Leyendo Catalunya Plural hace unos días tropecé con un artículo de mi admirado Pere Rusiñol que llamó mucho mi atención. Su título, Catalunya Ràdio y el Barça: cómo se fija la agenda en Catalunya, contenía tantos elementos de mi interés juntos que no podía pasarlo por alto. Sin embargo, después de su lectura atenta, me invadió la desazón: tuve la sensación de estar ante un artefacto puesto al servicio de una tesis elaborada de antemano. De hecho, el título no es siquiera fiel reflejo del artículo, ya que los principales actores del mismo (Mediapro de manera activa, Joan Laporta de manera pasiva) ni siquiera se mencionan en él.

Sí, es probable que haya actores poderosos que tengan intereses en los futuros comicios del Barcelona. Aceptemos incluso que para algunos dependa de ello su cuenta de resultados. Pero reducir la complejidad electoral de un club tan peculiar, más en este momento tan convulso, al efecto que pueda tener una única encuesta y un único medio (que ni siquiera es líder) es, cuanto menos, falaz. Vaya por delante que no tengo vínculo alguno con ninguna de las empresas o personas que se citan en el artículo, más allá del emocional con el FC Barcelona, del que ni siquiera soy socio, pero intentaré discutir, en forma de reflexiones más o menos breves y más o menos independientes, algunas (muchas, de hecho) de las afirmaciones que se hacen en el artículo. Podrán parecer deslavazadas, pero el artículo original es tan poliédrico, por decirlo de algún modo, que no se me ocurre manera mejor de hacerlo.

Empieza el artículo apuntando que el Barça es “la pieza de la sociedad civil más codiciada por todo el entramado político y económico”, una vez excluida la ahora cotizada La Caixa que la ha convertido en “inalcanzable”. No dudo de lo primero, de hecho coincido con ello, pero por eso sorprende y apena que el autor no tire del hilo y denuncie el déficit democrático que se colige de esta afirmación. Como ya hemos explicado otras veces, bajo un barniz de apariencia democrática, el FC Barcelona se ha convertido a pasos agigantados en un coto privado que desnaturaliza a sus gestores de la masa social a la que en principio se deben. Con ello, se impide que haya un auténtico ejercicio de fiscalización y se abre de par en par la gatera para que determinados intereses privados dispongan del club a voluntad. Sean los de Mediapro, los de Movistar… o los de Qatar.

El artículo también incluye un ejercicio de labeling nada inocente que, como casi siempre, dice más del etiquetador que del etiquetado. Catalogando a Laporta de “independentista” por oposición a un Bartomeu “barcelonista”, ¿se da por descontado que el primero no es barcelonista? ¿Se considera que Bartomeu no tiene otra ideología que no sea el “barcelonismo” o que, caso de tenerla, no es relevante para el ejercicio de su cargo? ¿Se olvida que los presidentes que precedieron a estos (y a Rosell), como Joan Gaspart y José Luis Núñez, amén de ser “barcelonistas” tenían una ideología marcadamente derechista y españolista que nunca ocultaron? ¿O se olvida, incluso, que de manera menos ruidosa que Laporta el propio Rosell mostró en varias ocasiones sus convicciones nacionalistas? Y por último, ¿se pasa por alto que nada de lo anterior impidió que en todos estos mandatos se produjeran fracturas sociales más o menos profundas en el seno del club? En definitiva: una distinción inútil, a efectos prácticos.

Y tiene un punto hasta cómico que el autor afirme que Laporta “lleva semanas pasando revista a las tropas a la espera del momento ideal para iniciar la contienda”, como si esto dependiera de él. La contienda se inició en el mismo momento en el que Bartomeu convocó las elecciones… a las que él mismo anunció que sería candidato de manera inmediata. Y, simultáneamente, empezó una campaña electoral en la que la constante es la confusión entre el papel institucional y el de aspirante del propio presidente. De unos meses a esta parte, Josep Maria Bartomeu ha multiplicado por mucho sus actos sociales, puntualmente recogidos por la prensa afín, así como la atención a cualquier medio que se ponga por delante. La omnipresencia del hasta entonces discreto Bartomeu no contrasta tanto con un desaparecido Laporta, sino con otros que como Agustí Benedito o Jordi Majó, habiendo dicho que serán candidatos, apenas consiguen espacio en ningún medio relevante.

Tampoco son “las encuestas” las que dicen que Laporta es el favorito para recuperar la presidencia. Es la gente que responde a las encuestas quien lo dice. El problema parece ser que aparezca Laporta entre estas respuestas, ya que no llama tanto la atención del autor que aparezcan otros que, como éste, tampoco son hoy candidatos. Pero es que ni siquiera lo serán en un futuro próximo, como el antiguo entrenador Pep Guardiola (que obtiene un 19% de intención de voto en respuesta espontánea, por delante del mismo Bartomeu). A las encuestas se les puede discutir, con justicia, que son una mala herramienta para hacer predicciones ante escenarios volátiles, como es el caso. Pero no se les puede achacar que no capturen con cierta precisión, más que cualquier otra de la que dispongamos, el pulso social en un momento determinado.

Precisamente por esto no tiene nada de raro que, según la dichosa encuesta, Bartomeu atraiga “sólo” el 27% de los votos. De hecho, casi sorprende que consiga tantos. Ningún socio del Barcelona puede recordar haber votado al presidente actual (mientras que sí hay, y no pocos, antiguos votantes de Laporta). Pero es que ni siquiera puede reivindicar todo el voto que obtuvo Rosell en 2010 porque es probable que varios miembros de aquella junta acaben encabezando candidaturas este verano. Sin embargo, si el autor no acaba de fiarse de las encuestas, puede hacer caso de otros indicios que apuntan en el mismo sentido, como la pitada masiva que recibió el presidente durante la celebración del récord goleador de Messi, el pasado noviembre, antes de la convocatoria de elecciones.

Denuncia a continuación el autor que “las encuestas son en realidad una encuesta”, pero esto no es cierto en absoluto. Encuestas alrededor del Barcelona hay muchas y frecuentes, unas públicas y otras no. Las públicas, promovidas por medios como los dos principales periódicos deportivos de la ciudad, son en la mayoría de los casos menos transparentes y mucho menos fiables que la puesta en tela de juicio en el artículo. A pesar de estar hechas demasiado a menudo a partir de un universo autoseleccionado entre sus propios lectores, incluso a través de sus páginas web, si conviene generan portadas, noticias y argumentos para tertulias en los días posteriores a su publicación. Pero las hay también privadas, como las que llevan a cabo otros candidatos (como la de Agustí Benedito) o el mismo Barcelona de manera periódica entre sus socios. Es muy inocente pensar que el presidente actual no vaya a usar este conocimiento a su favor durante la futura contienda electoral de manera privativa. Así que puestos a denunciar, también habría que pedir que esta información se pusiera a disposición de todos los socios de manera transparente. Y por cierto: todas las encuestas que se conocen hasta la fecha –anteriores a la que es objeto del artículo- reflejan la posición de inferioridad que ocuparía hoy Bartomeu respecto a Laporta, y en una proporción similar.

Y llegamos, por fin, al meollo del asunto. Sin embargo, la parte que para Rusiñol es central es, probablemente, la menos interesante porque es irrebatible. No por cierta, sino por incontrastable. El conglomerado WPP está formado por incontables empresas alrededor del mundo, entre ellas Mediapro, es cierto. Igual que es cierto que TNS, la antigua Sofres, forma parte de este mismo holding empresarial, a través de KantarGroup, desde 2008, pero su trayectoria en el campo de la investigación social tiene ya más de sesenta años. Es un proveedor fiable y competitivo y conocido por cualquier persona que se dedique al sector. La apelación a su “solvencia” por parte de Catalunya Ràdio es totalmente creíble. Una solvencia que no se consigue manipulando los resultados de las encuestas que les encargan. Y hablo de “manipular” porque si para el autor es un hecho relevante que la encuesta la lleve a cabo TNS (“nadie citó un pequeño detalle”) y no cualquier otra empresa demoscópica, se deduce que esta es la variable que explica que el resultado sea este y no otro. Admito que la secuencia que traza el autor es sugerente, pero parece construida a partir de una relación causa–consecuencia bastante débil, asumiendo que la división nacional de una empresa global (TNS) trabajará al dictado de la matriz empresarial (WPP) para favorecer los intereses de una de sus empresas participadas (Mediapro). Seguro que Guillermo de Ockham levantaría una ceja al leerlo.

La parte final del artículo de Rusiñol se desliza por una pendiente llena de aparentes trampas técnicas (las fechas, el método de entrevista o la dotación de encuestadores) que, sin embargo no tienen nada de excepcionales. Si no se dispone del censo de socios (algo que sería ilegal), es mucho más barato y eficiente usar encuestadores a pie de campo en un día de partido, ya que es la manera más fácil de encontrar a socios del Barcelona, el universo de la muestra (tanto es así, que es el mismo método que usó por ejemplo El Mundo Deportivo para llevar a cabo su nada sospechosa encuesta). Así como tampoco hay nada de milagroso en “cuadrar” esa muestra: el diseño de cualquier encuesta prevé qué perfiles sociodemográficos hay que identificar y los encuestadores no acaban su trabajo hasta que completan estas cuotas. Y aunque a mí me gustaría tanto como a él que los contratos de una entidad pública se hicieran públicos independientemente de su cuantía, creo que es más sensato pensar en la flexibilidad que permiten este tipo de contratos menores que en su opacidad, no tanto respecto a quién se contrata sino a los plazos. Hacerlo a través de un concurso hubiera obligado a que la encuesta se llevara a cabo… ¡después de las elecciones! Pero es que, además, replicar este tipo de encuesta, a precio de mercado, costaría, efectivamente, menos de 18.000 euros.

Sólo un apunte final, para tranquilidad del autor, antes de intentar articular una conclusión más general. Quince días antes de que ganara sus primeras elecciones en 2003, las encuestas daban a Laporta menos de un 10% de intención de voto, muy lejos del 42% de Luis Bassat, el gran favorito. El final de esa historia es conocido por todos: Laporta se impuso con más de un 52% de los votos. Con estos números en la mano, es bastante difícil sostener que “las encuestas” condicionen demasiado una contienda electoral como esta.

La tesis del autor es clara y simple: a través de una única encuesta, elaborada por una empresa asociada, Mediapro pretende facilitar un terreno de juego institucional favorable a sus intereses comerciales. Pero más que simple, es simplificadora. La pretensión de este artículo no es rebatir la tesis de Rusiñol (más que nada, porque como ya he apuntado es irrefutable) y ni tan siquiera es incompatible con ésta. Lo que sí se quiere poner de relieve es que la simplificación, más allá del objetivo legítimo de hacer inteligibles sus argumentos, es cuanto menos sesgada, por no decir interesada: soslaya muchos aspectos relevantes y eleva a categoría otros que son anecdóticos, cuando no irrelevantes o falsos. Y, lamentablemente, para este empeño construye un muñeco de paja cargando contra la encuesta como herramienta demoscópica (que nos dice a quién votará la gente) reduciéndola a un omniscente instrumento de propaganda (que nos diría a quién debe votar la gente).

John W. Kingdon, en su clásico de 1984 “Agendas, Alternatives, and Public Policies”, apunta la teoría de las “threestreams”, que identifica qué tres factores deben coincidir para que un tema asalte, como parece que es el caso, la “agenda política”. Los dos primeros (el binomio problema–solución) son obvios en este caso: hay unas elecciones en el horizonte cercano (“problema”) a las que la candidatura aún no anunciada de Laporta sería una competidora viable (“solución potencial”). Falta una tercera pata, todavía, la que Kingdon llama “oleada política”. Esta sí está sujeta al estado de ánimo general o a la acción de los grupos de presión, abriendo una grieta para que medios y otros actores se posicionen y presionen según su afinidad (y sobre esto pone el foco exclusivamente el artículo de Rusiñol).

Sólo si las tres coinciden en el momento preciso en el que se abre una ventana de oportunidad (y un club en los juzgados o un rendimiento deportivo inestable lo hacen de par en par) se conseguirá atraer la atención de la opinión pública; sino, no. Pero en el fondo, lo que hace más atractivo el planteamiento de Kingdon es que levanta barreras a interpretaciones de tipo conspirativo. Asaltar la agenda pública exige la coordinación de muchos actores y factores que, por definición, no pueden operar como un cártel ni someter todas las variables en juego a su voluntad. Dicho de otro modo: aunque el proceso de fijación de la agenda no es en absoluto democrático, tampoco puede ser dirigido por un número muy reducido de agentes sin contar con la oposición de otros.

En definitiva, no. No es así como se fija la agenda en Catalunya. Ni en ningún otro lado.

Sí, és probable que hi hagi actors poderosos que tinguin interessos en els futurs comicis del Barcelona. Acceptem fins i tot que per a alguns depengui d'això el seu compte de resultats. Però reduir la complexitat electoral d'un club tan peculiar, més en aquest moment tan convuls, a l'efecte que pugui tenir una única enquesta i un únic mitjà (que ni tan sols és líder) és, si més no, fal·laç. Vagi per davant que no tinc cap vincle amb cap de les empreses o persones que es citen en l'article, més enllà de l’emocional amb el FC Barcelona, del qual ni tan sols en sóc soci, però intentaré discutir, en forma de reflexions més o menys breus i més o menys independents, algunes (moltes, de fet) de les afirmacions que es fan en l'article. Podran semblar toves, però l'article original és tan polièdric, per dir-ho d'alguna manera, que no se m'acut millor manera de fer-ho.

Comença l'article apuntant que el Barça és “la peça de la societat civil més cobejada per tot l'entramat polític i econòmic”, un cop exclosa l’ara cotitzada La Caixa que s'ha convertit en “inabastable”. No dubto del primer, de fet hi coincideixo, però per això sorprèn i fa pena que l'autor no tiri del fil i denunciï el dèficit democràtic que es dedueix d'aquesta afirmació. Com ja hem explicat altres vegades, sota un vernís d'aparença democràtica, el FC Barcelona s'ha convertit a passos de gegant en un vedat privat que desnaturalitza als seus gestors de la massa social a la qual en principi es deu. Amb això, s'impedeix que hi hagi un autèntic exercici de fiscalització i s'obre de bat a bat la gatera perquè determinats interessos privats disposin del club a voluntat. Siguin els de Mediapro, els de Movistar ... o els de Qatar.

L'article també inclou un exercici de labeling gens innocent que, com gairebé sempre, diu més de l'etiquetador que de l'etiquetatge. Catalogant Laporta de “independentista” per oposició a un Bartomeu “barcelonista”, es dóna per descomptat que el primer no és barcelonista? Es considera que Bartomeu no té altra ideologia que no sigui el “barcelonisme” o que, cas de tenir-la, no és rellevant per a l'exercici del seu càrrec? ¿S'oblida que els presidents que van precedir a aquests (ja Rosell), com Joan Gaspart i Josep Lluís Núñez, a més de ser “barcelonistes” tenien una ideologia marcadament dretana i espanyolista que mai van ocultar? O s'oblida, fins i tot, que de manera menys sorollosa que Laporta el mateix Rosell va mostrar en diverses ocasions les seves conviccions nacionalistes? I finalment, es passa per alt que res d'això va impedir que en tots aquests mandats es produïssin fractures socials més o menys profundes en el si del club? En definitiva: una distinció inútil, a efectes pràctics.

I té un punt fins i tot còmic que l'autor afirmi que Laporta “fa setmanes passava revista a les tropes a l'espera del moment ideal per iniciar la contesa”, com si això depengués d'ell. La contesa es va iniciar en el mateix moment en què Bartomeu va convocar les eleccions ... de les quals ell mateix va anunciar que en seria candidat de manera immediata. I, simultàniament, va començar una campanya electoral en què la constant és la confusió entre el paper institucional i el d'aspirant del propi president. D'uns mesos ençà, Josep Maria Bartomeu ha multiplicat per molt els seus actes socials, puntualment recollits per la premsa afí, així com l'atenció a qualsevol mitjà que es posi per davant. L'omnipresència del fins llavors discret Bartomeu no contrasta tant amb un desaparegut Laporta, sinó amb altres que com Agustí Benedito o Jordi Majó, havent dit que seran candidats, tot just aconsegueixen espai en cap mitjà rellevant.

Tampoc són “les enquestes” les que diuen que Laporta és el favorit per recuperar la presidència. És la gent que respon a les enquestes qui ho diu. El problema sembla ser que aparegui Laporta entre aquestes respostes, ja que no crida tant l'atenció de l'autor que apareguin altres que, com aquest, tampoc són avui candidats. Però és que ni tan sols ho seran en un futur pròxim, com l'antic entrenador Pep Guardiola (que obté un 19% d'intenció de vot en resposta espontània, per davant del mateix Bartomeu). A les enquestes se les pot discutir, amb justícia, perquè són una mala eina per fer prediccions davant escenaris volàtils, com és el cas. Però no se'ls pot atribuir que no capturin amb certa precisió, més que qualsevol altra eina de la qual disposem, el pols social en un moment determinat.

Precisament per això no té res d'estrany que, segons la maleïda enquesta, Bartomeu atregui “només” el 27% dels vots. De fet, gairebé sorprèn que aconsegueixi tants. Cap soci del Barcelona pot recordar haver votat el president actual (mentre que sí que hi ha, i no pocs, antics votants de Laporta). Però és que ni tan sols pot reivindicar tot el vot que va obtenir Rosell el 2010 perquè és probable que diversos membres d'aquella junta acabin encapçalant candidatures aquest estiu. No obstant això, si l'autor no acaba de fiar-se de les enquestes, pot fer cas d'altres indicis que apunten en el mateix sentit, com la xiulada massiva que va rebre el president durant la celebració del rècord golejador de Messi, el novembre passat, abans de la convocatòria d'eleccions.

Denúncia a continuació l'autor que “les enquestes són en realitat una enquesta”, però això no és cert en absolut. Enquestes al voltant del Barcelona hi ha moltes i freqüents, unes públiques i altres no. Les públiques, promogudes per mitjans com els dos principals diaris esportius de la ciutat, són en la majoria dels casos menys transparents i molt menys fiables que la posada en dubte en l'article. Tot i estar fetes massa sovint a partir d'un univers autoseleccionat entre els seus propis lectors, fins i tot a través de les seves pàgines web, si convé generen portades, notícies i arguments per tertúlies en els dies posteriors a la seva publicació. Però n'hi ha també de privades, com les que duen a terme altres candidats (com la d'Agustí Benedito) o el mateix Barcelona de manera periòdica entre els seus socis. És molt innocent pensar que el president actual no vagi a usar aquest coneixement a favor seu durant la futura contesa electoral de manera privativa. Així que, posats a denunciar, també caldria demanar que aquesta informació es posés a disposició de tots els socis de manera transparent. I per cert: totes les enquestes que es coneixen fins a la data -anteriors a la que és objecte del article- reflecteixen la posició d'inferioritat que ocuparia avui Bartomeu respecte Laporta, i en una proporció similar.

I arribem, per fi, al moll de l'assumpte. No obstant això, la part que per Rusiñol és central és, probablement, la menys interessant perquè és irrebatible. No per certa, sinó per incontrastable. El conglomerat WPP està format per incomptables empreses al voltant del món, entre elles Mediapro, és cert. Igual que és cert que TNS, l'antiga Sofres, forma part d'aquest mateix holding empresarial, a través de KantarGroup, des de 2008, però la seva trajectòria en el camp de la investigació social té ja més de seixanta anys. És un proveïdor fiable i competitiu i conegut per qualsevol persona que es dediqui al sector. L'apel·lació a la seva “solvència” per part de Catalunya Ràdio és totalment creïble. Una solvència que no s'aconsegueix manipulant els resultats de les enquestes que els encarreguen. I parlo de “manipular” perquè si per a l'autor és un fet rellevant que l'enquesta la porti a terme TNS (“ningú va citar un petit detall”) i no qualsevol altra empresa demoscòpica, es dedueix que aquesta és la variable que explica que el resultat sigui aquest i no un altre. Admeto que la seqüència que traça l'autor és suggerent, però sembla construïda a partir d'una relació causa-conseqüència bastant feble, assumint que la divisió nacional d'una empresa global (TNS) treballarà al dictat de la matriu empresarial (WPP) per afavorir els interessos d'una de les seves empreses participades (Mediapro). Segur que Guillem d'Ockham aixecaria una cella al llegir-lo.

La part final de l'article de Rusiñol llisca per un pendent ple d'aparents trampes tècniques (les dates, el mètode d'entrevista o la dotació d'enquestadors) que, no obstant això no tenen res d'excepcionals. Si no es disposa del cens de socis (cosa que seria il·legal), és molt més barat i eficient utilitzar enquestadors a peu de camp en un dia de partit, ja que és la manera més fàcil de trobar a socis del Barcelona, l'univers de la mostra (tant és així, que és el mateix mètode que va usar per exemple El Mundo Deportivo per dur a terme la seva gens sospitosa enquesta). Així com tampoc hi ha res de miraculós a “quadrar” aquesta mostra: el disseny de qualsevol enquesta preveu quins perfils sociodemogràfics cal identificar i els enquestadors no acaben el seu treball fins que completen aquestes quotes. I encara que a mi m'agradaria tant com a ell que els contractes d'una entitat pública es fessin públics independentment de la seva quantia, crec que és més sensat pensar en la flexibilitat que permeten aquest tipus de contractes menors que en la seva opacitat, no tant pel que fa a qui es contracta sinó als terminis. Fer-ho a través d'un concurs hagués obligat a que l'enquesta es portés a terme ... després de les eleccions! Però és que, a més, replicar aquest tipus d'enquesta, a preu de mercat, costaria, efectivament, menys de 18.000 euros.

Només un apunt final, per a tranquil·litat de l'autor, abans d'intentar articular una conclusió més general. Quinze dies abans que guanyés les seves primeres eleccions el 2003, les enquestes donaven Laporta menys d'un 10% d'intenció de vot, molt lluny del 42% de Lluís Bassat, el gran favorit. El final d'aquesta història és conegut per tots: Laporta es va imposar amb més d'un 52% dels vots. Amb aquests números a la mà, és bastant difícil sostenir que “les enquestes” condicionin massa una contesa electoral com aquesta.

La tesi de l'autor és clara i simple: a través d'una única enquesta, elaborada per una empresa associada, Mediapro pretén facilitar un terreny de joc institucional favorable als seus interessos comercials. Però més que simple, és simplificadora. La pretensió d'aquest article no és rebatre la tesi de Rusiñol (més que res, perquè com ja he apuntat és irrefutable) i ni tan sols és incompatible amb aquesta. El que sí es vol posar en relleu és que la simplificació, més enllà de l'objectiu legítim de fer intel·ligibles els seus arguments, és com menys esbiaixada, per no dir interessada: defuig molts aspectes rellevants i eleva a categoria d'altres que són anecdòtics, quan no irrellevants o falsos. I, lamentablement, per aquest afany construeix un ninot de palla carregant contra l'enquesta com a eina demoscòpica (que ens diu a qui votarà la gent) reduint a un reminiscent instrument de propaganda (que ens diria a qui ha de votar la gent).

John W. Kingdon, en el seu clàssic de 1984 “Agendas, Alternativas, and Public Policies”, apunta la teoria de les “threestreams”, que identifica quins tres factors han de coincidir perquè un tema assalti, com sembla que és el cas, l’“agenda política”. Els dos primers (el binomi problema-solució) són obvis en aquest cas: hi ha unes eleccions a l'horitzó proper (“problema”) a les que la candidatura encara no anunciada de Laporta seria una competidora viable (“solució potencial”). Falta una tercera pota, encara, la qual Kingdon anomena “onada política”. Aquesta sí que està subjecta a l'estat d'ànim general o l'acció dels grups de pressió, obrint una esquerda perquè mitjans i altres actors es posicionin i pressionin segons la seva afinitat (i això posa el focus exclusivament l'article de Rusiñol).

Només si les tres coincideixen en el moment precís en què s'obre una finestra d'oportunitat (i un club als jutjats o un rendiment esportiu inestable ho fan de bat a bat) s'aconseguirà atreure l'atenció de l'opinió pública; sinó, no. Però en el fons, el que fa més atractiu el plantejament de Kingdon és que aixeca barreres a interpretacions de tipus conspiratiu. Assaltar l'agenda pública exigeix la coordinació de molts actors i factors que, per definició, no poden operar com un càrtel ni sotmetre totes les variables en joc a la seva voluntat. Dit d'una altra manera: tot i que el procés de fixació de l'agenda no és en absolut democràtic, tampoc pot ser dirigit per un nombre molt reduït d'agents sense comptar amb l'oposició d'altres.

En definitiva, no. No és així com es fixa l'agenda a Catalunya. Ni en cap altre lloc.

La huelga indefinida de docentes en las islas Baleares y Pitiusas -en protesta por la aplicación súbita del decreto de trilingüismo impuesto por el Gobierno de Bauzá (PP)- ofreció este fin de semana unas imágenes poco acostumbradas, sacando a la calle a decenas de miles de ciudadanos apoyando las reclamaciones de los profesores. El síntoma definitivo de la gravedad de la situación es que la protesta ha sido apoyada incluso por correligionarios de Bauzá y, todavía más importante, ha despertado la simpatía entre sectores sociales que, a priori, estarían muy alejados tanto de la herramienta como de la causa.

El alcance de la onda expansiva de una huelga que ha dinamitado incluso las lealtades partidistas ha sido tal que a pesar de que no ha conseguido de momento derogar el decreto o retrasar su aplicación -sus objetivos explícitos- sí invita a replantearse la utilidad de la huelga como método de presión política.

La huelga, con seguimientos menguantes y de la que muchas veces se ha cuestionado su eficacia hasta el punto de considerarla como una herramienta obsoleta, revive con fuerza, precisamente, en un conflicto sectorial, que no es de raíz laboral –del que, en consecuencia, los huelguistas no esperan obtener beneficios individualizados- y cuya resolución parece apuntar contra los intereses sostenidos por sus promotores.

La pregunta pertinente, pues, ya no debería ser por qué se participa tan poco en las huelgas, sino por qué incluso con estas condiciones todavía hay quien decide tomar parte activa en ellas. Aun habiendo cierta perversión en reducir una movilización colectiva como la huelga a un cálculo coste –beneficio radicalmente individual, sin duda–, es mejor intentar encontrar la racionalidad subyacente a este comportamiento que despacharlo considerándolo irracional y perjudicial para quien lo lleva a cabo.

Las movilizaciones de los docentes, de hecho, niegan de plano la aplicación mecánica de la aproximación racional a la lógica de la acción colectiva, liderada por Mancur Olson, según la cual, si asumimos que el decreto de trilingüismo daña la educación pública en Baleares –un bien público-, deberían aparecer gorrones por doquier, individuos que no asumirían los costes individuales de movilizarse en su contra esperando gozar de los beneficios colectivos potenciales. Pero a la vista de la evolución de los índices de seguimiento, de nuevo, no está siendo este el comportamiento mayoritario. ¿Por qué?

El modelo de Olson, a pesar de su innegable utilidad analítica, fue acusado casi desde su publicación de ser estrictamente reduccionista con las motivaciones individuales para tomar partido en una acción colectiva como una huelga. En palabras de Fernando Aguiar y Andrés de Francisco, “¿qué se ha de entender por costes y beneficios de la acción colectiva para el individuo? ¿Acaso una persona no expresa sus principios y convicciones cuando participa en acciones colectivas? ¿Y no lo hace, a menudo, soportando un elevado coste (…)?”

Participar en una acción colectiva puede reflejar, también, la racionalidad expresiva de los individuos. Esto está en la base misma de lo que el Nobel de economía George Akerlof llamó “Economía de la identidad”, que incluye la noción de identidad en el cálculo de utilidad, definiéndola como una red de creencias que el individuo tiene sobre sí mismo y sobre el mundo que quiere proyectar a través de sus acciones.

Akerlof desarrolló la teoría de la costumbre social para intentar ofrecer una explicación plausible de por qué sobreviven determinados comportamientos sociales que, como las huelgas, son claramente onerosos para los individuos que participan en ellos. En síntesis, la costumbre social es aquello que un individuo acepta hacer para seguir formando parte de un grupo. No es, en ningún caso, una imposición: es el mecanismo social complejo que permite que los individuos actúen de manera cooperativa guiados por motivaciones estrictamente egoístas.

Sin duda, a día de hoy, el seguimiento de una huelga parecería estar fuera de cualquier estándar mayoritario, ya que la presión social empujaba justo hacia el extremo contrario. Sin embargo, en Baleares los huelguistas no sólo no están siendo socialmente penalizados sino que parece haberse modificado momentáneamente la costumbre social a su favor.

En las islas se ha conformado una amplísima coalición transversal –quizá sólo coyuntural- que ve en la defensa de los docentes y el sistema de educación pública autóctono la frontera que define un modelo de convivencia determinado y que ahora se percibe en peligro. Una coalición que, sin duda, ha arraigado, entre otros motivos, por la existencia previa de un terreno abonado por la polarización política en las islas desde los noventa -y el aislamiento del Partido Popular-, la recurrente crisis económica y errores, de fondo y forma, del propio Gobierno de Bauzá.

El éxito o no de una huelga ahora es, si es que alguna vez fue otra cosa, una cuestión de percepción, que supera los límites de la relación empleado–empleador e, incluso, el alcance de la acción de los sindicatos mayoritarios al explicitar una correlación de fuerzas en la que cada cual puede alinearse con quien se sienta más identificado.

Desde esta nueva perspectiva sí se puede explicar tanto la caída en la intensidad del uso de las huelgas y su efectividad (con hipótesis que van desde la ruptura de vínculos sociales cooperativos hasta la progresiva desaparición de identidades de clase, sin olvidar avatares históricos concretos) como un previsible repunte futuro, en la dirección del cual apuntarían las movilizaciones en el archipiélago balear.

Una derivada interesante de lo anterior -y la prueba de que este cálculo es conocido y aceptado por las clases dominantes- es la aplicación del modelo también para desactivar las movilizaciones colectivas erosionando su seguimiento, a través de cambios en los términos de la ecuación para encarecer, todavía más, la participación individual.

Más allá de la estrategia obvia de penalizar económicamente la participación (en este caso, los aproximadamente 100 euros al día que le cuesta a cada docente seguir la huelga, compensados en parte con la solidaridad popular en forma de caja de resistencia), Gobierno y empleadores pueden dudar públicamente de la legitimidad de la convocatoria, cuestionar el uso del derecho a la huelga y su extensión o comunicar un porcentaje de seguimiento inferior al real. El elemento común de estas maniobras es que todas ellas persiguen dinamitar la costumbre social sobre la que se apoya la acción colectiva: aislar a los huelguistas, reducir los beneficios en reputación, estigmatizarlos por la vía de ponerlos en contra de una mayoría hasta ahora habitualmente silenciosa.

Tres estrategias que ya han sido explotadas por Bauzá y sus voceros mediáticos (en Baleares y desde Madrid) en apenas tres semanas de conflicto. Sin demasiado éxito, a la vista de los últimos acontecimientos, ya que han contribuido a relanzar la movilización y a hacer partícipe de ella a actores sociales no directamente afectados, más allá de las propias islas. Se diría que la estrategia gubernamental está teniendo justo los efectos contrarios de los deseados.

Y esto –el fracaso de las tácticas de desgaste- es lo realmente novedoso en este caso. Ya que ni su uso ni las movilizaciones que lo motivan tienen nada de nuevo. De hecho, la literatura académica las identifica claramente en un trabajo que ya cumple más de dos décadas.

A estas alturas, el Gobierno de Bauzá puede que esté ante una encrucijada que ofrece sólo dos malas alternativas. O bien retira la iniciativa y, con ello, asume la victoria de los huelguistas, legitimándoles a ellos y a sus herramientas de lucha, o bien mantiene el envite a riesgo de seguir emergiendo una nueva coalición del tejido cívico que lejos de abandonar la movilización por ineficaz, la mantenga y la adopte como patrón social dominante a partir de ahora.

Como decía Manuel de Pedrolo, de quien he tomado prestado el título para este artículo, hay que protestar incluso cuando no sirve de nada. Porque también en estas ocasiones es socialmente beneficioso hacerlo.

En la misma Inglaterra de los 70 que alumbró el antagonismo entre el gobierno de Thatcher y el punk que celebraba su muerte incluso décadas antes de producirse, existía un acuerdo tácito entre ambos extremos: donde no había futuro para unos, no había alternativas para los otros. Puede que ambos estuvieran hablando de lo mismo, pero desde puntos de vista diametralmente opuestos.

“No hay alternativa” podría haber sido la divisa con la que el gobierno Thatcher pasara a la historia. Estas tres palabras (TINA, por su acrónimo en inglés) fueron repetidas hasta la extenuación por la primera ministra, hasta el punto de que hubo quien llegó a rebautizarla con ese apellido. Estas siglas son el mejor resumen de su política económica y, a rebufo de esta, de cualquier otra política que llevara a cabo. Sin embargo, TINA no fue una creación de Thatcher, ni siquiera de ninguno de los Sir Humphreys que la rodeaban. Ni siquiera del abuelo de ninguno de ellos.

Podemos trazar los orígenes de la expresión, de cuna indiscutiblemente liberal, hasta el filósofo victoriano Herbert Spencer. Darwinista social a pesar de no aceptar el darwinismo en biología, fue opositor feroz del socialismo de la época en cualquiera de sus formas. No son pocos ni menores los autores que reconocen su influencia, de Hayek a Friedman, pero fue su adopción por parte de Margaret Thatcher (quizá después de descubrirle en las sesiones del Institute of Economic Affairs en los años 60) y Ronald Reagan lo que le dio el empujón definitivo y convirtió sus teorías en realidades demasiado palpables para millones de ciudadanos nacidos después de su muerte.

De todo su legado, Thatcher rescató la expresión “There is no alternative” y la incorporó a su arsenal dialéctico, ya de por sí dado a la contundencia más que al consenso, y de allí hasta nuestros días. Ya sea en la misma Inglaterra en boca de David Cameron, ya sea en España o en Cataluña, la apelación a la falta de alternativas viables sigue estando hoy en el primer puesto de la lista de justificaciones de decisiones que son, estrictamente, opciones ideológicas liberales, si hay suerte, cuando no directamente reaccionarias.

La lógica es bastante obvia: la economía es una ciencia y, como tal, existe una aproximación estrictamente técnica a cualquier problema de índole económica. Y de entre todas las soluciones posibles, sólo una es óptima en un contexto y momento determinado. Galbraith y muchos otros intentaron desmontar la falacia que se esconde detrás de este planteamiento, recordando que la economía no existe separada de la política (y que convertirla en un sujeto no político lo que conseguía era destruir su relación con el mundo real), pero sin demasiado éxito, visto lo visto.

La realidad no es que no hubiera alternativas, que las había, locales y globales. Sino que habiendo aniquilado cualquier atisbo de oposición interna y resquebrajándose el muro, no había nadie en disposición de ofrecerlas. Thatcher y los suyos completaban así una suerte de profecía autocumplida.

El día después de la muerte de Thatcher nos desayunamos con estupor la portada del que antaño fue el periódico de referencia del progresismo español caracterizándola como “revolucionaria conservadora”, cuando si algo fue, no fue ni lo uno ni lo otro. Su desarme sistemático y calculado del Estado del Bienestar (retratado con crudeza por Owen Jones en Chavs. La demonización de la clase obrera, Capitán Swing, 2012) fue una maniobra abiertamiente reaccionaria, en su acepción de restituir estados ya pretéritos. La lucha de clases más descarnada disfrazada de un inexistente consenso social alrededor del liberalismo económico (y democrático) como único sistema social viable. No había alternativa.

Es pertinente recuperar a Albert O. Hirschsman, un economista a menudo olvidado por los propios economistas (que quizá lo penalizan, como apunta Antón Costas, por haber tendido puentes con el resto de las ciencias sociales) que retrató con precisión la retórica de la reacción –traducida al castellano como “Retóricas de la intransigencia”- en el empeño de ésta para desmontar el Estado del Bienestar en la década de los 80 (algo que tan actual suena hoy).

Hirschman sintetiza con elegancia las tres tesis que, a lo largo de los siglos XIX y XX las fuerzas conservadoras y reaccionarias habrían usado para dificultar, impedir o revertir el progreso social: la de la perversidad (cualquier acción positiva corre el riesgo de exacerbar la condición que pretende remediar), la de la futilidad (cualquier intento reformista es inútil porque no puede operar sobre las leyes que rigen la economía) y la del riesgo (el precio de la reforma amenaza logros antiguos ya consolidados). La apelación al miedo, a la alarma social, al riesgo… que podemos descubrir en tantos titulares hoy en día, son el complemento perfecto para aplacar cualquier atisbo de reforma (o de ruptura) que pueda llegar a cuestionar el mantra de que no hay alternativas viables.

La combinación de TINA con las retóricas de la intransigencia diseña una pinza perfecta para que, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, las fuerzas de la reacción, apoyadas por sus no pocos voceros mediáticos, garanticen que las cosas sigan siendo como deberían (o que, como la peor de las alternativas, no puedan ser de otro modo). Para el economista radical Michael Albert, el éxito de TINA es el mayor obstáculo para “la participación popular y la disidencia con el objetivo de construir algo mejor, porque nos hace creer que intentarlo es inútil. (...) ”¿Me estás pidiendo que luche contra la gravedad? (...) Vamos, despierta, deja de luchar contra lo que es inevitable“, así es como lo ve la mayor parte de la gente. (...) Si no hay alternativa a la pobreza, tampoco tiene sentido que haya un movimiento en contra de ella.” Y la mejor manera de combatir el éxito de la TINA, afirma, es sabiendo hacia dónde se quiere ir.

Las fuerzas de progreso no han sido capaces de contestar de manera creíble a estos planteamientos durante tres décadas más que de manera puntual (a pesar de intentos bien intencionados de desenmascarar las trampas del lenguaje neoliberal, como el reciente No nos lo creemos. Una lectura crítica del lenguaje neoliberal, Clara Valverde, Icaria, 2013). Las retóricas de la reacción y la falta de alternativas reaparecen cada poco, como la mala hierba, para liderar el desarrollo social o para devolverlo al cruce en el cual algún infortunio histórico lo hizo descarrilar. Y parece que tampoco han sido capaces de usar las mismas herramientas en beneficio propio o que, cuando lo han intentado, su filo se demostraba romo para sus propósitos.

Puede que Margaret Thatcher llevara a cabo muchas políticas que no nos gustaría sufrir en nuestras propias carnes. Pero este, aunque menor, es, sin duda, su peor legado. Porque da a sus conmilitones las herramientas necesarias para intentar replicar ya no una de sus acciones concretas, sino todas ellas e incluso otras que ella jamás hubiera alcanzado siquiera a imaginar.