¿Sabe que su asociación tiene derecho a pedir un espacio en las emisiones de cualquier radio o televisión pública? “No. Y nadie nos había planteado la posibilidad”, confiesa el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguas. Casi la misma respuesta obtendríamos del resto de asociaciones de nuestro país.

Radios y televisiones nunca han hecho ascos a la participación de la ciudadanía en programas como concursos y realities. El público incluso tiene poder para elegir qué voz es la mejor o decidir quién se marcha del programa. Redes sociales y teléfonos de tarificación adicional han abierto las puertas a esta manera de relacionarse con la comunicación. Sin embargo, conseguir 30 segundos en un informativo televisivo sigue siendo una tarea titánica para muchas organizaciones.

¿Número de leyes que garantizan el derecho de la ciudadanía a participar en concursos de radio y televisión? Cero. ¿Número de leyes que obligan a que los medios públicos faciliten el acceso a la ciudadanía como titular del derecho constitucional a difundir ideas y opiniones? Al menos tres. La primera es el artículo 20.3 de la Constitución: “la ley regulará el acceso a los medios públicos de los grupos sociales y políticos significativos”. Además, en Andalucía, el artículo 211.2 del Estatuto de Autonomía (“se garantiza el derecho de acceso a los medios públicos de las asociaciones, organizaciones e instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural, respetando el pluralismo de la sociedad”) y el artículo 33 de la Ley 18/2007, de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

La corporación pública que más ha desarrollado el derecho de acceso es Radiotelevisión Española (RTVE). La RTVE publica en su web su reglamento sobre derecho de acceso, así como varias directrices. Se reconocen dos maneras de ejercerlo: “la global, mediante la participación de los grupos sociales y políticos significativos como fuentes y portadores de información y opinión en el conjunto de la programación” y “la directa, mediante espacios específicos en la radio y televisión con formatos diversos, tiempos y horarios, fijados por el Consejo de Administración”.

La directriz cuarta de derecho de acceso en RTVE llega a abrir la puerta a que los periodistas y técnicos de la casa trabajen “en colaboración” con los colectivos sociales a fin de “coordinar los criterios profesionales con los fines sociales perseguidos por la asociación”. Se regula también el papel de las productoras.

Es posible solicitar este derecho entre el 1 y el 15 de junio, así como del 1 al 15 de diciembre de cada año, tanto para la emisión estatal como para cada una de las territoriales de RTVE.

La corporación estatal ha registrado 63 peticiones de este derecho desde la primera convocatoria en 2010. Todas se derivaron a informativos y al programa “Para todos La 2”. Ninguna entidad ha pedido un espacio en las emisiones territoriales. Por años, las solicitudes fueron de más a menos: 25, en 2010; 17, en 2011; 13, en 2012, y 7 este año. La mayoría fueron entidades sin ánimo de lucro, seguidas de sindicatos y partidos políticos.

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, forma parte del Consejo Asesor de RTVE. Califica el derecho de acceso en España como “claramente insuficiente”. “Algunas organizaciones piden ese derecho y ello da pie a que se les entreviste un día. Se debe crear un bloque de programación propia que dé entrada a las organizaciones sociales y que puedan participar en la elaboración de los guiones y la elección de los temas”.

¿Qué hacen Europa y las Comunidades Autónomas?

Según la AUC, Italia regula el derecho de acceso de manera parecida a RTVE. En Francia existen microespacios de 1 ó 2 minutos a lo largo de toda la parrilla para los beneficiarios de este derecho, mientras que Bélgica cuenta con un régimen de emisiones concedidas que puede llegar a la hora.

En España la mayoría de las radiotelevisiones autonómicas recogen el derecho de acceso, pero apenas se ejerce. En Andalucía, la RTVA sostiene en un comunicado que se necesita una ley que regule el principio constitucional (algo que RTVE no ha visto imprescindible), aunque próximamente se plasmarán unas normas internas para el ejercicio de este derecho.

Profesionales y equipos de la Corporación de Medios Audiovisuales colaboran con los sindicatos CCOO y UGT para que cada mes se emitan dos espacios de 10 a 15 minutos en TV3. Además, 17 asociaciones han difundido mensajes publicitarios din coste en 2012. Entre ellos, colectivos que apoyan la causa saharaui, de pacientes y salud, Manos Unidas y la Mesa del Tercer Sector.

La radiotelevisión de Extremadura se ciñe al funcionamiento ordinario de los medios: “La presencia de los grupos sociales queda supeditada a los contenidos del programa en cuestión”. Perales no comparte esta visión: “El mandato constitucional implica un derecho de uso activo a través de programas específicos, no una mera presencia referencial”.

Madrid, País Vasco, Extremadura y Canarias también reconocen el derecho de acceso en las leyes que regulan sus radiotelevisiones. Desde eldiario.es ha intentado, sin éxito, obtener datos o valoraciones de estas entidades.

“Hay muchos medios de proximidad públicos, comunitarios e incluso privados que son mucho más activos en la práctica del acceso social, aunque RTVE es la única que lo ha desarrollado reglamentariamente”, subraya Perales. En Andalucía, más de 500 colectivos participan en las 131 radios de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía. La Red de Medios Comunitarios calcula que sus 40 entidades asociadas dan voz a más un millar de grupos de personas y asociaciones en todo el país.

Colocar futuros espacios de las asociaciones a las dos de la mañana en las radiotelevisiones públicas sería una mala praxis a juicio de la AUC. Y el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía que dinamiza la asociación CIC Batá entiende que la elaboración de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana este año y la futura Ley General de Comunicación Audiovisual de Andalucía tienen que garantizar que el derecho de acceso se desarrolle con todas las garantías. “Para ello, la administración puede contar con este foro y multitud de colectivos sociales interesados en potenciar su derecho a comunicar”, señala Elena Nagore, miembro de este colectivo.