Parece cada vez más claro que el “referéndum” del 1-O no será un referéndum ni nada que se le parezca, pero algo será. Ernest Urtasun (Eurodiputado de ICV) lo califico recientemente en un programa de televisión matutino como una gran protesta contra el PP. Y pensamos que no se equivoca. Posiblemente ese será el mínimo común denominador de los que se movilicen, y será también un sentimiento ampliamente compartido por muchos ciudadanos catalanes que no salgan a la calle, no quieran la independencia y rechacen la alocada carrera hacia el precipicio impulsada por los partidos nacionalistas durante estos últimos años. Todos unidos frente al PP.

El PP gana elecciones, pero concita al mismo tiempo un enorme rechazo entre amplios sectores de la población española. Según el último barómetro del CIS de julio, un 55,3% de los ciudadanos declara que nunca votaría al PP, con toda seguridad. De media, el conjunto de españoles, sitúan al PP en el 8,26 de la escala de ubicación ideológica de los partidos (de 1 a 10). Un porcentaje alto de ciudadanos (40,5%) situaba al PP en las posiciones 9-10 de la escala de ubicación ideológica (es decir, en la extrema derecha). Esta cifra aumentó sensiblemente desde que ese partido llegó al poder (en enero de 2012 era del 27%). Paradójicamente, fue incluso más baja en las legislaturas de Aznar (la cifra se situó generalmente entre el 20-25%).

En Cataluña estas cifras alcanzan cotas aún más altas. De media, los catalanes sitúan al PP en el 9,22, casi un punto por encima del conjunto de españoles. Dos de cada tres catalanes creen que les gobierna un partido de extrema derecha. Así lo cree el 81% de los votantes de En Comú Podem y el 88% de los votantes de ERC (los votantes del PDCAT opinan de manera similar, pero el pequeño tamaño de la muestra impide ser más preciso a este respecto). Las cifras en el conjunto de Cataluña se han situado en niveles muy elevados desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas genera datos sobre este indicador, a finales de los ochenta, y aunque descendieron ligeramente en los años noventa, se han mantenido generalmente por encima del 50%.

¿Está justificada esta percepción? Probablemente no. Por muy conservadoras que nos parezcan sus políticas, austericida su respuesta a la crisis, o autoritarias sus formas, resulta difícil equiparar al PP con partidos de extrema derecha como el FN en Francia, AfD en Alemania, o Fidesz-Unión Cívica en Hungría. No resulta fácil encontrar politólogos o sociólogos fuera de España que consideren al PP como un partido de extrema derecha, o que hayan escrito trabajos en los que clasifiquen al PP entre el bien estudiado grupo de partidos de derecha radical existentes en Europa.

Los votantes del PP, a diferencia de los de los partidos de la derecha radical, se tienden a autoubicar en posiciones de derecha moderada (en torno al 7,5 de la escala ideológica individual). Solo un 20,8% de los votantes del PP consideran que están votando a un partido situado en las posiciones 9-10.

Sin embargo, las percepciones sociales son las que son y tienen efectos significativos. En Ciencias Sociales manejamos lo que se conoce como el teorema de Thomas, que afirma que “si las personas perciben una situación como real, ésta lo será en sus consecuencias”. En Cataluña, el PP ha sido socialmente percibido como un partido de derecha radical desde su propia fundación a partir de la antigua Alianza Popular, y esta percepción ha tenido profundas implicaciones en la evolución de la política catalana, y todo indica que va a seguir teniéndolas.

Se argumentará, con buena parte de razón, que esa percepción ha reflejado el empeño (exitoso) de otras fuerzas políticas en estigmatizar a dicho partido. En esta dinámica han participado activamente la práctica totalidad de fuerzas políticas del arco parlamentario catalán (salvo quizás Ciudadanos).

Tampoco les faltará razón a quienes argumenten que el PP se ha ganado a pulso esa nefasta reputación. Cuando el PP comenzó a normalizar su imagen en la mayor parte de España (a partir de inicios de los 90), convenciendo a una parte creciente del electorado de que sus credenciales eran plenamente democráticas, y logrando ser percibido como un partido “centrista” que competía directamente con el PSOE por el apoyo de los segmentos moderados del electorado, esto no sucedió en Cataluña.

Sin entrar a juzgar motivos y estrategias específicas, el PP no dudó en situarse al margen de consensos ampliamente consolidados en la escena política catalana (política lingüística, reivindicaciones de mayor y mejor autogobierno, etc.), alineándose junto a grupos minoritarios que se consideraban damnificados por esas políticas. Su actitud hacia la reforma del Estatut de 2006 ha sido generalmente señalada como uno de los elementos clave que han provocado el malestar que ha desembocado en la actual situación de polarización y fragmentación social experimentada por la sociedad catalana.

La movilización independentista, que ha ido adquiriendo momentum en los últimos años, se ha nutrido en buena parte del malestar derivado de la crisis económica y de las medidas de austeridad aplicadas por todos los niveles de gobierno como respuesta a la crisis fiscal y financiera experimentada por las arcas públicas. El rechazo al gobierno del PP y a sus políticas, que en el resto de España se volcó en la defensa del Estado de bienestar (mareas), o en la denuncia de las desigualdades intergeneracionales derivadas de la crisis (15M), fue canalizado por las élites nacionalistas catalanas hacia un planteamiento de ruptura del status quo institucional y político.

Su lectura estratégica del momento ha consistido en aprovechar la “ventana de oportunidad” abierta por la crisis para alcanzar los objetivos máximos del proyecto nacionalista (o cuanto menos explorar esa vía ante la expectativa de poder consolidar avances sustanciales en dicha dirección). En una hábil maniobra de “evitación de la culpa”, las fuerzas nacionalistas transfirieron la responsabilidad de la crisis y de los recortes en las políticas sociales (iniciadas de motu proprio y con entusiasmo por el gobierno de Artur Mas) al gobierno central en manos del PP, aprovechando el elevado grado de estigmatización de ese partido en Cataluña.

El rechazo al PP, como exponente de un modo de entender la política con el que la mayor parte de la sociedad catalana no se siente en absoluto identificada, fue transformado en un rechazo a la idea de España, proyectando sobre ésta todas las características negativas que tradicionalmente se asociaban a dicho partido (centralismo, autoritarismo, clientelismo, corrupción, y un largo etc.).

La reciente maniobra propagandística puesta en práctica por las fuerzas independentistas (con el apoyo de Podemos, que parece confiar en beneficiarse con ello del debilitamiento institucional que pueda derivarse de los efectos de dicha crítica) destinada a equiparar al PP y al conjunto de las instituciones políticas y judiciales españolas con el régimen franquista constituye un claro ejemplo de esta pauta.

La realidad paralela generada por dicha propaganda ha conseguido “ilusionar” a amplias capas de las clases medias catalanas con la idea de que, frente el desagrado ante las actuaciones de un gobierno (aspecto claramente coyuntural, por mucho que una legislatura pueda durar cuatro años), resulta no solo legítimo el proyecto de separarse de un Estado (dimensión estructural donde las haya), sino hacerlo de manera unilateral y “desobedeciendo”.

De este modo se incorpora una retórica populista que justifica la insurrección contra el ordenamiento jurídico vigente, al considerar a éste último como obra de fuerzas políticas y sociológicas que tutelan al Estado desde la Transición y sostienen al PP en el poder en España.

En estas condiciones, frente a la opinión pública catalana, el gobierno del PP tiene muy difícil salir airoso de cualquier intervención que realice en Cataluña, por mucho que gradúe la intensidad de la misma. Peor aún, cualquier actor que se sitúe al lado del PP, “modere” las críticas al gobierno, o entre en negociación con ellos, corre un serio riesgo de deslegitimación en Cataluña. Esto coloca al gobierno del PP en una posición muy incómoda y convierte la situación en un galimatías endiablado.

No resulta sencillo entrever como el partido que (por acción, omisión, y/o como víctima de las maniobras de otros) está indisolublemente ligado a la aparición del sinsentido de la “IndePPendencia” pueda articular propuestas viables y concretas que permitan contribuir a resolver este gigantesco enredo. Si a partir del 2-O el gobierno del PP quiere convencer a algún interlocutor nacionalista de que se siente a negociar, su oferta debe resultar creíble para actores políticos y sociales acostumbrados a pensar en el PP como un enemigo frente al que hay que imponer un “cordón sanitario”. Se trata de una situación que puede obligarle a “sobrepujar”, solo para comenzar a hablar.

El PP podría planteárselo (lo que en la literatura se conoce como estrategia de “Nixon goes to China”, en referencia al viaje insospechado de un presidente estadounidense del partido Republicano, Richard Nixon, a la China comunista a principios de los setenta para desbloquear una situación de hostilidad entre ambos países, pero los costes que afrontaría en el seno de su propio partido y los que se vería forzado a imponer al resto del país, podrían ser muy elevados. Esto convierte el problema en especialmente intratable, y aumenta los incentivos para que el gobierno del PP renuncie a cualquier vía de salida dialogada, incrementándose así la probabilidad de que sigamos instalados en esta espiral de polarización social y política hacia ninguna parte.

Durante los últimos cinco años España ha estado con frecuencia en el punto de mira de la prensa europea. Después de un largo período de crecimiento económico ininterrumpido y ampliamente aclamado, la crisis financiera que se inició en 2007 parece haber acabado con lo que la prensa económica extranjera había calificado como “el milagro español”. Desde 2008, España ha experimentado dificultades económicas extremas que han compelido a los gobiernos a realizar severos recortes y a aceptar lo que la ciudadanía ha percibido como una intervención suave de la UE a cambio de los recursos necesarios para rescatar a una parte del sistema financiero español.

Antes de la crisis, los cuatros años de la primera legislatura del Gobierno de Zapatero habían sido aprovechados para completar y consolidar el Estado de Bienestar heredado del anterior período de gobierno socialista. Los 14 años de gobierno de Felipe González (1982-1996) habían sido responsables de la introducción de importantes reformas que racionalizaron los sistemas de pensiones y sanidad, ampliando la cobertura y la generosidad del primero, y moviéndose en la dirección de garantizar la cobertura universal del segundo. Además, se establecieron las bases para la prestación de servicios sociales a nivel regional por parte de las Comunidades Autónomas y municipios.

A pesar de la ambición y esfuerzo de los gobiernos de González en su explícito intento por alcanzar a los países del norte y centro de Europa en el desarrollo de políticas de protección social, muchas necesidades y riesgos sociales permanecieron desatendidos. En el caso de las políticas de protección por desempleo, por ejemplo, algunos colectivos no llegaron a estar adecuadamente cubiertos ya que tenían trayectorias laborales demasiado cortas, o habían trabajado fundamentalmente en la economía sumergida. Mientras que los trabajadores más experimentados (y los ancianos en general) se convirtieron en los principales beneficiarios de las reformas introducidas en el ámbito del bienestar, los trabajadores más jóvenes han permanecido en gran medida excluidos de la red de protección proporcionada por las políticas sociales en España.

Debido a la naturaleza marcadamente dual del mercado de trabajo español, la situación de los jóvenes ha sido especialmente adversa en tiempos de desaceleración económica, cuando los trabajadores temporales (muchos de ellos menores de 30 años) asumen buena parte de las consecuencias del ajuste laboral de las empresas debido a la aplicación del principio de que “el último contratado es el primero en ser despedido”.

La importancia que en España se concede a la familia (también en el terreno de la provisión de la necesidades de bienestar) permitió al Estado delegar con naturalidad en ésta la función de “amortiguador” cuando los miembros no adecuadamente protegidos por el sistema se enfrentan a situaciones de precariedad o privación (desempleo, desintegración familiar, etc.), o a necesidades asistenciales especiales (enfermedad, dependencia o maternidad). En estas circunstancias, no se espera que el Estado intervenga hasta que la seguridad económica que proporcionan los cabezas de familia no esté claramente en cuestión.

El papel tradicionalmente asumido por la familia sirvió para excusar la debilidad de los servicios sociales, así como para desactivar las demandas de reforma en este ámbito de políticas hasta la década de los 90. Sin embargo, a partir de esa fecha, los rápidos cambios en el entorno económico y social empezaron a poner de manifiesto la necesidad de nuevas políticas sociales, así como la reforma de las existentes. Así, durante la década de los 90 y principios de 2000, España experimentó una transición incompleta hacia un orden “post-industrial”, que alteró profundamente las estructuras ocupacionales, así como las relaciones familiares y de género. La economía de servicios abrió nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, los jóvenes y otros colectivos que hasta entonces no habían estado adecuadamente integrados en el mercado laboral.

Los “outsiders” (especialmente los nuevos inmigrantes procedentes de países en desarrollo), se incorporaron al mercado de trabajo de manera particularmente precaria y con empleos de escasa calidad. El crecimiento del empleo femenino supuso un aumento del número de hogares con dos adultos empleados en los que la posición relativa del varón sustentador en el seno del hogar se vio alterada por la aparición de una segunda fuente de ingresos: un activo clave para mantener los estándares de consumo deseados, lo que supone, sin embargo, un aumento de las dificultades de las familias para conciliar las esferas profesionales y personales. Los equilibrios tradicionales que funcionaban bajo la presunción de que el cuidado y el trabajo doméstico lo llevaban a cabo las amas de casa a tiempo completo, se habían trastocado de manera clara. Las trabajadoras inmigrantes, a través de su participación en un mercado de servicio doméstico y de cuidados no regulado, informal y precario, ocuparon un papel central en los encajes de los hogares españoles para responder a dichos retos de conciliación.

En este contexto de transformación socio-económica, un número creciente de personas quedaban atrapadas en empleos de baja calidad, con contratos de carácter temporal o intermitente, de baja remuneración, para los que con frecuencia estaban sobrecualificados. Como consecuencia de sus carreras laborales inestables y precarias, dichos trabajadores carecían de la protección social necesaria en momentos en los que debían afrontar situaciones de desempleo o discapacidad. Un número creciente de personas se enfrentaban también a obstáculos de difícil solución al tratar de equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, tener descendencia, o al llegar a la vejez en situación de fragilidad y sin apoyo familiar. Situaciones como estás, englobadas bajo el epígrafe de Nuevos Riesgos Sociales (NSR) habían estado prácticamente ausentes en el debate público español hasta las años 90, cuando se introducen súbitamente en las agenda pública y política, alimentando nuevos debates y demandas en materia de política social.

Los gobiernos de Zapatero impulsaron una amplia gama de medidas para responder a los NRS. Por un lado se trató de facilitar la emancipación juvenil por la vía de favorecer la autonomía residencial de los jóvenes. Se promovieron el empleo femenino y la conciliación de la vida laboral y familiar con el programa de atención a los niños de 0 a 3 (Educa3), entre otras medidas, al tiempo que se alentó la natalidad mediante el programa popularmente conocido como “cheque-bebé”. También se pretendió atender las necesidades de cuidado derivadas del envejecimiento poblacional a través de la Ley de Dependencia. Aunque el gasto en políticas de familia continuó estando por debajo de la media europea, el incremento proporcional del gasto en este tipo de programas se situó sustancialmente por encima de la media europea en el período entre 2004 y 2010 (36% en este período, sólo por debajo de la tasa de crecimiento de Irlanda para este tipo las políticas entre los países de la UE-15). En un clima social de relativo optimismo económico, estas medidas representaron un cambio importante respecto a los patrones de actuación clásicos de los Estados del bienestar del sur de Europa, respondiendo a las expectativas de expansión de los programas de protección social entre los votantes socialistas tras casi una década de crecimiento económico y austeridad fiscal impuesta por los gobiernos conservadores del Partido Popular.

Estas reformas expansivas se detuvieron en seco en 2008 tras el estallido de la crisis financiera y su correlato en forma de crisis económica. Ante las crecientes restricciones presupuestarias, los gobiernos españoles concentraron sus esfuerzos en la contención del gasto social, siendo las políticas de nueva creación que respondían a los NRS, las que más directamente sufrieron las consecuencias de dichos recortes. Así, en 2010 Zapatero suprimió la asignación por nacimiento que había introducido dos años antes, no cumplió su promesa de ampliar el permiso parental de 13 a 30 días y redujo la ayuda financiera al alquiler para los jóvenes. Tras la derrota electoral de los socialistas a finales de 2011, el nuevo gobierno conservador de Mariano Rajoy introdujo drásticos recortes en el ámbito del bienestar, entre los que destacan no solo los recortes en sanidad y educación, sino también la significativa reducción de los recursos destinados a la atención a la dependencia, las políticas de cuidado de niños de 0 a 3 o las políticas activas de empleo, comprometiendo seriamente la sostenibilidad financiera de estos programas.

A pesar de la gravedad de las restricciones fiscales y financieras experimentadas por las administraciones públicas españolas, sería un error creer que la lucha contra el déficit público es la única responsable de la reducción de los gastos en protección social en España. Durante los últimos dos años, las decisiones tomadas por el gobierno conservador han actuado sobre los principios básicos de los sistemas de protección social del Estado de bienestar español. Desde la investidura del gobierno de Rajoy, las Comunidades Autónomas han visto como los fondos provenientes del gobierno central se han reducido drásticamente, en lo que podría considerarse una estrategia de “matar de hambre a la bestia” con objeto de obligar a los gobiernos autónomos a reducir el gasto al privarles de los recursos económicos necesarios para su financiación (recursos dedicados en gran medida a la educación la atención sanitaria y los servicios sociales). Esto ha dado lugar a una sustancial disminución de la cobertura de una serie de derechos sociales garantizados hasta la fecha por dichos gobiernos (servicios de atención a la dependencia, prestaciones y/o servicios a las familias, rentas mínimas de inserción, etc.), y ha afectado muy negativamente a la calidad de las prestaciones de dichos sistemas (visible, por ejemplo, en el aumento de las listas de hospitalarias, la falta de aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, etc.), favoreciendo la huida de las clases medias hacia esquemas privados (fenómeno particularmente visible por ejemplo en al ámbito sanitario).

En el ámbito concreto de la sanidad, y mas allá de los recortes presupuestarios, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha experimentado una serie de reformas que invierten claramente la tendencia hacia la universalización de su cobertura (por la expulsión de los inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema, el aumento significativo de los co-pagos, etc.), al tiempo que se pretende regresar a los tiempos en que la sanidad estaba vinculada al sistema de Seguridad Social a través de la reintroducción de la categoría de beneficiarios “asegurados” del SNS, lógica organizativa de la que se había logrado alejar gradualmente al SNS desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. Además, al discutir el desarrollo de un catálogo “básico” de prestaciones sanitarias, el gobierno actual abre la puerta a limitar el alcance de los servicios prestados por el sistema sanitario público, y por tanto, al surgimiento de un sistema de aseguramiento privado complementario que reintroduciría una lógica de dualización en el ámbito sanitario entre las personas con recursos (y seguros complementarios) y los grupos más desfavorecidos (que tan solo tendrían acceso al “paquete básico”).

Un segundo conjunto de reformas afectó al ámbito del mercado de trabajo y las prestaciones sociales vinculadas a la participación laboral. A principios de 2012, el nuevo gobierno conservador aprobó nueva legislación que simplifica y abarata el despido de trabajadores. También aborda el sistema de negociación colectiva con el fin de debilitar la influencia de los sindicatos, hacer que las empresas puedan aplicar medidas de flexibilidad interna y reducir los salarios. Bajo la nueva regulación, el autoempleo y otras formas de empleo atípico (en particular los trabajos a tiempo parcial no deseados) han crecido a expensas de los puestos de trabajo estables. Es probable que la flexibilización del mercado de trabajo tenga consecuencias sociales importantes en el largo plazo, especialmente si los trabajadores son cada vez más incapaces de cumplir los criterios para ser elegibles para percibir prestaciones sociales de naturaleza contributiva y adecuado grado de protección. En esta línea, las reformas en el ámbito de la política de pensiones, que han endurecido los requisitos para poder acceder en el futuro a una pensión contributiva, harán que una parte importante de la población no pueda acceder a este tipo de prestaciones por no poder certificar una carrera laboral y contributiva suficientemente larga y/o estable.

España se enfrenta así a un nuevo escenario donde la aspiración a contar con un “Estado de bienestar a la europea” resulta cada vez más inalcanzable. En la actualidad continúa siendo uno de los países de la OCDE donde el impacto redistributivo de la política fiscal es menor, tanto a través de impuestos como de transferencias (véanse los documentos recientemente publicados por el FMI y por la OCDE), ya que representa menos de 10 puntos de la reducción absoluta del coeficiente de Gini. Desde 2008 la desigualdad en España ha estado creciendo a un ritmo nunca visto en Europa desde la era Thatcher. El deterioro del bienestar económico está golpeando con especial dureza a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad (las decilas inferiores de la distribución del ingreso, así como a la población de origen inmigrante).

Esta concentración social de los impactos más negativos de la crisis está haciendo que las consecuencias de ésta resulten más aceptables para las clases medias (grandes sectores de las cuáles permanecen relativamente aisladas de estos efectos, o protegidas frente a golpes de mala fortuna). En estas circunstancias, Rajoy se siente legitimado para perseguir una agenda ideológica que pone énfasis en el proceso de gradual desapalancamiento financiero del sector privado, así como en la mejora de la competitividad internacional de la economía española a través de una devaluación interna, dando la espalda al coste que estas medidas tienen para los colectivos más desfavorecidos, así como para la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Artículo publicado en Policy Network - The Spanish social model in the crisis yearsPolicy NetworkThe Spanish social model in the crisis years

A lo largo de los últimos meses la sociedad catalana ha vivido en una burbuja de agitación nacionalista que, apartando el foco de los graves problemas económicos y sociales que la atenazan, ha transformado la percepción que ésta tiene de si misma, deformándola hasta convertirla en una caricatura irreconocible supuestamente determinada a emprender, de manera irrevocable, camino hacia “Ítaca”.

En el contexto de crisis económica, política e institucional en el que vive sumida la sociedad española, las élites nacionalistas han creído identificar una “ventana de oportunidad política” para plasmar sus sueños de ruptura con el resto de España. Esta hiper-movilización de los sectores sociales y políticos nacionalistas en pos de la independencia (con la definición de etapas intermedias en la transición hacia dicho destino como el difuso “derecho a decidir”, o la eufemística “creación de estructuras de Estado”) no ha sido confrontado por un discurso articulado, coherente y realista que, emergiendo desde sectores progresistas de la sociedad catalana, desenmascare el argumentario de agravios movilizado por el nacionalismo. En el escenario de mayor tensión que se recuerda entre elites políticas del Estado y de Cataluña, no existe un verdadero relato que, desde dentro de la sociedad catalana y marcando distancias con las líneas argumentales de la derecha más inmovilista de corte nacionalista español, actúe de contrapunto al “pensamiento único” independentista impuesto desde las esferas políticas y mediáticas de Cataluña. Un relato que proponga un modelo de articulación política e institucional que, reflejando fidedignamente la inequívoca voluntad de autogobierno de la sociedad catalana, tratase de dar respuesta a sus necesidades reales: desempleo, crecimiento de la vulnerabilidad socio-económica, deterioro de los servicios públicos, gradual desmantelamiento del Estado de bienestar, indignación ante la corrupción en las instituciones públicas y en la esfera política.

La extrema debilidad de narrativas alternativas obedece a nuestro juicio a un doble proceso de distorsión de la voluntad de la ciudadanía frente a un proyecto independentista establecido como discurso dominante: 1) el desarrollo de un proceso de “espiral de silencio” que ha enmudecido a los sectores de las élites académicas, intelectuales, culturales, sociales y políticas que no comparten el ideario independentista, y 2) la inexistencia de portavoces de aquellos segmentos de la sociedad catalana (demográficamente muy amplios) que por sí solos carecen de los recursos para conformar la agenda pública y/o política (grupos con niveles de renta media-baja y baja), y que muy mayoritariamente no abrazan la causa nacionalista.

Así, en los últimos tiempos hemos asistido a la consolidación de un marco discursivo con vocación hegemónica y proyectado como socialmente mayoritario por los partidos nacionalistas, el actual gobierno de la Generalitat y los medios de comunicación afines a dicho proyecto. Según este discurso, el “pueblo” catalán hablaría con voz homogénea y clamaría por el avance hacia la independencia (situación en la que desarrollaría toda su potencialidad como nación, hasta la fecha limitada por su integración en el Estado español). La conformación de dicho discurso por parte de las élites políticas, culturales e intelectuales de filiación nacionalista habría creado las condiciones para el surgimiento de una “espiral de silencio” (concepto acuñado por Elisabeth Noelle-Neumann en sus trabajo sobre opinión pública), proceso de auto-supresión de narrativas alternativas como producto del temor de individuos y grupos sociales disidentes a los costes potencialmente asociados a la oposición a la norma social y política percibida como dominante. De este modo, unas minorías nacionalistas muy motivadas y movilizadas políticamente, proyectadas por partidos políticos y medios de comunicación como la expresión de la “voluntad del pueblo catalán”, y apoyadas por estudios demoscópicos que anuncian un vuelco radical en la opinión pública catalana a favor del “derecho a decidir” (y en buen número de ocasiones directamente de la independencia), pasan a ser conceptualizadas como la representación de la voluntad mayoritaria. Ante esta contundente expresión colectiva cualquier cuestionamiento constituye un “obstruccionismo” que llevaría a cuestionar la propia catalanidad del enunciante.

El segundo argumento que creemos explica la falta de articulación de un discurso que contrarreste de modo explícito al ideario independentista es el de la tradicional falta de visibilidad de las opiniones de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad, y su escaso impacto en la conformación de la agenda política. En los párrafos siguientes revisamos algunos datos que muestran el elevado grado de disociación entre las opiniones de amplios segmentos de la sociedad catalana y el discurso nacionalista supuestamente mayoritario que ha conformado el debate político catalán en los últimos tiempos.

Las evidencias generadas por el análisis demoscópico riguroso muestran que desde el comienzo de la transición, y hasta 2009 aproximadamente, las actitudes hacia la cuestión nacional en Cataluña habrían variado relativamente poco, lo que en buena medida pondría en cuestión el argumento acerca de la relación entre las políticas educativas aplicadas por los sucesivos gobiernos nacionalistas y la evolución de los sentimientos identitarios (de existir alguna relación entre ambos procesos, ésta no sería lineal, sino en todo caso escalonada y mediada por la aparición de eventos específicos que incrementarían el umbral de apoyo a la causa nacionalista). Parece, por tanto, no sólo ilegítimo sino también ineficaz “españolizar” a los niños catalanes en las escuelas, como creen algunos, porque la catalanización tampoco tuvo gran éxito en primer lugar.

El incremento vertiginoso de las actitudes nacionalistas se produce de hecho desde 2010, momento a partir del cual la proporción de catalanes que se declaran sólo catalanes pasa del 14% al 22% (había oscilado entre el 7% y el 16% a lo largo del período democrático), y los que se muestran favorables a un Estado que reconociese a las autonomías la posibilidad de convertirse en un Estado independiente al 37% (habiéndose incrementado desde el 24%, según la estimación del segundo barómetro autonómico del CIS 2010). Dicho incremento parece por tanto fundamentalmente vinculado al tensionamiento del debate territorial que se produce alrededor de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut impulsado por el gobierno del tripartito, y a la intensificación de las repercusiones de la crisis económica, que en Cataluña cobran una dimensión específica y diferente al resto del Estado al ser interpretadas a través del prisma de los argumentos acerca de los desequilibrios en las balanzas fiscales y del mantra nacionalista “Espanya ens roba”.

¿Han abrazado los catalanes masivamente la causa independentista a partir de estos acontecimientos? Esto afirman las narrativas consolidadas acerca de las causas, desarrollo y consecuencias de la masiva manifestación del 11 de setiembre de 2012. Tanto los reportajes emitidos por la televisión autonómica catalana acerca de dicha manifestación desde el momento mismo en que se desarrollaba, como las opiniones de buen número de académicos e intelectuales catalanes (organizados en lobbies y colectivos generadores de opinión y evidencias más o menos rigurosas) que a diario ofrecen diagnósticos y prognosis en la prensa catalana y en los numerosos blogs de comentario político que han aflorado en los últimos años, apuntan a la emergencia de una corriente mayoritaria en la sociedad catalana a favor de la independencia. Muchos de estos analistas basan sus análisis en los datos del Centre d’ Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, pasando por alto los fiascos en los pronósticos electorales realizados por este organismo, así como los graves problemas muestrales de los estudios planteados por el CEO sobre este tema, que ponen seriamente en cuestión la fiabilidad de sus estimaciones.

Dicho discurso celebra la masiva movilización de la sociedad catalana y sostiene, sin ningún atisbo de cautela, que 1,5 millones de catalanes salieron a la calle para reivindicar el “derecho a decidir”, congratulándose de que la manifestación congregara a catalanes de todas las condiciones y orígenes sociales. Así, un argumento que se maneja con frecuencia es el de que los “otros catalanes” (celebre etiqueta de Paco Candel para referirse a la inmigración llegada a Cataluña) se han sumado a la causa nacionalista, hastiados de ver cómo España (o “Madrid”) se cierra en banda a las reivindicaciones de Cataluña, y confiados en que su bienestar personal puede mejorar en un Estado independiente. En palabras de Josep Ramoneda, paradigmático representante de la progresía catalana que ha optado por converger con el discurso dominante: “en la manifestación del 11-S se escuchaba hablar mucho en castellano, cosa que no se ha dicho demasiado, pero me pareció muy significativa” (Hola Europa, TV3).

Resulta imposible saber con certeza cuántas personas salieron a la calle el 11 de septiembre, y curiosamente los barómetros que publica el CEO han evitado preguntar sobre esta cuestión (si hubiera salido 1,5 millones, la quinta parte de la población catalana, nada mejor que certificarlo en una encuesta, que además habría permitido un análisis riguroso de los perfiles y motivaciones de los asistentes). En las presentes circunstancias la mítica cifra de los 1,5 millones de manifestantes sigue incólume y ha pasado a formar parte de un discurso mixtificador, sin que nadie tenga un instrumento verdaderamente fiable para refutarla (ni lógicamente para validarla).

La idea de que el pueblo catalán avanza unido hacia Ítaca casa mal con las evidencias demoscópicas del reciente barómetro autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (Estudio 2.956, 2013). No son necesarios análisis estadísticos particularmente complejos para evidenciar las grandes fracturas socio-económicas y etno-lingüísticas que atraviesan a la sociedad catalana en relación a los aspectos identitarios. La población catalana de extracción más humilde muestra menos interés por la cuestión nacional que las clases más adineradas. Mientras el 24% de las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 1.200 euros declaran que el debate sobre la forma de Estado es muy importante, lo piensan así el 51% de los que ingresan más de 2.400 euros. El 11% de los entrevistados en hogares humildes considera alguno de los aspectos relacionados con la organización del Estado (independencia y autogobierno; relaciones con España y el Gobierno central; financiación, pacto fiscal, autonomía fiscal; percepción del reparto fiscal discriminatorio hacia Cataluña), uno de los tres principales problemas de Cataluña. En cambio, lo incluye en esta terna un 31% de las personas en hogares adinerados. Cuando son compelidos a decantarse por una preferencia en relación a la organización territorial, la clase obrera apuesta mayoritariamente por el statu quo. Construir un Estado independiente es un proyecto de las clases altas y medias altas, al que se han sumado un volumen considerable (pero no mayoritario) de clases medias. Pero la inmensa mayoría de las clases media-baja y obrera da la espalda a los argumentos independentistas a pesar de la ilusión colectiva que aspiran a insuflar en la población las élites políticas y los medios de comunicación catalanes.

La clase obrera, que constituye el 47% de la población, sigue mostrándose mayoritariamente vinculada al Estado español. El 65% de los obreros se consideran incluso muy o bastante orgullosos de ser españoles (frente al 33% de los miembros de la clase alta/media alta). El porcentaje de obreros (cualificados o no cualificados) para los que España es un Estado ajeno roza el 10%, menos que la mitad las personas de la clase alta/media alta para los que España significa lo mismo.

Evidentemente a todo ello no es ajeno el hecho de que buena parte de la clase obrera esté constituida por personas con raíces en otras zonas de España. El 66% de la clase obrera tiene como lengua materna el castellano, y entre ellos el apoyo a la independencia es muy bajo (también es bajo en la clase alta/media alta cuya lengua materna es el castellano). Pero incluso entre la clase obrera que tiene el catalán como lengua materna el apoyo a la opción independentista es significativamente más bajo que entre la clase alta/media alta con esa lengua.

Estos datos muestran la imagen de un proyecto nacionalista respaldado mayoritariamente por los sectores más acomodados de la sociedad catalana, al tiempo que la voz disonante de las clases más humildes, cuya lengua materna es con frecuencia el castellano, apenas tiene impacto en la agenda pública y política catalanas. Su proclividad a la abstención además asegura su infra-representación política en el Parlament (e incluso en una hipotética consulta sobre la relación de Cataluña con el resto de España). Como han puesto de manifiesto brillantemente en dos best-sellers académicos los politólogos Larry Bartels (Unequal Democracies) y Martin Gilens (Affluence and Influence), las clases desfavorecidas encuentran muchas dificultades para que sus preferencias sean tomadas en consideración por partidos políticos y gobiernos. El sistema político termina claramente sesgado porque las clases pudientes logran, de diversas maneras, que sus preferencias prevalezcan frente a las de sectores más desfavorecidos, por muy nutridos que sean éstos últimos.

Un ejemplo diáfano de estos procesos en el caso catalán son las maniobras políticas del PSC para granjearse respetabilidad en un clima de opinión política y mediática dominante donde las desviaciones (e incluso los matices y las ambigüedades) se fustigan duramente. En este contexto de espiral de silencio, el PSC prioriza su acomodación a las únicas aspiraciones que se consideran legítimas frente a la representación de su base electoral tradicionalmente más numerosa. El coqueteo de las élites del PSC con demandas maximalistas de CIU y ERC casa mal con las aspiraciones de las clases más humildes, que se sienten muy mayoritariamente españolas y aspiran a la continuidad del Estado. Si atendemos al recuerdo de voto en las elecciones autonómicas, en 2003, antes de que el Tripartit hubiera abierto el melón estatutario, el 34% de los obreros votaron al PSC (CIS, Estudio 2610). Siete años después, en 2010, año de salida del PSC del gobierno autonómico, mantenía escasamente el 19% del voto de la clase obrera (CIS, Estudio 2956). Es bastante probable que en las últimas elecciones de noviembre del año pasado el apoyo al PSC en este segmento del electorado se haya resentido todavía más (no está todavía disponible el estudio postelectoral del CIS, pero diversos indicios apuntan en esa dirección). El PSC asiste impertérrito a la pérdida de apoyo de sus bases electorales de extracción más humilde, empujado por las presiones difusas pero indudablemente poderosas de la espiral del silencio ¿Hasta donde? ¿Hasta Ítaca?