Decidir quién era mejor profeta, si Orwell o Huxley, se ha convertido en un lugar común desde que Michel Houellebecq planteó el debate en Las partículas elementales. ¿Qué distopía ha triunfado? ¿En qué infierno vivimos, en el de la ultravigilancia de 1984 o en el de la estupidez de Un mundo feliz? Es un debate que para los lectores de Philip K. Dick está superado desde hace mucho tiempo: es la estupidez la que ha construido la peor distopía paranoica que nadie –salvo Dick, por supuesto– habría podido imaginar. Somos esclavos de la cibervigilancia por nuestras propias decisiones.

Nadie nos ha obligado a comprar un teléfono móvil cuyo sistema operativo está diseñado para monitorizar la actividad del usuario en todo momento, resolviendo mediante algoritmos las cinco preguntas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde y por qué. El sistema operativo sabe antes que usted cuándo engañará a su pareja, con quién, el día de la reserva del hotel, el hotel, y también el por qué. Aunque usted todavía no imagine siquiera que se va a convertir en infiel.

El departamento de precrimen imaginado en El informe de la minoría ya existe, pero es privado. Las empresas que lo controlan no tienen el más mínimo interés en perseguir delitos, porque eso no es rentable, y lo que no es rentable es mucho mejor dejarlo en manos del Estado. Pero saber las motivaciones últimas de todos los usuarios de un teléfono permite predecir su actividad en todos los aspectos de su vida, empezando por el más importante para las empresas que controlan el sistema: nuestros hábitos de consumo.

Empezamos de una forma inocente, aceptando que un algoritmo leyese nuestros correos de forma automatizada para conocer nuestros deseos de compra y ofrecernos anuncios personalizados. Aceptamos las condiciones de redes sociales que nos han llevado a un exhibicionismo absoluto sin vuelta atrás. Hemos permitido que las apps de navegación monitoricen todos los negocios que visitamos. ¿Y a estas alturas alguien se atreve a hablar de derecho al olvido? El olvido no es un derecho, es un privilegio al que hemos renunciado a cambio de nada.

Tras la publicación de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, las fuerzas policiales que investigan ciberdelitos pueden acceder, pero solo con autorización judicial, a todos los contenidos digitales alojados en nuestros dispositivos electrónicos.

Para ello, deben aportar a la autoridad judicial indicios de que la persona a la que se pretende investigar ha podido cometer un delito. Y la autoridad judicial, tras consultarlo al ministerio fiscal, puede acordar o no un volcado de la memoria de nuestros dispositivos, para que el departamento de criminalística de la policía pueda analizar aquello que obra ya en poder de las empresas tecnológicas desde hace mucho tiempo.

Mediante la nueva normativa, además de regular las escuchas telemáticas, la instalación de dispositivos de geolocalización o los registros de material informático, se ha modificado el artículo 282, apartados 6 y 7, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con este redactado:

6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.

7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.

Obsérvese que la nueva ley permite incluso que la policía intercambie archivos ilícitos con un investigado, por ejemplo, en casos de pornografía infantil, o hacer fotos y grabar sonido en el interior de un domicilio. Pero en todos esos casos hace falta la intervención del poder judicial. Pues bien, algo tan íntimo como lo que pasa en nuestra alcoba puede estar siendo grabado por el último altavoz inteligente que hemos llevado a casa. Sin permiso judicial, porque le hemos dado nuestro consentimiento pronunciando la frase mágica que nos convierte en sus esclavos: “Ok, Espía, soy imbécil”.

No lo hemos visto todo: la distopía todavía puede empeorar. Cruzar los datos de navegación de los ciudadanos con sus rasgos faciales es absolutamente trivial cuando se dispone de toda la información. Lo que está haciendo China de forma declarada se puede estar haciendo en secreto por gobiernos y corporaciones, con la colaboración desinteresada de usted mismo, cada vez que se hace una autofoto y la sube a la nube.

No se puede revertir esta situación, desengáñense. La única forma de vivir en la aldea global es asumiendo que vivimos efectivamente en una aldea global: una aldea donde todo el mundo nos conoce. Y donde paradójicamente, tenemos muchas más garantías de privacidad frente al Estado que frente a las empresas tecnológicas.

Cuenta la mitología griega que Apolo otorgó a Casandra el don de la profecía, pero después la maldijo para que nadie creyese sus augurios. Vuelvan al primer párrafo: la maldición de los cuatro grandes evangelistas de la ciencia-ficción es que se hayan tomado sus advertencias como simples novelas de entretenimiento. Orwell, Huxley, Dick y Houellebecq nos advirtieron de lo que venía: la culpa de no haber escuchado es solo nuestra.

Tomo prestado para este artículo el título de la última novela de Juan Soto Ivars, que a su vez está inspirado en una frase del premio Nobel Knut Hamsun, incluida en su novela Hambre. El juego de palabras distópico se puede completar con El informe de la minoría, de Philip K. Dick, donde aparece por primera vez el concepto de precrimen. Sirva todo ello para reflexionar sobre los delitos informáticos y prohibiciones que nos traerá el futuro.

Internet llegó al gran público en España en 1995, prácticamente al mismo tiempo que el nuevo Código Penal, donde se incluyeron por primera vez delitos como el descubrimiento y revelación de secretos por vía telemática y los daños informáticos. Desde aquel tiempo idílico de la Internet primigenia, donde todo era posible, no ha dejado de crecer el número de conductas prohibidas: cada nuevo gobierno ha añadido nuevos delitos informáticos a nuestro sistema legal. Por eso cualquier previsión de futuro pasa por intentar adivinar cuál será la próxima prohibición.

El Código Penal ha sufrido diversas reformas desde 1995 y en buena parte de ellas se han diseñado delitos en beneficio de grupos de presión económicos. Por ejemplo, en la reforma de 2003, el gobierno Aznar puso fin a la guerra del fútbol con un regalo a su antiguo adversario y criminalizó en el artículo 286 la descodificación no autorizada de la televisión de pago. En la reforma de 2015, Rajoy incrementó las penas por delitos contra la propiedad intelectual en favor del lobby de los derechos de autor, hasta el punto de tener mayores penas que la tenencia de pornografía infantil.

En los últimos años, la obsesión de nuestros legisladores ha sido impedir el ejercicio del derecho a la protesta mediante la interacción de agitación callejera y redes sociales. En 2010, bajo el gobierno Zapatero, se criminalizaron los ataques de denegación de servicio (verdaderas sentadas virtuales) que habían sufrido instituciones como la SGAE y el Ministerio de Cultura. La última reforma, de 2015, con mayoría absoluta del Partido Popular, criminalizó la convocatoria de manifestaciones por Internet, al tiempo que se incrementaba hasta el delirio la persecución de la libertad de expresión en la red.

La nueva regulación de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, que en determinadas ocasiones pueden ser considerados terrorismo, pone en una difícil situación al periodismo de investigación basado en filtraciones de hackers o whistleblowers. Se ha llegado a criminalizar como un delito de peligro abstracto la simple entrega a terceros de una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información, aunque la intrusión informática efectiva no se llegue a consumar. Para evitar que el director de un periódico pueda acabar entre rejas por publicar determinadas exclusivas que afecten al poder económico, será necesario en los próximos años legislar para garantizar un estatuto de protección a los denunciantes de corrupción.

Con los antecedentes expuestos, hemos de ser necesariamente pesimistas en lo que se refiere a las próximas reformas. No quiero dar demasiadas pistas a los censores del futuro, así que me centraré en los delitos que pueden cometer los guardianes para incriminarnos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de medidas de investigación tecnológica ha puesto en manos de las fuerzas policiales herramientas altamente intrusivas de la privacidad, como la posibilidad de instalar software espía en los ordenadores de personas investigadas o que agentes encubiertos compartan archivos ilícitos para introducirse en organizaciones criminales. Ambas medidas se prestan al abuso policial.

Un crimen del futuro que debería regularse y perseguirse es la práctica, cada vez más extendida, de interrogar a los investigados sin leerles los derechos y sin presencia de abogado. En multitud de ocasiones, cuando se dicta un auto judicial de entrada y registro, para investigar un delito informático, los agentes se personan en el domicilio del investigado y proceden a incautar todos sus dispositivos informáticos. Si en el curso de dicha diligencia la policía pregunta al investigado acerca de sus contraseñas, esa pregunta es un interrogatorio policial sin derechos y sin abogados. Se está vulnerando el derecho a no declarar contra sí mismo y esa vulneración debe determinar la nulidad de las pruebas obtenidas y, en su caso, ser perseguida como delito.

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, es otro ejemplo de cómo el poder político legisla para dificultar el derecho a la protesta: buen número de las actividades que prohíbe eran lícitas en los días del 15M y, de hecho, la Ley Mordaza se aprobó para hacer imposible otro ejercicio colectivo de desobediencia civil como el de mayo de 2011. Olvida el legislador convertido en censor que el desarrollo de las redes sociales en los próximos años puede hacer innecesarias las medidas de protesta callejera, donde podemos ser videovigilados con cámaras o infiltrados mediante agentes provocadores. Quizás para evitar el crimen de estado del futuro tengamos que organizar un 15M donde no sean necesarias las calles: al fin y al cabo, la batalla definitiva contra el poder y por el control de la opinión pública se está trasladando a las redes.

Querría acabar este humilde ejercicio de derecho-ficción con una reflexión sobre la reciente sentencia estadounidense por la que se considera ilícito que el presidente Trump bloquee en Twitter las críticas de los ciudadanos. El político tiene muchas formas de dirigirse a los ciudadanos, pero muchos ciudadanos solo tienen las redes sociales para exigir responsabilidades a los políticos. Quizás en el futuro Código Penal español esa particular forma de censura previa tenga que ser considerada delito. De momento, el artículo 542 del Código Penal vigente establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años para la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

Hay mucha confusión sobre el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Congreso de los Diputados. Son muchas las dudas de internautas y empresas de internet sobre el alcance de la censura que viene, y en no pocas ocasiones, se mezclan conceptos que nada tienen que ver. El objetivo de este artículo no es otro que diferenciar dos conflictos distintos: el canon AEDE, por un lado, y la censura administrativa de internet, por otro.

Con respecto al llamado canon AEDE, lo que se regula en el proyecto, en su artículo 32.2. es el ejercicio del derecho de cita por parte de agregadores de contenidos, que no requerirá autorización, pero que genera una deuda de carácter civil, en forma de compensación equitativa que deberán cobrar los editores de los contenidos.

El canon AEDE es injusto, y generará muchos conflictos jurídicos. Pero debe quedar claro que el impago de dicha compensación equitativa no permitirá iniciar un procedimiento ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, previsto para otras situaciones que a continuación explicaré. Dado que los enlaces de los agregadores apuntan a la fuente original, la actividad no es ilícita: el ejercicio del derecho de cita genera una deuda, pero no vulnera derechos dado que no requiere autorización, lo que impide que actúe la Comisión de Propiedad Intelectual. Si una entidad de gestión de derechos de autor quiere reclamar el canon a un agregador, deberá hacerlo ante la justicia ordinaria, como cualquier otra deuda civil, pero no podrá pedir a la Comisión Sinde que cierre, bloquee o cancele el dominio del sitio web.

El mayor ataque a las libertades de la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra en el artículo 158 ter, donde se regula el procedimiento ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Y ahí sí que opera la censura administrativa con todo su rigor, por las siguientes razones:

1 - El procedimiento se puede iniciar contra cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet, sea por alojar obras protegidas, o por publicitar la difusión de las mismas mediante listados clasificados de enlaces, sin autorización de los titulares de derechos de autor. Cualquier persona física o jurídica que opere en internet puede ser denunciada, tanto si son webs de enlaces, como blogs, foros, redes sociales o wikis.

2 - La Sección Segunda, conocida popularmente como Comisión Sinde, podrá adoptar todo tipo de medidas para interrumpir la difusión de obras protegidas o enlaces a las mismas, ordenando el cierre de la web al infractor o a su proveedor de hosting, cortando su financiación publicitaria y sus medios de pago, bloqueando su acceso desde España, o incluso cancelando su dominio .es

3 - La reforma convierte en cómplices forzosos de la censura a intermediarios de internet, agencias de publicidad online o sistemas de pago remoto: si la Sección Segunda ordena que corten el grifo al infractor, deberán hacerlo, porque en caso contrario pueden ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros.

4- En caso de que un infractor reanude su actividad, puede recibir multas de hasta 300.000 euros, y todo ello sin perjuicio de otras acciones civiles y penales que se puedan dirigir contra él: pensemos que el proyecto de Código Penal Gallardón incluye penas de hasta 6 años de prisión para webs de enlaces.

Resumiendo: el canon AEDE está dirigido contra los agregadores de contenidos que, sin necesidad de autorización, reproducen fragmentos de noticias apuntando a la fuente original, mientras que la Comisión Sinde podrá actuar contra cualquier internauta que aloje o enlace obras sin autorización de sus titulares. Las dos situaciones son injustas, pero la segunda de ellas multiplica el número de posibles víctimas. Por el canon AEDE había poderosas razones para movilizarse, pero hacerlo contra la censura administrativa es una cuestión de supervivencia: lo que está en juego es la libertad de todos.

El 14 de mayo se estrena El Cosmonauta. Parece que fue ayer cuando tuve las primeras noticias del proyecto de Nicolás Alcalá y Riot Cinema, y ya han pasado cuatro años. Por aquel entonces me pareció tan utópico y descabellado que resolví apoyarlo sin ningún tipo de reparos: las revoluciones triunfan precisamente porque no las creemos posibles.

En aquellos días, y antes de abrir la recaudación del crowdfunding, Nicolás colgaba en su web las cartas autógrafas de distintas personalidades apoyando el desafío a la industria del cine. Me pidió una carta que nunca llegué a escribir: me daba un poco de vergüenza aparecer junto a un pionero de la navegación aeroespacial como Luis Ruiz de Gopegui, ex director de programas de la NASA en España, que respaldó la aventura de Nicolás desde el primer momento.

Aprovechando que en aquellos tiempos había dado mucho que hablar el nombramiento de Ángeles González Sinde e Ignasi Guardans para el Ministerio de Cultura y el Instituto del Cine, respectivamente, decidí introducir un troyano en sus sedes oficiales. En esos días la comunidad internauta estaba muy revuelta, temiéndose lo peor: la censura de internet por vía legal, que acabaría concretándose en la Ley Sinde. Así que dentro de una conferencia sobre el conflicto entre propiedad intelectual y derecho a la cultura, introduje un excurso pedigüeño, pidiendo una subvención de un millón de euros para El Cosmonauta.

Pese al chorreo de millones que producciones como Mentiras y gordas recibían de instancias oficiales, el Instituto del Cine no soltó el millón de euros para El Cosmonauta. Únicamente se consiguió una subvención de 99.595 euros para el proyecto transmedia de utilización de nuevas tecnologías. El resto de la financiación ha procedido de aportaciones privadas de internautas mediante crowdfunding, merchandising, premios internacionales y el canje del sueldo de los promotores por porcentajes de inversión.

Sin multinacionales del cine detrás, y sin subvenciones públicas para el largometraje, El Cosmonauta se estrena el próximo 14 de mayo. Era una utopía, pero gracias al esfuerzo colectivo ya es una realidad. A partir del estreno los creadores podremos ser nosotros mismos: como cultura libre bajo Creative Commons, todos podremos remezclar las imágenes de la película y hacer obras derivadas. Contribuyendo con ello a su mayor difusión: las grandes ideas no se desgastan cuando se comparten.

El Cosmonauta no es un caso único en España. Resulta muy curioso descubrir, al consultar la entrada crowdfunding en la Wikipedia en castellano, que el primer disco de Extremoduro, Rock Transgresivo, se financió de este modo en 1989. El ganador del último premio Planeta, Lorenzo Silva, también publicó su libro Los trabajos y los días mediante micromecenazgo. Un sistema que ha sido utilizado por múltiples revistas y medios digitales, como la Hack Story de la periodista Mercè Molist. Hasta el #15M financió la querella contra Rato y el Consejo de Administración de Bankia mediante aportaciones populares.

En un mundo donde todo se puede copiar hasta el infinito, el copyright ha dejado de ser un mecanismo útil para financiar la creación cultural. Pero la industria del cine, como todas las industrias culturales, necesita sufragar su inversión. Es posible que el crowdfunding por sí mismo no sea suficiente, pero es un primer paso hacia otro modelo de relaciones sociales y económicas. Unido a sistemas de pago por visión cómodos y de precio razonable, como por ejemplo Filmin, quizás sea el futuro del cine.

Para: Angeles González-Sinde Reig, [ministra@mcu.es]

Cc: Ignasi Guardans Cambó, [icaa@mcu.es], Comité de Expertos de Ayudas a la Producción [losquerepartenlapasta@mcu.es]

Asunto: Quiero un millón de euros para El Cosmonauta

Muy apreciados/as Ministra, Director del ICAA y Comité de Expertos:

En virtud del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001, marco regulatorio del derecho de petición, les dirijo la presente para que suelten pasta.

Muy resumidamente, que para el resto ya tienen asesores de sobra: quiero un millón de euros para elcosmonauta.es

Como les gusta la literatura jurídico-festiva, empezaré por los fundamentos de derecho, a saber. El Comité de Expertos que suelta la pasta fue nombrado en virtud de la Orden del Ministerio de Cultura 4028/2007, de 28 de diciembre (inocentes…). Por Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se efectuó la convocatoria de ayudas sobre proyecto para la realización de largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y pilotos de series de animación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio. Para dichas ayudas se reservó la cantidad de 10.000.000 euros, imputables al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 24.101.470, Fondo de Protección a la Cinematografía, del programa 335C, Cinematografía, del presupuesto de gastos del Organismo para el año 2009. Dichas ayudas resultaron ampliadas en 5.000.000 de euros por Resolución de 13 de mayo de 2009 (Virgen de Fátima, ruega por nosotros).

O sea, que disponen Vds. de 15 millones de euros para financiar, entre otros, “proyectos experimentales o de eminente contenido artístico y cultural que se consideren de difícil financiación.” Justo lo que elcosmonauta.es estaba buscando, oigan.

Ahora vamos a los motivos de hecho. “Hay motivo”, y mucho: El Cosmonauta es un proyecto español de película de ciencia ficción producida por muchas personas, de forma abierta y participativa, con licencia Creative Commons para que su público pueda editarla, citarla, remezclarla y copiarla como quiera. Es decir, todo cuanto se invierta en la película revertirá en la comunidad.

Si el guión es bueno o no, que lo diga la Ministra, que de eso entiende. Ahí va la sinopsis:

“¿Y si volvieses a casa… y ya no hubiese nadie? En 1975, el primer cosmonauta ruso en la Luna no consigue regresar, y se le da por perdido en el espacio. Él, sin embargo, a través de fantasmales mensajes de radio, clama haber vuelto a la Tierra y haberla encontrado vacía, sin un alma. Su irreal presencia y su voz irán destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos.”

Por un momento he imaginado que el cosmonauta era yo, enviando fantasmales mensajes de correo electrónico a un Ministerio de Cultura vacío, sin un alma. Sáquenme de mi error, por favor. Demuéstrenme que están vivos, demuéstrenme que todavía creen en el milagro del cine. El milagro de un cine sin copyright.

Un millón de euros, Sr. Guardans. Para convencernos de que todavía cree en los derechos fundamentales. Para convencernos de que el numerito que montó para no descalzarse en el arco de seguridad del aeropuerto del Prat estuvo motivado por su fe en la libertad, y no por los tomates de sus calcetines.

Les aseguro que será la mejor inversión que han hecho en su vida.

Cordialmente suyo.

El #15M confluyó en las calles un movimiento inclusivo gestado en la red, en un proceso comunicativo horizontal, acéfalo e incontrolable que supera las estructuras jerárquicas de las organizaciones políticas y sociales del viejo régimen. Diversos autores (Castells, “Redes de indignación y esperanza”, Quintana y Tascón, “Ciberactivismo, las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas) han podido verificar cómo internet permitió la agregación de múltiples colectivos activistas en un frente común que ha alterado para siempre el equilibrio de fuerzas en la política de este país: tras el 15M nada volvió a ser lo mismo.

Los grandes cambios políticos y sociales no se producen de repente: son el resultado de un aluvión de circunstancias determinadas por la evolución económica y tecnológica de una colectividad. La crisis económica no ha surgido de la nada: es la consecuencia de decisiones políticas de una élite que ha perdido todo contacto con la realidad. El poder económico, político y mediático que pretendió vertebrar este país durante las últimas décadas ha perdido toda capacidad de estructurar la sociedad.

El #15M fuimos capaces de quebrar el silencio impuesto por una prensa que despreció las convocatorias de un movimiento ampliamente difundido en la red. Sin organizaciones políticas al frente, los ciudadanos se apropiaron del espacio público y comunicacional, rompiendo todos los monopolios informativos construidos al servicio de la autoridad. Y a lo largo del último año y medio, la sociedad ha construido los mecanismos de resistencia frente a la hoja de ruta marcada por el poder.

Cuando la movilización popular contra la Ley Sinde determinó una primera derrota parlamentaria del gobierno del PSOE, en diciembre de 2010, dejé escrito que lo que se estaba poniendo en cuestión desde la red ya no eran temas sectoriales de propiedad intelectual, sino el propio modelo de democracia representativa, anclado en estructuras propias del siglo diecinueve. Un modelo que ha propiciado la corrupción de la que traen causa todos los demás problemas del país: crisis económica, paro, desahucios y retroceso de libertades.

Tras el 15M, lo más urgente era evitar que amplias capas de la población fuesen desposeídas de su derecho a la vivienda. El movimiento #StopDesahucios ha generado fuertes vínculos de solidaridad basados en la empatía, y ha conseguido poner contra las cuerdas a la casta política y financiera, compelida a reformar con urgencia vetustos textos legales. Pero no es suficiente: la situación política del país requiere una enmienda a la totalidad.

El estado social y democrático de derecho consagrado en la primera línea de nuestra Constitución está roto, traicionado por una casta política que blindó en su texto el pago de la deuda. Todas las sucesivas reformas legales han ido dirigidas a desposeer de derechos cívicos y sociales a la población. Y frente a tal agresión, no cabe otra respuesta que la resistencia.

Los motivos de la huelga van mucho más allá de la mera protesta laboral: se trata de una huelga política protagonizada por toda la sociedad. En mayo de 2011 dijimos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros: mañana lo vamos a demostrar.