“Pasé semanas sin dormir. Metía un tenedor bajo la pierna por si me daba el sueño”. “A mi amiga la violaron en la calle dos veces”. “Él me encerraba en casa con llave. Dejaba facturas sin pagar y no aparecía”. “Yo era su esclava, pero no podía marcharme, ¿a dónde iba con dos hijos y sin dinero?”. “De día eres capaz de hacer cosas, pero al llegar la noche pierdes la esperanza”.

Todas las mujeres tienen nombre y muchas un lugar propio, íntimo y seguro, en el que habitar, un derecho legal, físico y social. Pero, en ocasiones, prefieren mostrar instantáneas anónimas de su historia. Dejan rastros en el camino para otras sin exponerse a más violencia y ceden su voz para que se conozca que lo invisible existe, es real y se tolera.

Las frases que guían este texto son testimonios de mujeres en situación de sin hogar. Muchas no duermen en el espacio público y, sin embargo, experimentan una exclusión residencial grave, incluso bajo un techo.

Las tipologías ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion) describen cuatro formas de sinhogarismo: sin techo, sin hogar, con vivienda insegura o con vivienda inadecuada. Quien vive en la calle representa la punta del iceberg de un problema estructural. Se calcula que en ese estado más evidente a la mirada de la sociedad y de las administraciones, la población femenina supone ya casi uno de cada cuatro casos (el 23,3%, cifra 3,6% superior a hace una década). Pero quien acaba en un alojamiento inseguro expuesta al abuso, en la infravivienda, en camas prestadas o va de sofá en sofá, constituye también una persona sin hogar con todas las quiebras sociales, emocionales, sanitarias y administrativas que comporta. Y ahí hay más mujeres que hombres, aunque no computen de igual modo en los registros estadísticos.

Existe un vínculo estrecho entre el sinhogarismo femenino y la violencia machista. Como mínimo, seis de cada diez mujeres sin hogar la consideran causa directa de su situación y por lo menos siete de cada diez acaban atravesándola. No se trata solo de violencia física. Es violencia psicológica, sexual, económica. Las variables de género dominan la ecuación de la exclusión social severa. El concepto feminización de la pobreza subraya que las circunstancias asociadas a la precariedad afectan de manera singular a las mujeres. También la gentrificación de los barrios y el escaso freno a la especulación inmobiliaria y a la burbuja de los alquileres.

A veces deriva de ser cuidadoras, mujeres con hijos, expulsadas de un mercado laboral ineficaz e irreconciliable con la crianza, obligadas a soportar maltrato o a recurrir a toda su red de contactos para evitar la calle, con el miedo a perder la custodia, sobreviviendo a la explotación y a las agresiones. Es violencia institucional la que lo permite.

“Dormía en casa de un conocido. Le hacía favores a cambio”. “No me hablo con mi familia, nadie me ayudó, pensaban que yo era la culpable de que mi marido me tratara tan mal”. “Empecé a beber, enfermé del riñón y no puedo trabajar, no tenía dinero para otra cosa”. “Era muy joven, veinte años, cuando servicios sociales se llevó a las niñas. Acabé de prostituta. Tuve otro hijo que ahora está preso”. “Yo fui una chica normal hasta que se me juntaron los problemas”. “Encontré a mi hija muerta en la casa cuando volví de trabajar. No salí de la cama en mucho tiempo. El padre desapareció del mapa. Me echaron del piso porque no lo podía pagar”. “Me junté con uno para no estar en la calle, pero si venía con otras, yo tenía que marcharme”.

Vivir en el espacio público representa el último escalón de muchos desgarros anteriores que se acumulan. Cuando las mujeres se ven abocadas a esa intemperie, la exposición se vuelve brutal. El 60% sufren delitos de odio y, como mínimo, una de cada cuatro tiene que sobreponerse a violaciones sexuales. Es violencia machista, a pesar de que no todas las veces aparezca en las estadísticas, al no ocurrir siempre dentro del marco de la pareja heterosexual. Pero la realidad de la calle hace que en ocasiones soportar la violencia de un solo hombre parezca la única alternativa a sobrevivir a la violencia de todos. “Así por lo menos solamente intenta matarme uno”.

Como todo hecho sociológico, la falta de un hogar es multifactorial y encuentra como solución inicial una vivienda segura. En este sentido, el housing first se presenta como una metodología de intervención social que rompe con el modelo de atención tradicional al proporcionar un alojamiento autónomo y estable. Se aplica en determinadas ciudades españolas. En algunas, Madrid o Mallorca, ya de manera estacionaria, a pequeña escala, como política propia con licitaciones, y en otras, como A Coruña, la única en Galicia, por convenio. Con una inversión similar a la que suponen albergues y centros de acogida, el dolor físico, las agresiones, la ansiedad y la depresión disminuyen, mientras la permanencia en un lugar aumenta significativamente, con un nivel de estabilidad del 96% después de dieciocho meses.

Pero en el caso de las mujeres domina la variable de género que condiciona la evolución vital y la propia salida del sinhogarismo, con recursos pensados para hombres que se muevan sin familia, aunque la tengan (de media, la mitad de las personas en esta situación es padre o madre).

Hay algo roto y reconstruido mil veces en la mirada de las mujeres que han perdido su hogar, la piel curtida por las fracturas físicas y emocionales y la extrema incertidumbre surcada en la expresión, como nos sucedería a todas. No habrá un cambio profundo si continuamos considerando el machismo y su devenir violento un asunto únicamente performativo que puede transformarse con maneras de masculinidad nuevas, cuando se trata, sobre todo, de una cuestión estructural de poder con múltiples tentáculos. Este hecho cruza también el derecho a una vivienda digna y segura para las mujeres y puede ser modificado.

“Voy a cumplir sesenta y cinco años. No veo a mis hijas desde que eran pequeñas. Mis amigos están muertos. Yo también debería estar muerta, pero quisiera que me diesen una última oportunidad”. “Entré en un programa de acceso a vivienda y apoyo y siento que yo también tengo una vida”. “Me gustaría empezar de nuevo hace mucho tiempo. Con ayuda creo que soy capaz de conseguirlo”.

“Pasei semanas sen durmir. Metía un garfo baixo a perna por se me daba o sono”. “Á miña amiga violárona na rúa dúas veces”. “El pechábame na casa con chave. Deixaba facturas sen pagar e nin aparecía”. “Eu era a súa escrava, mais non podía marchar, onde ía con dous fillos e sen cartos?”. “De día es capaz de facer cousas, pero ao chegar a noite perdes a esperanza”.

Todas as mulleres teñen nome e a maioría dispón xa dun lugar propio, íntimo e seguro, no que habitar, un dereito legal, físico e social. Prefiren amosar instantáneas anónimas da súa historia. Deixan rastros no camiño para outras sen expoñérense a máis violencia e ceden a voz para que se coñeza que o invisíbel existe, é real e estase a tolerar.

As frases que guían este texto son testemuños de mulleres que transitan nalgún momento a vida sen fogar. Moitas non dormen no espazo público mais experimentan unha exclusión residencial grave, incluso baixo un teito.

As tipoloxías ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion) describen catro formas de senfogarismo: sen teito, sen fogar, con vivenda insegura ou con vivenda inadecuada. Quen mora na rúa representa a punta do iceberg dun problema estrutural. Calcúlase que nese estado máis evidente á ollada da sociedade e das administracións, a poboación feminina supón xa case un de cada catro casos (o 23,3%, cifra 3,6% superior a hai unha década). Mais quen acaba nun aloxamento inseguro exposta ao abuso, na infravivenda, en camas prestadas ou vai de sofá en sofá, constitúe tamén unha persoa sen fogar con todas as crebas sociais, emocionais, sanitarias e administrativas que comporta. E aí hai máis mulleres ca homes, aínda que non computen de igual modo nos rexistros estatísticos.

Existe un vínculo estreito entre o senfogarismo feminino e a violencia machista. Como mínimo, seis de cada dez mulleres sen fogar considérana a causa directa da súa situación e polo menos sete de cada dez acaban atravesándoa. Non se trata só de violencia física. É violencia psicolóxica, sexual, económica. As variábeis de xénero dominan a ecuación da exclusión social severa. O concepto feminización da pobreza subliña que as circunstancias asociadas á precariedade afectan de xeito singular ás mulleres. Tamén a xentrificación dos barrios e o escaso freo á especulación inmobiliaria e á burbulla dos alugueiros.

Ás veces deriva de seren coidadoras, mulleres con fillos, expulsadas dun mercado laboral ineficaz e irreconciliábel coa crianza, obrigadas a soportaren malos tratos ou a recurrir a toda a súa rede de contactos para evitaren a rúa, co medo a perderen a custodia, sobrevivindo a explotación e a agresións. É violencia institucional a que o permite.

“Durmía na casa dun coñecido. Facíalle favores a cambio”. “Non me falo coa miña familia, ninguén me axudou, pensaban que eu era a culpábel de que o meu home me tratase tan mal”. “Empecei a beber, enfermei do ril e non podo traballar, non tiña diñeiro para outra cousa”. “Era moi nova, vinte anos, cando servizos sociais levou as nenas. Acabei de prostituta. Tiven outro fillo que agora está preso”. “Eu fun unha moza normal até que se me xuntaron os problemas”. “Atopei a miña filla morta na casa cando volvín de traballar. Non saín da cama en moito tempo. O pai desapareceu do mapa. Botáronme do piso porque non o podía pagar”. “Xunteime cun para non estar na rúa, pero se viña con outras, eu tiña que marchar”.

Vivir no espazo público representa o último chanzo de moitos desgarros anteriores que se amorean. Cando as mulleres se ven abocadas a esa intemperie a exposición vólvese brutal. O 60% sofren delictos de odio e, como mínimo, unha de cada catro ten que sobrepoñerse a violacións sexuais. É violencia machista, malia que non todas as veces apareza nas estatísticas, ao non acontecer sempre dentro do marco da parella heterosexual. Pero a realidade da rúa fai que en ocasións soportar a violencia dun só home semelle a única alternativa a sobrevivir á violencia de todos. “Así polo menos soamente tenta matarme un”.

Como todo feito sociolóxico, a falta dun fogar é multifactorial e encontra como solución inicial unha vivenda segura. Neste sentido, o housing first preséntase como unha metodoloxía de intervención social que racha co modelo de atención tradicional ao proporcionar un aloxamento autónomo e estábel. Aplícase en determinadas cidades do Estado español. Nalgunhas, Madrid ou Mallorca, xa de xeito estacionario, a pequena escala, como política propia con licitacións, e noutras, como A Coruña, a única en Galiza, por convenio. Cun investimento similar ao de albergues e centros de acollemento, a dor física, as agresións, a ansiedade e a depresión diminúen, mentres a permanenza nun lugar aumenta significativamente, cun nivel de estabilidade do 96% despois de dezaoito meses. Mais no caso das mulleres domina a variábel de xénero que condiciona a evolución vital e a propia saída do senfogarismo, con recursos pensados para homes que se moven sen familia, aínda que a teñan (a metade das persoas en situación de senfogarismo é pai ou nai).

Hai algo roto e reconstruído mil veces na ollada das mulleres que perderon o fogar, a pel curtida polas fracturas físicas e emocionais e a extrema incerteza sucada na expresión, como nos acontecería a todas. Non haberá un cambio profundo se seguimos a considerar o machismo e o seu devir violento un asunto unicamente performativo que pode transformarse con maneiras de masculinidade novas, cando se trata, sobre todo, dunha cuestión estructural de poder con múltiples tentáculos. Este feito cruza tamén o dereito a unha vivenda digna e segura para as mulleres e pode ser modificado.

“Vou facer 65 anos. Non vexo as miñas fillas desde que eran pequenas. Os meus amigos están mortos. Eu tamén debería estar morta, pero quixera que me desen unha última oportunidade”. “Entrei nun programa de acceso a vivenda e apoio e sinto que eu tamén teño unha vida”. “Gustaríame empezar de novo hai moito tempo. Con axuda creo que son quen de conseguilo”.

“¿Se imagina una mujer obligada a tener contacto íntimo con otras personas sin la mínima precaución sanitaria, en estas circunstancias? Pues esto está pasando ahora mismo, todos los días, en toda España”. La Rede Galega contra a Trata traslada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales víctimas de la trata seres humanos con las que la entidad colabora.

La COVID-19 ha generado una grave crisis sanitaria, pero supone también una emergencia social que empieza a destapar cuestiones que estaban ahí mucho antes de la pandemia. Realidades contra las cuerdas, como las de mujeres que viven en una situación de confinamiento durante todo el año ejerciendo la prostitución forzosa.

En las ciudades gallegas ya hace unos años que cerraron la mayoría de los clubs, diseminados ahora a lo largo de zonas rurales, y la actividad de explotación sexual vinculada a la trata se concentra en pisos. Un 60% tiene menos de 25 años y tres de cada diez son madres.

Carlos Villar es abogado especialista en Derecho de extranjería y migraciones. Realiza atención jurídica en la ONG Ecos do Sur y es portavoz de la Rede Galega contra a Trata, desde donde alertan de la desprotección en la que se encuentra buena parte del colectivo “que irá empeorando con el paso del tiempo”.

¿Desde la Rede Galega contra a Trata y otras entidades sociales están en contacto estos días con las trabajadoras sexuales víctimas de trata con las que suelen colaborar?

Hay varias entidades sociales que están haciendo visitas a los pisos. Desde la Rede Galega contra a Trata seguimos ofreciendo nuestros recursos, pero es limitado por las prohibiciones de derecho de circulación derivadas del Estado de Alarma. No obstante, seguimos realizando atención mediante los teléfonos de atención de urgencia, y en casos de emergencia, en las propias sedes de la organización.

¿Cuál es la situación que les cuentan?

Una situación que empeorará conforme pasen los días. Lo vemos ya en los seguimientos que hacemos. Vemos que en los pisos empieza a aumentar la carencia de bienes de primera necesidad. Crece la preocupación por cómo mandarán dinero a sus familias y la ansiedad por la situación económica, también a veces por problemas de consumos adictivos al que muchas mujeres tienen que recurrir para sobrellevar la situación en la que viven habitualmente, preocupación por cómo pagaran el alquiler de su habitación... Además, a menudo se ven obligadas a pagar la mitad de cada servicio al proxeneta, y reciben multas constantes por retrasos en bajar a la sala, durante el período de menstruación o por encontrarse enfermas. Son métodos de coacción o de incremento de la deuda, porque la situación de trata o explotación no desaparece por la coyuntura actual.

Por tanto, aumenta la deuda económica, cifras que ya son muy elevadas y pueden llegar hasta los 10.000 euros si proceden de Rumanía o hasta 40.000 de Nigeria y que se van incrementando a base de intereses.

Estamos empezando a detectar situaciones de mujeres que trabajan en pisos haciendo plaza (períodos de veintiún días que una mujer pasa en un piso fijo, alquilando una de las dos o tres habitaciones, hasta ser trasladada a otro) que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. O mujeres que viven en clubs y que con el confinamiento tienen problemas de acceso a alimentos y a artículos de higiene.

¿Entre ellas, las menores de edad víctimas de trata y explotación sexual en Galicia?

Sí, hace cuatro o cinco años vimos que en Galicia empezaba a haber más menores de edad. Es una triple vulnerabilidad: víctima de explotación sexual, migrante procedente de África o Europa del Este, y menor de edad. Quieren ofrecer novedad porque es lo que demandan los clientes.

¿Algunas se han quedado estos días en situación de calle?

En la mayoría de los casos, de momento, siguen dentro de los pisos y de los clubs, pero esto puede cambiar conforme pasen los días. Ya se han dado casos de expulsión de mujeres de pisos y ya hay situaciones de calle, vulnerabilidad y desamparo. Si ya no resultan rentables, se deshacen de ellas: es así de crudo.

Y sin ningún tipo de derecho laboral. Según la Xunta, los centros de la Rede Galega de Acollemento aún no están al máximo de su capacidad y hay 4.000 plazas hoteleras en Galicia. ¿No se están habilitando también para esto?

Es una medida activada de manera muy reciente el de las instalaciones hoteleras como recursos habitacionales también para víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual. Nos surge la duda en cómo se va a identificar a esas víctimas de trata o explotación sexual y su acreditación, puesto que la competencia corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, y la identificación de las víctimas es un proceso que lleva tiempo, a lo que hay que añadir el alto grado de desconfianza que estas mujeres tienen sobre las autoridades policiales, por la corrupción en sus países de origen, donde muchas veces participan en el proceso de trata.

¿Hay pisos y clubs en los que las mujeres tienen que seguir recibiendo clientes?

¿Se imagina una mujer obligada a tener contacto íntimo con otras personas sin el mínimo control ni precaución sanitaria, en estas circunstancias? Pues esto está pasando ahora mismo, todos los días, en toda España. En Galicia hay pocos clubs en las grandes urbes, la actividad en los núcleos urbanos se ha traspasado mucho a los pisos y tanto en unos como en otros se dan esos casos. Por las características de Galicia, los clubs, numerosos y de pequeño tamaño, están dispersos. El típico club de carretera solemos encontrarlo en el rural, no demasiado visible. No hay mucha prostitución de calle, hay más pisos y clubs y hay situaciones claras de trata sexual. También se están dando casos en donde el putero pide que se desplacen a su piso.

¿Les ha informado la Xunta de si están abordando algún tipo de medida al respecto?

No tenemos noticia de que esté habiendo ningún control. La trata de seres humanos y la explotación no se detienen ni en esta situación. No son mujeres que acudan a servicios sociales, hay un estigma sobre ellas teniendo en cuenta su situación documental, están en situación irregular.

¿Y las ayudas a la atención integral de personas en situación de explotación sexual?

Las ayudas a las entidades que trabajamos en la atención de las víctimas funcionan mediante subvención y en el caso de la Xunta ya han sido resuelta su concesión. No así la subvención a nivel de Ministerio que aún no ha sido convocada.

Los riesgos sanitarios son permanentes para este colectivo, pero hay que añadir ahora el peligro de una exposición a la infección por coronavirus.

En este momento, su desprotección sanitaria es doble. Además del riesgo habitual sufren muchas trabas en el acceso a los servicios públicos de salud. Sus solicitudes suelen concluir con la denegación al acceso de la prestación de asistencia sanitaria.

¿Una regularización exprés como la emprendida en Portugal para personas migrantes que hubiesen solicitado permiso de residencia sería una vía para algunas mujeres?

Una de las características de las mujeres víctimas de trata es que tienen retenido el pasaporte y, además, tienen poco contacto con el exterior. Para este caso concreto una regularización así es también difícil de aplicar porque primero habría que detectarlas e informarles de la posibilidad de esa hipotética regularización.

¿También por una cuestión burocrática de racismo y clasismo administrativo?

Entre otras cosas debes tener certificado electrónico. Siguen dependiendo de un servicio de asesoría. Cuando una mujer acaba de pagar su deuda muchas veces sigue siendo explotada sexualmente, porque ¿cómo podemos afirmar que una mujer pasa a ejercer la prostitución de manera voluntaria cuando procede de esa situación previa de necesidad o vulnerabilidad?

Autores como Oliver Laxe, Ángel Santos, Jaione Camborda o Sonia Méndez abren sus primeros filmes en la plataforma Vimeo

Cineastas gallegos al margen de la industria que han conseguido un reconocimiento internacional sin precedentes. Son los creadores y creadoras del Novo Cinema Galego, un movimiento que celebra su décimo aniversario en medio de las medidas excepcionales del estado de alarma por el coronavirus liberando algunos de sus hitos más interesantes y varias de sus películas fundacionales. Lo hacen para aportar el material con el que cuentan a estos momentos de reclusión forzosa.

La web Novo Cinema Galego pone a disposición del público dieciséis filmes, seis largometrajes, a través de la plataforma Vimeo. Entre ellos se encuentra el primero de Oliver Laxe, Todos vós sodes capitáns (2010), que marca el inicio del movimiento tras ganar aquel año el premio Fipresci de la crítica internacional por su participación en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. La cinta surge de las derivas de un taller de cine que un joven europeo con métodos heterodoxos realiza con niños acogidos en un centro de Tánger.

O Vikingland (2011) de Xurxo Chirro, cine documental raptado sobre marineros gallegos que trabajan en un ferry mientras avanza el duro invierno. “Es uno de los mejores filmes de la historia del cine gallego”, asegura Martin Pawley, productor, crítico, divulgador y autor de la etiqueta Novo Cinema Galego.

Y están O quinto evanxeo de Gaspar Hauser (2013), “ejemplo del talento insobornable de Alberto Gracia”, La Brecha (2011), “el largo más libre de Marcos Nine”, N-VI (2012), de Pela del Álamo, la crudeza de A rapa das bestas (2017) de Jaione Camborda, o también O cazador, de Ángel Santos (2008), “el mejor corto de este autor” que, en el año del cortometraje París #1 de Oliver Laxe, daba la señal de que algo se movía en Galicia.

“Estamos ante producción de calidad hecha en nuestro país que ha recorrido el mundo”, cuenta Beli Martínez, productora y doctora en Comunicación Audiovisual con la primera tesis sobre el Novo Cinema Galego. Es una de las artífices del proyecto web que ha liberado las películas, creado hace cuatro años junto a Álex Bragaña, Xurxo González (Xurxo Chirro), Alberte Pagán y Bárbara Primo, con el apoyo de otras personas del sector, como José Manuel Sande y Jaime Pena, del CGAI (Filmoteca de Galicia), o el propio Pawley.

“Decidimos poner en abierto las películas por la situación de reclusión en la que se encuentra la población, para que haya más opciones para entretenerse”, detalla la productora. “Estaba hablando con Xurxo (Chirro) y pensamos en liberar Vikingland. Lo soltamos en el grupo de whatsapp y la gente quiso colaborar liberando sus primeras películas. Este cine se ve cada vez más y a veces es difícil tener acceso a él. Me ha comentado Pela (del Álamo) que el visionado de N-VI se triplicó en estos dos últimos días. Hay que tener en cuenta que el sector cultural va a resultar muy tocado, las consecuencias de las cancelaciones por el coronavirus resultarán muy duras, estamos sin nada e intuyo que habrá un cambio de hábitos. Es importante que después recuperemos hábitos culturales. Luego hay plataformas básicas como la Televisión de Galicia (TVG), que han apostado poco por este cine, pero parece que esto cambia”.

De manera simultánea al nacimiento del movimiento, surge el programa Zig Zag en la TVG, diario cultural que comienza a hacerse eco del interés internacional polos filmes gallegos a través del micrófono de la presentadora Marta Gómez: “Recuerdo que en el espacio anterior, Planeta cine, dirigido por Pilar Comesaña, empezaron a llegarnos cortos muy marcianos, como Paris#1 o Picnic, de Eloy Enciso, y poco después una nueva generación de programadores de todo el mundo se fijaba en ellos y en otros cineastas gallegos gracias a un relevo en la forma de subvencionar, de hacer y de enseñar cine. Y hay otro factor: Los creadores del Novo Cinema Galego hicieron piña entre ellos, por eso perdura”.

Además de los citados, el movimiento engloba cineastas tan heterogéneos como Peque Varela, Lara Bacelo, Alberte Pagán, Alfonso Zarauza, Sonia Méndez, Ramiro Ledo, Helena Girón, Samuel M. Delgado, Carla Andrade, Adrián Canoura, Otto Roca, Eloy Domínguez Serén, Xacio Baño, Xisela Franco, Ánxela Caramés o directores de fotografía como Alberte Branco o el catalán Mauro Herce.

Son cineastas alejados de la producción del sistema industrial, con proyectos arriesgados y personales, periferias narradas desde la propia periferia, con alta libertad y compromiso estético. Pese a su fama internacional, continúan siendo relativamente desconocidos para el gran público estatal, una tendencia que ha roto O que arde, de Oliver Laxe (2019), producido por Miramemira, tras acumular casi 93.900 espectadores en salas (datos del Ministerio de Cultura a 1 de marzo).

“El éxito de O que arde no tiene comparación”, dice Pawley; “el cine de autor se mueve, en general, a otra escala”. Pero existe un segundo hito de público previo, cuando Costa da Morte de Lois Patiño (2013) se proyectó en más de cincuenta festivales internacionales en pocos meses. “¿Cuántos miles de espectadores la verían? Algunos filmes del Novo Cinema Galego realmente fueron más vistos que otras producciones que parecen más populares. A lo mejor no en Pontevedra, pero sí en Nueva York, y eso hay que tenerlo en cuenta”. 

¿Cómo nace el Novo Cinema Galego?

La primera vez que apareció el término fue en un artículo firmado por Martin Pawley en el desaparecido Xornal de Galicia a principios de 2010. La denominación se inspiraba en etiquetas parecidas que habían servido de referencia y de renovación fílmica en los años precedentes, como Nuevo cine argentino o Noul val românesc, que a su vez retomaban la etiqueta de los nuevos cines o del free cinema de los años 60. “En el propio nombre”, explica Pawley, “novo (nuevo) nos hacía pensar en si había realmente un cine viejo, con voluntad de diferenciarse del que se hacía en Madrid. Cinema ponía en foco en el propio medio audiovisual en un tiempo de cambio de formato, de los soportes analógicos al entonces naciente vídeo digital de alta resolución. Y galego llevaba a la cuestión identitaria del cine, que se suele vincular al dinero de la producción. En el caso de Galicia casi todos los dilemas culturales giran alrededor de la lengua, pero la palabra no es el asunto central de un arte que se compone esencialmente de imágenes”.

Tuvo buena acogida el término en el sector? “Al principio hubo bastante escepticismo. Siempre me gusta decir que el cineasta que con más claridad vio la utilidad y la pertinencia de nuestro intento de crear marca fue Lois Patiño, un par de años antes de darse a conocer internacionalmente con el corto Montaña en sombra”. 

Oliver Laxe, Zeitun Films y Cannes

En 2010, Martin Pawley participó junto a Zeitun Films en la producción de Todos vós sodes capitáns. “Llegar hace una década a Cannes fue un sueño hecho realidad y supuso aprender mucho sobre la marcha, sobre la relación decisiva que hay entre los filmes y los festivales, y entre los demás agentes. Estábamos de golpe en la primera división cinéfila con una película de tamaño diminuto. Fue un tiempo emocionante, quizás aún nos falta perspectiva para entender lo que significó y cómo abrimos un camino. Hablo de Oliver, hablo de Felipe Lage (hermano de Oliver) desde su productora Zeitun Films, e, incluso, hablo de mí. Luego vinieron más películas y cada una empujó la rueda: Arraianos (Eloy Enciso, 2012) en Locarno, Vikingland en Marsella, O quinto evanxeo de Gaspar Hauser en Rotterdam…”.

En esos años Martin Pawley coordinaba el cliclo Panorama Galicia dentro del veterano Festival Cineuropa de Santiago de Compostela, dirigido por José Luis Losa, por el que pasaron un gran número de creadores gallegos. Y en A Coruña, el CGAI funcionó como templo cinéfilo con papel formativo. “Ha sido un lugar para descubrir las cinematografías menos conocidas, de Lino Brocka a Souleymane Cissé, o la gigantesca tradición del cine experimental. Y luego está su papel de apoyo a cineastas. El último premio de honor de los Mestre Mateo (premios de la Academia Galega do Audiovisual) al proyeccionista José María Rodríguez Armada, Chema, pone en el justo lugar a un trabajador decisivo que aparece en los agradecimientos de infinidad de películas”.

El contexto político de gestación del Novo Cinema Galego es el Gobierno bipartito (PSOE-BNG). Las ayudas al talento por parte de la desaparecida Axencia Audiovisual Galega (2006-2009) posibilitaron que cineastas relevantes presentasen filmes en un período corto de tiempo, lo que facilita el carácter generacional. “Sin ayudas seguiría habiendo cineastas, sin duda, Vikingland se hizo sin dinero público”, concluye Pawley, “pero tardaría en suceder y se perdería esa sensación de continuidad que tuvo el nacimiento del Novo Cinema Galego, eso que consiguió que, en pocos años, los programadores más atentos del mundo se preguntasen qué estaba pasando en Galicia”.

El aumento de problemas de salud mental, en concreto de la depresión y de la ansiedad, es uno de los devenires de las sociedades neoliberales, agravado por la falta de inversión social ante el incremento de las desigualdades. En apenas tres años, en el período 2011-2014, la incidencia de la enfermedad mental en Galicia creció casi un 11%. Hoy es la primera comunidad en consumo de ansiolíticos y la segunda, después de Asturias, en consumo de antidepresivos (Encuesta Nacional de Salud). Galicia y Asturias sufren también el mayor número de suicidios, siempre superiores a los trescientos cada año, desde el inicio de la crisis económica.

Uno de cada cinco gallegos y gallegas experimentará algún problema de salud mental al largo de su vida, pero solo uno de cada tres recibirá atención médica. El 43,6 % de las personas con un trastorno mental de intensidad grave o moderada no acude la ningún servicio sanitario.

El Movemento Galego de Saúde Mental, integrado por más de veinte colectivos sociales, colegios profesionales, sindicatos, y organizaciones científicas y apoyado por cuatrocientos profesionales, denuncia “la situación alarmante” en que se encuentra la atención a la salud mental.

Rosa Cerqueiro es psicóloga clínica en el Servicio de Psiquiatría del área sanitaria de Pontevedra y portavoz del movimiento. Reclama un nuevo enfoque basado en la prevención y en los derechos y señala al actual gobierno de la Xunta como responsable de una “desplanificación”. “Tenemos la mitad de los recursos recomendados hace veinte años”, sostiene, “mientras se produce un incremento excepcional del consumo de psicofármacos, falta presupuesto y personal y se vulneran los derechos de las personas ingresadas”.

Los datos indican que los problemas de salud mental en Galicia son más complejos y acuciantes que en el resto del Estado, por la magnitud de la prevalencia y la saturación o inaccesibilidad en los servicios de atención. Los gallegos y las gallegas están a la cabeza en consumo de ansiolíticos y antidepresivos y en muertes por suicidio.

El consumo de ansiolíticos aumentó entre los años 2000 y 2012-2013 un 57% y el de antidepresivos un 200%, según datos de la Agencia Española del Medicamento. Se sigue un modelo biologicista, basado en la medicalización. Hubo una escandalosa negación del número de suicidios en Galicia por parte de la Consellería de Sanidad.

¿Y el Plan de prevención?

Se ha quedado en mero papel.

En 2009, al llegar a la Xunta, el Partido Popular eliminó el Plan estratégico en salud mental 2006-2011 y no ha elaborado uno alternativo al largo de estos diez años. ¿Ha tenido consecuencias en la atención sanitaria? 

Se ha producido una auténtica desplanificación de la atención. Tenemos la mitad de los recursos recomendados hace dos décadas. El Plan estratégico 2006-2011 era importante porque hacía análisis de necesidades y asignaba recursos. Se desmanteló el sistema de atención e incluso negaron durante años la necesidad de un plan, hasta que anunciaron que saldría en 2017, luego en 2018, en 2019, y aún estamos esperando. En 2009 se elimina también parte de la estructura organizativa del Sergas, se elimina la Dirección General y se pasa a jefatura de servicio, todo enfocado a paralizar la acción. Como, por ejemplo, después de más de seis años de pleitos, Víctor Pedreira pudo recuperar en 2019 la jefatura de psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) porque la Justicia determinó que hubo parcialidad y desvío de poder en la designación de su substituto.

¿La salud mental ha empeorado en Galicia en la última década?

Sí, la evidencia es que aumenta el problema. Galicia ya iba despacio en la aplicación de la Reforma psiquiátrica de la Ley General de Sanidad del 1986 y se han dado pasos atrás.

De los más de 1.500 profesionales que se recomendaban hace más de veintidós años en el informe Propuestas de desarrollo de la atención a la salud mental en Galicia hoy se cuentan sólo algo más de 950.Propuestas de desarrollo de la atención a la salud mental en Galicia

Es peor, porque aquellos del 1997 son datos conservadores, ya que la prevalencia de trastornos mentales era entonces menor. Siguiendo aquellos datos, hoy haría falta aumentar un tercio el cuadro de personal de psiquiatras y un 50% la dotación de psicología clínica y enfermería. Y la dotación en terapia ocupacional y trabajo social abarca apenas un 33% y un 27% del recomendado hace veinte años.

El personal está colapsado. Hay más de 8.000 pacientes en lista de espera de psiquiatría, una de las especialidades con mayor lista de espera. En el 2014 intentaron cerrar una unidad de hospitalización psiquiátrica. En el 2015 intentaron cerrar quince camas, falseando datos de ocupación. Se frenó gracias a la oposición de usuarios y personal.

Invertir en salud mental solo da beneficios. Desde el punto de vista estrictamente económico, se calcula que genera un retorno de tres veces el coste del tratamiento.

¿Hay una relación causa efecto entre la situación de exclusión social y los problemas de salud mental cuando no se le da solución política a la desigualdad y lo segundo se asume cómo una cuestión estrictamente médica?

La OMS advirtió de que los países con un sistema de protección social sólido podrían mitigar mucho mejor el impacto de la crisis económica en la salud mental. La política de austeridad de la Xunta y la mercantilización de la sanidad derivaron en una involución de las políticas sanitarias, en una peor atención de los pacientes, lejos de los estándares recomendados, y de las condiciones laborales de los profesionales

Esto se ve mucho en los trastornos infantiles y juveniles. Las unidades de consultas externas están saturadas, hay una sola unidad de hospitalización psiquiátrica con siete camas. La Ley de enjuiciamiento civil dice que los menores tienen que ingresar en unidades específicas y hay menores ingresados en adultos, lo cual es muy grave.

Tampoco se toman medidas preventivas. Hay enfermedades que debutan en la adolescencia y que es necesario atender precozmente y más allá de lo farmacológico para que no se cronifiquen. Pero consultas externas de infantil tiene una larga lista de espera, la consulta puede durar un máximo de media hora y el tiempo entre una consulta y otra son meses.

¿Se favorece la privatización de la atención a la salud mental?

Se privatiza mediante convenios. Se están externalizando cuestiones de peso a través de fundaciones y asociaciones, muchas de las cuales pueden tener proyectos interesantes, pero ejercen funciones que le corresponden al Sergas.

Por otra parte, acudir a la sanidad privada es un derecho de libre elección, pero al privar a muchos adultos y a muchos niños y jóvenes de la atención necesaria, de lo que debería ser una consulta cada semana o cada quince días, o lo que requiera el caso, se deja el derecho de recibir una atención idónea solo la quien tiene recursos económicos.

¿El enfoque en cuestiones de salud mental debería estar alineado con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional/discapacidad, que el Estado español ratificó en el 2007?

Sí, y hay una falta total de liderazgo para adaptar la planificación a las exigencias de la OMS, de la ONU y del Consejo Europeo. Los organismos internacionales exigen que se adopte un enfoque basado en derechos y no se hace.

Uno de los casos más extremos es el Hospital Psiquiátrico de Conxo, que nunca ha realizado por completo la reforma psiquiátrica. Hay sobre la mesa un informe demoledor de los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (que en España recae en el Defensor del pueblo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura del año 1984) después de una visita sin previo aviso en 2017. Habla de instalaciones obsoletas, excesos en los tratamientos, infradotación de personal o uso abusivo y sin registros de la contención mecánica para inmovilizar pacientes, a quienes no se les informa de sus derechos.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura habla en ese informe de una clara vulneración de derechos y alerta de la gravedad del estado de la contención mecánica en ese centro. En septiembre de 2009 le da un mes a la Administración Autonómica para que responda y recuerda las competencias que le otorga la legislación. La Xunta aun no ha dado ninguna respuesta. En un primer momento incluso negaron la veracidad del informe en el Pleno del Parlamento de Galicia.

En Galicia, en salud mental, se están produciendo prácticas coercitivas que vulneran los derechos humanos. No hay registros del número de contenciones, de por qué sucedieron, ni un plan de eliminación paulatina de la contención, como se ha hecho en otros países. La situación es alarmante.

¿Ese uso alarmante de la contención mecánica tiene también que ver con plantillas de personal sanitario insuficientes?

Tiene que ver con carencias de recursos asistenciales, de personal, materiales, espaciales o de actividades terapéuticas y ocupacionales. Hay una orientación incorrecta de la actividad asistencial, de guardia y contención más que de potenciar las acciones psicoterapéuticas que luego tengan continuidad cuando el paciente es dado de alta, y carencias de formación específica sobre procedimientos no coercitivos.

¿Cómo se cuida el libre ejercicio de determinados derechos, como el recién restituido derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente, cuando se encuentran en ingresos de larga duración?

A las personas ingresadas que manifiestan su voluntad de ejercer el derecho al voto se les facilita. Es necesario ser más proactivos en la transmisión de los derechos, ya que ademáis de ser un deber, son medidas efectivas para la recuperación. Participar plenamente en la sociedad es la verdadera inclusión social.

Uno de los mandatos de los organismos internacionales citados es trabajar por la desestigmatización. ¿Se está haciendo?

Sobre desestigmaticación la Xunta no ha hecho gran cosa. Han hecho más el Colegio de Periodistas y el Colegio de Piscología. Como primer paso, no hay nada más desestigmatizador que aplicar la política de contención cero, que rompa con aquello de que hay que atarlos porque son violentos.

El sufrimiento psíquico afecta más a mujeres. Experimentan mayor estigma y más barreras. Se calcula, además, que un 80% de quienes padecen una enfermedad mental grave y tienen pareja han sufrido algún tipo de violencia. Y viceversa, sufrir violencia conlleva un deterioro de la salud mental. ¿Las autoridades sanitarias tienen en cuenta esta cuestión a la hora de planificar?

No. De hecho, desde el Movemento Galego de Saúde Mental insistimos en la necesidad de la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la atención a la salud mental, para reducir las desigualdades y la discriminación de género, que con frecuencia trae consigo a re-victimización de la mujer.

Casi tres de cada diez gallegos y gallegas viven en ayuntamientos pequeños. ¿Que sucede con la atención a la salud mental de la población del rural gallego?

La atención sanitaria está demasiado centralizada en los núcleos urbanos. Suponen un atranco en la accesibilidad real porque deben recorrer distancias muy elevadas para tener consultas ambulatorias de atención especializada. Además, no siempre cuentan con los medios de transporte o económicos para hacer trayectos de hasta 50-60 kilómetros.

Esta dificultad se convierte en imposibilidad si la persona necesita tratamientos más intensivos, como los de los hospitales de día psiquiátricos. Hay uno por cada área sanitaria y ubicados en las ciudades.

En cuanto a los equipos de continuidad de cuidados que prestan atención domiciliaria, fundamentales para personas que necesitan mayor atención, están limitados geográficamente por la insuficiencia de personal, que a veces trabaja a tiempo parcial. El resultado: quienes más atención necesitan, menos tienen, si viven en núcleos rurales.

O aumento dos problemas de saúde mental, en concreto da depresión e da ansiedade, é un dos devires das sociedades neoliberais, agravado pola falta de investimento social ante o incremento das desigualdades. En apenas tres anos, no período 2011-2014, a incidencia da enfermidade mental en Galicia medrou case un 11%. Hoxe é a primeira comunidade en consumo de ansiolíticos e a segunda, despois de Asturias, en consumo de antidepresivos (Enquisa Nacional de Saúde do Ministerio de Sanidade). Galicia e Asturias sofren tamén o maior número de suicidios, sempre superiores aos trescentos cada ano, desde o inicio da crise económica. 

Un de cada cinco galegos e galegas experimentará algún problema de saúde mental ao longo da súa vida, mais só un de cada tres recibirá atención médica. O 43,6 % das personas cun trastorno mental de intensidade grave ou moderado non acode a ningún servicio sanitario. 

O Movemento Galego de Saúde Mental, integrado por máis de vinte colectivos sociais, colexios profesionais, sindicatos, e organizacións científicas e apoiado por catrocentos profesionais, denuncia “a situación alarmante” na que se atopa a atención á saúde mental. Rosa Cerqueiro é psicóloga clínica no Servizo de Psiquiatría da área sanitaria de Pontevedra e voceira do movemento. Reclama un novo enfoque baseado na prevención e nos dereitos e sinala o actual goberno da Xunta como responsábel dunha “desplanificación”. “Temos a metade dos recursos recomendados hai vinte anos”, sostén, “mentres se produce un incremento excepcional do consumo de psicofármacos, falta orzamento e persoal e vulnéranse os dereitos das persoas ingresadas”. 

Os datos indican que os problemas de saúde mental en Galicia son máis complexos e apremantes que no resto do Estado, pola magnitude da prevalencia e a saturación ou inaccesibilidade nos servizos de atención. Os galegos e as galegas están á cabeza en consumo de ansiolíticos e antidepresivos e en mortes por suicidio.

O consumo de ansiolíticos aumentou entre os anos 2000 e 2012-2013 un 57% e o de antidepresivos un 200%, segundo datos da Axencia Española do Medicamento. Séguese un modelo bioloxicista, baseado na medicalización. Houbo unha escandalosa negación do número de suicidios en Galicia por parte da Consellería de Sanidade e o Plan de prevención quedou no mero papel.

No 2009, ao chegar á Xunta, o Partido Popular eliminou o Plan estratéxico en saúde mental 2006-2011 sen achegar un outro alternativo ao longo destes dez anos. Tivo consecuencias na atención?

Produciuse unha auténtica desplanificación da atención. Temos a metade dos recursos recomendados hai vinte anos. O Plan estratéxico 2006-2011 era importante porque facía análise de necesidades e asignaba recursos. Desmantelouse o sistema de atención e incluso negaron durante anos a necesidade dun plan, até que anunciaron que sairía no 2017, logo no 2018, no 2019, e aínda estamos a agardalo. En 2009 elimínase tamén parte da estrutura organizativa do Sergas, elimínase a Dirección Xeral e pásase a xefatura de servizo, todo enfocado a paralizar a acción. Por exemplo, despois de máis de seis anos de preitos, Víctor Pedreira puido recuperar no 2019 a xefatura de psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) porque a xustiza determinou que houbo parcialidade e desvío de poder na designación do seu substituto. 

A saúde mental empeorou en Galicia na última década?

Si, a evidencia é que aumenta o problema. Galicia xa ía despacio na aplicación da Reforma psiquiátrica da Lei Xeral de Sanidade do 1986 e déronse pasos atrás.

Dos máis de 1.500 profesionais que se recomendaban hai vinte e tres anos no informe Propostas de desenvolvemento da atención á saúde mental en Galicia hoxe cóntanse só algo máis de 950. Propostas de desenvolvemento da atención á saúde mental en Galicia

É peor, porque aqueles do 1997 son datos conservadores tendo en conta que a prevalencia de trastornos mentais era entón menor. Seguindo aqueles datos, hoxe faría falla aumentar un terzo o cadro de persoal de psiquiatras e un 50% a dotación de psicoloxía clínica e enfermería. E a dotación en terapia ocupacional e traballo social abrangue apenas un 33% e un 27% do recomendado hai vinte anos. 

O persoal está colapsado. Hai máis de 8.000 pacientes en lista de espera de psiquiatría, unha das especialidades con maior lista de espera. No 2014 tentaron pechar unha unidade de hospitalización psiquiátrica. No 2015 tentaron pechar quince camas, falseando datos de ocupación. Freouse grazas á oposición de usuarios e persoal.

Investir en saúde mental só da beneficios. Desde o punto de vista estrictamente económico, calcúlase que xera un retorno de tres veces o custo do tratamento.

Hai una relación causa efecto entre a situación de exclusión social e os problemas de saúde mental cando non se lle dá solución política á desigualdade e o segundo asúmese como unha cuestión estrictamente médica?

A OMS advirtíu de que os países cun sistema de protección social sólido poderían mitigar moito mellor o impacto da crise económica na saúde mental. A política de austeridade da Xunta e a mercantilización da sanidade derivaron nunha involución das políticas sanitarias, nunha peor atención dos pacientes, lonxe dos estándares recomendados, e das condicións laborais dos profesionais 

Isto vese moito nos trastornos infantís e xuvenís. As unidades de consultas externas están saturadas, hai unha soa unidade de hospitalización psiquiátrica con sete camas. A Lei de enxuizamento civil di que os menores teñen que ingresar en unidades específicas e hai menores ingresados en adultos, o cal é moi grave.

Tampouco se toman medidas preventivas. Hai doenzas que debutan na adolescencia e que cómpre atender precozmente e máis aló do farmacolóxico para que non se cronifiquen. Mais consultas externas de infantil ten unha longa lista de espera, a consulta pode durar un máximo de media hora e o tempo entre una consulta e outra son meses.

Favorécese a privatización da atención á saúde mental?

Privatízase mediante convenios. Están a externalizarse cuestións de peso a través de fundacións e asociación, moitas das cales poden ter proxectos interesantes, pero exercen funcións que lle corresponden ao Sergas.

Por outra banda, acudir á sanidade privada é un dereito de libre elección, mais ao privar a moitos adultos e a moitos nenos e mozos da atención necesaria, do que debería ser una consulta cada semana ou cada quince días, ou o que requira o caso, déixase o dereito de recibir unha atención axeitada só a quen ten recursos económicos. 

O enfoque en cuestións de saúde mental debería estar aliñado coa Convención de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con diversidade funcional/discapacidade, que o Estado español ratificou no 2007?

Si, e hai una falla total de liderado para adaptar a planificación ás esixencias da OMS, da ONU e do Consello Europeo. Os organismos internacionais esixen que se adopte un enfoque baseado en dereitos e non se está a facer. 

Un dos casos máis extremos é o Hospital Psiquiátrico de Conxo, que nunca levou de todo a cabo a reforma psiquiátrica. Hai sobre a mesa un informe demoledor dos técnicos do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura (que no Estado español recae no Defensor del pueblo, no marco da Convención das Nacións Unidas contra a tortura do ano 1984) despois dunha visita sen previo aviso en 2017. Falan de instalacións obsoletas, excesos nos tratamentos, infradotación de persoal ou uso abusivo e sen rexistros da contención mecánica para inmovilizar pacientes, a quen non se informa dos seus dereitos.  Defensor del pueblo

O Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fala nese informe dunha clara vulneración de dereitos e alerta da gravidade do estado da contención mecánica nese centro. En setembro do 2009 dálle un mes á Administración Autonómica para que responda e lembra as competencias que lle outorga a lexislación. A Xunta aínda non deu ningunha resposta. Nun primeiro momento incluso negaron a veracidade do informe no Pleno do Parlamento de Galicia. 

En Galicia, en saúde mental, están a darse prácticas coercitivas que vulneran os dereitos humanos. Non hai rexistros do número de contencións, de por que sucederon, nin un plan de eliminación paulatina da contención, como se fixo noutros países. A situación é alarmante. 

Ese uso alarmante da contención mecánica ten que ver tamén con cadros de persoal sanitario insuficientes?

Ten que ver con carencias de recursos asistenciais, de persoal, materiais, espaciais ou de actividades terapéuticas e ocupacionais. Hai unha orientación incorrecta da actividade asistencial, de garda e contención máis que de potenciar as accións psicoterapéuticas que logo teñan continuidade cando o paciente é dado de alta, e carencias de formación específica sobre procedementos non coertitivos.

Como se coida o libre exercicio de determinados dereitos, como o recén restituido dereito ao voto das persoas incapacitadas xudicialmente, cando se atopan en internamentos de longa duración?

Ás persoas ingresadas que manifestan a súa vontade de exercer o dereito ao voto se lles facilita. É necesario ser máis proactivos na transmisión dos dereitos, xa que ademáis de ser unha obriga, son medidas efectivas para a recuperación. Participar plenamente na sociedade é a verdadeira inclusión social. 

Un dos mandatos dos organismos internacionais citados é traballar pola desestigmatización. Estase a facer?

Sobre desestigmaticación a Xunta non fixo gran cousa, fixeron máis o Colexio de Xornalistas e o Colexio de Piscoloxía. Como primeiro paso, non hai nada máis desestigmatizador que aplicar a política de contención cero, que rache con aquilo de que hai que atalos porque son violentos.

O sufrimento psíquico afecta máis ás mulleres. Experimentan un maior estigma e barreiras. Calcúlase, ademais, que un 80% de quen padecen unha enfermidade mental grave e teñen parella sufriron algún tipo de violencia. E viceversa, sufrir violencia conleva un deterioramento da saúde mental. As autoridades sanitarias teñen en conta esta cuestión  á hora de planificar?

Non. De feito, desde o Movemento Galego da Saúde Mental insistimos na necesidade da incorporación efectiva da perspectiva de xénero na atención á saúde mental, co obxectivo de reducir as desigualdades e a discriminación de xénero, que con frecuencia trae consigo a re-victimización da muller. 

Case tres de cada dez galegos e galegas viven en concellos pequenos. Que acontece coa atención á saúde mental da poboación do rural galego? 

A atención sanitaria está demasiado centralizada nos núcleos urbanos. Supón un atranco na accesibilidade real porque deben percorrer distancias moi elevadas para teren consultas ambulatorias de atención especializada. Asemade, non sempre contan cos medios de transporte ou económicos para faceren traxectos de até 50-60 kilómetros. 

Esta dificultade convértese en imposibilidade se a persoa necesita tratamentos máis intensivos, como os dos hospitais de día psiquiátricos. Hai un por cada área sanitaria e ubicados nas cidades. 

En canto aos equipos de continuidade de coidados que prestan atención domiciliaria, fundamentais para persoas que necesitan maior atención, están limitados xeograficamente pola insuficiencia de persoal, que ás veces taballa a tempo parcial. O resultado: quen mais atención necesita, menos ten, se vive en núcleos rurais.

Era abril de 1994 y en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid el PP, en mayoría absoluta, se oponía a la colocación de una placa en la casa de Dolores Ibárruri con su nombre. “No mientras yo presida esta corporación municipal”, decía José María Álvarez del Manzano contra los discursos de IU y PSOE que ensalzaban la relevancia de la dirigente del Partido Comunista de España en el proceso de democratización del Estado.

Fue el detonante de una iniciativa de IU que pedía dedicar 50 vías y espacios públicos madrileños a otras tantas figuras femeninas, una de las primeras llamadas de atención sobre la ausencia de reconocimiento a las mujeres en las calles de pueblos y ciudades, que, en aquel momento, el PP volvió a tumbar.

Las posibilidades de aumentar el repertorio viario no son enormes, pero existen. Pese a la inauguración de nuevas zonas y a la obligación de mudar nomenclaturas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, los porcentajes han variado poco en los últimos años en España. En la mayoría de municipios no llegan al 10%. La media ronda el 5%.

Vírgenes, santas y monjas encabezan con diferencia la escasa representación femenina en los callejeros de las ciudades del Estado. Después, las reinas y las esposas de hombres públicos. Finalmente, de asignación más reciente, las políticas e intelectuales.

El ayuntamiento con mayor porcentaje es Guadalajara, un 9,5%. Al lado de sus abundantes heterónimos de la Virgen, sus calles con antropónimo femenino son una breve compilación de historia del siglo XX: la anarcosindicalista Teresa Claramunt, la deportista Lilí Álvarez, la primera ministra europea, Federica Montseny, o la actriz Margarita Xirgú. Por el contrario, Vigo se sitúa, entre los municipios principales, como el que menos trayectos dedica. Unos 300 corresponden a hombres frente a 44 mujeres.

En los últimos años ha ido incorporando gallegas egregias como la pintora Maruja Mallo, la escritora María do Carme Kruckenberg o la pedagoga Antía Cal. Y desde 2008, seis placas homenajean a seis viguesas represaliadas por el franquismo: Carmen Miguel Agra, Ángela Iglesias Rebollar, Rosario Hernández Dieguez 'A Calesa', Margarita Bilbatúa Zubeldia, Urania Mella y Mercedes Núñez. En total, la ciudad cuenta con poco más de un 3,1% de nombres femeninos, con gran presencia de santas.

Pocas y estereotipadas

Entre las mujeres que han merecido una calle también figuran propietarias de fincas. En general son las primeras vecinas, que acabaron dando nombre a la calle por habitual designación del cartero, para no perderse. De ellas escasean los datos en los archivos, de modo que existe un número sin cuantificar de mujeres que enuncian los caminos de las que no se sabe nada.

“Es importante tener en cuenta no solo cuántos espacios, sino qué tipo de modelos personifican, y cómo se invisibilizan las aportaciones de científicas, educadoras, deportistas, feministas… A pesar de haber participado activamente en la historia local, la presencia femenina en el itinerario urbano no solo es escasa, sino que quiere reforzar un único modelo de mujer”, explica Zaida Fernández Pérez, socióloga militante de la Asamblea de Mujeres de Ermua.

En los últimos años se han continuado inaugurando vías dedicadas a figuras católicas femeninas. Son, por ejemplo, la calle Virgen de Loreto (Huete, Castilla-La Mancha), calle Merced Alta, dedicada a la Virgen de las Lágrimas (Jaén) o calle Virgen de la Piedad (Antequera, Málaga).

En Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP) inauguró en 2012 la calle Nuestra Señora de las Mercedes para sustituir a la de Pilar Bardem. El nombre de la actriz había sido elegido por el anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) para reemplazar a la avenida General Merry, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El peso de la tradición católica y una historia de alianza entre Iglesia y poder empobrecieron el callejero estatal, según el Observatorio del Laicismo, que se refiere al nomenclátor madrileño como “muy poco científico”. En él contabiliza 730 calles con denominaciones religiosas femeninas y masculinas (352 santos, 125 santas, 137 vírgenes, 16 cristos, 10 cardenales), monasterios o cruces.

En el otro lado, dicen, “solo dos están dedicadas a ingenieros y 17 a maestros”. Claro que solamente hay una maestra, María Lozano, “pese a que el magisterio es carrera de larga tradición femenina”, tal como escribe la investigadora del CSIC Valentina Fernández en Memoria de mujeres en el callejero de Madrid.

Oficios y heroínas

Cuentan con calle en Madrid las cigarreras “un oficio determinante de la realidad social y de la historia de la ciudad en los siglos XVIII y XIX”, en palabras de Fidel Revilla en Historia Breve de Madrid. Y hay una vía de Las Sufragistas en el distrito de Villaverde.

A Coruña homenajea también en un trayecto la labor de las cerca de 4.000 trabajadoras que a mediados del XIX supusieron el verdadero sostén de la Fábrica de Tabacos de la ciudad.

La gallega es una de las urbes del mundo que dedican su plaza principal a una mujer, María Pita, que actuó en primera fila de la revuelta contra las tropas inglesas en 1589.

Y en Madrid, a golpe de movimiento vecinal y a la luz de los bares y la contracultura de los 80, el barrio de Malasaña -conocido en su origen como Maravillas y denominado oficialmente Universidad-, se volvió metonimia de la calle que homenajea el relato heroico contra las tropas francesas en 1808 de una joven vecina, Manuela Malasaña.

Ideología de los nombres

Los nombres de las calles son una muesca en la cotidianeidad con el sesgo de un relato. Las filias de las mayorías políticas acaban determinando las denominaciones, agraden o no a sus ciudadanos.

En 2013 fue controvertida la atribución de una plaza madrileña a una mujer, Margaret Thatcher; el primer espacio público fuera del Reino Unido dedicado a la exministra británica. Para ello, se aprobó una ordenanza que otorga la potestad de bautizar el callejero al gobierno y se la quita al pleno municipal. Diez días después de inaugurada, el colectivo Juventud Sin Futuro colocó un adhesivo con la forma exacta de una placa urbana para convertirla temporalmente en plaza de la Juventud Exiliada.

En la nueva normativa madrileña, el homenajeado ya no tiene que guardar vínculo con la ciudad ni haber muerto. Muchos ayuntamientos exigen esto último para evitar sorpresas biográficas, como la que obligó al ayuntamiento de Palma a retirar la denominación Duques de Palma a una vía tras el estallido del escándalo Nóos. Oviedo, por ejemplo, otorgó en los últimos años a seis calles el nombre de otras tantas mujeres vivas.

En el autobús 138 de la EMT de Madrid que une Plaza de España con Aluche, el altavoz canta cada día la parada de la calle Doña Mencia. Y lo hace así, sin acento en la i. Ningún pasajero consultado sabe quién es Doña Mencía. Ni sin tilde ni con ella. El callejero está lleno de personas que nadie reconoce. En concreto, las mujeres que han ido nombrando los caminos figuran muchas veces sin su apellido u otros signos identificativos, de modo que se les impide formar parte real de la memoria colectiva.

La madrileña calle Flora hace referencia a Flora de Nüremberg, quien vivió en esta vía en el siglo xv. La calle Quiñones recibe su denominación de la imprenta de una mujer de este apellido que, además, podría haber sido el primer taller de impresión de la ciudad. Son solo algunos ejemplos de los recogidos por Valentina Fernández.

¿Por qué sucede? Según esta autora, “muchos de los nombres suprimidos pueden ser considerados como el negativo de una ciudad que borra determinados aspectos o personajes de su memoria colectiva; avalando la corriente historiográfica que considera este tipo de simbología como una forma de legitimación del poder”.

Se han borrado para que no estuvieran. Y la supresión es una constante en casi todos los municipios. ¿Qué transeúnte sabe que la rúa de la Marquesa, en Pontevedra, se debe a la de Riestra, cuyo cónyuge dispone también de trayecto propio en la ciudad pero con la denominación completa de Marqués de Riestra? ¿O de qué princesas nos hablan tantos municipios españoles?

Para Patricia Arias Chachero, profesora del IES Fermín Bouza Brey de Vilagarcía y autora de un trabajo sobre el callejero gallego en la revista Andaina, “se trata de asuntos silenciados. Casi parece la confirmación práctica del dicho popular de que el lugar propio de la mujer no está en la calle, sino en su casa”.

Algunas excepciones

En muchos de los ayuntamientos de Galicia hay una pequeña excepción. Tres figuras femeninas se repiten con alguna frecuencia: las escritoras gallegas Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, a las que se rinde también homenaje en otros municipios españoles.

A la poeta de Padrón, la República le concedió el paseo Rosalía de Castro en Pontevedra, en 1931, que suplía a la avenida Reina Victoria Eugenia. El régimen franquista lo eliminó y hasta 1986 no regresó al nomenclátor.

Sin embargo, pese a cierta presencia oficial, se sigue deturpando su figura. Se transmite la obra más costumbrista y se oculta la filosófica y negra. Paradójicamente, Rosalía continúa siendo, como feminista, desconocida.

Los vecinos reaccionan

De las 348 calles de Ourense el 4,5% es un antropónimo femenino. “Casi ninguna se corresponde con los centros de actividad, comercio o históricos”. La profesora de Historia Antigua de la Universidade de Vigo, Susana Reboreda, y Patricia Arias constataron entre los asistentes a las Jornadas de Mujer y Urbanismo de Ourense que dar a conocer esta situación genera “reacciones evidentes”. De ellas salió un manifiesto que pide la revisión del nomenclátor para incluir ourensanas ilustres u oficios característicos como las polbeiras, redeiras, palilleiras, que forman parte del patrimonio inmaterial gallego.

Algo parecido ha sucedido con el Nomenclátor en línea de carrers amb nom de dona de Catalunya del Institut Català de les Dones. A través de un mapa diseñado por el Institut Cartogràfic se invita a municipios y particulares a que identifiquen vías y creen o amplíen información biográfica, al modo de una Wikipedia. Se presentó el 30 de septiembre de 2014 con 962 calles y ya contiene casi 600 más.

Según Montse Getell, presidenta del Institut, para dar nombre a una calle, “cada municipio tiene su sensibilidad y mecanismos y comisiones específicos”. “En Cataluña los ayuntamientos llevan años desarrollando políticas para la igualdad”. Sin embargo, los porcentajes siguen rondando el 5%.

Córdoba, con un 6% de calles con apelativo femenino –más de la mitad, advocaciones marianas–, decidió ir un paso más allá y aprobó en 2005 el establecimiento de una cuota del 50% de nombres de mujer en las nuevas vías con antropónimos, criterio que comparte con Florencia (Italia).

En la jerarquía urbanística las mujeres no suelen designar avenidas, plazas o trayectos arteriales. Ocupan, como tónica general, las vías secundarias, caminos de escaso tránsito.

“Hay alguna plaza dedicada a alguna figura representativa, pero la mayoría son vías muy poco conocidas”, explica Begoña Muruaga, del Forum Feminista María de Maeztu, autoras de Mujeres en las calles (de Vitoria-Gasteiz). Como muestra, la travesía dedicada a la pedagoga que da nombre a su organización.

“El urbanismo es la materialidad de la historia”, reflexiona Zaida Fernández: “Lo que no se nombra no existe, no se reconoce. El dar nombre a un lugar, diseñar un monumento o señalizarlo con una placa conmemorativa forma parte de la memoria social, porque supone rescatar del olvido aquello que socialmente consideramos importante”.

“Si n'Asturies nun se fai, n'Asturies nun se bebe”. Es la razón de ser del “nun bebas Coca-Cola”, el cierre de la fábrica de Colloto, una de las cuatro que clausura Iberian Partners, la embotelladora única de la marca en España.

La empresa anuncia, eso sí, que mudará despidos por bajas voluntarias. Es decir, que mejora las condiciones para irse a la calle, una medida en respuesta al rápido rechazo social ocasionado por el ERE de 750 personas.

¿Es novedoso? En los años de bonanza, la ciudadanía española no se caracterizó por el ejercicio de un consumo consiente. La ética, el respeto a los derechos laborales y al medio por parte de las empresas han determinado muy poco la decisión del consumidor. Las acciones de compra selectiva se habían limitado prácticamente al boicot de un sector hacia productos catalanes, guiado por diferentes motivos a los señalados.

El empobrecimiento sostenido y el despido abaratado han comenzado a generar un cambio que tal vez empieza a notarse. Hoy, casi la mitad de los ciudadanos y ciudadanas del Estado (un 47%) asegura haber dejado de comprar marcas o productos o de acceder a determinados servicios por considerarlos irrespetuosos con el entorno o con algún derecho fundamental. El incremento es de casi un 17% respecto a 2012, cuando el 29,3% afirmaba mantener un consumo crítico. Y se encuentra en alza continua desde 2010.

Frente a ellos, está el 34% que no se plantea estas cuestiones ni prevé hacerlo y consume en función de criterios como gustos, comodidad, cercanía o eficacia. Y un 19% que nunca las ha valorado pero desea ponerlas en práctica “en un futuro próximo”.

Son datos de la encuesta El Ciudadano español y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Fundación Adecco, entidad perteneciente, por cierto, a la Empresa de Trabajo Temporal que patrocinó la gala de entrega de los premios Goya. De ella se desprende que un 65% de la población ignora el significado del término. “
Sin embargo, los resultados revelan que los ciudadanos sí conocen la RSC inconscientemente, ya que nueve de cada diez cree que las empresas deben tener la misma que los poderes públicos. No esperan que sea solo el Gobierno quien atienda las demandas sociales, sino que creen que también la empresa desempeña un papel crucial”, exponen en información solicitada por este diario.

La ciudadanía interpreta que las empresas priorizan por encima de cualquier otra cuestión los beneficios económicos y que lo hacen en detrimento del respeto social y medioambiental. Paradójicamente, las respuestas arrojan que las compañías que gozan de mayor reputación son las del sector alimentación y bebidas, tal vez porque, efectivamente, parte ha encabezado tendencias responsables como el comercio justo. A estas las siguen las de ingeniería e informática, educación y enseñanza, agricultura y las de logística, transporte y distribución.

La responsabilidad social no es una campaña de marketing

El movimiento a favor del desarrollo sostenible y la promoción de la RSC desembarcó en España en los años 90. La crisis demostró su escaso calado. Según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, solo 344 empresas españolas se encuentran adheridas a la Red del Pacto Mundial de la ONU (Global Compact) en España. Asepam, que así se denomina, rubrica el compromiso con los derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. De las compañías integradas únicamente el 76% se hallan en modo activo, el 6% no presentó ningún informe y el 17% se encuentran en situación inactiva.

Pero, ¿qué es exactamente la RSC? En palabras del Observatorio, “es la forma de conducir los negocios de las empresas que tiene en cuenta los impactos de sus actividades sobre clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados y las comunidades”.

El interés por el emprendimiento social en España demuestra que una parte de los nuevos empresarios han tomado conciencia sobre la necesidad de apartarse del viejo modelo de negocio neoliberal. Y que existe un respaldo ciudadano. De ahí que en el río revuelto de los cambios, con su modus operandi fagocitador, el sistema provea la estrategia del marketing de la simulación a muchas compañías.

En este sentido, el Observatorio (Políticas públicas y RSC) demanda el establecimiento de medidas gubernamentales que la promuevan, incentiven y consoliden. Y alerta sobre la confusión entre el auge de “campañas de ‘marketing con causa’ o de acción social y las estrategias de RSC, que requieren de un marco de regulación mínimo que asegure el desarrollo responsable”.

“Un pan y un libro”. Es lo que reclamaba para la ciudadanía el Comando de liberación bibliotecaria en un video difundido en las redes hace un año. Emulación ampliada de la proclama de Lorca de 1931 a favor de la cultura como alimento esencial de los humanos, evidencia la vigencia de su reivindicación. España ha conocido antes “malos tiempos para la lírica”, ese verso perfecto que le deja Coppini. Sin embargo, la extrema dureza de las políticas del actual gobierno y la situación general de crisis hacen mella en la ciudadanía y en el sector. Solo en 2012, más de 24.000 trabajadores se quedaron sin empleo, y cerraron 2.000 empresas culturales.

Actriz especializada en narración oral, escritora y filóloga, Charo Pita relata la actual situación de falta de acceso a las historias como grave. En términos de negocio, el mercado del libro retrocede una década en su facturación y destruye más de un 30% de los empleos. Y es rotunda en la necesidad de bibliotecas, espacios donde ella ha ejercido de contadora en numerosas ocasiones. Galicia, su comunidad, se encuentra a la cabeza en el cierre de estos centros, 45 en un año. Mientras, el número global de usuarios ha crecido un 12,8% y se han construido algunas en España gracias, sobre todo, al esfuerzo de ayuntamientos y comunidades. Pero el Estado ha bajado su presupuesto un 8,5% para 2014. Para Pita, “aunque renunciar a leer por voluntad propia es una decisión particular totalmente respetable, carecer de oportunidades de acceder a los libros a través de las bibliotecas, que son el intermediario natural entre la lectura y los lectores, es un problema de dimensiones tan catastróficas como el de carecer de alimento, síntoma del empobrecimiento de un país a todos los niveles, político, social, educativo, cultural y laboral”.

A diario defiende la labor social del patrimonio inmaterial de la palabra, cuando cuenta historias en colegios, pubs, teatros -a una voz o con el narrador Tim Bowley-, cuando escribe –labor que le ha reportado varios premios literarios- o cuando enseña a otros -coaches, mentores, empresarios y emprendedores, que aprenden la complejidad de la oralidad aplicada a su campo-. Ella lo describe de este modo: “Pongo ladrillos de palabras para ayudar a construir un mundo donde la lógica de la razón y la lógica de las emociones jueguen a favor del ser humano”.

Empezó su “storytelling aplicado al mentoring” en el antiguo Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape). Junto a la coach Mavi Oliva diseñó su primer curso. Hoy buena parte de su trabajo lo realiza en el Instituto Ben Pensante, proyecto empresarial que reúne las investigaciones y disciplinas más avanzadas en el terreno del Desarrollo Personal.

Usted lo dice, el mentor es una figura muy antigua que procede del nombre propio del hombre a quien Ulises encargó el cuidado de Telémaco cuando se fue a la guerra de Troya. Y la mayoría hemos tenido algún mentor en la vida entre profesores, amigos, familiares... El márketing y el mundo empresarial han recuperado de un modo manifiesto esta figura por su utilidad formativa, se han casi apropiado del término –además en inglés, como mentoring, para su ejecución-. Pero ¿cuál es exactamente el trabajo de un mentor?mentoring

Un mentor es el que pone al servicio del otro sus conocimientos y su experiencia en una determinada disciplina. Un mentor se hace a base de tiempo y vivencias, a golpe de vida. No es un consultor, no diseña planes de acción, no toma la iniciativa, se limita a escuchar y a aconsejar desde la mayor apertura de miras posible.

A menudo se emplea de sinónimo de coach. ¿En qué se diferencia?coach

Tampoco es un coach puesto que, a diferencia de éste, aporta su punto de vista y su veteranía, como un regalo, sin imposiciones, sin coacciones de ningún tipo, con la finalidad de que el mentorizado contraste opiniones y tome de los consejos de su mentor lo que considere oportuno. Fíjese, en vez de hablar del “trabajo del mentor”, yo preferiría referirme a la “labor del mentor”. Existe una vocación de voluntariado implícita en esta actividad, un deseo de ayudar, de ser útil, de entrar en relación con gente que empieza a desarrollarse en una determinada materia en la que el mentor ya posee un amplio bagaje. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, esta relación no es unidireccional, sino que se basa en la retroalimentación. El mentorizado se nutre de la experiencia del mentor al tiempo que éste se empapa de una nueva experiencia, de una visión fresca que le ayuda a renovarse, a evitar que su posicionamiento se fosilice.

¿Se podría considerar una mentora de mentores?

Cuando me involucro en un curso como monitora, mi labor se centra en escuchar a los otros y en poner sobre la mesa mi experiencia. De alguna manera, estaría muy próxima a la de una mentora.

Una persona sensible y con amor a la lengua ¿no se irrita en ocasiones por la pobreza general en el uso del lenguaje en los ambientes empresariales, de publicidad, mercadotecnia… la incorporación de anglicismos cuando son innecesarios y la copia literal de formación de palabras en inglés al castellano, tipo descubribilidad, palabra que acabo de leer justo antes de hablar con usted?descubribilidad

Naturalmente, duele. A este respecto escribimos un pequeño artículo Daniel Álvarez Lamas y yo en el Observatorio Europeo del Coaching. Buena parte de las nuevas adquisiciones lingüísticas del siglo XX derivadas en su mayoría de los descubrimientos científicos y tecnológicos de la época, se incorporaron al español tomando como base las lenguas clásicas, el latín y el griego, que son las que conforman nuestras raíces culturales. De alguna manera, con la creación palabras nuevas fruto de un saludable apareamiento etimológico, el árbol del español se iba haciendo más frondoso, más inmenso, potente, poderoso. Las palabras que se incorporaban no eran en absoluta términos cultos de uso restringido, sino vocablos utilizados en el habla diaria como “teléfono”, “telégrafo”, “semáforo”… Ahora, la tendencia ha cambiado y, en general, se incorporan al español neologismos procedentes del inglés. De este modo, el árbol de nuestra lengua deja de ser fértil, pierde su cualidad procreativa. Para sobrevivir necesita que se le injerte sabia ajena, lo que conlleva su irremediable empobrecimiento.

Usted hace “storytelling aplicado al mentoring”. ¿En qué consiste?storytellingmentoring

El término de Storytelling no me convence. Es verdad que resulta difícil encontrar una palabra en español para aludir a esta actividad. “Cuentacuentos” posee un matiz demasiado peyorativo, muy vinculado al mundo infantil, como si trabajar historias con y para niños fuera algo deshonroso o carente de calidad. Nada más lejos. El público infantil es realmente exigente en lo relativo al interés y la profundidad de los cuentos que se les narra. Pero eso es otra historia. Está también término “narración oral”. Resulta demasiado aséptico y general y bastante desconocido para el público. Sin embargo, éste va a ser el que voy a usar. La narración oral aplicada al mentoring no es otra cosa que una herramienta comunicativa que ayuda al mentor por un lado, a transmitir de manera más clara, fiel y entretenida su experiencia y sus consejos, y, por otro, a revisar su biografía, su pasado, a conocer en profundidad las historias que lo conforman para luego poder contarlas. Es importante identificar los vínculos que nos unen al pasado.

¿Por qué?

Porque reconocer las vivencias que de alguna manera nos han marcado nos permite vivirnos plenamente desde lo que realmente sentimos que somos, sin atender a lo que nos dicen que tenemos que ser.

¿Las historias determinan nuestro avance vital?

Nadie puede sustraerse a las historias. Nuestra biografía es un relato compuesto a su vez de pequeñas anécdotas que encierran emociones, enseñanzas, conocimiento de vida. Una cosa es lo que somos y otra lo que contamos que somos. Sin embargo, la manera en que nos definimos, en que nos decimos resulta vital para impulsarnos o para paralizarnos en nuestro desarrollo.

¿Cómo cree que influye el modo en que nos relatamos nuestra propia historia?

Una persona anclada en determinados sucesos del pasado es incapaz de salir mientras no se cuente su historia de otro modo, con visión de futuro. Es importante aprender a contarse la vida desde el presente de manera activa, siempre con progresión hacia delante, hacia un determinado objetivo, a la manera de los cuentos tradicionales.Al mismo tiempo, estamos rodeados de historias, las de las personas con las que convivimos, las de los libros, el cine, los periódicos y las revistas, la publicidad… La economía y la política no dejan de ser cuentos que nos contamos.

¿Le parece que surte efectos relatarlos de otro modo, fuera de la tradición sistémica: otra Historia, otro periodismo...?

Conocer la estructura narrativa subyacente a todo discurso es una forma de explorarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La Bolsa, por ejemplo, es una de las mayores fabulaciones que existe. Como las buenas historias, su relato está tan bien articulado que nos hace pensar en ella como una realidad inamovible.

Enseña también a adentrarse en el proceso de escribir y fabular nuestro propio periplo. ¿Recomienda la escritura como antídoto universal?

Está claro que nada es general, es preciso que todo pase por el tamiz del individuo. Cada persona conforma un universo particular e intransferible. Lo que sí parece que está en la base del ser humano es la necesidad de buscar un medio de expresión natural para comunicar ese universo interior, un lenguaje que ayude a exteriorizar lo que se es, que, de algún modo, cuente nuestra historia. Esto es lo que permite que nos podamos desarrollar en todas nuestras posibilidades dentro de la comunidad en la que vivimos.La escritura es un camino, pero no es el único, ni mucho menos. Hay gente que se fabula a través de la música, la cocina, la herrería, el collage, el peregrinaje, la contemplación, la pintura, la danza, el canto, la automoción, la costura… Mire, se me viene ahora mismo a la memoria una película que vi hace mucho tiempo. La protagonista era Wynona Ryder y hablaba de un grupo de mujeres que se dedicaban a hacer colchas con restos de telas, lo que en América se denomina hacer patchwork quilts.

Se titula How to Make an American Quilt (que aquí se tradujo Donde reside el amor).How to Make an American Quilt Donde reside el amor)

En esas colchas narraban acontecimientos familiares, personales... Contaban en lo que hacían y mientras lo hacían y la actividad resultaba curativa, placentera y tremendamente reveladora a nivel personal. Un mentor necesita conocerse para poder transmitir con honestidad su experiencia, sea esta del tipo que sea, personal, laboral, artística…

Nuestra sociedad ha denostado el silencio. Usted busca recuperar su valor llevándolo al microcosmos de una sesión de coaching. ¿Cómo?coaching

No existen fórmulas. Cada sesión de coaching es un momento único, irrepetible, no sólo por lo que se dice, también por lo que se calla, lo que se obvia, lo que se olvida, lo que se descubre, lo que se ríe, lo que emociona. El silencio está ahí detrás, siempre, acogiéndonos con su abrazo cálido vacío de palabras para devolvernos a lo esencial. El hilo del silencio es un vínculo muy fuerte. No estamos acostumbrarnos a abandonarnos a él en compañía. Y sin embargo, es un vehículo potentísimo de creación y comunicación. Dejar que el silencio forme parte de una sesión de coaching, o de la vida en general, de manera natural, sin forzarlo a aparecer o a desvanecerse, aceptándolo cuando aparezca tal y como llegue, es, sin duda, una de las herramientas más útiles para potenciar el cambio. Hablar más no significa que haya mejor comunicación. Lo verdaderamente relevante es la calidad de lo que se dice.

Para ello han empezado a tejer una red de “inversores verdes” alejados del interés especulativo. “No nos interesan los de corte clásico, que son los que prima en España –explican-, sino aquellos que buscan un beneficio más amplio, que quieren rentabilidad económica, asumen que será menos lucrosa, y defienden ante todo el bien social que conlleva el negocio, buscan un mejor comportamiento ambiental de la economía y la ética laboral, con condiciones justas.”. Para captar su atención recurren en primera instancia al crowdfunding, como forma de medir la demanda y los posibles intereses que suscita el proyecto. “Después le concedemos mucha importancia a la comunicación, proporcionamos a quienes acuden a asesorarse buenas herramientas para las campañas, y terminan el periplo ya con sus primeros clientes”.

Entre otros, han guiado proyectos como Más que pájaros, una empresa de rutas de ecoturismo por la Península Ibérica; Growinpallet, red de cultivos urbanos en las azoteas de la ciudad de Barcelona que impulsa de un nuevo perfil laboral, el agricultor urbano, y promueve el intercambio de hortalizas y conocimientos a través de una comunidad en línea; Asturias Sostenible negocio asociativo de comercialización de carne ecológica de razas autóctonas; Planchic, startup de servicios de planchado de ropa con opción de recogida y entrega a domicilio en bici; o Lana de Soria, proyecto ganador de premio al mejor ecoemprendimiento en El Hueco Energy Starter, que fabrica, comercializa y desarrolla I+D+I de productos para aislamiento térmico y acústico con lana de oveja.

Sostiene Morales que en España “hay dos sectores a los que les va mejor”: el de las nuevas tecnologías y el del “trabajo verde”. De hecho, según los principales portales de búsqueda de empleo, las vacantes laborales se encuentran en el área informática y de las nuevas tecnologías, el ámbito del márketing, comunicación y comercial, el sector financiero o el área de la energía y el medio ambiente, sobre todo lo relacionado con la eficiencia energética, la gestión de residuos y la responsabilidad social.

Para emprender en verde, en el Estado español destacan la ecología industrial, los servicios ambientales a empresas y administraciones, la educación ambiental, la rehabilitación de viviendas y transformación de sistemas urbanos y está surgiendo un número no desdeñable de iniciativas que revalorizan el sector primario, la agricultura ecología y el pilar del área rural en general. Además se consolida con fuerza el ecoturismo y la gastronomía rural.

¿Pero se está ecoemprendiendo en España? “Existe una gran necesidad y nuestros análisis son bastante optimistas en este terreno. Hay un auge de iniciativas en cuestiones ambientales. Jóvenes con mucha formación a los que la crisis les ha afectado se deciden a emprender en alguno de los ámbitos de la economía verde. Y lo hacen con convicción, con criterio, deseosos de un cambio de modelo socioeconómico y comprometidos con ello, no como un lavado verde de cara del viejo modelo”.

¿Y qué sucederá si la crisis amaina, volveremos a viejos parámetros de negocio? “Después de esta crisis no se volverá a lo de antes. Hemos de regenerar la economía, reconectándola con lo local, con el territorio, asumiendo los límites físicos del planeta y la imposibilidad de crecer indefinidamente. El modelo cambiará. Por las buenas o por las malas, pero cambiará, porque el planeta no da más de sí y nos dará una gran bofetada si no. De aquí tenemos que salir con otro modelo de sociedad, aunque será más lento y doloroso de lo previsto. Tardaremos lustros, pero cambiaremos. De lo sostenible se hablaba ya en los 80. Y en los 90 se puso de moda, pero sin afectar ni cuestionar el modelo económico. La diferencia es que ahora sí. Mucha gente se ha dado cuenta de que está agotado y hay un porcentaje que ya actúa para cambiarlo. Ese tipo de perfil ciudadano es punta de lanza. Aunque es cierto que se encuentran con enormes obstáculos”.

Una reforma legislativa que destruye empleo verde

Entre ellos, la inversión socialmente responsable no ha experimentado auge durante la crisis. Y los últimos cambios legislativos del gobierno han puesto grandes trabas a las energías renovables, lo que ha hecho descender a España de su liderazgo internacional hasta el furgón de cola.

La gran reforma del sector energético español impulsada por el Ministerio de Industria en julio de 2013 potencia las energías sucias, la continuidad de los beneficios económicos para las cinco grandes compañías eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E-On y EDP, termina con el apoyo al desarrollo de las renovables y hace inviable el autoconsumo. Para la Asociación de Productores de Energías Renovables “se retrocede a un modelo energético de los años 70, basado en combustibles fósiles”. Bruselas ya ha abierto expediente a España por no haber comunicado las medidas que tiene previsto adoptar para cumplir el objetivo de que en 2020 el 20% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. Según Morales “no solo tendrá consecuencias negativas a nivel ambiental e imposibilitará el cumplimiento de los compromisos europeos, sino que destruirá mucho empleo verde creado y truncará expectativas laborales de recuperación”.

Según el informe de la OIT Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso Español, 61.000 empresas se reparten los empleos verdes. Los sectores de energías renovables y gestión de residuos concentraban casi la mitad de ellos. El número de ocupados en el primero aumentó de 3.500 a 109.000 entre 1998 y 2009, un 3.005%. De hecho, el informe asegura que el cumplimiento de la cuota europea del 20% supondría alcanzar en 2020 más de 124.000 empleos directos, un 81,5% más que los existentes. El mayor crecimiento, del 378%, correspondería a fabricación e instalación en energía solar térmica.

De Guindos aseguró este domingo en la Cadena Ser que en 2014 habrá un crecimiento del empleo por encima de lo previsto. Tendrá que ser en otros sectores.

“Un día vi en casa mi primera película en VHS, que tenía, por cierto, un mando a distancia conectado con un cable al aparato. Me entraron ganas de hacer pis así que pulsé el pause y dejé a Olivia de Havilland congelada en la pantalla. Ese día entendí que todo había cambiado para siempre en el cine”.

El que habla es José Sacristán (Chinchón, 1937), sentado en una mesa larga frente al público en Santiago de Compostela. Desgrana fragmentos de su biografía, contenidos de la historia cinematográfica y retazos de un hombre que habitó las sobremesas familiares españolas desde mediados de los años 60. A su lado están los cineastas Javier Rebollo –que lo dirigió en la aplaudida El muerto y ser feliz (película por la que ganó su único Goya en 2012), el también director Jonás Trueba y el director de Cineuropa. El festival gallego, dirigido por José Luis Losa, acaba de concederle el premio de su vigésimoséptima edición.

Rebollo explica que Sacristán tiene “un cine en casa”. Una pantalla grande y una pequeña sala para proyecciones. “Está muy bien –asegura-. Pero ver películas a domicilio me parece una forma triste que aleja del sudor humano. Mirar una cinta de Alberto Sordi en tu sofá dista mucho de disfrutarla estos días entre el público del ciclo de cine italiano de Cineuropa, pegado a desconocidos”.

Sacristán discrepa medio en broma: “Entre gente que hace ruido, que habla, que come… A mí me gusta el cine, por eso me parece mucho mejor verlo en casa”. El tono recuerda la reflexión de Fernando Trueba –padre de Jonás- cuando en 2009 recogió su Premio Cineuropa: “La gente ama tanto el cine que quiere meterlo en su salón”.

¿Cómo se puede ver Bresson comiendo palomitas?

“Hubo un tiempo en que el cine, era otro lugar que nunca volverá. Cuando vi Las mil y una noches me desmayé; menos mal que estaban conmigo mis padres. No podemos obviar que la relación de la sociedad actual con el cine nunca será igual porque ha cambiado el vínculo con la imagen. Es imposible que un niño de hoy sienta la magia que yo sentí al ver mi primera película. Mi nieto de un año ya coge el móvil y dice aló?. Sucede que, al desacralizar el rito, entra gente en las salas que no debería estar ahí. Porque ¿cómo se puede ver Bresson comiendo palomitas? El otro día un amigo profesor de cine puso en clase El hombre que pudo reinar, de John Huston y los alumnos se quejaron de que en aquel film ‘no pasaba nada’. Si la gente que se quiere dedicar a esto piensa así, figurémonos cómo pensarán los demás”.

La mula Francis y yo

Se nota entre Sacristán y Rebollo un afecto mutuo que expresan en el registro cómico de la seriedad. Como todos los de su generación, el director creció viendo al actor en la intimidad doméstica de los rayos catódicos. “Para mí era como Tarzán o Rintintín”. Sacristán interrumpe: “Sí, quedábamos la Mula Francis y yo. Y, por caché, me elegiste a mí”. El público ríe y Rebollo continúa: “Pepe es la persona que más me alegro de conocer en mi vida”.

Sacristán: “¡Cómo me gustaría poder decir lo mismo!”.

Rebollo: “Tiene una amplitud de miras y un pensamiento increíbles. Tiene realmente un compromiso de izquierdas y una profundidad. Hay actores muy tontos. No es el caso de Pepe”.

Sacristán: “Pues la nómina de directores muy tontos ni te cuento”.

Rebollo: “Tú eres un cinéfilo. Hay muchos actores que no saben nada de cine”.

Sacristán: “Es cierto, yo le debo mucho más al cine como espectador que como actor. El cine me ha dado muchísimo”.

El director de Cineuropa, José Luis Losa, pregunta quién era su Rintintín a lo que Sacristán confiesa rotundo: “Tyrone Power, que se llevaba al huerto a Maureen O'Hara”. “Después, en la gran pantalla tuve muchos más. Solo íbamos al teatro cuando podíamos porque era prohibitivo. Queríamos ver los muslos de Maite Pardo. En aquel tiempo el descubrimiento de la entrepierna femenina era muy superior a toda la obra de Brecht”. “Ya cómo actor, en la historia del cine, después de los grandes, de los torsos atléticos y altos, vinieron los canijos. Llegaron Hoffman, De Niro… y ahí nos colamos unos cuantos que no éramos ni muy altos ni muy bajos, ni muy guapos ni muy feos, ni muy listos ni muy tontos. Con mala uva, representábamos nada más y nada menos que la encarnación de la puta mediocridad. Pero, quitándole la mala uva, éramos el espejo donde se reflejaba la mayoría”.

Nuevos directores

Sacristán creció en una época en que ser actor era viajar en cuarta, habitar un gris ajeno, dos funciones diarias, siete días a la semana. Aquellas condiciones leoninas que derivaron en la huelga de actores de 1975. Una profesión que en España sigue sin tomarse en serio y que sobrevive muy azotada por el desempleo. “Es algo parecido a ser torero en Islandia”.

“Existe un juicio de valor sobre los cineastas españoles, jóvenes y no tan jóvenes. Es imprescindible que lo revisemos. Lo digo yo que tengo la suerte de vivirlo, no solo de ser espectador”. Es cierto, en 2011 estrenó la claustrofóbica y verborreica impecable Madrid, 1987, de David Trueba. Un año después, transitaba el ágora quilométrica desde Buenos Aires hasta la frontera de Bolivia de la mano de Rebollo en Él muerto y ser feliz.

Sus últimos trabajos, en proceso de posproducción, los ha hecho también bajo las directrices de la vanguardia del cine estatal con Isaki Lacuesta (Murieron por encima de sus posibilidades) y Carlos Vermut (Magical Girl).

“Soy un gran defensor del cine que se hace hoy en España. Hay directores españoles con mucho talento, pero sin uno duro. Batallan por la posibilidad de rodar otra película, no por comprar el chalé ni por llevarse el dinero a Suiza”. “En España, además, la figura del productor ha desaparecido. Ahora miras los créditos y ponen: ‘Con la colaboración de tal, de cual y del otro, o gracias a mi primo que vendió la vaca…’. Ahora que puedes ver 24 horas de cine en tu sofá se supone que se podría vivir de esto, pero no. En el año 1965 firmé con Marsó y ese día me contrataron cuatro más con fecha de rodaje. Eso ahora es una marcianada”. “Este oficio se ha llevado por delante a muchos y a muchas. Con todo, hace falta saber que es así, tener cintura y encajar los golpes. Quien se quiere dedicar a esto lo hará, porque es irrenunciable”.

Vente a Alemania, Pepe

Entre los planes de Sacristán se encuentra también una segunda parte de Vente a Alemania, Pepe -la película dirigida por Pedro Lazaga en 1971 y coprotagonizada por su querido Alfredo Landa-, como constatación del remake histórico en que vivimos. “Entonces se convivía con la miseria con cotidianeidad. Veníamos de la nada absoluta. Lo terrible de ahora es que se viene de un territorio que se suponía conquistado. Y no. Habías logrado bañarte en agua caliente y tienes que volver al barreño. Qué enfado me produce el fracaso estrepitoso de la izquierda en este país. Se aliaron con el contrario y traicionaron los valores y las expectativas. En un lugar donde consiguió cosas formidables”.

Fundador de la Academia del cine español

Sacristán siempre ha luchado por la dignidad del oficio. Fue, de hecho, uno de los nueve fundadores de la Academia del Cine, en una comida en el restaurante gallego O’Pazo de Madrid, en 1985. Y hoy mira con indignación el “desprecio absoluto del Gobierno la toda cultura, educación y alrededores. La subida del IVA es una barbaridad en esa línea”.

¿Qué pueden hacer las salas? Sin obviar que un festival constituye una realidad diferente a la del día a día de los cines, nadie posee la fórmula mágica, pero hay coincidencias en que aplicar directrices cinéfilas ayudaría: programación que equilibre el extremo conservadurismo dominante, expansión de la versión original y precios algo más populares. El coste medio de las entradas en el territorio estatal ronda los 7 euros. Es cierto que se detectan diferencias de hasta un 90% según las ciudades. Madrid, Barcelona y A Coruña, son las más caras “y pueden alcanzar los 10 euros”. También es una dura realidad que, a día de hoy, de lo que se paga por acceder a un film, un 24% son impuestos y tasas. Y que las salas han tenido que invertir en la adaptación técnica a nuevos formatos.

Sin embargo, para Jonás Trueba, “a buenas horas se enteran de que hace falta bajar un poco las entradas” –en referencia a los días de ‘fiesta del cine’ que promueven billetes inferiores a 3 euros en determinadas fechas-. “Ellos (los dueños de las cadenas) han estado subiendo el precio de las entradas durante años” -un 35% en los últimos ocho- “hasta volverlas de las más caras de Europa”. El director acaba de presentar en Cineuropa la muy recomendable cinta Los Ilusos, grabada en 16 milímetros y que reivindica la convivencia de formatos, de hechuras, de los aniquilados con los obrigatorios.

Un crío de Chinchón

Sacristán es un hombre agradecido “con una suerte de la hostia”, a quien el sentido común “nunca (le) faltó”. Pronuncia con vozarrón una a una todas las letras de la frase: “Que ni Dios le toque un pelo a los que apoyaron la aquel crío de Chinchón que fui”. “Le tengo mucho respeto a aquel muchacho, y agradecimiento la todas las personas que lo ayudaron a llegar donde estoy”.

Cuando la Nati –su madre- disponía de cincuenta céntimos, el crío de Chinchón se encaramaba en la delantera del gallinero, que tenía una baranda, en el número uno o en el tres. “Cuando dirigí Cara de acelga –en su carrera se puso detrás de la cámara en cuatro ocasiones- me emocioné porque rodamos desde ese mismo sitio. ¡Quién le iba a decir a aquel chaval que iba a estar en el mismo lugar como director! Aquel crío de Chinchón lo tenía muy crudo. Pero el de la delantera del gallinero, se salió con la suya”.

Decirle a su padre, el Venancio, que quería ser actor “fue como si le largase que quería ser domador de canarios flauta”. Desde que dejó el taller en el que trabajaba con él -“uno de los pocos estalinistas que quedaban en el planeta tierra”, un hombre de familia represaliado por el régimen, que había pasado por prisión y había sido desterrado-, para dedicarse al teatro, gracias a la distancia de su año de mili en Melilla, “siempre estuvo la prioridad absoluta de demostrar que podía vivir de ser cómico”. “No podía permitirme la derrota”. “En Chinchón, con una buena cosecha de ajos salvabas el año, así que el Benancio me preguntaba ‘¿A cómo vendiste los ajos este año?’. No me preguntaba qué habían dicho los críticos o si me habían dado algún premio”.

Años antes, un día cuando caminaba hacia el taller se vio reflejado en el cristal del cine Gran Vía de Madrid, con su acné purulento y la tartera de comida que le preparaba la Nati –que aún conserva- delante del cartel del galán Arturo de Córdova. “¿Pero como te vas a dedicar a esto tú?”, se espetó. En su tercera película, Sex o no sex, con Carmen Sevilla, realizó el mismo recorrido que aquella mañana en que era mecánico y adolescente y en el cine Gran Vía, en una enorme cartulina, en el sitio de Arturo de Córdova, estaba él.

Escuela para actores

¿El actor nace, se hace, estudia para serlo? “Este oficio se aprende, pero no hay quien lo enseñe –asegura el nuevo premio Cineuropa-. Yo siempre digo que estoy en tercero de Fernando Fernán Gómez. Pero aprobar fue duro. A ver si sigo así. Esto tiene sentido por el público, por eso me pregunto, cómo hacen los actores de las escuelas para después gestionar todo ese conflicto que le inducen en las aulas, cuando no está el público. Todos los humanos somos uno y doscientos mil más. Tengo la suerte de oficiar una ceremonia con eso, pero sin el público estaría en la cárcel o en un manicomio”.

Dice que su método es “mitad Stanislavski, mitad la niña de los peines”. El primero lo compró con 19 años en una libraría clandestina “porque con ese nombre era ideológicamente sospechoso”. “Después, a pesar de las dioptrías, sigo teniendo una buena mirada, un factor único que te dice la cámara, que es más sensible que el más sensible de los espectadores, y nunca miente”.

Hay diferencias en la relación con el espectador entre un actor de teatro, de cine y de serie de televisión? “Sí, en el teatro, el espectador te dice: ‘Te vi con Helio Pedregal, la interpretación con Charo López era de esta forma…”, en el cine te sueltan: ‘Te vi con esa actriz, sí, hombre, la de las tetas gordas…“ y, en la televisión directamente: ‘¡Menudo follón el que te montaron tus hijos ayer!’. Pasas a ser el personaje y, a veces para siempre. A Antonio Ferrandis, por ejemplo, lo devoró Chanquete. Y es que el electrodoméstico es así, un medio en el que te pueden aplaudir de golpe cinco millones de personas. Pero también se pueden cagar en ti otros cinco”.

“Abrid escuelas y cerraréis cárceles”. Lo escribió Concepción Arenal alrededor de 1860, pero el mensaje parece no haber madurado aún en el pensamiento de algunos gobernantes. Tampoco aquel que carga contra “los que convierten las ruedas administrativas en focos de corrupción, contribuyendo a contaminar la atmósfera moral infinitamente más que los que están en presidio”.

Mercedes Gallizo, exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias (entre 2004 y 2011, con el PSOE) asegura que la lectura de Arenal, quien transitó las prisiones españolas en el siglo XIX con la mirada calada en la injusticia, detonó una parte de su interés por ese mundo. La otra “fue un flechazo”, después de visitar una cárcel, siendo presidenta de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos.

Dos años después de dejar el cargo, reflexiona en profundidad sobre el sistema y sus taras, a través de una selección de las más de 10.000 cartas personales remitidas desde las celdas. El resultado es el libro Penas y personas, 2810 días en las prisiones españolas (Debate, 2013), donde quiere dejar constancia de que “es mediante los seres humanos, sobre todo mediante los que están en situación límite, que conocemos la verdad de lo que pasa en el mundo”. Y advierte: “La inacción nos hace cómplices”.

España alberga la contradicción de ser uno de los Estados con menor índice de criminalidad –alrededor de 45 delitos por cada 1.000 habitantes–, pero dobla la media europea de reclusos. En 2009 llegó a tener 166 presos por cada 100.000 habitantes en 84 centros saturados. Con la reforma del Código Penal de 2010 se rebajó la pena en algunos delitos contra la salud y se revisaron de oficio algunas sentencias de personas presas por posesión de estupefacientes en pequeñas cantidades, lo que ayudó a aliviar levemente la demografía carcelaria, algo que podría verse modificado con la aplicación de un nuevo código. España es uno de los países del entorno con más mujeres encarceladas, un 8% del total de ciudadanos presos. En España la prisión preventiva es la norma y no la excepción. Apenas se aplica el medio abierto –ir al centro solo para dormir– y prácticamente no hay alternativas al encarcelamiento. Además, el tiempo medio de estancia triplica al de la UE y la prisión preventiva es la tónica, no la excepción.

Asímismo, se ha extendido la falsa creencia de que los mayores no ingresan en la cárcel y que los jóvenes permanecen en centros de menores. Y se sigue pensando que la dureza del sistema lo convierte en más eficiente y que es un lujo invertir en prisiones y programas encaminados a la educación y reinserción, la razón de ser, teórica, de nuestro sistema penitenciario. La mano dura que ya aplica con creces el Estado no es eficiente. En 1995, mientras estaba en el Gobierno Felipe González, se endurece el Código Penal, que suprime la posibilidad de redimir penas a cambio de trabajos. La reforma del Gobierno Aznar de 2003 robustece el castigo contra la reincidencia en pequeña delincuencia. Son, en su inmensa mayoría, historias de toxicomanía y pobreza que suman larguísimas condenas. Y aunque la cárcel permite a veces el acceso a un sistema sanitario adecuado y acaba suponiendo una oportunidad para el cambio, en la mayoría de los casos, empeora una situación previa de marginalidad y pobreza. El hecho es que dos de cada tres internos vuelven a delinquir al salir, que ocho de cada diez que son encarcelados con 20 años volverán a estarlo cuatro veces más, y que entre 1991 y 2009 el número de presos pasó de 40.000 a 76.000.

“Se han hecho 25 o 26 reformas, casi todas en la misma dirección –apunta Gallizo–: la de tipificar nuevos delitos, nuevas penas e incrementar la cuantía. Estas son huidas hacia delante, un ‘creo que tengo un problema y lo resuelvo cambiando el Código Penal’. Es un discurso tramposo e inútil. Estoy plenamente convencida de que la principal política de seguridad pasa por tener políticas sociales, y que la política penitenciaria es una política social”.

La declaración de intenciones en materia penitenciaria del actual gobierno del Partido Popular no se hizo esperar. Tan pronto llegó al poder, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, anunció que eliminaría las “innovaciones suntuarias que este país no puede asumir, como que haya una piscina cubierta y climatizada en un centro penitenciario”. Estos elementos, minoritarios, habían sido defendidos por su predecesora como terapéuticos, deportivos y también disciplinarios en la ayuda para rebajar la tensión de los internos.

Como escribe Gallizo, ya lo decía Victoria Kent en 1931: “O creemos que nuestra función sirve para modificar al delincuente, o no lo creemos. En el caso de no tener esta convicción, todas las mazmorras y repertorio de castigos serán pocos. Si la tenemos, en cambio, habrá que dar al ser humano trato de ser humano, no de alimaña”.

Usted arranca con la premisa de que la cárcel no debería sernos una realidad ajena.

He intentado ilustrar eso con cifras, porque uno tiene la foto fija de la cifra, del número de presos. Pero son personas que van entrando y saliendo continuamente en un sistema muy dinámico y, por tanto, si haces una proyección amplia tomas conciencia de que hay muchísimas personas que en algún momento de su vida tienen relación con algo tipificado como delito. Algunas de ellas acaban pasando por prisión y otras no.

¿Cómo explica que España sea uno de los Estados con mayor población reclusa si su tasa de delincuencia es más baja que la de la mayoría de Europa?

Porque se ha ido alimentando de manera muy perversa la idea de que nuestro Código Penal no era suficientemente duro y contundente con el delito, cosa que nunca ha sido cierta, porque el Código Penal español es más riguroso que otros y carece de rasgos de benevolencia respecto a otros. Ha ido calando socialmente este discurso.

¿Quién fomenta el mito de la mano blanda y por qué cree usted que sucede?

Creo que es una línea de pensamiento y acción política que busca agradar al público. Difundiendo que existe mano blanda y que tú lo vas a cambiar, se pretende transmitir una imagen de eficacia, que no es real, sobre problemas que van surgiendo. Si existe un problema, para empezar, es que han fallado los mecanismos que deberías haber puesto para que no sucediese. Sabemos quienes trabajamos en ese mundo, pero cualquiera con sentido común, que el hecho de agravar algún tipo penal no quiere decir que elimines la posibilidad de que se cometa el delito. Si alguien comete un asesinato, no se para a pensar antes: “si me caen 30 años, la mato; pero si me caen 40, no”. Y una persona que está enganchada a las drogas y que atraca para conseguir 30 euros para una dosis no está pensando “¿me caerán tres meses o diez? Porque, si me caen diez, no lo hago”. Es cierto que este razonamiento no vale para todo el mundo y que con las personas más normalizadas sí puede funcionar el hecho de que una conducta esté o no normalizada, pero en líneas generales, en la gente que está en prisión no funciona así.

Las clases más desfavorecidas son las mayores consumidoras de la justicia penal. Pese a lo que dice uno de los artículos más conocidos de la Constitución, “todos somos iguales ante la ley”, ¿la cárcel es una condena para pobres?

No podemos decir que nuestro sistema penitenciario es diferente ni que nuestras leyes lo son. Es la sociedad la desigual, y eso se refleja en la prisión. El sistema penitenciario es como un observatorio de la sociedad porque ves los males que lo aquejan y porque ves el reflejo de la desigualdad que existe fuera. En nuestra sociedad, la persona que está enganchada a las drogas y tiene recursos puede acceder a ellas fácilmente, aunque fuera de la legalidad. Los drogodependientes que están en la cárcel no son los únicos de España. El que no tiene recursos tiene que conseguir la droga y el dinero para acceder a ella. Y algo está fallando cuando alguien tiene que traficar con drogas para cubrir necesidades imperiosas. Pero no podemos decir que la ley es diferente para unos y otros.

No obstante, la Ley de tasas judiciales de Gallardón consagra los abusos hacia los más desfavorecidos. Por tanto, de facto, solo partiendo de esto, la ley no es igual para todos.

Sí, claro, esta ley limita las posibilidades de las personas que no tienen recursos para hacer uso de la justicia, ese es uno de los hechos más negativos que se han producido en los últimos años y cuestiona la igualdad ante la ley y el uso de la justicia por parte de todos los ciudadanos. Del mismo modo que si no hay recursos para una justicia gratuita en el pago a los abogados de oficio para que se ocupen de un caso y le dediquen tiempo, si falla el derecho a la defensa en las personas más débiles, se está vulnerando el sistema de justicia, que tenderá a ser cada vez más desigual.

Usted escribe sobre el “reto ético” que implica modificar el hecho de que “las cárceles son los psiquiátricos del siglo XXI”. Entre las consecuencias sociales que se denuncian sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal del actual Gobierno, está la discriminación que ejerce con las personas con diagnóstico psiquiátrico y las afectadas por alguna adicción. ¿A qué conduce esto?

A ningún sitio bueno. No darse cuenta de que hay un problema que hay que abordar y además creer que tienes que actuar solo contra los efectos es, como mínimo, engañarte y engañar. Cuando una persona comete un delito asociado a una enfermedad, es una enorme injusticia que no se considere y que su derecho a curación forme parte de la pena que se le impone. Según dice nuestra Constitución, que queremos creer y defender, el objetivo de las penas es la orientación y la reinserción de las personas. Tiene que estar en el sitio adecuado para que se produzca su curación, no en una prisión.

¿Por qué no se modificó esto cuando usted era secretaria general?

No es un problema solo de España, está muy generalizado. Las administraciones cierran los ojos a la problemática que representa la salud mental. Es sorprendente comprobar cómo los avances médicos en las enfermedades orgánicas han sido extraordinarios y se les dedican recursos, menos de los que se debería, pero algunos, mientras que las enfermedades mentales son las grandes olvidadas. Estamos en un momento especialmente sensible para las enfermedades mentales, y parece lo contrario. La propia crisis incrementa las depresiones, las angustias, el consumo de drogas. Nosotros encontramos dificultades, tenga en cuenta que la atención de la salud mental depende de la sanidad pública que gestionan las comunidades autónomas y que funciona como lo que le acabo de explicar.

Castiga también esta reforma la disidencia ideológica.

En cierta manera todos los códigos son una manera de regular el orden social y, en función de la concepción política, de la ideología, consideran el orden social de uno u otro modo. La reflexión puede ser la misma que aplicamos a cualquier otro punto de la realidad. Si la gente expresa su descontento es porque lo está y porque no solo tiene razones, sino el derecho de hacerlo. Dentro de la regulación legal ya está regulado el daño a las cosas, a las personas, aquellas constitutivas de faltas o delitos. No hace falta crear una regulación añadida, salvo que quieras construir un código cada vez más identificado con un determinado modelo de orden social. Creo que no es un buen camino, pero también define a quien transita por él.

En su libro no trata el tema de los presos por terrorismo. ¿Por qué?

Es un tema que requiere un análisis muy profundo y diferenciado. Este es un libro sobre la generalidad de lo que ocurre en prisión, no he tratado los grandes delitos, que representan una minoría.

La Audiencia Nacional ha emitido recientemente una sentencia que afirma la existencia de terrorismo en Galicia e impone penas muy duras a cuatro personas. Jamás ha habido muertes ni armas. Según el CIS, un 99,8% de los gallegos afirman desconocer la existencia de terrorismo en esa comunidad. A la espera de que el Supremo estudie el recurso, ¿la cárcel y la política penitenciaria pueden contribuir a difundir un estigma sobre todo un sector social?

Creo que la política penitenciaria no tiene nada que ver. La aplicación de la ley la hacen los jueces y el sistema penitenciario ejecuta. No puedo entrar a valorar ese problema.

Usted escribe: “Si no ofrecemos posibilidades y oportunidades de cambio, existe un alto riesgo de que el futuro sea igual que el pasado”. Es una vía de reflexión muy interesante, muy sensible. ¿No se puede aplicar a ese terreno? ¿Por qué se persevera en el hermetismo con un tema en el que una sociedad se juega tanto?

Ni tengo criterio ni creo que tenga que ver con el sistema penitenciario. No quiero dar opiniones rápidas sobre temas tan sensibles. No quiero entrar en ese terreno porque necesita muchos matices y no hay tiempo.

Lo comprendo. Lo que le cuentan los presos y las presas en sus cartas no infunde mucha confianza en que educación y reinserción social sean prioridades. ¿Es una impresión errada?

Hay que creer en ello y trabajar para que se convierta en una realidad. El resultado práctico de la política de reinserción, si lo mides en personas que consiguen dejar la droga, aprender un oficio, terminar sus estudios básicos, incluso tener una carrera universitaria, ordenar su relación con el mundo, superar su agresividad, es muy positivo. Si lo mides en términos de qué se encuentran esas personas al salir, ese ya es otro capítulo. Después está el hecho de que es difícil que la prensa cuente nada de la realidad de las personas que están en prisión fuera de los sucesos más dramáticos del asesinato, de los malos tratos, de la droga, del crimen.

¿El futuro ideal de las prisiones pasa por los módulos de respeto que usted contribuyó a implantar?

El futuro deseable para por dos cosas: más cumplimiento en régimen abierto y construir una forma de vivir la prisión más abierta que implique más al interno y que esté fundamentada en valores positivos.

¿De qué se siente más satisfecha de sus ocho años como secretaria general?

Precisamente de los módulos de respeto. Ha sido muy positiva su implantación. Me gustaría que se siguiese por ese camino.

Condena de la violencia y defensa del cambio social y la resolución de los procesos políticos siempre desde la vía democrática: esa ha sido la respuesta sin fisuras de cada uno de los cuatro independentistas gallegos que hoy se han sentado en el banquillo de la sala de vistas que la Audiencia Nacional tiene en Torrejón de Ardoz. De hecho, en el primer juicio de la historia contra una presunta banda terrorista denominada Resistencia Galega todos los procesados –Eduardo V.D, Roberto R. F, Antón S. P y María O. L, encarcelados desde diciembre de 2011 y para los cuales la Fiscalía pide penas que suman 64 años– han admitido desconocer su existencia, que nunca ha sido reivindicada en la comunidad gallega (menos de un 0,2% de su población cree en la existencia de este problema, según la última encuesta del CIS). El proceso contra ellos ha sido instruido por el juez Eloy Velasco.

Problemas de sonido dentro de la ‘pecera’ desde donde declaraban los tres jóvenes varones –María O.L., en libertad provisional, pudo sentarse frente al presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara– y notables fallos en la traducción de gallego a castellano de las declaraciones de los procesados han afectado al curso de la sesión matinal. La vista ha continuado pese a la protesta de uno de los letrados de la defensa que ha subrayado el sesgo de la traducción.

En otro momento, la defensa ha preguntado a un funcionario de la policía si la traducción del material incautado a los acusados –revistas, panfletos, cartas escritas en gallego y portugués– la había realizado alguien cualificado, con titulación en alguna de estas lenguas: “No, la ha hecho un funcionario que sabía gallego”, ha respondido.

Conexión por videoconferencia con el Parlamento Gallego

En videoconferencia desde el Parlamento Gallego han respondido como testigos de la defensa los portavoces de los grupos parlamentarios Pedro Puy (PP), Abel Losada (PSdeG), Xosé Manuel Beiras (AGE) y Francisco Jorquera (BNG). En un cuestionario continuamente limitado por parte del magistrado por la “improcedencia” de las preguntas, el portavoz del PP ha explicado que cinco sedes de su grupo parlamentario habían sido objeto de ataques con artefactos explosivos, pero ha rehusado atribuirlos a ningún grupo.

En su turno de palabra, el portavoz socialista, Abel Losada, recordó que su formación recibió el mismo número de actos vandálicos que los populares. A pesar de ello, ha negado la existencia de terrorismo en la comunidad gallega y ha desvinculado esos actos de la presunta existencia del grupo terrorista.

Contundente ha sido el líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien ha querido dejar claro que el nacionalismo gallego carece desde los años 70 de cualquier deriva violenta y que estas eran, entonces, residuales. “Los nacionalistas gallegos defendemos las vías pacificas; y en Galicia no hay ninguna asociación de víctimas del terrorismo independentista, sino todo lo contrario, hay asociaciones de defensa de los presos independentistas, y asociaciones que defienden las funciones normales del derecho internacional”, ha dicho Beiras, quien ha sido cortado por el magistrado con un “¡Usted cállese!” al preguntar si podía añadir una cuestión.

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha defendido al nacionalismo gallego como democrático y pacífico y ha rechazado que este haya derivado en manifestaciones armadas.

En mal momento se ha quedado el Gobierno sin el principal canalizador al que desviar las preocupaciones ciudadanas. ¿A dónde asir su viejo discurso del enemigo, sin ETA de comodín a mano? ¿Cómo llenar ese marco semántico y emocional del adversario que en España ha sido durante décadas el terrorismo, precisamente ahora que la legitimación gobernativa se ha resentido? ¿Cómo convencer a los 6,2 millones de parados de que el peligro sigue siendo el otro? ¿Está seguro de que nada de lo que usted hace lo convierte en objetivo policial? ¿Es usted un ciudadano de bien o un terrorista de nuevo cuño?

A pesar de las discusiones internas en el seno del PP, todo parece indicar que el único punto cumplido del programa electoral de Rajoy terminará siendo la reforma de la ley del aborto. Mientras, existe un quórum en el Gobierno y sus medios de comunicación afines sobre cuál es el modo discursivo y operativo que debe imperar. “Por una parte, aplicar el Derecho Penal del enemigo, el populismo punitivo, y, por otra, las respuestas represivas a los movimientos sociales”, sostiene Raimundo Viejo Viñas, doctor en Ciencia Política y de la Administración y profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Si bien la estrategia no es novedosa, su verosimilitud resulta en el contexto actual mucho más ardua. La lectura de José Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidade da Coruña (UDC), es que “por primera vez desde la muerte de Franco, la construcción retórica de uno o varios enemigo -una de las maneras más cómodas, aunque menos democráticas, de administrar la conflictividad social y política- supone una tarea poco sencilla”. El cambio en la situación de Euskadi ha llevado al ejecutivo a tener que actualizar el sistema de control, “solo que la sociedad ridiculiza su estrategia; porque, además, hay algo que todavía se escapa a su control: la redes sociales. Aún han logrado inventar un patrón eficaz para ello”.

Mentiras preventivas. El teorema de Thomas

Para obtener su propósito, el Estado tiene dos opciones: ser reactivo o preventivo. Pero la reactividad no siempre es útil, llega tarde y suscita fácilmente la crítica. Por eso en ocasiones “lo que hace es adelantarse con mentiras preventivas”, explica Raimundo Viejo. Sucedió cuando el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz anunció que convocar concentraciones por internet sería considerado delito de integración en organización criminal. “Esto es imposible, legalmente inviable, pero al lanzar esta mentira se consigue generar un estado de tensión y un efecto inhibitorio”. Como platea el Teorema de Thomas, lo que es creído como verdad, se convierte en real en sus consecuencias.

Así, la policía visitó el pasado miércoles los domicilios de los fotógrafos Raúl Capín y Adolfo Luján para detenerles por presuntas “agresiones a la autoridad”. Según el abogado de los reporteros gráficos, tras la decisión, hay “un aviso a navegantes –a la prensa, principalmente-, para evitar testigos incómodos”. Horas después Capín y Luján eran puestos en libertad con cargos.

Según el profesor Raimundo Viejo, “ha llegado un punto en que el abanico de enemigos se está haciendo demasiado grande y cualquier ciudadano podría entrar a ser considerado terrorista”. Frente a la gente “de bien” –“nuestros votantes”- está el que protesta y “coquetea con organizaciones próximas a ETA” -en palabras de Rafael Hernando (número tres del PP)-.

Son, por ejemplo, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyo escrache le pareció al ex líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, “calcadito a como lo hacían los del mundo abertzale”. En consonancia, Interior instó a sus agentes a eliminar el término y substituirlo por “acoso, coacciones o amenazas”, para convertirlos por obra y gracia léxica en una vulneración de la legalidad. Pese a ello, el viernes 10 de mayo, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid archivó la causa contra 27 imputados por la protesta ante el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría al no encontrar delito ni falta.

Viejo etiqueta el escrache como “el catalizador más importante de la democracia en décadas”; una práctica política a la altura de una ruptura constituyente. Por eso, si la desobediencia a los desahucios era hasta cierto punto defensiva, apremiada por la urgencia de la solidaridad con las víctimas, el escrache “se sitúa en el horizonte de una contraofensiva de una sociedad que ha comprendido el doble rasero para los sobres –y quienes los dan-, y los desahucios –y quienes los padecen”. Por ello no le sorprende que haya sacado a relucir toda la artillería retórica del mando, “desde las más ramplonas amenazas fascistas a Ada Colau, hasta los más exquisitos argumentos sobre la inadecuación a los preceptos de la democracia liberal, la misma que, curiosamente, nos ha traído hasta aquí”.

Durante las movilizaciones del 15M se han producido un total de 447 detenciones. Sobre esas actuaciones policiales no ha sobrevenido, por el momento, ni una sola condena. La mayoría de las sanciones están siendo “arbitrarias e injustificadas”, según los letrados. El siguiente vídeo fue tomado en las movilizaciones en torno al congreso de los diputados. En él un policía nacional exige la documentación a dos jóvenes con el siguiente argumento: “yo tengo la obligación de pedirles la documentación por si están ustedes incumpliendo algún artículo de la Ley”. A las palabras del policía el joven responde: “Acabo de bajar ahora mismo y me tengo que ir a mi casa”. El agente armado insiste: “Usted deme su documentación y luego si qu iere presentar un pliego de descargo se lo cuenta a la delegación del Gobierno”. Uno de los dos jóvenes fue trasladado posteriormente a uno de los furgones policiales en donde se comprobaron sus datos, alejado de las miradas de cámaras y vecinos.

Si le damos la razón al politólogo Sami Naïr y el lenguaje es siempre un instrumento totalitario y fascista, pues la relación entre objeto designado y palabra es imposible, la única protección posible es la consciencia del receptor. En eso este gobierno ha facilitado la tarea, al sistematizar de un modo tan notorio la apropiación del lenguaje, su performatividad, y moralización del discurso para lograr que cualquier conflicto social puede convertirse en un asunto de seguridad y de orden pública.

Fátima Báñez dice que la emigración de jóvenes de España se llama “movilidad exterior”, los derechos han pasado al epígrafe de privilegios, el concepto de libertad se ha fundido con el de seguridad, el derecho a manifestación necesita ser “modulado”. Todo en virtud del “sentido común”, mantra del partido.

Las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista en 48 horas son tratadas como hechos coyunturales, no estructurales, sobre los que no se toman medidas. ¿Qué pasaría si esos crímenes recibiesen el nombre de atentados? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, un presunto “lobo solitario” –la tan socorrida nueva especie terrorista-, hubiese matado a cuatro ciudadanos en 48 horas? ¿Qué pasaría si hubiese sido ETA? ¿Por qué la retórica está siendo en los crímenes contra las mujeres tan intencionadamente flácida?

Revisitando a Lakoff

Como en el “no pienses en un elefante” de George Lakoff, el Partido Popular le echa el lazo al recurso de la conversión en símil de ETA a todo antagonista.

Es seguramente lo que condujo al director de ABC, Bieito Rubido, a asegurar que el socialista Eduardo Madina -que sufrió la amputación de su pierna izquierda por una bomba lapa de la banda terrorista- “simpatiza más con lo que representa ETA que con lo que representa el Partido Popular”. O, en un modo más naif, explica el perseverante argumento que el presidente de la Xunta de Galicia, Nuñez Feijóo, emplea para descalificar al líder de la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), Xosé Manuel Beiras, de quien dice con desprecio que “toca el piano”. Con esto lo convierte en indigno de confianza, pues tiene conocimientos de los que, en España, tras un rosario de infructuosas reformas educativas, la gente carece. Así, Beiras, es igual a raro, y raros siempre son los otros, el enemigo.

La última deriva de este postulado es la que soslaya la semejanza entre las mujeres que abortan y la banda armada. Fue expresada por el responsable de Interior, reconocido miembro del Opus Dei que encontró la fe tras un fin de semana en Las Vegas, para quien Dios, “el gran legislador del universo, que está muy presente en el Congreso” ha sido el encargado de trazar su camino hasta el Ministerio, “el lugar donde quiere que esté”.

La demonización ha alcanzado glosas inverosímiles, como la que en la que el edil de Economía de Castellón, Juan José Pérez Macián, aseguró que los miembros del 15M “son híbridos de hiena y rata”. Y en los planes del gobierno hasta el sexo puede adquirir la esencia de adversario.

La consecuencia de instalarse en un modelo punitivo encaminado a juzgar enemigos, más que en un derecho penal garantista sustentado en los principios del Estado de derecho, es la dicotomización social en dos bandos, y el permiso autoconcedido en virtud de ello para aplicar sobre el adversario condenas mucho más duras, de mayor duración, en peores condiciones, alejadas del modelo de reinserción social que, se supone, rige el sistema penitenciario español.

Así mismo, hace necesario elevar el gasto carcelario y el encaminado a la represión de la protesta y de la inseguridad urbana suscitada por la desinversión social y la deficiente gestión de la crisis económica. Así, por ejemplo, la partida para material antidisturbios y equipamiento de protección de la Policía Nacional se ha multiplicado por 18 en 2013, hasta los 3,26 millones de euros, según se recogía en el Proyecto Presupuestos Generales del Estado para este año. A su lado, se han hecho recortes de plantilla y se ha congelado la inversión en Policía Científica.

Invención de un imaginario terrorista en Galicia

La última cortina de humo se está deslizando sobre Galicia en forma de banda armada. Según el Partido Popular se llama Resistencia Galega y el periódico ABC ha hecho incluso un detallado croquis de su estructura y funcionamiento pese a que ninguna sentencia admite su existencia.

Entre otras afirmaciones, ABC atribuye su financiación a los “nada desdeñables ingresos que obtienen a través de la venta del refresco denominado Galicola”. Según los impulsores de esta bebida refrescante -una asociación cultural legal y sin ánimo de lucro que destina sus ingresos a la promoción de proyectos que apoyan la lengua gallega a través de un concurso de etiquetas- se vende un máximo de 1.250 botellas al mes, al precio de un euro por unidad para el consumidor. Los cálculos son sencillos.

En los años ochenta corría la leyenda de que el refresco KAS financiaba a ETA, debido a que sus siglas se correspondían con las de la Koordinadora Abertzale Socialista. Y tal vez haya algo de ese espíritu en el relato de ABC sobre la Galicola: “Se sirve en la gran mayoría de los centros sociales del ámbito independentista gallego, inspirados en la red de «herriko tabernas» de la «izquierda abertzale» (…) lugares de captación y adoctrinamiento de los jóvenes aspirantes a formar la trama terrorista de Resistencia Galega”. La bebida se comercializa, entre otros locales nada susceptibles de responder a la descripción del periódico, en el restaurante de nueva cocina gallega Abastos 2.0, recomendado por la revista de referencia Eater.com, o en la cafetería de un tradicional colegio privado de Santiago de Compostela.

Según la normativa internacional y lo fijado como decisión marco por la Unión Europea después de los atentados del 11M, el elemento medial del terrorismo debe ser siempre la comisión de delitos graves. Lo subraya Benet Salellas, abogado de uno de los seis gallegos que actualmente están en prisión provisional a la espera de juicio por supuesta relación con una “organización terrorista” a la que nadie dice pertenecer y que se desconoce socialmente. “Para mí existe un elemento muy importante: que nunca se han encontrado armas.

Si se utilizasen los conceptos de los años ochenta, los tradicionales en nuestra legislación de ‘organización armada’ o de ‘banda armada’, no podríamos aplicárselos a ellos. Cuando hablamos de terrorismo hablamos de un concepto jurídico, no ético ni social. Pero en la Audiencia Nacional se usan los conceptos penales de forma expansiva, extensiva y hasta analógica. ¿Existe en Galicia colectivos intimidados por acciones terroristas? La respuesta es no“. De hecho, eso es lo que se deduce del último barómetro del CIS, según el cual menos de un 0,2% de la población gallega considera la existencia del problema.

Frente a esta situación, el blog http://devoltaparaloureda.wordpress.com/ acaba de recibir el X Premio Roberto Vidal Bolaño como reflexión colectiva a la garantía de los derechos humanos. Se trata de una web de apoyo a los presos preventivos a quien la justicia vincula con el terrorismo gallego y que se encuentran en prisión a la espera de juicio. Los responsables de esa página de internet realizaron una encuestra a las puertas de un centro comercial de la capital gallega para comprobar los datos del CIS. Las pregunta eran sencilla: “¿Cuál es el principal problema social? ¿Le preocupa el terrorismo en Galicia?

A principios del mes de abril, en el Parlamento gallego, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera insistió en negar la existencia de terrorismo gallego: “Negamos la mayor, la existencia de terrorismo en Galicia”. De aquella sesión salió un consenso histórico entre la oposición con las firmas de BNG, AGE y PSdeG-PSOE a una iniciativa de los primeros. En la iniciativa parlamentaria se pedía poner fin al uso abusivo del régimen de incomunicación durante las detenciones y a la dispersión penitenciaria, modificar la legislación de excepción, o garantizar la aplicación del denominado 'protocolo Garzón' contra la tortura. La mayoría absoluta del PP tumbó la propuesta.

Orígenes: Operación Castiñeira

Fue en el año 2005 cuando se inició el proceso, con la detención de once miembros de AMI (Asamblea da Mocidade Independentista) durante la Operación Castiñeira.

Sobre ello escribe el decano del Colegio de Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro, en ‘De volta para Loureda’: “Jaume Matas, con una condena de seis años encima, anda libre por razones que se me escapan y que pretender entender me costaría bastante tiempo y una minuta considerable. Carlos lleva ocho meses en prisión por pertenencia a una organización terrorista. ¿A cuál? A la que usted quiera, y si no le gusta esta, tenemos otra. Recuerdo la presentación en sociedad de la 'Operación Castiñeira', en una época en que aún había preguntas. Quiero decir, en la que los periodistas hacíamos preguntas y los preguntados las respondían. La 'Operación Castiñeira' fue la detención, con un montón de watios de luz y sonido, de ocho o nueve chavales pertenecientes a AMI. '¿Cuál es la acusación?', le habíamos preguntado al entonces Delegado del Gobierno. 'Bueno, son de AMI'. 'Pero no es ilegal, ¿no?', 'Bueno, el juez ya determinará si hay algo'. Efectivamente, no había nada. Nada más que un ridículo absoluto para quien ordenó la operación y un mal trago considerable para quien la sufrió. Desde entonces han perfeccionado el sistema. Ya nadie se pone a tiro de micrófono. Y los detenidos hablan húngaro”.

Sin embargo, el último informe de la Oficina Europea de Policía (Europol) Terrorism Situation and Trend Report incluye una breve reseña de la actividad de Resistencia Galega. Europol especifica que la supuesta organización “ha continuado perpetrando ataques terroristas en Galicia en 2012 en un número similar a 2011” y considera que la eficacia antiterrorista “parece haber reducido significativamente las capacidades operativas”.

Para el profesor de Derecho Penal José Ángel Brandariz los informes de Europol “son manifiestamente selectivos y tendenciosos. Cualquier persona que conozca el tema, y los haya leído, como es mi caso, lo sabe. Hacerse una idea de la realidad de la violencia política y del terrorismo en Europa con ese informes es inviable. Seleccionan aquello que les resulta mas cómodo para su narrativa de análisis, y en eso hablar de Resistencia Galega parece encajarles muy bien, tanto para el contexto español como para el europeo. En todo caso, es extremadamente revelador de por donde van a ir las cosas en esta materia”.

Joam Peres, de la organización –“legal y transparente”- Causa Galiza, que también figura en el organigrama terrorista de ABC, contra el cual han anunciado una querella, denuncia “un seguimiento obsesivo a la ideología independentista, que es legal y legítima; vigilancia 24 horas, y una estrategia de desgaste económico, al generar procesos judiciales, y la práctica sistemática de crear antecedentes con pequeñas condenas. Así la reclamación de la soberanía política se equipara a una cuestión de orden público”. En su opinión, “si en el año 2005 no había consenso, a día de hoy la Audiencia Nacional le colocará al independentismo gallego la etiqueta de terrorismo que recompuso en 2012”.

Los próximos días 24 y 25 de junio se sentarán en el banquillo Eduardo V.D, Roberto R. F, Antón S. P y María O. L, para los cuales la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas que suman 64 años de cárcel. Será el primer juicio contra la presunta Resistencia Galega. Actualmente hay diez gallegos - detenidos desde finales de 2011 y hasta enero de 2013- a los que se le mantienen los cargos por supuesta pertenencia a organización terrorista. Seis de ellos permanecen en prisión preventiva y cuatro están en libertad provisional, todos ellos a la espera de juicio.