Desde la aprobación en 1980 del Estatuto de los Trabajadores se ha reformado la legislación laboral en más de 50 ocasiones. Es probablemente el capítulo del ordenamiento jurídico español que más veces se ha modificado, y España es, con gran diferencia, el país europeo en el que más reformas laborales se han realizado. Porque las reformas en el mercado de trabajo son raras en los demás países de nuestro entorno, incluso cuando se produce un aumento del paro. En España sucede lo contrario. Tanto si la economía y el empleo crecen como, especialmente, si llega la recesión y aumenta el desempleo, siempre hay que hacer una reforma laboral.

Pese a la reiteración casi compulsiva de reformas, los problemas del empleo no terminan, sino más bien al contrario. Durante los períodos expansivos, el mercado de trabajo español crea mucho más empleo, aunque de mucha peor calidad, que cualquiera de las economías de los países desarrollados, lo que reduce el crecimiento de la productividad hasta prácticamente cero. Al llegar la recesión y la crisis es, asimismo, el que destruye más empleo. Como consecuencia, la tasa de paro en España alcanza en esos momentos niveles tan altos que multiplica a los demás países. Dado que prácticamente sólo aquí cae más el empleo que el PIB, la productividad se dispara en las recesiones, mientras que en el resto de las economías desarrolladas se reduce para impedir el aumento del paro.

En todo, pues, somos diferentes porque tenemos un mercado laboral con reglas distintas y un comportamiento contrario al de los demás países. La elasticidad del empleo respecto al PIB es desde comienzos de los años noventa la más elevada (la ha vuelto a medir hace muy poco la Organización Internacional del Trabajo [OIT] con datos del FMI), lo que significa que por cada unidad de crecimiento o de caída de la economía, el empleo crece o se destruye más que en cualquier otro lado. Nuestro mercado laboral es más elástico, es decir, menos rígido, más flexible: es el que crea más empleo, de peor calidad y el que más rápido lo destruye.

Pero esto indudablemente tiene que ver con la orientación de las reformas laborales, que es, por otra parte, siempre la misma. La práctica totalidad se han dirigido a flexibilizar la regulación laboral. Un término que ya resulta muy conocido, y que en esencia significa que se aumenta la capacidad o el poder unilateral de los empresarios para adoptar decisiones sobre contratación, despido y cambios en las condiciones de trabajo. Como consecuencia de ello, el empleo en España ha ido adquiriendo unas características cada vez más inestables y precarias.

Durante la pasada legislatura se han aprobado, según recuerdan los juristas, en torno a 18 leyes (o reales decretos leyes) que modifican el ordenamiento laboral. Todo un récord. Aunque la más profunda y conocida es la reforma laboral de 2012.

Esta reforma modificó —de nuevo en sentido flexibilizador— prácticamente todos los grandes aspectos de la regulación legal de las relaciones de trabajo: los contratos de trabajo, los despidos, las posibilidades de cambiar (empeorar) las condiciones de trabajo, incluidos los salarios, y los convenios colectivos. Comentamos a continuación, para simplificar, las cuestiones más importantes, y los resultados obtenidos.

En los contratos, la novedad mayor fue la creación de un nuevo contrato indefinido con un período de prueba de un año (contrato “de apoyo a los emprendedores”), durante el cual el empresario puede decidir la rescisión ese contrato sin que se considere despido y sin necesidad de pagar indemnización alguna. Es decir, en el primer año, resulta más factible y más barato el despido que incluso con un contrato temporal. Además, el contrato entraña importantes ayudas públicas, fiscales y/o en las cotizaciones sociales.

Las ventajas para los empresarios son tantas que sus promotores suponían que el contrato sería un auténtico éxito, pero no ha sido así. El flujo de los realizados ha oscilado entre 80.000 y 100.000 por año, y se desconoce cuántos de ellos han terminado su vida antes de doce meses. Pero a juzgar por lo que sucede con los contratos temporales y por la inestabilidad y corta vida de los propios contratos indefinidos, en especial los subvencionados, puesta de manifiesto en sucesivas investigaciones, cabe pensar que una gran mayoría no se han debido consolidar. Y las resistencias de la Administración a realizar estudios y evaluaciones serios no ayudan a despejar estas dudas. Por supuesto, el contrato (aunque se contabilice como indefinido no siéndolo en la práctica) no ha servido para reducir la tasa de temporalidad del empleo, que continúa siendo la segunda mayor de la UE debido a la utilización generalizadamente fuera de norma (fraudulenta) de los contratos temporales.

MENOS INDEMNIZACIÓN

En cuanto al despido, los cambios han sido más drásticos. Se han reducido hasta un 40% las indemnizaciones en los despidos improcedentes (sin causa justificada), que ya antes de ello eran los más frecuentes. Se ha cambiado la definición de las causas empresariales en los despidos objetivos y colectivos, hasta hacerlas irrelevantes, y se ha suprimido la autorización administrativa en los despidos colectivos. Con todo esto, si la protección frente al despido era, según los datos de la OCDE, de las más bajas de la UE, ahora los despidos son aún más fáciles, baratos y frecuentes. Si la estabilidad de los contratos indefinidos era —de acuerdo con los estudios más fiables— ya muy baja debido a su elevada mortalidad temprana, tras estas reformas se ha reducido todavía más. Y si en esta crisis y antes de estos cambios se produjeron más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido (lo que explica una parte elevada del ascenso, diferencialmente más intenso que en otros países, de nuestra tasa de paro), en la siguiente recesión los despidos alcanzarán cotas inimaginables. Nos estamos alejando, es evidente, mucho más de los demás países europeos.

La suma de medidas en contratación y despido aumentará obviamente la elasticidad del empleo, por lo que los empleos serán (lo están siendo) de peor calidad, y sus movimientos de respuesta ante las expansiones y las recesiones de la economía producirán aumentos y caídas aún más intensos. A la elevada inestabilidad del empleo, y sobre todo a su mala calidad, se le añaden las reformas añadidas en la regulación del trabajo a tiempo parcial, cuya flexibilización y desreglamentación están ocasionando una expansión del mismo que está provocando el ascenso a los primeros lugares de Europa de las tasas de pobreza de las personas con empleo, y que da lugar a que seis de cada diez de estos trabajadores (otra vez el mayor porcentaje de la UE) rechacen, según la EPA, el trabajo a tiempo parcial.

Además de las medidas en materia de contratación y despido, la reforma de 2012 ha realizado otras importantes modificaciones. Por un lado, ha otorgado la capacidad unilateral a los empresarios para rebajar las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, cuando no están establecidas en un convenio colectivo. Incluso si lo están, el empresario tiene la potestad de promoverlo y, si en la negociación correspondiente no se produce un acuerdo, el empresario puede forzar la reducción de las condiciones establecidas en el convenio (inaplicación) a través de una decisión arbitral de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos (órgano en el que dos tercios son representantes de los empresarios y del Gobierno).

Aparte de la unilateralidad otorgada a los empresarios y de la inexistencia de límites en la rebaja de las condiciones laborales y salariales (o de proporción respecto a las razones, totalmente livianas en la definición legal, que dan lugar a los recortes), llama la atención que tales medidas sean permanentes, aunque no lo sean las causas que les sirven de justificación. La utilización de todos estos mecanismos constituye una de las vías principales de la devaluación de los salarios.

Finalmente, la Reforma Laboral de 2012 limita la capacidad de los convenios colectivos. Entendida por los autores de la reforma como un instrumento antagónico con las necesidades de las empresas, la negociación colectiva, que ha representado durante más de medio siglo en Europa la piedra angular de unas relaciones laborales democráticas y la vía para evitar el conflicto social y alcanzar el equilibrio entre salarios y beneficios en la distribución primaria de la renta, ha sido drásticamente obstaculizada y coartada para favorecer a los empresarios.

La reforma hace prevalecer el convenio de empresa sobre el convenio del sector, invirtiendo la regla precedente, con la intención de que en las empresas individuales (mayoritariamente de reducido tamaño) resulte más fácil a los empresarios imponer sus condiciones. Asimismo, se limita el período de validez y aplicación de los convenios colectivos una vez que vence el plazo de duración de los mismos (la denominada ultraactividad). Desde el inicio de las relaciones laborales democráticas se aceptaba que un convenio sólo podía ser sustituido por la firma de otro convenio, y que entre tanto se mantendría su vigencia. La nueva norma establece que eso sólo durará un año, finalizado el cual todo el convenio pierde su validez y las reglas laborales y salariales a aplicar (obviamente rebajadas) serían fijadas por el empresario.

Aunque una sentencia del Tribunal Supremo estableció limitaciones a esa pretensión de la nueva ley, la supresión de la ultraactividad entraña para los sindicatos la necesidad de ceder en la negociación de un nuevo convenio hasta el punto que los empresarios consideren suficiente. En suma, unas medidas que han intensificado el proceso de devaluación salarial, amén de generar un nuevo marco de relaciones laborales desequilibrado, a partir del cual el poder empresarial se convierte en hegemónico.

DUALIDAD Y PRECARIEDAD

Las medidas contenidas en la Reforma Laboral de 2012 no se han dirigido en la dirección adecuada. Son contrarias a los problemas reales que aquejan al mercado laboral español: la dualidad y precariedad, derivadas del fraude general en los contratos temporales y de los excesos en los contratos a tiempo parcial; el evidente abuso de los despidos, los injustificados y aquellos otros con causa débil y discutible, contrarios a los sistemas de respuesta a la crisis en otros países y que han elevado la tasa de paro a niveles desorbitados; las medidas que promueven una devaluación de los salarios, y las que han desintegrado un sistema de negociación colectiva que cumple unas funciones económicas y sociales fundamentales.

La corrección de este funcionamiento negativo del mercado laboral requiere invertir la forma en la que operan las instituciones del mismo y parecernos a los países más estables de la Unión Europea: sustituir el exceso de flexibilidad externa por los apropiados mecanismos temporales de adaptación. La volatilidad del empleo, basada en una temporalidad injustificada y en un despido sin causas reales y utilizado como primera opción de ajuste, debe ser corregida estableciendo, primero, enérgicos desincentivos económicos al fraude en los contratos temporales (lo contrario de lo que hoy sucede porque este fraude casi carece de consecuencias) y, segundo, restringiendo el despido sin causa (improcedente) y estableciendo en los demás despidos causas reales vinculadas a la inevitabilidad de los mismos, al tiempo que se articula un mecanismo institucional obligatorio similar al alemán, que permita que las adaptaciones coyunturales y cíclicas de las empresas no se realicen sobre el empleo, sino sobre la reducción temporal de las horas de trabajo. La legislación debe diferenciar así entre las causas coyunturales y estructurales de los ajustes y regular la utilización necesaria de unos u otros mecanismos y procedimientos.

Por otra parte, la adaptación de las condiciones de trabajo (flexibilidad interna) para ser obligatoria debe vincularse con causas y necesidades estructurales y probadas de las empresas, sustituyendo la actual arbitrariedad empresarial por esa justificación y por la negociación con los trabajadores de la que, no nos engañemos, depende el éxito de las reestructuraciones y los cambios en la organización del trabajo en las empresas.

Finalmente, la negociación colectiva debe devolverse a su cauce original mediante el equilibrio entre los intereses enfrentados de las dos partes presentes en las empresas. Para que éstas, al igual que en los demás países del entorno, mediante los convenios colectivos se adapten progresivamente —como lo han hecho en los últimos treinta años— a los profundos cambios que ha sufrido la economía española. Esta función no se podrá cumplir y quedará abocada al fracaso si no hay equilibrio de fuerzas y autonomía de la negociación colectiva.

En fin, el mercado de trabajo español tiene arreglo, pero no si se mantiene el actual funcionamiento distorsionado y anómalo del mismo. Sí, si se da el golpe de timón que haga que sus instituciones y características se parezcan a las de los demás países europeos.

Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, fue secretario general de Empleo entre 2006 y 2008.

[Este artículo ha sido publicado en el número de junio de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La ley española habrá de ser adaptada a la normativa europea y a no tardar. Ha sido cuestionada y resulta insostenible. Aparecen ya las propuestas y el debate.

I. El seísmo. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la desigualdad en España de las indemnizaciones de los contratos temporales respecto a los fijos ha producido una verdadera conmoción en cuantos están de una u otra forma implicados en el sistema de relaciones laborales. El estremecimiento responde sobre todo a que la Sentencia pone indudablemente en cuestión uno de los aspectos más sensibles y controvertidos del sistema laboral español: el uso y regulación de los contratos temporales, que es el origen desde hace muchos años de la elevada precariedad del empleo, sin que se haya tomado medida eficaz alguna. Así, las interpretaciones han oscilado desde las visiones interesadas hasta las despistadas; desde quienes quieren que la Sentencia carezca totalmente de consecuencias hasta los que piensan que todos los problemas podrían quedar solucionados.

II. Consecuencias. La Sentencia, a mi juicio, tendrá extensas repercusiones. El Tribunal europeo responde a las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal español enunciando con claridad la interpretación que se debe dar a la norma europea, que prevalece sobre las leyes nacionales. De tal forma que, ante cualquier futura demanda judicial exigiendo la aplicación a un contrato temporal de las indemnizaciones contempladas para los trabajadores fijos, lo previsible y razonable es que los tribunales apliquen esa interpretación.

A saber: las indemnizaciones forman parte de las condiciones de trabajo, y la normativa española no puede amparar diferencias en las condiciones de trabajo (incluidas indemnizaciones) entre trabajadores temporales y fijos similares. La finalización de un contrato temporal queda, para el Tribunal europeo, asimilada al despido por causas objetivas de un contrato fijo.

Estos derechos reconocidos a los trabajadores temporales tendrán que ser reclamados, como los que figuran en las leyes nacionales, ante los tribunales si no son respetados por los empresarios. Y, por último, respecto a las dudas acerca de si la Sentencia afecta solo a los contratos de interinidad y no a los restantes temporales, cabe señalar que el Tribunal europeo afirma la prohibición de la norma europea de tratar a trabajadores iguales de manera diferente, solo porque su contrato sea temporal (independientemente del tipo de temporal), en lugar de fijo.

Me parece claro que, si esta interpretación no es aplicada por los tribunales nacionales habrá apelaciones y/o se plantearán para una aclaración plena nuevas cuestiones prejudiciales. Pensemos en el insostenible ridículo legal y material de que solo el contrato de interinidad disponga de indemnización superior a la de los restantes temporales y, solo él, equiparada a los fijos. La cuestión está sentenciada. Esta es la razón de que afamados asesores jurídicos empresariales no hayan dudado mucho al afirmar que esta es la dirección clara de la Sentencia.

III. Perspectivas. La ley española habrá de ser adaptada a la normativa europea y a no tardar. Ha sido cuestionada y resulta insostenible. Aparecen ya las propuestas y el debate. Básicamente hay dos orientaciones: plasmar en la ley española los derechos reconocidos a los temporales por la Sentencia europea o rebajar las indemnizaciones de los indefinidos hasta los doce días de los temporales, sea directamente o mediante un contrato único. Izquierda y derecha, intereses empresariales o derechos de los trabajadores.

Pero, lo cierto es que no es esta la cuestión de fondo. No es aquí, en las indemnizaciones mayores o menores de los temporales, donde está el gran problema de su precariedad laboral. No tener los mismos derechos que los fijos es una odiosa discriminación, claro que sí, pero la mayor de todas, la más terrible, la que habría que suprimir de una vez es trabajar con un contrato temporal, sin estabilidad en el empleo ni perspectivas, cuando el trabajo que se realiza es en realidad permanente, fijo. Este fraude general es el origen en España de la altísima, injustificada, temporalidad del empleo. Y esto no lo arreglan unas indemnizaciones un poco mayores. Menos aún el contrato único que baja las indemnizaciones para todos (todos los trabajadores empiezan al nivel actual de los temporales o menos), y por lo tanto solo unos pocos, como ahora, llegarán al nivel de los fijos. Por el camino quedarán, despedidos antes de que acumulen derecho a indemnizaciones mayores, los millones que ahora padecen la temporalidad. Más precarios que ahora: sin derecho a la protección de la ley europea.

El contrato único es un gran subterfugio, que además cubre la temporalidad del empleo con un velo que impedirá verla aunque seguirá existiendo, claro que existirá. Eliminar la precariedad no solo supone rechazar el contrato único, sino penalizar de manera intensa y disuasoria el fraude en los contratos temporales, en los contratos sin causa, en la rotación de los trabajadores en un mismo puesto de trabajo, en el encadenamiento sin fin de contratos temporales. Estos, constituyen una de las partes más importantes de nuestros problemas laborales. Y el fraude, este fraude estructuralizado y sistemático, como en otros órdenes de la vida, no se arregla con mayores indemnizaciones, sino con mayores penalizaciones.

La forma en la que se está vinculando la evolución de los ingresos del sistema público de pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se realiza una construcción argumental que carece de sustento para avalar un recorte.

Varios acontecimientos han reabierto en las últimas semanas el debate acerca de las reformas del sistema público de pensiones. La creación por parte del Gobierno de una Comisión de expertos que informe sobre la necesidad de las mismas. La llamativa insistencia de la Comisión Europea en la obligatoriedad de realizar nuevas y urgentes reformas en este campo. Y las reacciones que en los medios de comunicación ha provocado todo ello.

Sin embargo, el debate presenta, a nuestro modesto entender, algunos errores de concepto que distorsionan la cuestión, y adolece de los intentos de asentar sobre aquellos ideas que dan lugar a una percepción equivocada sobre las reformas presentes y futuras que pudiera necesitar el sistema público de pensiones español.

En todo caso, actualmente, el gasto del sistema público de pensiones español es, en relación al PIB, tan bajo cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno que no cabría hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%.

Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de poner los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otra fuente de ingresos. Luego el denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente sólo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase de este entre ingresos y gastos no es sino una componente de aquel, y no algo propio, ni diferente, ni específico ni con sustantividad propia.

Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una caída de ingresos por cotizaciones, carece tanto de sentido como pretender que fueran inviables por ese hecho, por utilizar un ejemplo exagerado y expresivo, las instituciones democráticas del Estado como el Parlamento o cualesquiera otra.

La voluntad de decidir en este momento si es preciso realizar o no y, en su caso, dónde y cómo, recortes de gasto público es solo una decisión política coyuntural que nada dice acerca de la viabilidad de nuestro sistema de pensiones (que, como hemos dicho, requiere menos recursos que la mayoría de los países de la eurozona).

De hecho, en un enfoque puramente macroeconómico, el mantenimiento de las pensiones cuando caen los ingresos por cotizaciones que habitualmente las financian, opera como un estabilizador automático de respuesta a los ciclos recesivos de una forma similar a como lo hacen las prestaciones por desempleo.

En general, se acepta que el Estado debe, en momentos de crisis, complementar los ingresos ordinarios (que también proceden de cotizaciones) del sistema de protección por desempleo, y nadie razonable plantea que por ello este sistema se convierta en inviable. Todo lo contrario, resulta útil y conveniente que esto sea así.

Si no existe déficit del sistema de pensiones, sino solo déficit del Estado, y si la caída de ingresos por cotizaciones debida a la destrucción de empleo durante la crisis no puede presentarse como algo que ponga en cuestión la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones, no llega a entenderse la impaciencia de Bruselas acerca de una supuesta lentitud en la forma en que se aborden unas reformas para las que aún no se ha ofrecido un solo dato acerca de su necesidad.

En definitiva, la forma en la que se está vinculando la evolución actual de los ingresos del sistema público de pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se va realizando una construcción argumental que carece de sustento, y sobre la que se pretende argumentar un nuevo y más grave recorte de las pensiones. Y la insistencia de la Comisión Europea en vincular la adopción de tales medidas con la flexibilidad (imprescindible, en todo caso, desde el punto de vista económico, especialmente después del gravísimo error cometido en los tres últimos años por la política económica auspiciada por la Comisión) en el programa plurianual de reducción del déficit público son, ambas, cuestiones que carecen de justificación.

Frente a ello, es preciso contemplar y analizar las decisiones de la Comisión y otras instancias europeas con una mirada política, entendiendo que las mismas derivan de la defensa de posiciones e intereses con claros componentes ideológicos. Lo mismo que deberíamos hacer con los editoriales de todos los periódicos.

Sí, querido lector, no se trata de una confusión. Sabemos que la Encuesta de Población Activa (EPA) acaba de publicar que hay seis millones doscientos mil desempleados, pero las cifras que provienen de las estadísticas han de ser analizadas e interpretadas. La EPA nos indica que hay un número muy significativo de personas que han perdido su empleo y no figuran (temporalmente, al menos) como desempleados, pero que previsiblemente volverán a aparecer, e incrementarán las cifras del paro, en el momento en que la economía de signos de reactivación y se recuperen las perspectivas de creación de empleo y las oportunidades de encontrarlo.

Analicemos los dos gráficos siguientes. El primero muestra la pérdida de empleo sufrida por los asalariados (los resultados son muy similares si en lugar de los asalariados se toma el conjunto de los ocupados) y acumulada desde el inicio de la crisis (primer trimestre de 2008), de acuerdo con tres tramos de edad: los más jóvenes, menores de 30 años, los maduros, entre 30 y 44 años, y los de mayor edad, entre 45 y 65 años. Por su parte, el segundo gráfico indica el aumento de desempleados acumulado en el mismo periodo, es decir, nuevamente desde el inicio de la crisis, para los grupos de edad mencionados en el caso anterior.

En los grupos de edades más avanzadas (De 30 a 44 años, y De 45 a 65) las pérdidas de empleo son inferiores o muy inferiores a las registradas en el caso de los más jóvenes, los menores de 30 años.

Y sin embargo, el incremento del desempleo presenta la imagen contraria: el paro acumulado desde el inicio de la crisis aumenta de forma muy superior en los grupos de edad más avanzada que en el caso de los más jóvenes.

Estas diferencias de comportamiento y aparente contradicción entre las pérdidas de empleo y el crecimiento del desempleo se explican, lógicamente, por los cambios sufridos por la población activa en cada grupo de edad.

Así, en los dos grupos de trabajadores mayores se ha producido un aumento de parados como consecuencia de que muchas personas que antes no buscaban empleo (es decir, que eran consideradas inactivas a efectos de las categorías utilizadas en el análisis del mercado de trabajo) han decidido hacerlo, probablemente con el fin de compensar la situación creada en el ámbito familiar por las pérdidas de empleo de otros miembros de la familia. En concreto, alrededor de 580.000 personas de entre 30 y 44 años, y 1.250.000 de entre 45 y 65 años han salido de la situación de inactividad y buscan ahora empleo, y vienen a sumarse a aquellas otras que, en esos mismos grupos de edad, buscan empleo después de haberlo perdido.

Y lo contrario ha sucedido en el caso de los más jóvenes, el incremento en el número de parados es muy inferior al correspondiente a las personas que han perdido su empleo durante la crisis. Mientras que estas ascienden a unas 2.150.000, solamente 990.000 buscan activamente empleo. Los criterios de la EPA, como los de las restantes operaciones estadísticas similares en los demás países de la UE, son en este aspecto estrictos y requieren el cumplimiento de una serie de requisitos para que las personas sin empleo puedan ser consideradas desempleadas, entre ellos la exigencia de que busquen empleo de forma activa y permanente.

Si, como parece verosímil suponer, un significativo número de jóvenes, que han perdido su empleo a lo largo de esta prolongada crisis, han retomado sus estudios o simplemente se encuentran desanimados por la falta de expectativas y respuestas a su búsqueda de empleo y, en todo caso, no mantienen esa búsqueda activa de empleo (en los términos exigidos por la EPA), no son considerados como parados sino como inactivos. En este supuesto se encuentran nada menos que del orden de 1.160.000 jóvenes menores de 30 años.

Dado que es poco creíble suponer que, en este grupo de edad, la situación de la inactividad sea prolongada, cabe deducir que casi todos ellos volverán a buscar activamente empleo a la primera señal de reactivación de la economia. Lo cual significa que, en el momento en que se reinicie la creación de empleo, o al menor síntoma de que ello pueda producirse, se registrarán inmediatamente los aumentos de la población activa y del desempleo correspondientes a este millón largo de jóvenes que indudablemente necesitan (y buscarán) empleo.

En suma, debemos ser conscientes de que, a los 6,2 millones de desempleados que en este momento estima la EPA, hay que sumar otros 1,2 millones de jóvenes que se encuentran en este momento en una situación de alejamiento “estadístico” del desempleo, pero que hay que considerarlos parados “potenciales” porque buscarán y demandarán puestos de trabajo, lo que sumado a los parados actuales supera con mucho los siete millones de personas.

También hay una demanda potencial de empleo que representan todas aquellas personas que trabajan menos horas al año de las que desearían (es decir, los ocupados subempleados, que esencialmente son trabajadores contratados temporalmente y trabajadores a tiempo parcial), que a su vez suponen varios millones más. Solo los trabajadores a tiempo parcial que, en realidad, desean un trabajo a tiempo completo son 1,6 millones.

No se trata en modo alguno de pretender inflar unas cifras de desempleo que ya son, por sí solas, enormes, las mayores que se han registrado nunca en nuestra historia económica moderna. Se trata de que los ciudadanos y los medios de comunicación, y por supuesto las fuerzas políticas, comprendan que la cifra de desempleados que facilita la EPA solo refleja una parte de las verdaderas necesidades de empleo a las que nos enfrentamos como sociedad. Que entiendan que estamos ante un desafío de una magnitud formidable, y que es preciso poner manos a la obra (pero de forma inmediata) para hacer frente a esta situación.

El que suscribe está modestamente convencido de que ello pasa necesariamente por cuatro grandes cuestiones inseparables:

Todo esto se escribe fácilmente, es bien sabido, pero requiere un trabajo de definición y articulación que es mucho más complejo. Sin embargo, hay una falta de visión al no entender que la salida de la crisis no es la simple recuperación de tasas positivas del PIB. Una falta de visión y de voluntad que impide que se comprenda que, como en Suecia, hace falta un modelo, hace falta saber qué queremos ser y hacia dónde queremos ir. Y sin ello, hay un grave riesgo de que fracasemos. A continuación tendremos que exigirnos mucho a nosotros mismos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero si todos sabemos y entendemos para qué podremos hacerlo y exigirlo.

Por eso, a las cuatro grandes cuestiones que he señalado, habría que añadirle una quinta, probablemente la más importante. Necesitamos una nueva actitud. Una actitud más clara (aún), más exigente y activa por parte de la sociedad, de todos los grupos que en ella intervenimos, y de todos los ciudadanos, para exigir a las fuerzas políticas, y en primer lugar al Gobierno, que entiendan que es hora de plantear y de alcanzar consensos sobre las grandes cuestiones nacionales.