Los “padres” de la Constitución forjaron ésta en base a tres principios (entre muchos otros). Y son estos los principios y cómo interactúan entre ellos lo que está en juego en las negociaciones para investir el Presidente de la XV legislatura de España.

El primer principio es favorecer la gobernabilidad del Estado y de sus instituciones. Viniendo de donde veníamos, este principio era, sin duda, el más importante. Había que recuperar las instituciones, separar los poderes y, en definitiva, la soberanía para el pueblo y las ganas de gobernar(se) para éste.

El segundo es fomentar grandes consensos o, directamente, favorecer la creación de mayorías amplias en el diseño de las instituciones. También veníamos de donde veníamos, así que, si tenía que haber dos Españas, que una fuese lo suficientemente mayoritaria como para evitar, por construcción, episodios pasados. Es decir, que a simple vista fuese una única España.

Por último, como Españas haberlas haylas, el tercer principio de la Constitución –y especialmente las leyes que la desarrollaron después– era dar acomodo la diversidad de sentires y estares nacionales y plurinacionales que mejor o peor conviven en el estado español.

El problema de los trípodes es que, para que se sujete, las tres patas deben funcionar. Una forma de definir un trilema es que, cuando tenemos tres condiciones, solamente pueden cumplirse dos y que, precisamente por ello, la tercera queda automáticamente y por definición fuera de juego. En La paradoja de la globalización, el economista Dani Rodrik sostiene que de la tríada democracia, soberanía nacional e integración económica solamente podemos tener dos de las tres a la vez. Por ejemplo, si Europa se hace fuerte definiendo las leyes y la economía, los estados miembros pierden soberanía, etc.

La Constitución para la gobernabilidad basada en amplios consensos en una España plurinacional es, en el fondo, un trilema. Un trilema que, generalmente, se ha resuelto contra el tercer principio: las grandes mayorías del bipartidismo han favorecido la gobernabilidad a costa de los (mal) llamados nacionalismos periféricos. En los mejores casos, vendiendo estos el tercer principio a buen precio; en los peores utilizándose como arma electoral y vector de confrontación.

Pero el bipartidismo ha visto reducido su poder de determinar la balanza significativamente. Por una parte por el crecimiento de otros partidos, a derecha e izquierda del hemiciclo, que han hecho más difícil construir la gobernabilidad desde la mayoría numérica. Por otra, porque las mayorías no solamente se han hecho más exiguas, sino que han pasado a responder a varios ejes dando lugar a muchas más combinaciones: el consabido eje social, o derecha-izquierda; el eje nacional, nacionalidad española – nacionalidades periféricas; y el eje democrático, instituciones – antipolítica.

La gobernabilidad del estado, hoy, así como la estabilidad a largo plazo, ya no pasa por sumar mayorías, sino por aglutinar las minorías de la España plurinacional, aquel tercer principio que quedó en el artículo segundo para instrumentalizarlo hasta la saciedad.

La paradoja de la gobernabilidad es tener que sustentarse en fuerzas centrípetas que, no obstante, tienen en común el deseo de una buena gobernanza. Seguramente distinta, pero basada en el respeto por el pacto, por la negociación, por la deliberación. En definitiva, por las instituciones. Superada la visión fácil de ver todo como un “chantaje” o una “ruptura inconstitucional” está la oportunidad de utilizar la política para hacer política, para la toma de decisiones colectivas, de forma civilizada y dialogada. Y, ante todo, dinámica, flexible, constante.

Siendo como es un trilema, no se podrán tener las tres cosas: gobernabilidad, mayorías y minorías. Pero la gobernabilidad sigue siendo posible y es un error pensar que solamente puede conseguirse mediante mayorías que ya no existen, o que aglutinar minorías es una opción menos legítima o incluso contraria a la gobernabilidad.

Las nuevas mayorías se construyen, hoy, no tanto por el deseo de gobernarse de la misma forma, sino por el deseo de gobernarse y de gobernarse bien. Europa es un ejemplo de ello. En el otro extremo habita la antipolítica y la extrema derecha, es decir, lo contrario a las instituciones, a la gobernabilidad, a la estabilidad, al progreso, a los derechos, a los proyectos de país, sea el país el que sea. Esa es la verdadera pata inconstitucional del trilema que tenemos entre manos.

“Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo”

Los Chunguitos – Me quedo contigo

En las negociaciones –es un decir– entre España y Catalunya hay dos extremos de los que parecemos no salir.

Por una parte, aceptar que existe el derecho de autodeterminación y, en consecuencia, convocar un referéndum para preguntar a los catalanes si quieren quedarse en España. Y luego ver qué se hace con el resultado, especialmente si el resultado es irse. Esta opción tiene sus variantes: si votan sólo los catalanes o todos los españoles, si tiene que haber un mínimo de votantes, por qué margen tiene que ganar una opción sobre la otra (especialmente si implica ruptura), etc. Pero, en el fondo, se trata de un único tema: aceptado el referéndum, cuáles son las condiciones de celebrarlo y de interpretación de su resultado. Es lo que se ha hecho en Canadá para el caso de Quebec, o en el Reino Unido con el caso de Escocia.

Por otra parte, no aceptar que existe el derecho de autodeterminación, que la Constitución no permite según qué preguntas y mucho menos qué libertades, que los territorios deben ser solidarios entre ellos sin condiciones ni dudas sobre los sistemas de solidaridad interterritorial, que el artículo 2 de la misma Constitución debe respetarse sobre todo hasta la segunda coma pero lo que viene más allá es un añadido sin demasiada importancia, que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid porque de eso se trata, en definitiva, cuando hablamos de y desde la corte española.

Existe, se supone, una tercera vía, la normalmente referida vía federalista y defendida por aquellos que se sitúan en un punto equidistante entre la vía del referéndum y la vía del nada de nada. El federalismo supone un pacto entre todas las partes, a saber, el estado federal y el estado federado. Cuando una de las partes se siente agraviada, lo normal por parte de la federación es analizar y, si procede, aceptar que existe un cierto agravio o dejadez del Estado –administrativo, fiscal, cultural, identitario, etc.– con respecto al estado federado y ver cómo se resuelve.

En la vía federalista –y, por construcción, plurinacional–, la solución pasa por identificar los puntos calientes del desencuentro y pactar políticas públicas para deshacer los desequilibrios percibidos: transferir más competencias al gobierno federado (aquí, autonómico), recalcular la financiación descentralizada (o rehacer el modelo de financiación, en los casos más osados), acordar inversiones estatales en territorio o según intereses autonómicos, etc. Esta opción, a diferencia del caso del referéndum, no tiene condiciones: se pactan estos desarrollos políticos y se confía en que cada una de las partes cumpla.

No ha sido este el caso español. Como no existe tal federación, los pactos no son vinculantes. A lo sumo se pedirá a los diputados (mal llamados) nacionalistas el apoyar un pacto de investidura o de gobierno, y al gobierno central cumplir con lo pactado.

Si el estado español quisiese ir virando hacia un modelo federal, como algunos partidos de centro e izquierda han ido proclamando para “parar el reto secesionista” a la vez que “reconocer el factor plurinacional” de España, habría que ligar compromisos de los federados con compromisos del estado federal. Lo que en otros países realmente federales serían las condiciones de quedarse en la federación.

Una federación es una suerte de contrato entre unos y otros. En el caso español, cabría esperar de un movimiento pro-federalista que partiese de la elaboración de dicho contrato, algo que transciende la Constitución “que nos dimos entre todos” y que no es, en absoluto, de corte federal.

Para poder transitar de un marco centralista a otro federal el punto de partida más obvio sería el statu quo: a saber, que España es la que es hoy y ahora el modelo confederal que algunas ramas del federalismo proponen es el opuesto. El punto de partida no es la confederación, sino estados independientes que deciden unirse en ese nuevo estado confederal.

En este punto, cabría los impulsores de una España federal real iniciarían el redactado del acuerdo marco de la federación. Se evaluarían las necesidades y aspiraciones de los estados federados –en materia de administración, fiscalidad, cultura, identidad, etc. –y se pactarían los prescriptivos acuerdos el Estado federal y los estados federados. Estos acuerdos irían ligados a una temporalidad determinada, al final de la cual un comité independiente auditaría el alcance de su cumplimiento.

A diferencia, no obstante, de lo que ocurre habitualmente entre el Estado español y las autonomías, el incumplimiento de los acuerdos sí tendría consecuencias y daría no solamente legitimidad, sino también plena legalidad a un referéndum de autodeterminación de forma automática y de carácter vinculante.

Quien pide un estado federal para España no puede pedir menos que esto. Que el estado se comprometa en el sentido más literal de la palabra a tener en consideración las reivindicaciones de sus territorios federados. A su vez, que éstos se comprometan a dar estabilidad política y social al conjunto del estado. De romperse el pacto, el problema se resolvería votando, pero sin regateos: habiéndose acordado su posibilidad y su modalidad.

Cabría ver qué recepción tendría este modelo entre el movimiento independentista catalán (o vasco). Por ahora no lo sabemos, dado que nadie ha hecho una propuesta de este tipo –probablemente porque, federalista, no hay federación: se hace federalismo al federar.

Muchas de las aproximaciones que estos días se han hecho sobre el proceso de independencia de Cataluña se han basado o bien en la legalidad o bien en las instituciones, es decir, qué dice la ley o qué pueden hacer los distintos agentes institucionales (gobiernos, parlamentos). Querría poner el foco en las opciones que se barajan desde el independentismo como movimiento, no para valorarlas, justificarlas o suscribirlas, sino para contribuir a la comprensión del estado del tablero de juego.

La primera cuestión a poner sobre la mesa es la cuantificación de la mayoría soberanista en Cataluña. Aproximadamente un 75% de los catalanes pide que haya un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Estos datos prácticamente se han mantenido constantes a lo largo de los últimos años o han subido. Podemos afirmar objetivamente que hay una gran mayoría de catalanes por el derecho a decidir.

Frente a esta opción, en el estado español, quienes deberían dar curso a esta petición se sitúan en el extremo opuesto. En el Congreso, solamente PP, PSOE y Ciudadanos suman ya más del 70% de escaños, mientras que en el Senado son más del 80%. Estos tres partidos siempre se han opuesto a un referéndum. Podemos afirmar objetivamente que hay una gran mayoría de representantes españoles contra el derecho a decidir.

Este es el escenario: dos grandes mayorías con pareceres diametralmente opuestos en una materia básica a partir de la cual se deriva prácticamente todo el resto. Así que éste es el primer escollo, si no insalvable, ciertamente difícil de aproximar, dado que el tema es visto como algo fundamental e irrenunciable por ambas partes.

Eliminada la vía refrendataria solamente queda la vía de la declaración unilateral de independencia (DUI) — más adelante hablaremos de las elecciones.

Quienes defienden la DUI suelen alegar dos motivos principales: (1) que ya se ha votado suficiente, que el 27S dio mayoría en el Parlament, que el 1Oct dio la opción de votar (y salió sí) y que es legítima y legal en este contexto; (2) de carácter más instrumental, que tener un estado permite aprobar leyes que no entrarán en contradicción con otras leyes de orden superior (como la Constitución, porque no las hay en un nuevo estado independiente), que permitirá interlocutar con otros estados para negociar el reconocimiento de las propias acciones y que, en definitiva, permitirá celebrar un referéndum legal (dentro de la legalidad del nuevo estado) y vinculante de “confirmación” del nuevo estado… o bien de regreso a España.

Sin ánimo de valorar las múltiples objeciones que se puedan hacer al párrafo anterior, si nos ceñimos al ámbito y punto de vista independentista, la DUI presenta dos problemas de enorme magnitud tanto para el independentismo como para la sociedad catalana en general. La primera es que, de darse con una mayoría ajustada (como es el caso actual), puede intercambiar legitimidad por legalidad. Es decir, si en estos momentos el independentismo defiende que la legitimidad del movimiento está por encima de la legalidad española, puede darse el caso que la DUI consiga la legalidad que otorga un nuevo estado, pero pierda por el camino la legitimidad de haberse declarado con unos apoyos demasiado ajustados. El segundo problema, obviamente, es la reacción del estado español. Esta reacción, además, puede amplificarse por la reacción de la minoría (pequeña o grande) que, viendo una DUI ilegítima, decida unirse a la contestación que haga el estado español.

Recapitulemos lo dicho hasta ahora: mientras la mayoría ciudadana en Cataluña está por el derecho a decidir, las instituciones estatales están totalmente dominadas por partidos (y por sus bases) que no tienen ninguna intención de reconocer un referéndum ni, por supuesto, a Cataluña como sujeto político. Así, la probabilidad de que ambas partes accediesen a realizar un referéndum vinculante son escasas, ni aún con mediación internacional. La DUI, aunque sin el amplio reconocimiento del referéndum, tiene el apoyo de partidos y, sobre todo, entidades (ANC, Òmnium Cultural), y parece ser el corolario natural al 1 de octubre — contemplado en la Ley de Transitoriedad — a pesar de los enormes riesgos que conlleva.

¿Por qué, entonces, se insiste en la declaración unilateral de independencia?

Básicamente, por eliminación de otras alternativas.

La renuncia al referéndum prácticamente no se plantea incluso en los sectores que lo utilizarían para votar en contra de la independencia.

Es más, no solamente el referéndum es visto como irrenunciable, sino que, además, goza de mala prensa. Si el entorno españolista (llamémosle así a falta de un nombre mejor) es más que reacio a sentarse a una mesa para hablar de un referéndum de independencia pactado y vinculante, desde el independentismo la percepción es que votaciones ya ha habido, y no pocas: hasta cinco llegan a contar algunos. La primera, no estrictamente independentista, la del Estatuto de Autonomía de 2006. Aprobado por mayoría en el Parlament de Catalunya, aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados, refrendado por mayoría por los ciudadanos de Cataluña (todo tal y como marca la Constitución), fue desbaratado en 2010 por el Tribunal Constitucional. A las consultas municipales sobre la independencia de Cataluña (segunda votación), celebradas entre 2009 y 2011 en una cuarta parte del territorio catalán, siguió (tercera votación) la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 (o 9N). A ello siguió una cuarta votación, las elecciones al Parlament de Catalunya de 27 de septiembre de 2015 (27S), que muchos consideraron “plebiscitarias” porque, de ganar los partidos independentistas, se iniciaba una “hoja de ruta” hacia la independencia. Por último, la convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 (1Oct). Estas cinco votaciones, todas ellas recibidas con gran rechazo desde la mayoría españolista, han convertido la vía de la votación en una vía a desconfiar por parte del independentismo. Tantas veces se votará, tantas se rechazará.

Por supuesto, la variante consistente en una convocatoria de elecciones cae en la misma categoría que el referéndum en el mejor de los casos (plebiscitarias), o se interpreta como una marcha atrás (autonómicas) que, además, deja a los ciudadanos y las instituciones catalanas a merced de la política del estado español para con Cataluña (poco previsible de mejorar, muy previsible de empeorar — siempre según percepciones).

Así, cuando, en entornos soberanistas o independentistas, se propone realizar una nueva votación, quienes no la rechazan de plano se limitan a elevar las demandas: no solamente tiene que ser pactada, legal y vinculante, sino que tiene que venir avalada por la comunidad internacional. Es decir, o Europa la tutela e incluso garantiza la aplicación del resultado (incluyendo las derivadas de reconocimiento internacional) o no vale la pena meterse otra vez en un bucle del cual no hay salida más allá de la repetición hasta la extenuación.

Si no hay marcha atrás — y el independentismo no renunciará a sus aspiraciones porque las cree legítimas — y de las dos salidas que hay el referéndum ha perdido toda la confianza por ambas partes, solamente queda ya la DUI. Además de las “ventajas” apuntadas más arriba sobre la declaración unilateral, esta opción tiene otros puntos “fuertes”: acaba de una vez por todas con el proceso de independencia, que ha agotado ya a todo el país; supone una amnistía de facto para los muchos encausados judicialmente durante los últimos meses — y los muchísimos otros que se espera que están por llegar en los próximos —; y abre el proceso constituyente, horizonte que goza de muchas simpatías tanto en el sector independentista (lógicamente) como en el sector de la nueva izquierda del ámbito de los Comunes/Podemos, con lo que se podrían restañar con cierta rapidez las heridas de una secesión hecha con una ajustada minoría.

Y no hay más.

Puede uno comprender los motivos, puede uno justificarlos o puede uno hasta compartirlos. O todo lo contrario: ni compartirlos, ni justificarlos, ni tratar de comprenderlos. Pero, a 2 de octubre de 2017, ésta es la partida. El independentismo no tiene marcha atrás. En parte por convicción (el derecho a decidir), en parte por extenuación (no más votaciones espurias), en parte por necesidad (no más ponerse a los pies de los caballos de las instituciones españolas).

Cuando en las últimas horas se ha tratado de hacer llamadas a la no-violencia, a la calma, al diálogo, éste es el escenario que contempla el independentismo. Y éste es el escenario que, desde la política — no desde la ley, y por supuesto no desde la fuerza — hay que tener en cuenta. Cualquier iniciativa de mediación o de acercamiento que pueda darse en los siguientes días debe tener en cuenta esta peculiar y simple a la vez que compleja situación política y social en Cataluña. No porque el independentismo tenga o no la razón, sino porque la política, más que atender a razones, atiende a realidades. El resto es perder el tiempo. Y empeorar las cosas.

Creo que no es exagerado afirmar que el poder legislativo desconoce Internet. Lo que es desconocido se teme. Y lo que se teme se vigila, se controla y se limita. Cuando no se puede hacer desaparecer

La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Cassandra Vera, que publicó en Twitter chistes sobre Carrero Blanco y con mención explícita a la banda terrorista ETA.

Con el texto de la ley en la mano, da la impresión que la sentencia es una sentencia técnicamente bien aplicada. Técnicamente significa que nos ceñimos estrictamente al texto, y no al espíritu, y que somos capaces de abstraernos de todo el contexto histórico, político, cultural y social que envuelve al caso. Pero ni las normas son un texto, sino una transcripción de un espíritu, de una voluntad, incluso de una práctica social, ni ninguna acción puede detraerse de su entorno, de su naturaleza tan humana como social.

En este sentido, en mi opinión fallan tres piezas en el rompecabezas de la sentencia sobre el Caso Cassandra.

El poder legislativo

La sentencia tiene su origen en la ley o en las leyes. Leyes que diseña, redacta y aprueba el Parlamento. Hay dos puntos donde el engranaje del legislativo, en mi opinión, es discutible.

El primero es en su comprensión de Internet. El Parlamento español -como muchos otros- ha tenido históricamente dificultades para comprender el funcionamiento de Internet, tanto su funcionamiento técnico como social. Cuestiones como la propiedad intelectual, la creación cultural, la economía colaborativa (la que lo es de verdad y la que se hace pasar por ella), las relaciones interpersonales y grupales, la salvaguarda y distribución de información, etc. son espacios pantanosos donde el Parlamento se ha enfangado.

Internet tiene, en el Código Penal, un trato favorable. O, mejor dicho, desfavorable. Así, en el artículo 578 sobre enaltecimiento del terrorismo, se castigará más duramente si los hechos han tenido lugar en Internet. Tres cuartos de lo mismo sucede con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, o Ley Mordaza, con muchos pasajes inspirados en prácticas digitales, aunque no figuren explícitamente como tales.

Creo que no es exagerado afirmar que el poder legislativo desconoce Internet. Lo que es desconocido se teme. Y lo que se teme se vigila, se controla y se limita. Cuando no se puede hacer desaparecer.

Se añade, aquí, otra cuestión, que no es otra sino hacer distinción entre dos tipos de delitos de odio: los que van contra víctimas del terrorismo y los que van contra otro tipo de víctimas. Este sesgo -que tiene resonancias desde la Ley de Partidos hasta las varias reformas del Código Penal- puede tener su justificación desde el punto de vista de quien comete el delito, pero es más difícil de justificar desde el punto de vista de las víctimas, como veremos ahora.

El poder ejecutivo

Es bien sabido que el éxito de una Ley no está en el Parlamento sino en los presupuestos. Si el Parlamento propone una Ley, es el ministerio correspondiente el que la aplicará con mayor o menor compromiso en función de los recursos asignados -recursos que son asignados políticamente-. En España, el Ministerio del Interior es el que controla la policía así como, de facto, el que controla a la Fiscalía. Es, por tanto, el ministro el que decide qué delitos se persiguen con más o menos ahínco.

Que haya una Operación Araña contra el enaltecimiento del terrorismo y no contra la homofobia o la xenofobia responde a motivos políticos. Es legítimo concentrar los esfuerzos allí donde uno considere pertinente -igual de legítimo que no compartir dicho criterio-.

Legitimidades al margen, el ministerio ahonda en el sesgo sobre el trato “deferencial” en la lucha contra el terrorismo y en defensa de sus víctimas. En ese sesgo hay un juego de equilibrios elemental: a mayor control y mayor seguridad, más dañados los derechos humanos fundamentales, entre ellos, la libertad de expresión.

Esta preferencia por la “paz social” basada en la “seguridad” es lo que ha sido luz de faro de la actuación del ministerio del Interior en general, y de los cuerpos de seguridad del estado en particular en los últimos años y, por extensión, desde la Transición misma.

El poder judicial

Por supuesto, el diseño de las leyes del Parlamento y el afán para su cumplimiento por parte del ejecutivo podrían corregirse -compensarse, matizarse, afinarse- en los juzgados. No ha sido así.

En la sentencia del Caso Casandra hay dos cuestiones que no hacen sino agravar esta separación entre sociedad y marco regulatorio a medida que la solución a un problema transita por cada uno de los tres poderes.

La primera cuestión es cuando se dice que en esta clase de delitos es importante no sólo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizadas, su contexto y las circunstancias concomitantes. Es aquí -y obviamente la mía es una opinión personal- donde doy la razón a la Audiencia Nacional y se la quito en su sentencia. Le doy la razón en que el sentido y el contexto cuentan. No comparto el sentido en el que interpreta el sentido y el contexto. La ley -y el Parlamento, y el Ministerio, y la Policía, y el Poder Judicial al completo- toman Internet como un espacio abierto, un ágora pública, un medio de comunicación. Técnicamente así es. Pero el uso social e individual de Internet en general, y de Twitter en particular, dista mucho de estar tan claro. Igual que muchos consideramos el correo electrónico como lengua oral transcrita (y no como lengua escrita), las redes sociales son, en muchos casos, un bar o un comedor de casa… con paredes de cristal y altavoces a los cuatro vientos.

No es un juego de palabras ni una justificación ni una patente de corso para portarse de forma grosera y ofensiva. Pero ahí es donde la justicia tendría margen, y en lugar de situarse en el centro del carril, se arrima a uno de los extremos de la interpretación más literal, obviando los usos sociales de la tecnología y los espacios virtuales. Apurando el margen, la justicia también opta por ser más punitiva que correctiva, por no hablar de la pedagogía de la prevención.

La segunda cuestión es, sin embargo, mucho más delicada por las conclusiones que de ella pueden extraerse. Reza la sentencia que

Lo que dice la sentencia es que no importa quién fue Carrero Blanco. No importa que fuese, durante muchos años y especialmente en el momento de su muerte, la mano derecha de un militar levantado en armas contra un gobierno legítimo, que llevó al país a una Guerra Civil, que mantuvo a dicho país y sus derechos bajo su yugo dictatorial durante 40 años. No importa tampoco que, en términos estrictamente politológicos, no son equiparables la ETA de la dictadura con la ETA de la democracia, movimiento asimilable a la liberación de la dictadura el primero, movimiento indudablemente terrorista el segundo. No hace distinción, pues, la Audiencia Nacional, entre víctimas del terrorismo: entre el verdugo convertido en víctima por un grupo que se oponía a su régimen dictatorial, y la víctima inocente que ha defendido democráticamente sus ideas de aquéllos que no han sabido incorporarse al debate no violento de las ideas.

Tres piezas, todas las del Estado de Derecho, fallan en el Caso Cassandra. Falla el legislativo, aterrorizado por una Internet que desconoce y que quiere controlar cuando no demonizar. Falla el ejecutivo cuando induce sesgos ideológicos y políticos en la persecución de unas víctimas en detrimento de otras. Y falla el judicial cuando, además de no comprender la sociología de Internet y las redes sociales, da pruebas, una vez más, que España no ha superado el franquismo y que el post-franquismo todavía marca la agenda pública: no osemos opinar, ni que sea de la forma más grosera, aunque tengamos los medios telemáticos para hacerlo; no reivindiquemos la lucha contra el odio porque lo que es odioso ya se encargará el gobierno de definirlo; y, sobre todo, no toquemos los pilares de la patria.

En definitiva, que hagamos como él, y que no nos metamos en política.

No sin cierta discrecionalidad, podemos identificar dos momentos esenciales en la historia que nos permiten navegar río arriba hasta la fuente donde nace el Estado del Bienestar. El segundo momento, y con un alto grado de consenso, es la puesta en marcha del programa de recuperación para Europa, más comunmente conocido como Plan Marshall (1948-1951). En él, no solamente se reconstruía, literalmente, el viejo continente, sino que además se hacía con la vista muy puesta en una construcción del tejido social mucho más allá del tejido económico. No en vano, el grave deterioro de ese tejido social era uno de los motivos que habían llevado a las dos aniquilaciones continentales de la primera mitad del siglo XX.

Estableciento un (esperemos que no muy forzado) paralelismo con el Plan Marshall, queremos situar el otro gran momento en el llamado New Deal: el programa (1933-1936) del presidente Franklin D. Roosevelt para reconstruir los Estados Unidos de América aniquilados por la Gran Depresión iniciada con el Crack de 1929. Dicha reconstrucción, también se hizo con un fuerte componente social, que aunque pueda parecer timorato a ojos europeos, sí supuso decididos pasos hacia delante en materia de derechos del trabajador y protección social.

Tras estos planes, más allá de anhelos de gente bondadosa, altruista y filantrópica, había como mínimo tres grandes lecciones aprendidas tanto en los conflictos bélicos como en los conflictos económicos y financieros: que el libertinaje (que no libertad) en lo socioeconómico genera desigualdad; que la desigualdad (excesiva) genera tensiones que perjudican a la convivencia y, directa e indirectamente, a la economía; y que las tensiones mal resueltas y agravadas, acaban con el caos y la destrucción. Así, más allá de los anhelos bondadosos, tras la creación de un tejido social sólido capaz de parar las caídas de los más desafortunados está la idea de crear un sistema económico sano, innovador, incluso intrépido, sin que los excesos arrastren a todo el colectivo al fondo.

Cuando el estado Español recibe, durante la primavera de 2010, la enésima pero última comunicación respecto al efecto arrastre hacia el fondo de los excesos cometidos en la década anterior –agravados, precipitados o puestos a la luz por la crisis financiera de occidente- el aviso que se da es que hay que olvidarse de lo aprendido durante el Crack del 29 y las dos grandes guerras, así como deshacer el camino andado durante el New Deal americano, durante el Plan Marshall y durante el rebufo de ese plan que en nuestro particular caso llegó a plazos a medida que fuimos abriéndonos, primero, e incorporándonos, después, a Europa.

Cumplidos tres años del Plan Urgente de Recorte de Gastos de 12 de Mayo de 2010 y vistos en perspectiva esos tres años, se antoja necesario reetiquetar lo que hemos ido etiquetando como recortes. Vistos en conjunto, esos recortes son un cercenar, un desmantelamiento en toda la regla del pacto social sobre el que debe edificarse una convivencia y un legítimo plan de mejorar el bienestar de una comunidad. Los tres años de recortes no contienen prácticamente ni un solo cambio estructural que permita, aunque con cambios, mantener el esqueleto del Estado del Bienestar y sus funciones básicas. Han sido tres años de debilitar la convivencia, de agravar el conflicto, de poner al límite lo que cohesiona una comunidad antes de que estalle o antes de que se deje morir, lo que ocurra primero.

Se achaca a las ciencias sociales que sus previsiones son a menudo erróneas y que solamente aciertan cuando se atreven a explicar el pasado, jamás el futuro. Esa crítica no tiene en cuenta que la ciencia ya nos dice mucho: dónde no hay que pisar para no volver a tropezar, cuáles son los errores que no hay que volver a cometer. Y parece que los estamos resiguiendo todos, uno por uno, hasta que completemos el círculo.