Hace apenas unas semanas el Gobierno Vasco presentaba “su” Plan de Paz y Convivencia. Un plan, en primer lugar, nuevo, diferente al presentado en la pasada legislatura por el Gobierno socialista. Y empezaré por confesar que no acabo de entender la manía que están adoptando los sucesivos Gobiernos de presentar un plan nuevo en cada legislatura. Porque el presentado por los socialistas también venía a sustituir a otro anterior presentado por el ejecutivo de Ibarretxe.

No se me escapan las diferentes visiones que autonomistas y abertzales tienen en la materia de la Paz y la Convivencia. Pero es en esta materia, como en algunas otras (por ejemplo, la Educación en España), en la que se debería hacer el esfuerzo de presentar planes cuyo recorrido vaya más allá de una legislatura. Porque de entre las muchas funciones que ha de desempeñar la política, está la de anticipar el futuro y, por desgracia, asistimos en demasiadas ocasiones a una política de gestión de la contingencia, atrapada por los plazos electorales y, por tanto, sin capacidad de definir proyectos de largo alcance, que no se consideran rentables en términos electorales. Algo penoso, especialmente en este terreno, porque como los datos vienen demostrando, si hay una buena inversión para Euskadi en todos los sentidos, también en el económico, es la inversión en Paz y Convivencia.

Pero es, en segundo lugar, un plan controvertido. Y efectivamente lo es, básicamente por una razón: dice cosas con las que una parte importante de la sociedad está en perfecto acuerdo, y dice otras cosas con las que a esa misma parte de la sociedad se le ponen los pelos como escarpias. Se trataría, por tanto, de un plan “bienqueda”, y ya se sabe que cuando se intenta contentar a todos, lo que se suele conseguir es justo lo contrario.

Más allá de las cuestiones de forma, en los contenidos del plan presentado por el Gobierno Vasco sí hay un aspecto que muchos agentes político-sociales han reconocido como bueno: se plantea tomar iniciativas desde Euskadi para contrarrestar el parón – cuando no, boicoteo indisimulado – que el Gobierno del PP está imprimiendo a esta materia.

Tras décadas de esfuerzo democrático y tres procesos de paz dinamitados con otros tantos atentados, como rezaba el último grito de la ya disuelta organización Gesto por la Paz, lo hemos conseguido. Es verdad que ETA no se ha disuelto ni ha entregado las armas, y es verdad que la izquierda abertzale tiene mucho camino por recorrer para estar homologada plenamente como una fuerza democrática dotada de legitimidad en el conjunto del cuerpo electoral. Pero también es cierto que llevamos 20 meses de paz y tranquilidad en Euskadi, y el Gobierno de Rajoy no ha tomado ni una sola medida para consolidar un escenario que, aunque no parece reversible, sí podría complicarse.

Hemos conseguido la paz. Ahora le toca a la política actuar. Desde el conjunto de España y en Euskadi. Y, empezando por España, no es comprensible que se dificulte una vía de reinserción de presos etarras como la vía Nanclares que, además de tener efectos beneficiosos sobre los reos y sus víctimas, contribuye sobremanera a deslegitimar los argumentos de la banda hacia los que considera “sus” presos. No es de recibo que el Gobierno de España se niegue a dialogar con los diferentes agentes que están trabajando discreta e incuestionablemente para que la disolución de ETA se produzca. No es razonable que los representantes vascos del partido del Gobierno se nieguen a hablar con quienes, tras haber asumido la ley de Partidos y el rechazo al terrorismo en los Estatutos de su nueva formación política legalizada por el Tribunal Constitucional, hoy ocupan casi un tercio de los escaños del Parlamento Vasco. Y es intolerable que el Gobierno de España se dedique a confrontar con el vasco en esta materia, como ha hecho estos días a cuenta del memorial de las víctimas.

En toda España, pero sobre todo en Euskadi, el recorrido para la consecución de la paz ha sido muy duro. Pero atravesado lo más duro, tenemos que poner en el objetivo la convivencia, que probablemente será lo más difícil. Porque hará falta valentía, acabar con prejuicios atávicos y, sobre todo, mucha innovación para que quienes encontraron en el terror el sentido a sus vidas, reconozcan el daño causado; para que quienes han crecido en el odio hacia nuestras instituciones, reconozcan ahora la legitimidad plena de las mismas; para que admitamos indubitadamente que no hay atajos en la lucha contra el terrorismo y que hay que aclarar las situaciones en las que estos fueron empleados.

No, el camino no va a ser nada fácil. Máxime, cuando debemos recorrerlo entre todos, porque la convivencia es cosa de todos. Conociendo la sociedad vasca, me cuesta mucho pensar en un camino hacia convivencia con el PP en la cuneta; como tampoco veo ese camino dejando de lado a la izquierda abertzale.

Pero, ¿por dónde empezar? Pues quizás, por lo más básico. Teniendo en cuenta los dos déficits que achacaba en el inicio al plan presentado por el Gobierno de Urkullu, probablemente lo más inteligente pensando en el futuro, sea presentar propuestas menos ambiciosas, lo que hará que el acuerdo pueda ser menos difícil y, por tanto, haya margen para darles un recorrido temporal más allá de una legislatura.

Y en el terreno de lo básico, hay ya algunas cosas hechas que deberíamos aprovechar. En el Parlamento Vasco se alcanzó un acuerdo de fondo el pasado verano, en el que una mayoría aplastante de los representantes de soberanía popular – por entonces no estaba presente EHBILDU – hicieron suyos dos principios: la necesidad de una paz con memoria y la garantía de no repetición. Esos principios, constituyen a mi juicio un suelo ético que los que estaban, los que están y los están por llegar a las instituciones, tendrán que pisar en el camino hacia la convivencia del futuro.

Como consecuencia de las dificultades que EHBILDU parece estar poniendo para la asunción integral del desarrollo de ambos principios, el foro parlamentario en el que se discuten estos asuntos en Euskadi corre el riesgo de entrar en una vía muerta, algo que sería un desastre, máxime si lo sumamos a la posición del Gobierno de España ya descrita y a la indiferencia cuasi absoluta de una sociedad que, por suerte o por desgracia, hace tiempo que ha pasado página.

Por tanto, cabe reclamar a la izquierda abertzale, que procure con sus hechos acabar con los lógicos recelos que el resto de formaciones tienen hacia su conducta. Y también cabría pedir al resto de formaciones políticas que enciendan las luces largas que les permitan observar los avances que, siquiera tímidamente o entre líneas, se están produciendo en el sentido del reconocimiento del daño causado y de su responsabilidad por parte de quienes tanto daño han hecho a la sociedad.

Se trata de que se sigan dando pasos, desde España o desde Euskadi o, mejor aún, desde ambos ámbitos a la vez. Y se están dando. Cierto es que son solo los primeros en el largo camino hacia un futuro diferente, hacia el futuro mejor. Un futuro en el que el debate público en Euskadi esté centrado en temas distintos al que ha consumido la mayor parte de la energía de varias generaciones. Un futuro en el que la izquierda y la derecha confronten democráticamente, dejando atrás el eje de discusión nacional, y en el que podamos asistir a la formación de otros gobiernos, gobiernos “normales” (hoy impensables) entre PP y PNV o entre el PSE-EE y la izquierda abertzale en nuestros ayuntamientos y en las instituciones comunes. Un futuro perpetuamente iluminado por la memoria y la voluntad de no repetición, que impida que vuelvan a aparecer las sombras que nos han impedido vernos y reconocernos en las últimas cuatro décadas.

Considero que, para comenzar a recuperar la credibilidad perdida y conectar con nuevas realidades y capas sociales, son tres los grandes retos que debería abordar el PSOE, como principal estandarte de la izquierda española que aún hoy es: la construcción de la utopía en el terreno socio-económico; la actualización del acuerdo constitucional; y la regeneración democrática.

En cuanto al primer gran reto, es obvio que para salir del atolladero en el que nos ha metido la política de austeridad, la receta no puede ser más austeridad, más recortes y más impuestos (a los trabajadores y clases medias, ya en peligro de extinción). Resulta indignante observar cómo aún hoy se sigue aplicando una política que está resultando nefasta para las PYMES, que siguen echando la persiana con pedidos sobre la mesa que la falta de financiación invalida, y para las familias, que ven cómo van reduciéndose el número de sus miembros que aguantan en el mercado laboral. Una política que está resultando nefasta para la mayoría de la gente, especialmente para la más necesitada, agrandando la brecha entre ricos y pobres e incrementando el número de estos últimos. Como muestra, un botón: el último informe sobre desigualdad de Cáritas indica que en torno al 21% de la población en España vive en pobreza “relativa”, con 7.300€ al año; y que más del 6% vive en pobreza “severa”, cobrando 3.650 € al año.

Ante esta realidad, sin duda son necesarias las medidas de choque a corto plazo. Pero pedir flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Troika o, en el mejor de los casos, oponerse las directrices que esta predica 'urbi et orbi', es insuficiente en el objetivo de sostener nuestro modelo de solidaridad en el medio y largo plazo.

Desde el 15-M, hasta los teóricos del Decrecimiento, pasando por los defensores de la Economía del Bien Común, son muchas las personas y movimientos que están poniendo alternativas globales encima de la mesa. Y basándose en estas u otras medidas, la izquierda en general, y la socialdemocracia española en particular, ha de dibujar la utopía hacia la que caminar. Y, a partir de ahí, articular un relato que consiga emocionar a la mayoría y que suponga en la práctica un modelo alternativo al que nos ha traído a la situación en la que nos encontramos. Ese es, en mi opinión, el primer gran reto de la Conferencia socialista.

El segundo gran reto sería la actualización del acuerdo constitucional. No es un tema menor, pero sí se puede explicar de forma más breve que el primero. Pienso que el PSOE debería plantear la reforma de un par de cuestiones consideradas hasta hoy totémicas para esta formación política (y para algunas otras): un cambio en el modelo de Estado, empezando por la forma y modo de elección de la Jefatura del mismo; y una modificación a fondo de relación Estado-Iglesia.

Es obvio que, al margen de la ejemplaridad en algunos aspectos del proceso de Transición, los años no pasan en vano y, por tanto, algunas de las cuestiones que entonces no pudieron tocarse, hoy requerirían de una adaptación sustancial. Pero es que, además de esta necesidad de revisión impuesta por el paso del tiempo, el PSOE necesita dar ese paso en aras a sintonizar con los sectores más progresistas de la sociedad.

Finalmente, el tercer gran reto que tiene por delante la Conferencia socialista es el de la regeneración democrática, tanto de puertas hacia adentro, como de puertas hacia afuera.

Los partidos y las principales instituciones de representación y gobierno atraviesan el peor momento en los últimos 35 años en nuestro país. 'La política y los políticos' son el tercer problema para los españoles desde hace ya demasiado tiempo. Y en el Congreso en el que Pérez Rubalcaba fue elegido, hace ya casi dos años, cuando esta realidad ya existía, se adquirió el compromiso de avanzar en el camino de la regeneración. Un camino basado en medidas de radical transparencia, que supondrían el germen de mejores mecanismos para la prevención de la corrupción, así como de nuevos mecanismos de participación política y de rendición de cuentas.

El éxito de la Conferencia del PSOE también depende en gran medida de que sea capaz de dar con fórmulas novedosas en este terreno. Y, sobre todo, de que las empiece a aplicar primero en sus procesos internos de elección y de toma de decisiones. Porque tal y como están las cosas, sólo habiendo predicado con el ejemplo, podrá presentarse ante la opinión pública con el ánimo de recuperar la credibilidad, cuya ausencia constituye hoy su principal problema.

En la medida en que vivimos una crisis de confianza, el nuevo contrato debe comenzar precisamente restableciéndola.

Si los partidos políticos funcionan casi en su totalidad con dinero público, no hay motivo para que no publiciten periódicamente la evolución de su patrimonio y su estructura de gastos e ingresos.

No hay razón para ocultar a la sociedad el destino último y las explicaciones sobre la utilización del dinero que se obtiene de sus impuestos

El sentimiento ciudadano de desafección hacia la política se debe, en gran medida, a la situación de crisis y desempleo galopante que vivimos. Cuando la ciudadanía lo pasa mal, busca y señala responsables y, por supuesto, los representantes públicos lo son; y lo son los primeros. A pesar de que también hemos vivido otros periodos de crisis económica severa, las principales instituciones del Estado están siendo percibidas como un problema para la ciudadanía. Percepción corroborada, serie a serie, por los estudios del CIS. Los partidos políticos (tercer problema del país, según los encuestados), las autonomías, la monarquía, símbolos de la estabilidad y perdurabilidad del sistema ideado y acordado en la Transición, inspiran más desconfianza que nunca. Sin duda, tampoco ayuda a esta falta de legitimación el hecho de que en medio de la mayor depresión desde el “crack” del 29, no haya forma de encender la televisión y no sonrojarse con los informativos.

Pero al margen de la crisis, y mucho antes de que llegara, ya hacía falta una reforma en profundidad en nuestro sistema democrático, tocando dos de sus pilares clave: los partidos y las instituciones de representación. Sin duda alguna, la obsolescencia de nuestro sistema institucional, por otra parte lógico, después de 35 años de funcionamiento prácticamente inmutable, contribuye a la grave crisis de confianza. Una desconfianza que ha alimentado, y lo seguirá haciendo, los diferentes estallidos sociales vividos en los últimos dos años.

Efectivamente, las relaciones sociales en democracia se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. En la medida en que vivimos una crisis de confianza, el nuevo contrato debe comenzar precisamente restableciéndola. Y son muchos los inputs que indican que la mejor forma de transmitir confianza es la transparencia: en los partidos y en las instituciones, primero, para extenderla después a distintos ámbitos de la sociedad.

Empiezo con los partidos políticos apoyándome en un ejemplo. El Partido Socialista de Euskadi acaba de hacer público a través de su web su balance “interno” correspondiente a 2012, y apenas el 2% de sus ingresos proceden de las cuotas de sus militantes. El resto, de forma directa (subvenciones) o indirecta (aportaciones de grupos institucionales) procede de los Presupuestos Generales. Esta situación es aplicable con toda probabilidad al resto de formaciones políticas, en Euskadi y en el conjunto de España. Así pues, si los partidos políticos funcionan casi en su totalidad con dinero público y, sobre todo, si su papel es “fundamental para la participación política”, según el artículo 2.6. de la Constitución, no hay motivo para que no publiciten periódicamente la evolución de su patrimonio y su estructura de gastos e ingresos, y dejar de ser ahora mismo “uno de los sectores más opacos de la sociedad”, como se señala en el último informe de la Fundación Compromiso y Transparencia.

Esta sencilla medida, inédita hasta el momento, no requiere ningún esfuerzo especial por parte de las organizaciones políticas y, sin embargo, tendría dos efectos positivos que ayudarían a mejorar el estado de cosas. Por un lado, facilitaría el control económico-presupuestario por parte de los diferentes miembros de la organización política en cuestión, así como de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas (periodistas inclusive) que quieran contrastar la información, lo que conllevaría una mejora de las “alertas tempranas” dentro de los partidos y, por tanto, de su funcionamiento en clave de accountability. Y por otro, ayudaría a cambiar la percepción del barómetro del CIS del pasado mes de enero, que situó la “corrupción” como segunda preocupación para la ciudadanía, como consecuencia directa de las dudas en torno a las cuentas del partido en el Gobierno.

Similares consecuencias positivas arrojarían otra panoplia de medidas en el mismo sentido. Medidas válidas tanto a nivel partidario como a nivel institucional, donde, si cabe, tiene aún menos sentido la falta de transparencia actual. A saber, que fueran “visibles” para toda la ciudadanía los cargos orgánicos e institucionales de todos los partidos políticos, facilitando las responsabilidades concretas que desempeñan y estableciendo formas de contacto sin necesidad de pasar por “filtros”; que se publicitase de forma accesible y periódica la evolución de las actividades y bienes de los cargos públicos; que se sometieran las cuentas de los partidos y fundaciones políticas a auditorías externas y se publicitasen los informes de supervisión del Tribunal de Cuentas; que se pudiera conocer el destino de los dineros públicos que reciba cualquier empresa y se pudiera acceder a las declaraciones de bienes y actividades de los responsables de las mismas (al menos en las públicas y participadas); que se pongan en marcha en los partidos medidas como el Perfil del Contratante, que ya están aplicándose en muchas Administraciones; etcétera.

No hay motivos para ocultar a la sociedad el destino último y las explicaciones sobre la utilización del dinero que se obtiene de sus impuestos. Además, con los avances tecnológicos con que contamos y con la extensión de los mismos al conjunto de la sociedad, no hay impedimentos para que se puedan conocer ese destino y las explicaciones just in time.

Pero es que finalmente, sólo dando ejemplo desde la actividad pública, con estas u otras medidas, se podrá empezar a exigir transparencia a la actividad privada, algo tanto o más necesario aún, puesto que ésta se desarrolla de forma generalizada tras una cortina de opacidad que le permite esconder abusos de poder, injusticias en función del género o diferencias salariales que escapan a toda lógica. Y ése es el objetivo a fin de cuentas, cambiar la política para cambiar la sociedad.