Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

No obstante, el mayor incremento de la desigualdad se ha producido en el ámbito de la distribución primaria, en el mercado de trabajo. Desde el inicio de la crisis el índice de Gini medido antes de impuestos y transferencias ha aumentado más de siete puntos, por encima de los casi tres puntos que lo ha hecho el índice de Gini final. Cierto es que buena parte de este incremento de la desigualdad primaria se explica por la dramática destrucción de empleo provocada por la crisis y las políticas de austeridad. Sin embargo, la evolución reciente de la desigualdad apunta a algo más.

Entre 2014 y 2017 se han creado 2 millones de puestos de trabajo en la economía española. A pesar de ello, el índice de Gini antes de impuestos y transferencias ha seguido aumentando (de 49,3 a 50,7 puntos), al igual que el índice de Gini final (de 33,7 a 34,5), situando a España como el segundo país más desigual de la Eurozona, sólo por debajo de Lituania. En la gran mayoría de países del mundo la creación de empleo sirve para reducir o, al menos, contener el incremento de la desigualdad. Así ocurrió en la economía española hasta 2007. Sin embargo, las políticas que el gobierno del Partido Popular ha desarrollado en los últimos años han provocado que ese nexo entre creación de empleo y reducción de la desigualdad se haya erosionado profundamente.

La erosión de este nexo responde fundamentalmente a dos causas: el intenso ajuste salarial propiciado por las últimas reformas laborales, y el aumento del empleo atípico (temporal y a tiempo parcial), generalmente de mala calidad. Así, las reformas del mercado de trabajo implementadas han facilitado que los ajustes ante nuevas crisis recaigan sobre los asalariados. Pero, aún más preocupante, han dificultado que las recuperaciones económicas se transmitan a los trabajadores.

La crisis ha consolidado una caída de 1,5 puntos en el peso que tienen los salarios sobre la renta nacional. Es decir, una transferencia anual de unos 15.000 millones de euros desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital. El debilitamiento de la negociación colectiva, el recurso a la unilateralidad de los empresarios para fijar salarios y condiciones de trabajo, la menor protección frente al despido y el propio desempleo han generalizado las caídas salariales en nuestra economía. Simultáneamente, el 60% de los nuevos empleos creados entre 2014 y 2017 son, o bien temporales, o empleos a tiempo parcial. Dado que un empleado temporal cobra en término medio unos 8.000 euros al año menos que un empleado indefinido, la generalización del empleo de mala calidad no hace sino romper el vínculo entre creación de empleo y reducción de la desigualdad.

Debe tenerse en cuenta además que los sectores tractores que están impulsando la recuperación económica –y la creación de empleo– son precisamente sectores de perfil tecnológico medio-bajo, y con limitada productividad (hostelería, turismo, comercio minorista, etc.). Este perfil estructural de la recuperación –propio de un país que carece de una verdadera política industrial– refuerza el peso que tienen los bajos salarios en nuestro modelo productivo.

Además, aunque el ajuste salarial se ha aplicado a lo largo y ancho de la economía española, no ha sido en absoluto un fenómeno homogéneo. En su última comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Luis de Guindos recalcó que la caída del salario medio que muestran las estadísticas del INE para 2016 se debe a una reducción de los salarios altos proporcionalmente mayor que la reducción de los más bajos. Sin embargo, si se amplía el foco hasta 2011 se constata que quienes más han sufrido el ajuste han sido precisamente las personas que menores ingresos tienen: para el 10% que menos gana la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la crisis alcanza el 30%.

Ya conocemos la respuesta del Gobierno: “a pesar de la contracción de los salarios, de la mala calidad del empleo y del consiguiente incremento de la desigualdad, el crecimiento está sirviendo para que las familias mejoren su situación y disfruten de la recuperación económica”. Nada más lejos de la realidad, como muestran las estadísticas: hoy un 28% de españoles se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, y el crecimiento no está reduciendo apreciablemente dicho porcentaje. En nuestro país, encontrar un empleo ha dejado de ser garantía de vida digna y de integración social.

Frente a esta situación, es imprescindible una ofensiva contra la precariedad y por la recuperación de los salarios. Dicha ofensiva debe pasar por facilitar un marco de pre-distribución más equilibrado entre trabajadores y empresarios: subir progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros/mes, desincentivar fuertemente el uso abusivo de la temporalidad y recuperar la negociación colectiva. Pero, además, la reducción de las desigualdades exige implementar un plan de Renta Garantizada que erradique la pobreza monetaria de nuestro país, similar al que ya existe en el País Vasco o Navarra. Estas medidas ayudarían a garantizar que el crecimiento del empleo se traduzca efectivamente en una mejora de las condiciones de vida y en inclusión social.

Si la izquierda aspira a impulsar un proceso de transformación más profundo, es fundamental pensar, además, sobre qué bases económicas habría de construirse aquél, independientemente de si es dentro o fuera del euro.

Hace poco más de dos años, los economistas Michel Husson, Costas Lapavitsas y Özlem Onaran comenzaron un intenso debate acerca de si la salida del euro debería convertirse en el elemento central de la estrategia de la izquierda europea para enfrentarse a la crisis. El debate se ha extendido rápidamente y los argumentos a favor y en contra de la salida de la moneda única han sido profundizados y matizados. Sin embargo, la cuestión de las propuestas alternativas a emprender, ya sea dentro o fuera de la moneda única, apenas ha sido trabajada.

La puesta en marcha del euro significó la renuncia a dos instrumentos básicos de la política económica de los Estados: las políticas monetaria y cambiaria. Existen diversas posiciones acerca de lo que esa renuncia supuso, pero parece haber cierto consenso en cuál fue la dinámica macroeconómica general que siguió a la creación de la Unión Monetaria. La generación de grandes flujos de capital desde las economías centrales de la Unión Europea hacia las periféricas impulsó la formación de burbujas especulativas en detrimento de la capacidad competitiva de la industria nacional. Esto provocó un desequilibrio comercial creciente entre las economías centrales y las periféricas y, con él, un marcado incremento de la deuda privada. La socialización de ésta por medio de rescates bancarios ha desencadenado ahora crisis de deuda pública, poniendo en duda la viabilidad del proyecto de la moneda única.

Este peligro ha llevado a algunas instituciones y gobiernos europeos a plantear diversas medidas “extraordinarias”, como la compra de deuda pública en los mercados secundarios por parte del Banco Central Europeo; o las propuestas de emisión de “eurobonos” y de incrementar la coordinación fiscal al interior de la UE. Sin embargo, las políticas de ajuste exigidas por la “troika” para acceder a sus fondos de rescate financiero han hecho afirmar a algunos economistas que la salida del euro es la única manera de eludir las nefastas consecuencias que aquéllas están provocando. La simultánea declaración del impago de la deuda, así como la recuperación de la política monetaria y de la capacidad de devaluar la moneda harían posible, según ellos, la puesta en marcha de una política económica anti-crisis de carácter expansivo, poniendo las bases para una transformación más amplia.

Esta estrategia se enfrentaría a diversos problemas, relacionados con la dependencia exterior, tanto productiva, financiera y comercial, como monetaria, que seguiría existiendo. Además, salidas unilaterales del euro de diversos países podrían desencadenar una guerra de devaluaciones competitivas entre ellos. Todo ello ha llevado a otros autores, incluidos algunos miembros del partido griego Syriza, a cuestionar que dicha opción se pueda convertir en una solución para los problemas que afronta el sur de Europa. Frente a dicha estrategia, plantean la necesidad de una unión de las izquierdas europeas en torno a un programa de reivindicaciones compartidas que, según Onaran, podría incluir la resistencia contra las políticas de austeridad; una reforma del sistema fiscal progresiva; el establecimiento de controles de capital; la nacionalización y control democrático de los bancos; así como la auditoría ciudadana y, con ella, el impago de la parte ilegítima de la deuda.

Es cierto que la tarea más urgente que tiene la izquierda europea es frenar en seco la ultra-regresiva estrategia de salida de la crisis impuesta por la troika y nuestros gobiernos. Sin embargo, si la izquierda aspira, de verdad, como debería, a impulsar un proceso de transformación más profundo, es fundamental pensar, además, sobre qué bases económicas habría de construirse aquél, independientemente de si es dentro o fuera del euro. En este sentido, Armando Fernández Steinko afirma acertadamente que “[l]o principal es cómo, con qué y con quién crear una estructura económica y laboral con capacidad de financiar de forma perdurable un orden político y social justo, democrático y sostenible”.

Para lograrlo se podría tomar como referencia la propuesta de creación de un sistema monetario tendente a promover relaciones equilibradas entre países, hecha en 1944 por John M. Keynes. El economista inglés pensaba que las economías superavitarias eran igual de responsables de los desequilibrios comerciales internacionales que las deficitarias. Por ello, creía necesario que se adoptasen mecanismos que supusiesen la corresponsabilización de las primeras en la corrección de los saldos negativos de las segundas. Es decir, una concepción opuesta a la de los planes de ajuste impuestos por el FMI en África y América Latina para enfrentar la crisis de la deuda de los años ochenta, y también a aquélla con la que ahora se tratan de justificar las medidas exigidas por la troika a la periferia de Europa, medidas que están comenzando a generar aquí las mismas “décadas pérdidas” sufridas antes allí.

Para evitar desequilibrios y posteriores ajustes como los que han acompañado a esas diferentes crisis, Keynes proponía, en primer lugar, la creación de una moneda internacional cuya oferta se pudiese ampliar o reducir con el objetivo de estimular el crecimiento; en segundo lugar, la puesta en marcha de una cámara internacional de pagos donde las operaciones comerciales de cada país se compensasen por su importe total; y, finalmente, el establecimiento de un mecanismo de reequilibrio interno (basado en el cobro de intereses sobre los saldos que cada país mantuviese en la cámara por encima de una cuota máxima) para asegurar que todos los países desarrollasen una balanza comercial equilibrada.

A pesar de que la propuesta puede parecer técnicamente compleja, en realidad podría adoptarse sin ningún problema si existe voluntad de ello. Así lo hicieron los países de la ALBA, que desde 2009 han dado forma a un Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). Siguiendo los principios del “Plan Keynes”, estos países han introducido una novedad fundamental en la propuesta: la creación de un “Fondo de reservas y convergencia comercial” que irá captando los saldos comerciales de las economías superavitarias que superen un máximo para reinvertirlos en proyectos productivos en los países deficitarios, promoviendo así una convergencia económica real. Aunque lentamente, este sistema ha avanzado durante los últimos años, mostrando que es posible transformar la lógica de la competencia y el ajuste en la de la cooperación, la redistribución y la complementariedad.

Un proceso de integración como el presentado permitiría a los países del sur de Europa dar respuesta a algunos de los problemas más importantes que una salida unilateral del euro plantea, entre ellos, reducir las dependencias productiva, comercial, financiera y monetaria externas y evitar las devaluaciones competitivas. Lo podría hacer, además, promoviendo la expansión económica, en vez de la austeridad, como solución a la crisis. Más aún, si el sistema propuesto se viese acompañado por medidas de control democrático de la economía (como la socialización del aparato financiero y la recuperación de sus sectores estratégicos) también podría convertirse en una herramienta para alterar la estructura productiva y los principios de organización económica de los países que formasen parte de él.

Para poder impulsar cambios tan profundos haría falta, claro, la formación de sujetos políticos suficientemente fuertes, así como una coordinación de las luchas de la izquierda europea. Ambas realidades parecen muy lejanas actualmente. Sin embargo, esto no invalida la necesidad de dar forma a lo que sería la base económica de una alternativa política. No en vano, la necesidad de ponerla en marcha podría sobrevenir si uno o más países se enfrentasen de manera abierta a las políticas de austeridad impuestas en respuesta a la crisis de la deuda y se viesen obligados, o decidiesen, abandonar la moneda única. No obstante, más allá del potencial transformador para los países de la zona euro, este proyecto no debiera limitarse a una dimensión continental. De hecho, sólo sobre la base de un proyecto de carácter realmente internacionalista y cooperativo sería posible empezar a pensar en un proceso de transformación social perdurable en el tiempo.