Se ha argumentado que la reciente subida del precio de la luz es fruto del temporal de frío y nieve que azota nuestro país. Efectivamente, es cierto que la demanda se ha incrementado durante la pasada semana, el precio internacional del gas ha crecido y ha caído la producción de las energías renovables –las más baratas– por la falta de viento y sol. No obstante, el principal motivo que explica las subidas de la factura eléctrica a las que hemos asistido no es el frío, sino la disfuncional regulación de nuestro mercado eléctrico.

Durante estos últimos días los precios de la luz se han incrementado en algunos momentos hasta un 100%, mientras que los costes de generación de esa energía apenas se incrementaban en un 4%, tal y como señala Jorge Fabra (ex­ presidente de Red Eléctrica de España y Vocal Consejero de la Comisión Nacional de la Energía entre 2005 y 2011).

Esta incapacidad del mercado eléctrico para revelar correctamente –tanto en momentos puntuales, como de forma estructural– los costes reales de la generación de energía constituye un importante problema para nuestro país, que viene de lejos y se explica fundamentalmente por la regulación establecida en 1997 por el gobierno de Aznar.

Las 'subastas marginalistas' del mercado mayorista puestas en marcha entonces por el Partido Popular han articulado un sistema subordinado a los intereses de un poderoso oligopolio empresarial, que genera notables disfuncionalidades en nuestra economía: los precios de la electricidad para las familias españolas son los quintos más caros de la UE, lo que lastra la capacidad de consumo de muchos hogares y contribuye a un alto nivel de pobreza energética (6,8 millones de personas sufren en España temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos). Además, los elevados precios de la electricidad en nuestro país conllevan problemas de competitividad para millones de empresas españolas, por los sobrecostes que se ven obligadas a asumir.

El funcionamiento del mercado mayorista de electricidad poco o nada tiene que ver con cualquier otro mercado, dado que su configuración refleja desde hace más de dos décadas el extraordinario poder que ejercen las empresas eléctricas dominantes: las distintas tecnologías que participan en el pool ofertan electricidad a precios muy diferentes y, de entre todas las centrales que son necesarias para cubrir la demanda en una hora determinada, la que ha hecho la oferta más cara marca el precio al que cobran las demás. Como se suele decir, al final del día en la subasta eléctrica, pagamos zumo de piña al mismo precio que el champán más caro. Este procedimiento es particularmente problemático si tenemos en cuenta que el precio finalmente fijado en estas subastas es, en muchas ocasiones, el que perciben las empresas propietarias de algunas tecnologías –nucleares e hidroeléctricas– que presentan costes de generación bajos y que ya han recuperado sobradamente sus costes de inversión. Recordemos que cuando se produjo la “liberalización” del sector, a estas empresas se les reconocieron unos Costes de Transición a la Competencia con la finalidad de garantizar a los propietarios la recuperación de su inversión inicial.

El resultado de la ecuación a nadie se le escapa: este mecanismo de fijación de precios viene generando los denominados “beneficios caídos del cielo” –del orden de 700 millones de euros anuales en término medio desde 1997, según algunas estimaciones– para un oligopolio en el que cinco grandes compañías poseen la mayor parte de la capacidad instalada, y controlan la totalidad de las redes de distribución.

Este Gobierno de Coalición ha dado ya en 2020 algunos pasos para abaratar la factura de la luz: un fuerte impulso a las energías renovables –son las que hoy presentan menores costes de generación–, y la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que permitirá que parte de los costes fijos asociados al régimen retributivo de las renovables dejen de formar parte del recibo de la luz. Estos son pasos adelante en la estrategia de electrificación de nuestro sistema, que en todo caso requieren de medidas más audaces para abaratar realmente los costes del suministro eléctrico y evitar episodios como los que hemos vivido durante los últimos días.

El Acuerdo de Coalición Progresista entre el PSOE y Unidas Podemos incluye una medida crucial en este sentido, como es “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como ”beneficios caídos del cielo“) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. La reciente subida de la factura de la luz evidencia que no podemos esperar más, debemos cumplir con urgencia esta medida del Acuerdo de Coalición.

Para ello se deberían auditar los costes remanentes de nucleares e hidroeléctricas y, a partir de ahí, limitar el precio al que estas centrales pueden cobrar la electricidad en el mercado (mediante un WindfallTax, o con contratos por diferencias similares a los que se han diseñado para las nuevas subastas de renovables). La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se destinaría a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores.

La agenda en materia de reforma del mercado eléctrico tiene además otros elementos cruciales, contemplados tambiénen el Acuerdo de Coalición y que deberán ir desarrollándose a lo largo de la legislatura: la revisión de los pagos por capacidad (para limitarlos a medidas condicionales), la modificación de la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia, o el desarrollo de una auténtica estrategia de transición justa paralela al ambicioso despliegue de energías renovables previsto por este gobierno. La lucha contra la pobreza energética precisará asimismo de un nuevo bono social “multicombustible” (que incluya la electricidad y el gas), asumido por las comercializadoras y cuyo fin sea permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Avanzar de manera decidida en todas estas medidas para reformar el sistema eléctrico, y reducir así la factura de la luz, es la mejor hoja de ruta para poder cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que exige a los países garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Como bien señala este gran acuerdo internacional, de nada sirve avanzar en energías limpias o en eficiencia energética si al mismo tiempo miles de personas son privadas, mediante precios abusivos, de poder acceder a estos suministros.

Y, en todo caso, la transición que precisa nuestro modelo energético no solo debe perseguir su electrificación, para reducir drásticamente las emisiones de CO2. Dadas las condiciones oligopolísticas actuales, esta transición también debe impulsar la democratización del sistema. Favorecer la generación distribuida mediante el desarrollo de inversiones en autoconsumo y fotovoltaica de tejado puede ser una realidad en los próximos años, si parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE se destina a tal propósito.

Asimismo, pensamos que una empresa pública de energía que favorezca la competencia en un sector oligopolístico, y que saque a la luz la información real sobre el sistema y sus costes de generación, puede contribuir también a los objetivos de reformar y democratizar el mercado eléctrico, reducir la factura y garantizar el suministro a precios asequibles para toda la ciudadanía.

Un ejemplo de la utilidad que puede llegar a tener una empresa pública lo vemos estos días en La Cañada Real Galiana. Durante tres meses Naturgy, junto con el Gobierno de Ayuso, han consentido que miles de familias vulnerables permanezcan sin electricidad, incluso en pleno temporal de frío y nieve. Seguramente esto no habría pasado con una empresa pública de energía que se rija por criterios de servicio público y que atienda al cumplimiento de los derechos humanos. Tomemos nota de ello. 

Hubo un tiempo de horizontes de progreso, de conciencia y aspiración a favor de una construcción colectiva del porvenir. Un tiempo en el que las organizaciones obreras caminaron junto a millones de personas, hasta empujar y traspasar la frontera de lo posible. De aquel tiempo –en el que la perspectiva se orientaba a la superación del modelo socioeconómico– nos habla el último libro publicado por Enrique Palazuelos (Cuando el futuro parecía mejor. Auge, hitos y ocaso de los partidos obreros en Europa, Editorial Akal).

Palazuelos bucea en la historia de Europa y examina con detalle la determinante contribución de los partidos socialistas y comunistas en el afianzamiento de los logros que democratizaron el viejo continente: abolición del derecho censitario, extensión del sufragio universal, jornada laboral de 8 horas, conquista del voto de las mujeres, pensiones públicas y servicios sociales garantizados, educación gratuita para los hijos de quienes no podían pagarla pero se habían dejado la piel derrotando al nazismo y construyendo la nación.

Desde la Revolución francesa hasta la enorme fortaleza acumulada por la socialdemocracia alemana, pasando por las sociedades fabianas y la consolidación del laborismo británico, el autor revisa pormenorizadamente los avances y retrocesos de estos movimientos políticos. Y lo hace en una admirable obra en donde inevitablemente se entrelazan la historia de las organizaciones obreras, la historia de sus ideas y la propia historia política del continente.

Da cuenta con ello de un relato jalonado de pasos adelante y atrás, de conquistas y derrotas, y de la tenacidad de estos movimientos por conquistar el futuro. Fue esta tenacidad la que permitió incrustar en el capitalismo, década a década, siglo a siglo, elementos democratizadores a priori ajenos a dicho sistema. Siempre con una preocupación: dejar para la siguiente generación un suelo de conquistas, de avances, cada vez más sólido, cada vez más elevado.

Los grandes pilares de la democracia política, tal y como hoy la conocemos en Europa, no nacieron de la mano del capitalismo. La contribución de los partidos socialistas y comunistas fue determinante para construir la intersección –siempre provisional, siempre fugitiva– entre libertades cívicas, parlamentos representativos de la soberanía popular, reparto de poderes y garantía de derechos sociales desmercantilizados.

Pero el viento de la historia no siempre sopla a favor. En 1914 el SPD alemán agrupaba a más de un millón de militantes, cifra que se mantuvo hasta la década de 1970. Hoy son la mitad. A finales de la década de 1940, el PCI contaba con más de un millón y medio de afiliados, una enorme implantación territorial y un fuerte dominio cultural en Italia. Dejó de existir en 1991. El Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) fue capaz de gobernar ininterrumpidamente el país durante medio siglo, construyendo un modelo de eficiencia y cohesión hoy claramente cuestionado. ¿Qué pasó? ¿En qué momento del camino se truncó la historia de las organizaciones socialdemócratas y comunistas?

Contestar esta pregunta es, a mi juicio, la principal virtud del libro de Enrique Palazuelos. No tanto por las respuestas que da –que también– sino por la capacidad de formularse las preguntas adecuadas, y de buscar donde otros no han mirado. Se acomete así un metódico análisis de los factores que explican el ciclo vital de estas organizaciones, desde los enormes logros alcanzados –difícilmente imaginables a mediados del siglo XIX–, hasta su ocaso actual. Paradójicamente, fueron las propias condiciones alumbradas por su éxito las que generaron algunos de los determinantes estructurales de su fracaso, junto a otros condicionantes que el libro revisa concienzudamente.

Resultaría reconfortante pensar que las causas que dan cuenta de la pérdida de hegemonía política y social de estos partidos pasan por un mero “problema de dirección política”. Pero el crisol de factores explicativos es mucho más complejo. El extravío del ímpetu reformista de estas organizaciones –en el caso de la socialdemocracia–, o el refugio identitario y alejado de la influencia social –en el caso de los partidos comunistas–, son analizados por el autor a la luz de determinantes tanto endógenos (y por tanto imputables a dichos partidos), como exógenos. La naturaleza ideológica de los proyectos acuñados, los discursos construidos y la acción política desplegada se ponen en relación no sólo entre sí, sino también con las progresivas modificaciones en la estructura económica y social, y con la acción inhibitoria de los poderes dominantes.

La desconexión entre los horizontes emancipadores y las prácticas políticas cotidianas erosionará progresivamente la metáfora según la cual la clase trabajadora tenía el viento de la historia a su favor. La renuncia de la socialdemocracia a avanzar en sus propios propósitos reformistas –teniendo en la tercera vía de Blair uno de los casos más extremos– profundizará este desgaste. Finalmente, la crisis del Euro pondrá la puntilla: el socialismo europeo acepta la agenda neoliberal de austeridad y recortes, decepcionando profundamente a su base social, al tiempo que las organizaciones comunistas –periclitadas y autoubicadas en un rincón del tablero político– se muestran incapaces de ocupar el espacio que la socialdemocracia abandona.

El libro también analiza con detalle la experiencia de España, tanto la remota como la más reciente, dedicando dos capítulos a ello. Desde el devenir de la República, pasando por la lucha contra la dictadura y el periodo de la Transición, hasta llegar al dominio del PSOE y su posterior decadencia.

Además, y como la historia nunca se detiene, las nuevas experiencias que emergen también son analizadas. Porque Cuando el futuro parecía mejor no es un libro que se interrogue exclusivamente por el devenir de las organizaciones obreras. Se interroga, en última instancia, por la propia construcción del poder político y la hegemonía cultural en las sociedades europeas, y por el papel que “los de abajo” han jugado en dicha tarea. Por eso al autor le resulta inevitable adentrarse en el territorio del movimiento 15-M y en el propio surgimiento de Podemos. Y acierta con ello: los posibles avances que experimente nuestra democracia en este tiempo de aceleración política no podrán ser entendidos sin la emergencia de estas fuerzas.

Aunque quizá aquí esté mi mayor discrepancia con el contenido del libro. Pienso que es poco fértil utilizar criterios análogos para examinar la historia de las organizaciones obreras y el (breve) recorrido de Podemos. Podemos no nace de la matriz del movimiento obrero organizado, sino de los escombros que han dejado tras de sí varias décadas de desestructuración política y social. No sólo hablamos de otros modelos de construcción y comunicación política (con sus aciertos y sus vicios). Hablamos sencillamente –para bien o para mal– de “otra cosa”, no exenta aun así de saber cruzar el desfiladero que separa el reformismo homeopático de la marginalidad política.

En todo caso, el epílogo final no defrauda (“si lo intentas bien, algunas veces puedes conseguir lo que pretendes”). Hace falta querer, pero también hace falta poder y hace falta saber. Por eso Palazuelos nos sitúa ante el eterno (y necesario) retorno de la estrategia. Porque sin horizonte de transformación, no hay política progresista. Y sin estrategia, no hay horizonte de transformación. 

No hay recetas, nunca las hay, pero sí prevenciones de sentido común. Asumamos que la construcción política del discurso debe ser capaz de enlazar demandas diversas y factibles (y verdaderamente reformistas) con horizontes de transformación estructural. Asumamos que no habrá (porque nunca ha habido) profundización democrática y progreso social –es decir, representación política de las mayorías– que se pueda construir sin entrar en conflicto con los poderes dominantes.

Cuando el futuro parecía mejor es un libro de Historia –aquella que fue precisamente levantada por las “gentes sin Historia”–. Pero es algo más. No sólo es un libro que nos habla de otro tiempo. Es un libro que nos habla del presente, y lo hace explicando las acciones y motivos de quienes disputaron la democracia y el futuro antes de que nosotros lo hiciésemos. Es por eso una reflexión con mayúsculas, enormemente valiosa y útil.

Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

No obstante, el mayor incremento de la desigualdad se ha producido en el ámbito de la distribución primaria, en el mercado de trabajo. Desde el inicio de la crisis el índice de Gini medido antes de impuestos y transferencias ha aumentado más de siete puntos, por encima de los casi tres puntos que lo ha hecho el índice de Gini final. Cierto es que buena parte de este incremento de la desigualdad primaria se explica por la dramática destrucción de empleo provocada por la crisis y las políticas de austeridad. Sin embargo, la evolución reciente de la desigualdad apunta a algo más.

Entre 2014 y 2017 se han creado 2 millones de puestos de trabajo en la economía española. A pesar de ello, el índice de Gini antes de impuestos y transferencias ha seguido aumentando (de 49,3 a 50,7 puntos), al igual que el índice de Gini final (de 33,7 a 34,5), situando a España como el segundo país más desigual de la Eurozona, sólo por debajo de Lituania. En la gran mayoría de países del mundo la creación de empleo sirve para reducir o, al menos, contener el incremento de la desigualdad. Así ocurrió en la economía española hasta 2007. Sin embargo, las políticas que el gobierno del Partido Popular ha desarrollado en los últimos años han provocado que ese nexo entre creación de empleo y reducción de la desigualdad se haya erosionado profundamente.

La erosión de este nexo responde fundamentalmente a dos causas: el intenso ajuste salarial propiciado por las últimas reformas laborales, y el aumento del empleo atípico (temporal y a tiempo parcial), generalmente de mala calidad. Así, las reformas del mercado de trabajo implementadas han facilitado que los ajustes ante nuevas crisis recaigan sobre los asalariados. Pero, aún más preocupante, han dificultado que las recuperaciones económicas se transmitan a los trabajadores.

La crisis ha consolidado una caída de 1,5 puntos en el peso que tienen los salarios sobre la renta nacional. Es decir, una transferencia anual de unos 15.000 millones de euros desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital. El debilitamiento de la negociación colectiva, el recurso a la unilateralidad de los empresarios para fijar salarios y condiciones de trabajo, la menor protección frente al despido y el propio desempleo han generalizado las caídas salariales en nuestra economía. Simultáneamente, el 60% de los nuevos empleos creados entre 2014 y 2017 son, o bien temporales, o empleos a tiempo parcial. Dado que un empleado temporal cobra en término medio unos 8.000 euros al año menos que un empleado indefinido, la generalización del empleo de mala calidad no hace sino romper el vínculo entre creación de empleo y reducción de la desigualdad.

Debe tenerse en cuenta además que los sectores tractores que están impulsando la recuperación económica –y la creación de empleo– son precisamente sectores de perfil tecnológico medio-bajo, y con limitada productividad (hostelería, turismo, comercio minorista, etc.). Este perfil estructural de la recuperación –propio de un país que carece de una verdadera política industrial– refuerza el peso que tienen los bajos salarios en nuestro modelo productivo.

Además, aunque el ajuste salarial se ha aplicado a lo largo y ancho de la economía española, no ha sido en absoluto un fenómeno homogéneo. En su última comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Luis de Guindos recalcó que la caída del salario medio que muestran las estadísticas del INE para 2016 se debe a una reducción de los salarios altos proporcionalmente mayor que la reducción de los más bajos. Sin embargo, si se amplía el foco hasta 2011 se constata que quienes más han sufrido el ajuste han sido precisamente las personas que menores ingresos tienen: para el 10% que menos gana la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la crisis alcanza el 30%.

Ya conocemos la respuesta del Gobierno: “a pesar de la contracción de los salarios, de la mala calidad del empleo y del consiguiente incremento de la desigualdad, el crecimiento está sirviendo para que las familias mejoren su situación y disfruten de la recuperación económica”. Nada más lejos de la realidad, como muestran las estadísticas: hoy un 28% de españoles se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, y el crecimiento no está reduciendo apreciablemente dicho porcentaje. En nuestro país, encontrar un empleo ha dejado de ser garantía de vida digna y de integración social.

Frente a esta situación, es imprescindible una ofensiva contra la precariedad y por la recuperación de los salarios. Dicha ofensiva debe pasar por facilitar un marco de pre-distribución más equilibrado entre trabajadores y empresarios: subir progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros/mes, desincentivar fuertemente el uso abusivo de la temporalidad y recuperar la negociación colectiva. Pero, además, la reducción de las desigualdades exige implementar un plan de Renta Garantizada que erradique la pobreza monetaria de nuestro país, similar al que ya existe en el País Vasco o Navarra. Estas medidas ayudarían a garantizar que el crecimiento del empleo se traduzca efectivamente en una mejora de las condiciones de vida y en inclusión social.

La reciente moción de censura presentada por Unidos Podemos ha planteado una alternativa al Gobierno del Partido Popular, no sólo en materia de regeneración democrática, sino también en política económica. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos ya, como insiste el Gobierno, en plena “recuperación”?

Determinar en qué medida está saliendo nuestra economía de la crisis, cómo y por qué, es fundamental para identificar qué política económica necesita en este momento el país. El Gobierno sin embargo, en lugar de abordar un debate serio sobre esta cuestión, se limita –como hemos comprobado estos días– a instalar mensajes tergiversados y falsos: “Los recortes y reformas de los años pasados estarían supuestamente dando sus frutos, permitiendo la actual recuperación”.

Este relato no es cierto, e ignora y oculta algunos elementos fundamentales, que abordamos a continuación.

En primer lugar, es de sobra conocido que los recortes fiscales y salariales del pasado no sólo no fueron positivos para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que prolongaron innecesariamente la crisis al reforzar sus efectos depresivos.

Tal y como puede verse en el gráfico 1, fue precisamente la implementación de estos recortes –a partir de 2010– lo que determinó la segunda fase de la crisis. La insistencia del Gobierno de Rajoy durante los años 2012 y 2013 en una política que reducía el nivel de demanda interna nos ha terminado llevando a una década perdida: España aún no ha alcanzado el nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis, y sólo ha recuperado el 40% del empleo que se ha destruido durante los últimos diez años.

Gráfico 1: PIB real (2007=100) y ocupados totales

En segundo lugar, es necesario analizar con cuidado los factores que explican el crecimiento económico del periodo 2015-2017. Efectivamente, la economía española está creciendo al 3% en términos anuales, aproximadamente un punto por encima de la zona euro. Ahora bien, ¿acaso este crecimiento responde a haber aplicado más recortes que el resto de economías? ¿O a haber reducido más los salarios? No.

Cuando se analiza con cierto detalle los factores que en este momento empujan el crecimiento económico, se puede comprobar como estos, en buena medida, no responden a la política económica que el Gobierno aplica, o dice aplicar.

El Banco de España analiza en su reciente Informe Anual por qué la economía ha crecido en 2015-2016 notablemente por encima de lo esperado, y atribuye buena parte de este crecimiento a la política monetaria del BCE y a la fuerte reducción de los precios del petróleo. Ambos factores están al margen de la acción del Gobierno. De acuerdo al Banco de España, estos factores llegarían a explicar en torno a la mitad del crecimiento adicional que experimenta hoy nuestra economía (gráfico 2).

Gráfico 2: PIB en España y en el área Euro (tasas de variación anuales)

Fuente: Banco de España, Informe Anual 2016, pag. 56.

Los ministros del Gobierno repiten insistentemente, a modo de mantra, que estos “vientos de cola” afectan por igual a todas las economías de la zona euro, y que por tanto no se deben buscar ahí los motivos del crecimiento actual. Sin embargo, el informe anual del Banco de España explica por qué esto no es así, y por qué los “vientos de cola” tienen un mayor impacto en nuestra economía.

España es un país con un nivel de endeudamiento de hogares y empresas comparativamente más elevado, y con buena parte de las hipotecas referenciadas al Euribor. Es por tanto comprensible que descensos en los tipos de interés afecten en mayor medida a nuestra economía que a otras de la zona euro. Además, es conocida la tradicional dependencia energética española respecto de los combustibles fósiles, notablemente mayor que la de otros países de nuestro entorno. El precio del petróleo tiene una mayor importancia en la estructura de costes del tejido productivo español, lo que explica que su evolución afecte más a nuestra economía que a los países de nuestro entorno.

Pero ojo, existe un factor de crecimiento adicional fundamental. Durante el bienio 2015-2016 el Gobierno no sólo se ha encontrado con estos favorables vientos de cola. Durante este periodo, el Gobierno ha interrumpido los duros recortes fiscales de los años previos, llegando incluso a impulsar –casualmente en pleno periodo electoral, y con la aquiescencia de las instituciones de Bruselas– una política fiscal tímidamente expansiva. El Banco de España, en el mencionado informe, considera que esta política fiscal ha supuesto un 0,4% de crecimiento anual añadido durante este periodo (ver gráfico 2).

Es decir, el Gobierno de Rajoy, después de haber protagonizado durísimos recortes de la inversión y el gasto público durante 2012-2014, ha utilizado la política fiscal como “motor de arranque” de una economía gripada. En todo caso, no hay lugar para el engaño: tan pronto como pasó el periodo electoral, el Gobierno ha vuelto a la austeridad fiscal, tal y como demuestra el techo de gasto aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (que incluyen un recorte de 5.000 millones de euros respecto a lo que se presupuestó para 2016, y mantienen un límite de gasto no financiero 60.000 millones de euros por debajo de lo presupuestado en 2010).

Finalmente, hay un elemento adicional que hace muy difícil hablar de “recuperación económica”. Las características y el perfil del crecimiento actual dejan al desnudo enormes problemas estructurales. ¿Cómo hablar de recuperación económica cuando más de un tercio de la población queda excluida del crecimiento, y el empleo ya no constituye un pasaporte de ciudadanía para buena parte de los trabajadores? ¿Acaso el crecimiento actual no vuelve a apoyarse sobre pies de barro (fuertes desigualdades, precariedad laboral, bajos salarios, ausencia de transición energética, insostenibilidad medioambiental)?

De los 990.000 empleos netos que se han creado en el bienio 2015-2016, apenas 315.000 eran empleos indefinidos. Los otros 676.000 (casi el 70%), eran empleos temporales. Estos últimos tienen una remuneración media 10.000 euros al año inferior a la de los empleos indefinidos. A pesar de la cacareada reforma laboral, la tasa de temporalidad española se mantiene inalterada: en el 26,5%, muy por encima de la media de la zona euro (14,4%). Mientras que en 2007 la duración media de los contratos era de 79 días, en 2017 se ha reducido a 55 días según el Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy sólo uno de cada dos desempleados tiene derecho a un subsidio (cuando antes de que llegase el PP al gobierno era el 70%).

Estos datos indican que hablar de “recuperación” exige ir más allá de los meros niveles de renta y empleo, y fijar nuestra atención en otras dimensiones: calidad del crecimiento, distribución de la riqueza y sostenibilidad.

Del análisis anterior se deriva la necesidad de un cambio profundo en la política económica. Es necesaria una nueva política económica que contribuya a fortalecer el crecimiento actual –excesivamente dependiente de los vientos de cola–, así como la creación de empleo. Pero, simultáneamente, dicha política económica debe tener también como objetivo prioritario la propia transformación del crecimiento, reduciendo las enormes desigualdades socioeconómicas actuales, y propiciando un proceso de transición energética que reduzca nuestra tradicional dependencia del combustible fósil.

Estos retos exigen una política fiscal que abandone definitivamente la austeridad, revierta los recortes de esta funesta década en los servicios públicos fundamentales, y acometa las inversiones necesarias para propiciar el cambio productivo y la disminución de las desigualdades (por ejemplo, un Plan de Renta Garantizada).

Pero estos retos exigen además la puesta en marcha de políticas de pre-distribución, que permitan distribuir los beneficios del crecimiento entre toda la población (una significativa subida del salario mínimo, un plan de choque contra la excesiva temporalidad, la preeminencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los convenios de empresa, o reconectar el crecimiento de las pensiones al crecimiento de los precios).

En ausencia de estos cambios, el modelo de “recuperación” al que nos avoca la política económica del Gobierno ampliará la brecha social, pospondrá la transición energética y reeditará el crecimiento sobre pies de barro de épocas pasadas. Una recuperación que condena a un tercio del país a la exclusión pone en cuestión los propios pilares de nuestra democracia. El cambio de rumbo, también en materia económica y a pesar de la mitología de la recuperación, es urgente.

Jordi Sevilla hace público en su último libro (Vetos, pinzas y errores, Ed. Deusto) un episodio que sucedió durante la conocida reunión que mantuvimos PSOE, Podemos y Ciudadanos el 7 de abril de 2016.

El pasaje en cuestión tiene trascendencia dado que, en el fondo, refleja el tipo de preocupaciones e intereses con los que las distintas fuerzas políticas abordamos aquel proceso de negociación para alumbrar un posible gobierno de cambio. Y tiene relevancia además no sólo para entender el pasado reciente, sino porque se refiere a una cuestión central del debate político actual: ¿cómo garantizamos pensiones de calidad?

La delegación de Podemos expusimos en aquella reunión algunas medidas de política económica que considerábamos fundamentales para empezar a negociar un gobierno de cambio. En materia de pensiones manifestamos nuestra oposición a la reforma de pensiones del PP (también a la del PSOE) y, en particular, planteamos la necesidad de volver a un marco de revalorización de las pensiones vinculado al IPC. Fue llegados a este punto cuando Jordi Sevilla, como él mismo cuenta en su libro, interrumpió crítico: “¿Y qué haremos los años que tengamos IPC negativos?¿Es esa vuestra fórmula de izquierdas?”.

Efectivamente, como relata el exministro, enmudecimos. No dábamos crédito. ¿Realmente la preocupación del equipo económico del PSOE era la fórmula de revalorización de las pensiones en años de deflación? ¿Acaso es un problema macroeconómico que los años con IPC negativo las pensiones se mantengan congeladas (actuando como freno frente a la temible deflación)? ¿Pretendía con ello Jordi salvaguardar la última reforma de pensiones del Partido Popular? ¿O es que estaba pensando en pedirles a los pensionistas reducciones en sus prestaciones durante los años en los que cayesen los precios?

Nos resultó desconcertante que el obstáculo para hablar de cómo “reformar las reformas” del Partido Popular fuese un fenómeno –como la deflación– prácticamente desconocido en nuestro país. Entre 1960 y 2009 España no ha conocido ningún año con inflación negativa (gráfico 1). Más de 190 trimestres seguidos con inflación interanual positiva, hasta la llegada de la crisis. De nuevo, desde el último trimestre de 2016, el crecimiento interanual de los precios vuelve a ser positivo, acelerándose hasta el actual 2,3%.

La reforma de las pensiones que acometió el Gobierno de Rajoy en 2013 desindexó el crecimiento de las prestaciones del crecimiento de los precios. Desde entonces, las pensiones cuentan con un índice de revalorización que establece una subida mínima anual del 0,25%, y máxima del IPC más 0,5%. Además, mientras la caja de la Seguridad Social tenga déficit, este índice establece que una parte de lo recaudado se destinará a reducir dicho déficit a una tasa anual del 25%.

Con este sistema de indexación, como cabía prever, las pensiones han crecido en los últimos 4 años el mínimo posible, un 0,25% al año. Esto no ha sido particularmente traumático mientras la inflación se ha mantenido en el entorno del 0%. No obstante, en cuanto hemos vuelto al patrón tradicional de la economía española, la pérdida de capacidad adquisitiva de los jubilados (que ya fue de un -5% en 2010-2012), ha empezado a instalarse. En el año 2016 la actuación del índice de revalorización se ha traducido en una pérdida de capacidad adquisitiva de un 1,4% (gráfico 2). Y para 2017 la pérdida de capacidad adquisitiva esperada es muy similar.

(*) Dato para 2017 estimado, para una inflación prevista del 1,5%.

Fuente: García Díaz, M.A. y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.García Díaz, M.A.

El episodio que revela Jordi Sevilla en su libro no es anecdótico. El ritmo de revalorización de las pensiones es una variable económica y social esencial. Los pensionistas son actores que difícilmente pueden protegerse de subidas de la inflación dado que, una vez fuera del mercado de trabajo, carecen de mecanismos efectivos que les permita evitar dicho riesgo.

Un reciente informe de FEDEA –uno de los think tanks que impulsó las reformas de 2011 y 2013– es meridianamente claro en este sentido: “La normativa actual exigiría con toda probabilidad la cuasi-congelación de las pensiones ya existentes durante varias décadas [….] lo que supondría una gradual pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista que, con la esperanza de vida actual, podría superar el 30 por ciento con tasas de inflación moderadas”.

En este contexto de erosión de las pensiones, ¿acaso lo relevante para establecer la orientación de un gobierno de cambio pasaba por discutir qué hacer en tiempos de inflación negativa? No sólo fue poco relevante, sino que resultó abiertamente contraproducente, dificultando que se abordase el verdadero problema que hoy presenta nuestro sistema de pensiones: cómo incrementar sus ingresos para garantizar simultáneamente su sostenibilidad financiera y la mejora de las prestaciones. La referencia de Jordi Sevilla a la deflación en aquella reunión, teniendo en cuenta la experiencia histórica española, sonó a excusa.

Ligar las pensiones al IPC significa establecer un “suelo” que asegure, como mínimo, mantener la capacidad adquisitiva. Pero esto no significa que la referencia a la inflación deba ser también un techo, y que por tanto deban de reducirse las pensiones en términos nominales si hay deflación. De hecho, si la productividad crece, lo razonable sería que los pensionistas se beneficien también de esta mejora de la economía (de forma que no tengan siempre una capacidad de compra constante cuando sin embargo la renta per capita del país no deja de crecer). Esto justificaría que la pensión en términos nominales crezca por encima del IPC, de forma que no sólo se mantenga la capacidad adquisitiva, sino que esta pueda incrementarse (particularmente para las pensiones de menor cuantía), tal y como sucede con los salarios.

El pasaje al que Jordi Sevilla hace referencia en su libro revela igualmente –para muestra un botón– el orden de prioridades de quienes hasta el momento han ocupado responsabilidades económicas en el PSOE. La crisis de la socialdemocracia, atrapada aún en el bucle del neoliberalismo, debería invitar a repensar el camino de quien se dice parte de dicha corriente ideológica. Los próximos equipos económicos socialistas, ¿profundizarán la tendencia social-liberal de los equipos anteriores, o centrarán su preocupación en la defensa de los derechos colectivos y el bienestar de la mayoría social?

En concreto, y en materia de pensiones, esto debe de traducirse en la apuesta honesta por “reformar las reformas” de 2011 y 2013, evitando toda erosión futura de las prestaciones, y garantizando el aumento significativo de las pensiones de menor cuantía. En ese camino resultará seguramente más fácil que nos podamos encontrar sin “vetos, ni pinzas, ni errores”.

Si existe alguna certeza en relación al resultado de la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos es que nuestro segundo congreso dejará en el seno de la organización una mayoría, más o menos mayoritaria, y varias minorías. Esto será así con independencia de que las candidaturas encabezadas por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón decidan no competir porque, tal y como aprendimos en el primer Vistalegre, la pluralidad y las diferencias no desaparecen por el hecho de que los compañeros y compañeras concurran bajo el paraguas de una única lista ni porque exista un candidato de consenso a la secretaría general. El principal reto de Podemos no puede ser superar las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre otras cosas porque en una organización democrática las diferencias políticas entre compañeros y compañeras son siempre fuente de riqueza y no de problemas. Es opinión de muchas personas en Podemos que todo lo que desplace a un segundo plano los debates sobre cómo llevar a cabo los cambios políticos, económicos, institucionales y culturales que el 15M comenzó a exigir en 2011 y que han seguido reclamando desde entonces millones de personas en España es, como poco, un error que roza la irresponsabilidad. Podemos es la herramienta política más bella y poderosa que las grandes mayorías sociales de nuestro país hemos sido capaces de construir para transformar la enorme crisis económica, social, institucional y cultural que se desató en 2008, en una oportunidad histórica para la fundación de un nuevo país. Es obligación de todas y todos cuidar esa herramienta, porque Podemos es de todas y de todos.

En el próximo Vistalegre tendremos que decidir democráticamente cuál debería ser la agenda que queremos para España y cuáles serán nuestras propuestas para afrontarla. A nuestro juicio, la preparación para el proceso de cambio constitucional que se viene, la transformación del modelo productivo español y la lucha contra el machismo debieran conformar la columna vertebral del debate congresual. Pero existe un nivel cero, un punto anterior que debemos resolver y que condiciona todo lo demás: las reglas democráticas con las que Podemos se va a organizar y con las que trabajará cotidianamente. Los acuerdos del primer Vistalegre construyeron una estructura asombrosamente ágil, capaz de moverse a gran velocidad en escenarios muy complejos. Entonces lo definimos como máquina de guerra electoral. Sin embargo, ese Podemos tuvo una organización laxa, con atribuciones competenciales imprecisas, a menudo centralistas, disfuncionales y confusas, sin reglas claras sobre dónde y de qué manera se tomaban las decisiones y qué ocurría cuando los dirigentes o los órganos las ignoraban. Poner fin a la laxitud organizativa y competencial en Podemos es la tarea inaplazable que debiera presidir todas las negociaciones en curso entre los principales competidores en esta Asamblea. Porque si no se produce un acuerdo sobre la reglas, de nada servirán los procesos electorales o las negociaciones que definan quiénes serán mayoría y quienes minorías dentro de la organización. Es imprescindible que en estos debates precongresuales, el mayor número de compañeros y compañeras nos pongamos de acuerdo sobre qué decisiones corresponden a los círculos, a los consejos ciudadanos, a las ejecutivas y a las secretarías generales. Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo sobre cómo y cuándo vamos a decidir el tipo de relación organizativa que queremos tener con nuestros aliados. Que acordemos qué órgano y en qué momento va a decidir el espacio político y jurídico desde el que queremos ganar los gobiernos municipales y autonómicos en 2019. Es imprescindible que decidamos los aspectos que deben ser votados en cada uno de los órganos de Podemos y qué mayorías –simples, absolutas, cualificadas- son necesarias para sacar adelante las principales decisiones a adoptar en cada uno de ellos. Es imprescindible que definamos un sistema electoral común a todos los procesos electorales internos y clarifiquemos cuáles son los órganos y los tiempos en los que pueden ser modificados. Es imprescindible también un consenso sobre la estructura organizativa interna, sobre los objetivos que guiarán la conformación de las nuevas áreas y secretarías de Podemos. Deberíamos ponernos de acuerdo sobre cuál debería ser el uso que los responsables políticos y cargos orgánicos de Podemos hacen de los medios de comunicación y de las redes sociales como Twitter. Es urgente, en definitiva, que acordemos el alcance efectivo de las decisiones orgánicas, cuáles son sus límites y qué hará la organización si una dirigente o un órgano decide ignorarlas o contravenirlas.

Desde el Colectivo Mayo-2011 queremos ayudar a construir acuerdos políticos y organizativos entre todas las personas que formamos esta organización y estamos tratando de hacer todo lo que está en nuestra mano para facilitarlos. Pero si en el correr de los días no fuera posible alcanzar esos grandes acuerdos políticos, promoveremos al menos la formación de acuerdos sobre las reglas del juego, sobre qué órganos y con qué reglas se tomarán las decisiones dentro de la organización después de Vistalegre, sobre qué instancias se ocuparán de qué cosas, sobre qué mayorías harán falta para tomar qué decisiones. Y estamos convencidas y convencidos de que para que Vistalegre sea el éxito que todas y todos queremos es casi necesario que seamos capaces de ponernos de acuerdo en el ‘cómo se hacen las cosas’ antes de que las inscritas y los inscritos decidan quiénes conformarán las próximas mayorías y minorías dentro de la organización. Sólo así, con ese acuerdo previo a Vistalegre, podremos tener la certeza de que, decidamos lo que decidamos con nuestros votos, el Podemos de Marzo 2017 será capaz de transformar, cooperativa y funcionalmente, la diversidad de análisis y propuestas en motores para la multiplicación de las fuerzas para el cambio.

Carolina Bescansa y Nacho Álvarez son miembros del Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, promotores del Colectivo Mayo-2011, Pensando Vistalegre.

El debate sobre el ritmo de crecimiento que debe seguir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante esta legislatura ya es una realidad. Su importancia es mayúscula, dado el actual contexto laboral.

El hecho de que la mayor parte del empleo que se está creando sea de muy bajos salarios implica evidentes problemas. En primer lugar, revela que el crecimiento económico no favorece por igual al conjunto de la ciudadanía. Una buena parte de la población trabajadora, como consecuencia de las últimas reformas laborales, se está quedando descolgada de este crecimiento.

Actualmente el 15% de los trabajadores son pobres –tener un trabajo ya no conlleva condición de ciudadanía plena–, 6,6 millones de ocupados tienen ingresos inferiores al SMI (en cómputo anual) y 4,5 millones de asalariados con contrato a tiempo completo se sitúan por debajo de los 1.000 euros netos al mes. Resulta por ello miope considerar que el mero crecimiento conseguirá, por sí sólo, sacar a millones de familias de la crisis. Son necesarias medidas de redistribución de la renta. Después de haber socializado durante la crisis las pérdidas del sector financiero, ha llegado la hora de repartir también los beneficios que el cambio de ciclo económico pueda deparar. De lo contrario, hablar de recuperación seguirá siendo una mera entelequia.

La generalización de condiciones laborales indignas conlleva además otros problemas macroeconómicos: insuficiencia de las cotizaciones sociales, con el consiguiente déficit estructural de la Seguridad Social, así como una escasez de demanda interna que determina la fragilidad de la inversión empresarial y del propio crecimiento.

Urge por todo ello establecer un suelo salarial digno de tal nombre. Este es precisamente el sentido de la Propuesta de Ley presentada recientemente por Unidos Podemos, y admitida a trámite por el Congreso de los Diputados: fijar un calendario de subida progresiva del SMI, a 800 euros en enero de 2018, y a 950 a comienzos de 2020 (en 14 mensualidades).

No han tardado sin embargo en aparecer voces criticando esta subida salarial –295 euros en tres años–, por considerarla excesiva. Dos son las críticas fundamentales: esta subida nos hará perder competitividad en relación a los países de nuestro entorno, y puede quebrar además la tendencia actual de crecimiento económico.

A tenor de los datos económicos, difícilmente se puede sostener que este aumento del SMI nos encamine por una senda salarial distinta a la de nuestros socios comunitarios. La Carta Social Europea establece que el SMI debe situarse, al menos, en el 60% del salario medio del país. En el gráfico 1 podemos observar cómo España, después de la República Checa y junto con Estonia, es el país más alejado de dicho umbral en la UE. Incrementar el SMI en España supondría precisamente converger con nuestro entorno en un indicador en el que aún mantenemos una distancia considerable.

Tradicionalmente los economistas liberales han insistido en señalar que las subidas del SMI desincentivan la creación de empleo y el crecimiento del PIB per capita. El gráfico 2 ilustra cómo tal relación no se contrasta en los países de la OCDE durante las últimas décadas. Salarios Mínimos más generosos, con relación al salario medio nacional, en ningún caso conllevan un menor crecimiento.

      Fuente: elaboración propia. Datos OCDE.

Es más, durante los últimos años se está desarrollando en Europa y Estados Unidos un intenso debate académico en torno a la política salarial, señalando buena parte de la literatura especializada un camino bien distinto al del mainstream. ¿Están nuestras economías dirigidas por el crecimiento de los salarios (wage-led) o por el crecimiento de los beneficios (profit-led)? Buena parte de los estudios académicos realizados, siguiendo el modelo propuesto por los economistas Amit Bhaduri y Stephen Marglin, confirman que las principales economías de la Eurozona se comportan según el primero de esos patrones: aumentos del peso de los salarios en la renta nacional conllevan un incremento del consumo agregado y, con ello, de la inversión empresarial –como consecuencia del denominado efecto acelerador, según el cual las expectativas empresariales responden favorablemente a los aumentos de demanda esperada–.

Esto supone que las políticas de devaluación salarial no sólo resultan injustas, al trasladar el ajuste de la crisis sobre las espaldas de la mayoría social, sino que son además ineficientes. La devaluación interna, salvo en pequeñas economías muy volcadas sobre sus mercados externos, ha tenido un carácter contractivo en el curso de esta crisis. Por ello, debe abandonarse y sustituirse por una política salarial que impulse la demanda agregada y que revierta la fuerte caída que han experimentado los salarios en la renta nacional durante las últimas décadas.

Un incremento del SMI como el que se recoge en la propuesta de Unidos Podemos no sólo no pondría en riesgo el crecimiento y la creación de empleo, sino que contribuiría a reforzarlo, asegurando además un suelo salarial efectivo que impida la precariedad generalizada y la pobreza entre los trabajadores.

Parece seguro que el Gobierno del Partido Popular se opondrá a esta propuesta, aunque Rajoy tendrá necesariamente que acatar la decisión que salga del Congreso. El Gobierno no podrá vetar esta medida utilizando como excusa el impacto sobre los Presupuestos Generales, dado que no conllevaría incremento del gasto público.

Ciudadanos se pondrá de perfil y se abstendrá, empeñados como están en legislar un complemento salarial para los bajos salarios. Este complemento, sin embargo, tendría efectos muy distintos a una subida del SMI: supondría una subvención con fondos públicos a los empleos precarios (similar al modelo estadounidense de “empleo tipo McDonald’s”).

La aprobación de la propuesta de Unidos Podemos queda fundamentalmente en manos del PSOE. Existe una mayoría parlamentaria suficiente para ir más allá de la exigua subida del 8% del SMI pactada por PSOE y gobierno para 2017. Está por ver si en las filas socialistas existe o no la voluntad política de ir más allá.

Por ahora hemos comprobado cómo la subida del SMI ha servido de moneda de cambio para ayudar al Gobierno a fijar su techo de gasto, consolidándose con ello los recortes de ejercicios anteriores, que no van a revertirse. Si el acuerdo entre PSOE y Gobierno pretende además desactivar la propuesta de Unidos Podemos para hacer crecer el SMI hasta los 950 euros, entonces el engaño perpetrado contra la ciudadanía progresista será doble: a la consolidación de los recortes con el nuevo techo de gasto se sumará el mantenimiento de un SMI de miseria. La situación de nuestro mercado de trabajo exige estar a la altura de las circunstancias en este momento. En materia de política salarial, todos nos vamos a retratar en las próximas semanas.

La crisis económica ha hecho cada vez más consciente a la ciudadanía de la importancia que tiene el fraude fiscal

Se confirma así lo que los técnicos de Hacienda venían apuntando desde hacía años: de los casi 60.000 millones de euros anuales de fraude fiscal estimados, el 70% corresponde a grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas

El hueco que deja el diablo es el título de un interesante estudio elaborado por varios profesores de la Universidad de Zaragoza, y publicado por Fedea en 2014. En este documento los autores estiman, a partir de los datos proporcionados por el Panel de Declarantes publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, el fraude fiscal de la economía española en el IRPF.

Las conclusiones del estudio son demoledoras. A excepción de las rentas del trabajo, la infradeclaración afecta de forma muy considerable al resto de fuentes de renta, yendo desde el 45% en el caso de los ingresos provenientes de actividades económicas hasta el 60% en las rentas del capital mobiliario. También los rendimientos procedentes del capital inmobiliario resultan ampliamente infradeclarados, hasta en un 55% según el estudio. La dimensión del fraude estimado alcanza, sólo en materia de IRFP, la friolera de 20.000 millones de euros al año.

Si a esos cálculos sobre el IRPF sumamos otras estimaciones de fraude en el resto de figuras impositivas (particularmente IVA, Impuesto de Sociedades y Patrimonio), el fraude fiscal podría triplicar o cuadruplicar esa cifra, alcanzando el 6%-8% del PIB tal y como recurrentemente ha señalado Gestha.

La crisis económica ha hecho cada vez más consciente a la ciudadanía de la importancia que tiene el fraude fiscal. Investigaciones de la prensa como los conocidos Papeles de Panamá, o los Papeles de la Castellana, han ayudado también a desarrollar esta actitud crítica. En un contexto en el que las políticas de ajuste impuestas por Bruselas se han traducido en durísimos recortes sobre los servicios públicos fundamentales y han erosionado intensamente las condiciones de vida de millones de personas en nuestro país, a nadie se le escapa que cada euro de fraude no recaudado no sólo agranda el agujero fiscal de la Hacienda española, sino que además abona el terreno ideológico para exigir recortes futuros.

Obviamente no es lo mismo reducir el déficit público recortando gastos que aumentando ingresos, ni es lo mismo subir impuestos a la mayoría social que hacer que pague quien no paga. Ese es precisamente uno de los grandes desafíos que tiene nuestra economía: garantizar un Estado de Bienestar de calidad, incrementando la presión fiscal de quien no paga y reforzando la progresividad.

Las cuentas son evidentes. Entre 2009 y 2014 los Presupuestos Generales del Estado experimentaron recortes del gasto por valor de 18.500 millones de euros en sanidad y educción, 10.800 millones en materia de inversiones en infraestructuras, 7.200 millones en prestaciones por desempleo, 6.900 en política de vivienda, 2.700 en atención a las familias e infancia, 2.500 millones en atención al medio ambiente y otros tantos en I+D+i. El lector atento ya se habrá dado cuenta; la suma total de los recortes es muy similar al fraude anual estimado. Las conclusiones son evidentes: la infradotación de nuestro maltrecho Estado de Bienestar responde en buena medida a la insolidaridad de quienes defraudan.

Pero al tiempo que nos hemos hecho conscientes de esta situación, también hemos advertido que el hueco que deja el diablo –ese fraude fiscal que al final repercute en un Estado de Bienestar más frágil– tenía nombres y apellidos, y se gestionaba desde lujosos despachos de asesoría fiscal situados a veces en Panamá, y otras en el Paseo de la Castellana. Se confirma así lo que los propios técnicos de Hacienda venían apuntando desde hacía años: de los casi 60.000 millones de euros anuales de fraude fiscal estimados, el 70% corresponde a grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas, muy por encima de las cifras relativas a pymes y autónomos.

Aquí encontramos los tres elementos que, superpuestos en el tiempo y en el espacio, han determinado la mayor crisis de desafección política que ha atravesado nuestro país en décadas: las mismas oligarquías económicas y políticas que nos han recetado recortes, austeridad fiscal y rebajas salariales, son las que se han beneficiado de una generalizada corrupción y, además, las que han contribuido a desfiscalizar la Hacienda Pública ocultando su patrimonio e incluso llevándose su dinero a paraísos fiscales.

Más aún, esas mismas oligarquías que se beneficiaron de la corrupción y/o que contribuyeron al fraude fiscal, han sido las que en 2012 se acogieron a la amnistía del gobierno del Partido Popular. Esta “regularización especial”, como la llama el PP, no sólo ha permitido legalizar ante Hacienda el patrimonio oculto de muchas fortunas –con el nocivo mensaje que esto manda al conjunto de los contribuyentes–, sino que además está facilitando que dicho afloramiento se haga a tipos muy inferiores a los inicialmente planteados. En teoría, la amnistía pretendía regularizar los patrimonios ocultos aplicando un tipo impositivo del 10% al importe del capital aflorado. Sin embargo, hoy sabemos que las fortunas que se han acogido a esta “ventana de oportunidad” están beneficiándose de porcentajes de tributación en el entorno del 1-2%.

Como reza la conocida máxima atribuida a Abraham Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Es imprescindible que durante la próxima legislatura se aborden definitivamente medidas para perseguir mucho más intensamente el fraude fiscal en España. Profundizar nuestra democracia así lo exige.

La cuantía para considerar la comisión de un delito fiscal debe rebajarse de los 120.000 euros a los 50.000, tal y como sucede con las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea. Además, debe ampliarse a diez años del plazo de prescripción de estos delitos. El próximo Congreso tendrá el reto de desarrollar un estatuto básico en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la finalidad de blindar su autonomía y terminar con el uso partidario de la institución. Debe ser además el propio Congreso quien nombre y controle al director general de la AEAT.

Por cada euro que el Estado invierte en fraude fiscal, se recaudan entre 8 y 10 euros adicionales. Y, sin embargo, nuestro país es de los que menos invierte en esta materia en la UE. Alemania, que gasta cinco veces más en administración fiscal de lo que gasta España, tiene un inspector por cada 700 habitantes, mientras que en nuestro país dicho indicador es de un inspector por cada 2000 habitantes. Si queremos combatir eficazmente el fraude fiscal, la AEAT debería duplicar su plantilla durante la próxima legislatura para ponerse al nivel medio de la UE-28. En materia de fraude, al igual que sucede con otros problemas económicos, decisiones políticas alternativas terminan configurando realidades institucionales muy distintas. Es la hora de que España se parezca más a los países de nuestro entorno.

"Aprobar los PGE2016 responde a una estrategia que intentar atar de pies y manos las posibilidades de que un nuevo gobierno establezca otras prioridades de política económica, obligando a prolongar la austeridad", afirma el secretario de Economía de Podemos

"Estos presupuestos son coherentes con el Programa de Estabilidad que el Gobierno ha remitido a Bruselas, y que contempla una reducción de 5 puntos porcentuales del gasto público sobre el PIB para los próximos cuatro años", señala

Hay dos cuestiones relativas a los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes que son cruciales. En primer lugar, el Partido Popular mantendrá lo que ha sido una constante en esta legislatura: la austeridad fiscal. Y en segundo lugar, lo hará incluso más allá de su mandato legal.

Empecemos con la segunda de las cuestiones. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016 refleja el limitado compromiso democrático del Partido Popular con algunas cuestiones de enorme transcendencia económica, política y social. No parece muy oportuno que un gobierno que está finalizando su legislatura, y que es probable que no vuelva a gobernar tras las próximas elecciones generales, pretenda dejarle aprobados los presupuestos del año en curso al nuevo ejecutivo que le suceda.

Estamos ante una estrategia que intenta atar de pies y manos las posibilidades de que un nuevo gobierno establezca otras prioridades de política económica, obligando a prolongar la austeridad más allá de la propia presencia del Partido Popular en el gobierno de la nación.

¿Prolongar la austeridad? En efecto, porque de eso se trata. Estos presupuestos, a pesar de los fuegos de artificio con los que Rajoy ha intentado presentarlos, consolidan y prolongan la austeridad fiscal en nuestro país. Así, a pesar de que el gobierno contempla un crecimiento de los ingresos del 4% respecto a los presupuestos generales del año pasado, los gastos no financieros se reducirán en 5.666 millones, un 4,4%.

El debate económico de fondo es el siguiente: ¿a qué destinamos los ingresos procedentes del cambio de ciclo económico? Tres posibilidades caben a este respecto. En primer lugar, la mejora de la recaudación puede ser destinada a una drástica reducción del déficit público, en línea con lo planteado por Bruselas. En segundo lugar, los mayores ingresos pueden dedicarse a rebajas de impuestos. Finalmente, la mejora de la recaudación podría ser utilizada para impulsar una política de signo contrario a la austeridad, revirtiéndose los recortes de esta legislatura y favoreciéndose con ello una mayor creación de empleo y reducción de las desigualdades.

El gobierno del Partido Popular ha decidido consagrar la mejora de los ingresos a los dos primeros objetivos. Los presupuestos prevén recortar el déficit público desde el -4,2% del PIB hasta el -2,2%, y se ha adelantado al mes de julio la rebaja fiscal prevista para 2016.

Estas medidas no sólo continúan descapitalizando una hacienda pública que ya de por sí recauda notablemente menos que las de otros países europeos (preparando con ello la insostenibilidad de los servicios públicos). Además, revelan una elección dañina para la economía y para la mayoría social: frente al déficit de empleo de nuestra economía, y frente a los problemas estructurales no resueltos que ésta presenta, se opta por seguir profundizando en la lógica neoliberal de estrangulamiento de lo público.

Estos presupuestos son coherentes con el Programa de Estabilidad que el gobierno ha remitido a Bruselas, y que contempla una reducción de 5 puntos porcentuales del gasto público sobre el PIB para los próximos cuatro años. Con ello, España quedaría definitivamente alejada de la media de la eurozona, con un tamaño de su Estado del Bienestar más próximo al de las economías balcánicas o bálticas que al de las centroeuropeas.

Sin embargo, la drástica reducción del déficit público que plantea Bruselas debe condicionarse a una reducción previa del desempleo, las desigualdades y las debilidades productivas de nuestra economía. Debemos terminar de una vez con la austeridad y poner los Presupuestos Generales del Estado al servicio de una recuperación económica que distribuya los beneficios del crecimiento entre toda la población, y siente las bases de un nuevo patrón de crecimiento.

Si en lugar de a una drástica reducción del déficit público, los próximos presupuestos consagrasen la mejora prevista de los ingresos a un plan de recuperación y expansión de la inversión pública y de los servicios sociales, del orden por ejemplo de los 25.000 millones de euros, la brecha estructural con Europa podría empezar a cerrarse, al tiempo que el desempleo se reduciría notablemente más rápido.

El verdadero trasfondo del TTIP es su pretensión de subordinar los derechos sociales y las decisiones de los parlamentos nacionales a las prioridades económicas de los grandes grupos multinacionales

Dos grandes fuerzas sociales vuelven a colisionar. Son dos fuerzas que, como los viejos bisontes en la pradera, llevan siglos colisionando, peleando unos por ampliar y otros por salvaguardar su espacio vital.

Dichas fuerzas colisionaron ya en la Inglaterra del siglo XVIII, en torno a los cercamientos de la tierra (enclosures) y la abolición de las leyes de granos. Y desde entonces no han dejado de hacerlo continuamente: en la construcción del Zollverein alemán en el siglo XIX, en los astilleros vizcaínos durante la reconversión industrial de los años ochenta, en 1999 en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seattle o en las urnas francesas cuando los votantes rechazaron en mayo de 2005 el Tratado de la Constitución Europea.

Es una confrontación que en ocasiones se presenta como la que hace chocar los intereses de quienes impulsan y quienes se oponen al libre comercio internacional. Pero sin embargo tiene un trasfondo mucho mayor, más complejo. Es el reflejo de los esfuerzos espontáneos que hacen las mayorías populares para protegerse de los procesos de dislocación social causados por la continua y creciente mercantilización de las sociedades modernas. Es decir, es el reflejo de aquella Gran Transformación de la que nos habló Karl Polanyi, en movimiento siempre permanente.

Desde hace semanas esta colisión secular se representa en un nuevo teatro, el Parlamento Europeo. Las fuertes presiones sociales en contra del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) fueron capaces de abrir una ruptura temporal en el seno del grupo socialista europeo y paralizar, el pasado 10 de junio, la votación del informe del TTIP. Pero esta semana se ha vuelto a retomar dicha votación, aprobándose ayer con los votos tanto del PP como del PSOE.

El TTIP es mucho más que un simple acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Si fuese un mero acuerdo de libre comercio tendría sentido centrar el debate en las consecuencias –positivas y negativas– que la ausencia de barreras arancelarias y la expansión del comercio internacional tiene para los distintos países y grupos sociales. Tendría sentido en ese caso analizar cómo algunas uniones aduaneras, al tiempo que han permitido una notable expansión del comercio entre los socios y han favorecido el crecimiento económico y la creación de empleo, han contribuido igualmente a la desindustrialización de las zonas más vulnerables.

Si el TTIP fuese “otro” tratado comercial más, convendría discutir cómo los procesos de pérdidas y ganancias en las zonas de libre comercio no suceden fundamentalmente entre las distintas zonas geográficas que las integran, sino entre los distintos grupos sociales implicados –siendo los trabajos más expuestos a la competencia externa, y los de menor cualificación, los que experimentan un mayor riesgo de verse afectados–. Y por tanto sería necesario que centrásemos nuestros debates en el diseño de aquellos instrumentos que pueden minimizar estos costes y, sobre todo, que garantizan la transferencia de parte de los ingresos derivados del comercio desde los grupos sociales beneficiados hacia los grupos perjudicados.

Pero el TTIP no es simplemente un acuerdo de libre comercio más. El TTIP ha sido el intento por revivir –corregido y aumentado– el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), defenestrado en 1998 por la presión social y cuyo objetivo era requilibrar el poder entre gobiernos y multinacionales en favor de estas últimas.

Por eso, resulta erróneo abordar el debate en torno al TTIP como un debate sobre los costes y beneficios económicos asociados a las zonas de libre comercio, y sobre la distribución de dichos costes entre los distintos grupos sociales. El debate en este caso se sitúa en un plano distinto: en el plano de la democracia política y la soberanía económica. Porque el verdadero trasfondo del TTIP es su pretensión de dar cuerpo legal a un marco jurídico que subordine los derechos sociales y las decisiones de los parlamentos nacionales a las prioridades económicas de los grandes grupos multinacionales. Por eso su negociación debería suspenderse definitivamente y la pretensión de aprobar este tratado debería abandonarse.

El TTIP contempla todavía, a pesar de la enmienda pactada a este respecto entre socialistas y populares, un mecanismo de blindaje de los intereses de las empresas transnacionales que permite que los inversores financieros demanden a los Estados ante tribunales de arbitraje privados “independientes”. Pero además el TTIP, al contemplar hasta el momento la homologación de la normativa entre EEUU y la UE en múltiples terrenos, abre de par en par las puertas a una armonización a la baja de los derechos laborales y de las legislaciones medioambientales, así como a la progresiva mercantilización y privatización de los servicios públicos. Si un tratado comercial es capaz de blindar institucionalmente estas cuestiones, poco importará lo que puedan decir los parlamentos nacionales al respecto una vez que el tratado sea aprobado y ratificado. Además, la supresión de las tarifas arancelarias y de los cupos a la importación para determinados productos agrarios conllevaría algo que va mucho más allá de la protección puntual a un determinado sector: un obstáculo a la vida rural en muchas regiones de Europa.

La colisión social y política que de nuevo tuvo ayer con ocasión de la votación del informe del TTIP en el Parlamento Europeo no es la pugna entre quienes impulsan y quienes se oponen al libre comercio internacional. Es la colisión entre quienes aspiran a preservar los siempre frágiles espacios de democracia y soberanía política, y quienes reivindican la subordinación de facto de dichos espacios a la lógica de la rentabilidad empresarial.

El AMI quedó enterrado años atrás fruto de la presión popular. El TTIP puede correr igual suerte en las próximas semanas. En todo caso, bajo una u otra fórmula jurídica estas propuestas reaparecerán en el futuro. Y con ello, y en tanto en cuanto dichos tratados aspiren a subordinar los espacios de bienestar social y soberanía política, también reaparecerán los esfuerzos de las mayorías populares para oponerse y protegerse.

"No es posible seguir demandando más sacrificios a la sociedad española a cambio de dudosos beneficios", afirma el autor

Una cosa tienen en común el escenario actual y la situación previa a la crisis: España es presentada en los foros internacionales como un modelo de éxito económico. En los años previos a la crisis fuimos la patria del crecimiento económico y la creación de empleo. España “iba bien” y a nadie parecía importarle que esto fuese a costa de un enorme endeudamiento externo, difícilmente sostenible en el tiempo y que determinó la crisis más importante del país desde la década de 1930.

Hoy, de nuevo, España es presentada por los organismos internacionales como ejemplo, en este caso del impacto positivo que pudieran estar teniendo las políticas de la Troika. Nuestra economía ha abandonado los números rojos y muestra una tasa de crecimiento interanual del 1,6%. Y sin embargo, las previsiones no son buenas pues los grandes problemas del país son persistentes y algunos incluso se agravan.

Al ritmo actual de creación de empleo, el principal problema de la economía española  –un desempleo del 23,7%– se prolongará varias décadas. La renta por habitante sigue siendo hoy menor que la de 2004, e igual a la de hace 16 años cuando dicha renta se compara con la media europea. Los salarios reales, que han perdido en término medio un 13% de capacidad adquisitiva durante la crisis, continúan reduciéndose. Y la inflación interanual se sitúa, por sexto mes consecutivo, en datos negativos y nos acerca peligrosamente al temido escenario de la deflación.

Además, problemas que estaban en la base de la actual crisis se han agravado: somos el país de la OCDE donde las desigualdades han crecido más rápidamente durante los últimos años y la deuda externa ha seguido creciendo, pasado del 140% del PIB en 2008 al 165% actual.

La estrategia impuesta a los españoles por la Troika y por el Gobierno de Rajoy no funciona. Carga sobre las espaldas de las clases medias y las clases populares los costes de la crisis, y además no facilita la recuperación. Esta política no ha solucionado los desequilibrios macroeconómicos españoles, sino que se ha limitado a desplazarlos: la corrección del déficit externo se ha hecho a costa de reducir la demanda interna y multiplicar el desempleo; la reducción del déficit público, vía recortes sociales, ha generado un fuerte incremento de las desigualdades; los problemas de solvencia del sector bancario han sido atajados aumentando la deuda pública.

El dilema político que los españoles tienen ante sí en los próximos meses –protagonizados por un intenso ciclo electoral– es el de elegir entre dos escenarios futuros: o bien la continuidad de las políticas actuales y, con ello, la prolongación de una década perdida y el riesgo de deflación, o bien un cambio que impulse una política económica alternativa centrada en defender los intereses de la mayoría social.

En España sólo el nuevo partido surgido de la indignación popular frente a los recortes, Podemos, representa en este momento una posibilidad real de impulsar esta política alternativa. Las encuestas electorales así lo atestiguan. Esta alternativa, entre otros elementos, debe impulsar cuatro cambios.

En primer lugar, es necesario revertir la austeridad fiscal y circunvalar el Pacto Fiscal. En una intensa recesión de balances como la nuestra, con hogares y empresas asfixiados por los efectos de la deuda privada, sólo la política fiscal puede activar el crecimiento, la creación de empleo y la recuperación de los derechos sociales. La puesta en marcha de un ambicioso plan de inversión pública es vital sin queremos mejorar la productividad de nuestro tejido productivo, y abrir una senda de descarbonización y transición energética.

En ausencia de una política fiscal expansiva, y dada la actual situación de “trampa de liquidez” en la que vivimos, la reciente decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda pública siguiendo un programa similar al quantitative easing implementado por la Reserva Federal estadounidense no bastará para impulsar la recuperación. Es más, una política monetaria tan expansiva, al implementarse junto a una política fiscal de signo contrario, entraña un importante riesgo de exceso de liquidez en los mercados de capitales, con el consiguiente incentivo a la formación de nuevas burbujas financieras.

Esta política fiscal tiene que venir además acompañada de una intensa reforma tributaria que persiga el fraude y elimine las muchas exenciones fiscales de las que se benefician las rentas más altas y las grandes sociedades. Hacer que el tipo efectivo y el tipo nominal converjan debe ser una vía importante para incrementar la progresividad del sistema.

En tercer lugar, la devaluación salarial debe concluir para dar paso a un crecimiento impulsado por los salarios. En Europa más del 80% de la demanda agregada responde a la demanda interna, y las exportaciones tienen un peso limitado.  Además, dos tercios del comercio exterior tiene lugar entre los propios socios. No es posible por tanto que la estrategia de devaluación interna funcione para un país, y menos para todos a la vez. Si algo hemos comprobado con esta política es que las escasas ganancias de competitividad que se derivan de las reducciones salariales son ampliamente contrarrestadas por el hundimiento del consumo privado y de la demanda interna.

Finalmente, una verdadera alternativa económica para España no puede obviar el mayor de sus problemas. Es necesaria una reestructuración de la deuda pública y privada, dado el elevado stock acumulado, el oneroso pago de intereses y el lento proceso de desapalancamiento actual. Sin esta reestructuración, el gasto de los hogares, la inversión empresarial y la capacidad de nuevos gobiernos de desarrollar una política expansiva seguirán estando muy limitadas.

El mejor escenario sería sin duda que las anteriores propuestas se pudiesen coordinar a escala europea, empezando por los propios países periféricos. No obstante, no es posible seguir demandando más sacrificios a la sociedad española a cambio de dudosos beneficios. En ausencia de una clara voluntad política de coordinación supranacional aquellos gobiernos que aspiren a defender verdaderamente los intereses de la mayoría social deberán avanzar, si fuese necesario, de forma unilateral.

"Lo que está cambiando en nuestra economía no es tanto el umbral de Okun, sino el umbral de lo que nuestros gobernantes consideran un empleo digno de tal nombre", afirma el autor

El economista estadounidense Arthur Okun, profesor de la Universidad de Yale y asesor de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, pasó a la historia de la macroeconomía por formular en la década de 1960 la denominada ley de Okun, una suerte de regularidad empírica lineal entre la tasa de crecimiento del PIB y las variaciones de la tasa de desempleo. Okun identificó un determinado umbral de crecimiento económico, entre el 2,5% y el 3%, por debajo del cual el incremento de la productividad se traduciría en aumentos del paro. Por tanto, para conseguir reducir el desempleo, una economía debía crecer al menos a ese ritmo.

En el siguiente gráfico podemos observar cómo, durante los últimos veinte años, dicha regularidad se ha cumplido para el caso de la economía española. Los años en los que se reducía la tasa de paro se corresponden en buena medida con años en los que el crecimiento superaba el 3% anual. Por debajo de dicha tasa raro ha sido el año que la economía española ha reducido su desempleo. Y no encontramos ningún año en la serie en el que la tasa de desempleo se haya reducido con un crecimiento económico inferior al 2%. Salvo el año 2014 (punto rojo del gráfico).

El reciente incremento del empleo en España, en un contexto de crecimiento económico entorno al 1%, ha llevado a algunos economistas a plantear que el umbral asociado a la ley de Okun podría haberse reducido significativamente en nuestro país.

Estaríamos por tanto en un nuevo escenario, en el que asistiremos a una recuperación relativamente sostenida del empleo durante los próximos meses, a pesar de que el crecimiento se mantenga en niveles relativamente bajos. Este nuevo escenario sería la consecuencia, según la ortodoxia liberal, de la última reforma laboral: la reducción de los costes de contratación y despido estarían animando la creación de empleo en el momento en que cambia ligeramente el ciclo económico, sin necesidad de un intenso crecimiento. Así, según esta interpretación, la última reforma laboral estaría desplazando hacia la izquierda la recta de regresión del gráfico anterior, sentado por tanto las bases para solucionar el elevado desempleo, principal problema económico de nuestro país.

La información que se deriva de la Encuesta de Población Activa hace pensar si embargo que no es este el escenario en el que se encuentra nuestro mercado de trabajo. Y no estamos en este escenario por tres razones.

En primer lugar, la creación de empleo neto en nuestra economía se produce a un ritmo muy lento de acuerdo a la propia dimensión del desempleo. Entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2014 se crearon 274.000 puestos de trabajo. Teniendo en cuenta este ritmo de creación de empleo, necesitaríamos dos décadas para solucionar el problema actual del desempleo. No se puede decir por tanto que estemos, por el momento, ante una creación significativa de empleo.

En segundo lugar, la sostenibilidad de la creación de empleo –incluso al débil ritmo ya señalado– resulta incierta en este momento, dado el comportamiento de la productividad (actualmente en proceso de ajuste). Para que sea posible el crecimiento del empleo neto la productividad del trabajo debe incrementarse menos que el Producto Interior Bruto. En caso contrario se destruirá empleo. Esto es una identidad contable, y admite por tanto poca discusión.

Entre 2008 y 2013 la economía española experimentó un crecimiento anual medio de la productividad del 2,3%, notablemente superior al existente en los años previos a la crisis. Este fuerte crecimiento de la productividad en plena crisis no era sino el reflejo deformado de un intenso proceso de destrucción de empleo, más rápido que la propia reducción del PIB (el empleo se redujo un 3,2% anual durante este periodo, y el PIB un 1%).

Durante la crisis hemos asistido por tanto a un fortísimo ajuste sobre el empleo, que hace que las empresas lleguen a la situación actual con una “elevada” productividad (o, mejor dicho, con unas plantillas ajustadas al límite). Si entre 2002 y 2007 la jornada laboral anual por empleado se redujo un 4,4%, según datos de la Comisión Europea, en los años de la crisis esta volvió a aumentar un 1,2% (eso sin tener en cuenta el incremento de horas extra). En este contexto cabía esperar por tanto que cualquier avance –por tímido que fuese– en la demanda interna tuviese que traducirse en un cierto “efecto rebote” sobre el empleo. Una vez que la productividad se ajuste a la nueva situación, los crecimientos en el empleo bien podrían estancarse aún más.

Hay además una tercera razón que invita a cuestionar los supuestos avances del gobierno en materia de creación de empleo. Estos avances resultan no ser tales cuando analizamos las estadísticas con cierto detalle.

Una buena parte de la reducción del desempleo experimentado por nuestra economía en el último año no responde al hecho de que los parados encuentren un empleo, sino a que éstos se desaniman y dejan de buscar, saliendo de las estadísticas del desempleo. El paro se redujo en 515.000 personas durante el último año, pero la población activa lo hizo en 242.000. Si incluyésemos a los desanimados en el cálculo de la tasa “real” de paro (tal y como se hace en EEUU), dicha tasa se elevaría 4 puntos más en el caso español.

Además, si en lugar del número de ocupados totales observamos la evolución del número de horas trabajadas, no podemos decir que nuestra economía esté “creando empleo”. Debemos por tanto ser cuidadosos con la interpretación que hacemos de los datos estadísticos. La Contabilidad Nacional Trimestral del INE, a diferencia de la EPA, nos proporciona los datos de empleo en equivalentes a tiempo completo y en horas trabajadas. Aunque todavía no ha sido publicada la información correspondiente al tercer trimestre (lo que impide comparar con la EPA), de acuerdo al último dato disponible sabemos que en los últimos doce meses se han reducido, en más de 28 millones, el monto total de horas trabajadas en nuestro país.

En rigor, no asistimos actualmente a un proceso de creación de empleo neto, sino a un cierto reparto espurio del empleo (que más bien podría considerarse un reparto de la escasez): la reducción de los costes laborales propiciada por la reforma laboral está permitiendo que donde antes había un puesto de trabajo “ordinario” (indefinido y a jornada completa), ahora empiecen a convivir varios empleos de peor calidad (temporales, o a jornada partida). Según datos de la EPA, el 54% de los empleos creados en el último año son temporales, y más de 80.000 a tiempo parcial. Y de estos últimos, casi dos tercios son involuntarios. Los “minijobs” parecen haber llegado por tanto para quedarse.

Una buena prueba de que la creación de empleo está pasando fundamentalmente por la extensión de la precariedad laboral la tenemos en los propios datos de la Contabilidad Nacional Trimestral: a pesar del incremento del empleo neto, permanece estancado el peso que tiene la remuneración de los asalariados sobre el PIB.

El lenguaje, los conceptos, igual que las categorías estadísticas, no son ni estáticos ni neutros. Mutan con el tiempo, o con el propio ejercicio del poder. Y eso parece que es lo que sucede con el concepto de “empleo”. Hoy día “empleo” ya no significa lo mismo que significaba hace algunas décadas. Entonces dicho término remitía a una realidad laboral de estabilidad, suficiencia adquisitiva e inserción ciudadana. Hoy día, y más aún después de la reforma laboral, la precariedad ha difuminado los contornos de dicho concepto.

Por todo ello no podemos decir que la creación de empleo –clave de bóveda de toda política económica en este momento– discurra por una senda esperanzadora. La reforma laboral y el ajuste salarial no parecen haber contribuido a incrementar la elasticidad del empleo respecto al ciclo económico. Así, lo que está cambiando en nuestra economía no es tanto el umbral de Okun, sino el umbral de lo que nuestros gobernantes consideran un empleo digno de tal nombre.

La buena noticia no es por tanto que se cree “cualquier tipo de empleo”, aunque sea muy poco y de mala calidad. La buena noticia sería que asistiésemos a un cambio en la política económica que diese lugar a uno de los siguientes dos escenarios de creación de empleo (o a una mezcla de los dos).

El primer escenario posible pasa por un intenso crecimiento de la demanda interna capaz de superar el propio crecimiento de la productividad, permitiendo así el aumento de las horas totales trabajadas y la creación de empleo. Este escenario exigiría una expansión significativa del gasto público en torno al fortalecimiento de los servicios sociales, y una recuperación del consumo de los hogares mediante la reestructuración de las deudas hipotecarias y el crecimiento de los salarios.

Un segundo escenario es posible, y desde el punto de vista de las necesidades sociales y ecológicas también deseable: aprovechar las posibles ganancias de productividad para impulsar un “reparto genuino” del empleo, pero no mediante la extensión del empleo precario y a tiempo parcial involuntario, sino mediante reducciones de jornada voluntarias que permitan crear empleo de calidad.

Ambos escenarios son viables, pero ambos precisan de una política económica alternativa a la que en este momento ejecuta el Gobierno.

Es comprensible que en este contexto asistamos a un escenario de crisis prolongada, en el que presenciaremos dobles, triples y múltiples recesiones, e incluso posibles episodios de inestabilidad financiera

Que esta crisis no iba a ser como otras anteriores fue algo que pudimos constatar ya desde sus primeros compases, hace ahora siete años. La intensa depreciación de los activos financieros, las quiebras generalizadas en el corazón del sistema –la banca de los países desarrollados–, los elevadísimos niveles de endeudamiento privado, el cortocircuito del crédito y el rápido crecimiento del desempleo hacían prever una recesión de enorme magnitud.

No obstante, también cabía pensar en ese momento que, dadas las importantes similitudes de esta crisis con la que sacudió al mundo en 1929, no se cometerían los mismos errores de política económica. Y sin embargo, se han vuelto a cometer, y se sigue persistiendo en ellos.

En efecto, los elementos en común entre ambas crisis son notables. Las dos se producen tras un periodo de hegemonía financiera, y sus causas están íntimamente ligadas a dicha hegemonía. Tanto en la década de 1920 como en la de 1990, el capital financiero es capaz de imponer una generalizada liberalización de las distintas economías y mercados, abriendo nuevos espacios de valorización y expandiendo los ya existentes. El crédito –liberado de los controles públicos existentes en otros momentos de la Historia– se pone al servicio de la acumulación financiera e inmobiliaria, y termina generando elevadísimos niveles de apalancamiento en el sector privado. En el momento en el que se empieza a constatar la desconexión entre los valores bursátiles, financieros e inmobiliarios –por un lado– y los beneficios reales –por otro– sobreviene la desinversión y la crisis.

Con ello, las dos crisis dejaron sumidas a las economías desarrolladas –y de ahí la especificidad y profundidad de ambas– en unas arenas movedizas particularmente peligrosas: el enorme endeudamiento de hogares y empresas. Por eso estas crisis terminaron dando lugar a lo que Irving Fisher (1933) denominó “deflación por endeudamiento”, situación en la cual empresas y hogares posponen indefinidamente sus gastos de inversión y consumo, dado que cualquier nuevo ingreso es dedicado prioritariamente a desendeudarse. Las caídas de precios se generalizan por tanto y la economía se adentra en la deflación.

Cuatro lecciones parecían sin embargo aprendidas –o al menos así se presentaban en los libros de historia económica– tras la crisis de 1929. En primer lugar, la insistencia en las medidas de austeridad fiscal –en plena Gran Depresión– de los gobiernos de Alemania (Brüning, 1931), Francia (Laval, 1935) o EEUU (Hoover 1930 y posteriormente Roosevelt, 1937), prolongó la crisis de estas economías. La contracción del gasto público –único motor que le queda a una economía cuyo sector privado presenta altos ratios de endeudamiento– profundizó la caída de la demanda y, con ello, el hundimiento económico.

En segundo lugar, los intentos generalizados por ganar competitividad a costa de los países vecinos –devaluando los tipos de cambio– resultaron en una pérdida económica colectiva: con la demanda interna colapsada por la dinámica deflacionista, la externa quedaba anulada fruto de las devaluaciones mutuas.

Una tercera lección que la ciencia económica parecía haber aprendido tras la crisis de los años treinta era la existencia de “trampas de liquidez” en determinados contextos de crisis: las políticas monetarias expansivas resultan inútiles para facilitar la salida de las crisis cuando los actores económicos se encuentran altamente endeudados y/o en un contexto próximo a la deflación. En esta situación, cualquier nueva inyección de liquidez por parte de la autoridad monetaria será atesorada por los hogares y empresas y, especialmente, por las instituciones financieras. La política monetaria expansiva resulta por tanto inútil para restaurar el crecimiento en ausencia de una política fiscal del mismo signo.

La cuarta y última lección que podemos encontrar en los libros de historia tiene que ver con la regulación del sector financiero. Hasta que, ya tras la Segunda Guerra Mundial, no se acometió definitivamente la “represión” del sector financiero –entendiendo por ésta una intensa regulación, el control estricto del volumen de crédito, la separación de la banca comercial y de inversión, y la nacionalización parcial del sector–, no fue posible garantizar ni la estabilidad financiera ni la adecuada financiación de las necesidades productivas y sociales del momento. Durante las décadas de 1950 y 1960 no existió ninguna crisis financiera de importancia en los países desarrollados.

A la luz de la crisis actual, poco parece haber aprendido la ciencia económica de la historia, particularmente en la Unión Europea. En el curso de los últimos años Bruselas y los distintos gobiernos nacionales han impuesto –de nuevo en plena crisis– las políticas de austeridad fiscal, con efectos depresivos similares a los de los años treinta. Las devaluaciones competitivas –esta vez vía recortes salariales, dada la existencia de la moneda común– han contribuido a hundir aún más la demanda en la zona euro. Las masivas inyecciones de liquidez del BCE, dado el contexto de austeridad fiscal y salarial, no sólo no han restaurado el crédito sino que están llevado nuevamente a una situación de sobrevaloración y riesgo a los mercados financieros europeos, con volúmenes y cotizaciones que en algunos casos se acercan a los valores previos a la crisis. Y no tenemos ningún avance significativo, más allá de los discursos, en el control efectivo del sector financiero.

Si fuésemos más ingenuos pensaríamos que la de los economistas es una profesión obstinada en tropezar. La realidad es que no se trata sólo de un problema de fracaso intelectual, que también. Es sobre todo una cuestión de intereses. Y la economía mainstream se ha entregado a la defensa de los de la oligarquía económica y financiera.

La política económica en curso no sólo prolonga la crisis, sino que está además profundizando los problemas que nos trajeron hasta aquí: los niveles de endeudamiento privados apenas se han reducido, mientras que la deuda pública se ha disparado en numerosas economías europeas; no sólo no avanzamos en una reducción y control del sector financiero, sino que el proceso de financiarización de la actividad económica vuelve a retomar su curso; y, por último, se profundizan las desigualdades económicas y sociales (responsables del endeudamiento de muchas familias antes de la crisis, así como de la ingente acumulación de recursos que tiene lugar en los circuitos financieros).

Es comprensible por tanto que en este contexto asistamos a un escenario de crisis prolongada, en el que presenciaremos dobles, triples y múltiples recesiones, e incluso posibles episodios de inestabilidad financiera. La política económica de la Troika y del Gobierno de Rajoy fracasa hoy igual que dichas políticas fracasaron en la década de 1930. La historia es tozuda. Mientras no decidamos aprender del pasado, impugnar la lógica financiera dominante y cambiar el rumbo de la política económica, la crisis seguirá siendo una realidad para millones de familias en Europa, particularmente en las economías más débiles.

Reestructurar la deuda pública y privada de las economías periféricas –reduciendo su volumen–; proceder a una reforma tributaria que garantice, sobre una fuerte progresividad, la suficiencia fiscal de las administraciones públicas; impulsar una expansión significativa de los servicios públicos y de los decrépitos Estados de Bienestar de estas economías, así como de las inversiones necesarias para acometer la modernización, descarbonización y transición energética de los tejidos productivos; establecer salarios mínimos suficientes y derogar las reformas laborales legisladas en los últimos años para reforzar así la capacidad de negociación de los asalariados; estas son sólo algunas de las medidas que podrían permitir que Europa empiece a superar el escenario actual de hundimiento de la demanda y de deflación.

Algunos economistas dirán que el capitalismo contemporáneo carece de márgenes suficientes para poder articular este tipo de políticas. Sin embargo, lo que resulta evidente es que son las sociedades europeas –particularmente las periféricas, dados sus elevados niveles de desempleo y sufrimiento social– las que ya no tienen más margen de aguante. Es urgente por tanto un cambio en la política económica.

El movimiento de las placas tectónicas sobre el manto terrestre no siempre es perceptible, pero ahí está: constante, imparable. Sin embargo, cuando los bordes de dos placas colisionan entre sí irrumpe el terremoto. La tectónica política presenta un comportamiento análogo a la dinámica geológica. La aparente calma se quiebra cuando se alcanza un punto de fricción elevado, momento en el que los seísmos políticos tienen lugar. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en las últimas elecciones. La placa del bipartidismo ha colisionado frontalmente con la expresión política de la indignación social acumulada durante los últimos años.

Por primera vez desde la Transición los dos grandes partidos del sistema han experimentado un duro castigo. Esta vez es diferente. Por la enorme dimensión del castigo, pero también por el hecho de ser simultáneo. Mientras que en las elecciones europeas de 2009 la suma de los votos de PP y PSOE superó el 80%, en esta ocasión no ha alcanzado el 50%. Asistimos por tanto a una profunda alteración del reparto electoral en nuestro país. Y este no es más que el primero de una serie de asaltos que están por venir, que bien podrían profundizar esta tendencia y –como ha sucedido en Grecia– transformar el mapa del poder político.

Las razones del hundimiento, del que venían avisando ya numerosas encuestas, son de sobra conocidas: los sucesivos gobiernos de PSOE y PP durante estos años de crisis han perpetrado una traición sistemática de sus respectivos programas electorales –es decir, de las expectativas depositadas en ellos por sus votantes–. El pretexto de la traición ha sido el mismo en ambos casos: la aplicación de durísimas medidas de ajuste para socializar los costes de la crisis. Y, para colmo, un ingrediente más se ha añadido a la marmita de la desafección política: incontables e importantísimos casos de corrupción.

Es este contexto el que permite comprender el fuerte ascenso de un voto de castigo íntimamente conectado con la indignación popular y el descontento social. Un voto de castigo que en el caso español, y a diferencia de otras realidades europeas, ha sido fundamentalmente movilizado por la izquierda. Izquierda Unida, con un incremento de un millón de votos desde las últimas europeas, roza el 10% del electorado. Podemos, que irrumpe con 1,2 millones de votos (el 7,9%), es la otra gran beneficiada del seísmo.

La sorprendente entrada de Podemos en el panorama político español abre una ventana de oportunidades y, por qué no, de esperanza. Hace unos meses nos preguntábamos si podríamos convertir la indignación en cambio; hoy constatamos que sí ha sido posible. La ilusión se ha materializado finalmente. Señalábamos entonces que una iniciativa como la liderada por Pablo Iglesias debiera ser juzgada por la dinámica que pudiera llegar a desplegar en términos de ruptura y renovación democrática. Hoy comprobamos que su éxito pone de manifiesto la enorme potencialidad del proyecto.

Tres elementos hacen pensar que esta iniciativa resulta útil para el proceso de refundación de la izquierda y para la conformación de un frente amplio contra las políticas neoliberales de Bruselas.

En primer lugar, Podemos ha logrado actuar como altavoz de propuestas políticas que la movilización social venía poniendo sobre la mesa desde hace tiempo, despreciadas por el PSOE pero necesarias para salir de la crisis y hacerlo además en beneficio de la mayoría social. Los candidatos de Podemos han recorrido el país hablando de la necesidad de romper con las políticas de la Troika y con el diseño actual de la UE, de democratizar las instituciones de Bruselas y el BCE, de reformar el sistema fiscal para hacerlo verdaderamente progresivo, de reconvertir el modelo productivo o de cuestionar el pago de la deuda así como los privilegios de los políticos.

En segundo lugar, y a pesar de nacer como una iniciativa impulsada inicialmente por diversas personalidades, Podemos ha desencadenado a lo largo de la campaña un singular proceso de organización popular “por abajo” en torno a los denominados “círculos”, convocando a miles de ciudadanos y activistas a participar en la construcción de una nueva alternativa política.

Por último, Podemos ha removido el mapa político de la izquierda española de la noche a la mañana, contribuyendo a sacudir el inmovilismo presente en las direcciones políticas de las organizaciones tradicionales. Su arrolladora entrada en el panorama político ha evidenciando además que el sorpasso y la alternativa a la izquierda del PSOE también es posible.

Cuando Cayo Lara señaló que IU era la Syriza española –y que no hacía falta por tanto “irse a buscarla fuera” de la coalición– demostró una enorme incomprensión de la realidad política de nuestro país. La izquierda social viene demandando desde hace años, y cada vez de forma más acuciante, una herramienta que fuese capaz de agitar la situación actual y desencadenar un proceso de cambio. Algo nuevo que rompiese con los cálculos cortoplacistas y las lógicas internas de las organizaciones existentes, al tiempo que fuese capaz de catalizar la ilusión y representar verdaderamente a los de abajo.

El éxito de Podemos responde en buena medida a dicha demanda, y hace que hoy esté más cercana la posibilidad de avanzar hacia un proceso de refundación de la izquierda en el Estado español, que termine definitivamente con la subalternidad respecto al PSOE e inaugure una representación fiel de los intereses de las clases trabajadoras y populares.

Dicho éxito es además doble, pues se demuestra que el objetivo de partida era posible: no se trataba de restarle votos potenciales a IU, sino de asaltar el espacio político socialista para sacudir la representación que dicho partido ostenta en el seno de la izquierda social. Sirva como ejemplo el caso de Madrid. En esta comunidad la suma de Podemos e IU no sólo supera al PSOE, sino que ambas formaciones estarían en condiciones de disputarle en un breve plazo de tiempo la mayoría al PP.

Conviene no obstante evitar falsas ilusiones. La conformación de una mayoría social y política que empuje una ruptura democrática y abra un proceso constituyente será una tarea larga y sembrada de dificultades. No defraudar las expectativas depositadas va a ser una labor titánica pues los obstáculos son mayúsculos.

Las incertidumbres que se abren en torno a Podemos son además importantes. Es una organización con apenas unos meses de vida, que acaba de adquirir una enorme responsabilidad ante una parte muy importante de la ciudadanía. Sin embargo, la formación carece aún de una estructura definida y son muchos los elementos programáticos y de táctica política que tendrán que irse clarificando en los próximos meses. Organizar un nuevo partido, hacerlo democráticamente –dando acogida a la participación activa de decenas de miles de militantes– y hacerlo en los tiempos que requiere la articulación de una sólida alternativa política para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales no es un reto precisamente menor.

Podemos ha dado un gran paso. Ha sido capaz de convertir la indignación en cambio político. Lo ha hecho sin hipotecar su programa con los bancos, con poco más de 100.000 euros de presupuesto recogido vía crowdfunding. Pero la mirada está puesta mucho más lejos y el verdadero reto comienza ahora: ir más allá del vuelco electoral y actuar como catalizador de un amplio proceso de transformación que permita romper con el orden neoliberal y con los gobiernos al servicio de las oligarquías económicas y financieras. Hoy empieza todo.

Durante los últimos meses las oligarquías económicas y políticas se esfuerzan por trasladar insistentemente una idea a la opinión pública: lo peor ya pasó. Así, la crisis económica ya habría tocado fondo y la crisis política –condensada en el hundimiento del bipartidismo– estaría comenzando a superarse.

La realidad sin embargo es tozuda. Mientras persistan el elevadísimo desempleo, los recortes salariales, la emigración de nuestros jóvenes y la pérdida de derechos, la inmensa mayoría de la ciudadanía seguirá viviendo en crisis. Mientras perdure “la vieja política”, el actual régimen de representación permanecerá impugnado. De hecho, las últimas encuestas siguen reflejando una enorme indignación popular: según datos de intención directa de voto, únicamente el 12,5% de los encuestados votaría al PP, el 12,9% al PSOE y el 9,9% a IU. Lo verdaderamente relevante es que el 19,4% se abstendría y el 20,8% aún no lo ha decidido o no lo sabe. Es más, la fidelidad de voto (factor por el que se pondera, entre otros, la intención directa de voto para ofrecer las estimaciones del resultado electoral que habitualmente vemos en las encuestas), arroja un hundimiento duradero y estructural: ha pasado del 70-80% para los votantes de PP y PSOE entre 2000-2009, a oscilar actualmente en torno al 45% en ambos casos.

En definitiva, la situación política sigue siendo completamente excepcional. Los electores tradicionales del bipartidismo y, particularmente, los electores de izquierdas, han dado la espalda a los partidos mayoritarios para, en buena medida, pasar a integrar ese 40% de población que carece de referente político en este momento. Las razones son de sobra conocidas: PSOE y PP han gobernado al servicio de los intereses de las oligarquías económicas y financieras, incumpliendo sus programas electorales, socializando los costes de la crisis e imponiendo con ello un sufrimiento generalizado. Y lo han hecho además en un contexto atravesado por numerosos y gravísimos casos de corrupción.

Una primera respuesta a esta crisis política ha venido de la mano de la movilización ciudadana contra los recortes sociales y la pérdida de derechos. El autismo social de los gobiernos de Zapatero y Rajoy ha evidenciado la necesidad de ir más allá de la protesta, generalizándose en los distintos movimientos la convicción de que sólo una alternativa política –un frente amplio, unitario y plural contra las medidas neoliberales– podrá desatascar la situación actual. Se ha extendido de este modo entre diversos sectores sociales el convencimiento de que la superación de la crisis pasa por la construcción de un nuevo referente político que refleje la indignación popular, catalice las aspiraciones de ruptura democrática y dispute la mayoría social.

Izquierda Unida, por su programa político y por su imbricación en las luchas sociales, estaba (y está) llamada a jugar un papel central en la articulación de dicha alternativa (que, desde luego, excede su perímetro). Sin embargo, el tiempo transcurre sin que veamos movimientos relevantes en el seno de la coalición. El paulatino ascenso en las encuestas electorales ha proporcionado a los dirigentes de IU una innegable comodidad, permitiéndoles confiar en que la supuesta pasokización del PSOE haría el trabajo por sí solo. No obstante, dicho ascenso, además de resultar limitado para disputar la mayoría social, comienza a frenarse. Es más, la posibilidad de reeditar en las futuras elecciones generales el acuerdo de gobierno actualmente vigente en Andalucía con el PSOE –en esta ocasión a escala estatal–, parece constituir la apuesta velada de parte de estos dirigentes.

Ahora bien, la política, como la naturaleza, tiende a ocupar los espacios vacíos. La izquierda social del Estado español demanda desde hace meses –en ocasiones a gritos– un vector capaz de remover la situación actual y desencadenar un proceso de refundación de la izquierda. Si la dirección de IU ha decidido dejar pasar ese tren, será necesario (e inevitable) que otras iniciativas lo intenten.

En este sentido, Podemos –la iniciativa política nucleada en torno a la figura del profesor Pablo Iglesias–, puede jugar un papel interesante. Su nacimiento no deja de ser contradictorio, desde luego. Este proyecto pretende encauzar la ola de indignación social que nació con el 15M, aunque eso no le ha impedido quebrantar uno de los principios fundacionales de dicho movimiento: el rechazo a los liderazgos individuales así como a las decisiones “cocinadas” a espaldas de quienes tienen que ser los “representados”.

A pesar de ello, entendemos que una iniciativa como esta no debe ser juzgada tanto por sus orígenes como por la dinámica que sea capaz de desplegar en un momento dado. Si la autodesignación de Pablo Iglesias como candidato a las elecciones europeas permite poner su resonancia mediática y su liderazgo social al servicio de un proyecto de cambio democrático, bienvenido sea. Al menos tres elementos permitirán decir, pasadas las elecciones europeas, que la iniciativa resultó útil para el proceso de refundación de la izquierda y para la conformación de un frente amplio contra las políticas neoliberales.

En primer lugar, si esta iniciativa logra situar en el debate político general propuestas relativamente relegadas –como la impugnación a las políticas de la Troika, la dación en pago retroactiva para evitar los desahucios, el cuestionamiento del pago de la deuda, la reforma fiscal progresiva, la reconversión ecológica del modelo productivo, o la necesidad de derogar las últimas reformas laborales para facilitar el crecimiento de los salarios– habremos dado un importante paso adelante.

En segundo lugar, Podemos –recordemos, un “movimiento de ficha” por arriba– debiera ser capaz de desencadenar un proceso de organización política por abajo (con la constitución de comités de apoyo, o colectivos similares). El 15M puso de manifiesto un cambio radical en la forma de concebir la acción política: no habrá identificación con un proyecto colectivo en ausencia de participación activa y democrática de la gente que debe conformar dicho proyecto.

Por último, en tercer lugar, Podemos debiera ser una iniciativa que contribuya a sacudir las posiciones que hasta ahora han mantenido otros actores políticos de la izquierda. Aunque su nacimiento no se presenta “en competencia” con IU –sus promotores señalan que el objetivo es movilizar a quienes, situados en la abstención o en la indefinición, carecen de un referente electoral en este momento–, su desarrollo debiera cuestionar la orientación estratégica de la coalición. En concreto, la iniciativa Podemos podría servir de punto de apoyo para que se refuercen aquellas posiciones que, dentro de IU, plantean la necesidad de avanzar hacia un verdadero proceso de refundación de la izquierda que permita articular una “Syriza española” y terminar con la subalternidad respecto al PSOE.

Estos tres elementos –programa, método y alianzas– son tan viejos como la “vieja política” con la que los promotores de Podemos pretenden acabar. Pero desconocerlos, o ignorarlos, conllevará desilusiones que pesarán sobre las fuerzas sociales, sindicales y políticas que luchan por recuperar y ampliar los derechos perdidos. Del mismo modo, este trinomio resulta plano –y en ocasiones mortecino– si no rompe con la mera aritmética de la estrategia partidaria convencional y desencadena el intangible político más valioso: la ilusión. En cualquier caso, será necesario que la capacidad de emocionar se ponga al servicio de un proyecto común (y no del ensimismamiento personal), y que además se supedite a las decisiones colectivas de quienes finalmente integren la iniciativa de Podemos. Son muchas las manos y los corazones que deben contribuir al éxito de un proyecto como este y, aún más, las que deben sumarse para la necesaria refundación de la izquierda.

Acaban de cumplirse tres años de la fecha en la que el gobierno de Zapatero dio un giro en su política económica para iniciar la senda de los recortes sociales, los ajustes salariales, el abaratamiento del despido y el retraso en la edad de jubilación. Un año y medio después de su llegada al poder comprobamos cómo el Gobierno del Partido Popular ha profundizado aún más dichas medidas, ahondando la depresión y generando más desempleo.

La gestión que ambos partidos han hecho de esta crisis —caracterizada por socializar las pérdidas bancarias, cargar a la ciudadanía con la factura de la burbuja inmobiliaria e incumplir reiteradamente sus respectivos programas electorales— ha determinado una enorme contestación social, así como el hundimiento de sus expectativas de voto. El régimen de alternancia bipartidista, que había imperado en este país desde la Transición y que ha demostrado ser un nicho de corrupción, se encuentra seriamente cuestionado.

No obstante, a pesar de este desfondamiento del bipartidismo, no existe hoy por hoy una alternativa política con posibilidad de gobernar y que sea capaz de llevar a las instituciones la voz de la movilización popular. Amplios sectores de los movimientos sociales comprueban así las limitaciones de la protesta cuando ésta no se ve acompañada de un proyecto político en el que se materialice el descontento social. Empieza por ello a resultar evidente que sólo una alternativa política y electoral —un “frente amplio” que se oponga a las contrarreformas neoliberales, similar a la experiencia de Syriza en Grecia— podrá desatascar la situación actual en beneficio de la mayoría social.

El PSOE ya no tiene ninguna credibilidad para formar parte de dicha aventura. Durante años ha renunciado a situar al frente de su agenda política la defensa de los derechos colectivos —seña de identidad de lo que en su tiempo fue la socialdemocracia— llegando al extremo de atacarlos sistemáticamente. Sus ademanes por despojarse del manto del liberalismo ya no resultan verosímiles.

Izquierda Unida (IU) debería jugar sin embargo un papel central en la conformación de dicha alternativa política: su sintonía con las demandas populares, su conexión orgánica con la movilización y su protagonismo en la labor de oposición sitúan a la coalición en un lugar idóneo para ello. De hecho, el rápido declive del PSOE se ha traducido en un importante ascenso de IU en las encuestas electorales, llegando incluso a rozarse el sorpasso en los sondeos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, son diversas las incertidumbres y contradicciones que se ciernen sobre la capacidad de IU para jugar dicho papel. Destacan especialmente dos. En primer lugar, el ascenso que otorgan los sondeos de opinión produce una suerte de “aletargamiento” en sus filas: el “éxito” en las próximas contiendas electorales parece asegurado, luego ¿para qué hacer nada distinto? ¿Por qué buscar ningún tipo de reagrupamiento con otros actores políticos y sociales? Cayo Lara ya dejó claro en la pasada X Asamblea que “IU es la Syriza española, no hace falta irse a buscarla fuera”. Pero además, y en segundo lugar, desde esa posición de fuerza que le dan los sondeos la mayoría de la coalición aboga por llegar a pactos de gobierno allá donde sea posible. En Andalucía IU se ha integrado en el ejecutivo con la intención de “estirar” del PSOE hacia la izquierda. En Extremadura mantiene al gobierno del PP, sosteniendo unos presupuestos con importantes recortes sociales en lo que ha sido calificado como “oposición realista” por los dirigentes locales.

Esta estrategia —que intenta conjugar el apoyo a las reivindicaciones populares, acuerdos de gobierno que no entrañan una ruptura con lo que se dice defender, y un elevado grado de inmovilismo a la hora de buscar dinámicas de convergencia con otros sectores políticos y sociales— lastra la propia capacidad de IU de actuar como elemento aglutinante. Valga como ejemplo las contradicciones del gobierno andaluz, criticadas recientemente por los sindicatos: mientras que por un lado atiende una importante reivindicación popular con la ley contra los desahucios, por otro prolonga los recortes en las pagas extra para 2013, convirtiéndose así, junto con Cataluña, en la única Comunidad que sigue manteniendo dicha medida.

Por mucho que algunos de sus dirigentes no quieran darse cuenta, IU no es la “Syriza española”. Por varias razones. Recordemos que la coalición helena, encabezada por Tsipras, ha abordado de forma distinta la posibilidad de formar parte de un gobierno. Cuando en mayo de 2012 pudo hacerlo, sus condiciones para empezar a negociar pasaban por exigir la retirada de los planes de ajuste y la renegociación del Memorando firmado con la UE. Su negativa final a entrar en el ejecutivo le sirvió a Syriza para consolidarse como alternativa de gobierno y cosechar en las siguientes elecciones, un mes después, el mejor resultado de su historia, pasando del 16,8% al 26,9%.

Pero además, la contestación social ha revelado que la pluralidad y amplitud de la izquierda excede con mucho los contornos de IU y de sus sectores más próximos. Así, simpatizantes del 15M, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), votantes socialistas desencantados, integrantes de las diversas “mareas” ciudadanas, partidos minoritarios o sindicalistas sin un referente político claro son, entre otros, actores políticos decisivos no vinculados directamente a IU. Una dinámica de confluencia con estos actores —democrática, horizontal y sin tutelas— resulta totalmente necesaria si verdaderamente se quiere construir un amplio referente político, que cree nuevas expectativas sociales, contribuya a la movilización y sea capaz de derrotar a la derecha. Esta convergencia podría utilizar como punto de apoyo los debates que estos actores ya están teniendo, así como las diversas jornadas que comienzan a impulsarse al respecto.

El horizonte debe ser el de construir una fuerza política plural y unitaria, que levante un amplio frente contra las medidas neoliberales y que sea coherente entre lo que diga y lo que haga. Esta nueva alternativa —orientada en torno a reivindicaciones como la reconstrucción de la enseñanza y la sanidad pública, el reparto del trabajo y la defensa de los salarios, la declaración de una moratoria en el pago de la deuda para auditar su grado de ilegitimidad y la refundación democrática del sistema político— debiera tener la vocación de conquistar la hegemonía política en la izquierda y formar gobierno. Es necesario reagrupar en torno a este nuevo proyecto a todos aquellos votantes de izquierdas desencantados y huérfanos de representación, pero dispuestos a sostener una fuerza política apoyada en la movilización y fiel a los intereses populares. Hoy día empieza a ser posible.

Los actuales dirigentes de IU debieran ser conscientes de que el proceso de “pasokización” del PSOE no constituye todavía un fenómeno irreparable, y de que el ascenso en la intención de voto que reflejan las encuestas bien pudiera resultar reversible si la coalición no hace nada al respecto. Transformar el actual “voto prestado” en un voto realmente efectivo dependerá en buena medida de las ilusiones que suscite el proyecto electoral con el que finalmente se concurra a las urnas.

Refundar un proyecto político “a la ofensiva” —es decir, cuando todas las encuestas ofrecen resultados en ascenso— haciéndolo converger con el resto de sectores sociales que se enfrentan a las medidas de recortes actuaría de catalizador de ilusiones, disparando la resonancia y la credibilidad de dicho proyecto. Especialmente si este paso adelante se acompaña de una renovación de las caras públicas. Tanto en las filas de IU como en las de los movimientos sociales emergen activistas –muy populares en algunos casos– con capacidad para encarnar tal proceso.

IU se enfrenta por tanto a un enorme reto histórico. Tiene que elegir entre la seguridad de ganar algunos escaños en las próximas elecciones o la posibilidad de impulsar lealmente una nueva alternativa política, con capacidad real de situar las vidas de la gente por delante de los beneficios económicos. La decisión no es fácil, es cierto, pero la falta de valentía podría llevar a que IU deje de ser parte de la solución para pasar a ser —a fuerza de “taponar” un verdadero proceso de refundación— parte del problema.

Que este proceso de refundación logre triunfar exigirá no sólo visión estratégica entre la militancia de IU, sino también una importante dosis de empatía política, generosidad y conciencia del desafío actual. Precisará también que esta militancia movilice a nivel interno la suficiente capacidad de presión como para impulsar este proceso. Un resultado contrario, el enroque de los aparatos burocráticos en la seguridad que proporcionan las expectativas electorales, no servirá más que para retrasar y dificultar la aparición de una verdadera alternativa. En política, como en la vida, hay trenes que sólo pasan una vez. La izquierda de este país no debiera dejar pasar este.