Ana Revuelta también es autora de este artículo 

El curso comienza con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, pero, una vez más, la regulación del lobby a nivel nacional ha caído por completo en el olvido. No es que los intentos previos estuvieran muy bien encaminados: desde la primera mención del presidente Rajoy a una deseable regulación de los lobbies en febrero de 2013, seguida de dos resoluciones del Congreso en 2014, de las sucintas propuestas de distintos grupos parlamentarios que desembocaron en escasas deliberaciones de la ponencia para la Reforma del Reglamento del Congreso, todas las propuestas se han limitado prácticamente a solicitar la creación de un registro de lobistas ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en el nivel autonómico, en diciembre de 2014, Cataluña aprobó su ley de transparencia  y acceso a la información pública que incluye una compleja regulación de los grupos de interés, no sólo para la Generalitat, sino también para todos los gobiernos locales, universidades y entes instrumentales de dicha Comunidad Autónoma; y, en el ámbito local, el nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Madrid, por ejemplo, acaba de anunciar que publicará las agendas para informar de los encuentros que mantienen los concejales con representantes de intereses.

Con ser voluntariosa, la creación de un registro de lobistas es una medida insuficiente para regular el lobby. A esta conclusión llegó Transparency International (TI) en un informe publicado este año tras analizar 19 países europeos y las principales instituciones de la UE, e incluso puede resultar perniciosa si supone abandonar cualquier tentativa de mejora una vez que existe algún tipo de registro, sea cual sea su efectividad.

Sin embargo, mejorar el marco regulatorio del lobby sigue siendo una necesidad apremiante, no sólo en España sino también en el resto de Europa, porque tal y como recoge el informe de TI, “actualmente, las prácticas de lobby injustas y opacas constituyen uno de los riesgos principales de corrupción a los que se enfrenta Europa, y seis de cada diez ciudadanos europeos consideran que su gobierno está gravemente influenciado por ciertos intereses particulares, o que éstos se han apropiado completamente del gobierno”. La consecuencia de ello es que las decisiones tomadas no siempre han apuntado al bien público / interés general para la economía, el medio ambiente y las personas en Europa. El sesgo de las decisiones públicas hacia ciertos poderosos grupos de interés (especialmente en el sector financiero) ha perjudicado también la reputación del conjunto de actores e instituciones públicas.

Cuando TI analiza la situación del lobby se fija en tres aspectos clave: la transparencia (¿quién busca influenciar, cuándo y cómo?), la integridad (¿se ejerce el lobby con profesionalidad y ética?), y la igualdad de acceso a los responsables públicos (¿tienen todos los grupos de interés similares posibilidades de influencia?). En dicho estudio comparativo, España queda en el 3er lugar empezando por el final en estos tres aspectos.

Pero para plantear mejoras, no podríamos simplemente buscar al mejor alumno en Europa y seguir sus pasos: todos los países suspenden en regulación del lobby. De haber un país modelo, tampoco podríamos haber copiado sin más su conjunto de medidas ya que una regulación del lobby debe pensarse específicamente para cada sistema jurídico-institucional. No obstante, TI detecta algunas buenas prácticas –y algunos grandes fallos- en distintos países, y sería oportuno fijarnos en ello para construir nuestro propio marco regulatorio del lobby. Lanzamos a continuación algunas pistas para los partidos que elaboran su programa electoral:

Registro de lobistas: Es sólo un aspecto más a considerar para abrir las decisiones públicas. De los países europeos que han implantado un sistema para registrar los contactos entre lobistas y decisores públicos (9 de 19), ninguno funciona realmente. Los registros resultan útiles para monitorear la influencia de los lobistas en procesos políticos si están bien diseñados y cumplen las siguientes condiciones: parten de una definición integral de “lobista” y solicitan información detallada (a quién representa, a quién busca influenciar, sobre qué política o medida, con qué recursos, qué argumentos esgrime), son registros obligatorios, son públicos, y vienen acompañados de un sistema de supervisión y sanciones.

En Europa, los registros mejor valorados son el de Eslovenia y Lituania (con numerosos requisitos de reporting). Igualmente, ambos países tienen una agencia para supervisar el registro, pero adolece de falta de medios. Un fallo importante es que la mayor parte de los lobistas quedan fuera del registro: la definición de “lobistas” se ciñe a los lobistas profesionales externos, no a las propias empresas, asociaciones, sindicatos, etc. que contratan sus servicios o que defienden sus intereses directamente, y que son realmente los principales interesados.

Agendas públicas: Para dar mayor transparencia a las reuniones entre representantes públicos y lobistas, un aspecto relevante es publicar de manera obligatoria las agendas de los políticos y altos cargos. En ausencia de un requisito obligatorio, los partidos, los parlamentarios y altos cargos de manera individual, pueden dar ejemplo informando del contenido de su agenda pública y los resultados de las reuniones. En Bruselas, varios eurodiputados publican regularmente su calendario, agendas, documentación recibida en las reuniones e incluso “listas de lobistas”. Al revisar la Directiva sobre derechos de autor de la Unión Europea, la eurodiputada responsable publicó en internet un informe de accountability que incluía una lista detallada y análisis de los encuentros solicitados y mantenidos con lobistas.

Huella legislativa: Más allá de la publicación de agendas, es importante dar cuenta públicamente del proceso - o huella - de cada propuesta de legislación y de política, para garantizar la transparencia y permitir saber si se ha producido influencia desproporcionada de algunos intereses sobre las decisiones públicas. En la mayoría de los países de la UE hay mecanismos de consulta pública, pero ni la consulta se hace sistemáticamente en todos los organismos gubernamentales, ni se ofrecen explicaciones detalladas acerca de qué puntos de vista influyeron en una decisión o política y por qué. Sólo Letonia y Polonia tienen previsto por ley algún tipo de huella legislativa. La huella legislativa debería ser un documento vivo y prácticamente actualizado en tiempo real.

Códigos de conducta para responsables públicos y lobistas: En la mayor parte de los países europeos, ni los lobistas ni los representantes públicos están sujetos a unas normas éticas y de transparencia. En realidad es común que los países dispongan de un código ético para funcionarios públicos, pero varios excluyen a los parlamentarios aunque sean importantes destinatarios del lobby. Por lo general los códigos son incompletos y sin orientaciones claras. Del otro lado, para los lobistas sólo Austria y Eslovenia disponen de un código de conducta obligatorio, e Irlanda, en su recientemente aprobada Ley de Regulación del Lobby, prevé que pueda llegar a adoptarse un código similar. En los demás países, los códigos de autorregulación de los lobistas son fundamentalmente voluntarios y por ello insuficientemente inclusivos, con supervisión débil y con escasas denuncias.

Un buen código para los empleados públicos debería precisar qué es aceptable en lobby y qué no lo es, en qué términos mantener la comunicación con grupos de interés, las obligaciones de documentar las reuniones o de informar a un superior en caso de ser contactados por lobistas de manera opaca o ilegal. Igualmente, los lobistas deberían cumplir un código estatutario con principios básicos para un lobby ético, en coherencia con la política de RSC de cada organización.

Comités de expertos y asesores: Sólo Portugal dispone por ley que la composición de los comités de expertos debe ser equilibrada. En prácticamente el resto de los países sigue siendo oculto su funcionamiento. En Lituania y Reino Unido, los lobistas tienen formalmente prohibido ser parte de un grupo o comité asesor a título propio. Sin embargo, esto no se prohíbe en ningún país a ejecutivos de empresa, con lo que existe un riesgo de que intereses no manifiestos tengan una influencia indebida en la elaboración de las políticas. Además de la composición equilibrada de los grupos, deberían darse a conocer las distintas posturas de los participantes y los debates mantenidos.

Puertas giratorias: Aunque suele haber generalmente algún tipo de limitación al ejercicio del lobby tras el desempeño de un cargo público o gubernamental, sólo en Eslovenia los legisladores tienen que acogerse también a estas reglas. Controlar los riesgos que pueden representar las puertas giratorias es complejo, pero el mejor mecanismo  existente parece ser establecer periodos de carencia post-empleo público. Además, no siempre se aplica la ley, por lo que es necesaria una supervisión adecuada por un organismo independiente, con recursos y con poder para sancionar en casos de no respeto a las limitaciones post-empleo público, las reglas de conflictos de intereses, o de regalos y hospitalidad.

Participación en la toma de decisiones públicas: El objetivo final de una regulación del lobby es que los ciudadanos y grupos de interés puedan intervenir en condiciones de transparencia y de igualdad en los procesos de toma de decisiones legislativas y políticas. Por ello, es importante garantizar la convocatoria de procesos de consulta y publicar los resultados de los mismos, como se hace en Lituania, Eslovenia o Letonia, y fomentar la organización de concursos públicos para componer los comités de asesores y garantizar su equilibrio.

La puntuación media general aumenta más de 20 puntos porcentuales respecto a la anterior edición del Índice de Transparencia de las Diputaciones 2013

Se acaban de publicar los resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2013, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, para medir, a través de un conjunto de 80 indicadores (ver tabla 1), el nivel de transparencia de 45 Diputaciones (incluidas las Diputaciones Forales y algunos Cabildos Insulares y Consells baleares). Es la segunda edición que se lleva a cabo de este índice. Este dato es importante cuando se acercan las fechas en las que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local está a punto de aprobarse, dado el poder y competencias que otorga a las Diputaciones.

El aspecto más destacable de los resultados del INDIP 2013 es el notable aumento que por término medio han alcanzado las Diputaciones en su valoración final, ya que mientras que en la anterior edición de este índice la valoración media fue de 48,6 sobre 100, en esta ocasión la puntuación media de las 45 Diputaciones ha ascendido a 69,6 por 100, lo que denota el importante esfuerzo de transparencia y apertura informativa que en general han hecho las instituciones.

Aunque hay todavía un cierto grado de disparidad en el conjunto de las puntuaciones globales, ha disminuido significativamente, no obstante, el número de Diputaciones suspensas, ya que en la anterior edición fueron 27 las que no llegaron a 50 sobre 100, mientras que en la presente edición sólo son 9 las Diputaciones que no han alcanzado el aprobado. Por otra parte, en 2012 sólo 2 Diputaciones habían alcanzado la calificación de sobresaliente (90 o más sobre 100), mientras que en esta edición han sido 11 las Diputaciones que la han conseguido.

Las Diputaciones ganadoras en esta edición del INDIP son León y Valladolid, que han obtenido la máxima puntuación, y son destacables igualmente las puntuaciones obtenidas por Orense, Tarragona, Vizcaya, Palencia, Valencia, Granada, Lugo, Barcelona y Huelva, que han logrado la puntuación de sobresaliente. Hay, además, 12 Diputaciones que han alcanzado la valoración de notable (entre 70 y 89), mientras que otras 13 entidades han obtenido el aprobado, con unas puntuaciones entre 50 y 69 (ver anexo).

Cabe destacar, por otro lado, que casi dos tercios de las Diputaciones (29 de las 45 evaluadas) han creado un portal específico de transparencia dentro de sus páginas webs, recogiendo en él los indicadores del INDIP, lo cual viene a evidenciar su clara voluntad de hacer pública la variada información que se recoge en este Índice de Transparencia.

En cuanto a las distintas áreas de transparencia, una asignatura pendiente que siguen teniendo las Diputaciones en general es su transparencia económico-financiera, puesto que la media colectiva en este área es de 60,2 sobre 100, aunque el área en la que han obtenido por término medio una menor puntuación es la que hace referencia a los indicadores de la nueva Ley de Transparencia (según el proyecto de ley), consiguiendo una puntuación de 58,7 sobre 100, y son concretamente 15 las Diputaciones suspensas en este área de transparencia. Ello indica que, si bien la mayoría de las instituciones están relativamente preparadas para la publicación de las informaciones previstas en esta próxima ley, hay todavía un tercio de ellas que no publican una parte significativa de los datos que van a ser exigidos obligatoriamente por la inminente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De las seis áreas de transparencia evaluadas (en el INDIP), la que presenta una mayor puntuación media global es la referente a las relaciones con los ciudadanos y la sociedad; en la cual, la media colectiva alcanza 83,2 sobre 100. Otras tres áreas en las que se obtiene por término medio un notable son: transparencia en contrataciones de servicios (76,1), transparencia en materia de servicios y apoyos a municipios (75,4) e información sobre la propia Diputación Provincial (73,0).

Si se lleva a cabo una segmentación de las Diputaciones en tres grupos de tamaño (según la población provincial): a) Pequeñas (de menos de 400.000 habitantes; b) Medianas (entre 400.000 y 800.000); y Grandes (más de 800.000), el colectivo de las 15 Diputaciones grandes es el que alcanza una puntuación media mayor (71,9), mientras que el conjunto integrado por las 15 Diputaciones pequeñas queda en el segundo lugar del ranking, con una puntuación media de 69,4, y son finalmente las 15 Diputaciones consideradas como medianas las que obtienen una puntuación media más baja (67,5).

Es importante recordar que en este índice, lo mismo que ocurre en otros índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información requerida está o no públicamente disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los Gobiernos provinciales.

Cabe poner de relieve, por último, que los resultados medios obtenidos en esta segunda edición del INDIP (69,6) son más altos que los que se alcanzaron en la segunda edición (2009) del Índice de Transparencia en los ayuntamientos (64,0), así como también respecto a los obtenidos por término medio en la segunda edición (2011) del Índice de Transparencia en la gestión del agua (59,6), aunque son claramente inferiores a la puntuación media habida en la segunda edición del Índice de Transparencia de las comunidades autónomas (79,9).

Se confirma en todo caso que, al igual que ha ocurrido progresivamente en los ayuntamientos, en los organismos del agua y en las comunidades autónomas, las Diputaciones también han mejorado sus respectivos niveles de transparencia en la segunda edición de su índice.

Las instituciones generadas durante la Transición dificultan el control y la accountability, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción

Las debilidades más notables de los partidos están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización, y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción

Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia

Cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional que habría de regir nuestro sistema político decidieron, probablemente de forma acertada para aquel momento, que las normas deberían incentivar la gobernabilidad y desincentivar la inestabilidad. El resultado ha sido bueno, en términos de prosperidad, convivencia y justicia. Pero ha llegado, muy posiblemente, a su punto de agotamiento. Las instituciones generadas dificultan el control y la accountability de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción. Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.

La clave para la estabilidad y previsibilidad de un sistema político se entendió que pasaba por asegurar un bipartidismo. Para ello, una normativa electoral que tomara la provincia como circunscripción electoral, unida a la Ley D’Hont y un número de diputados no muy elevado, generaba incentivos para ello. Por otra parte, el control interno de los partidos y la gobernación interna de los mismos se aseguraba con un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Con estos dos elementos ya se configuraban unas bases partidistas que permitirían disfrutar, si sus dirigentes actuaban sensatamente, de la estabilidad necesaria como para consolidar una democracia sólida y previsible. A partir de la victoria electoral, máxime si era por mayoría absoluta, el líder del partido ganador podría controlar el legislativo y el ejecutivo, pero, además, con los diseños correspondientes, podría controlar los órganos constitucionales y, algunos nombramientos clave del poder judicial. Todo ello aseguraba la gobernabilidad, es decir, la capacidad de seleccionar problemas sociales, buscar soluciones para ellos e implantarlas. Pero no incentivaba ni la representatividad democrática, ni la gobernanza en sentido moderno, hecha de implicación cívica y de sistemas de controles mucho más sofisticados.

El marketing electoral ha ido convirtiendo la selección del Presidente del Gobierno en una pugna entre las dos personas que controlan los dos partidos mayoritarios, con lo que el electo puede sentirse como presidente directamente votado, aunque tenga que pasar por el trámite de la moción de investidura. El sistema, así pues, queda caracterizado por: Presidencialismo, ejecutivos de un solo partido, bipartidismo imperfecto, spoils system matizado en el nivel superior de la Administración, primacía del Ejecutivo sobre el Legislativo, capacidad por parte de los líderes de los dos partidos mayoritarios de decidir los nombramientos de los miembros superiores del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Banco Central, Organismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en el nombramiento de la cúpula judicial; todo ello, en su conjunto, hace que el país tenga gobernabilidad, pero que exprese una cierta debilidad en el sistema de representatividad y de check and balances. Es cierto que, al ser España un país fuertemente descentralizado, también existe un cierto contrapeso regional. No obstante, en las regiones controladas por los dos grandes partidos (la inmensa mayoría excepto dos o tres por legislatura), la disciplina de partido también opera cuando es preciso.

Las consecuencias de todo este modelo para un sistema nacional de prevención de la corrupción (NIS) no son positivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del que tiene el gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados. La transparencia, por su parte, queda como una referencia más simbólica que real, pues dificulta la acción de gobierno, entendido éste como poder y no como servicio. La rendición de cuentas dificulta los comportamientos estratégicos gubernamentales y su mejora es contraria a los intereses del partido en el gobierno que, nuevamente, ve en ello más un riesgo que una oportunidad. Finalmente, la integridad queda en el apartado de las declaraciones simbólicas y la real implantación de las normas choca con los intereses inmediatos del poder y sus redes. Ninguno de los dos grandes partidos, así pues, tiene interés en mejorar profundamente el estado de cosas; pues, aun cuando al ser oposición les interese cambiarlas, tan pronto llegan al poder olvidan sus promesas y el ahora partido de oposición tiene poca legitimidad para reclamar lo que él no ha hecho. El resultado global es un modelo que, aunque en términos legales pueda parecer adecuado, dadas las exigencias constitucionales, de la Unión Europea y del isomorfismo institucional (copiar las tendencias de los países líderes institucionalmente), en la práctica tiene una enorme cantidad de lagunas, sobre todo cuando las mayorías absolutas garantizan un control casi absoluto de los mecanismos institucionales.

En cuanto a los puntos fuertes y débiles de los distintos pilares procederemos a agrupar los resultados del análisis y a resaltar lo más destacable dadas las limitaciones de espacio existentes:

Poder Legislativo

La rendición de cuentas es el principal problema del legislativo español, dado el sistema de listas cerradas y bloqueadas que favorece la lealtad al partido antes que al distrito electoral. En todo caso, la capacidad de controlar al ejecutivo, cuando no existe mayoría absoluta, sería su punto fuerte. También es cierto que el mecanismo de control interno existente, a través de la disciplina de los grupos parlamentarios, dificulta la corrupción.

Poder Ejecutivo

Tiene un problema importante de transparencia, esencialmente por la inexistencia de una Ley de Acceso a la Información y por la cultura de opacidad tradicionalmente existente. El Gobierno, sobre todo cuando tiene mayoría absoluta, gobierna con un control bastante efectivo del sistema interno. Otra cosa es el control de la realidad externa, que, como se ve con la crisis económica actual, hace al Gobierno depender enormemente de los mercados internacionales.

Poder Judicial

Tendría como punto fuerte la independencia, reconocida de forma expresa constitucionalmente y garantizada legalmente; en la práctica es también posible ejercer con plena independencia por parte de los jueces, aun cuando el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. Por ello, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos. Los puntos débiles más importantes son, sobre todo, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, así como la débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma. Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la esporádica irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas.

Sector Público

La independencia es el punto fuerte, que hay que entenderla como imparcialidad. La normativa de contratos es, en términos generales, adecuada aunque en su aplicación práctica se ha podido, en ocasiones, abusar de ciertas posibilidades que abre la ley, como los contratos de adjudicación directa o los “reformados” de obras. Los principales puntos débiles tienen que ver con la opacidad y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, sobre todo en la práctica. La ineficiencia, ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente controladas, ni sancionadas. Es muy destacable la ausencia de preocupación por la educación de los funcionarios frente al problema de la corrupción.

El Órgano de Gestión Electoral

De los órganos de control, es el único en el que la mayor parte de sus miembros son seleccionados por sorteo (entre jueces y entre la ciudadanía), aunque los partidos también intervienen (en este caso controlándose mutuamente). Ello deja fuera a los dos grandes partidos de su control, con las ventajas que para la integridad se derivan de este hecho. Sería deseable que se introdujera un Código ético y se mejoraran las normas de conflictos de interés del órgano.

El Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es una institución que tiene garantizada suficiente independencia y la ejerce. Es cierto que tiene que mejorar su sistema de rendición de cuentas en la práctica, pues su nivel de gestión interna es poco transparente en cuanto a la eficiencia y eficacia de sus actividades; también requeriría de un código ético y normativa interna de integridad, aun cuando en la práctica nunca ha tenido problemas de corrupción interna. Por desgracia, es una institución que no ha sido suficientemente usada en la promoción de la integridad en el sector público, aun cuando realice, en general, una labor bastante aceptable.

El Tribunal de Cuentas

Es, no sólo el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y su gestión económica, sino que también es un órgano de enjuiciamiento de la responsabilidad contable y controla las finanzas de los partidos y los procesos electorales. En la práctica está influenciado por los dos grandes partidos, que no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control. En general, es un órgano que tiene recursos suficientes y personal muy bien preparado, pero no es un órgano suficientemente eficaz en el control de la eficiencia y eficacia del sector público, dado que se limita a controles muy formales. También debería mejorar su normativa interna de integridad y la rendición de cuentas de su gestión interna. Su control a la financiación de los partidos es bastante formal, en gran medida porque la normativa existente, que se ha mejorado gracias a los propios informes del TdC, no le permite ir mucho más allá. Una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la corrupción.

Los Partidos Políticos

Los partidos políticos, esencialmente los dos grandes partidos, de forma coherente con lo hasta ahora expuesto tienen como punto fuerte su independencia; de hecho, ellos mismos pueden definir los recursos públicos que para financiación se auto-asignan, lo cual genera inequidades evidentes. Sus debilidades más notables están en su falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión interna, su oligarquización y profesionalización y su falta de compromiso suficiente con la lucha anticorrupción (al menos los dos grandes nacionales y los tres grandes regionales –CiU, PNV, CC). Dado su papel esencial en el sistema democrático y, en especial, en España, podemos decir que la lucha contra la corrupción y a favor de la integridad se juega esencialmente en este ámbito.

Los Medios de Comunicación

Los medios de comunicación han investigado y expuesto de forma bastante eficaz los casos de corrupción existentes en España. No obstante, en términos generales, tienen bastantes problemas de transparencia, rendición de cuentas e independencia en la práctica. El hecho de que no exista una institución independiente a nivel estatal que regule y permita exigir cuentas por las acciones de los medios de comunicación audiovisual, que cree estándares éticos o mecanismos de integridad y transparencia es clave para explicarse esta lamentable circunstancia.

La Sociedad Civil

La sociedad civil en España es débil, por lo que su capacidad de controlar al gobierno y de influir en las políticas públicas es reducido. No obstante, normativamente tiene independencia y capacidad de obtener recursos, aunque en la práctica depende aún demasiado de los poderes públicos. Ha mejorado mucho en sus niveles de transparencia, rendición de cuentas e integridad.

El Sector Empresarial

El sector empresarial español tiene una gran independencia en la defensa de sus intereses. Existe una gran diferencia por sectores y volumen de negocio. Está mejorando bastante en sus normas de gobernanza. Pero, con algunas excepciones, su compromiso social en la lucha contra la corrupción es aún bajo.

Conclusiones y propuestas

1. Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del gobierno, y coordine las actuaciones en la materia. Este pacto debería incluir un sistema de seguimiento de su cumplimiento efectivo.

2. Mejorar la normativa de financiación de partidos políticos y asegurar un organismo supervisor independiente de los mismos.

3. Modificar el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, la introducción de algunos distritos uninominales, medidas para mejorar la proporcionalidad, mejorar la información y formación de los electores en cuanto al funcionamiento del sistema).

4. Impulsar la democracia interna en los partidos.

5. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional.

6. Aprobar un Plan estratégico de Gobierno abierto, en el que se incluya la aprobación de la Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación y la colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. En el marco de la Ley de Acceso debería crearse un portal de transparencia pública y dar los pasos para configurar un gobierno abierto al estilo británico o estadounidense.

7. Crear una Dirección Pública profesional y reducir significativamente la posibilidad de nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública.

8. Aprobar una Ley nacional de Control Externo, que garantice la coordinación entre el órgano nacional y los autonómicos, modernice el contenido de los informes y promueva la eficiencia y el cumplimiento de los plazos.

9. Aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.

10. Regular la actividad de lobby, de acuerdo a las guías de la OCDE.