La responsabilidad del PP sobre la muerte de inmigrantes en Ceuta no debe interpretarse como una suma de torpezas y despropósitos que vulneran principios humanitarios y jurídicos esenciales, ni mucho menos. Lo que estamos viendo y escuchando día tras día es el fruto deliberado de una política calculadamente racista y xenófoba del PP, que desde hace tiempo viene desplegando actuaciones y un discurso cuasi criminal hacia la inmigración. Y esto hay que decirlo así, de forma muy clara, porque lejos de aprender sobre los errores y barbaridades que a lo largo de los años han venido amparando en esta materia en todos sus niveles políticos e institucionales, utiliza la inmigración y a los inmigrantes pobres como un instrumento electoral que le sirve para desviar la atención de la sociedad sobre otros temas que no quiere que sean centros de atención, al tiempo que lo utiliza para su beneficio electoral y partidista, afianzándose entre el electorado más rancio de la derecha española en momentos en los que ve amenazado este caladero de votos y quiere alinearse políticamente con la emergente derecha xenófoba europea.

Tratar de generar problemas inexistentes entre la sociedad es una estrategia política que el PP ha utilizado con éxito en numerosas ocasiones, pero que ahora vuelve a emplear, ante el deterioro de la situación económica y social, tras dos años de políticas económicas disparatadas, y el rechazo creciente entre la sociedad a la actuación del Partido Popular. El último barómetro del CIS, el estudio número 3.001, evidencia que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cosecha el mayor rechazo que jamás ha tenido un presidente en la historia democrática de España, así como muchos de sus ministros. Pero además, cuando uno analiza las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos en España constata que son el paro, los problemas económicos, la corrupción junto a los partidos y los políticos, lo que centran sus inquietudes, de forma que la inmigración ocupa un lugar muy accesorio, exactamente el puesto once entre los principales problemas, al mismo nivel, por cierto, que preocupa el Gobierno del PP y el Terrorismo de ETA. Para que nos tengamos una idea de ello, mientras que el paro preocupa al 77,4% de los ciudadanos, la inmigración inquieta únicamente al 3,2%. Por tanto, no parece que el Gobierno esté proyectando sus esfuerzos en lo que verdaderamente desasosiega a los ciudadanos, creando en cambio mensajes deliberadamente falsos. Muy al contrario, parece que estamos ante un propósito intencionado de generar una alarma social inexistente, utilizando para ello todos los medios que tiene a su alcance, incluyendo informaciones intencionadamente equívocas.

Así, en medio de la actual polémica, mientras el Gobierno ha tratado de justificar con argumentos cada vez más contradictorios la actuación de la Guardia Civil en la muerte de los inmigrantes en Ceuta, el diario El País se hizo eco de un informe policial (lunes, 17 de febrero) que avisaba con tintes alarmistas de que “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla”, advirtiendo de la “alarma social” que ello creaba. La reacción generalizada de rechazo ante esta información alarmista no se hizo esperar, llenando las redes sociales y generando numerosos artículos, como el de Olga Rodríguez, “Palabras cargadas de balas”, que analizaban la gravedad de estos mensajes. Sin embargo, más grave aún es el hecho de que este mismo diario ya publicó un titular idéntico en octubre de 2005, en el que recogiendo un informe de la UE que alertaba de que “30.000 africanos esperan en Marruecos y Argelia para saltar a España” a través de Ceuta y Melilla. La semejanza en ambas informaciones es de tal naturaleza que parece que el Gobierno, a través de la Policía, ha rescatado este mismo informe para filtrarlo, nueve años después al diario El País y así poder fabricar esa alarma social artificial a la que nos referíamos.

Un asunto de Estado

Sorprende así que desde el PP se pida que este tema se maneje como “un asunto de Estado”, como ha hecho en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el Congreso de los Diputados, intentando así promover una especie de “omertá” sobre las muertes de inmigrantes y las actuaciones ilegales que el Gobierno viene llevando a cabo sobre los inmigrantes. Y digo sorprende, no por el hecho de buscar este silencio cómplice, ni mucho menos, sino por el hecho de que el Partido Popular nunca ha buscado un consenso social en política migratoria ni ha actuado con la responsabilidad moral que el asunto exige.

Muy al contrario, desde hace años, el PP ha convertido la inmigración y a los inmigrantes en el centro de sus odios y rechazos, tan partidistas como injustificados, desde el máximo responsable del partido hasta el último de sus concejales. Y por ello, lo que ahora el Partido Popular protagoniza en Ceuta es sencillamente el resultado deliberado de ese caldo de cultivo que durante tantos años ha cocido a fuego lento, llamado xenofobia. Así con todas las letras. Simplemente, basta con recordar qué ocurrió ante otras crisis migratorias que se dieron años atrás y qué dijo el PP entonces.

La actuación del PP ante crisis migratorias similares

En el año 2006, las islas Canarias vivieron la llegada de inmigrantes senegaleses en cayucos, que hasta ese año totalizaron más de 24.336 personas. Curiosamente, el PP, a través de sus diputadas Ana Tomé y Ana Pastor, hablaba una vez más de “alarma social”, llegando a culpar al Gobierno del PSOE de los “600 cadáveres hallados y los 3.000 seres humanos muertos según las ONG tratando de alcanzar la promesa de papeles que ustedes lanzaron”. (El País, viernes 1 de septiembre de 2006).

Y es que el PP siempre ha dinamitado cualquier acuerdo en materia de política migratoria adoptado por el conjunto de las fuerzas políticas. Así, en el mes de mayo de 2004, únicamente el PP votó en contra de un Pacto de Estado de inmigración, respaldado por la totalidad de las fuerzas políticas del Congreso. (El País, miércoles, 19 de mayo de 2004). No es de extrañar que meses más tarde, Mariano Rajoy, acordara con la cúpula del partido (en una reunión celebrada en Tordesillas para preparar la próxima campaña electoral) que “la inmigración será uno de los asuntos con los que los populares acosarán más al Gobierno socialista”. (El País, sábado, 4 de septiembre de 2004). Y efectivamente, pocos días después, Rajoy responsabilizaba al Gobierno del PSOE de la llegada de pateras a las costas andaluzas, exigiendo a Marruecos que “frene la salida de pateras” y “adopte medidas eficaces para la lucha contra las mafias organizadas” de las que responsabilizaba al PSOE de su actuación. (El País, viernes, 24 de septiembre de 2004).

Pero no estamos, ni mucho menos, ante la primera ocasión en que Ceuta y Melilla viven una crisis migratoria con fallecidos. En octubre de 2005, seis inmigrantes murieron tiroteados por fuerzas marroquíes junto a la valla de Melilla, viviéndose continuos intentos de entrada en España por parte de grupos de inmigrantes. Por aquel entonces, Mariano Rajoy visitó Melilla para reivindicar la españolidad de la ciudad, reprochando duramente al entonces presidente Zapatero: “Quiero que venga el presidente , José Luis Rodríguez Zapatero, a tranquilizar a la población”. (El País, lunes 10 de octubre de 2005). Pocos días después, en una nota de prensa emitida por el Partido Popular, Mariano Rajoy calificaba la muerte de estos seis inmigrantes tiroteados como “uno de los acontecimientos más graves que se han producido en España en los últimos 25 años”, instando a Zapatero a “explicar los asaltos a la frontera en Ceuta y Melilla y por qué no ha exigido a Marruecos el fin de esta situación”. (Comunicado de Prensa del Partido Popular, 6 de octubre de 2005). Y días después, Mariano Rajoy seguía acusando a Zapatero de “improvisación manifiesta” y “absoluta dejadez” ante los intentos de entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla, al tiempo que le reprochaba haber originado el problema por su “efecto llamada”. (El País, viernes, 30 de septiembre de 2005).

Otros muchos inmigrantes han muerto intentando saltar la valla en Ceuta y Melilla, como sucedió con un camerunés el 28 de agosto de 2005 en Melilla. Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido ahora con el fallecimiento de los 15 inmigrantes subsaharianos en aguas de Ceuta, en aquel entonces el Defensor del Pueblo abrió a los pocos días una queja de oficio para esclarecer la muerte del camerunés, pidiendo información a la Delegación del Gobierno en Melilla.

Todo esto son hechos objetivos, sin valoraciones de por medio. Ahora bien, cuando nuestros responsables políticos actúan al margen de cualquier consideración moral, como el Gobierno del PP viene haciendo con la inmigración y los inmigrantes estos días con lo sucedido en Ceuta, se ponen las bases de un peligroso autoritarismo. Hasta los más pobres y débiles, los nuevos parias contemporáneos, los inmigrantes, tienen derecho a tener Derechos elementales. Un Estado que los pisotea, erosiona también su propia dignidad ante el mundo, aunque sea algo que preocupe muy poco a este Gobierno.

Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Alicante y Director del Observatorio Permanente de la Inmigración en esta universidad. (cgomezgil@ua.es)

Tragedias como la que vive estos días Filipinas no son nuevas. Nos hemos acostumbrado a éxodos, hambrunas, terremotos, tifones, inundaciones, huracanes, ciclones, tsunamis y todo tipo de catástrofes, si bien en los últimos años, su repetición y especialmente sus dramáticas consecuencias sobre millones de personas y países en permanente estado de calamidad, permiten que veamos con claridad cristalina cómo su impacto es mayor cuanto más pobre y miserable es el país que lo sufre. Es un matemático axioma que funciona con una precisión aritmética a la hora de llevarse por delante vidas y países, pero cuya aplicación no tiene nada de caprichoso, sino que es el fruto de procesos humanos deliberados y conocidos que en combinación con determinados fenómenos naturales adquieren dimensiones gigantescas. Este conjunto de fenómenos provienen de decisiones humanas que generan lo que podríamos denominar como catástrofes de clase.

Efectivamente, sabemos sobradamente que cada catástrofe es un excelente indicador de la situación social y política de cada país, de su grado de desarrollo, pero especialmente, de las condiciones de vida de los más desposeídos, es decir, de la condición estamental y de clase del país y de sus habitantes. Ya sean ciclones o terremotos, huracanes o inundaciones, hambrunas o sequías, los pobres tienen un raro privilegio, probablemente uno de los pocos de sus desdichadas existencias: ser víctimas predilectas de estas catástrofes, protagonistas privilegiados de cada siniestro a los que añaden damnificados contabilizados en cientos de miles de personas.

Y aunque puedan ser naturales los orígenes de muchas catástrofes, no lo son en absoluto sus efectos, sino que tienen una responsabilidad claramente humana: la de mantener en países y ciudades a buena parte de la población viviendo en condiciones infames, sobre laderas de montañas frágiles, bajo casas levantadas con desechos que se transforman en tumbas cuando la naturaleza decide reivindicar su propio ser, entre basuras, o en medio de zonas pantanosas e inundables.

Un ritual cíclico

Y con cada catástrofe, nos hemos acostumbrado a un ritual cíclico dotado de su propio código de imágenes y símbolos que está acabando por desvirtuarse hasta extremos difíciles de comprender, siendo utilizado con altas dosis de oportunismo político y como un elemento más de consumo de masas para el flamante mercado de la solidaridad, mimetizado y repetitivo. Así, tras las primeras imágenes e informaciones sobre la catástrofe en los medios de comunicación vienen las primeras ofertas de ayuda, para lo cual se fletan aviones con material de emergencia acompañados por personal humanitario y enviados especiales que van a darnos cuenta de la catástrofe sobre el terreno. Al tiempo, se suceden las promesas de ayuda y las visitas fugaces de dirigentes políticos que realizan compromisos sin límite y quieren llevar en persona nuestras muestras de solidaridad y apoyo, comprometiéndose a no olvidar el país de cara a su reconstrucción. Posteriormente, y a medida que se reciben informaciones sobre la magnitud del drama y su coste en víctimas humanas, se realizan peticiones para recoger dinero por parte de las ONG, pasando a informar mediante anuncios y cuñas publicitarias de sus cuentas corrientes, poniéndose en marcha espectáculos solidarios de todo pelaje con la noble finalidad de recoger dinero para una futura reconstrucción, sin saber bien de qué ni en qué plazos. La comunidad internacional anuncia planes de reconstrucción y conferencias de donantes que difunden cantidades millonarias de ayuda para los próximos años, aunque con el paso del tiempo esas cantidades no llegan. Todo ello se acompaña de informaciones que van diluyéndose con el tiempo a medida que pierde interés la explotación mediática del drama humano y de sus imágenes icónicas, hasta que las informaciones sobre la catástrofe acaban por desaparecer por completo de los medios de comunicación. Probablemente otra nueva tragedia sustituya a la anterior y alimente de nuevo el bucle, o simplemente todo se mantenga latente a la espera de desplegar el ritual, si cabe con mayor énfasis.

La construcción de un capitalismo piadoso

Posiblemente todo ello sea necesario para abundar en una construcción intelectual basada en la idea de un capitalismo piadoso en sus respuestas así como en la manera de intervenir y aprovechar la ayuda humanitaria ante una catástrofe. Las imágenes que vemos habitualmente en los medios de comunicación cada vez que se produce una calamidad, como sucede ahora en Filipinas, debe llevarnos a pensar que, por encima de la necesaria solidaridad que estas catástrofes desatan, hay que poner en marcha mecanismos políticos supranacionales que obliguen a estos países a salvaguardar y proteger a su población para evitar que la generosa ayuda humanitaria se convierta en una simple caricatura de tanta desidia política durante décadas.

Bajo ningún concepto podemos renunciar a nuestro legítimo derecho a indignarnos ante las catástrofes que se suceden y mucho menos, dejar de mostrar lo mejor de cada uno de nosotros, haciendo llegar nuestros sentimientos y nuestro apoyo a tantas personas que sufren y lo necesitan; pero es ilusorio pensar que tanto desastre y tanta calamidad pueden solucionarse solo con la compasión de las ONG y la solidaridad de cada uno de nosotros, ante la ineficiencia de gobiernos y la voracidad de un sistema económico y político mundial en el que los pobres siempre son los perdedores.

Cada nuevo caso de corrupción en el que se ve imputado un político se convierte en un espectáculo obsceno de canto a una inocencia angelical que constituye un auténtico insulto a la inteligencia, a la ética, al sentido público y a todos los ciudadanos.

A medida que los casos de corrupción protagonizados por políticos han ido creciendo en los últimos años en España, se ha generado una importante polémica sobre la “presunción de inocencia”, un concepto tan manoseado como devaluado por implicados en estos procesos judiciales y por sus partidos políticos. Hasta tal punto que en este país, nos hemos acostumbrado a que ningún político imputado o procesado dimita, por graves que sean las acusaciones y contundentes sean las pruebas de cargo existentes, algo muy diferente de lo que sucede en el resto de países de nuestro entorno. Y cada nuevo caso de corrupción en el que se ve imputado un político se convierte en un espectáculo obsceno de canto a una inocencia angelical que hace el ambiente irrespirable, al pervertir hasta extremos insospechados explicaciones que constituyen un auténtico insulto a la inteligencia, a la ética, al sentido público y a todos los ciudadanos.

Quiero poner sobre la mesa diez reflexiones para reconsiderar el uso perverso que muchos responsables públicos hacen de esta presunción de inocencia, como un factor decisivo en el deterioro de la política en España y su progresivo rechazo de la ciudadanía. Estas diez reflexiones avanzan en los siguientes elementos:

1) Un procesamiento implica que existen pruebas racionales de criminalidad. Mediante el procesamiento, un juez o tribunal acuerdan la imputación contra una persona al finalizar la fase de instrucción de un sumario, dando paso al juicio. El procesamiento no implica la culpabilidad del acusado, hasta que finalice el juicio y lo determine un tribunal, si bien, exige la existencia de poderosas convicciones de culpabilidad por los instructores respecto a las imputaciones efectuadas, contenidas en el sumario y apoyadas en indicios racionales de criminalidad. El procesamiento es una fase en el procedimiento judicial que exige una investigación fundada, con pruebas acreditadas y obtenidas con las debidas garantías judiciales, todo ello bajo la supervisión de la fiscalía, que vela por el interés público y el respeto escrupuloso a las garantías procesales y judiciales. Nadie es procesado alegremente sin pruebas, y cuando se lleva a cabo una actuación de esta naturaleza se hace porque existen indicios racionales de criminalidad.

2) Las responsabilidades judiciales son distintas de las políticas. En modo alguno se cuestiona la presunción de inocencia en el ámbito judicial con arreglo a los propios requisitos procesales y criminales establecidos por las leyes hasta que lo determina un tribunal. Pero las responsabilidades judiciales que se derivan de una condena son muy distintas de otras responsabilidades previas que no se compadecen con las exigencias jurídicas, pero que no son menos importantes, como las responsabilidades políticas, las responsabilidades morales, las responsabilidades públicas y las éticas. Todas ellas deben tener como objetivo esencial el respeto escrupuloso a electores y ciudadanos, a las instituciones y a los valores éticos colectivos, algo que olvidan todos esos políticos que se refugian exclusivamente en la culpabilidad judicial.

3) En los delitos de corrupción no basta una absolución, sino la certeza de que no se ha cometido ninguna irregularidad, mentira o negativa a declarar. Cuando existen pruebas incriminatorias de corrupción contra responsables políticos derivadas del ejercicio de sus competencias, no basta con obtener una sentencia absolutoria, sino que la ciudadanía exige explicaciones inequívocas que demuestren que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad, tipificada o no como delito, especialmente en el ámbito fiscal y de evasión de impuestos. Al mismo tiempo, la presunción de inocencia es incompatible con las mentiras que utilizan con frecuencia muchos encausados en su defensa e incluso con su negativa a declarar, dándose la paradoja de muchos políticos procesados por corrupción que exigen presunción de inocencia demostrándose que han mentido de forma reiterada y negándose a declarar ante los tribunales cuando son citados.

4) Hay procesos en los que las pruebas acumuladas son de tal naturaleza que se produce una presunción de culpabilidad. En no pocos casos de corrupción las investigaciones judiciales han acumulado pruebas incriminatorias de tal naturaleza que, con independencia del fallo final que se pueda obtener tras el juicio, existe una culpabilidad moral y política evidente ante la que no cabe esconderse. De la misma manera que a quien mata a una mujer y se le detiene con un cuchillo en la mano se le llama asesino, sin esperar obtener una sentencia condenatoria firme, a aquellos políticos con pruebas inequívocas de corrupción deben ser apartado de la política sin dar pie a que se refugien en vericuetos procesales que se eternizan años o se obstaculizan indefinidamente, como hemos visto en algunos procesos.

5) En política no se puede permanecer en el cargo a cualquier precio. La acción política, bien por mandato electoral o por designación, debe estar presidida por el ejercicio del bien común y una ética pública irreprochable. La existencia de pruebas contrarias a ello por corrupción debe llevar a la sustitución del político afectado, en la medida en que es un principio básico de los partidos disponer de cuadros suficientes para asegurar cubrir pospuestos que se requieran. Pero además, la mayor parte de los políticos afectados por casos de corrupción llevan muchos años en cargos políticos, por lo que su dimisión debería formar parte de los procesos de sustitución naturales en las organizaciones políticas.

6) El apartamiento cautelar de un cargo político es lógico cuando existen pruebas incriminatorias relacionadas con el ejercicio de sus responsabilidades. En la sociedad, se producen apartamientos cautelares de personas imputadas en sumarios judiciales en los que se puedan producir riesgos durante el tiempo en que se obtenga una sentencia condenatoria. De la misma forma que existe la orden de alejamiento en procesos de violencia de género o se aparta de sus responsabilidades con niños a personas acusadas de pederastia, no es de recibo que responsables públicos relacionados con graves delitos de corrupción, malversación y apropiación de fondos públicos o fraude fiscal, puedan permanecer durante años en cargos políticos cobrando de los presupuestos públicos y con ello capaces de seguir cometiendo los mismos delitos.

7) La dimisión ante una imputación para un político acusado de corrupción es un factor clave para la regeneración política y ética de la sociedad. Ampararse en una presunta inocencia para que un político evite la dimisión del cargo desde el que se han cometido las imputaciones criminales por las que está acusado es un factor decisivo para dañar, deteriorar y erosionar la política y las propias instituciones. La exigencia de una ética pública ejemplar para responsables públicos y cargos electos es una condición imprescindible e innegociable para avanzar hacia un rearme moral de una sociedad harta de las trampas y del ventajismo de tantos responsables políticos que han contribuido a degenerar la vida pública.

8) Ampararse en la presunción de inocencia para evitar que un político dimita es refugiarse en privilegios ajenos al resto de la sociedad. De hecho, en la legislación laboral, cualquier trabajador puede ser despedido acusado de irregularidades que ni siquiera sean penales, con independencia de que éstas sean o no ciertas, siendo posteriormente en la jurisdicción laboral donde tiene que recurrir, sin que con frecuencia la demostración de la falsedad de esas imputaciones sirva para readmitirle en su puesto de trabajo.

9) La presunción de inocencia es exigida en no pocas ocasiones por quienes la niegan a los contrincantes y al resto de los ciudadanos. Los ciudadanos estamos hartos de contemplar el cinismo y desfachatez de muchos políticos que han exigido dimisiones, culpabilidades y responsabilidades fulminantes a sus opositores políticos, mientras que cuando ellos han sido procesados se escondan tras el burladero de una presunta inocencia y en la ausencia de sentencias firmes, que en el caso de España pueden demorarse hasta una década. Por otra parte, los trabajadores son despedidos o sometidos a ERE de forma fulminante y sin que siquiera existan motivos razonables para ello, mientras que aquellos políticos procesados por corrupción que han hecho una dejación evidente de sus obligaciones esenciales se eternizan en sus puestos, cobrando de los mismos presupuestos públicos sobre los que han delinquido.

10) Solo se exige para políticos pero nunca se aplica al resto de la población. Resulta muy llamativo que muchos responsables públicos no se cansan en exigir una presunción de inocencia que niegan a otros muchos ciudadanos, a los que criminalizan, acusan y persiguen simplemente por defender ideas distintas. Hace tiempo que para el resto de personas no existe esa misma presunción de inocencia que muchos responsables políticos exigen como un dogma de fe sagrado, cuando además, el resto de los mortales no tenemos acceso a la comisión de los delitos de corrupción que ellos llevan a cabo como consecuencia de sus responsabilidades.

Son numerosos los ejemplos que podemos poner a cada uno de estos puntos, con nombres, apellidos y siglas. Parece, por tanto, que ha llegado la hora de que en España se revise a fondo el abuso obsceno que muchos responsables políticos y sus partidos vienen haciendo de la presunción de inocencia, al ser un factor relevante en el deterioro de la política, en el alejamiento de los responsables públicos de la sociedad y en el propio descrédito institucional.