Algunas semanas atrás, cuando contemplábamos con asombro la formación de un nuevo gobierno en Andalucía con el apoyo de la extrema derecha, escribí un artículo que titulé 'El voto de las mujeres'. En él trataba de explicar el largo camino recorrido por la derecha española en feminismo e igualdad, convergiendo con la izquierda en temas centrales como participación política, políticas de apoyo al empleo femenino o la violencia de género. Sin despreciar las importantes diferencias entre izquierda y derecha en la lucha por la discriminación de género, las posturas se han ido aproximando, aquí y en toda Europa, hasta situar las reivindicaciones políticas en un espacio políticamente transversal. Advertía entonces de lo peligroso que podía llegar a ser polarizar ideológicamente un tema sobre el que tanto esfuerzo ha costado alcanzar acuerdos y consensos; mejor sería dejar al feminismo fuera de los fuegos cruzados entre bloques. 

Pídele peras al olmo, los partidos de extrema derecha se alimentan precisamente de ese fuego y han acabado por dominar el arte del incendio. A la vez, a otros partidos parece salirles a cuenta trasladar la contienda política a ese extraño tablero con esquinas pero sin centro. En resumen, con el calentamiento de motores de la pre-campaña queda ya bastante claro que el feminismo y las políticas de lucha contra la igualdad están en el punto de mira de no pocos ataques. 

¿Cómo ha afectado la polarización al posicionamiento de los partidos sobre el feminismo y la igualdad de género? 

En primer lugar, parece haber caído víctima de la competición electoral en el espacio de la derecha donde los partidos se encuentran en una extraña pugna por atraer a  los agraviados del avance feminista. Extraña en cuanto que las opiniones a favor de la igualdad de género son muy mayoritarias en España, con una brecha generacional menor que la observada en muchos otros países europeos. En cuanto que los partidos no sólo recogen el 'sentir social' sino que también lo moldean, puede que algunos esperen dar voz a quienes hasta ahora permanecían en silencio, pero el riesgo de perder votantes por otro lado (mujeres, en particular) podría a priori ser elevado. 

En segundo lugar, los partidos en el espectro de la derecha buscan espacios de diferenciación con la izquierda, reivindicando un feminismo alternativo, otros referentes y hasta otro léxico que justifique otras políticas. Esto es lo que de manera algo confusa ha querido transmitir Ciudadanos con su idea de 'feminismo liberal' ¿Cual sería el principal eje diferenciador de este otro feminismo? Uno que aun reconociendo la existencia de la desigualdad de género, escoge ignorar los mecanismos estructurales que subyacen y sustentan esa desigualdad y a la vez, sitúa la libertad como axioma central en su discurso. El tema estrella en el que parece canalizarse toda la diferencia entre un feminismo y otro en estas elecciones es la maternidad subrogada/vientres de alquiler. Cs ha visto claramente una ventana de oportunidad al introducir un tema en la agenda que incomoda a la derecha más tradicional (el PP preferiría no tener que discutir sobre ello para no traicionar a sus votantes más católicos) y genera no pocos dilemas tanto a la izquierda como al movimiento feminista.

El interés de los grupos LGTB por una regulación permisiva y la presión de grupos católicos ultra por su prohibición, confiere una importante debilidad a las coaliciones políticas a favor de la prohibición. Además, quienes defienden la 'subrogación altruista' saben que aunque no exista (objetivamente no se puede desvincular la práctica de la subrogación a situaciones de extrema explotación y trata de mujeres), incluso en un contexto regulatorio que prohíbe la práctica (como en la UE), los casos no dejan de crecer. 

Para nuestra salud democrática, conviene distinguir entre uno y otro. Mientras que lo primero es un ejercicio bastante irresponsable -en cuanto a sus consecuencias- de competencia electoral cortoplacista, el segundo tiene un encaje mucho menos traumático en las diferencias ideológicas entre los partidos. Sería demasiado pedir que un contexto de elevada fragmentación política como el actual los partidos no buscaran una identidad propia en aquellos temas en los que los consensos son débiles. Al final se trata de dilucidar tanto los términos como el contenido de la disputa electoral. Del resultado del 28A podremos avanzar la discusión en una u otra dirección.

El modelo de bienestar europeo actual no está preparado para dar respuesta a las demandas de una población cada vez más envejecida y con las mujeres plenamente integradas en el mercado laboral

El llamado “Cuarto Pilar del Estado de Bienestar” que engloba a las políticas de cuidado hacia personas mayores dependientes y a la infancia, tiene un peso cada vez mayor en el conjunto de las políticas sociales de todos los países europeos. En el libro que Palgrave acaba de publicar The Transformation of Care in European Societies explicamos por qué. El envejecimiento de nuestras sociedades, la mayor y más estable participación de las mujeres en el mercado laboral, los cambios en nuestras formas de pensar y vivir, la por lo general insuficiente cobertura de servicios y prestaciones, son todos ellos factores del lado de la demanda que ejercen una presión considerable en unos estados de bienestar creados por y para un contexto en el que el cuidado era principalmente asunto privado y de mujeres.

Las presiones para que los gobiernos actúen en este ámbito de bienestar son comunes a todos los países y encontramos también una cierta similitud en las respuestas: por una parte, desde mediados de los años 90 todos los gobiernos han experimentado con procesos complejos de “externalización”, Es decir, la barrera entre lo que es público (estado) y lo que es privado (mercado/tercer sector) está cada vez más desdibujada. Además, asistimos a una creciente “re-familiarización” que implica otorgar a las familiar un protagonismo (renovado en algunos escenarios, antiguo en otros) a la red familiar como sustento básico y principal en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas.

Estas dos pautas se conjugan para dar un protagonismo cada vez mayor a las mujeres de origen inmigrante en el sector de los cuidados, ya sea formal o informal, y además se acentúan claramente desde los comienzos de la crisis económica.

Pero ahí terminan nuestras semejanzas, porque dentro de este marco unificador aparece un mosaico de colores, formas, texturas y volúmenes, que acaban construyendo realidades y relatos enormemente dispares. Dinamarca gasta en cuidados de larga duración (lo que aquí entendemos por “dependencia”) casi un 2.5% de su Producto Interior Bruto, España apenas supera el 0.5%. En Dinamarca un 18% de las personas mayores de 65 años reciben asistencia a domicilio o institucional, en Polonia poco más del 2%. En Alemania o Austria niños y niñas se escolarizan tarde y las madres tienen facilidades para ausentarse del mercado laboral durante esos años, en Italia o España la escolarización es temprana y universal pero prácticamente no existen medidas que permitan la conciliación entre la vida familiar y la laboral cuando hay niños/as por debajo de la edad escolar. En Inglaterra un 20% de las cuidadoras en residencias son de origen extranjero, en España éste porcentaje es inapreciable y en cambio tenemos la proporción más elevada de personas (en su mayoría mujeres extranjeras) cuidando en hogares privados.

Estas diferencias y muchas más tienen implicaciones evidentes en cuanto al alcance y la calidad de prestaciones y servicios, la segmentación en el mercado laboral y los roles de género.

Por toda esta complejidad y diversidad nuestro libro, distribuido en un total de 14 capítulos escritos por 16 investigadoras/es de distintos centros de investigación europeos, no alcanza unas conclusiones que permitan cerrar argumentos. Más bien, pone sobre la mesa las piezas del puzle con ánimo de ofrecer pistas sobre políticas públicas y formas de organización social que permiten crecimientos más o menos armónicos.

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social muestra hasta qué punto es necesaria la reconstrucción de las bases que sostienen nuestro modelo productivo y nuestras estructura social.

“El VII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España no es un informe sobre la crisis”

Esta es la frase introductoria de los 8 capítulos y más de 600 páginas del último informe FOESSA. Todos los informes anteriores de esta Fundación, incluso los escritos cuando las cosas nos iban tan bien (el VI Informe se publicó en el 2008), han venido hablando metódicamente de los procesos excluyentes que han recorrido siempre nuestro desarrollo económico y social. Se retratan problemas sociales que vienen de lejos. Lo que vemos en estos últimos seis años es un agravamiento de estos procesos. Pero si la crisis no es la causa, su salida tampoco traerá la solución a las profundas grietas de cohesión social. Es necesario un replanteamiento profundo sobre los cimientos que sostienen nuestro modelo productivo y nuestra estructura social.

A modo de resumen, los redactores del informe formulan 10 preguntas a las que corresponden a su vez 10 gráficos con los aspectos más destacados de cada uno de los capítulos. Los comentamos brevemente.

¿De verdad somos una sociedad tan desigual?

España siempre ha sido un país muy desigual. Sin embargo, en los últimos años las grietas de la cohesión social se han hecho más pronunciadas. Desde 2007 España se ha convertido en uno de los países de la UE-27 con un reparto más inequitativo de la renta (según el ínidce Gini 2008-2012).

¿Cómo salimos de esta crisis en términos de pobreza y exclusión social?

Entre 2007 y 2013 la fractura social ha aumentado de forma considerable. En 2007, un 16,3% de la población se encontraba en situación de ‘exclusión severa y moderada’, mientras que en 2013 el porcentaje sobre el total de la población aumentó a más del 25%. Además, hay más de un 40% de la población (2013) en situación de “integración precaria” debida sobre todo a salarios bajos e inestabilidad laboral.

¿Qué es lo que ha funcionado mal?

La exclusión del empleo se ha consolidado como la dimensión más importante entre la exclusión social.Pasando de un 16,9% en 2007 al 41,5% en 2013. Pero aún siendo la más importante, no es la única. Durante esta crisis la exclusión de la vivienda alcanza a un 29,2% de la pobalción y la exclusión de la salud a un 19,8%.

¿A quién ha afectado en mayor medida?

Los jóvenesde entre 19 y 29 años y los menores de 18, son los grupos de edad en situación de mayor vulnerabilidad. Además, el proceso de exclusión se intensifica ante la falta de estudios obligatorios y afecta desproporcionadamente a las personas de nacionalidad extranjera.

¿Qué consecuencias ha tenido en términos de renta en las familias españolas?

Si observamos la evolución de las rentas familiares en España, con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, observamos cómo la recesión ha afectado más duramente a las familias de menor renta. La transición de decilas de renta media hacia decilas más bajas se ha visto favorecida mientras que transiciones de abajo hacia arriba (más frecuentes antes de la crisis) se han visto más limitadas.

¿Quién ha ganado más y quién ha perdido más?

la crisis no la sufrimos todos por igual. El 10% de mayores ingresos se ha movido poco, incluso ha podido aumentar, mientras que el 10% de menores ingresos ha continuado bajando.

¿Será un problema de nuestro sistema productivo?

La inestabilidad en los ingresos y nuestra estructura ocupacional son en buena parte responsable de esta inequidad en la distribución de la renta. En relación con esta última, en términos comparados (EU-27) tenemos un mayor peso de las ocupaciones manuales (en el 2007 el volumen de empleo en el sector de la construcción era el más elevado de Europa) y un menor peso, en términos relativos, de las ocupaciones no manuales, en especial de las de mayor cualificación). Al depender tanto de sectores productivos muy ligados a ciclos económicos, la crisis ha destruido empleos en España en mucha mayor medida que otros países.

¿Dime cuando has nacido y te diré la tasa de empleo a lo largo de tu vida?

Las cohortes jóvenes tienen unas tasas de ocupación muy inferiores a las de generaciones anteriores.

Por género, si bien se ha destruido más empleo masculino que femenino, los años de la crisis han supuesto un freno a la trayectoria ascendente continuada en la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

¿Cómo hemos sido capaces de resistir?

¿Qué papel juega el Estado de Bienestar en la reducción de la desigualdad y la pobreza? El gráfico muestra cómo las políticas públicas han perdido capacidad redistributiva desde el inicio de la crisis hasta el 2013. El porcentaje de hogares que son receptores de ayudas pasa de un 29,9% en 2007, a un 23,1% en 2009 y un 17,8% en 2013, que es cuando en realidad aumenta el número de hogares en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la ayuda más significativa viene de “ayuda mutua”, es decir, el apoyo de la red familiar y comunitaria (43,4% en el 2007, un 50,1% en 2009 y un 52,6% en 2013) que actúa como elemento amortiguador en un momento de claro retroceso de las políticas públicas y encrudecimiento de los fenómenos de exclusión social.

¿Cómo debería ser nuestro modelo de sociedad?

Por último, analizando los datos de opinión del CIS del 2011, el Informe Foessa destaca el abismo que parece existir entre el tipo de estructura social que tenemos, que se asemeja a los modelos más desigualitarios, en forma piramidal: una pequeña élite en la cima y un amplio número de personas en la base. Y el que en realidad nos gustaría tener: una organización social de “clases medias”, con una distribución equilibrada entre la cúspide y la base de la estructura. Es esta diferencia entre la realidad y el deseo la que bien podría albergar alguna oportunidad de cambio en el futuro.

Sabemos que hay distintas maneras de hacer política. Desde el 2011 en nuestro país se han introducido nuevas Leyes Orgánicas o modificado otras ya existentes que han alterado profundamente tanto el reconocimiento de derechos sociales como su articulación en políticas concretas. Con el anteproyecto de ley del aborto, la nueva ley de seguridad ciudadana, la ley para la mejora del sistema educativo o la nueva ley de reforma del gobierno local, es relativamente fácil entender qué cambia, dónde está el antes y el después de la iniciativa legisladora, qué perdemos y qué supuestamente ganamos.

Pero se hace también política cuando, manteniendo la norma intacta, se articulan estrategias menos expuestas al escrutinio público de desmantelamiento progresivo y sistemático de los sistemas y mecanismos que ponen en práctica una ley, que garantizan el acceso a un derecho. Esto es exactamente lo que ha sucedido con Ley 39/2006 del 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. A golpe de real decreto-ley y de reducciones drásticas de partidas presupuestarias, al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia se le está sometiendo a una muerte agónica.

El RD-ley 20/2011 y RD-ley 20/2012 combinados, escondían tras una supuesta “racionalización y sostenibilidad del sistema” el ahorro del gasto estatal en dependencia fundamentalmente de tres maneras: una, disminuyendo los niveles de protección (se reduce en un 15% las cuantías de las prestaciones, - situando la cuantía mínima y máxima para una prestación para cuidado no profesional en 300 y 442 euros respectivamente- y se suprime la aportación estatal a las cotizaciones de las cuidadoras familiares); dos, impidiendo la entrada de nuevos beneficiarios y expulsando a otros a quienes ya se les había concedido la titularidad del derecho; y tres, suprimiendo el nivel acordado de financiación a las Comunidades Autónomas. (Véase para más detalle el último dictámen del Observatorio de la Dependencia en su último dictámen -http://bit.ly/1b40fQX).

A consecuencia de estas medidas, la lista de espera para acceder al sistema de la dependencia se ha reducido en un 37% con datos de este mes de enero, no porque haya una mayor agilidad y eficacia en la tramitación como orgullosa declaraba hace unas semanas la Ministra sino porque se han tachado a miles de personas de la lista.

Entonces ¿en qué punto nos encontramos?

En primer lugar, hemos recortado en una partida presupuestaria que ya estaba en unos niveles de gasto ínfimos: como muestra el gráfico gastamos por debajo del 1% del PIB en cuidados de larga duración, sólo por encima de Portugal, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Si lo miramos en gasto per cápita, somos el sexto país por la cola entre los países de la OCDE. En consecuencia, tenemos unos índices de cobertura (entendido por la proporción de personas en situación de necesidad en relación a los servicios disponibles) en sus niveles mínimos. De la escasez de servicios públicos se desprende el tamaño del sector de cuidados en la estructura ocupacional española: las personas empleadas en el sector formal de cuidados de larga duración apenas supera el 1% de la población activa, de nuevo por debajo de la gran mayoría de los países desarrollados.

Gasto en cuidados larga duración, como porcentaje del PIB, 2010

En segundo lugar, esta exigua oferta de servicios, prestaciones o trabajos dedicados a lo que llamamos ‘dependencia’ contrasta con una creciente demanda provocada por nuestro progresivo envejecimiento, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y cambios en las pautas socio-demográficas de la población.

En tercer lugar, tras unos (pocos) años en los que pensamos que seríamos capaces de desarrollar una política de cuidados equitativa y universal integrada en el seno de nuestro estado de bienestar, volvemos exactamente al punto en el que estábamos: a las familias, que con sus medios y su capital humano hacen frente a un problema que pese a tener magnitud social, lo seguimos considerando privado. Sólo así se explican las cerca de 700,000 personas, fundamentalmente mujeres y de origen inmigrante en su mayoría, que trabajan en el sector doméstico según los últimos datos de la EPA, de las cuales solamente unas 400,000 están afiliadas a la Seguridad Social.

Esto nos puede ir más o menos bien en cuanto que ahorramos en políticas que son costosas desde un punto de vista meramente económico. Pero el ahorro sale caro socialmente: en desigualdades sociales, en calidad del servicio, en precarización de una mano de obra que de otra forma podría no estarlo. En definitiva, en pasarnos la vida tapando agujeros.

Los presupuestos de la “recuperación” 2014 continúan siendo, por quinto año consecutivo, los presupuestos de la recesión económica. Lo que en el 2010, 2011, incluso 2012, se justificaba como una austeridad dolorosa pero momentánea se presenta ahora con un carácter más bien indefinido. Las reformas que afectan a nuestro Estado de bienestar se plantean por parte de prestamistas y ejecutores como medidas estructurales, de ajuste, de racionalización.

En realidad, salvo en contadas ocasiones, lo que viene sucediendo con asombrosa rapidez desde finales de 2010 es una fuerte contracción del gasto para hacer frente a los imperativos de contención del déficit. El Estado de bienestar, y el sector público en general, se ha convertido en una de las fuentes principales de ahorro fiscal, y este es un papel cuando menos difícil de compaginar con aquel de redistribución de la riqueza que en principio le corresponde. Pero ¿qué implica esta reducción generalizada y transversal del gasto público en las políticas sociales?

Un análisis exclusivamente basado en el gasto es en exceso reduccionista, ya que no da cuenta ni de cómo se distribuye ni de cuál es el contexto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gasto sanitario público similar al de Suecia pero consigue unos índices de cobertura muy inferiores a la mayoría de los países de la UE. España, por otro lado, gasta mucho en desempleo, no porque dispongamos de las prestaciones más generosas sino porque tenemos, huelga decirlo, mucho paro.

Conviene, por lo tanto, acompañar el estudio de los números con análisis de carácter más cualitativo. No obstante, y teniendo en cuenta esta limitación, la evolución del gasto social desde el inicio de la crisis sí que permite responder a preguntas que se suceden en el ámbito político, mediático y a pie de calle: ¿gastamos más, menos, o más o menos igual que países con una riqueza similar a la nuestra? ¿Reducimos ahora gasto porque durante la década anterior nos dedicamos a despilfarrar los recursos públicos? ¿Qué ocurre si ahora tenemos menos dinero para financiar nuestros programas sociales?

Nos proponemos realizar una mirada a la trayectoria de gasto en los diferentes ámbitos del Estado de bienestar, utilizando como medida no la tradicional de gasto en proporción al Producto Interior Bruto, por ser ésta vulnerable a las subidas y bajadas del PIB (en un contexto de crisis, el porcentaje de gasto puede permanecer inalterado y en cambio tratarse de presupuestos mucho menores), sino el gasto en relación a los estándares de poder adquisitivo, más sensible al momento del ciclo económico.

En prácticamente todas las partidas de gasto, la pauta es siempre la misma: durante la década inmediatamente anterior a la crisis ‘crecimos’ más que la media de la UE-15. Esto no nos situó en un umbral de gasto superior al de otros países europeos, sino que nos permitió acortar las distancias. A partir de 2010, el crecimiento se paraliza hasta convertirse incluso en decrecimiento. En cuestión de dos, tres o cuatro años, perdemos la distancia que previamente habíamos conseguido recuperar: nuestra bicicleta sube la cuesta arriba sin cambiar de marchas.

Según Eurostat, el gasto anual en sanidad, por ejemplo, aumentó como media entre el 2000 y el 2007 un +4.4% (+ 2.9% para la EU-15). Este aumento hizo que en España el gasto sanitario per cápita pasara de representar el 70% de la media de la UE-15 al inicio de la década a convertirse en el 80% en el 2007. Sin embargo, entre el 2007 y el 2010 el crecimiento medio anual pasó a ser de +1.6% (un +3.1% para la media de la UE-15).

A partir del 2011 el crecimiento se vuelve negativo. La diferencia porcentual entre 2011 y 2013 era de -3%, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Como resultado, la distancia con la media de los países de la Unión Europea comienza a aumentar de nuevo a los niveles de partida del año 2000. En educación la pauta es casi idéntica: entre el 2000 y el 2007 el gasto creció más del doble que la media de la UE-15, con lo que pasamos de representar el 74% de la media de la EU-15 a un 87.5% en el 2007.

Las drásticas reducciones presupuestarias de los últimos tres años y un cierto mantenimiento del gasto en el resto de los países comunitarios (exceptuando Europa del Este y del Sur, aunque también Reino Unido e Irlanda han acometido recortes considerables) han hecho que las distancias se alarguen de nuevo. En materia de políticas asistenciales el contraste es aún mayor al ser el punto de partida muy inferior.

A comienzos de la década, lo que España destinaba a políticas de familia y contra la pobreza y la exclusión no llegaba ni al 40% de la media europea. En el 2007 la situación mejoró considerablemente (pasando a representar el 56.8% y el 63.9% de la media de los países europeos occidentales).

Esta reducción de las distancias se consiguió con unas tasas de crecimiento muy elevadas en los años anteriores a la crisis, partiendo, insistimos, de que la inversión pública en estos ámbitos era mínima. Sin embargo, la tendencia también aquí corre ahora en dirección contraria. De hecho, fueron estas políticas más periféricas al entramado del sistema de bienestar español las primeras en sufrir las medidas de ajuste. Muchos programas han quedado en suspensión antes de completar su rodaje precisamente cuando resultan más necesarios.

Volviendo a las preguntas que nos hacíamos al inicio, podemos afirmar que no ha habido, en ningún momento de nuestra historia democrática, desproporción en lo que destinamos de las cuentas públicas al Estado de bienestar. En España, y al contrario de lo que ha sucedido en Italia, por ejemplo, el contraste entre los “escenarios precrisis” y los “escenarios crisis” es fenomenal: en la práctica totalidad de los presupuestos sociales, los recortes nos devuelven a niveles de hace más de una década cuando estábamos más bien a la cola de los sistemas de bienestar europeos.

En segundo lugar, si bien es cierto que las presiones fiscales están presentes en toda Europa, los recortes no son en absoluto equiparables: la intensidad y profundidad de los que sufrimos “en casa” nos separa de una cierta tendencia convergente sostenida, no sin esfuerzo, desde los inicios de la democracia.

En tercer lugar, aunque en la gran mayoría de los casos las reformas no han sido estructurales (por ejemplo, cambios en el acceso a los servicios), la mucho menor disponibilidad de recursos hace peligrar, a medio plazo, tanto el acceso como la calidad de servicios y prestaciones. Tema para otra discusión sería valorar el acierto de perseguir el equilibrio de los indicadores macroeconómicos a través de los recortes y no a través de los ingresos, incluyendo tanto la recaudación fiscal como el cambio hacia un modelo más productivo y sostenible.

Hace unas semanas el líder de la Confederación de Sindicatos irlandeses, David Begg, desataba la polémica al afirmar que la troika había hecho más daño a su país que 800 años de ocupación británica. Irlanda, país donde con más diligencia se aplicaron las recetas de austeridad europeas y el rescate a los bancos, sigue sin ver la salida. Los recortes en salarios y prestaciones sociales y las subidas de impuestos directos e indirectos han hecho caer el consumo, han multiplicado el número de personas insolventes, no corrigen el déficit y deprimen aún más la economía. Nada que a Grecia, Portugal, Chipre, España e Italia no les suene familiar.

Estas recetas de austeridad impuestas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional como respuesta a la crisis económica conllevan un grado de intervención sobre las políticas sociales y laborales de estos países desconocido hasta fecha. El Pacto del Euro, el más reciente refuerzo del Pacto de Estabilidad y el llamado Semestre Europeo actúan directamente sobre los niveles de gasto social, el déficit y la deuda pública. Exigen la modificación de las condiciones de elegibilidad y cobertura de los sistemas nacionales de pensiones y salud pública, y la desregulación de los mercados de trabajo a través de la descentralización de los convenios colectivos y la revisión de la indexación de los salarios.

A su vez, se produce un cambio significativo en el protagonismo de los actores dominantes: la toma de decisiones sobre la agenda social pasa de las manos de los titulares de empleo y asuntos sociales, que solían consensuar en mayor o menor grado sus intervenciones con los agentes sociales, a manos de los responsables de finanzas de cada estado miembro.

La injerencia de la troika en los estados de bienestar europeos tiene dos implicaciones importantes relacionadas entre sí: en primer lugar se relega definitivamente el modelo social a un segundo plano a favor de la estabilidad económica de la eurozona; en segundo lugar, se produce una pérdida de soberanía nacional considerable al devaluarse el principio de subsidiariedad que hasta la llegada de la crisis había prevalecido sobre las principales políticas sociales. En los países del Sur de Europa al igual que Irlanda, la mayor intrusión de las instituciones europeas en las finanzas y las políticas sociales nacionales se produce en paralelo a un debilitamiento considerable del diálogo y la concertación social. Ambos aspectos suscitan cada vez más dudas sobre la legitimidad democrática de los procedimientos y medidas puestos en marcha.

El Modelo Social Europeo ha pasado por momentos de más o menos impulso. A pesar de agendas europeas de marcado carácter social, sobre todo en el periodo de posguerra, el proceso de europeanización ha avanzado siempre más rápidamente en materia de integración económica y monetaria, encontrando muchos más obstáculos en el camino hacia la integración social. Las distintas trayectorias de los estados de bienestar europeos, sus diferencias en los principios y las filosofías que los sustentan, los desiguales niveles impositivos y de cobertura y de apoyo por parte de la ciudadanía, han hecho desde un principio difícil la convergencia europea en materia social y del todo impracticable tras la ampliación de la Unión hasta llegar a los 27 países.

A excepción de los temas relacionados con salud y seguridad en el empleo, y los vinculados al principio de igual salario por trabajo de igual valor, que sí son mandato de la Unión y por lo tanto los estados miembros pueden exponerse a sanciones en caso de no aplicar las directivas de obligado cumplimiento, el resto de los ámbitos de los sistemas de bienestar, desde pensiones y desempleo hasta salud, educación y servicios sociales son competencia exclusiva de cada país con sus correspondientes niveles de gobierno. Para no entrar en colisión con este principio de subsidiariedad en las políticas sociales, el papel de la UE en estas materias se limita a proponer objetivos comunes, buenas prácticas y el intercambio de ideas y de experiencias.

El Método Abierto de Coordinación ha sido el instrumento que mejor ha podido desarrollar una gobernanza europea por la vía de la coordinación gracias al voluntarismo de los actores implicados. Las Estrategias Europeas de Empleo contienen toda una serie de mecanismos para desarrollar el método abierto. Nunca ha sido el más perfecto de los mundos, desde luego. Ha permitido por ejemplo que en muchos países, claramente el nuestro, el objetivo del crecimiento de empleo pasara por encima de la cohesión social.

La crisis hubiera llegado de otra manera si la espectacular creación de puestos de trabajo durante los tiempos de bonanza hubiera sacrificado cantidad por calidad. Desde mediados de los 90, la Comisión Europea venía advirtiendo repetidamente a España de que la flexibilidad en el mercado laboral era excesivamente insegura pero en el fondo aparecía también dispuesta a aceptar el sacrificio y, en cualquier caso, los organismos europeos tenían voz pero ningún voto en el desarrollo de los modelos sociales (incluyendo al crecimiento económico como parte del modelo social) de cada estado-nación.

Y así era hasta que llegó la crisis, la mayoría conservadora-liberal en el Consejo de Ministros Europeos y las medidas de austeridad. Las reformas económicas y fiscales que ha puesto en marcha la UE en los últimos dos años intervienen directamente en el gasto público y en el diseño de los sistemas de protección social. Ya no se trata de métodos “blandos” de coordinación sino que se imponen multas y sanciones para los países que no cumplan con los criterios fijados. El Pacto de Estabilidad establece límites para el déficit (el 3% del PIB) y la deuda (el 60% del PIB).

Las medidas de austeridad son por una parte resultado de la imposibilidad de los países de ajustar sus mecanismos macroeconómicos al ciclo económico y la, como hemos visto, más limitada capacidad de maniobra por imposición de la troika. Pero al mismo tiempo, en países como Italia y España ha habido una clara alineación ideológica en la construcción del argumento del “no hay alternativa”. El cambio en la manera de hacer política es igualmente evidente en el ámbito estatal. La introducción de las medidas de austeridad drásticas y altamente impopulares se han llevado a cabo precipitadamente y en ausencia de debate parlamentario, diálogo social o consenso político.

Tanto por la forma como por el fondo, parece que hemos entrado en la era de la tensión permanente. La austeridad se impone sin que haya ni un mínimo atisbo de “recalibrar” el Estado de bienestar. Es decir, el retroceso en alcance y cobertura de prestaciones y servicios no viene compensado por intervención alguna en ámbitos nuevos de política social o en la mejora de los existentes. A pesar de llevar casi 5 años, la crisis no ha abierto ventana alguna de oportunidad. Las medidas de ajuste se han aplicado más fácilmente en educación y sanidad porque una reducción del gasto supone un ahorro inmediato, pero a largo plazo puede peligrar la universalidad de los sistemas. Medidas como el copago, la subida de las listas de espera en la sanidad, la reducción en personal, el aumento de las ratios en los colegios, paulatinamente obstaculizan el acceso a los servicios y deterioran la calidad de los mismos. En el caso español los cambios introducidos desde 2010 son traumáticos no sólo por su magnitud sino porque parecen poner fin a casi tres décadas de esfuerzos continuados por modernizar y adecuar nuestras políticas sociales.

Saskia Sassen ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Es la tercera mujer que recibe el premio en sus más de treinta ediciones y es la única académica en el listado de los diez científicos sociales más citados internacionalmente según el ránking ISI. Es de agradecer a los miembros del jurado tanto de la pasada edición, donde resultó premiada la filósofa Martha Nussbaum como de ésta sus esfuerzos por visibilizar la labor de científicas destacadas en una disciplina con una eleva presencia de mujeres.

El acta del jurado destaca de Saskia Sassen “su contribución a la sociología urbana y al análisis de las dimensiones social, económica y política de la globalización”. Desde Pista Urbana queremos significar este premio por su valiosa aportación al estudio y compresión de los cambios y transformaciones que tienen lugar en las ciudades como espacios donde se manifiestan las desigualdades sociales en su mayor crudeza pero también donde surgen lugares de encuentro y posibilidades de transformación social. Las aportaciones tanto teóricas como analíticas de Saskia Sassen (www.saskiasassen.com) han traspasado felizmente las fronteras de disciplinas como la geografía humana, la sociología urbana, la sociología de las migraciones, la ciencia política y la economía política para establecer un diálogo que permite avanzar más allá de la con frecuencia excesiva parcelación académica. Con la fuerza de quien ha sido capaz de anticipar la profundidad de los cambios de nuestra época, Sassen insiste en la necesidad de entender las complejas dinámicas destructoras y a la vez creativas de la globalización en los planos económico-financiero, político, urbano y social como paso previo a la construcción de alternativas. En estos escenarios presentes y futuros, las ciudades y los territorios donde éstas se ubican, se convierten en nuevas zonas fronterizas, recuperan su protagonismo y su espacio en nuevas geopolíticas del poder capaces de recuperar, de relocalizar, en palabras de Sassen, los sistemas económicos y productivos.

En definitiva, su perspectiva crítica hacia la propia idea de ‘ciudad global’ que ella misma acuñó, hacia el capitalismo financiero, hacia las regulaciones de los flujos migratorios, y más recientemente hacia las políticas de austeridad que impone la Unión Europea , la convierte en un singular referente para todas aquellas personas y grupos que, haciendo uso de las oportunidades que les brindan las redes y los medios tanto locales como globales, reivindican un mundo urbano más habitable, más justo, más humano.

Saskia Sassen ha estat guardonada amb el premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials. És la tercera dona que rep el premi en més de trenta edicions i és l'única acadèmica en el llistat dels deu científics socials més citats internacionalment segons el rànquing ISI. És d'agrair als membres del jurat, tant el de la passada edició, on va resultar premiada la filòsofa Martha Nussbaum, com el d'aquesta, els seus esforços per fer visible la tasca de científiques destacades en una disciplina amb una eleva presència de dones.

L'acta del jurat destaca de Saskia Sassen “la seva contribució a la sociologia urbana i l'anàlisi de les dimensions social, econòmica i política de la globalització”. Des de Pista Urbana volem significar aquest premi, per la seva valuosa aportació a l'estudi i la comprensió dels canvis i les transformacions que tenen lloc en les ciutats, espais on es manifesten les desigualtats socials en la seva major cruesa, però també on sorgeixen llocs de trobada i possibilitats de transformació social. Les aportacions tant teòriques com analítiques de Saskia Sassen (www.saskiasassen.com) han traspassat feliçment les fronteres de disciplines com la geografia humana, la sociologia urbana, la sociologia de les migracions, la ciència política, i l’economia política per establir un diàleg que permet avançar més enllà de la sovint excessiva parcel.lació acadèmica. Amb la força de qui ha estat capaç d'anticipar la profunditat dels canvis de la nostra època, Sassen insisteix en la necessitat d'entendre les complexes dinàmiques destructores i alhora creatives de la globalització en els plans econòmic-financer, polític, urbà i social com pas previ a la construcció d'alternatives. En aquests escenaris presents i futurs, les ciutats i els territoris on aquestes s'ubiquen es converteixen en noves zones frontereres, recuperen el seu protagonisme i el seu espai en noves geopolítiques del poder capaces de recuperar, de relocalitzar, en paraules de Sassen, els sistemes econòmics i productius.

En definitiva, la seva perspectiva crítica vers la pròpia idea de 'ciutat global' que ella mateixa va encunyar, cap al capitalisme financer, cap a les regulacions dels fluxos migratoris, i més recentment cap a les polítiques d'austeritat que imposa la Unió Europea, la converteix en un singular referent per a totes aquelles persones i grups que, fent ús de les oportunitats que els brinden les xarxes i els mitjans tant locals com globals, reivindiquen un món urbà més habitable, més just, més humà.

Saskia Sassen ha estat guardonada amb el premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials. És la tercera dona que rep el premi en més de trenta edicions i és l'única acadèmica en el llistat dels deu científics socials més citats internacionalment segons el rànquing ISI. És d'agrair als membres del jurat, tant el de la passada edició, on va resultar premiada la filòsofa Martha Nussbaum, com el d'aquesta, els seus esforços per fer visible la tasca de científiques destacades en una disciplina amb una eleva presència de dones.

L'acta del jurat destaca de Saskia Sassen “la seva contribució a la sociologia urbana i l'anàlisi de les dimensions social, econòmica i política de la globalització”. Des de Pista Urbana volem significar aquest premi, per la seva valuosa aportació a l'estudi i la comprensió dels canvis i les transformacions que tenen lloc en les ciutats, espais on es manifesten les desigualtats socials en la seva major cruesa, però també on sorgeixen llocs de trobada i possibilitats de transformació social. Les aportacions tant teòriques com analítiques de Saskia Sassen ( www.saskiasassen.com) han traspassat feliçment les fronteres de disciplines com la geografia humana, la sociologia urbana, la sociologia de les migracions, la ciència política, i l’economia política per establir un diàleg que permet avançar més enllà de la sovint excessiva parcel.lació acadèmica. Amb la força de qui ha estat capaç d'anticipar la profunditat dels canvis de la nostra època, Sassen insisteix en la necessitat d'entendre les complexes dinàmiques destructores i alhora creatives de la globalització en els plans econòmic-financer, polític, urbà i social com pas previ a la construcció d'alternatives. En aquests escenaris presents i futurs, les ciutats i els territoris on aquestes s'ubiquen es converteixen en noves zones frontereres, recuperen el seu protagonisme i el seu espai en noves geopolítiques del poder capaces de recuperar, de relocalitzar, en paraules de Sassen, els sistemes econòmics i productius.

En definitiva, la seva perspectiva crítica vers la pròpia idea de 'ciutat global' que ella mateixa va encunyar, cap al capitalisme financer, cap a les regulacions dels fluxos migratoris, i més recentment cap a les polítiques d'austeritat que imposa la Unió Europea, la converteix en un singular referent per a totes aquelles persones i grups que, fent ús de les oportunitats que els brinden les xarxes i els mitjans tant locals com globals, reivindiquen un món urbà més habitable, més just, més humà.

Tres milions i mig de llocs de treball perduts des del començament de la crisi. Dos milions de llars sense cap font d'ingressos. Un creixement de gairebé el 30% en la diferència entre les rendes altes i les baixes. Un augment sense precedents en els índexs de pobresa i exclusió social, amb una especial incidència sobre els joves, les dones i les persones d'origen immigrant. Per a molts, la conseqüència més dramàtica de la pèrdua d'ocupació ha estat i està sent el desallotjament del seu habitatge per impagaments en la hipoteca. Un estudi del Col.legi de Registradors recentment publicat demostra que, només al 2012, es van produir a Espanya més de 30.000 desnonaments a primers habitatges. 115 expropiacions diàries. Una cada 15 minuts.

No ve al cas explicar aquí l'origen del problema, sobre el qual hi ha, d'altra banda, un cert consens: una llei hipotecària antiga, uns contractes abusius, una indefensió absoluta per part dels afectats. Com a exemple paradigmàtic de política 'top down', el govern espanyol ha necessitat que el Tribunal de Justícia Europeu sentenciés que els procediments de desnonament per impagament d'una hipoteca són contraris a la legislació europea de protecció dels consumidors per afirmar que cal canviar la llei .

El procés que condueix al canvi legislatiu en aquesta matèria, però, no es pot entendre sense el paper jugat per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Amb la seva acció reivindicativa, la PAH ha aconseguit situar la problemàtica de l'habitatge (i més particularment, la dels desnonaments) en el centre de l'agenda política del país. La ILP promoguda per la PAH i altres organitzacions, a favor de la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el foment del lloguer social, ha recollit prop d'un milió i mig de signatures i ha aconseguit un evident suport social. El debat polític i mediàtic giren avui al voltant de les mesures proposades per aquesta organització. Tot un èxit en un camp de política pública històricament capturat pels interessos de l’eix financer-immobiliari.

Però més enllà de la 'baralla' pel canvi d'una norma sens dubte injusta, el que resulta realment innovador quant a dinàmiques socials i polítiques en un moment d'emergència social com el que vivim, és la funció que està jugant la PAH en la mediació del conflicte i en la posada en marxa de solucions que donin resposta a la desesperació que viuen milers de ciutadans. Les retallades que venim patint des del 2010 sota l'eufemisme de la racionalització de la despesa no s'han vist compensades per cap mesura dirigida a esmorteir les conseqüències de la crisi. Així les coses, les polítiques socials semblen evaporar-se just quan més les necessitem. Serveixi d'exemple la retallada en més d'un 50% del fons per donar suport a la recepció i la integració social dels immigrants, en un moment en què gairebé la meitat d'aquest col.lectiu s'ha quedat sense feina.

Mentre les polítiques socials retrocedeixen, moviments com la PAH avancen amb força no només per la seva tasca de denúncia de les injustícies i de reivindicació de noves polítiques, sinó també pel desplegament d'una important funció social que, malgrat les seves limitacions, tracta de contrarestar els efectes de la paràlisi institucional. L'acció de la PAH ha actuat com a esperó perquè les administracions locals es posicionin i assumeixin responsabilitats en un assumpte que desborda el seu marc competencial. Els blocs d'habitatges ocupats en el marc de la campanya de reallotjaments de l'Obra Social de la PAH compleixen una funció redistributiva que les administracions haurien d'estar assumint ara més que mai. En absència d'actuació institucional, l'alternativa a les ocupacions col.lectives promogudes per la PAH és la de l'ocupació individual, moguda únicament i exclusiva per la desesperació personal, amb possibles efectes negatius sobre la convivència veïnal. A la PAH li hem d'agrair també la seva important tasca d'articulació de xarxes de solidaritat i de reciprocitat entre diferents col.lectius, amb independència del seu origen. Si en els barris més vulnerables de les nostres ciutats, amb una forta concentració de població immigrada d'origen extracomunitari, no ha esclatat el conflicte interètnic malgrat el context actual de forta escassetat, és probablement per la funció comunitària exercida per organitzacions com la PAH.

A ningú pot sorprendre que la confiança de la ciutadania en l'aparell de l'Estat estigui sota mínims. Una confiança que és inversament proporcional a la que mostra per organitzacions no governamentals, amb la PAH al capdavant (més d'un 70% de suport, segons una enquesta recent de Metroscopia per a El País sobre l'11% que donava suport a la tasca del govern). En aquests moments la PAH, amb vincles clars amb el 15M, és segurament la millor evidència que no és la democràcia el que està en crisi, sinó les institucions que la representen. Com afirma Joan Subirats ( http://bit.ly/14ZJm7E) la trajectòria de la PAH atén a un cert paradigma de creació d'espais de nova democràcia, una nova aura col.lectiva. Amb les seves formes d'organització, de presa de decisions, de gestió del conflicte, la PAH està contribuint a generar, com reflexionava Guillem Martínez fa uns dies ( http://bit.ly/ZJcEXm), un nou procés constituent marcat per la lluita per una major justícia social, política i jurídica davant d'un règim que s'enfonsa. I si no existís la PAH? Si no existís la PAH, caldria inventar-la.

Tres milions i mig de llocs de treball perduts des del començament de la crisi. Dos milions de llars sense cap font d'ingressos. Un creixement de gairebé el 30% en la diferència entre les rendes altes i les baixes. Un augment sense precedents en els índexs de pobresa i exclusió social, amb una especial incidència sobre els joves, les dones i les persones d'origen immigrant. Per a molts, la conseqüència més dramàtica de la pèrdua d'ocupació ha estat i està sent el desallotjament del seu habitatge per impagaments en la hipoteca. Un estudi del Col.legi de Registradors recentment publicat demostra que, només al 2012, es van produir a Espanya més de 30.000 desnonaments a primers habitatges. 115 expropiacions diàries. Una cada 15 minuts.

No ve al cas explicar aquí l'origen del problema, sobre el qual hi ha, d'altra banda, un cert consens: una llei hipotecària antiga, uns contractes abusius, una indefensió absoluta per part dels afectats. Com a exemple paradigmàtic de política 'top down', el govern espanyol ha necessitat que el Tribunal de Justícia Europeu sentenciés que els procediments de desnonament per impagament d'una hipoteca són contraris a la legislació europea de protecció dels consumidors per afirmar que cal canviar la llei .

El procés que condueix al canvi legislatiu en aquesta matèria, però, no es pot entendre sense el paper jugat per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Amb la seva acció reivindicativa, la PAH ha aconseguit situar la problemàtica de l'habitatge (i més particularment, la dels desnonaments) en el centre de l'agenda política del país. La ILP promoguda per la PAH i altres organitzacions, a favor de la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el foment del lloguer social, ha recollit prop d'un milió i mig de signatures i ha aconseguit un evident suport social. El debat polític i mediàtic giren avui al voltant de les mesures proposades per aquesta organització. Tot un èxit en un camp de política pública històricament capturat pels interessos de l’eix financer-immobiliari.

Però més enllà de la 'baralla' pel canvi d'una norma sens dubte injusta, el que resulta realment innovador quant a dinàmiques socials i polítiques en un moment d'emergència social com el que vivim, és la funció que està jugant la PAH en la mediació del conflicte i en la posada en marxa de solucions que donin resposta a la desesperació que viuen milers de ciutadans. Les retallades que venim patint des del 2010 sota l'eufemisme de la racionalització de la despesa no s'han vist compensades per cap mesura dirigida a esmorteir les conseqüències de la crisi. Així les coses, les polítiques socials semblen evaporar-se just quan més les necessitem. Serveixi d'exemple la retallada en més d'un 50% del fons per donar suport a la recepció i la integració social dels immigrants, en un moment en què gairebé la meitat d'aquest col.lectiu s'ha quedat sense feina.

Mentre les polítiques socials retrocedeixen, moviments com la PAH avancen amb força no només per la seva tasca de denúncia de les injustícies i de reivindicació de noves polítiques, sinó també pel desplegament d'una important funció social que, malgrat les seves limitacions, tracta de contrarestar els efectes de la paràlisi institucional. L'acció de la PAH ha actuat com a esperó perquè les administracions locals es posicionin i assumeixin responsabilitats en un assumpte que desborda el seu marc competencial. Els blocs d'habitatges ocupats en el marc de la campanya de reallotjaments de l'Obra Social de la PAH compleixen una funció redistributiva que les administracions haurien d'estar assumint ara més que mai. En absència d'actuació institucional, l'alternativa a les ocupacions col.lectives promogudes per la PAH és la de l'ocupació individual, moguda únicament i exclusiva per la desesperació personal, amb possibles efectes negatius sobre la convivència veïnal. A la PAH li hem d'agrair també la seva important tasca d'articulació de xarxes de solidaritat i de reciprocitat entre diferents col.lectius, amb independència del seu origen. Si en els barris més vulnerables de les nostres ciutats, amb una forta concentració de població immigrada d'origen extracomunitari, no ha esclatat el conflicte interètnic malgrat el context actual de forta escassetat, és probablement per la funció comunitària exercida per organitzacions com la PAH.

A ningú pot sorprendre que la confiança de la ciutadania en l'aparell de l'Estat estigui sota mínims. Una confiança que és inversament proporcional a la que mostra per organitzacions no governamentals, amb la PAH al capdavant (més d'un 70% de suport, segons una enquesta recent de Metroscopia per a El País sobre l'11% que donava suport a la tasca del govern). En aquests moments la PAH, amb vincles clars amb el 15M, és segurament la millor evidència que no és la democràcia el que està en crisi, sinó les institucions que la representen. Com afirma Joan Subirats (http://bit.ly/14ZJm7E) la trajectòria de la PAH atén a un cert paradigma de creació d'espais de nova democràcia, una nova aura col.lectiva. Amb les seves formes d'organització, de presa de decisions, de gestió del conflicte, la PAH està contribuint a generar, com reflexionava Guillem Martínez fa uns dies (http://bit.ly/ZJcEXm), un nou procés constituent marcat per la lluita per una major justícia social, política i jurídica davant d'un règim que s'enfonsa. I si no existís la PAH? Si no existís la PAH, caldria inventar-la.

Tres millones y medio de empleos perdidos desde el inicio de la crisis. Dos millones de hogares sin fuente de ingresos alguna. Un crecimiento del casi 30% en la diferencia entre las rentas altas y las bajas. Un aumento sin precedentes en los índices de pobreza y exclusión social, con una especial incidencia sobre los jóvenes, las mujeres y las personas de origen inmigrante. Para muchos, la consecuencia más dramática de la pérdida de empleo ha sido y está siendo el desalojo de su vivienda por impagos en la hipoteca. Un estudio del Colegio de Registradores recientemente publicado demuestra que, sólo en 2012, se produjeron en España más de 30.000 desahucios en primeras viviendas. 115 expropiaciones diarias. Una cada 15 minutos.

No viene al caso explicar aquí el origen del problema, sobre el que existe por otra parte un cierto consenso: una ley hipotecaria antigua, unos contratos abusivos, una indefensión absoluta por parte de los afectados. Como ejemplo paradigmático de política ‘top down’, el gobierno español necesitó que el Tribunal de Justicia Europeo sentenciara que los procedimientos de desahucio por impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores para afirmar que es necesario cambiar la ley.

El proceso que conduce al cambio legislativo en esta materia, sin embargo, no puede entenderse sin el papel jugado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Con su acción reivindicativa, la PAH ha logrado ubicar la problemática de la vivienda (y más particularmente, la de los desahucios) en el centro de la agenda política del país. La ILP promovida por la PAH y otras organizaciones, en favor de la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social, ha recogido cerca de un millón y medio de firmas y ha logrado un evidente apoyo social. El debate político y mediático giran hoy alrededor de las medidas propuestas por esta organización. Todo un logro en un campo de política pública históricamente capturado por los intereses del eje financiero-inmobiliario.

Pero más allá de la ‘pelea’ por el cambio de una norma a todas luces injusta, lo que resulta realmente innovador en cuanto a dinámicas sociales y políticas en un momento de emergencia social como el que vivimos, es la función que está jugando la PAH en la mediación del conflicto y en la puesta en marcha de soluciones que den respuesta a la desesperación que viven miles de ciudadanos. Los recortes que venimos sufriendo desde el 2010 bajo el eufemismo de la racionalización del gasto no se han visto compensados por ni una sola medida dirigida a amortiguar las consecuencias de la crisis. Así las cosas, las políticas sociales parecen evaporarse justo cuando más las necesitamos. Sirva de ejemplo el recorte en más de un 50% del fondo para apoyar la recepción y la integración social de los inmigrantes en un momento en el que casi la mitad de este colectivo se ha quedado sin trabajo.

Mientras las políticas sociales retroceden, movimientos como la PAH avanzan con fuerza no sólo por su labor de denuncia de las injusticias y de reivindicación de nuevas políticas, sino también por el despliegue de una importante función social que, a pesar de sus limitaciones, trata de contrarrestar los efectos de la parálisis institucional. La acción de la PAH ha actuado como acicate para que las administraciones locales se posicionen y asuman responsabilidades en un asunto que desborda su marco competencial. Los bloques de viviendas ocupados en el marco de la campaña de realojos de la Obra Social de la PAH cumplen una función redistributiva que las administraciones deberían estar asumiendo ahora más que nunca. En ausencia de actuación institucional, la alternativa a las ocupaciones colectivas promovidas por la PAH es la de la ocupación individual, movida única y exclusivamente por la desesperación personal, con posibles efectos negativos sobre la convivencia vecinal. A la PAH debemos agradecerle también su importante labor de articulación de redes de solidaridad y de reciprocidad entre distintos colectivos con independencia de su origen. Si en los barrios más vulnerables de nuestras ciudades, con una fuerte concentración de población inmigrada de origen extracomunitario, no ha estallado el conflicto interétnico a pesar del contexto actual de fuerte escasez, es probablemente por la función comunitaria desempeñada por organizaciones como lo PAH.

A nadie puede sorprender que la confianza de la ciudadanía en el aparato del estado esté bajo mínimos. Una confianza que es inversamente proporcional a la que muestra por organizaciones no gubernamentales, con la PAH a la cabeza (más de un 70% de apoyo según una encuesta reciente de Metroscopia para El País frente al 11% que apoyaba la labor del gobierno). En estos momentos, la PAH, con vínculos evidentes con el 15M, es seguramente la mejor evidencia de que no es la democracia lo que está en crisis, sino las instituciones que la representan. Como afirma Joan Subirats (http://bit.ly/14ZJm7E) la trayectoria de la PAH atiende a un cierto paradigma de creación de espacios de nueva democracia, una nueva aura colectiva. Con sus formas de organización, de toma de decisiones, de gestión del conflicto, la PAH está contribuyendo a generar, como reflexionaba Guillem Martínez hace unos días (http://bit.ly/ZJcEXm ), un nuevo proceso constituyente marcado por la lucha por una mayor justicia social, política y jurídica frente a un Régimen que se hunde. ¿Y si no existiera la PAH? Si no existiera la PAH, habría que inventarla.