En España las instituciones democráticas son relativamente recientes. Nuestra democracia es joven si la comparamos con las europeas, y el diseño constitucional de 1978 perseguía unos fines que no siempre se han procurado. Así, el Tribunal Constitucional se diseñó como árbitro de los conflictos entre las Comunidades Autónomas y el Estado, como censor de la constitucionalidad de las normas con rango legal y como garante de los derechos fundamentales y las libertades públicas, aunque este último aspecto lo comparta con la jurisdicción ordinaria.

En los albores de nuestra democracia ese papel se cumplió con niveles que rozaron la excelencia. Muchos juristas recordarán los nombres de los magistrados que, cualquiera sea la sensibilidad a que se inquiera, eran reconocidos por su reconocido prestigio: Tomás y Valiente, Rubio Llorente, Ruiz Piñeiro, Díez-Picazo, García Pelayo, Truyol Sierrra… Su papel fue difícil, pero entonces el Tribunal Constitucional se ganó un prestigio que ahora es más que discutible, porque en los últimos tiempos se le ha embarrado en la lucha partidaria, convirtiendo cada renovación en un suplicio en el que terminan designándose candidatos cuyo perfil dista mucho del perseguido por el constituyente.

Es además incomprensible que no se haya procurado que el árbitro de los poderes territoriales, el guardián de la constitucionalidad de las leyes y el garante de los derechos fundamentales quede alejado de cualquier duda sobre su independencia. Los últimos nombramientos han venido salpicados de polémica y a fecha de hoy su presidente milita en el Partido Popular, sin que tal dato fuera conocido durante su proceso de designación como magistrado del Tribunal Constitucional. Aunque la Ley Orgánica que regula estos asuntos sea poco exigente, pues aparta solo a quienes ostenten “cargos relevantes” en partidos, la imagen de imparcialidad del Tribunal Constitucional ha quedado seriamente comprometida por esta circunstancia. Y un tribunal sin prestigio, con su legitimidad cuestionada, no será fácil que resuelva de manera convincente.

Lo terrible es que otro tanto sucede con los cargos de Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas, cuyos titulares también pertenecen al partido gobernante. El ansía de control partidario de las instituciones ha llevado, sin pudor alguno, a su asalto, como prueba el repaso a los nombramientos de diversos reguladores de los últimos meses. Las instituciones democráticas padecen de este modo una seria crisis de legitimidad, que conduce a la desconfianza, el rechazo y a los problemas territoriales de todos conocidos.

Esta avidez partidaria ha sido recurrente en otro órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que ahora está proceso de renovación. Lo está en el peor de los escenarios posibles, porque se va a designar su nueva composición tras una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impuesta por mayoría absoluta contra el criterio de toda la oposición. Ni un solo aliado ha encontrado el gobierno para el cambio legal, que cuenta con el rechazo de los grupos parlamentarios más importantes y de todas las asociaciones profesionales de jueces.

Además la renovación se afronta tras una profunda crisis que provocó la dimisión de su presidente originario, crisis que ha dañado a la institución y de paso, a la propia imagen del Poder Judicial. De ahí que sea imprescindible un proceso de renovación trasparente, exigiendo comparecencias de los candidatos a vocal en Congreso y Senado, sean juristas o jueces. Como también sería necesario que los grupos parlamentarios no se desentendieran de los candidatos propuestos por la otra parte, desidia que ha provocado en otras ocasiones la presencia de vocales muy alejados de la idoneidad requerida.

Si se actuara con inteligencia se aseguraría una presencia equilibrada de sexos, sensibilidades políticas, profesionales y territoriales. Se huiría de las adscripciones partidarias evidentes y se afanarían las Cortes en buscar perfiles que suscitaran reconocimiento y reputación dentro y fuera del Poder Judicial. Lo contrario contribuirá a seguir ahondando en el desprestigio de las instituciones democráticas y a socavar la ya maltrecha legitimidad que padecen.

Desde la ampliación de las tasas, la justicia sirve a dos clases de usuarios. Por un lado los grandes litigantes a quienes no arredra el coste que supone la tasa porque, al destinar ingentes recursos al recobro de impagados, repercuten en el deudor su coste. Financieras, bancos, aseguradoras o la propia Administración Pública siguen acudiendo en masa a la administración de justicia, sin que la reforma gubernamental haya supuesto una disminución significativa de sus pretensiones. Por otro lado quienes disponen del derecho a litigar gratuitamente, exentos del abono de la tasa, son cada vez menos, porque se han endurecido los requisitos para su concesión. Y en medio quedan, las pequeñas empresas, familias y ciudadanos a los que afecta el alto coste del proceso civil o contencioso-administrativo, que han desistido en proporciones cercanas al 40 % de los litigios que podrían haber iniciado.

Si antes el ciudadano tenía la sensación de que había dos clases de justicia, ahora puede tener absoluta certeza. La disminución del número de asuntos en los juzgados como consecuencia de las tasas no hace desaparecer el problema económico o jurídico que lo generó, pero propicia que hoy en día se atienda mejor a las grandes corporaciones, que antes tenían que compartir una administración de justicia precaria con quien acudía a los tribunales de manera esporádica. El usuario medio, la pequeña empresa que quería recobrar un impago, quien pretende recurrir una sanción, o el consumidor que porfiaba contra un abuso, han abandonado los tribunales porque el coste de litigar es disparatado.

Es precisamente la desproporción del coste el límite que el Tribunal Constitucional había señalado en febrero de 2012 como infranqueable para respetar la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva. La introducción de tasas para los grandes usuarios de la administración de justicia pasó el filtro constitucional por no extenderse a todos los litigantes y por su moderado importe. En la actualidad hay recursos que cuestionan la Ley de diciembre de 2012, pero la demora endémica del Tribunal Constitucional ofrece pocos motivos para esperar un fallo próximo. Entretanto, quienes se sienten víctimas de una injusticia incuban frustración y desesperanza.

También es inquietante el desastre organizativo que todo ello provoca. Mientras que tribunales civiles y salas de lo Contencioso o de lo Social han visto disminuir significativamente su carga de trabajo, Juzgados y Audiencias penales, y Juzgados de lo Social rozan el colapso. Los órganos colegiados cada vez tienen menos asuntos, y los unipersonales están desbordados. La supresión de jueces sustitutos afecta especialmente a los órganos especialmente sobrecargados. Todo ello perjudica esencialmente a los ciudadanos, que padecen una respuesta cada vez más lenta en la primera instancia y afrontan unos recursos muy onerosos. Si esto hubiera ocurrido en una empresa privada, el responsable de semejante caos generado en tan sólo seis meses, habría sido fulminantemente cesado.

Seguramente de la sensación de impotencia y frustración de quienes no pueden acudir a los tribunales no despertará ninguna revuelta social. Pero es significativo que el afán gubernamental por resolver el problema de la litigiosidad se escore tanto hacia medidas que la disimulan, en lugar de modernizar los instrumentos para afrontarla. Entretanto, algunas Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia se disputan el reparto de lo recaudado, olvidando que miles de ciudadanos y familias no podrán reclamar lo que consideran legítimos derechos, por la imposibilidad de afrontar el coste que acarrea. Un factor que alimenta el desánimo general, y, ojalá que no, que algunos decidan tomarse la justicia por su mano.

El Gobierno había modificado en dos ocasiones en la legislatura la regulación de los desahucios por impagos de hipotecas. Además, la mayoría parlamentaria que lo apoya había tomado en consideración, pese a su oposición inicial, la Iniciativa Legislativa Popular que pretendía la regulación de la dación en pago incluso con efecto retroactivo. Pero la tramitación parlamentaria del último Real Decreto Ley que suma la ILP ha dado un magro resultado, pues los avances que sin duda representa respecto a la insostenible regulación previa, son insuficientes para afrontar el drama de la pérdida de vivienda de muchísimos ciudadanos.

La mayoría parlamentaria no ha querido ver la magnitud del problema. La preocupación por cumplir el objetivo de consolidación fiscal (sin tocar las rentas más desahogadas), se sobrepone a elementales razones de justicia y equidad que habían logrado un amplísimo apoyo social, porque todos percibimos que la crisis, de tantos rostros, decanta en el de quienes han perdido todo y ni siquiera tienen donde alojar su desesperación.

Pero que no se quiera ver no significa que el problema no exista. Los escraches han sido solo un aviso del abismo social, y consecuentemente político, al que nos enfrentamos. Quien no quiera ver la descomposición política a la que contribuyen muchas razones, como los recortes en servicios fundamentales o los escándalos de corrupción, es que está ciego. La crisis institucional a la que nos enfrentamos está ahí, y por mucho que se piense que ya escampará, está incrustada hasta el tuétano de la fibra moral de nuestra sociedad. Cada vez que hay elecciones percibimos nuevos síntomas de lo que ocurre cuando no se dan respuestas a injusticias colectivas, o cuando las respuestas siguen pautas tecnocráticas incapaces de dotar de alguna legitimidad al sistema político.

Para proteger a quienes, sin ninguna responsabilidad, se vieron privados de su trabajo, que les impidió pagar una vivienda cuyo precio, también sin ninguna responsabilidad, ha disminuido por debajo de lo precisó para poder desprenderse de ella y abonar las cargas financieras que asumió, con la cooperación imprescindible de quienes facilitaron crédito sin restricción alguna, hay soluciones legislativas que otros países contemplan desde hace décadas. Si no se aprueba la dación en pago, con la moderada redacción que proponía la ILP, cabe limitar la responsabilidad patrimonial universal permitiendo la liberación de las deudas de familias a través de la reforma de la Ley Concursal, o disponer una moratoria que libere de la obligación de afrontar el préstamo y sus intereses de todo tipo, durante el tiempo que sea preciso. Lo que es insufrible es la actual situación de pasividad e inacción.

Según el INE, el 21,8 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Una cuarta parte de los trabajadores no tienen empleo. Miles de familias están abocadas a perder su vivienda y padecer exclusión social. Los fondos públicos se han centrado en salvar de la quiebra a entidades financieras, mientras los escándalos sobre la utilización torcida de los recursos presupuestarios se suceden. El descreimiento de las fuerzas políticas mayoritarias, que revelan los estudios sociológicos, es otro síntoma de que el populismo nos amenaza como a los italianos. Y pese a todo, queremos seguir sin ver que esta situación necesita de electroshock, de una política que exija sacrificios también a quienes disponen de más recursos, participando en un proyecto común de regeneración social, política y económica. Todavía tenemos un régimen democrático con todos sus defectos, preferible a la mejor y más perfecta de las dictaduras. No podemos seguir negándonos a ver.