aprobar textos legislativos ya que representan mecanismos de control alternativos al sistema tradicional; ese es precisamente su valor añadido. La sociedad normalmente va un paso por delante del derecho y tiene la responsabilidad y la labor de alzar la voz para que nuestros derechos sean reconocidos y respetados.

Con la ley de transparencia todavía hay mucho por hacer, primero queremos verla aprobada (con el mayor número de mejoras posible) y en vigor; después debemos seguir y monitorizar su implementación para asegurar que en la práctica también se respeta nuestro derecho. Y, en cualquier caso, siempre debemos intentar mejorarla.

Gregorio Peces Barba, jurista de prestigio y uno de los ponentes del proceso de creación de la constitución decía hace un año en unas declaraciones a El País que “no tiene ningún sentido ni hay razones jurídicas para excluir a la Casa del Rey de la Ley de Transparencia”. Sin embargo, Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, defendía que la Casa del Rey “se sitúa por encima” de otras instituciones y de los ciudadanos.

Es cierto que la figura del Rey tiene algunas peculiaridades y que ciertos documentos no deben ser publicados por su contenido confidencial, pero eso no es un problema para una ley de transparencia que incluye excepciones para tal efecto. De hecho, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos prevé un límite excepcional para aquellos países que consideren necesario lindar el acceso a ciertas comunicaciones entre instituciones públicas y la jefatura de estado (excepción aplicable siempre tras realizar una prueba de interés público).

En otros países europeos que cuentan con monarquías parlamentarias se han buscado soluciones para adaptar el funcionamiento de sus monarquías a las dinámicas propias de un estado democrático moderno. Las casas reales y los monarcas de las naciones de nuestro entorno son, de facto, mucho más transparentes que la Casa Real Española, respondiendo incluso a solicitudes de información como es el caso dela Casa Real Sueca (podéis consultarlo en el informe anual de la Casa Real Sueca).

En estos países se puede solicitar información sobre la monarquía a cualquier institución pública y las propias casas reales cuentan en sus páginas webs con información muy detallada sobre su patrimonio, su presupuesto y su gasto, su agenda y otros detalles sobre su funcionamiento. Cualquiera puede comparar el apartado de transparencia de la página web de la monarquía británica (que publica incluso lo que se gasta en bebidas espirituosas) con el de la española.

En cualquier caso, como decíamos, esta es una buena noticia y ojalá tenga un efecto contagio sobre otras instituciones que a día de hoy están total o parcialmente excluidas de la ley (poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, sindicatos, patronal, Congreso de los Diputados…). Esta decisión se toma en un momento en el que la Familia Real se encuentra inmersa de una creciente desconfianza y desapego por parte de la sociedad. En este contexto han decidido que la transparencia es el primer paso para recuperar esa confianza, otra lección que todas las instituciones deben aprender y aplicar.

Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para analizar los detalles y comprobar que este gesto no es solo estético. Pero sobre todo hay que recordar que el hecho de que la Casa Real no estuviera incluida en la ley era el menor de los problemas de la futura ley de transparencia.

Desde la sociedad civil hace mucho tiempo que se piden cambios importantes para que esta ley no quede obsoleta nada más nacer. Entre las mejoras que siguen pendientes para conseguir una ley en línea con los estándares internacionales encontramos: el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, un mayor alcance en su aplicación (elartículo 2 excluye muchas más instituciones y el artículo 15 muchos tipos de información como notas, borradores, informes internos…) y un organismo de revisión independiente.

Ahora que la ley de transparencia afronta su tramitación en el Congreso es necesario estar atentos a su evolución y, sobre todo, seguir insistiendo para que nuestros parlamentarios integren los cambios que la sociedad civil y los expertos nacionales e internacionales llevan proponiendo desde que se conoció el texto.