Como en la más encarnizada partida de póquer, nadie quiere enseñar sus cartas en Pescanova. La mano definitiva se juega este jueves en Vigo, en la junta de accionistas que debe elegir al consejo de administración que sustituya al multiimputado equipo de gobierno que presidió Manuel Fernández de Sousa. Pese a la deuda de 3.674 millones que generó la gestión del hijo del fundador y a su correspondiente agujero patrimonial, que asciende a 1.667 millones, la multinacional de la pesca congelada sigue siendo un caramelo muy apetecible. Accionistas minoritarios, inversores de referencia y fondos de capital riesgo se miran de reojo y recuentan apoyos ante la crucial cita del 12 de septiembre, en la que ni siquiera Sousa renuncia a mantener el control.

En esta guerra de todos contra todos en la que cualquier alianza es posible, el grupo que encabeza la cervecera Damm (6,2% de las acciones) parte como el favorito para hacerse con el control de Pescanova, en concurso de acreedores. Asociado con el fondo luxemburgués Luxempart (5,8%) y con Iberfomento (3,3%), este julio se les sumó otra nueva accionista de referencia, Carolina Massaveu Herrero, con una participación del 3,74%. Su frente asegura sumar el 40% de las acciones. Pero aunque haya sido inhabilitado para ejercer la presidencia, Sousa no se ha dado ni mucho menos por vencido, y pretende hacer valer su 7,5% de capital, al que suma el 3% de Alfonso Paz Andrade y un 4,5% de otros accionistas hasta alcanzar el 15%. Enfrente de ambos, o aliados con cualquiera de ellos, están Cartesian, del inversor chino Peter M. Yu, con el 8% del capital, y los minoristas, con otro 5%.

El cisma es de tal calibre y la tensión tan elevada, que el administrador concursal, Deloitte, ha tenido que citar este martes a los representantes de las partes para poner orden y calmar los ánimos ante una junta que se prevé tumultuosa. La clave está en el porcentaje mágico del 51%, lo que da un especial valor al tercio del accionariado disgregado entre accionistas particulares. De ahí que los contactos para forjar mayorías se suceden a velocidad de vértigo. Una alianza ya concretada es la de Cartesian con los minoristas a través de Pescanem, que ha realizado intentos apenas disimulados de incorporar al grupo de Sousa. Su baza sería la exministra socialista Elena Espinosa, a la que propuso incluir en el consejo con el objetivo de auparla a la presidencia.

La simple posibilidad de que Cartesian confluya con Sousa causa estupor en el grupo de Damm, aunque no la descartan en absoluto. “Es inaceptable”, afirmaron fuentes de Luxempart, que recordaron la reciente petición del fondo de Peter M. Yu de demandar a Sousa. Pero la aritmética y el goloso control de Pescanova pesan más que las viejas rencillas. “Solo son sospechas, pero si se hacen los cálculos no vemos con qué apoyos pueden llegar para contar para llegar al 25% si no es con Sousa”, declararon los mismos portavoces a Europa Press. Para agitar las sospechas, Pescanem intenta guardar la equidistancia, y combina las críticas a la gestión de Sousa con alusiones a la participación de tres de los consejeros propuestos por Damm en el gobierno saliente.

Damm, el favorito

Damm no es solo el grupo favorito para controlar el nuevo consejo de administración, sino también el primer actor que formuló una propuesta con nombres y apellidos. Lo hizo en agosto, cuando presentó una oferta de consejo que reduce de 11 a 7 miembros, con el expresidente del Banco Gallego Juan Manuel Urgoiti como presidenciable. Completan la lista Françoise Tech (Luxempart), José Antonio Pérez Nievas (Iberfomento) y José Carceller (Damm), junto con los independientes Yago Méndez (hijo del expresidente de Caixa Galicia y antiguo aliado de Sousa), Luis Miguel Sánchez Merlo y Ángel Legarda.

Sousa se guarda sus nombres, aunque su entorno se ha apresurado a criticar la propuesta liderada por la cervecera por nutrirse de personas “sin experiencia en el sector”. En una carta remitida a los accionistas, el expresidente ha anunciado que renuncia a la reelección siquiera como consejero, y que no propondrá a ninguno de los miembros del equipo saliente, como forma de reconocer unos “errores” por los que pide perdón. Lo que no supone que vaya a renunciar a promover otro consejo de administración distinto ni a perder el control de Pescanova. De momento, Sousa reclama la misma actitud a otros dirigentes que formaron parte del actual consejo de administración, en clara referencia a los tres que figuran en la propuesta de Damm.

Cualquier grupo que sume el 5% del capital podrá presentar una lista al consejo de administración, como ha hecho este mismo martes Cartesian con una relación de 15 consejeros, todos ellos independientes, entre los que inicialmente no está Espinosa. Ahí aparecen nombres como los del gallego Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, y Baldomero Falcones, expresidente de FCC, como presidenciables. Junto a ellos, los de los exministros Pío Cabanillas y José Otero Novas o los de Ramón Calvo (exconsejero delegado de Conservas Calvo), Antonio Renom (Levante Capital) y los socios de Garrigues Ángel Martínez y Santiago Calvo-Sotelo.

Sousa puede hacer valer en la junta su condición de bisagra y añadir una pirueta de equilibrista propia de quien ha sumado tres décadas al frente de la compañía. Todo ello a pesar de un desprestigio insólito en quien hasta hace bien poco alardeaba de humillar a presidentes de la Xunta. El último capítulo de su azaroso ocaso lo escribió con la letra de su mujer, María Rosario Andrade, que intentó llevarse 5,2 millones de euros a China desde una cuenta abierta en Portugal. Ocurrió el 28 de agosto, apenas 10 días después de que la Audiencia Nacional impusiera a su marido una fianza de más de 178 millones de euros como responsabilidad civil.

Este presunto delito de alzamiento de bienes se sumaría a una lista de imputaciones que resultaría insoportable si el expresidente no contara con el 7,5% del capital. La última de ellas, conocida la semana pasada, por negativa o resistencia a la actuación supervisora e inspectora de la CNMV. Al hijo del fundador de Pescanova también se le atribuyen los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante, por los que declarará en octubre ante el juez Pablo Ruz. Es el crepúsculo judicial de un empresario que se resiste a renunciar a su siempre todopoderosa autoridad.

El buque del Capitán Pescanova seguirá navegando, aunque con mucha menos carga a bordo. La multinacional gallega ha conseguido 56 millones de euros imprescindibles para continuar con su actividad, pero ahora tiene que empezar a soltar lastre vendiendo activos (todo tipo de propiedades en sus filiales en el mundo), con el objetivo de reducir la deuda de más de 3.500 millones de euros. La administradora concursal, la consultora Deloitte, firmó este viernes la inyección de liquidez necesaria para su que la firma de alimentación pueda operar, con un grupo de bancos españoles, que completa la Xunta con otros cuatro millones de euros. Para evitar la liquidación y afrontar el acuerdo con los acreedores, la estrategia de la nueva dirección de Pescanova pasa por vender “dos o tres empresas”, según su aún presidente, Manuel Fernández de Sousa. La realidad es que la desinversión será muy signitivativa.

Se trata de “adelgazar el grupo”, en palabras de los administradores concursales. Y la dieta consistirá en vender activos, prioritariamente en el extranjero. Parte de ese trabajo lo está realizando un hombre llamado Herman Chadwick, síndico de la quiebra de Pesca Chile, una de las principales filiales de la gallega, que busca compradores para esta empresa y para las otras sociedades en el mismo país Nova Austral y Acuinova. Entre las tres suman deudas de hasta 500 millones de euros con acreedores diversos, entre los que se encuentra la propia Pescanova, a la que deben casi 43 millones, lo que demuestra lo enrevesado del entramado societario y financiero que tratan de desentrañar el juzgado de Pontevedra que pilota el concurso de acreedores y la Audiencia Nacional, cuyo juez Pablo Ruz ha encausado de Sousa y a otros tres directivos de la entidad por falsear las cuentas.

Chadwick reunió el pasado miércoles a los acreedores de Pesca Chile, a los que informó de su intención de proceder a la venta escalonada de los activos de Pescanova en ese país, comenzando por Nova Austral para seguir con Acuinova y Pesca Chile. El síndico de la quiebra reclamó a los acreedores un plazo de seis meses a un año para vender las compañías y establecer un calendario de pago de los débitos, mientras negocia con la banca un crédito de 8,5 millones de euros similar al firmado el viernes en España. Es decir, para garantizar el funcionamiento de las empresas.

Antes de que Pescanova declarara el grupo en preconcurso, el pasado 1 de marzo, Sousa había emprendido un repliegue similar en Ecuador, que ha acabado por enfrentarle con sus socios de la cervecera Damm, titular del 6% del grupo, que le acusaron de actuar a espaldas del consejo de administración. “No hemos vendido ninguna filial en Ecuador”, se defendió el aún presidente en la ronda de entrevistas con las que trató de limpiar su imagen a principios de junio. En efecto, lo que vendió a finales de 2012, cuando solo Sousa y sus más estrechos colaboradores podían conocer que el temporizador de la bomba entraba en la cuenta atrás, no eran filiales, sino granjas y piscifactorías de langostino ecuatorianas, por las que ingresó 13,8 millones de euros. En ese país, el grupo aún posee siete plantas acuícolas y otra de preparación y tratamiento de langostinos.

Más difícil será afrontar las desinversiones en Argentina, donde Argenova, participada al 100% por Pescanova, está sometida a un procedimiento de suspensión de pagos, pilotado por un juez de Buenos Aires que ha vetado la venta de 17 barcos, dos factorías y la sede central en la capital argentina. Un año antes de las ventas en Ecuador, la memoria de Pescanova de 2011 permitió descubrir que la compañía tenía a la venta en Europa, Australia y Latinoamérica cinco barcos, terrenos, fábricas y plantas acuícolas valoradas en 55,6 millones de euros. Cuando se supo, Sousa trató de restarle importancia a la operación, pero las investigaciones judiciales consideran esas anotaciones una prueba de que los problemas del grupo vienen de lejos. Y, también, de que el otrora todopoderoso presidente del grupo era muy consciente de ellos, aunque tratase de evitar que trascendieran.

Audiencia Nacional

En esta nueva etapa de venta de activos, el hombre que preside la compañía desde hace 33 años sostiene que todos “son buenos” y que cualquiera de ellos se puede enajenar, pero con la advertencia de que trocear Pescanova “sería matarla”. Los administradores concursales, por su parte, tratan de separar el grano de la paja en el entramado de 160 sociedades del grupo –entre firmas, filiales, participadas, subsidiadas y uniones estratégicas–, para decidir cuáles se pueden poner en venta sin afectar al núcleo operativo de la actividad acuícola y pesquera.

Mientras Deloitte prepara las desinversiones, el avance de la auditoría forense encargada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a KPMG alerta de la posibilidad de que exista deuda oculta en el complejo entramado de filiales del grupo. Y, de acuerdo con ese planteamiento, los beneficios declarados en los últimos años, con 144 millones declarados entre 2008 y 2011, podrían haber escondido un escenario de pérdidas. Los preliminares de ese trabajo apuntan a otras presuntas actividades delictivas como la existencia de facturas falsas y de una doble contabilidad. La necesidad de conocer ese informe es la principal razón por la que el juez Ruz ha aplazado la declaración de Sousa en la Audiencia Nacional, que estaba prevista para este lunes.

Pablo Ruz quiere tener otros documentos en sus manos antes de interrogar al hijo del fundador de Pescanova. Fundamentalmente, el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre “los eventuales cambios significativos” en el patrimonio de Sousa y su entorno familiar en los últimos dos años. El juez ha ordenado a la UDEF que reúna esa información sobre Sousa, su mujer, sus dos hijos y hasta 20 empresas propiedad del presidente de Pescanova, al que le imputa los supuestos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.

El tiro de gracia para el naval gallego. El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, anunció este jueves que el sector naval tendrá que devolver las ayudas del tax lease por ser un “sistema incompatible” con la normativa europea. Lo hizo durante un desayuno informativo en Madrid, donde insistió en que “es necesaria una devolución” de estas bonificaciones fiscales. Y lo hizo después de que sindicatos y astilleros le enviaran una carta advirtiéndole de que una decisión así supondría la muerte de su sector.

La indignación por la fatal noticia -tan esperada como temida- no se hizo esperar. El presidente de Pymar (Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconstrucción), Álvaro Platero, presente en el acto, acusó a Almunia de “estar avanzando la muerte del naval”. Además, otros representantes del sector naval increparon al comisario de la Competencia, que no logró calmar los ánimos a pesar de asegurar que los astilleros no deberán reintegrar nada. “Nadie puede exigirles a los astilleros que se subroguen a la devolución de esas ayudas”, insistió el responsable de Competencia en la UE, que aclara que el deber de devolución no podrá trasladarse a otros. “Los astilleros están fuera de esta responsabilidad”.

Almunia propondrá a la Comisión que el reintegro de estas ayudas corra a cargo de los inversores que participaron en la financiación de los buques y que se aprovecharon de las ventajas fiscales, así como de los armadores que compraron los buques a un precio inferior al del mercado. Pymar insiste en que nada cambia por el hecho de que la devolución no recaiga en los astilleros y alertan de nuevo de que “habrá diez mil pleitos y un bloqueo de clientes, lo que supondrá el fin del sector”. Además, también advierten de que acudirán a la Justicia, pero saben que no tienen tiempo como para esperar. El Estado también podrá recurrir la decisión ante la Justicia europea, pero antes deberá cumplir el mandato de la UE.

“El naval desaparece; van a cerrar todos los astilleros”, se escuchó en el hotel Ritz, donde Almunia también adelantó que la decisión sobre la devolución de las ayudas del tax lease es de la Comisión, pero que deberá ser el Gobierno español quien tendrá que pedir a inversores y armadores benficiados por las ayudas que reintegren el dinero. La decisión definitiva será tomada por Bruselas el próximo 17 de julio y conforme a la propuesta presentada por el comisario.

Entre 2005 y 2011, el tax lease se convirtió en un refugio de muchas grandes fortunas, que invertían en el sector naval a cambio de unos muy rentables beneficios fiscales. Hasta que hace ahora dos años Bruselas dijo basta, por culpa de una denuncia de Holanda. El sector, que ya languidecía, entró en barrena, pero la previsible devolución de esas ayudas supondrá directamente “la ruina”, según advierten los sindicatos. La propia incertidumbre es ya un lastre para un sector que se mueve por grandes inversiones, superiores en la mayoría de los casos a los 100 millones de euros, que requieren dos cosas: financiación y seguridad.

En total, la devolución ascenderá a 2.800 millones de euros y afectará a astilleros del País Vasco, Asturias y, principalmente, Galicia. En concreto, de Vigo, donde se concentran el 65% de las inversiones financiadas con el tax lease. Almunia se negó a hablar de porcentajes y a determinar si la devolución sería íntegra en el caso del sector gallego.

En 2009, el sector naval daba trabajo en Vigo a 12.000 personas. Quedan apenas 3.000 en activo, que estaban pendientes de la decisión de Bruselas. La escasa actividad que aún se mantiene se debe a contratos firmados hace uno o dos años o a sectores auxiliares que sobreviven gracias a la exportación. Los tres grandes, Barreras, Vulcano y Freire, están completamente parados. Toda la economía que generaba el naval, como los transportes especiales, empresas de verificación, la ingeniería industrial y técnica, cayó con ellos. Y cuando el sector fuera de España empieza a ofrecer síntomas de una incipiente recuperación, con la creciente demanda de buques del tipo de los que se fabrican en Galicia, la incertidumbre del tax lease mantuvo al margen los astilleros vigueses.

Los sindicatos no se rinden y Caballero vuelve a apelar la una frente común

“El naval no se rinde”. Así reaccionaron los sindicatos tras el anuncio de Almunia, además de hacer un llamamiento a la movilización para “doblarle las rodillas” al comisario de la Competencia en la UE. Tanto CCOO como CIG y UGT coincidieron en que la noticia era “la esperada”, pero advierten también de que desde las instituciones europeas “saben que supone destruir el sector en el Estado y en Galicia”.

Así, todas las centrales sindicales censuran el enésimo “engaño de Almunia” y apuestan por “incrementar la presión” para que las autoridades españolas “se tomen en serio” la situación del naval. Del mismo modo, llaman a la sociedad a participar en la manifestación que saldrá este mismo jueves de Vía Norte a las 20.30 horas.

Por otra parte, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, cargó contra su compañero de partido, Almunia, al que acusó de “hundir” el sector naval con su resolución. Asimismo, subrayó que el comisario “miente” cuando dice que las devoluciones no afectarán a los astilleros. “No se puede presentar como un éxito lo que es un ataque y un gran fracaso”, advirtió el regidor, quien insistió en que el sector debe estar protegido porque actuó según los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. “España debe ser tratada exactamente igual que Francia”, advirtió, en referencia al expediente abierto al naval del país galo, y alertó de que, si no se cambia esa resolución, se producirá “el entierro” de esta industria.

En esa línea, Abel Caballero alertó de que se está produciendo “un ataque sin precedentes” al sector naval gallego y vigués, y destacó que la “decisión injusta” de Almunia infringirá un “daño irreversible” a este sector. Por eso insistió en la necesidad de que se cree un “gran frente” de defensa del naval, con el presidente de la Xunta a la cabeza, y con representación empresarial, sindical y política, para “ir a Bruselas a trasladarle a Almunia y la Durao Barroso el rechazo unánime”. Núñez Feijóo hizo un llamamiento también a la unión de comunidades autónomas como Asturias, Euskadi y Galicia para hacer frente a la decisión tomada por la Comisión Europea.

En 2009, el sector naval daba trabajo en Vigo a 12.000 personas. Quedan apenas 3.000 en activo, y pendientes de lo que Bruselas decida sobre la devolución de casi 3.000 millones de euros correspondientes a bonificaciones fiscales europeas, el conocido como tax lease. “Empezamos la prórroga”, resume Ramón Sarmiento, representante comarcal de CCOO en Vigo, en referencia al último plazo para una orden de reintegro que se esperaba para este miércoles. Pero los tiempos añadidos no son el mejor compañero de viaje para un sector atenazado por la incertidumbre. “Hace muchos meses que no se firman nuevos contratos, ¿quién va a encargar obras que duran años a unos astilleros que tienen sobre su cabeza la espada de Damocles?”, se lamenta el sindicalista.

Entre 2005 y 2011, el tax lease se convirtió en un refugio de muchas grandes fortunas, que invertían en el sector naval a cambio de unos muy rentables beneficios fiscales. Hasta que hace ahora dos años Bruselas dijo basta, a raíz de una denuncia de Holanda. El sector, que ya languidecía, entró en barrena, pero la previsible devolución de esas ayudas supondrá directamente “la ruina”, advierte Manuel García, responsable del sindicato del metal de UGT en Galicia. La propia incertidumbre es una losa para un sector que se mueve por grandes inversiones, superiores en la mayoría de los casos a los 100 millones de euros, que requieren dos cosas: financiación y seguridad. En total, la devolución ascenderá a 2.800 millones de euros y afectará a astilleros del País Vasco, Asturias y, principalmente, Galicia. En concreto, de Vigo, donde se concentran el 65% de las inversiones financiadas con el tax lease.

Pese a las expectativas creadas, ayer el colegio de comisarios se limitó a conocer el borrador elaborado por el responsable de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, convertido por el PP en la cabeza de turco. Se abre un período de consultas, y será en la reunión de la Comisión que presidirá Durao Barroso en julio, probablemente el día 17, cuando, salvo sorpresa, la devolución se haga efectiva. Quienes conocen el borrador, y entre ellos está el alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero, saben que ese documento es desfavorable para los intereses de España. De ahí que Caballero insistiera en los últimos días en acusar a su compañero de partido de asestar “un golpe de mano” contra el naval vigués.

El eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo trata de justificar a Almunia. “Hay que estudiar el borrador con detenimiento, la baza es que la devolución se hace recaer en los inversores y en los armadores, pero no en los astilleros”, razona. Para los sindicatos, la diferencia es nula. Por varias razones. Porque la mayoría de los contratos incluían garantías de los constructores, porque se quebraría la seguridad jurídica de las operaciones, porque la banca apretaría un poco más el grifo, porque quebrarían muchos clientes, que son los armadores... “La devolución de los 2.800 millones es una hipótesis sencillamente demoledora, pague quien pague”, replica Sarmiento.

La importancia de lo poco que queda del sector naval vigués, auténtica zona cero de los efectos de la retirada del tax lease, trasciende los 3.000 empleos activos que aún conserva. La escasa actividad que aún mantienen de los otrora pujantes astilleros se debe a contratos firmados hace uno o dos años o a sectores auxiliares que sobreviven gracias a la exportación. Los tres grandes, Barreras, Vulcano y Freire, están completamente parados. Toda la economía que generaba el naval, como los transportes especiales, empresas de verificación, la ingeniería industrial y técnica, se ha caído con ellos. Y cuando el sector fuera de España empieza a ofrecer síntomas de una incipiente recuperación, con la creciente demanda de buques del tipo de los que se fabrican en Galicia, la incertidumbre del tax lease mantiene al margen a los astilleros vigueses. “Imposible cuajar una operación en estas circunstancias”, constata Ramón Sarmiento.

“Se carga mucho las tintas en Almunia, pero la decisión la van a tomar 27 comisarios, y 20 de ellos son del Partido Popular Europeo”, advierte Manuel García. Es el mismo argumento que empleó este miércoles en el Parlamento gallego el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, frente a los ataques continuos del presidente de la Xunta al comisario europeo de Competencia. “Usted ocúpese de Almunia, que del Gobierno me ocupo yo”, le replicó Alberto Núñez Feijóo. En efecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó el martes que la devolución sería “profundamente injusta” y “perjudicial” para los astilleros. Pero del éxito de las gestiones del ministerio, que Feijóo consideraba cruciales cuando aún gobernaba Zapatero, “no se conocen resultados”, lamenta el sindicalista de UGT.

El empresario abandona su secretismo habitual para afirmar en una entrevista que de haber manejado información privilegiada, habría vendido todas sus acciones, y no solo una parte

"Tratamos de crecer con poco capital y mucho crédito"

Durante mucho tiempo fue uno de los empresarios más herméticos de España. Desde que estalló la crisis de Pescanova, su presidente, Manuel Fernández de Sousa, no se había dejado ver ni oír en ningún medio, a pesar de las crecientes sospechas de su actividad delicitiva al frente de la multinacional gallega. Pero Sousa ha decidido cambiar el paso y salir en defensa de su honor en una doble ofensiva mediática y judicial, que coincide con su imputación, este jueves, por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

“Todo lo que yo he hecho ha sido en beneficio de la empresa, incluido el retraso en la comunicación de las ventas”, afirmó el jueves en una larga entrevista en la cadena SER, apenas cuatro horas antes de que el juez de la Audiencia Nacional le imputara junto a otros directivos por falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante.

Las ventas a las que se refería Sousa consisten en el traspaso de 28 millones de euros en acciones en los días previos a la comunicación de la situación real de la compañía, con lo que evitó una pérdida de al menos 15,6 millones, según el cálculo del juez. La única información privilegiada que admitió es que la empresa “iba muy bien”, llegó a decir.

En el otro frente, el judicial, Sousa y otro de los accionistas, José Manuel Barreras, decidieron personarse el lunes ante el juez como parte perjudicada, según reveló Faro de Vigo. Tanto en la personación como en la entrevista, el aún presidente de Pescanova, apartado de las labores ejecutivas por decisión judicial, traza su estrategia de defensa, que consiste en presentar la venta masiva de acciones como un intento de salvar a la compañía, y no de lucrarse de ella. Ese traspaso de acciones, que se produjeron hasta la misma víspera de la comunicación de la descomunal deuda de la empresa, es el eje central de las imputaciones de Ruz.

Caída en desgracia

La nueva estrategia llega ya tarde para evitar tanto el auto de procesamiento como la confirmación definitiva de su caída en desgracia en la empresa que preside con mano de hierro desde hace 33 años: su sustitución como representante de Pescanova en todas las filiales españolas de la matriz, acordada también este jueves por Deloitte, el administrador concursal de la compañía.

Mientras, la empresa trata de remontar el vuelo con un préstamo de 55 millones de euros que deberían garantizar las operaciones a corto plazo que le concedió un grupo de los bancos acreedores. Pero para que la operación se concrete falta el aval de la Xunta, según han informado distintos medios y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, no desmintió.

En la entrevista radiofónica, Sousa comenzó por admitir el fracaso de su estrategia de comunicación, consistente en no comunicar nada. “Estas cosas siempre nos cuestan más a algunos”, se confesó. El principal hito de esa política informativa en los últimos meses lo marca el despido por parte de una empresa cliente de Pescanova, el pasado marzo, del marido de una periodista del diario económico Expansión a instancias de la dirección de la multinacional, en represalia por una noticia publicada por su mujer.

No le quedó más “remedio”

En su primera aparición pública en muchos meses, Sousa trazó el jueves otras de las líneas sobre las que pivotará su defensa. El retraso en la presentación de las cuentas de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se debió, según explicó, al intento in extremis de afrontar la deuda mediante desinversiones, que no impidieron finalmente la entrada en concurso de acreedores. Si vendió parte de sus acciones fue porque no le quedó “más remedio”, y como demostración de que no pretendía lucrarse expuso el inquietante argumento de su renuncia a vender una cantidad mayor.

También alega en su defensa el aún presidente que casi 10 millones de euros de la cantidad obtenida con esa venta fue inyectada a la compañía para dotarla de liquidez. Lo que no explicó en su aparición pública es que fue mediante un ventajoso préstamo al 5% que le reportará 500.000 euros, y del que ya ha recuperado la mayor parte. Por lo demás, negó que la deuda sea de 3.000 millones de euros. No aclaró a cuánto asciende, pero apeló al valor de la marca, “que no figura en los libros”, para considerar que es mucho menor. La causa de ese desfase la atribuye al contexto económico de escasez de crédito, sin vincularlo directamente a la caída de las dos cajas de ahorro gallegas fusionadas.

En su intento de defenderse, Sousa dejó una frase que resume toda una época de la clase empresarial española: “Tratamos de crecer con poco capital y mucho crédito”. Hasta 3.300 millones de euros pendientes de devolución, para ser exactos.

La administración concursal de Pescanova y la banca acreedora han avanzado este lunes el acuerdo que permitirá explorar las cada vez más escasas posibilidades de continuidad de la compañía gallega. Las negociaciones iniciadas por la mañana de este lunes por Deloitte y los bancos que acumulan el grueso de la deuda culminaron por la tarde con el preacuerdo, pendiente de cerrar sus últimos detalles, para la concesión de un crédito adicional de 55 millones de euros que permitirá afrontar el pago de nóminas y los gastos más urgentes. O lo que es lo mismo: evitar la quiebra del gigante del sector pesquero.

La negociación con los acreedores ha permitido constatar la voluntad de la banca española atrapada en la crisis de Pescanova de evitar la liquidación, al menos a corto plazo, del grupo empresarial, según informaron fuentes de la compañía a los representantes de los trabajadores. Deloitte, el administrador concursal designado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), negoció las condiciones de un crédito que, además de liberar el pago de las nóminas, facilitará el cumplimiento de compromisos con proveedores de filiales en el extranjero, principalmente de Argentina y Chile, y deja para una siguiente fase la refinanciación de una deuda que supera los 3.300 millones de euros.

El acuerdo que ahora se cierra está condicionado a su consideración como deuda privilegiada, para priorizar su cobro en caso de liquidación del grupo empresarial. Las negociaciones se realizaron con representantes de Banco Sabadell, Banco Popular, Bankia, Novacaixagalicia Banco, CaixaBank y Deutsche Bank, principales damnificados por la gestión realizada por el equipo que presidía desde hace más de 30 años Manuel Fernández de Sousa. El dinero solo se podrá destinar a gastos corrientes que eviten el cese inmediato de la actividad de Pescanova.

En esa refinanciación desempeñarán un papel relevante en una negociación aparte los bancos portugueses que permitieron en 2009 a la empresa que presidía Sousa embarcarse en la fallida planta acuícola de Mira, una operación que también ha atrapado al Gobierno del país vecino, que subvencionó el complejo con 43 millones de euros. Caixa Geral de Depósitos, Banco de Espírito Santo, Millennium BCP y el Banco Portugués de Investimento reclaman ahora 335 millones de euros con los que Sousa impulsó la que iba a ser la primera granja de cría de rodaballo del mundo, ubicada en Portugal ante la negativa de la Xunta, entonces presidida por el PSdeG, de facilitar la ocupación de 357.000 metros cuadrado de Red Natura en Cabo Touriñán (Muxía).

Para hacer frente al nuevo crédito de 55 millones, Deloitte afrontará la venta de activos de la compañía, en una operación que se incorporará al plan de viabilidad. La noticia fue acogida con satisfacción por los trabajadores de Pescanova, que han aplazado las movilizaciones previstas para este mes de mayo como muestra de buena voluntad. “Tras el relevo en la dirección del grupo, al ser apartado Sousa de la presidencia, se ha producido un cambio radical en la gestión de la compañía, ahora hay un cauce de diálogo y un plan de futuro”, señala Francisco Vilar, secretario de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Galicia. Los sindicatos están a la espera de conocer el plan de viabilidad de la compañía y su impacto en una plantilla de más de 10.000 empleados, 1.500 de ellos en la provincia de Pontevedra, para resolver si retoman las movilizaciones.

La concesión de los 55 millones de euros constituye la primera buena noticia tras la sucesión de desastres a la que asisten los trabajadores de Pescanova. El último, la posibilidad de que el equipo directivo que encabezaba Manuel Fernández de Sousa, apartado de la presidencia por el juzgado que gestiona el concurso de acreedores, no solo ocultara deuda, sino también pérdidas operativas, una información que la CNMV no ha querido confirmar ni desmentir. Pero los movimientos en el consejo de administración denotan que los datos que afloran desde el relevo no son precisamente halagüeños.

En las últimas dos semanas se han producido dos dimisiones de consejeros relevantes. El primero fue el expresidente de Banesto y de Unión Fenosa Antonio Basagoiti, uno de los cinco miembros del consejo que votaron en contra de la solicitud del concurso de acreedores propuesto por Sousa. La otra, quizás más discreta pero posiblemente más simbólica, se produjo el 30 de abril, pero se conoció varios días después. Se trata del abandono de Jesús Carlos García García, un histórico de Pescanova, a la que se incorporó en 1964. Tras casi 40 años de lealtad absoluta primero al cofundador de la compañía José Fernández y después a su hijo, Manuel Fernández de Sousa, García se fue por su pérdida de confianza “a la vista de los últimos acontecimientos”.

La euforia que generó el anuncio de la entrada de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el maltrecho astillero vigués Hijos de J. Barreras pronto derivó en cautela, para convertirse ayer, tras la confirmación de la empresa paraestatal mexicana, en un enredo de incógnitas con una única certeza: el precio de saldo por el que Pemex toma el 51% del capital del astillero, apenas 10 millones de euros, tras las negociaciones pilotadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La desesperada situación del símbolo de la otrora pujante construcción naval gallega ha facilitado no solo la operación, sino el aplauso de unos trabajadores que llevan dos años casi sin carga de trabajo.

El contrato es fruto de las gestiones iniciadas por Feijóo en plena precampaña de las autonómicas de 2012, cuando en un acto retransmitido en directo por la televisión autonómica firmó un protocolo con los dirigentes de Pemex para la construcción en astilleros gallegos de 14 remolcadores y dos hoteles flotantes para los trabajadores de plataformas petrolíferas, denominados floteles. Ese supuesto acuerdo fue uno de los principales asuntos en el que centró el PP la campaña de las elecciones de octubre pasado, pero de los remolcadores no ha vuelto a saberse nada, mientras que la construcción de los floteles se ha venido demorando en medio de un galimatías de desmentidos y rectificaciones de la compañía petrolera. El comunicado en el que Pemex anunció su entrada en el capital de Barreras nada dice de los floteles, pero confirma la escasa valoración de una empresa considerada estratégica para el sector naval de Galicia.

Los 10 millones de euros que permitirán tomar el control de Barreras no los aportará únicamente Petróleos Mexicanos, sino que forman parte de un confuso grupo en el que participa el actual presidente, el empresario vigués José García Costas, actual propietario del 20% de la factoría naval, que se garantiza prolongar su mandato durante los próximos seis años. De acuerdo con los anuncios realizados por la Xunta en su día, el presupuesto de cada flotel ronda los 180 millones de euros, por lo que Pemex se hará con el control del astillero gallego por apenas un 5% del valor de uno de esos buques.

Pero la agónica situación que atraviesa la compañía gallega, inmersa en un proceso concursal e incapaz de lograr los avales que Pemex le exigía para construir en Vigo, ha puesto sordina al traslado de su centro de decisión a México. Frente a la batalla emprendida por el Gobierno de Feijóo para evitar que las cajas de ahorros o Pescanova se alejen de la órbita gallega, el propio presidente de la Xunta ha negociado la venta a una compañía estatal mexicana de una empresa emblemática fundada en 1892 y que llegó a contar con 1.800 trabajadores.

El PSOE ha acogido el acuerdo con cautela, mientras que los otros dos grupos de la oposición, AGE y el Bloque Nacionalista Galego, acusan a Feijóo de fomentar la “desgalleguización y el desmoronamiento” del tejido empresarial gallego. El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, denunció el precio “realmente bajo” de la operación y criticó que pase a depender del Gobierno federal mexicano una empresa que el SEPI privatizó en 1997 entre fuertes protestas de los trabajadores.

El escueto comunicado de Pemex no contribuye a disipar las suspicacias. En la nota en la que la paraestatal mexicana da cuenta de la firma de la “carta de intenciones” de la operación, se afirma que el objetivo último de esta consiste en “transferir a mediano plazo el conocimiento tecnológico” de Barreras “para crear capacidad constructora de buques especializados en México, a fin de poder atender la demanda de Pemex”. Y aunque la permanencia de García Costas al frente del astillero durante otros seis años mantenga provisionalmente la sensación de que el control de la factoría naval permanece en Galicia, la petrolera anuncia que “se modificará y fortalecerá el gobierno corporativo” de Barreras, para incorporar “mejores prácticas a nivel internacional”.

Otra de las sombras del acuerdo con Pemex afecta al futuro del astillero ferrolano de Navantia, donde según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se iba a empezar a “cortar chapa” para ese encargo el pasado mes de marzo. El comité de empresa considera ahora que será Barreras quien construya el buque, mientras Feijóo apeló a su “convicción” y a un supuesto compromiso de Pemex para sostener que la obra se ejecutará en la ría ferrolana. “Es absolutamente dramático y todo apunta a que la construcción se va a ir para Vigo”, le replicó la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz.

Una sensación de alivio recorrió el jueves la plantilla de Pescanova al conocer la decisión judicial de apartar de la presidencia a Manuel Fernández de Sousa. Mucho han cambiado las cosas en un mes: el 19 de marzo, los trabajadores leyeron un comunicado para cerrar filas con el hombre que ha dirigido la compañía con mano de hierro desde 1980. Ahora, la entrada definitiva en el proceso concursal, acompañada de la suspensión de facultades del consejo de administración al completo, ha despejado el único camino que los empleados consideran posible para salvar la mayor parte de los 1.500 empleos directos que el grupo mantiene solo en la provincia de Pontevedra.

El silencio de los empleados del gigante gallego de la pesca tiene que ver con la conmoción de quien descubre de repente que vive en una farsa. “Hay gente que lleva hasta 40 años trabajando en la empresa y siempre han cobrado puntualmente. Es normal que en un principio todos arroparan al presidente”, afirma Francisco Vilar, secretario de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Galicia.

Como el resto de gallegos, los socios de Sousa y muchos miembros del consejo, los trabajadores han asistido con estupor a la sucesión de noticias sobre el cúmulo de irregularidades que han llevado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra a una decisión insólita: suspender facultades a los directivos en un concurso de acreedores voluntario.

La súbita aparición de una deuda de 3.300 millones de euros, la doble contabilidad, la venta de acciones particulares de Sousa previa a la solicitud del concurso o la ocultación de los estados financieros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otras irregularidades, han desmontado en un mes el patriarcado ejercido durante 33 años por el hijo de uno de los dos fundadores.

Con su salida y el nombramiento de un administrador concursal por la propia CNMV, los trabajadores aspiran a entablar una interlocución ahora inexistente. “Desde que empezó todo esto venimos demandando que el consejo se reúna con los representantes de las distintas empresas, porque todo lo que conocemos es a través de la prensa, pero es como si no hubiera dirección del grupo”, lamenta Vilar.

Atomizados

Otra de las razones del papel secundario de los trabajadores en la crisis tiene que ver con su peculiar estructura, con una matriz, Pescanova, con apenas un centenar de empleados en Galicia, menos que los de las filiales –que concentran el 80% de la deuda del grupo– como Frivipesca (250), Frinova (250), Bajamar Séptima (170) o Insuiña (150), entre muchas otras. No hay comité intercentros, sino una suma de pequeños comités de empresa de escasa capacidad de presión.

En el conjunto de Galicia, pero sobre todo en la provincia de Pontevedra y en el entorno de Vigo, están en juego otros 3.500 empleos indirectos, estrechamente vinculados a la capacidad tractora del grupo. “La caída de Pescanova sería una tragedia”, resume un miembro de la plantilla.

La decisión de apartar a Fernández de Sousa de la presidencia fue solicitada por dirigentes de CCOO, mayoritario en el grupo, en una reciente reunión con el juez, pero no modificará el proyecto de convocar una gran manifestación en Vigo a finales de mayo. Los trabajadores siguen apostando por una empresa capaz de generar beneficios, pero entrampada en una deuda ingobernable, producto de una temeraria política expansiva.

“Asumimos que la salida de la crisis va a tener costes”, admite otro empleado. Tras la marcha del eterno presidente, los sindicatos saben que para evitar la liquidación deberá producirse una renegociación de créditos, posiblemente una capitalización de deuda, una quita y, lo más temido, la venta de activos.

Fondos buitre

Los rumores sobre la posible entrada de fondos de capital riesgo en la compañía es una de las grandes incertidumbres para los trabajadores. “Lo ideal sería un socio industrial y financiero, alguien con experiencia en el sector”, reclama Francisco Vilar. Pero el temor a la aparición de fondos buitre que condicionen su dinero a drásticos recortes laborales, como las que también pueden exigir los bancos acreedores, planea sobre las casi 5.000 familias que dependen directa o indirectamente de Pescanova en Galicia, un grupo que supera los 12.000 empleados en el mundo.

Los temores no parecen infundados. Los inversores que eligieron depositar su capital en Pescanova en las semanas previas al estallido de la crisis se llaman Silicon Metals Holding, participada por sociedades de Isla Caimán y Delaware; Capital Research and Management, con sede en Los Angeles, o Houlihan Lokey, especializado en reestructuración de deudas. Con Sousa destituido, el futuro de los trabajadores queda en manos de la administración concursal, a la que los sindicatos previenen contra la “tentación” de recurrir a medidas en perjuicio de los trabajadores.

Como si de un castillo de naipes se tratara, el entramado empresarial de Galicia se desmorona desde que le falta el comodín de las cajas de ahorros, y arrastra con él decenas de millones de euros de una fallida política de ayudas públicas. La fusión y posterior desaparición de Caixanova y Caixa Galicia han dejado a la economía gallega sin el balón de oxígeno que la venía asistiendo, y probablemente inflando.

La relación entre la caída de la efímera Novacaixagalia y Pescanova es estrecha. Aunque de forma más indirecta, otras dos compañías históricas del textil y la decoración, Caramelo y Pórtico, se tambalean sin flotador de las cajas al que asirse. La semana, que se completa con el anuncio de cierre de T-Solar, la segunda mayor fábrica de placas solares de España, no pudo ser más negra para la economía de Galicia, empeñada en desmentir el mensaje de la Xunta de que capea la crisis mejor que el resto.

Pescanova, Caramelo y T-Solar se hunden además con ingentes cantidades de dinero público en sus bodegas. El primer caso es paradigmático de la nueva economía postcajas, que en los años de crecimiento económico, e incluso después, entraron en su accionariado y respaldaron su política expansiva con créditos generosos. Claro que Pescanova no sería lo que es ni tendría a Manuel Fernández de Sousa al mando si ya en 1995 el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, no hubiera rescatado a ambos con 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) de las arcas autonómicas, ante el intento de compra por la multinacional Unilever. En otras muchas ayudas en 2004 llegarían otros cinco millones de euros para ampliar su factoría central y después un plan acuícola a la medida.

En Caramelo, que el 15 de abril solicitó el concurso de acreedores, no se cae solo el dinero de las cajas o el que el multimillonario Manuel Jove obtuvo de la venta de Fadesa, sino también el de la Xunta, que posee el 7,5% del capital y se sienta en su consejo de administración. Esta semana se ha sabido que el concurso de acreedores solicitado por T-Solar conlleva el cierre de su planta en las inmediaciones de Ourense.

Nacida al amparo de las primas a las energías renovables y en alianza de Isolux con cajas de ahorro, su cierre entierra decenas de millones de euros de fondos públicos de un proyecto que nació al amparo del Gobierno bipartito, la alianza de socialistas y nacionalistas que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. En el caso del Grupo Pórtico, el principal acreedor se llama Novagalicia, el banco heredero de las cajas, que no está en condiciones de ser generoso en la renegociación de la deuda.

Cuando Jove se decidió a entrar en Caramelo a finales de 2008, lo hizo con el apoyo de 30,5 millones de euros del bipartito, 27 de ellos en créditos y avales y el resto, directamente al capital. Pocos meses después emprendía su primer ERE, de 237 trabajadores. En 2010, ya con Alberto Núñez Feijóo, la Xunta del PP inyectó otros 5 millones de euros más vinculados al mantenimiento de los puestos de trabajo. Se trataba de internacionalizar la empresa, pero el modelo Inditex solo le funciona a Inditex, el gigante gallego del textil que aguanta impasible en medio del ciclón.

La deuda reconocida de Caramelo asciende a 100 millones de euros, el 43% de ella con los bancos. Y sí, en efecto, Novagalicia encabeza de largo la lista de los acreedores.

Aunque la marca Pórtico pueda resultar menos conocida que Caramelo, su volumen de empleo es mucho mayor: 850 trabajadores frente a los 132 de la compañía de Manuel Jove y la Xunta. Claro que 500 de ellos están en sus casas desde el ERTE de septiembre. La crisis sorprendió a la empresa cuando comenzaba a afrontar una inversión de 20 millones de euros en un almacén robotizado, en este caso sin ayudas públicas de ningún tipo. La deuda ahora supera los 30 millones de euros, según fuentes sindicales, difícil de afrontar cuando la caída del consumo se traduce en unas pérdidas de en torno a los 10 millones de euros anuales. Con todo, la compañía está empeñada en una difícil negociación con los bancos para tratar de salir adelante.

T-Solar, de la que la Xunta posee el 29%, llegó a dar empleo a 250 personas en su fábrica del Parque Tecnológico de Galicia (San Cibrao das Viñas, Ourense). El pasado miércoles, presentó un ERE de extinción para los 170 empleados que conserva, después de continuados expedientes temporales y de solicitar el concurso voluntario de acreedores. El fracaso de la compañía es el fracaso de las renovables, pero también el de una política económica de ayudas multimillonarias sostenida por distintos gobiernos de la Xunta.

Cuando se creó, en 2007, el Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño –amigo íntimo de Luis Delso, presidente de Isolux– no se paró en barras: 13 millones de euros en ayudas, cinco millones al capital social (de un total de 17,5) y un aval de 10 millones. Las cajas, antes de la fusión, se sindicaron para conceder préstamos por otros 20 millones.

El Gobierno central se sumó a la fiesta de T-Solar: 6,4 millones de euros del Ministerio de Economía, 2,6 millones de Educación, 7 millones de Industria... La Diputación de Ourense aportó su granito de arena, en forma de 100.000 euros. Y cuando el Gobierno de Zapatero comenzó a retirar las primas a las renovables, entre grandes críticas de Feijóo, la Xunta aportó cinco millones de euros más.

El golpe de gracia a la fábrica de paneles solares se lo dio el decreto de Rajoy que eliminó ya por completo las primas a a las renovables. Esta vez no hubo la más mínima crítica desde el Gobierno gallego.

Una de las últimas decisiones de Manuel Fraga como presidente de la Xunta tras perder las elecciones de 2005 fue la aprobación del Plan Acuícola de Galicia. Blindaba así, ante la inminente llegada al Gobierno gallego de la coalición de socialistas y nacionalistas, el proyecto de Pescanova en Cabo Touriñán (Muxía, A Coruña): una piscifactoría de 357.000 metros cuadrados en un paraje virgen de la Costa da Morte incluido en la Red Natura.

Fue la culminación de muchos años de estrecha amistad entre el fallecido dirigente del Partido Popular y Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951), el hombre que preside Pescanova desde hace 33 años, un personaje hasta ahora incontestable que vive sus horas más bajas.

La revelación de que De Sousa se embolsó 31,5 millones de euros mediante la venta de acciones en los meses previos a la entrada en preconcurso de acreedores, con el consiguiente hundimiento de los títulos, ha sido el último episodio del súbito descrédito de quien sigue siendo uno de los principales hombres de confianza del PP entre la clase empresarial de Galicia, herencia de la colaboración entablada en tiempos de Fraga.

Pero el apoyo inquebrantable se resquebraja, insostenible ya ante las crecientes sospechas de los artificios contables que han puesto a la compañía al borde del colapso. Hace apenas un mes, Feijóo insistía en la necesidad de contar “con la Pescanova de siempre”. Con inusitada tibieza, y en ausencia de Feijóo, de viaje por México, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se limitó el lunes a exigir “claridad” a la empresa sobre su situación real.

Ariete contra los rivales del PP

Fernández de Sousa ha sido tradicionalmente un aliado del PP en la política gallega, cuando no un ariete contra sus adversarios. Desde que el bipartito suspendió la planta de Touriñán, emprendió una guerra sin cuartel que escenificó con la creación de una piscifactoría en Portugal, gracias al apoyo del Gobierno luso en forma de 43 millones de euros.

Con inusitado apoyo mediático –De Sousa es patrono de honor de la fundación de Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, el periódico más vendido en la comunidad autónoma–, Pescanova presentó esa planta como una deslocalización forzada por la supuesta obstinación del Gobierno bipartito contra su proyecto en Muxía, que convirtió en asunto de Estado durante los casi cuatro años de mandato de Emilio Pérez Touriño.

Si en Touriñán la estrategia fracasó, en otros proyectos la presión del presidente de la compañía tuvó más éxito. Un ejemplo paradigmático es el de otra piscifactoría, en Mougás, en el Ayuntamiento de Oia (Pontevedra), autorizada en 2000 por una Consellería de Fraga, la de Pesca, en contra del criterio de otra, la de Política Territorial, que dictó en 2005 una orden de derribo. Un juzgado de Tui imputó a los dirigentes de la compañía por presunta prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.

Pese a carecer de la preceptiva autorización autonómica, no ajustarse a la licencia municipal, exceder en casi un 70% la ocupación máxima de la parcela y triplicar la edificabilidad, en julio de 2009 la Xunta de Feijóo no solo legalizó la planta, sino que autorizó su ampliación.

Contra Vigo y su alcalde

El intercambio de apoyos con el Gobierno de Feijóo fue especialmente notorio durante el tortuoso proceso de fusión de las dos cajas de ahorros de Galicia, que culminó con la completa desaparición de ambas. Con Galicia dividida entre el norte partidario de la integración y el sur que se resistía, desde Vigo –pero con apoyo mayoritario de Caixa Galicia, con sede en A Coruña–, De Sousa partió una lanza en favor de la fusión, para acusar de paso al alcalde vigués, el socialista Abel Caballero, de situarse “al borde del delito” con su resistencia.

Por aquel entonces, Caixanova contaba con el 5% de las acciones de Pescanova frente al 20% de Caixa Galicia, la gran interesada en la confluencia de las cajas. Feijóo ganó aquel pulso, pero de la caída de las cajas y su posterior desinversión en la compañía proceden muchos de los problemas que ahora atribulan a su presidente.

El entendimiento de De Sousa con el Partido Popular se extendió a múltiples instituciones, no solo la autonómica. La afinidad con Rafael Louzán, presidente de la Diputación y del PP en Pontevedra, se resume en la Medalla de Oro que la institución provincial le concedió en 2007 en contra del criterio de la oposición.

En Vigo, el máximo responsable de Pescanova se ganó en 2004 el favor del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Julio Pedrosa, un histórico del PP local, para desarrollar un gran puerto deportivo en la falda del monte de A Guía que hizo desaparecer una playa. Sin permiso municipal de ningún tipo, ocupó un cortafuegos vecinal para el paso de camiones y paralizó durante años un paseo marítimo. Las obras dañaron el colector submarino que suministra de agua potable a la comarca de O Morrazo, cuya reparación corrió a cargo de la Xunta. Y sobre el relleno levantó sin permiso tres naves y un restaurante de lujo, construcciones sobre las que pesan sendas órdenes de demolición.

Pero si algún hito crucial existe en la colaboración entre De Sousa y el partido que ha gobernado Galicia 20 de los últimos 23 años, ese hay que situarlo en 1995, cuando la Xunta de Fraga firmó un contrato programa con Pescanova con una aportación 42 millones de euros de la época para blindar a la compañía del intento de compra por la multinacional angloholandesa Unilever. La empresa seguiría en Vigo, y al frente de ella, Manuel Fernández de Sousa, un buen amigo del partido.