Pues bien, acatado todo ello, por el camino se han dado más ocasiones para entreverar a partidos filoetarras en el ámbito institucional más allá, incluso, de los predios vascos. Es el caso de Amaiur, otra coalición del mismo corte y confección que las antes citadas, con curul, nada menos, que en la Cortes Generales españolas. Ciñéndonos a lo doméstico, surgió la coalición EH Bildu que, todo hay que decirlo, arrambló con una gran cantidad de votos que la sitúan como la segunda fuerza política en el Parlamento vasco. Ahí es nada.

Acatar, aun disintiendo de los razonamientos jurídicos, está bien, como también lo puede estar que, dada la legalización de formaciones políticas como las nombradas, muchos ciudadanos, de natural pastueños, en su ingenuidad, crean ver en ello una oportunidad para que quienes han sido orillados, por mor de la ley, de la participación política, reconduzcan su vida por la senda de la democracia y dejen de ciscarse en los derechos humanos, especialmente en los de las víctimas del feral terrorismo etarra.

Pero el tiempo transcurre, y a la vista está que todo es una filfa. Está en la condición humana, como ínsito en ella, que la cabra siempre tire al monte. Así, la única diferencia con los partidos ilegalizados en 2003 y los que lo fueron con posterioridad, todos con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que los ahora vigentes no han de pronunciarse tras la comisión de un atentado de la ETA. Al menos de momento. Y, como parece, tampoco han de condenar los cometidos antes de su legalización. Es como si no cupiera la condena retrospectiva.

En lo demás, las diferencias no existen, ni en el fondo ni en la forma, ni en el continente ni en el contenido, ni siquiera en las personas, por mucho que a la cabeza de Sortu y de las coaliciones mentadas se haya aupado a personas sin mácula o utilizado partidos como EA como detergente con que blanquear una nueva marca. Dicho en román paladino, Sortu, Bildu, EHBildu y Amaiur son un trasunto de Batasuna, Herri Batasuna y demás siglas ilegalizadas. Y para sustento de esta afirmación no acudo al inconcuso dato de que, ideológicamente, todas la siglas acreditan los mismos postulados (independencia y comunismo), a los que nada hay que objetar como anhelo, sino a las continuas actividades y conductas que unos y otros despliegan a la menor oportunidad que se les presenta por enaltecer a los terroristas y, de paso, pero no de soslayo, de denigrar y ofender a las víctimas causadas por una organización terrorista de cuyas esencias pimplan con desmesura.

Quizá haya llegado el momento de resucitar la ley de partidos políticos que el Tribunal Constitucional arrumbó por dos veces, las citadas supra, e intentar la ilegalización de unas formaciones políticas que de un modo constante, pertinaz y contumaz están evidenciando conductas, dentro y fuera de la sede parlamentaria, que conculcan la ley de partidos, la jurisprudencia del Supremo, la del Constitucional (la previa a 2011) y, sin lugar a dudas, la del Europeo de Derechos Humanos. Podría poner muchos ejemplos acaecidos en estos dos o tres últimos años, pero eso se lo dejo al Fiscal. Me basta aquí con traer a colación la querencia y la defensa a todas horas de unos asesinos condenados y convictos, al tiempo que se refocilan en las vísceras y miembros amputados que esparcieron. Esto, se mire como se quiera, no ocurre en una democracia comme il faut. Hay base para instar la ilegalización.