Imagina que en Madrid tienes una plaza asegurada en la FP, en la escuela infantil o en el colegio más cercano a tu domicilio y accedes a una educación que cuenta con buenas ratios y con recursos suficientes para atender de manera más personalizada a todo el alumnado. Una educación que permite relajarte cuando te preguntes cuál es la mejor escuela para tu hijo, porque tienes la certeza de que la respuesta es la que tengo más cerca de casa, a la que se va andando o en bicicleta y está rodeada de zonas verdes libres de coches y ruido. Imagina una sanidad en la que puedes elegir acudir al fisioterapeuta, a la nutricionista, el dentista o la óptica para obtener un tratamiento personalizado. Imagina un centro de salud donde las citas con tu médico o con tu pediatra no superan los dos días y el profesional que te atiende está relajado y puede dedicarte, por lo menos, 10 minutos de atención plena.

Imagina que cuando tus padres se hacen mayores y, por el motivo que sea, es necesario que entren en una residencia, pero no tienes que pagar una media de 1.800 euros mensuales y verte obligado a vender su casa, si la tienen, para poder sufragar los costes de la residencia. Imagina que tienes a tu disposición una red de residencias públicas con medios, profesionales y recursos que garanticen el mejor cuidado a tus mayores. Imagina que, como Ossorio, no ves pobres, pero en tu caso no los ves porque no los hay. 

Imagina que puedes emanciparte de casa de tus padres varios años antes y sin tener que hacer un enorme esfuerzo para costear un piso porque resulta más fácil y asequible el acceso a la vivienda. Imagina que alquilar no sea sinónimo de tirar el dinero porque existe la posibilidad de asociar alquilar a tener seguridad y garantías, ya que el municipio y la comunidad son los mayores caseros de toda la región. Imagina que pagas menos por la factura de la luz porque se crearon miles de empleos para que las viviendas sean más eficientes, imagina que respiras mejor, te sientes mejor, tienes más tiempo, se come mejor y te enfermas menos porque se crearon miles de empleos para crear una red de transporte público con carriles bici adaptados y protegidos que permiten la movilidad de toda la familia.

Todo esto y muchos más nos lo presentan como algo impensable, pero, al mismo tiempo, es perfectamente factible además de necesario, de hecho, en parte ya funciona y es algo normalizado en varios países de nuestro entorno. Cuando acudimos a una farmacia y el precio de un medicamento con receta nos cuesta mucho menos que comprarlo sin receta, ocurre porque entendemos que mutualizar los riesgos nos hace más libres y nos ofrece más garantías a todos. Si en lugar de pagar 2,5 euros por un inhalador de Ventolín para el asma, se pagase lo que cuesta en el mercado (en Estados Unidos puede costar hasta 75 euros), muchas personas que lo toman varias veces a la semana estarían arruinadas. Salvo los más ricos, nadie puede permitirse quedarse solo a su suerte, porque ninguno podría comprarse un quirófano y contratar a un médico para sí solo, ni siquiera podría hacerlo el hermano de Ayuso con la mordida de casi 300.000 euros. 

Se nos dice que esto es algo inasumible por su elevado coste, pero lo que realmente sale caro en términos sociales, productivos y económicos es la enorme desigualdad y el desperdicio de innovación provocado por la precariedad. Asegurar que toda la población vive bien también se convierte en la mejor premisa económica para crear riqueza: vivir mejor desincentiva la precariedad e incentiva el desplazamiento a sectores económicos que generan más riqueza. Pero el ahorro y el aumento de renta disponible no solo se da en los hogares, ya que las inversiones en vivir mejor tienen un retorno mayor de lo invertido en las arcas públicas. Garantizar una mayor tranquilidad y calidad de vida a toda la población impacta positivamente en la economía porque se adoptan mejores hábitos alimenticios, se respira menos humo, se hace más deporte, se reduce el estrés, la ansiedad y se tiene mejor salud. Todo esto ahorra dinero, impulsa la transición verde de la economía y mejora la productividad liberando tiempo: vivir mejor no es solo más justo, también es más eficaz. 

¿Por qué en la Comunidad Autónoma donde gobierna un partido que proclama todo el rato que “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente” no logra que el dinero acabe en el bolsillo de la gente? Básicamente, esto ocurre porque en la Comunidad de Madrid los pocos euros que las rentas medias (y los poquísimos que las rentas bajas) se ahorran en impuestos, no se quedan en sus bolsillos, sino que van directamente a pagar un seguro sanitario privado, una cuota ilegal de un colegio concertado, la escuela infantil o la residencia privada de su familiar dependiente. Cuando lo público se vuelve atractivo es cuando realmente se ejerce la libertad de elección, lo contrario, lo que ahora sucede, es deteriorarlo para empujar a lo privado a quien se lo pueda pagar.

Principalmente existen dos modelos. Uno reduce impuestos, recorta derechos y deteriora los servicios públicos y el otro aplica una fiscalidad progresiva, garantiza derechos y buenos servicios públicos aumentando la renta disponible porque sale más barato mutualizar el coste. En cambio, en el primer modelo se acaba pagando más del bolsillo mientras que en el segundo se vive tranquilo porque ya está pagado. Bajar impuestos y hundir los servicios públicos destroza la libertad de elección y sube el gasto que sale del bolsillo de la ciudadanía: reduce la renta disponible de las familias porque aumenta el pago por la sanidad, la educación, la escuela infantil, la residencia, la vivienda, o los medicamentos. Se acaba pagando más porque el coste de los servicios privados es mayor que lo que supuestamente se ahorra bajando impuestos y al revés, se acaba teniendo más dinero en el bolsillo cuando los grandes costes se mancomunan porque se ahorra lo que antes se gastaba en servicios privados. Recientemente, Funcas publicaba un estudio donde señalaba que el 70% de la población con rentas más bajas mejoran su capacidad de vida gracias a los impuestos y las prestaciones públicas, mientras que solo el 20% más rico empeora. 

En el año 2020, la Comunidad Autónoma con el salario medio a tiempo completo más alto fue la Comunidad de Madrid, con 2579€, pero somos la región con la mayor diferencia entre salario que gana la mitad de la población y el salario medio: la mitad de la población madrileña gana (como poco) 5.533 € menos que el salario medio de la región al año. La Comunidad con el PIB per cápita más alto fue la Comunidad de Madrid, con 32.048€ de PIB/habitante, sin embargo, CCAA con salarios medios y PIB per cápita más bajos, como Navarra, La Rioja o Euskadi, tuvieron ahorros medios anuales entre 500 y 1000 euros mayores que en la Comunidad de Madrid y un porcentaje más bajo de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Madrid es la región más rica y la que tiene mayor PIB per cápita de toda España, sin embargo, también es la más desigual entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Entre el año 2018 y el año 2021 los más ricos se han vuelto un 18% más ricos, mientras que los más pobres lo son un 21% más: un modelo que busca enriquecer más a los más ricos a costa de empobrecer más a los más pobres, un modelo que ya describió Víctor Hugo, cuando afirmaba que “el infierno de los pobres está hecho del paraíso de los ricos”.

Como el colesterol, hay impuestos buenos e impuestos malos. Los buenos son los que se destinan a hacerle la vida más fácil a la gente y a garantizar su seguridad y tranquilidad, mientras que los malos son los impuestos que obligan a las familias a pagar un seguro privado, los que se transforman en sobre costes, en mordidas y comisiones para amigos, o el que le hace pagar a los españoles el rescate a las entidades financieras en forma de deuda, recortes y déficit. Los buenos impuestos transforman la incertidumbre del presente en tranquilidad y perspectivas de futuro, mientras que los malos impuestos sepultan la incertidumbre bajo toneladas de ansiolíticos y antidepresivos. Solo los buenos pueden acabar con los malos, porque solo los buenos trabajan para igualar la libertad de la ciudadanía, que es el mejor antídoto para impedir que se cobren los impuestos malos.

La acumulación de riqueza en pocas manos también implica la acumulación de poder privado para comprar favores, por eso la desigualdad es el origen de la corrupción, porque induce a que la concentración de la riqueza se imponga sobre la ley y la ciudadanía de forma antidemocrática. La desigualdad es la ruina de la democracia, un atentado contra la libertad y corrosiva para la convivencia, porque hace indistinguible el ejercicio del poder con la acumulación oligárquica de la riqueza. Solo yendo a las causas que originan la corrupción e implantando la igualdad puede restaurarse la libertad de cada individuo y de la sociedad en general. Una sociedad rica es la que ordena la riqueza con la finalidad de garantizar la tranquilidad ciudadana y es tanto más rica cuanto más impide que las riquezas privadas disuelvan la virtud cívica al imponer su ley sobre los demás. Una sociedad rica es aquella que impide a ninguno de sus miembros ser tan rico como para someter a otros a su voluntad y en la que prima el amor a la libertad común propio de vivere libero de Maquiavelo. Una libertad que permite a todos los individuos desarrollar en igualdad sus capacidades.

La derecha, especialmente la madrileña, suele combinar un discurso que ensalza a la libertad individual al mismo tiempo que vive obsesionada con buscar supuestos defectos en la vida privada de los demás. Según su manera de pensar si estás en contra de la pobreza, pero no vives en la pobreza, eres un hipócrita. Pero no hay nada más lejos de la hipocresía que denunciar algo y asumir los cambios que eso conlleva: hay decencia cuando se critica la desigualdad y se opta por mejorar la progresividad fiscal y la inversión para combatirla.

Sin embargo, lo que sí puede señalarse como hipocresía es todo lo que rodea a la peculiar figura que representa el liberal hispánico salido del franquismo. Es una lástima que, en España, donde surgió el término liberal y nos convertimos en el referente europeo con la revolución de 1820 hoy, el término liberal se vea asociado al rentismo, a la falta de pluralidad, al moralismo castrador, al corporativismo y a una doctrina fanática que observa en la democracia la principal amenaza a la libertad. La derecha madrileña es uno de los ejemplos más obscenos donde puede observarse una distancia tan grande entre lo que se pregona y lo que practica, entre lo que le recetan a los demás y lo que ellos hacen.

Ayuso ha mentido reiteradamente a los madrileños negando la existencia de los contratos de su hermano con la administración madrileña, cuando sin ningún pudor ha repetido que todo eso era falso, e incluso llegó a pedir la dimisión de Mónica García por ejercer de oposición y preguntarle por ello. Ante a esa indecencia, Ayuso ha optado por la misma estrategia que utilizó para tapar los protocolos de la vergüenza que abandonaba a los mayores en las residencias: la estrategia narcisista y megalómana que se disfraza de víctima asediada. La humillación, el ensañamiento y el escarnio público al que ha sometido a Casado era innecesario y muestra lo despiadada puede llegar a ser. Ya estábamos avisados de que ella no venía aquí a gestionar sentimientos.

Pero Ayuso, no solo ha mentido al pueblo de Madrid, no solo ha abandonado a quienes más necesitan protección, no solo ha sentado en el cadalso a Casado, además, con las mordidas de sus familiares, ha evidenciado la hipocresía de su discurso. Tenemos a la derecha más cínica e hipócrita de Europa: una que habla del esfuerzo, pero vive de las rentas, que habla de arriesgar, pero lo heredó todo, que habla del mercado, pero vive del BOE, que habla de la empresa privada, aunque la mayoría jamás ha trabajado en una. El liberal hispánico es único; es capaz de rechazar la renta básica porque “genera vagos” (mismo discurso histórico ante todo derecho) al mismo tiempo que defiende las herencias multimillonarias como ejemplo del esfuerzo. A todos nos gusta vivir bien y todos nos merecemos vivir bien, no solo ellos.

Critica el intervencionismo, pero bien que riega arbitrariamente con dinero público a medios de comunicación privados para que hablen bien de ella y bien que interviene la televisión pública para usarla con fines personales. Denuncia las subvenciones, salvo si son para colectivos que considera afines: no ha dejado de aumentar el dinero destinado a mantener la tauromaquia, lo último ha sido compensar las pérdidas de la plaza de toros de Las Ventas con 3,5 millones de euros. Afirma estar en contra de la burocracia, pero solo para atraer a millonarios que no quieran pagar impuestos porque para el resto, sobre todo para quienes peor lo pasan, el día a día es una montaña de formularios, zancadillas y papeleo; pero si llegaron incluso a plantear pedirle a los sintecho una declaración jurada de los ingresos obtenidos en la calle para poder solicitar la miserable renta mínima de inserción. A los de arriba alfombra roja y a los de abajo exclusión.  

Mientras que, a los madrileños y a las madrileñas, Ayuso les receta arriesgar y el auto cuidado, a los suyos les cuida desde las instituciones y mientras que con una mano abandonaba a los mayores en las residencias con la otra repartía dinero público entre sus amigos y familiares.

Toda la retórica sobre la cultura del esfuerzo, la meritocracia, arriesgar, o el mercado siempre está pensada para los demás, para los suyos es herencia millonaria, enchufe, rentismo inmobiliario, mordidas y contratos públicos. Para ellos quieren seguridad, certidumbre e ingresos estables y suficientes, para ellos garantías y para los madrileños las “oportunidades” que ofrece la precariedad y la ansiedad. La que habla de paguitas y subvencionados, la que llama mantenidos a la gente de las colas del hambre, la que habla de emprender y de la libre empresa no es más que otra hipócrita sin muchos escrúpulos. Qué fácil es ir de neoliberal con el dinero, el tiempo y la salud de los demás.

Quienes se pasan el día vigilando la vida de los otros señalan que la izquierda a la que llaman caviar es hipócrita porque no vive bajo las mismas condiciones que denuncia como malas. Pero esto solo tendría sentido si Más Madrid fuera pregonando las virtudes de ser pobre y tuviera entre sus aspiraciones convertirse en una orden mendicante, como los franciscanos o los dominicos, que reivindican el valor espiritual de la pobreza. No es el caso. Resulta curioso porque es un discurso que se lanza desde gente como Rocío Monasterio, que vive en un casoplón de varias alturas, o desde Ayuso, que pasa sus vacaciones en la mansión de su amigo Nacho Cano en Ibiza. Pero para ellas nada de esto supondría ninguna contradicción porque sus propuestas no buscan acabar con la desigualdad, sino ampliarla, en cambio, sí lo haría para esa izquierda que busca mejorar la vida de la gente.

Entonces, ¿de dónde sale y qué busca este discurso que señala una supuesta incongruencia? Según esta idea, si uno no es pobre no puede oponerse a la pobreza, si lo hace es un hipócrita. ¿Hay hipocresía en el hecho de estar dispuesto a pagar más impuestos para reducir los desequilibrios? La hipocresía realmente residiría en oponerse a la desigualdad sin estar dispuesto a pagar los impuestos que la combaten. La verdadera hipocresía es la que practica el liberal hispánico, que se pasa el día ensalzando las virtudes del mercado, pero luego solo sabe vivir de las herencias, del BOE o de salarios públicos.

Bajo la acusación de hipocresía lo que realmente busca su discurso es perpetuar el estado de las cosas y proteger una serie de intereses contra la posibilidad de modificar las relaciones de poder y de riqueza. La derecha oligarca busca blindar el monopolio privado sobre el caviar e impedir que su acceso se pueda democratizar. Lo que les molesta a Monasterio y Ayuso es que nosotros queremos caviar para todos los madrileños y ellas quieren acaparar todo el caviar para ellas y sus amigos. Representan la creencia cínica de que el mundo está poblado solo por lobos que se enfrentan entre sí y donde solo es posible la supervivencia de los (supuestamente) más aptos. La historia no es nueva, de hecho, nos remonta al siglo XIX, pero hoy toma forma bajo el oropel de las grandes palabras como la libertad y la autonomía. Ellos piensan que la desigualdad es un síntoma de progreso, mientras nosotros estamos convencidos que una sociedad progresa con la igualdad. Están convencidos de que hay que mejorar la economía para luego vivir mejor; nosotros estamos convencidos de que vivir mejor es lo que permite mejorar la economía. En las pequeñas cosas, en la vida cotidiana, es donde cristalizan las grandes cosas, los grandes cambios.

Frente a su pasión por la desigualdad solo cabe reivindicar la pasión por la igualdad, la libertad y la diversidad. Lo hacemos porque creemos en una sociedad segura, justa y cohesionada que además sepa aprovechar todo el potencial que la desigualdad desecha. No puede ser que tener padres ricos sea particularmente importante para llegar a la cima de la distribución de la riqueza, no puede ser que la riqueza del 20% de los españoles más ricos es más de 28 veces mayor que la del 20% más pobre. La desigualdad mata, la desigualdad limita la libertad y supone un lastre para la economía. La desigualdad es un disolvente de la democracia.

Defendemos la libertad de elección. Libertad para decidir interrumpir el embarazo, para elegir una muerte digna, para no coger un trabajo basura, para respirar aire limpio, para elegir un alquiler asequible y libertad para elegir una sanidad y educación pública de calidad. Dejar escapar en masa a médicos de familia, cerrar centros de salud, o impedir que se realicen abortos en hospitales públicos, ¿no es cercenar la libertad de elección de la que tanto hablan Ayuso y sus próceres? Nosotros defendemos la libertad de elección frente al susto o muerte, frente al o comes Telepizza, o no comes, frente al o tienes un seguro privado de sanidad, o tienes que esperar en el tiempo. ¿Qué Libertad de elección tienen nuestra juventud cuando su política de vivienda les obliga a vivir en casa de sus padres o a dejarse todo el sueldo en pagar el alquiler? La libertad de elección desaparece cuando lo único que queda es la opción privada. Lo vemos en la falta de plazas públicas en las escuelas infantiles, en las residencias de mayores o en la formación profesional. Es un claro ejemplo de Estado depredador al servicio de la intervención privada: hunden lo público para abrir mercado y luego los fondos de inversión buscan negocio en la FP ante la escalada de demanda y la escasez de plazas. Hablan de la demanda social de opciones concertadas o privadas después de cercenar las opciones públicas. Hablan de una demanda que ellos mismos crean después de destruir mediante infrafinanciación y ejercicios presupuestarios agresivos lo que era de todos. Reducir la inversión pública obliga, a quien pueda, a poner dinero de su bolsillo en la privada. Así crean el mercado y extraen rentas de la ciudadanía a costa de la desinversión pública.

Defendemos la libertad económica del individuo, y por eso mismo creemos en los impuestos justos y progresivos como base para garantizar la autonomía de las personas. Mientras su modelo considera que lo público debe funcionar como la caridad para los más pobres, nosotros entendemos que lo público tiene que ser un derecho universal y de calidad para todas las personas tengan el dinero que tengan. Defendemos lo público y la igualdad, pero no como una tutela administrativa o la uniformidad sino como la condición necesaria para el desarrollo individual y colectivo de las personas. La libertad de uno no se construye contra la del otro, sino en cooperación con los demás. Para poder defender la libertad del individuo hay que garantizar primero la libertad a todos los individuos, porque si se privatiza la libertad lo que sucede es que por el camino se priva a la gente de libertad. Solo son libres quienes son iguales entre sí.

Defendemos que el dinero está mejor en el bolsillo de las personas en lugar de la economía rentista e improductiva, de las pólizas privadas o en las subvenciones regresivas a patronales. ¿Cuántas rentas básicas se podrían pagar con todas las ayudas directas y encubiertas que recibe el sector privado de forma incondicional? ¿Por qué el dinero público va a estar mejor en el sector automovilístico antes que en el bolsillo de los españoles? Sin impuestos justos y progresivos, ¿cuánto cuesta la sanidad, la educación o los medicamentos? Sería inasumible tener que pagar de nuestro bolsillo aquello que mutualizamos entre todos. Los impuestos son como la mascarilla en medio de una pandemia: pagándolos nos protegemos a nosotros mismos y ayudamos a los demás. Defender los impuestos es la mejor forma de vigilar su uso y el bienestar de cada uno.

Defendemos el derecho al tiempo, pero no para perderlo en un atasco como le gusta a Ayuso sino para dedicarlo a la familia, a las amistades, para cocinar, formarse, leer, relajarse o hacer deporte. La palabra griega Skholè, de donde deriva la palabra escuela, significa ocio y tiempo libre y designaba la condición propia de los ciudadanos que eran iguales entre sí porque cuentan con la posibilidad de evadirse y dedicarse al estudio. Libre era quien tenía tiempo para evadirse. ¿Cómo pudieron nacer las matemáticas en Egipto? Gracias a la existencia del ocio. ¿Qué es lo que tienen en común nombres como Darwin, Smith, Proust, Woolf o Aristóteles? Tiempo libre. Los regímenes políticos se definen por cómo reparten el tiempo entre las distintas partes que componen la sociedad. El avance civilizatorio y la innovación no puede entenderse sin la democratización del tiempo y la posibilidad de aburrirse. ¿Por qué solo va a ser patrimonio de unos pocos en lugar de un derecho de todas las personas? ¿Cuántas ideas, creatividad y potencial se pierde en la incertidumbre y la precariedad por culpa de la falta de un tiempo propio garantizado?

Defendemos el derecho a vivir bien. Vivir bien no puede ser una meta, tiene que ser un punto de partida. Solo así se puede garantizar que cualquiera, haya nacido donde haya nacido y tenga los padres que tenga, se encuentre en igualdad para ser libre. El derecho a respirar aire limpio, a tener un centro de salud, una educación de calidad, a tener acceso a una alimentación saludable, a que cualquiera acceda a una escuela infantil, a una vivienda asequible, a trabajar menos, a desplazarse de otra manera y a reducir los desplazamientos. Vivir mejor no solo es más justo, más agradable, más saludable y satisfactorio, además es más eficaz y barato: vivir mal sale muy caro.

Ante su mentalidad de galeras, su conformismo y aceptar que la vida tiene que ser estresante, no nos resignamos, no nos conformamos, no aceptamos lo que hay como lo único que puede haber. Muy al contrario del darwinismo social que defienden, la civilización nace de un paradigma muy diferente: el tiempo libre y el apoyo mutuo. El antropólogo James Suzman, destaca que el descubrimiento del fuego liberó el tiempo que luego permitió el desarrollo del lenguaje, la cultura, la música y el arte. La antropóloga Margaret Mead, explica que el primer signo de civilización es el saneamiento de un fémur porque alguien cuidó a quien se lo fracturó. Parafraseando al poema que luego se convirtió en el lema de las obreras del textil en huelga: queremos caviar para todas y rosas también.

En un país que se ubica a la cola de Europa en el acceso a la vivienda, los titulares alarmantes se vinculan a las tímidas bajadas del precio y los estimulantes, a las subidas previstas. Los retornos alcanzados por el alquiler de vivienda en España son más del doble de la rentabilidad obtenida por el IBEX 35 y multiplica por 13 la ofrecida por los bonos del Estado a 10 años. Madrid y Catalunya ofrecen menos rentabilidad que la media española, pero “son valores fiables” y “los principales epicentros para la inversión”, también es donde fondos y socimi tienen mayor presencia, muy por encima de la media española, lo cual tiene relación con que el coste del alquiler sea un 82% más alto que la media del resto de áreas urbanas. Como la moneda, la vivienda tiene dos caras, por un lado, es un bien de primera necesidad para vivir y por el otro un bien de mercado en el que invertir. Cuanto más desequilibrada está la balanza en favor del bien de mercado, más complicado resulta vivir en ella.  

Mientras que en el año 2008 el gasto relacionado con la vivienda en España suponía el 27% del gasto total anual, en el año 2020 ya eran 35 de cada 100 euros (INE). Pero no solo aumenta el gasto destinado a la vivienda, también ha aumentado la distancia entre el aumento del precio de la vivienda y la subida de los salarios: en los últimos 35 años el precio de la vivienda ha crecido un 659% mientras que los sueldos lo han hecho un 291%. Este aumento del presupuesto destinado a la vivienda conlleva una reducción de consumo en otros sectores de la economía, tanto que incluso la OCDE alerta de que los altos precios de la vivienda lastran la recuperación.

Dicho de otra forma, el peso que tiene el rentismo en la economía española es un lastre improductivo que perjudica a todo el país: cuanto más dinero se destina al alquiler, menos dinero circula en otras partes y menos dinero queda en el bolsillo. No solo limita la renta disponible de la ciudadanía cercenando su libertad de elección, no solo perjudica a otros sectores, además desincentiva la inversión en sectores que impulsen un modelo productivo que genere más riqueza, mejore la calidad de vida y reduzca el impacto climático. En segundo lugar, el excesivo peso del rentismo que absorbe el dinero en sus manos muertas limita la creación de empleo. Según los cálculos del economista Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO, el sobre esfuerzo en el pago de los alquileres de vivienda es de 3.912 millones de euros al año impide que aumente la ocupación en 20.000 empleos.

Entonces, si desincentiva la inversión en sectores que crean más riqueza, si reduce el consumo en otros sectores, si reduce la renta disponible de la ciudadanía, si impide la creación de empleo, si provoca burbujas, dolor y desahucios, si los grupos constructores e inmobiliarios son de los que menos pagan en el impuesto de sociedades con un tipo efectivo sobre beneficios del 2,7%, ¿cómo es posible que el rentismo goce de tan buena salud en nuestro país? Porque es un sector muy poderoso que cuenta con grandes altavoces, cierto, pero esa no es una explicación suficiente, tampoco lo es decir que la “gente está engañada”. Estos son argumentos que lo resuelven todo aludiendo a un poder absoluto y a culpar a la gente por vivir alienada, pero renuncian a comprender que en todo esto opera una racionalidad y una lógica que guarda un sentido.

El problema medular que asola a la economía española es la vivienda, pero también es la principal fuente de riqueza en España. La vivienda es una cuestión social y económica, pero sobre todo es lo que mejor condensa el ethos español, a saber, el ser y sentir de un país que, en nuestro caso, hunde sus raíces en el proyecto franquista. Precisamente por eso, por su importancia nuclear y por haberse convertido en una segunda piel, es tan difícil politizar la vivienda. Está tan incrustado en el sentido común que parece algo incuestionable, como si acabar con esta dinámica fuera como acabar con el bienestar.  El rentismo es un proyecto de Estado que tenía por objetivo generar las condiciones idóneas para que los promotores inmobiliarios pudiesen transaccionar con la propiedad: “El Ministerio tiene en sus manos el más eficaz de los resortes: la legislación protectora, y la ha de emplear para que todas las casas que se construyan con ayuda estatal se levanten orientadas hacia el más rápido y eficaz sistema de acceso a la propiedad.” (Arrese, ministro de vivienda en 1959) El Estado como garante del beneficio y no del derecho a la vivienda.

España es una anomalía europea que destinó dinero público a la vivienda con el objetivo de privatizarla, de ahí que nuestro parque público de vivienda sea tan exiguo. Se apoya sobre la generalización de una idea que se realiza como profecía autocumplida: todo el mundo quiere que ascienda el valor de las viviendas, también quienes solo tienen en propiedad - o con hipoteca- la vivienda habitual, pues si quisieran venderla en un futuro querrían hacerlo por más dinero del que les costó en su día; si aumenta el precio, aumenta su riqueza. Lo cierto es que esa subida de los precios, que uno piensa que le va a beneficiar en el futuro, también le afecta negativamente a la hora de alquilar y de comprar una vivienda en el presente porque tiene que destinar más dinero.

Pero los herederos también quieren que suban los precios de esos pisos ya que, sumado a la baja natalidad donde hay que repartir entre menos y a la incertidumbre por el futuro, gran parte de las esperanzas de ingresos y seguridad futura pasa por heredar el inmueble familiar y poder venderlo por un precio más alto que permita, o bien pagar su propia hipoteca pendiente o trasladar a la vivienda heredada su propia residencia. De esta manera, es fácil comprender cómo se ensambla el interés del sector inmobiliario con el de una parte de la población y el apoyo contra el impuesto de sucesiones, también entre quienes no se ven afectados por ello, pero aspiran a verse un día en la situación en el que sí se verían perjudicados. La vivienda se ha constituido como el proto-estado de bienestar en nuestro país, el único colchón que te va a salvar, pero lo hace sobre la base de lastrar el desarrollo productivo del país, ampliar la desigualdad, expulsar a gente y machacar las condiciones de vida.

Se trata de ubicar la seguridad y la función del Estado, decidir si esta reside en el ladrillo especulativo y las instituciones intervienen con finalidad privada, o si la seguridad se ubica en las políticas de bienestar con finalidad pública. El modelo, que encaja como un puzle con las infraestructuras y el turismo, lamina el desarrollo personal, social y productivo de las nuevas generaciones estancando al país en sectores de bajos salarios y precariedad, provocando a su vez una pérdida de población formada que emigra a otros países con el coste económico que eso supone. Seguimos inmersos en un cepo productivo y cultural que impide el desarrollo del estado del bienestar y nos empobrece pero que, a su vez, se presenta como la única seguridad realmente existente. Es más, la destrucción de lo público entendido como sinónimo de bienestar y su reconversión en caridad para pobres, no hace más que reforzar esta misma creencia y aleja otra posibilidad de país.

El franquismo puso al Estado a trabajar para el sector inmobiliario buscando dar salida a sus productos para que la gente se hiciese propietaria, luego lo hizo el crédito bancario que permitió vender mucha vivienda a precios altos y generó la burbuja que todos hemos asumido. Ahora, en plena crisis arrastrada desde 2008, de nuevo se presenta al Estado como aquel actor que sostiene el triángulo que estanca a España: asegurar ventas a precios altos entre gente de bajos ingresos. La situación estructural siempre es la misma, ¿cómo intervenir en un panorama donde la prioridad es construir y vender caro en un contexto de salarios bajos, toda vez que no se quiere modificar esto último? Con el Estado subvencionando al rentismo y con un modelo de protección social regresivo donde el 30% de las transferencias públicas van a parar al quintil más rico de la población, mientras el quintil más pobre recibe solo el 12%.

Ahora leemos que los promotores inmobiliarios piden al Gobierno avales por más de 11.000 millones de euros para “desatascar las hipotecas a jóvenes.” En todas sus versiones históricas,de lo que se trata es que el Estado mantenga la fiesta privada, en este caso ex ante y no, como sucedió desde 2008, post festum: la finalidad es que todos seamos avalistas para mantener los precios altos de la vivienda junto con las ventas garantizadas en un entorno de demanda insolvente. Que sea el Estado el que convierta en solvente a una demanda que nada en la inestabilidad laboral y salarial, en lugar de usar al Estado para modificar la situación endémica de inseguridad vital y laboral. Que el Estado sea el garante de avalar el negocio inmobiliario conlleva dos grandes problemas, el primero es el subdesarrollo del sistema de bienestar y, ligado a este, el despilfarro de cantidades ingentes de dinero público que, en lugar de invertirse en modificar la estructura productiva, en derechos sociales y en ampliar el parque de vivienda pública, se cae por el desagüe improductivo que subsidia al rentismo.

Este modelo es un límite para la democracia y un estorbo a la economía: vivir cautivos del ladrillo nos ralentiza porque desincentiva la inversión en sectores más productivos, más sostenibles y que generan más riqueza, como pueden la economía verde, la movilidad o la rehabilitación energética. También limita la libertad de elección y de acción de la ciudadanía: en lugar de crear un sistema público de vivienda, prefirieron privatizar la vivienda pública. El acceso a un bien básico de primera necesidad, como es la vivienda, no puede quedar a merced de unos gobernantes que usan el poder político para liberar al mercado y secuestrar la democracia. Para que la libertad sea digna de tal nombre, las instituciones públicas tienen que garantizar su ejercicio a toda la población y eso pasa por el acceso a una vivienda asequible y segura; es mejor un país con precios bajos y salarios altos, que uno con precios altos y salarios bajos.

Necesitamos una racionalidad más poderosa que la actual, una que conecte vivir mejor, de manera más eficaz y de forma segura con los derechos sociales, los servicios públicos, con generar más riqueza, reducir el impacto climático y trabajar menos. El derecho a vivir bien, entendido como una premisa y no como una promesa, implica que en interés propio se piense en el bien general. Es lo sencillo difícil de realizar. 

En España se cruzan dos tendencias en relación con lo público que ayudan a entender el rechazo que produce en una parte importante de la población. Por un lado, como ya sabemos, el sistema de transferencias sociales es incapaz de redistribuir entre quienes peor están porque lo hace, mayormente, entre quienes ya están integrados, mientras, contra todo pronóstico, deja fuera a los más necesitados. España está, por un lado, a la cabeza de la UE en desigualdad de rentas entre los que más ganan y los que menos ganan y, por otro, a la cola en ayuda a las rentas más bajas. Ese sector abandonado de la población, en muchos casos en riesgo de exclusión social, considera que el bienestar ni está ni se le espera mientras que, de manera paralela, existe una percepción según la cual no tener nada se convierte en un chollo porque así puedes vivir de las ayudas, las subvenciones y los subsidios. ¿Cómo se ha construido esa percepción social según la cual, quienes en realidad peor lo pasan, viven de las ayudas públicas? ¿Cómo, pese a una extensión cada vez mayor del riesgo de pobreza, se extiende a su vez la percepción según la cual los pobres se aprovechan de unas ayudas que en realidad no les llegan?

El laboratorio y epicentro de esta política de segregación, que a su vez se beneficia de la destrucción de lo público, es Madrid. Al mismo tiempo que tenemos un modelo que difícilmente llega a quienes más lo necesitan, se fomenta la idea de que lo público es para quien no se puede permitir pagar otra cosa; es decir, se fomenta una idea según la cual lo público es el recurso que queda a quienes no pueden acceder a lo privado, mientras que lo privado daría acceso a unas condiciones de vida premium; por ejemplo, una mejor salud, una mejor educación o una mejor defensa ante un tribunal. Así pues, ni por arriba –los que más tienen–, ni por abajo –los que menos tienen– esperan que lo público se ocupe de ellos. Así; la imagen de lo público se construye mediante un doble embudo: en las capas más segregadas y con menos poder adquisitivo, no se espera ni se ve en lo público salvación alguna; y por parte de las capas más privilegiadas, lo público se ve como la puerta de acceso a una existencia dependiente y como antesala de la expulsión social. Cuanto más se recorta en inversión pública y más se segrega, más se cohesiona el bloque de quienes no quieren verse en la posición de quien se queda fuera; es decir, a mayor exclusión, mayor rechazo a formar parte de esos excluidos y más se apoya a quienes generan la exclusión. Parece ilógico que se apoye a quienes generan el problema, pero nadie quiere ser pobre ni ser percibido como un pobre. Entre los abandonados florece la resignación y la desconexión y, entre quienes pretenden huir de esa realidad, se abona el apoyo a los segregadores.

El gran logro ideológico del imaginario de los que segregan por principio, además de convertir en político y en bandera de la libertad lo económico, es la sensación de que no puede haber otra cosa, que el resto somos iguales y que nada sirve de nada. El sálvese quien pueda solo deja dos opciones: caerse o sobrevivir, no hay cambio posible. Esta dinámica socio–fuga, impulsada por los mismos que buscan denigrar lo público y hacer real la profecía autocumplida, se verifica en dos aspectos fundamentales: la vivienda y las escuelas infantiles. Bajo la retórica que se limita a decir “hay que ayudar a los que más lo necesitan” también se da a entender que, para el resto –y por el resto– se entiende todo aquel que no se encuentra en riesgo de pobreza y solo le queda, por tanto, el mercado. Así pues, quien percibe que lo público es algo solo para pobres también suele pensar que no debería pagar impuestos cuando no se beneficia en nada. Acaba sintiéndose agraviado porque siente que paga dos veces, una con impuestos y otra directamente de su bolsillo para contratar un servicio. El dinero en el bolsillo que supuestamente se ahorra con impuestos el ciudadano al final acaba en el bolsillo de las pólizas privadas y los colegios concertados.

Asociar lo público como algo que queda reservado solo “a quien lo necesita” es una forma de socavar su función pública y ubicarlo en el campo de la caridad. Lo público debe llegar a quien no llega: a quien peor está, pero no solo. Lo público proyectado como algo de todas las personas y para todas las personas quiere decir que su finalidad es incluir al conjunto de la población. Que lo público aparezca como aquello que no concierne a todos es el camino para que no todos quieran financiarlo, para socavar su significado y su sentido y para convertirlo en una cosa de las capas desfavorecidas. Bajo la bandera de la libertad igualada a la economía de libre mercado se oculta, al mismo tiempo, la sinonimia entre lo público y la pobreza; como si vivir relacionándose con lo público –con una escuela pública o con una sanidad pública– fuese llevar una vida pobre.

Por ello, es importante recordar que la desigualdad no es el síntoma de una sociedad que progresa como resultado de las diferencias entre talentos y esfuerzos en sociedad, tal y como afirma el fanatismo de mercado, sino que es el efecto nocivo de la acumulación de riqueza que permite, a su vez, una acumulación de poder enfocada a mantener una espiral oligárquica que busca seguir perpetuando la acumulación de riqueza futura. La política de vivienda o las escuelas infantiles, por poner solo dos ejemplos, deben tener un carácter universal, es decir, uno ofrecido a cualquier persona independientemente de la renta y riqueza que tenga.

Sin embargo, conseguirlo no depende de las evidencias ni de los estudios que lo certifican ni de los datos. Por ejemplo, para el debate fiscal (y para cualquier debate) no sirve con la evidencia científica y los datos si no se convierten también en relato, en imaginario y aspiración. Si el debate fiscal o económico no es a la vez político y de valores asociado a una idea de libertad que articule compuestos sociales, entonces el debate es solo para iniciados y expertos en la materia. Lo fundamental no es a cuánta gente afecte el impuesto de patrimonio o cuánta gente acuda a las plazas de toros – al igual que no lo era cuánta gente usaba el AVE–, sino cuánta gente se ve a sí misma incluida en la defensa de unos determinados valores y aspiraciones, reflejados por ellos. En ocasiones podemos no ser conscientes de la cantidad de gente (al menos en Madrid) que está convencida de que “gracias al PP” su hijo no tendrá que pagar cuando herede el piso. Conseguir alinear los intereses de quien tiene 30 millones de euros de patrimonio con quienes no pagarían nada en ningún supuesto no es simplemente el fruto del desconocimiento en el funcionamiento del impuesto, es fundamentalmente resultado de la aleación de una identidad concreta que asocia a España con su modelo fiscal y a este con la libertad.

Necesitamos un modelo inverso de libertad al actual, uno donde quienes más dinero tengan prefieran acudir a la escuela pública y cuando pregunte por cuál es la mejor escuela la respuesta siempre sea la que queda más cerca de su domicilio. Universalizar es un antídoto contra el resentimiento y la desafección de lo público. Solo cuando alguien que tiene 1 millón ni se plantee que el colegio más cercano a su casa es público y lleve, sin dudar, a sus hijos ahí –y ello sin pensar que tal vez algo privado pudiera ser mejor– estaremos hablando de un sistema en el que la igualdad es real y por tanto la libertad un hecho.

Desde que la vivienda pasó a ser objeto de especulación y se convirtió en un activo financiero, donde los precios funcionan por expectativas a futuro, la dificultad para acceder a una no ha dejado de aumentar. En España esta realidad convive con un mercado laboral atorado por la precariedad, junto con una inversión social escasa y regresiva que nos coloca a la cabeza de la UE en desigualdad de rentas y a la cola en ayuda a las rentas más bajas. La falta de acceso a la vivienda es uno de los principales factores que explica la desigualdad en nuestro país, lo cual provoca desahucios, aumenta la morosidad y lastra el potencial productivo.

Si hay algo que hace indisociable lo material con lo simbólico, capaz de anudar lo cultural, lo aspiracional y el modelo productivo en un mismo plano, es la vivienda. Para entender cómo la vivienda logró ubicarse en el corazón cultural, económico y político de nuestro país, es necesario remontarse a la tradición inaugurada en el franquismo que, a diferencia de la mayoría de los países en nuestro entorno, impulsó la tenencia en propiedad desde las instituciones del Estado. José Luis Arrese, quien fuera ministro de vivienda en 1959, entendía que la misión de los agentes inmobiliarios era la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para eso, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad. Ahí es donde interviene el Estado y genera la propiedad necesaria para que los agentes inmobiliarios pudiesen operar.

El expresidente Zapatero, sincerándose en una entrevista, afirmaba que en España no tenemos una política pública de vivienda. Quizá porque ha habido un cúmulo de intereses y de desfalcos. Es cierto que estamos la cola de la UE en volumen de parque público de vivienda, pero esta disparidad con Europa no se debe tanto a la ausencia de una política pública de vivienda, como a una política pública diseñada desde y para ese cúmulo de intereses que denunciaba Zapatero y celebraba Arrese. Esta política de vivienda, tal y como apunta el informe Foessa, opera sobre dos ejes centrales; en la adquisición de vivienda pública en título de propiedad y por el establecimiento de un periodo limitado de calificación de la vivienda protegida. Casi 7 millones de viviendas, que fueron construidas entre el año 1951 y 2015 con dinero público, acabaron finalmente en patrimonios privados en lugar de aumentar el parque de vivienda pública.

Como consecuencia de esta política hoy somos un país mayoritariamente de propietarios, cierto, aunque ese porcentaje ha descendido a niveles por debajo de 1991. No lo somos por naturaleza, se reguló políticamente para hacer de la propiedad el sustituto de un sólido Estado del bienestar y para producir un sentimiento transversal de empatía propietaria, que hiciese pasar los intereses particulares del negocio inmobiliario por los intereses generales de cualquier familia que se compra una vivienda. En España la antropología neoliberal está vertebrada alrededor de la vivienda y es en torno a ella donde se tejen los miedos y los anhelos hegemónicos; ese miedo inoculado contra cualquier cambio de modelo no sea que te quiten tu vivienda y el anhelo por contar con una garantía de seguridad en la vejez, una herencia a los hijos y quizás una inversión a futuro.

Una dinámica que se refuerza cuanto más se ataca a los servicios públicos y cuanto más distante parece una salida colectiva; en este caso cuanto peor, mejor. El ataque a las solidaridades compartidas y a los derechos sociales genera un sustrato cultural que, en lugar de fomentar el rechazo a esta dinámica, incide en intensificar la espiral destructiva. Este modelo inmobiliario que bombea a la economía española en alianza con la industria turística (somos el segundo país del mundo en llegada de turistas) y las infraestructuras (somos el tercer país del mundo en kilómetros de autovía) se ha demostrado social, productiva y ecológicamente fallido: no ha reducido la desigualdad, dificulta el acceso a la vivienda y nos especializa en sectores insostenibles de bajo valor añadido.

Sin embargo, cada vez resulta más complicado reproducir ese esquema cuando aumenta la población que vive de alquiler y se complica el acceso al crédito. Lo que se está rompiendo es todo un ciclo centrado en ahorrar, hipotecarse, acceder a la propiedad y cederla como legado a los hijos, para dar paso a uno nuevo donde las inversiones extractivas de rentas se centran en el alquiler. En España ya existe una creciente minoría que vive atrapada en un cepo, entre la imposibilidad de emanciparse –solo un 18% de los menores de 30 años lo consigue- y pagar unos precios del alquiler desorbitados. Una generación olvidada y condenada a tener que elegir entre susto o muerte, entre quedarse en casa de sus padres, compartir piso de forma involuntaria o dejarse medio sueldo en el alquiler.

En una sociedad mediada por el dinero como es la nuestra, no ingresar el suficiente dinero que permita acceder con seguridad a lugar donde poder dormir, lamina las expectativas de vida y segrega a la población atacando a la libertad. Asistimos a una economía del sacrificio cuyo principio rector es premiar a los ricos por ser ricos y castigar a los empobrecidos. Cuando hipotecarse con un banco se convierte en un privilegio y no existe el acceso a un alquiler asequible, lo que desaparece es la libertad de acción y la libertad de elección para vivir la vida con un margen de autonomía y decisión. La libertad solo está garantizada cuando cualquiera puede ser libre, de ahí que en democracia se impida a los intereses privados expropiar la libertad común en beneficio propio.

Cambiar España, su modelo político, económico, laboral, el modelo de bienestar, lo aspiracional, etc... pasa necesariamente por cambiar esa centralidad que ocupa lo inmobiliario. Nadie pone en duda la necesidad de aumentar la oferta de vivienda disponible, lo que se cuestiona es el tipo de oferta, en qué términos se plantea, de qué manera se aumenta y a qué objetivos responde. El enfoque que se adopta condiciona el sentido de las políticas: se decide entre si la vivienda se utiliza como un activo financiero o como el derecho de las personas a vivir en un hogar. Ya sabemos que cuando el Estado interviene como abogado del mercado, los precios se disparan aunque aumente la oferta: entre el año 2002 y 2008 el precio de la vivienda se duplicó al mismo tiempo que se construían viviendas como para alojar a toda Alemania.

En cambio, si el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, la actuación a seguir pasa por equilibrar la balanza incorporando la figura del alquiler asequible y social con garantías. Son muchas las medidas a implementar en el corto, medio y largo plazo para alcanzar este objetivo, que van desde regular el precio de los alquileres, movilizar vivienda vacía, aplicar una fiscalidad variable para alquileres asequibles, regular el alquiler turístico, introducir la vivienda modular, reorientar la inversión privada hacia operaciones no especulativas o invertir en aumentar el parque de vivienda pública en alquiler por diferentes vías. Desarrollar el derecho a la vivienda permite desarrollar el potencial de nuestro país, pues reduce la desigualdad, aumenta la renta disponible, mejora la salud, cohesiona la ciudad y reduce las emisiones de Co2. Solo falta la voluntad política.

Bajo el gobierno del Partido Popular con apoyo de Ciudadanos, la Comunidad de Madrid se ha convertido en una región más segregada, ineficiente e injusta, en donde los más pudientes reciben subvenciones y los más perjudicados son perseguidos. Si Madrid no está peor es gracias a su ubicación como centro económico de España, una realidad que en lugar de aprovecharse para garantizar la prosperidad a la ciudadanía madrileña, se utiliza para implementar medidas que tienen como único objetivo beneficiar a la cúspide de la pirámide. En Madrid, al mismo tiempo que se crece económicamente también aumenta la deuda, la desigualdad y la exclusión social. Por una sencilla razón: la orientación de las políticas públicas en favor de unos intereses minoritarios en detrimento del bienestar del conjunto de la población. Dicho de otra manera, para que los ricos puedan ser todavía más ricos, los pobres tienen que ser todavía más pobres.

Cómo es posible que seamos la región más rica de España, al mismo tiempo que somos una de las regiones de Europa más desiguales. Esto se explica, entre otras razones, por el desprecio a la democracia que destilan las élites extractivas que gobiernan la comunidad, lo que se traduce, por ejemplo, en que somos la región de España que menos invierte en educación –también la que tiene la educación más segregada-, la que menos invierte por habitante en gasto social y unas de las que registra mayor riesgo de pobreza cuando lo medimos en relación a la propia riqueza que genera Madrid. Dicen defender la vida, pero luego vacían de pediatras la sanidad y limitan las visitas a la mañana, dicen defender la familia, pero luego la mayoría de los solicitantes de ayudas a la dependencia en Madrid murió sin percibirla, dicen apoyar a la juventud y luego hacen todo lo posible por acercarles a las casas de apuestas y retrasar su emancipación. Afirman que Madrid es una tierra de oportunidades, pero se olvidan de la distribución de rentas: la renta media de Madrid es muy superior a la del resto de España (casi un 18%), pero más del 30% de la población madrileña ingresa menos de 1000 euros al mes. Dinero hay y mucho, la pregunta es dónde, si en su bolsillo o en el tuyo.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha trabajado sistemáticamente para cercenar la libertad de los madrileños acabando con las condiciones que le permiten a uno ser libre: los derechos sociales. Cuando toda su política se traduce en el aumento del precio del alquiler, en fomentar el trabajo precario, en ponerle una alfombra roja a las casas de apuestas o en destrozar el metro, lo que están haciendo es vaciar la posibilidad de que todos los madrileños tengan el mismo derecho a decidir en libertad. ¿De qué oportunidades hablamos cuando 1 de cada 3 niños de Madrid se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión? ¿Qué libertad de elección existe cuando el barrio donde se ubica el colegio determina si se saca mejor o peor nota en la selectividad? ¿Qué seguridad existe cuando el alquiler se lleva medio sueldo? La «libertad» del PP siempre acaba convirtiéndose en el privilegio de unos pocos en detrimento del derecho la mayoría: libertad para que los ricos paguen menos impuestos, libertad para que sus hijos solo se mezclen entre ellos, libertad de las casas de apuestas para expandirse por los barrios.

Todo lo malo siempre es peor cuanto menos renta se tiene: la obesidad, la contaminación, la educación, o el transporte. Esto tiene que cambiar. Madrid necesita un cambio que garantice a todas las personas un suelo mínimo de dignidad para que cualquiera, independientemente de su cuenta corriente y del barrio en donde viva, pueda disfrutar del mismo derecho a ejercer su libertad. Esto será factible si se ponen en marcha los mecanismos políticos, presupuestarios, institucionales y jurídicos necesarios para que, por ejemplo, todas las familias tengan la tranquilidad de que el mejor colegio al que va a ir su hijo sea el colegio más cercano a su domicilio. Para movilizar a precios asequibles miles de viviendas de las más de 260.000 vacías que hay en Madrid, poniendo de acuerdo a propietarios e inquilinos en donde los únicos que salgan perdiendo sean los especuladores. Para coordinar y ampliar la red de transporte público, mejorar su funcionamiento, electrificarlo y facilitar el acceso con precios más reducidos. Para desarrollar planes de conservación de espacios naturales y vida silvestre sobre la expansión urbanística, desplegar un turismo sostenible y conectar a la ganadería y agricultura con los consumidores y administraciones. Para revitalizar la negociación colectiva, mejorar la calidad del empleo en Madrid y garantizar los derechos, con especial atención en las mujeres. Para desplegar un plan de rentas eficiente y justo que borre la vergüenza colectiva de la pobreza severa y reduzca drásticamente la desigualdad.

Estas líneas de intervención –y muchas otras-, se encuadran en un mismo “núcleo de sentido”: la democracia es el poder de los que no tienen poder. Se trata del poder para poder vivir con dignidad y se trata de contar con la seguridad que permite decidir en libertad, algo que beneficia al conjunto de la región, porque una sociedad libre es una sociedad que avanza y avanza porque todos sus miembros, y no solo unos pocos, pueden hacerlo. Al contrario de lo que repiten PP y Ciudadanos, los países donde la movilidad social es más factible y menos determinada por los ingresos familiares, es decir, en donde más se valora el esfuerzo, es en los países con los Estados del bienestar más desarrollados. Cuánto talento, proyectos, innovación e inteligencia colectiva estamos desperdiciando, por culpa de un modelo centrado en aplicar políticas que insisten en segregar y frustrar a los madrileños. Madrid puede convertirse en la punta de lanza de la España democrática, la que junta a quienes no renuncian a lo logrado con quienes tienen la necesidad de conquistar más. Hay que volver a poner de acuerdo a los españoles empezando por Madrid. Tejer de nuevo el deseo de la amistad y la justicia, que en las tiranías se aminoran, y en las democracias, como recuerda Aristóteles, se agrandan, pues es mucho lo que tienen en común los que son iguales. Para todo eso, Más Madrid.

Es un lugar común señalar el 15 de mayo de 2011 como un punto de inflexión en la historia del régimen del 78, destacar su importancia como síntoma de madurez democrática de la sociedad española frente a unas élites ensimismadas y también alabar sus potencialidades de transformación. Estaríamos ante un verdadero terremoto democrático, cuyas ondas sísmicas llegaron, primero, al PSOE, empujándole fuera del gobierno, removieron el sistema de partidos permitiendo irrumpir a una formación como Podemos y obligando a los viejos partidos a moverse, aceleraron la abdicación de Juan Carlos I y la reforma de la monarquía y, ahora, han vuelto, de nuevo, a sacudir en sus primarias al PSOE tras el fatídico Comité Federal del 1 de octubre.

Estaríamos ante un fantasma que ya recorrió la campaña interna previa cuando Susana Díaz lo maldijo regañando a “los que se indignaron” porque “pensaban que iban a tener una casita en la playa” o cuando José Félix Tezanos, sociólogo guerrista del equipo de Pedro Sánchez, señalaba la cuestión juvenil como la gran cuestión de España. Y que podría volver a estar muy presente.

Pedro Sánchez ha ganado las primarias socialistas obteniendo la mayoría absoluta de los votos y la victoria en todas las CCAA, salvo en Andalucía y Euskadi, y, más aún, ha liderado una rebelión de las bases contra el establishment de dentro –los barones y las viejas glorias como Felipe González o Zapatero– y de fuera –el IBEX 35, el grupo PRISA, etc.– saliendo, por el momento, victorioso.

Queda todavía por ver su capacidad para maniobrar a nivel interno y poner orden tanto en un grupo parlamentario complejo y reacio a Sánchez como en territorios estratégicos claves para el PSOE como las baronías del sur. La cruzada interna a la que se enfrenta Sánchez es un elemento fundamental para analizar los pasos a seguir en el PSOE, cuyas bases se han rebelado contra el aparato pero en donde los barones, que juran lealtad pública al nuevo príncipe, cuentan con importantes resortes de poder: redes clientelares, rencillas personales o hábitos e imaginarios conservadores de fuerte arraigo. Está todavía por ver si el impulso de Pedro Sánchez es tal y, de haberlo, cuánto tiempo le va a durar.

Las contradicciones que estallaron por primera vez de forma violenta cuando Sánchez pareció atreverse a ir más allá de los límites del mandato del Comité Federal del 20 de diciembre son las mismas que viene arrastrando el PSOE durante estos últimos años en su incapacidad de ofrecer una respuesta alternativa a la austeridad para la sociedad española.

Por lo tanto, para explicar cómo Sánchez ha podido pasar de ser el artífice de un pacto con Ciudadanos para cerrar el paso a Podemos en 2016 a ser aupado por las bases socialistas en una rebelión contra los barones que le designaron en un primer momento hay que devolver la mirada por lo menos hasta el 15M.

No se trata de que Pedro Sánchez o el PSOE como estructura tengan una serie de cualidades positivas comunes con el fenómeno del 15M, sino que sólo desde esta perspectiva puede entenderse cómo ha podido suceder algo que prácticamente todos daban por imposible o por qué, en este caso, los asuntos internos de un partido tradicional van mucho más allá de él. Esto nos recuerda también que nadie tiene por defecto la patente de la indignación y el cambio, ni existe un horizonte marcado que nos diga cómo será el futuro.

Lo máximo a lo que pueden aspirar las formaciones políticas es a surfear la ola, pero no a producirla. Esa ola crece, baja, se desplaza y cambia; solo la virtud acompañada de una buena fortuna permite al surfista mantenerse de pie. Sánchez ha sido un extraordinario surfista en esta última rebelión socialista contra el establishment.

Desde que nació, Podemos ha llevado a cabo, gracias a que supo ver venir y leer la ola, una operación hegemónica capaz de construir y delimitar un universo de referencia, en donde incluso el adversario ha terminado por incluirse. Siempre se solía decir que Podemos no podía parecerse al PSOE, pero ¿qué sucede ahora cuando es el PSOE quien acepta tener que parecerse a Podemos, en medio de una discusión sobre la crisis de la socialdemocracia y su papel a escala continental? ¿Qué sucede ahora cuando una vez que marcas el ritmo, la gramática, la agenda y los contornos de lo posible, el adversario decide dar la batalla en el mismo plano, es decir, decide subirse a la tabla y surfear?

El “nuevo” PSOE, el reflujo de la ola social y los cambios en la percepción de la ciudadanía sobre la situación política y económica en nuestro país son datos insoslayables para el análisis y la acción política. Sería un error pensar que los otros están incapacitados para surfear la ola porque arrastran una suerte de peso muerto de su historia que les incapacita absolutamente. Evidenciar su farol desde la perspectiva de los convencidos nunca será suficiente para desarmarlos.

Por el contrario, aceptar el envite pasa por asumir que esa corriente subterránea de cambios avanza –incluso a veces pasando por nuestro lado– y que somos capaces de captar esa realidad más allá de los partidos y traducirla en una alternativa para la mayoría social. Es ahí donde radica la posibilidad de renovar la hegemonía y actualizar la manida “hipótesis” de 2017 en adelante.

En este punto, nos encontramos con una vieja distinción y una vieja cuestión. La distinción extraída del ámbito militar es la distinción entre táctica y estrategia. Mientras la primera se ocupa de las operaciones concretas para llevar a cabo los combates, la segunda tiene que ver con la forma en que se organizan y se planifican los distintos combates para lograr un objetivo superior: ganar la guerra, tal y como recuerda Clausewitz.

En Podemos, a menudo, se ha tratado de descifrar una supuesta diferencia clave entre aquellos que serían partidarios de formar un gobierno en alianza con otras fuerzas políticas y aquellos que apostarían por quedarse en la oposición hasta lograr una mayoría absoluta o, de manera más realista, en una pasokización que condujera al PSOE a un dilema imposible. La discusión entre “gobernismo” y “polarización” es espuria, pues el valor y el sentido de una táctica no deriva de la propia táctica, sino que depende de la estrategia y de las correlaciones existentes en una coyuntura dada. Vuelve también el análisis concreto de la situación concreta.

Si el objetivo superior –o estratégico– es lograr un cambio en favor de la mayoría social en forma de acuerdo social, intergeneracional y plurinacional, entonces entrar o no en un gobierno es una mera diferencia táctica que deberá dirimirse en función de las circunstancias. Es obvio que los Ayuntamientos del Cambio solamente han podido darse en alianza con otras fuerzas políticas ya en forma de apoyo desde fuera o formando parte del gobierno, que en las comunidades autónomas donde se ha desalojado al PP ha sucedido también con entendimiento o acuerdo y parece difícil imaginarse que ocurriese de otra manera en el Estado.

Ahora, la vieja cuestión es la del programa en la que se materializaría ese cambio que es el debate político sustantivo que deberíamos tener para poder tener claridad a la hora de elegir la mejor ruta (táctica) para llegar a nuestro objetivo superior (estratégico). No sin aclarar antes que la importancia del programa tiene más que ver con la capacidad de plasmar aquello que se mueve y palpita en la sociedad que una suerte de prospecto farmacéutico o de receta que opera al margen de su interpelación con la sociedad.

Necesitamos un nuevo acuerdo de país que de solución a las tres grandes crisis abiertas aún en España: la económico-social, la político-institucional y la nacional. No se trata en ningún caso de librar las batallas cerradas “de manera exitosa” en la Transición, ni tampoco de tratar de regresar a la “idílica” situación previa a la crisis de 2008, sino de ir a la ofensiva con propuestas que renueven el pacto de posguerra europeo y el Estado de bienestar.

El PP de Rajoy ha adolecido en la moción de censura de una total ausencia de proyecto y modelo para este país, que no pase por la resignación, la precariedad y azotar el miedo a un cambio de gobierno. El PP, con un discurso replegado en una concepción patrimonialista de España, necesita señalar a Podemos como un intruso para resaltar aquello que no pueden soportar; que alguien pueda cuestionar que España no es su propiedad privada. Se ha podido observar que contamos con un gran país que podría ser mucho mejor si suelta el lastre de su Gobierno.

En este sentido, el objetivo pasa por tomar la crisis como una oportunidad para ir a la ofensiva y no solo en defensa de lo existente, dado que el reto que se nos presenta tiene más que ver con contar con un proyecto que modifique de manera integral nuestros sistemas de trabajo y de bienestar, que con plantear medidas aisladas en un intento de mitigar las disfunciones del modelo actual. Desde esta perspectiva, cobran sentido apuestas como la transición energética, la renta básica universal, los cuidados y la sostenibilidad como políticas transversales, etc.

Renovar la hegemonía conlleva siempre moverse en esa tensión entre lo imposible y la realidad como una nueva forma de construir lo posible, es decir, entre abrir nuevas sendas sin caerse por el barranco; sendas que inevitablemente los adversarios van a acabar transitando de manera forzada. Sobre estas bases, con el apoyo de sectores sociales diversos y la apertura de diferentes conflictos laborales que van más allá de lo meramente económico –estibadores, taxistas, trabajadores del metro, doctorandos, etc.–, muestran la potencial debilidad del Gobierno del PP y ya en el presente apuntan a ese horizonte de cambio.

Aquí es posible pensar diferentes modalidades de alternativa, incluido un gobierno a la portuguesa, en torno a una serie de líneas maestras que al mismo tiempo que impugnan la manera en la que se hacen las cosas, ofrece un esquema de país más democrático que recabe el apoyo de una mayoría social.

España debe liderar el cambio en Europa y, para eso, debe primero regenerar las instituciones de la corrupción, necesita resignificar profundamente la idea de España dentro de un acuerdo plurinacional sustentado sobre la democracia y urge cerrar la brecha social de la desigualdad, el paro y la precariedad. Esta es una tarea de altos vuelos, de audacia y generosidad, que va más allá de los partidos, ya que de lo que estamos hablando es de introducir los cambios que sirvan de cemento para levantar las reglas, las instituciones, los criterios, los equilibrios y las normas, de otra forma de organizar la convivencia y de concebir la ciudadanía en un país periférico de la UE a la altura del siglo XXI.

En un escenario global cada vez más incierto la vieja socialdemocracia también tiene un examen político e ideológico del que depende su propia supervivencia, cuando el cambio sólo se podrá producir revirtiendo las políticas y tratados europeos que ellos mismos han ayudado a construir.

El feminismo no es un movimiento social, es mucho más, es una sociedad que está moviéndose hacia el feminismo. En ese proceso, las fuerzas y lecturas que rechazan una sociedad igualitaria lanzan exabruptos y conatos propios del Medioevo; pero lejos de ser una muestra del retroceso de la sociedad hacia posturas aparentemente superadas, representan la reacción de los valores de una sociedad que se muere, pero que en su agonía, cual perro rabioso, se parapeta en la esquina lanzando mordiscos a la espera de ser derribado.

Las manifestaciones del 8 de marzo han sido masivas alrededor del mundo. En Madrid, ahí donde hace unos años se juntaban unas pocas miles de personas en una puesta en escena donde se identificaban con facilidad los bloques de partidos y colectivos políticos, en esta ocasión se han diluido entre un torbellino de iniciativas, pancartas caseras, cánticos cruzados y las calles aledañas a la manifestación tomadas por grupos de mujeres que vuelven a casa contentas y exhibiendo símbolos: la calle es suya. Sucede siempre lo mismo con aquello que es grande, que desaparece todo rastro de vanguardia y se le responde al poder con la frase que canta el Evaristo, “¿quieres identificarnos? Tienes un problema”.

En el caso de Turquía, inmersa en una grave espiral represiva, las feministas han desafiado al terror de Erdogan y al de ISIS. El gobierno que ha suspendido el derecho de manifestación –desde que en 2015 las bombas de DAESH asesinaran a decenas de manifestantes en diferentes ciudades– no ha podido evitar que decenas de miles de mujeres desfilaran por las calles de Estambul, Ankara y Diyarbakir.

En Grecia, el 8 de marzo de 2016 no hubo movilizaciones, con excepción de la pequeña manifestación protagonizada por mujeres kurdas en Atenas. Las feministas griegas decidieron no convocar porque estaban completamente sobrepasadas trabajando en la llamada crisis de los refugiados. Esto les valió algunas críticas de colectivos de otros países.

En 2017, sin embargo, Grecia no sólo ha recuperado la tradicional manifestación feminista sino que las mujeres refugiadas y migrantes han ocupado un espacio central en la misma, tanto en el número de participantes como en el discurso. Tres lecciones se pueden extraer de esto. El primero, que cada contexto debe tener su proceso, sus ritmos, sus prioridades y su discurso. La uniformidad a veces no suma sino que resta. El segundo, que los feminismos son el proceso de confluencia más exitoso en casi todas las partes del mundo. El tercero, que cuando hablamos de feminismos no nos referimos sólo a la lucha de las mujeres blancas con papeles.

El feminismo es el proceso de subjetivación más expansivo y sólido que se está dando en nuestras sociedades; sin líderes, sin centralizar, sin programa, ni dirección, sin fronteras, puro rizoma. El feminismo muestra que la verdadera política es algo más ambicioso: modificar las estructuras y las formas de comprender el orden de la sociedad. El movimiento subjetivo inventa nuevos universos de referencia y modos de concebir las relaciones sociales; es la sociedad reinventándose a sí misma en su propia defensa. “La revolución será feminista o no será” rezaba la pancarta colgada en la puerta del Sol en mayo de 2011. Había quien no lo entendía, incluso la pancarta fue arrancada, pero ahora nos vamos enterando: no estaban pidiendo permiso, tampoco exigiendo tolerancia por parte del hombre que debe “tolerar” la lucha de las mujeres; estaban constatando un hecho.

Este es el siglo de las mujeres. Lo vimos en Austria donde las mujeres salvaron a su país de la extrema derecha, lo vimos en Polonia con las mujeres valientes defendiendo su derecho a decidir, lo vimos en EEUU con las mujeres defendiéndose del ataque de Trump, en Islandia haciendo huelgas contra la brecha salarial, y lo vimos en España, donde el feminismo ha sido el único movimiento capaz de derribar a un ministro.

Esto quiere decir que las posibilidades para repensar la democracia y las bases de la convivencia, no es que deban tener en cuenta la perspectiva de las mujeres, sino que el conjunto de nuestra convivencia y relación ecológica viene dada por una hegemonía feminista. No solo cambian su papel y rol en sociedad, no solo visibilizan el trabajo socio reproductivo, base y a la vez molestia de la acumulación capitalista, con ello también alteran profundamente lo que significa y representa ser hombre.

Los hombres tenemos dos opciones: defender con uñas y dientes nuestros privilegios o aceptar que es el momento de dar un paso atrás. Asumir que no vamos a ser los protagonistas es difícil para quienes estamos acostumbrados a que nuestra opinión cuente. Reconocer que somos parte del problema es duro para quienes prefieren creer que el machismo es un conjunto de comportamientos individuales de determinados hombres, en vez de una cuestión estructural. Cuanto antes lo hagamos, menos sufrimiento provocaremos. Este proceso no se da de una vez para todas, no tiene una fecha fijada en el calendario, no es solo un acontecimiento, es una sedimentación cotidiana que va drenando y mutando en nuevas prácticas, gestos tácitos y mapas mentales.

Comentaba hace unos meses el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que la mujer es “un problema” para lograr el pleno empleo. En 2014, la que en su momento era la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, llegó a afirmar que prefería contratar a mujeres menores de 25 años o mayores de 45 años porque es menos probable que se queden embarazadas; quedarse embarazada es según sus propias palabras “un problema”.

Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Asumir un funcionamiento laboral que choca frontalmente con el funcionamiento de la vida. El problema es la manera en que se comprende qué define a la riqueza, a la utilidad, a lo que es o no actividad, a las prioridades, y hacer totalmente dependiente del trabajo remunerado el acceso a la condición de ciudadanía. El problema es poner por delante obtener beneficios privados a los beneficios comunes. La lucha de las mujeres representa el potencial de una contradicción fundamental del capitalismo, que no es la de trabajo proletario vs trabajo capitalista (un oxímoron), sino entre concebir la riqueza basada en el valor vs la riqueza no basada, no medida ni mediada por el gasto inmediato de tiempo de trabajo humano. Contradicción entre la centralidad de la autovalorización capitalista o la centralidad en el desarrollo de la vida, por eso el feminismo es ante todo un movimiento de vida.

La hegemonía de la política de movimiento lo impregna todo y obliga a que todos los actores tengan que moverse y posicionarse. El grado de fortalecimiento del movimiento mantiene una tensión dialéctica entre su capacidad de transformar la sociedad y la de ser transformado. El capitalismo funciona también como un cierre semiótico, esto es, busca adaptarse a los nuevos códigos y significados de tal forma que incorpora parte de sus demandas al tiempo que trata de evitar la politización de la economía. Es lo que Nancy Fraser ha calificado de “neoliberalismo progresista”; una especie de alianza entre algunas corrientes de los nuevos movimientos sociales, incluido el feminismo, y sectores de Wall Street, Silicon Valley y Hollywood. Una alianza entre la financiarización de la economía y la lectura licuada de la diversidad social y el reconocimiento a los distintos “estilos de vida”.

La conocida marca de moda Christian Dior ha presentado para esta temporada de primavera 2017 una camiseta que lleva por mensaje el título del libro de la escritora Ngozi Adichie, We should all be feminists (Todos deberíamos ser feministas). Si Dior lo hace es gracias al efecto generado por el terremoto feminista, lo que ciertamente es síntoma de fortaleza, pero al mismo tiempo entraña sus riesgos; ¿Dior se come al feminismo, o el feminismo a Dior? La tensión de la lucha de clases en una camiseta. El momento es ahora. La revolución está siendo feminista.

Pretender encontrar una única causa sobre lo ocurrido el 26J creo que es imposible, se cruzan demasiadas variables y no podemos compararlo con otro caso para comprobar qué hubiera pasado en otro supuesto si modificamos algunas de esas variables. Sin embargo, estoy convencido de que el debate y el reto fundamental al que se enfrenta Podemos tiene más que ver con el enfoque y las prácticas a desarrollar en el futuro. El debate sobre el futuro es la mejor forma de corregir lo pasado. Ahora le ha llegado el turno a la estrategia en detrimento de la táctica, ahora esas tinieblas abren un campo de posibilidad constituyente. ¿Qué es lo fundamental y cómo enfocarlo?

Aclaremos. Cualquier apuesta es inofensiva si no es capaz de transportar las sensaciones, los imaginarios, las proyecciones, si no consigue reinterpretar los miedos, temores y esperanzas de su época. En definitiva, sin una buena guía de las pasiones humanas y del modo en el que desea la sociedad, la política es inocua. Se trata entonces de poner por encima de las etiquetas e identidades particulares, la importancia por recordar que las reformas sociales no se logran nunca por la debilidad de los fuertes, sino por la fuerza de los débiles.

Entonces, ¿dónde está la fuerza, cómo encontrarla? Nos sucede como al filósofo Slavoj Zizek analizando la película Matrix, cuando a la hora de elegir entre las dos pastillas que Morfeo le ofrece a Neo, Zizek responde, ¡quiero la tercera pastilla! Exacto, no se trata de discutir sobre la base de ser más o menos “radical” dentro el mismo plano, se trata más bien de cambiar el propio plano. El virtuosismo de la política transformadora reside en el contenido, en esa materia capaz de movilizarse y hacer real la verdad efectiva de la cosa. La verdad siempre es un proceso sujeto a la impugnación. La fuerza, por lo tanto, está en aquella estrategia que permite crear racionalidades compartidas empujadas por un interés –deseo- democratizador.

Todo el imaginario neoliberal que proyecta la defensa de “la economía por goteo” junto con el prototipo del “triunfador”  a modo de motor dinámico de la economía, frente al vago, el que protesta y el “perdedor” que vive de las ayudas sociales, viene de una lectura reaccionaria del deseo por dejar de ser clase obrera. La paradoja de toda esta visión neoconservadora reside curiosamente en una potencia de liberación. Los años 80 de Thatcher y Reagan consiguieron ofrecer una “salida” a esa subjetividad surgida en los años 60 y los 70, ahí donde la izquierda solo consiguió “resistir” durante un tiempo pero sin ofrecer un nuevo encaje. El deseo de la “huída de la fábrica”, de la burocracia y la vida disciplinada, ha sido articulado por una racionalidad neoliberal que proyecta ese querer “dejar de ser clase obrera”, desde la perspectiva de la escapada individual en lugar de la emancipación colectiva. Esta posición se percibe en muchos de los argumentos que esgrimen los votantes del PP, pero sin duda, va más allá de ellos. Por lo tanto, insistir en la defensa de un imaginario pretérito identificado con una esencia fijada a una tradición concreta, que la propia fuerza de trabajo abandonó hace tiempo, fortalece esta posición. La cuestión de la política “radical” aparece cuando nos preguntamos cómo se reorienta ese mismo deseo hacia otras formas de relacionarse y de producir dentro de una racionalidad democrática.

Los procesos de transformación social que han ejercido la fuerza de los débiles siempre han compartido la noción de transversalidad. Son esos acuerdos sociales que resultan ser ampliamente asumidos por distintos grupo sociales y apuntan al núcleo de poder del adversario. Desde la Comuna de París al 15M, las experiencias tumultuosas han atravesado a la sociedad provocando de manera inédita y curiosamente armoniosa, el encuentro colectivo que remueve lo que era impensable. Transversales porque los de arriba se codean entre los de arriba fugándose de su la relación con los de abajo, y al igual que en la Francia que analizaba Marx, el Imperio los había arruinado económicamente con su dilapidación de la riqueza pública, con las grandes estafas financieras que fomentó.

En el tránsito hacia un modelo más aperturista, enraizado y regido por los tiempos de la estrategia, la tarea de Podemos debe ser doble. La primera pasa por empezar a dar pasos hacia una mayor articulación autónoma en la organización. La segunda tarea, que está relacionada con la primera, es servir de soporte para abrir espacios de agregación y participación donde se  encuentre la vida cotidiana. Extender una tupida red de Moradas por todo el territorio ofreciendo alternativas culturales de ocio, de resolución de problemas, y de construcción ciudadana, resulta fundamental. El movimiento popular se puede empezar pensando por lo más cercano. En Málaga se dio una iniciativa muy buena al respecto; “Podemos tomarte la tensión”. Un médico le tomaba la tensión en la calle a quien quería tomársela. Ese es el camino: micro abierto para rapear, torneos de Fifa con la playstation, talleres para ensayo de grupos musicales, clases de pilates o yoga, ludoteca, clases de refuerzo para colegiales, diseño gráfico, carpintería, gimnasio, fomento de una economía colaborativa con finalidad común, etc. 

Los ejemplos se encuentran rellenando los cuaderno de quejas locales para saber qué hacer, cómo intervenir, qué se demanda, y al mismo tiempo, qué se ofrece, quién se quiere ofrecer, y con qué conocimientos se cuenta para  compartir con el resto. Hacen falta más compañeros y compañeras que se vuelquen en esta tarea de generar sinergias. Se hace más política ahí donde menos lo parece y cuando no se habla “de política” demostrándolo en el día a día. Los movimientos políticos son por encima de todo motores que movilizan vida; una multitud cooperando. Son estos encuentros y conversaciones labrados desde abajo lo que produce sociedad y regiones de soberanía, pues para ofrecer soluciones la intervención política necesita tocarse, verse y sentirse. Podemos debe promover ese nexo territorial que produzca espacios donde reine lo cotidiano interpretado de otra forma.

Hasta ahora Podemos ha servido como un instrumento que traslada y emite voz, y así debe seguir siendo en el Parlamento, pero fuera tiene que devolver la palabra y escuchar para aprender y construir junto con los colectivos y actores sociales que ya existen esa malla de legitimidad. La transversalidad solo será efectiva cuando tome cuerpo y se haga pueblo. Esa comunicación entre los de abajo es lo que nos puede hacer ganar, es un escudo contra el miedo; una garantía de futuro.

Hagamos un ejercicio retrospectivo para tratar de ubicarnos en el momento político presente desde la perspectiva de una foto panorámica. Tracemos la línea política que ha definido la actuación del PSOE a lo largo de los últimos meses para no perdernos en el cruce cotidiano de comparecencias. ¿Qué es lo primero que hizo el PSOE tras las elecciones del 20D? Acordar en el Comité federal del 28D que no se podía pactar con Podemos. Esa es la razón principal que luego define al resto de razones, tal y como lo ha expuesto el socialista Pérez Tapias.

¿Qué pasó luego? Primero acordó la mesa del Congreso que daba la mayoría al PP apoyado en Ciudadanos, después vino el intento de enviar a Podemos al gallinero para ocultar a la tercera fuerza más votada, y finalmente pactó con Ciudadanos una serie de medidas económicas y fiscales que impedían aplicar unas políticas distintas a las del PP. La fórmula de Rivera es igual que la de Rajoy, recortes y desigualdad afirmaba Pedro Sánchez en la pasada campaña electoral. Más tarde y tras pactar con Ciudadanos, Los dirigentes del PSOE trataron de hacer un cambiazo entre su cambio de postura y la postura del cambio, pero no es lo mismo.

El PSOE, sabiendo que esto es injustificable trata de externalizar sus contradicciones llegando incluso a decir por boca de un consejero de Susana Díaz, que si Podemos sube en votos significaría que la sociedad está enferma: ya hay cinco millones de enfermos. La sociedad ha enfermado por los recortes, la precariedad, la incertidumbre, el paro crónico, las puertas giratorias y el empobrecimiento, no por el voto de la ciudadanía. Lo que los de arriba califican de experimento y caos, los de abajo lo llamamos democracia. El cambio solo puede tener sentido si se revierten los recortes, se acaba con las políticas que asfixian a la economía y se impulsa el cambio de modelo productivo.

¿Cuáles fueron las razones que impidieron acordar in extremis un gobierno del cambio tras el documento presentado por Compromís? Básicamente tres grandes escollos le impidieron al PSOE cumplir sus propias palabras; derogar las reformas laborales, priorizar la inversión social por encima del pago de la deuda y aceptar las 5 medidas de la PAH para superar la especulación con las vidas de las familias. Pese a todo lo sucedido se ofreció pactar una lista conjunta al Senado capaz de abrir el candado del PP en la cámara alta. Más de 200 ayuntamientos valencianos han pedido que se acuerde, pero no, gracias ha sido la respuesta que les ha dado Pedro Sánchez.

Creo que ya hemos tenido bastante estos cuatro meses sobre las razones por las cuales no ha habido gobierno, así que a partir de ahora sería más útil hablar de lo que va a suceder tras el próximo 26J.  He leído con cierta sorpresa tres cosas al respecto: Susana Díaz diciendo que hay que bajar al barro para ir contra Podemos, Jordi Sevilla, el responsable económico, ha sentenciado que de ningún modo el PSOE pactará con  Podemos tras las elecciones del 26J, y el fichaje para un supuesto ministerio de economía global Ángel Ubide, que viene del banco Goldman Sachs previo paso por el FMI y considera que sería un error derogar la reforma laboral de Rajoy.

Tenemos a un PSOE con un déficit de proyecto que solo ofrece pasado y apunta a Podemos como su enemigo a batir, a un PP cuyo único modelo para la ciudadanía es resignarse a lo que hay y generar miedo al cambio. Ciudadanos, el mini yo del PP, repite la fórmula vieja del miedo al mismo tiempo que dice ser la imagen moderada y racional. Moderado es aplaudir con un bienvenido sea el apoyo de un delincuente como Mario Conde. Racional como la defensa que hacía Luis Garicano de las cláusulas suelo en el campus de la FAES de 2013 porque representan lo que se entiende por libertad de mercado, mientras lanzaba diatribas contra el Tribunal Supremo por pretender eliminarlas. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 anuló por abusivo y usurario un crédito bancario otorgado a un consumidor a un interés del 24,6%. Ahora la Comisión Europea da un ultimátum a España para modificar la legislación por abusiva.

El PSOE corre el riesgo de sufrir de solipsismo, esto es, puede pensar que toda la realidad gira en torno a ellos y que todo se piensa y se mueve contra ellos. Si formalmente pretende hablar de cambio pero realmente se coloca en la pole position de la gran coalición, es posible que la ciudadanía lo acabe penalizando. Empero existe la alternativa de formar un gobierno de progreso, de ahí que debamos aprovechar la oportunidad histórica para girar las instituciones en la misma dirección hacia donde ya se ha movido la sociedad. Miremos al futuro.

En la conocida obra de Antonio Tabucchi llevada al cine y protagonizada por Marcello Mastroianni, Sostiene Pereira, hay un momento dentro del proceso de transición subjetiva que vive el protagonista que puede resultarnos útil para pensar nuestra coyuntura. Se trata del momento en el que el personaje del doctor Cardoso le cuenta a Pereira, la teoría que había aprendido en Francia sobre la confederación de almas. Dicha teoría niega la creencia según la cual cada persona es “uno” por sí mismo, desligado de todo un abanico de “yoes” propios, puesto que según indica la teoría, la personalidad, es una pluralidad de uno mismo, una “confederación de almas” porque cada uno está compuesto a su vez muchos. Esta confederación de almas que forman la personalidad de la persona, se rige por un yo hegemónico que se superpone al resto, aunque nunca lo hace del todo y eternamente.

Añadiría que ese yo hegemónico –y los yoes confederados-, son también resultado a su vez de una interacción más amplia, fruto de un ensamblaje social. Con todo, creo que el ejemplo de la confederación de almas es extrapolable a la situación plural y compleja que vivimos. ¿Cuál vendría ser el yo hegemónico actual? Aquel que sea capaz de incorporar una “estructura de transversalidad” acorde a una sociedad, cuya producción deviene cada vez más intensiva y cooperativa en la vida, al tiempo que es asolada y explotada bajo el régimen del tiempo financiero.

Aquel que sea capaz de hegemonizar la centralidad, lo que en nuestro caso significa, inventar un nuevo centro de atención, es decir, poner en el centro del debate político lo que se entiende que son consensos fraguados en la sociedad: paliar la desigualdad, defender los servicios públicos, acabar con la precariedad etc... Dicho de otro modo, la centralidad se compone de una transversalidad, que a su vez, toma cuerpo con las demandas instaladas en la sociedad -gracias al 15M, a las mareas, la PAH, gracias a la sociedad en movimiento-, para hacer de ellas algo central en la arena política electoral e institucional.

Las claves que identifican las posibilidades del cambio, no se explican entonces, por una simple suma entre quienes ya se consideran de izquierdas, como tampoco lo hace, por la necesidad de hacerse primero de izquierdas, para luego después, llevar a cabo la transformación política. Hay mucha más gente que defiende una sanidad pública que gente que la defiende considerándose de izquierdas. Si lo importante es la sanidad pública importa toda la gente que la defienda, no solo la que la defiende y es de izquierdas. Hay mucha más gente a la que le parece un horror la política de la UE con respecto a los refugiados, que gente a la que le parece un horror y se autodefine de izquierdas. La desigualdad, la precariedad, la violencia contra las mujeres…..

Reducir la potencia democrática al significante izquierda sería un error. Cuando se pide una “confluencia de izquierdas” no se busca una “confederación de almas”, sino entender la confluencia dentro del marco discursivo clásico “de izquierdas”, algo que por cierto, no ha sucedido en los ejemplos de confluencias hasta ahora existentes. Es importante diferenciar estos dos aspectos, pues rechazar una confluencia de izquierdas por las razones ya expuestas, no significa negar una confluencia en donde también esté “la izquierda” sumada a otras muchas sensibilidades, que dentro de un amplio marco de consenso, no necesitan ser lo mismo para estar de acuerdo en líneas fundamentales. En una sociedad sometida al imperio de la deuda, en una sociedad donde la precariedad se instala como el nuevo modelo social y el mundo del trabajo se convierte en el mundo de la vida, existe la posibilidad real de juntar lo que antes era impensable; renunciar a la transversalidad social sería una irresponsabilidad histórica.

Con todo, la necesidad apremiante a la que nos enfrentamos, lejos de ser una confluencia electoral, pasa por enriquecer la confluencia con la ciudadanía, donde no importe tanto compartir organización o formar parte de una como compartir una misma realidad, formar parte de un mundo en común. Para intensificar la democracia es necesario contar con la existencia de redes, instituciones sociales, contrapoder, tejido social, innovación productiva, ciudadanía crítica y organizada. Ese es el verdadero reto.

Eppur si mueve

Y sin embargo, se mueve…

-Galileo Galilei

Una de las artes en la política es insistir en una demanda particular que, a pesar de ser plenamente realista, factible y legítima, inquieta el corazón de la ideología hegemónica.

-Slavoj Zizek

Han pasado casi dos años desde que la indignación llenó las plazas y las redes con su particular mezcla de euforia, voluntad y apoyo mutuo. Desde entonces, al no proporcionar imágenes tan espectaculares como la ya icónica foto de la Puerta del Sol resplandeciente, algunos han dado por muerto al movimiento. Sin embargo, durante los últimos meses hemos visto todo lo contrario.

Las conclusiones del último estudio de la Fundación BBVA sobre las perspectivas, actitudes y valores centrales de los ciudadanos en 10 países europeos sugieren que el discurso elaborado por los indignados es ya el marco interpretativo de la crisis para el común de la gente. Por otra parte, en vez de optar por la representación parlamentaria, los movimientos parecen haber optado por una praxis democrática más directa.

El ejemplo más conocido de este pragmatismo de movimiento es la ampliamente apoyada Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Pero existe otra demanda clave que se dará a conocer en forma de ILP a lo largo de las próximas semanas en Cataluña y en el ámbito europeo. Se trata de la iniciativa por la Renta Básica.

Ambas iniciativas se enfrentan a la multiplicidad de lagunas democráticas que caracterizan al régimen surgido de la Transición. Pero mientras que la ILP de la dación en pago se centra en las injusticias vinculadas a uno de los pilares básicos del modelo productivo y social español (el ladrillo), la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Renta Básica apuntan a las contradicciones que surgen de las relaciones entre el capital, el trabajo y la vida en común.

Algunos se preguntarán de dónde habrá salido la idea de que, sabiendo que el sistema económico está hundido y es incapaz de generar empleo, se piense que una renta garantizada por el mero hecho de ser adulto y vivido aquí más de 12 meses es una opción. Algunos incluso lo tacharán de indolencia. Pero estas reacciones ignorarían la realidad que se ha vivido desde el movimiento y lo profundo que ha sido como proceso de socialización.

Lejos de tratarse de una mera expresión colectiva de ideales, en los últimos años la movilización ha realizado un trabajo pedagógico formidable que ha confluido de forma fortuita con la consolidación de un sector demográfico marcado por la precariedad. Un sector inmerso en una realidad material desoladora y sin narrativa, que por lo general cuenta con una cualificación muy por encima de las posibilidades laborales existentes. A pesar de buscar trabajo donde lo haya, muchas de estas personas se encuentran con una abundancia de tiempo libre que les permite, en la medida de lo posible, elevar el foco, reflexionar y poner en duda lo que se presenta como una lógica objetiva y neutra.

No debería extrañar a nadie que se promuevan ahora estas iniciativas ya que no solo constituyen una lectura alternativa al caos del statu quo, sino que también ofrecen soluciones sencillas a los problemas reales de quienes más sufren los efectos de la crisis. En unas condiciones materiales tan adversas, donde el empleo que se ofrece es temporal y mal pagado, no es difícil concluir que una sociedad fundada sobre el eje del empleo funciona al mismo tiempo como embudo y zanahoria, precisamente, -o por ello mismo-, cuando éste pierde su centralidad en la reproducción de la vida.

“El tiempo de trabajo”, decía Marx, “es para el capital el único principio determinante”, pero, actualmente, “el trabajo inmediato deja de ser el elemento determinante de la producción”. Ante la imposibilidad de seguir pensando en el empleo como la vía de integración social y económica, en una sociedad cuyo motor productivo reside cada vez más en la producción social, que incluye pero desborda a la jornada laboral, vemos cómo va desapareciendo la seguridad vital asociada a la tenencia de empleo.

Aparte de los indignados, quienes más han entendido esta transformación son los gurús de la nueva gestión empresarial. Este paradigma da por hecho que la noción clave para ubicarse en una realidad cambiante es la de pasar de considerar a la población como trabajadores, para convertirla ahora en supuestos protagonistas de su vida, en empresarios con la responsabilidad de desarrollar sus propias capacidades en el mundo-empresa.

De lo contario, cada cual será culpable individual de su situación. Se trata de una construcción discursiva que pone el foco en el desarrollo personal, la responsabilidad o el trabajo en equipo, que entiende que debes servir las necesidades del mercado y no al revés. Lejos de la emancipación y en ausencia de un poder colectivo, la gente se ve más sometida a las necesidades empresariales y financieras que les conducen por el camino hacia la servidumbre.

Ante esta opción, los movimientos sociales han entendido que la respuesta no puede seguir insistiendo únicamente en la defensa de lo hasta ahora conquistado, sino que deben explotar las posibilidades transformadoras que se abren en el presente. Si el empleo no es ninguna garantía para el desarrollo vital, no se puede esperar que el reparto de la riqueza recaiga unilateralmente en el salario, o en la búsqueda individual personificada en esa atomización extendida llamada emprendedora.

Día tras día, la narrativa que llega a través de los medios de comunicación habla de los escándalos de corrupción o de las ineficiencias que impregnan la arquitectura institucional y hegemonía cultural surgidas en España desde la Transición, pero en ningún caso, plantean la posibilidad democrática de romper con la línea marcada desde el dogma neoliberal. Quienes se movilizan han entendido que es la hora de erosionar esa idea enquistada y desenvolver las capacidades histórico-políticas que tenemos delante, de trabajar para que la fortuna y la virtud terminen por encontrarse al lado de la democracia.