Los últimos serán los primeros. La cita bíblica sirve para retratar el hecho de que Chile haya colocado, desde el punto de vista de la producción de  la norma de mayor rango, una nueva frontera: una Constitución paritaria que, según Jennifer M. Piscopo y Peter Siavelis, supone “un estándar mundial innovador para la inclusión política de las mujeres” y que sucede pese a su llegada más tardía al universo de las medidas afirmativas. Recién logró aprobar una ley de cuotas en 2015 en el marco de la reforma del sistema electoral binominal (considerado como uno de los “enclaves autoritarios” más emblemáticos de la  Carta Magna heredada del régimen militar), a considerable distancia de la pionera Ley de Cupo argentina, que data de 1991.

Lo anterior no es el único contraste. La paridad de género en la Convención Constitucional que los chilenos escogieron mayoritariamente en el plebiscito del pasado 25 de octubre nos lleva a recordar que dicho principio ha experimentado, en el marco de su historia reciente, una trayectoria más bien discontinua. Luego de que la ex presidenta Michelle Bachelet la considerara para la conformación de su primer gabinete en 2006, y frente a todo pronóstico escéptico que alegaba que “no había  mujeres”, no la replicó posteriormente durante su segundo mandato desilusionando, con ello, a las organizaciones de mujeres. Logró compensarlo con una agenda de género que saldó importantes deudas de la transición, tanto en materia de participación política como de derechos sexuales y reproductivos (con una ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación).

El hito histórico que supone un texto constitucional escrito por el mismo número de hombres y mujeres alimenta la esperanza de que su redacción pueda estar iluminada por la perspectiva de género. Del debate público emerge la idea de que problemáticas tales como la lucha contra la violencia machista, la igualdad salarial y la paridad en instancias de poder puedan llegar a adquirir rango constitucional.  

Sin embargo, un horizonte temporal de expectativas para el feminismo que se concretará entre 2021 y 2022 coexiste con un presente donde el coronavirus desata, de forma implacable, una crisis con impactos mayores en las mujeres a nivel sanitario, económico y de violencia de género, pero también en otros ámbitos como los de poder simbólico por cuanto el discurso público femenino no está siendo considerado en los espacios de deliberación y de opinión. Según un estudio realizado en seis países, solo 20% de las fuentes citadas en artículos sobre la enfermedad eran mujeres, a pesar de ser mayoría en el sector de la salud. Por su parte, un reciente artículo de NiemanLab alerta que las mujeres están siendo menos visibles en la avalancha de publicaciones científicas sobre la pandemia. Finalmente, un informe especial sobre la escasa representación de las mujeres en los medios de comunicación de la Fundación Bill y Melinda Gates con el fin de determinar en qué medida se satisfacen las necesidades de noticias de la mujer en la cobertura informativa existente reveló la existencia de “un sesgo sustancial hacia las perspectivas de los hombres”, concluyendo que “la voz de cada mujer en las noticias sobre la Covid19 se ve ahogada por las voces de, al menos, tres, cuatro o cinco hombres”. Lo anterior, se puntualiza, operaría “en un contexto de invisibilidad política efectiva de las mujeres dentro del proceso de toma de decisiones relacionadas con la Covid19, así como de los singulares desafíos socio económicos, sanitarios y psicológicos a los que se enfrentan las mujeres a nivel mundial”.

Frente a lo anterior, la Fundación Hay Mujeres ha impulsado la campaña #100voces camino a la #Constituciónparitaria, convocando a distintas mujeres que, con conciencia histórica del protagonismo que la redacción de la futura  constitución les tiene reservado,  comparten sus anhelos por modelos alternativos de desarrollo, por un nuevo pacto social, por una regionalización y descentralización efectivas, por una mayor preocupación por la infancia y por la “ética del cuidado”, por el envejecimiento digno, por la inclusión de los  pueblos originarios, por el derecho a la salud sexual y reproductiva, por la sostenibilidad y el cambio climático, por la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación así como por un equilibrio de género que permee todos los espacios, entre las muchas ideas “fuerza” expresadas.

Se trata de conocer, mientras un reto viral global sin precedentes sigue impactando en nuestras vidas, tanto las expectativas de las chilenas con relación a lo que será el nuevo pacto político y social del país como de enfrentar la disparidad de género en el debate público de hoy. De nada sirven las iniciativas que buscan fomentar la vocación científica en niñas y jóvenes si, a través de la conversación pública, se sigue reforzando la idea de que la ciencia y, en general, la generación del conocimiento, es un asunto masculino.

De la pendiente por la que se deslizaba Ciudadanos previa a las elecciones del 10N no solo venían alertando las encuestas. La posibilidad de una pérdida significativa de escaños también la sopesaron distinguidas firmas que, desde una posición de influencia argumentativa, pedían renovar la confianza en Albert Rivera a pesar de las críticas que arreciaban por su veto absoluto al PSOE. Tal petición entrañaba un esfuerzo mayor de disociación. Se pedía, en síntesis, votar por el proyecto, más allá de la opinión que mereciese la figura del líder con el que tan estrechamente se había consustanciado.

La historia es conocida puesto que terminó sucediendo justo lo contrario. Esa especie de “inteligencia de enjambre” que supone la suma de millones de preferencias en las urnas optó por enviar otro mensaje: la obligación de tomar el amargo jarabe de la derrota como forma de aprender de los errores. Fue así como, castigando lo errático de una trayectoria, dos millones y medio de votos salieron disparados en otras direcciones.

Del paso al costado que dio Rivera tras la derrota emergió Inés Arrimadas como relevo con adhesión inmediata. Una tabla de salvación infrecuente para partidos carismáticos que, desaparecida la figura de su líder, no encuentran caminos fáciles para trascenderlo.

Que el punto de partida que supone el liderazgo de Arrimadas termine siendo un punto de llegada no es -por ahora- algo evidente por sí mismo a la luz de los avatares que vienen rodeando el itinerario refundacional de ese partido, que durará cuatro meses y donde decisiones cuestionables empañan la imparcialidad esperable en su gestora. Lo anterior, sumado al soslayamiento sistemático de su dirigencia de un debate riguroso sobre las causas de la derrota, ha terminado por darle plausibilidad explicativa a un factor: el modelo del partido.

En ese marco, las polémicas que rodean los debates del proceso precongresual en curso permiten aislar, al menos, dos de sus contradicciones estructurales más importantes y de cuya resolución, más que de acuerdos electorales de coyuntura, podría depender su supervivencia con identidad propia.

Nos referimos, en primer lugar, a la afiliación, uno de los factores que afectan al rendimiento de un partido y que, en Ciudadanos, ha tenido poca o ninguna consideración. El surgimiento de la plataforma #CsEresTu, un paso en el intento por transmitir el valor del debate y del pensamiento propio, ha permitido constatar su capacidad y espíritu crítico, con evidente inclinación a la creencia de que las organizaciones no están tanto para abonar cesarismos como al servicio del individualismo libre y soberano.

En segundo término, el modelo de partido propuesto en su ponencia de estatutos mantiene, en esencia, un espíritu centralista y vertical que entra en abierta disonancia con el modelo de autonomías consagrado en la Constitución.

No es de extrañar, por tanto, que la demanda por un rol más decisivo del afiliado, asociado a su mayor participación, con contrapesos efectivos y rendición de cuentas, sea visto como algo amenazante. La crítica a la disfuncionalidad que ocasionaría un modelo con dichos ingredientes entrega antecedentes, en clave postmoderna, de aquella “ley de hierro de la oligarquía” que Michels acuñó a partir de su estudio del partido socialdemócrata alemán. Aunque democrático en teoría, terminaba por fomentar las desigualdades en pos de una eficiencia y unidad de acción que, en Ciudadanos, encuentra un crisol: el del discurso único para toda España.

La existencia de varios niveles de decisión, tanto provincial como autonómico, no serían, en principio, un problema para el continuismo. El problema estribaría en el cambio de su legitimidad de origen ya que, de ser nombrados por el nivel central, la enmienda a la totalidad que interpela al modelo vigente postula la dependencia de los cargos del voto de las bases. Si a ello se añaden incentivos para la deliberación, con mayor diversidad interna, se podrían generar “cortafuegos”, virtuales “alertas tempranas” ante decisiones que, como la de la estrategia de pactos, contravinieron el espíritu fundacional del partido. Si esquemas de este tipo, que se desprenden del afán de tutelaje y de control, funcionan para otro tipo de organizaciones ¿por qué un partido en el siglo XXI no debiera proponérselo en forma seria para sí mismo?

La aspiración a una mayor democratización interna de importantes sectores al interior de Ciudadanos cruza, en mayor o menos medida, la intrahistoria de todos los partidos. En este caso, cobra particular interés por las expectativas generadas por un relato que reclama para sí una metatarea: la de, desde el centro, brindarle estabilidad a España. Se suma a ello su auge y caída en muy corto tiempo, así como la promesa incumplida de democracia interna bajo el mecanismo de primarias y cuyas presuntas irregularidades en algunas partes están siendo investigadas.

Por otro lado, aunque su presencia institucional en ayuntamientos y comunidades le brinda aquellas oportunidades para el patronazgo y el clientelismo con las que el bipartidismo ha neutralizado sus discrepancias internas, su utilidad para la unanimidad y el ansia de control encuentra en Ciudadanos un techo. No se trata tanto de que sus miembros sean todos ángeles como una condición de liberales por la que le asignan especial valor a la regeneración democrática, traducida en rendición de cuentas, escrutinio y transparencia.

Mal haría el ciudadano de a pie en observar los debates de Ciudadanos como algo que no le afecta. Dado que según el último barómetro del CIS los políticos ya preocupan a los españoles tanto como el paro, alcanzando un máximo histórico, las luchas por una mayor democratización partidaria debieran tener impacto, más allá de sus fronteras orgánicas. España sería el país de Europa que más subvenciones públicas entrega a sus partidos políticos. Ya en 2016 se reportaba que más del 75% de los ingresos que reciben provendrían de fuentes públicas. Este último motivo debiera generar exigencias mayores sobre su gobernanza.

Añadamos que no es posible aspirar a mejorar la calidad de nuestras democracias con partidos que, siendo estructuras a ella endémicos, despliegan sin mayores cortapisas prácticas que no contribuyen a mantener, y menos a legitimar, aquellos sistemas de los que forman parte.

Chile es un país que se vanagloria de mantenerse al margen de la fiebre reeleccionista de América Latina. Asistimos, incluso, a nuevas versiones como la llamada reelección conyugal. Tal es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y, más recientemente, la tentación que parece rondar en torno a las pretensiones políticas de Nadine Humala, la esposa del primer mandatario peruano. El regreso de la expresidenta Michelle Bachelet, luego de que en 2010 le colocara la banda presidencial por primera vez a un candidato de derecha desde la recuperación de la democracia en 1990, no calza en ese marco. Pero la posibilidad de que ocupe nuevamente el sillón presidencial sería una reelección, aunque en modalidad alterna.

Lo llamativo, en su caso, es que se trata de una mujer que, además de ser la primera en llegar a dicha magistratura por la vía de las urnas en un país importante en América Latina, añadiría un nuevo récord. No solamente es la primera mujer en Chile en lograr la presidencia sino que sería la primera vez que alguien sería reelecto en dicho cargo. De hecho, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, revisando la historia de Chile, se refiere a ello como “una misión casi imposible”. Sumemos que no solamente ha dejado su mandato con el más alto nivel de popularidad, 80%, sino que ha logrado sobrevivir al desgaste que produce la lejanía del poder. Esas son algunas de las razones por las que su posición actual, como candidata de los partidos Socialista (PS) y por la Democracia (PPD) a las primeras primarias presidenciales legales que se realizarán en el país, generan expectación.

Al día de hoy, es la candidata mejor posicionada para repetir una hazaña porque, concedamos, a pesar de los avances femeninos en el último siglo, todavía resulta raro que una mujer llegue a dirigir un país. Según el Mapa Mundial de la Mujer en la Política 2012, solamente hay 17 jefas de Estado o de Gobierno. Sin embargo, volver a ocupar La Moneda parece no ser el problema, por ahora. El problema se produciría una vez que reincida en el cargo. Existen expectativas, pero también legítimas dudas, acerca de si sus propuestas políticas podrán hacerse cargo de los cambios que ha experimentado el país.

Desde la derrota de la Concertación en 2010, luego de veinte años ininterrumpidos de gobiernos de la misma coalición, se viene hablando de un cambio de ciclo en la política chilena. Este fenómeno, probablemente, se encuentra en desarrollo. El movimiento estudiantil de 2011, con su demanda de educación pública, gratuita y de calidad en base a la consigna de “fin al lucro”, visibilizó una crisis de representación política junto con la demanda por redistribución del ingreso las que, para algunos analistas, expresan la necesidad de cambios estructurales más profundos en un ordenamiento económico-social que el Financial Times ha catalogado recientemente como una “economía oligárquica liberal”. En el debate público, de forma lenta pero consistentemente, se ha ido instalando la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución que relativice el rol sobredimensionado asignado al mercado y que permita lo que los chilenos no han logrado en toda su historia: dotarse a sí mismos de una carta fundamental legitimada por vía soberanía popular.

Chile, a día de hoy, es un cúmulo de paradojas que quiebra el sentido común que dicta que si la economía anda bien, todo lo demás debe darse por sentado. Si bien ha sido un país exitoso en el combate a la pobreza y exhibe hoy cifras alabadas de crecimiento, baja inflación, inversión extranjera y empleo, coexisten con una de las desigualdades más altas de la región, según el PNUD. Ello ha venido a generar un fenómeno difuso, pero consistente en los últimos años, expresado de manera intermitente en movilizaciones sociales y en las redes, pero también por vía electoral, con una abstención de casi 60% en las elecciones municipales de 2012, que se ha dado en llamar “malestar”.

Bachelet, en esta etapa de campaña de primarias, se ha hecho cargo de estos dilemas y ha izquierdizado su discurso, proponiendo reformas tanto educacional como tributaria. Sin embargo, difícilmente podrá concretarlo si no logra mayoría parlamentaria. Las fuerzas que la respaldan, que no conforman la oposición toda por cuanto Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista, competirá con ella en la primera vuelta presidencial, aparecen unidas en torno a su figura más porque les asegura el regreso al poder que por disponer de un proyecto político de futuro distintivo que las una.

En noviembre, no solamente tendrá lugar en Chile una elección presidencial sino también parlamentaria y se ha difundido la consigna de lograr “un Parlamento para Bachelet”. Sin embargo, la negociación parlamentaria de sus propias fuerzas se observa plagada de conflictos y reproches, lejana a la mínima disciplina que podría garantizar lo que ella hoy está prometiendo. Otros factores podrían ralentizar su giro hacia la izquierda. Nos referimos al ingreso de la Democracia Cristiana (DC) a su comando, una vez concluidas las primarias fijadas para el 30 de junio. Ello nos recuerda que cualquier coalición que sustente su gobierno no será sin tensiones por cuanto incluirá a la expresión de centro que representa dicho partido, pero también muy posiblemente a un Partido Comunista (PC) que podría llegar al Gobierno por primera vez, luego del quiebre de la democracia, en 1973.

Así como las posibilidades reales de su izquierdización están en duda, no lo está su compromiso con la igualdad de género. Es, sin duda, la exmandataria más reconocida a nivel mundial por sus políticas a favor de las mujeres, lo que seguramente le valió ser electa para dirigir ONU-Mujeres. La paridad ministerial y una reforma previsional con enfoque de género forman parte de sus políticas más recordadas. Se necesita con urgencia un nuevo embate en este ámbito, luego de un gobierno de derecha que ha debilitado la transversalización de género en el Estado y ha dejado aparcado el lenguaje de derechos por uno donde la mujer cuenta solamente en su rol de madre y como instrumento de políticas asistenciales. Chile tiene un porcentaje del 13,9% de parlamentarias y es uno de los pocos países de América Latina que carece de ley de cuotas. A las deudas que la transición dejó en materia de participación política y derechos sexuales y reproductivos se suman nuevas realidades como la demanda por políticas de conciliación. Por lo tanto, no es extraño que las chilenas vean en ella una “candidatura anhelante” con la que se identifican transversalmente.