El papel de las plataformas de redes sociales

A finales del mes de octubre, la plataforma Meta, propietaria de Instagram, tuvo que disculparse públicamente después de que un informe de 404 Media, una plataforma dedicada a la investigación sobre ciberseguridad, vigilancia y privacidad, desvelara que la función “ver traducción” de Instagram añadía erróneamente la palabra “terrorista” en las biografías de algunos usuarios palestinos. En efecto, Instagram estaba autotraduciendo biografías de usuarios que incluían “palestino” y una frase árabe que significa “alabado sea Dios” para decir “terroristas palestinos luchan por su libertad”.

Sin embargo, esto no es nuevo. En el año 2021, Instagram eliminó algunas publicaciones y restringió el acceso a otros contenidos que utilizaban hashtags relacionados con la Mezquita al-Aqsa de Jerusalén tras asociar por error el nombre con una organización terrorista,

Tras los ataques de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, las redes sociales se llenaron de imágenes horribles; vídeos de ejecuciones sumarias o de los efectos de los bombardeos, fotografías de civiles muertos o de menores y familias cuyas viviendas habían sido destruidas circularon por X, Instagram o TikTok, por ejemplo. Todas esas imágenes venían acompañas, en muchos casos de incitación a la violencia, la hostilidad y la discriminación, algo que constituye apología del odio y que está prohibido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas de estas publicaciones enaltecían los ataques de Israel contra civiles en Gaza, apoyaban la destrucción de Gaza y alentaban la violencia contra las personas palestinas, con un lenguaje deshumanizador y racista.

Al mismo tiempo, se extendían también publicaciones antisemitas, muchas de las cuales propugnan el odio y la violencia contra las personas judías. Algo que, desafortunadamente, tampoco es nuevo en el ámbito digital: Investigaciones anteriores de la organización Center for Countering Digital Hate han puesto de relieve la proliferación de contenidos antisemitas en X (antes Twitter) en los últimos meses.

La responsabilidad de las plataformas de redes sociales es evidente. No se trata simplemente de poner a disposición de la sociedad una herramienta. Deben llevar a cabo una moderación de contenidos de tal manera que garantice el respeto del derecho a la libertad de expresión, y aborde al mismo tiempo la apología del odio generalizada. En el caso de lo que está sucediendo en Israel y Palestina deben invertir recursos adecuados en la supervisión humana de los sistemas de moderación de contenidos impulsados por algo que cada vez está más presente en nuestras vidas: la inteligencia artificial.

La desinformación, otra arma peligrosa

El 13 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una ofensiva cerca del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Israel ha acusado repetidamente a Hamás de operar desde túneles situados bajo el complejo del hospital, algo que el director general del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, el Dr. Medhat Abbas, desmintió, diciendo que “sólo se utilizan para tratar a pacientes” y no “para esconder a nadie”.

Automáticamente, todo lo que rodea a los ataques sobre el hospital Al Shifa se convirtió en pólvora para la dinamita de la desinformación. Incluso autoridades israelíes se lanzaron a difundir en redes sociales que Al-Shifa alberga un centro de mando militar.

En el año 2015 Amnistía Internacional documentó como Hamás había utilizado un ala de consultas externas en desuso para interrogar a presuntos “colaboradores” palestinos con Israel enn plena ofensiva israelí contra Gaza un año antes, en 2014. Este argumento ha sido usado ahora por Israel para atacar el hospital Al Shifa, donde hay más de 1.500 civiles, familias, personas heridas y bebés recién nacidos. La diferencia es que Israel ha sido incapaz, una y otra vez, de presentar pruebas que corroboren esta afirmación que lleva haciendo desde al menos la Operación Plomo Fundido de 2008 y 2009.

Sobra recordar que los ataques a hospitales ponen en peligro la vida de personas enfermas y heridas, además del personal médico que trabaja en condiciones desesperadas para salvar vidas. Pero esto parece importar poco en las redes sociales, que en lugar de difundir afirmaciones para justificar ataques contra hospitales sin aportar ninguna prueba, deberían centrarse más en garantizar la protección de los hospitales, del personal médico y de todos los pacientes de la Franja de Gaza.

La tecnología al servicio de los derechos humanos.

Además de para la difusión de mensajes de odio, noticias falsas o desinformación, la tecnología también puede jugar un papel positivo en favor de los derechos humanos. Los teléfonos móviles, por ejemplo, pueden convertirse en herramientas fundamentales para llegar donde quienes cometen abusos no quieren que se llegue. Con este objetivo trabaja el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional; un equipo multidisciplinario que utiliza herramientas de investigación digital de vanguardia para documentar a distancia violaciones de derechos humanos. Su misión es, además, garantizar que la información procedente de zonas de conflicto sea oportuna, precisa y que satisface las necesidades del trabajo de derechos humanos en situaciones de crisis. Esto es especialmente importante en situaciones en que la presencia de un equipo de investigación sobre el terreno resulta peligrosa, y en una época en que la desinformación y la información errónea pueden difundirse con rapidez. Este Laboratorio de Pruebas recopila material audiovisual y lo analiza en busca de indicios de violaciones del derecho internacional. Este material incluye imágenes de satélite, material videográfico y fotográfico de ataques aéreos y otros ataques y de las secuelas de estos ataques, así como imágenes de restos de armas. Siempre que es posible, los indicios son corroborados mediante entrevistas a testigos de los ataques.

Por ejemplo, en Ucrania, donde tras la invasión rusa de febrero de 2022, nuestro Laboratorio de Pruebas identificó y verificó, gracias a sistemas de cronolocalización y teledetección, detalles de posibles ataques ilegítimos que causaron la muerte o heridas a civiles, y destruyeron o dañadon infraestructuras civiles en Ucrania, como por ejemplo en el ataque al teatro de Mariúpol, en marzo de 2022.

En el actual conflicto en Gaza e Israel, la tecnología nos ha permitido reunir indicios contundentes que documentan el uso de proyectiles de artillería de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas civiles densamente pobladas de Gaza. Gracias al análisis de vídeos y fotos verificados por el Laboratorio de Pruebas hemos podido afirmar que Israel ha estado utilizando este tipo de munición, una sustancia incendiaria que se utiliza fundamentalmente para crear una densa cortina de humo o marcar objetivos. Arde a temperaturas extremadamente elevadas al contacto con el aire, y su quemadura profundiza en los tejidos. Ocasiona terribles dolores y lesiones que afectan de por vida a quien las padece, y su combustión no puede extinguirse con agua. Muchos de estos ataques podrían considerarse ataques indiscriminados ilegítimos y por lo tanto, crímenes de guerra.

Este, sin duda, deber ser el papel que debe jugar la tecnología: servir como elemento de investigación y denuncia, así como de conservación de pruebas que puedan llevar a los responsables de cometer abusos a los derechos humanos ante la justicia, donde sean obligados a responder por los crímenes cometidos, en lugar de ser un instrumento de desinformación y propagación de mensajes de odio.

Las autoridades de varios Estados europeos han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan —en público y en Internet— su apoyo a los derechos de éste. Hay gobiernos que han amenazado con clausurar organizaciones y grupos que defienden los derechos humanos de la población palestina y con bloquear la financiación a organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes y regionales.

Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas por expresar “ideologías radicales”, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Se ha alentado a escuelas y universidades a estar muy alerta ante señales de lo que califican de “extremismo” en las expresiones del alumnado.

Afirmando inicialmente que las restricciones eran necesarias en interés del “orden público”, los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes: mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Dado que no existe una definición universalmente aceptada de “terrorismo”, cada Estado usa la suya, normalmente en términos excesivamente generales y muy poco precisos, lo que ha desembocado en el uso abusivo masivo de la legislación antiterrorista en todo el mundo. La era posterior al 11 de septiembre de 2001 abundó —y sigue abundando— en medidas antiterroristas y contra el extremismo que han reducido radicalmente el espacio de la sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

La rapidez con la que esto está sucediendo en Europa —tanto en la Unión Europea como a nivel nacional—, parece indicar que, en el impulso de responder a los brutales ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, los Estados sencillamente se han “extralimitado”.

Pero yo diría que el acto de mezclar Hamás con la población palestina, Hamás con grupos armados claramente diferentes como el Estado Islámico, y toda la población musulmana con el terrorismo es deliberado y tiene como fin generar alarma y confusión. Esta forma de sembrar el miedo tiene un resultado lógico: la población será reacia a defender los derechos humanos de la población palestina.

En medio de todo ese miedo e incertidumbre, es mejor no decir nada.

Al imponer medidas que vinculan las expresiones de solidaridad con la población palestina expresamente con la apología del terrorismo o la incitación a éste, los Estados han ido más allá de la ya dudosa afirmación de que las protestas pueden ser una amenaza para el orden público para afirmar que podrían serlo para la seguridad nacional. De este modo, las autoridades pueden intentar usar una “exención” fácil de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confiere a los Estados un amplio “margen de apreciación” en materia de seguridad nacional.

Aun así, los Estados tienen que justificar las medidas que se desvíen de sus obligaciones en materia de derechos humanos consagrándolas en la ley y garantizando que cada medida es necesaria y proporcionada. Pero, concretamente, invocar el apoyo al terrorismo como amenaza para la seguridad nacional crea espacio e impulso para subordinar los derechos a presuntos imperativos de seguridad.

Este discurso incipiente de muchos Estados europeos es contrario a sus obligaciones en materia de derechos humanos. La incitación directa a la violencia, con la probabilidad de que pueda producirse dicha violencia, es un delito y debería ser tratado en consecuencia. Cualquier forma de discurso que incite a las personas a la violencia, la discriminación o la hostilidad debería considerarse discurso de odio y quienes lo usan deberían rendir cuentas.

De hecho, el último mes ha incluido un aumento muy real y aterrador tanto de ataques antisemitas como islamófobos. Los Estados deberían encaminar sus esfuerzos a combatir el discurso de odio y los crímenes de odio reales en lugar de prohibir o restringir las protestas u otras formas de solidaridad con los derechos humanos de la población palestina. Las expresiones que persuadan a un gobierno para que tome medidas o que fomenten o exijan que las tome no son delito, por ofensivas que las consideren algunas personas.

El apoyo a los derechos humanos de la población palestina sometida al bombardeo, el apartheid y la ocupación en curso de Israel, y a los abusos cotidianos que éstos conllevan, es apoyo a unos derechos humanos universales, aplicables a todas las personas, incluidas las palestinas y las israelíes. Las leyes que incluyen expresiones poco precisas como “apología del terrorismo” o “enaltecimiento del terrorismo” están abiertas a una interpretación tan general que no pueden perfeccionarse para alinearse con la obligación de los Estados de respetar y proteger la libertad de expresión. La tendencia predominante en Europa en la que los Estados usan leyes antiterroristas como pretexto para silenciar las opiniones disidentes debe parar.

Los Estados pueden salirse con la suya definiendo “terrorismo” de una forma muy general e instrumentalizando la idea de lo que constituye una amenaza para la “seguridad nacional”. Una amenaza a la seguridad nacional debe conllevar un peligro real de fuerza física que ponga en peligro la nación.

Los Estados europeos disponen de numerosas herramientas para responder a este tipo de amenazas extremas cuando son reales. Afirmar que las protestas pacíficas constituyen una amenaza de este tipo es una violación de derechos humanos y una instrumentalización peligrosa de las facultades que confiere la legislación antiterrorista.

Este artículo fue publicado originalmente por EU Observer aquí.

Como habitante de la comunidad del Bosque, en Tabasco, México, me enfrento a un futuro incierto. El aumento del nivel del mar causado por el cambio climático se ha llevado más de 200 metros de costa aquí, provocando la destrucción de más de 50 casas. Para nuestra comunidad el cambio climático representa un cambio radical. Antes de vivir este cambio radical vivíamos en armonía con el mar. De hecho, siempre hemos tenido una relación muy especial con el mar, ya que trabajamos en él, comemos y vivimos de él.

Antes del cambio climático, nuestra vida cotidiana era ir a pescar y vender nuestros productos. Como cualquier comunidad, celebrábamos nuestras costumbres y tradiciones, festejábamos fechas importantes como navidad, año nuevo o día de muertos. Escuchábamos del cambio climático en la televisión, pero nunca pensamos que gracias a él perderíamos nuestra comunidad. Podíamos dormir tranquilos.

Del 2019 hasta ahora, nuestra vida ha cambiado completamente. Ahora nuestra vida gira alrededor del cambio climático. En ese año, una marejada se llevó la primera hilera de casas, y desde entonces el aumento del nivel del mar, la erosión costera y los vientos del norte han acabado con nuestra comunidad. Ahora solo nos queda pensar en emigrar.

Nuestra comunidad está inhabitable. Carecemos de lo más básico como agua potable (los pozos de la comunidad están llenos de agua salada) o electricidad (la cual es bastante intermitente). Nuestros niños no tienen ningún lugar para tomar sus clases, pues la escuela local fue destruida en 2022 por una marejada. Las personas que no pudieron emigrar por falta de recursos están en una situación muy vulnerable, viviendo en refugios temporales que carecen de los servicios básicos.

En 2022 llegaron a la comunidad Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas y Greenpeace México, organizaciones de la sociedad civil que nos ayudaron a organizarnos para solicitar a las autoridades mexicanas nuestra reubicación. Para el año 2022, el mar ya se había llevado gran parte de las casas e infraestructura de la comunidad, así que, acompañados de estas organizaciones, hicimos una rueda de prensa en El Bosque el 17 de noviembre del 2022, explicando nuestra situación, pidiendo apoyo al gobierno federal, estatal y municipal.

Acompañados de las organizaciones pudimos llegar a la Ciudad de México para dialogar con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quienes prometieron ayudarnos en nuestro proceso de reubicación. Vinieron a la comunidad, hicieron un censo de las familias afectadas y organizaron mesas de trabajo y reuniones. Desafortunadamente solo fueron tres reuniones, la última de ellas en julio de este año, y después ya no supimos nada del proceso de reubicación que nos prometieron. 

El sistema de gobierno es lento y el mar no espera. Ya no tenemos tiempo porque la temporada de frentes fríos ya llegó. Cuando el mar nos quedaba lejos podíamos esperar. En temporada de vientos del norte solo nos acostábamos a ver televisión, tomar un café o chocolate, esperando que pasarán para volver al mar. Ahora, cada hora, cada día, cada semana, nuestras vidas están en peligro. Cuando vienen los vientos del norte solo podemos pensar en estar alerta. Un frente frío que duraba tres días, ahora con el cambio climático puede durar una semana y hasta un mes,

El cambio climático es un cambio radical que afecta nuestra economía, nuestra armonía, nuestra salud, e incluso nuestra salud mental. Tenemos ansiedad de no saber qué va a pasar. Día a día la gente tiene que emigrar. Se trata de una emigración forzada. No es porque queramos, es porque ahora el mar ya no está lejos. Lo tenemos encima, está inundando nuestras casas. 

Nos gustaría que el proceso de reubicación prometido por el gobierno fuera más rápido y claro. Que las autoridades nos digan cómo y cuándo nos reubicarán. Mientras la reubicación sucede, necesitamos que las autoridades nos ayuden con lo básico: la electricidad, el agua y una escuela móvil.

También nos gustaría pedir apoyo a la comunidad internacional, a los líderes de otros países. Necesitamos que nuestra situación se sepa, que todas las personas a las cuales podamos llegar nos ayuden. Somos quizás los primeros, pero no seremos los últimos desplazados climáticos en México. Vamos a ser muchos, porque el cambio climático es radical, es hoy y ya lo estamos viviendo. Duele, y duele mucho. No te acostumbras a ver tanto dolor en nuestra gente. Aunque nosotros no hayamos provocado el cambio climático, lo estamos pagando.

*Este artículo fue publicado primero en Newsweek.

Una familia estrena feliz su coche eléctrico. Un hombre calma sus nervios vapeando en la puerta de su oficina. Una joven en el metro escucha música con sus auriculares sin cable. Cinco adolescentes juegan, compiten y hablan a la vez, cada uno en un país, a través de sus pantallas. Un jardinero nivela un seto con una motosierra.

Estas escenas cotidianas en tantos países del mundo están unidas por un hilo invisible con otras que los portadores de esos objetos a buen seguro desconocen: las de miles de desalojos que se han producido desde 2015 hasta hoy en la región minera de Kolwezi, en el sudeste de la República Democrática del Congo (RDC). Para llevar a cabo estas expulsiones vale todo: incendios provocados, palizas, incluso agresiones sexuales.

Ese hilo es invisible, y sin embargo está hecho de dos materiales que nos rodean: cobre y cobalto. En el llamado norte global los necesitamos cada vez más. La batería de un vehículo eléctrico necesita 13 kilos de cobalto. La de un teléfono móvil unos 7 gramos. Se calcula que en 2025 la demanda de este metal será el triple que la del 2010. Y resulta que la RDC atesora la mitad de las reservas de cobalto del planeta y actualmente genera el 70% de la producción mundial. Además, es el séptimo en reservas de cobre, que también es necesario para muchos dispositivos eléctricos.

Un reciente informe de Amnistía Internacional y la organización congoleña Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos denuncia que la ampliación minera a escala industrial para obtener ambas materias ha dado lugar al desalojo forzoso de pueblos enteros. Las expulsiones se hacen a la fuerza. Sin consulta, sin información previa, sin indemnizaciones dignas, sin posibilidad de recurrir. Y tras los desalojos, se deben desplazar a lugares donde la vida es aún más dura.

Edmond, uno de los desalojados, denunciaba que en su nueva casa “no hay agua, no hay hospital, no hay una escuela cercana. Tienes electricidad dos días y al siguiente no hay”. Esa es la paradoja del cobalto: para almacenar la energía y encender nuestros aparatos miles de familias se quedan sin luz en un rincón del Congo.

“Papá, ven, las casas están ardiendo”

Los testimonios recogidos en el informe nos hablan de escenas dramáticas, donde personas que ya viven en un alambre ven como su mundo se derrumba. De un día para otro. Hubo quien se enteró de que su casa iba a ser demolida cuando apareció pintada con una cruz en rojo. Quienes vivían cerca de la mina de Mutoshi denuncian que fueron soldados quienes incendiaron sus hogares. “Papá, ven, las casas están ardiendo”, recuerda Ernest que le gritaron una mañana sus hijos. Papy Mpanga, de 37 años, lamentaba: “El desalojo destrozó mis sueños, había planeado una casa donde crecieran mis hijos. He tenido que empezar de cero”.

A veces, ese derrumbe es casi literal. Cécile contó que las voladuras para ampliar una mina causaron grietas en su casa. Ante el peligro de seguir viviendo entre paredes que podían caerse en cualquier momento, decidió aceptar la indemnización y trasladar su casa, ladrillo a ladrillo, a una zona alejada de la mina.

Las compensaciones que algunas comunidades desalojadas han cobrado de empresas mineras como Commus o Metalkol no permiten mantener las condiciones de vida previas a la expulsión. “Yo tenía una casa grande, con electricidad, agua. Ahora tengo una casa pequeña que es todo lo que pude costearme con la indemnización. Tenemos que beber agua de pozos, casi no hay electricidad”, protesta una de ellas. Kanini Maska, de 57 años, resumía así su nueva situación: “No pudimos recuperar nada, nos quedamos sin nada para sobrevivir, pasamos a vivir en el bosque”. Casi tan dañino como las expulsiones de las casas resulta el hecho de que las comunidades se vean sin acceso a sus tierras de cultivo.

Estas prácticas van en contra no solo de las normas internacionales sobre la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos, también vulneran las leyes congoleñas incluida su Constitución que protege la propiedad privada y determina que cualquier expropiación debe llevar consigo una “justa y previa” indemnización.

Por si fuera poco el sufrimiento infringido a la población con estas expulsiones forzosas, hay también denuncias de violencia sexual. Kabibi, una joven de la zona contó que cuando intentaba recolectar sus tierras antes de que fueran destruidas, tres soldados la violaron mientras otros miraban.

Descarbonización sí, pero así no

Al igual que un hilo invisible conecta las escenas del norte donde hay una batería eléctrica con las de los desalojos en Kolwezi, éstos también están unidos con todas las situaciones que ha vivido la región en el último siglo. Desde hace más de 100 años que el colonianismo, en sus diferentes formas, extrae materiales de esta zona y comete abusos contra su población. Ya en 1921, la empresa minera belga UMKH comenzó sus operaciones aquí, extrayendo oro, plata, cobre y otros metales.

“El verdadero escándalo es que en 110 años de extracción de minerales, la riqueza del país no se ha utilizado en beneficio de la gran mayoría de su población. Desde los tiempos del rey Leopoldo, ha servido a los intereses de los gobernantes del país y de sus aliados políticos y socios comerciales de la comunidad internacional”, denuncia el historiador congoleño Georges Nzongola-Ntalaja.

Resulta alarmante que 100 años después, en el contexto de la necesaria lucha contra el cambio climático, esta región del sudeste congoleño se convierta ahora en un “daño colateral” de la transición energética de los países más contaminantes. Está claro: no hay un minuto que perder en la descarbonización de la economía, pero la justicia climática exige una transición justa, sin dar lugar a otras violaciones de derechos humanos como las que se han producido estos años en Kolwezi. La cuenta de que intentemos contaminar menos y de que nuestras luces sigan brillando en el norte no la pueden pagar de nuevo desde el sur, desde el Congo, desde África. Si es así, significaría que después de tantos años de supuesta descolonización no hemos aprendido nada.

Ataques a población civil de Yemen

A pesar del acuerdo de alto el fuego, la coalición dirigida por Arabia Saudí ha seguido realizando en Yemen ataques indiscriminados contra la población civil, lo que representaría crímenes de guerra, algunos de los cuales además dificultaron la llegada de ayuda humanitaria.

Así, en el pasado año se lanzaron ataques aéreos contra edificios de telecomunicaciones, centros sanitarios, una facultad de arte e incluso un parque infantil. Solo el ataque del 21 de enero contra un centro de detención en Saada causó la muerte de al menos 80 civiles y causó heridas a más de 200.

Se calcula que, desde el inicio del conflicto en 2015, más de 233.000 personas habrían podido perder la vida y 2,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del país.

Pena de muerte

Arabia Saudí es el tercer país que más aplica la pena de muerte en el mundo. En 2022, registró 196 ejecuciones, la cifra más alta en 30 años. El 12 de marzo de ese año realizó una ejecución colectiva de 81 personas.

Las condenas a la pena capital llegan tras juicios claramente injustos, por delitos como robo, contrabando de drogas o terrorismo, pero también de otros como “desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional” o “promover y participar en sentadas y protestas”. A pesar de que comunicó a Amnistía Internacional que todas las penas capitales a menores de edad habían sido conmutadas, Arabia Saudí ha seguido ejecutando a jóvenes que eran menores en el momento del presunto delito.

Mujeres encarceladas por defender sus derechos

Como Salma al-Shebab, una joven saudí, madre de dos hijos y estudiante de doctorado en Reino Unido. Su delito, durante una visita a su país, haber tuiteado a favor de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Tras 285 días en régimen de aislamiento le condenaron a seis años de cárcel, pero el “Tribunal Penal Especializado” aumentó posteriormente la pena a 34 años.

Antes, otras activistas como Loujain al-Hathloul, Nassima al-Sada o Samar Badawi pasaron por prisión por reclamar sus derechos. El año pasado fueron puestas en libertad, pero siguen bajo estrictas restricciones como la prohibición de hablar en público, salir del país o usar las redes sociales.

Latigazos a personas LGTBI

Arabia Saudí es uno de los once países donde la homosexualidad puede llegar a castigarse con la pena de muerte, según la plataforma ILGA. En 2019, una agencia gubernamental calificó la homosexualidad (junto al feminismo y el ateísmo) como “ideas extremistas” que deben castigarse con prisión y flagelación. Y por desgracia se aplica esta recomendación. En 2020, el defensor de los derechos LGTBI Mohamed al-Bokari fue condenado a 10 meses de prisión y 500 latigazos, acusado de violar la moral pública, promover la homosexualidad e “imitar a las mujeres”.

Prisión por opinar (o tuitear) diferente

El año pasado un tribunal especializado declaró culpables a al menos 15 personas, con penas entre 15 y 45 años de cárcel, por ejercer su derecho de libertad de expresión o de asociación pacífica. Algunos de los condenados, simplemente publicaron contenido -de carácter pacífico- en Twitter.

También el año pasado, ese tribunal condenó a 10 egipcios de etnia nubia a penas de entre 10 y 18 años de prisión por organizar un acto conmemorativo. Llevaban más de dos años detenidos a la espera de juicio.

Abuso laboral, torturas y expulsiones migrantes

A pesar de que en julio de 2022 se aprobaron algunas medidas para limitar el sistema kafala, como permitir que el personal doméstico (compuesto en su mayoría por mujeres migrantes) pudiera decidir cambiar de empleador, la nueva norma sigue sin protegerlas de insultos, agresiones, la confiscación del pasaporte o el impago de salarios.

Asimismo, las fuerzas de seguridad saudíes continúan reprimiendo mediante detenciones arbitrarias a las personas migrantes sin permiso de residencia, sobre todo de origen etíope. Según el propio Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2022 fueron devueltas a su país de origen al menos 479.000 personas extranjeras de las 678.000 detenidas por infringir la normativa sobre “seguridad laboral, de residencia y de fronteras”.

Así, hombres, mujeres, niños y niñas etíopes fueron recluidos hasta 18 meses en condiciones inhumanas, en celdas masificadas, sometidos a torturas y sin alimentación ni atención médica adecuada, antes de su devolución. Al menos 12 personas murieron el año pasado debido a estas brutales condiciones.

Discriminación (por ley) a las mujeres

Según análisis de instituciones internacionales, Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde hay mayor desigualdad de género. A pesar de ligeros avances, como la posibilidad de conducir, la discriminación que se venía practicando ya tiene categoría de ley. En marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la figura de tutela masculina según la cual, solo ellos pueden ser tutores legales, las mujeres les deben pedir permiso para casarse y una vez se casan deben obedecer a sus maridos.

La represión a las mujeres saudíes es cotidiana y asfixiante. No pueden vestir libremente, sino con la abaya, una túnica negra que apenas deja cubierta una pequeña parte del rostro; no pueden acceder a ciertos espacios públicos; se mantienen los matrimonios forzados y, aunque sufran maltrato por parte de sus maridos, no pueden abandonar su hogar ya que podrían ser denunciadas por desobediencia por su “guardián”.

Periodistas en la cárcel

De acuerdo a la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Arabia Saudí ocupa el puesto 170, de un total de 180, en lo que se refiere a libertad de prensa. No existen medios de comunicación libres y, según esta organización actualmente hay 24 periodistas en la cárcel. El triple que en en 2017. Además, la tortura a los presos por delitos de opinión es habitual y el espionaje a periodistas incluye tanto a quienes se encuentran dentro del país como a quienes se han exiliado.

Impunidad por el asesinato de Jamal Khashoggi

En octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi, crítico con el régimen de Mohamed bin Salman, fue asesinado en la embajada saudí en Turquía. Se sabe que ocho personas han sido condenadas, pero no se conocen ni sus nombres ni se han publicado información sobre el proceso judicial. Sin embargo, sí sabe que el tribunal absolvió a los principales acusados: el asesor del príncipe heredero, Saud al-Qahtani, y el agente de los servicios secretos y cónsul en Estambul, Mohamed al-Otaibi,en cuyo despacho habría sido descuartizado el periodista.

Más información sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí

El informe ‘La muerte vino a nuestro hogar’. Crímenes de guerra y sufrimiento de civiles en Sudán’ documenta cómo ambas partes del conflicto sudanés, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas de Sudán, cometen crímenes de guerra de forma generalizada. Estos son los testimonios de cinco víctimas, entre miles, que muestran el horror que se vive en estos momento en el país.

1. Kodi Abbas, maestro de 55 años, contó que sus hijos varones —Hassan, de 6 años, e Ibrahim, de 8— y su sobrino Koko, de 7, murieron cuando trataban de escapar de los disparos.

“Mi esposa y mis hijos huyeron de casa cuando estallaron los enfrentamientos en nuestro barrio. Mis dos hijos menores eran pequeños y no pudieron correr lo bastante rápido. No sé quién les disparó. Los ha matado la guerra”.

2. “Esa mañana despertamos en el infierno. Por todas partes se oía el sonido incesante de disparos y bombardeos. Me preocupaba mi hija Ala, que había salido a trabajar en el hospital. Unos minutos después de que llegara a casa, entró por la ventana de la sala una bala que alcanzó a mi esposa en la cara, atravesándole el lado derecho y el cuello, y luego impactó a Ala en el pecho, lo que la mató al instante. Esa única bala destruyó nuestra familia en unos segundos. En cuanto llegó a casa, donde debía estar a salvo, vino la muerte a nuestra casa.”

Fawzi al Mardi, padre de Ala Fawzi al Mardi, médica, de 26 años.

3. Al Haj Mohamed Abu Bakr, esposo de la mujer asesinada, Zeinab Ibrahim Abdelkarim. Tenía 27 años y era madre de dos hijos.

“Seis miembros de las RSF irrumpieron en nuestra casa a las 8 de la mañana y fueron a la habitación donde estaban mi esposo y sus 4 hermanos y los mataron a tiros a todos. Las RSF vinieron luego a la habitación donde estaba yo con mis hijos y otras 12 mujeres y niños y niñas. Nos pegaron con palos y látigos y dijeron: ‘¿Dónde están las pistolas?’ y luego nos robaron los teléfonos.”

4. Un médico compañero del doctor Adam Zakaria Ishaq, de 38 años, quien fue asesinado junto a 13 pacientes.

“El doctor Adam [...] atendía a personas enfermas en un pequeño consultorio cuando lo mataron porque el hospital principal de Geneina fue destruido por la misma milicia armada y las RSF a finales de abril. Le dispararon en el pecho. Dejó una esposa y dos hijos de cuatro y seis años, respectivamente”.

5. “No hay seguridad en ninguna parte de Geneina. Me fui de casa porque había disparos por todas partes y estos criminales me violaron. Ahora tengo miedo de estar embarazada No puedo soportarlo.”

Una mujer de 25 años, vecina de la localidad de Geneina.

CAMBIOS EN LAS LEYES

Estados Unidos. Amnistía Internacional Estados Unidos ha trabajado mucho para terminar con la violencia por arma de fuego en todo el país. En Illinois y Michigan, Amnistía se unió a quienes defendían la aprobación de varias leyes sobre seguridad relacionada con las armas. Gracias a la labor de incidencia y campaña de la organización, Illinois ya es el noveno estado que prohíbe las armas de asalto, y Michigan ha establecido la verificación universal de antecedentes para la adquisición de armas de fuego.

Australia. Tras una campaña de activistas y organizaciones en la que Amnistía participó, el Territorio de la Capital Australiana presentó una legislación para aumentar la edad de responsabilidad penal de los 10 a los 12 años, y finalmente a los 14 años en julio de 2025. Sin embargo, los niños y niñas acusados de “delitos graves” seguirán sometidos a prácticas de investigación policial tales como registros corporales sin ropa, llevados a rastras en los tribunales y encerrados en las cárceles.

CAMBIO CLIMÁTICO

Vanatu. Asimismo, tras la incansable defensa de estudiantes de la región de Oceanía con el apoyo de miles de activistas de Amnistía, 132 países han sido copatrocinadores de la iniciativa de Vanuatu para que la Corte Internacional de Justicia emita una opinión sobre el cambio climático. Secciones de Amnistía y organizaciones de la sociedad civil trabajaron incansablemente para garantizar el compromiso de sus gobiernos con esta crucial iniciativa. Se trata de un hito en la lucha por la justicia climática, pues significa que la Corte emitirá una opinión consultiva sobre las obligaciones de los gobiernos de proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras frente a los efectos del cambio climático.

Unión Europea. El 26 de mayo, la UE adoptó un importante tratado, la Convención de cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento del delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros crímenes internacionales (Convención de Liubliana-La Haya). En la conferencia diplomática estuvieron presentes dos asesores jurídicos de Amnistía, que plantearon motivos de preocupación y formularon recomendaciones.

La adopción de este tratado fue una importante victoria para los derechos humanos y para Amnistía Internacional, que ha estado contribuyendo a su desarrollo desde sus inicios, hace 10 años. La Convención incluye varias de las peticiones de Amnistía, como la ampliación de la jurisdicción de los Estados en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; la inclusión en ella de la tortura y la desaparición forzada como crímenes; la imprescriptibilidad; la inclusión de un apartado sobre derechos de las víctimas con una definición de la figura de víctima; la denegación de asistencia judicial recíproca o extradición cuando haya razones fundadas para creer que se ha solicitado a fin de procesar o castigar a una persona por su orientación sexual; y una amplia e innovadora disposición sobre no devolución.

PENA DE MUERTE

Malasia. Un paso positivo fue la publicación el 16 de junio en el boletín oficial de Malasia de la Ley de Abolición de la Pena de Muerte Preceptiva de 2023 (con entrada en vigor el 4 de julio) y la Ley de Revisión de la Condena a Muerte y Prisión durante la Vida Natural (Jurisdicción Temporal del Tribunal Federal) de 2023.

Una vez que el Ministerio de Justicia anuncie la fecha de entrada en vigor de la ley de revisión de la condena, las personas condenadas a muerte podrán solicitar la revisión de su pena de muerte preceptiva. Además de revocarse la pena de muerte preceptiva e introducirse la discrecionalidad en la imposición de penas para todos los delitos pertinentes, se ha suprimido totalmente la pena de muerte para siete delitos.

DERECHOS LGBTI

Irán. La activista iraní Zahra Sedighi Hamadani fue condenada a muerte en 2022 por su apoyo a los derechos LGBTI. La base de simpatizantes de Amnistía pidió su libertad a las autoridades iraníes y Zahra quedó libre tras pasar más de un año entre rejas.

Taiwán. En un importante avance para los derechos LGTBI, Taiwán anunció avances para autorizar los matrimonios homosexuales entre personas de ciudadanía taiwanesa y personas extranjeras cuyos países de origen aún no hayan legalizado este tipo de uniones. Otro acontecimiento fundamental fue la aprobación por parte del gobierno taiwanés de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Amnistía Internacional Taiwán ha colaborado estrechamente con grupos locales en campañas para ampliar los derechos LGBTI.

Australia. Queensland aprobó nueva legislación en junio que elimina los obstáculos para actualizar los certificados de nacimiento. Esta nueva legislación supone que las personas transgénero, no binarias y de género diverso no tendrán que someterse ya a una invasiva “cirugía de reasignación de género” para poder corregir el sexo en sus documentos de identidad. Se trata de una estupenda noticia para la red LGBTQIA+ de Queensland de Amnistía Australia, que trabaja en estrecha asociación con otras organizaciones locales en la lucha por los derechos LGBTI.

Corea del Sur. So Seong-wook y su pareja Kim Yong-min celebraron una ceremonia nupcial en 2019 y viven como matrimonio. Sin embargo, la ley surcoreana no reconoce su relación y no han podido disfrutar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales, incluido el acceso a la atención sanitaria.

Tras lanzar una campaña con el apoyo de Amnistía, So y su pareja Kim se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que pudo inscribir a uno de sus miembros como “dependiente” en el Servicio Nacional de Seguro Médico, aunque dicha inscripción fue cancelada ocho meses después. En febrero, al ordenar el Tribunal Superior de Corea del Sur al Servicio Nacional de Seguro Médico que reanudara el acceso a la atención sanitaria a uno de los miembros de una relación entre personas del mismo sexo, se dio el primer paso para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo.

TECNOLOGÍA

Global. En marzo, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional denunció una sofisticada campaña de hackeo de una empresa de software espía mercenario contra el sistema operativo Android de Google y contra los iPhones. Los hallazgos fueron enviados al Grupo de Análisis de Amenazas (TAG) de Google, dedicado a combatir los ciberataques respaldados por gobiernos, así como a Apple. Google, junto con otros proveedores afectados —como Samsung—, pudo publicar actualizaciones de seguridad para proteger a miles de millones de personas usuarias de Android, Chrome y Linux de las técnicas basadas en vulnerabilidades empleadas en este ataque, y Apple también proporcionó un parche de seguridad.

Corea del Sur. Después de nueve años de actuaciones judiciales, el Tribunal Supremo de Corea del Sur falló que Google debía revelar si facilitaba información personal, como las direcciones de correo electrónico de activistas y organizaciones de derechos humanos coreanos, incluida Amnistía Internacional Corea, a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esta sentencia exige responsabilidades a las empresas multinacionales como Google respecto al derecho a la privacidad de sus usuarios y usuarias.

Estados Unidos. La crisis de los programas espía tiene importantes consecuencias para el futuro de los derechos humanos, y Amnistía Internacional ha pedido la prohibición global inmediata de los programas espía invasivos. En marzo tuvo lugar una importante victoria para el movimiento de derechos humanos: el presidente estadounidense Biden firmó una orden ejecutiva que limita el uso de tecnología de software espía comercial por parte del gobierno estadounidense. Tres días más tarde, 11 gobiernos emitieron una declaración en la que se comprometían a actuar conjuntamente contra la proliferación y el uso indebido de programas espía comerciales.

BUSCAR LA LIBERTAD

Estados Unidos. El exdetenido Mansoor Adayfi, puesto en libertad en Serbia en 2016, pudo viajar por primera vez al extranjero después de 21 años para intervenir en una mesa redonda en Noruega en junio. Amnistía Internacional lo ayudó a conseguir un pasaporte del gobierno yemení.

Irán. Tras un juicio flagrantemente injusto, los manifestantes Arshia Takdastan, Mehdi Mohammadifard y Javad Rouhi fueron condenados a muerte por atreverse a denunciar la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años. Amnistía Internacional reaccionó rápidamente, publicando una Acción Urgente pidiendo que se anulara su condena a muerte. En mayo de 2023, el Tribunal Supremo anuló sus sentencias condenatorias y sus penas de muerte. Ese mismo mes, el abogado de Arshia publicó en Twitter que su cliente había quedado en libertad bajo fianza.

Austria. Kamran Ghaderi y Massud Mossaheb, dos ciudadanos austriaco-iraníes que estaban detenidos arbitrariamente en la cárcel de Evin quedaron en libertad incondicional el 2 de junio, y pudieron por fin regresar a sus hogares con sus familias en Viena. Ambos habían sido condenados tras juicios sin garantías basados en “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

“Ustedes no sólo contribuyeron a hacer pública la injusticia que se había cometido conmigo, sino que también me infundieron valor al hacerme saber cuántas personas buenas y compasivas hay en el mundo”, afirmó Massud. “¡Por favor, sigan luchando por otras personas!”.

Angola. Tanaice Neutro, activista angoleño que utiliza su música como expresión de protesta, fue detenido en enero de 2022. Cuando llevaba un año encarcelado injustamente, Amnistía reunió apoyos, sensibilizó sobre su caso e inició una campaña en su favor. Los esfuerzos de nuestra base de simpatizantes se vieron recompensados con su liberación en junio.

“Lo que más me impresiona es saber que para apoyar a una persona y mostrarle solidaridad no necesitas conocerla, basta con conocer su historia”, declaró Teresa, su esposa. “No conocían a mi marido en persona y sin embargo lo están apoyando.”

Tanaice declaró: “Aún no puedo creer que la mayor organización de derechos humanos del mundo decidiera hacerse cargo de mi caso. Agradezco todo el apoyo que Amnistía me ha dado a mí y a mi familia.”

Venezuela. Carlos Debiais, fotógrafo venezolano injustamente detenido desde el 12 de noviembre de 2021, quedó por fin en libertad el 6 de junio de 2023, tras una campaña de Amnistía Internacional y sus simpatizantes. Las autoridades penitenciarias de Venezuela se habían negado a obedecer una orden de puesta en libertad emitida en abril de 2022, prolongando su detención arbitraria por otros 14 meses. Aunque ha quedado en libertad, debe seguir presentándose ante el juez cada 60 días.

“Gracias en mi nombre y en el de mi familia por el increíble trabajo que hicieron dando a conocer mi caso y por ayudarme en la complicada situación en la que me vi. Afortunadamente, ahora estoy libre”, afirmó Carlos. “Gracias a toda la familia de Amnistía.”

Bangladesh. El periodista bangladeshí Shamsuzzaman Shams fue detenido en las primeras horas del 29 de marzo tras publicar un artículo sobre el impacto de la crisis por el aumento del coste de la vida. Shamsuzzaman Shams estuvo en paradero desconocido durante más de diez horas, después de las cuales la policía confirmó que estaba bajo custodia y que se habían presentado cargos contra él en aplicación de la draconiana Ley de Seguridad Digital de Bangladesh.

Amnistía Internacional reunió apoyos publicando una Acción Urgente donde se pedía su puesta en libertad. El 3 de abril se concedió a Shams la libertad bajo fianza y fue excarcelado, una novedad, ya que la mayoría de las personas presas son sometidas a un largo periodo de detención previa al juicio. Amnistía Internacional ha hecho campaña contra la Ley de Seguridad Digital, publicando investigaciones sobre la manera en que las autoridades la han instrumentalizado. La organización seguirá haciendo campaña para que se retiren los cargos contra Shams.

Pakistán. Tras un registro ilegal en su domicilio, la paquistaní Mahal Baloch fue detenida junto con sus hijos de corta edad y otros familiares en febrero. Su familia quedó en libertad, pero Mahal siguió recluida sin cargos hasta mayo, cuando se le concedió la libertad bajo fianza. La policía acusó a Mahal de pertenencia a un grupo armado separatista que había realizado atentados suicidas con explosivos, y afirmó que ella había confesado. Durante su detención, Mahal fue objeto de una campaña difamatoria y se vio obligada por las autoridades a aparecer en entrevistas televisivas. Amnistía Internacional reaccionó rápidamente, publicando una Acción Urgente en favor de Mahal. Quedó en libertad bajo fianza tres meses después de su detención.

Costa de Marfil. Veintiséis personas que mostraban pacíficamente su apoyo al partido político del expresidente fueron condenadas en marzo a dos años de cárcel por “alteración del orden público”. Amnistía Internacional reaccionó públicamente ante las detenciones y pidió a las autoridades que garantizaran unos procedimientos judiciales justos a las personas detenidas, en una campaña que tuvo un efecto de onda expansiva en las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales de Costa de Marfil. El 22 de marzo, se dictó una condena condicional de cuatro meses contra los activistas, que quedaron en libertad.

Turquía. En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la sanción administrativa impuesta por las autoridades turcas a Amnistía Internacional Turquía en 2008 había violado los derechos a un juicio con las debidas garantías y a la libertad de asociación de la organización y de su entonces presidente, Taner Kılıç.

EXIGIR RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES

Australia y Nueva Zelanda. El 16 de marzo, la FIFA confirmó que Visit Saudi no patrocinaría la Copa Mundial de fútbol femenino 2023 en Australia y Nueva Zelanda, una enorme victoria para todas las personas activistas y para los/as jugadores/as y exjugadores/as que se han pronunciado en favor de los derechos humanos.

Antes del anuncio, la base de simpatizantes de Amnistía Internacional había pedido al ministro de Deportes, Grant Robertson, que se pronunciara sobre el terrible historial de derechos humanos de Arabia Saudí, instara al país a llevar a cabo una verdadera reforma y presionara a la FIFA para que hiciera lo propio. Esta decisión demuestra que los derechos humanos sí tienen importancia en el deporte.

Chile. El 24 de febrero, un tribunal de Chile reabrió la investigación sobre las violaciones de derechos humanos infligidas a Moisés Órdenes, que en octubre de 2019 fue atacado por un grupo de carabineros mientras se manifestaba pacíficamente. El pasado diciembre, una fiscal había archivado la investigación sobre siete de los 13 agentes acusados de la agresión, pero la familia y los abogados de Moisés consideraron que la investigación había distado mucho de ser exhaustiva. Gracias a los llamamientos de Amnistía Internacional, esos siete agentes volverán a ser investigados de nuevo.

Global. Para Amnistía Internacional la búsqueda de justicia internacional por crímenes perpetrados en conflictos es una prioridad. En los últimos meses, miembros del Programa de Respuesta a las Crisis, junto con colegas de las oficinas regionales y el Equipo de Justicia Internacional, han proporcionado documentación, testimonios y asistencia a mecanismos internacionales de investigación que documentan y preparan expedientes judiciales sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a partir de nuestros informes en diversos países, entre los que se encuentran Myanmar, Siria y Ucrania.

Ucrania. Nuestro material contribuyó al Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, publicado el 15 de marzo, cuyas conclusiones se hacían eco de nuestro informe ‘Like A Prison Convoy’: Russia’s unlawful Transfer and Abuse of Civilians in Ukraine During ‘Filtration’.

Eslovaquia. En abril, la Comisión Europea interpuso un recurso contra Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por seguir sin adoptar medidas suficientes para resolver eficazmente el problema de la educación del alumnado romaní en escuelas segregadas, vulnerando con ello la Directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Es la primera vez que la Comisión adopta una decisión de remisión contra un país por vulnerar la Directiva, que garantiza la igualdad y la no discriminación con independencia de la raza o el origen étnico en todo un abanico de bienes y servicios socioeconómicos.

Se trata de un gran éxito para Amnistía Internacional, que, junto con el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, viene desde hace años investigando y haciendo campaña sobre la cuestión de la enseñanza segregada en el país.

Argentina. Tras equivocarse al girar en una calle, Blas Correas, un adolescente de Córdoba, Argentina, murió por los disparos de la policía en 2020. Amnistía Internacional ha estado apoyando a la familia de Blas durante los últimos tres años para conseguir que se haga justicia. Tras el juicio, que se celebró este año, dos policías fueron condenados a cadena perpetua. Los demás fueron condenados a cuatro años de cárcel, salvo dos, que resultaron absueltos. El tribunal estableció que se trataba de un caso de violencia institucional y reiteró las peticiones de Amnistía para que las fuerzas de seguridad realicen de modo urgente las capacitaciones pertinentes en su personal.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Perú / Venezuela. El Congreso peruano aprobó una ley que anula las multas impuestas injustamente a personas de nacionalidad venezolana por permanecer en el país más tiempo del permitido en sus visados, lo que supone una gran victoria para los derechos de la población migrante venezolana en Perú. Esto significa que las personas venezolanas que necesiten protección internacional y deseen permanecer en Perú pueden acceder a los programas de regularización migratoria y disfrutar de una mayor protección de sus derechos. Perú es el segundo país con mayor población venezolana en el extranjero, y el que acoge al número más elevado de solicitantes de asilo de esta nacionalidad.

Amnistía Internacional ha defendido enérgicamente a este colectivo, publicando dos informes sobre la desprotección de las personas venezolanas en Perú, en particular de las sobrevivientes de violencia de género, y una Acción Urgente para la protección de la infancia venezolana.

Australia. Tras años de campaña, el gobierno australiano permitirá al fin que 19.000 personas que han vivido en un limbo legal durante hasta 10 años se conviertan en residentes permanentes y se reúnan con sus familias. Esto les permitirá visitar a sus familiares, estudiar, viajar y participar plenamente en la vida de Australia.

“Ésta era una reforma pendiente desde hace mucho tiempo que cambiará las vidas de personas que llevan años viviendo en situación de protección temporal”, ha dicho Zaki Haidari, responsable de campañas sobre derechos de las personas refugiadas de Amnistía Internacional Australia. “Muchas personas como yo buscaron refugio en Australia y han estado viviendo aquí, algunas hasta 10 años, sufriendo innecesariamente las crueles medidas de protección temporal de los sucesivos gobiernos australianos. Como organización de derechos humanos, Amnistía se congratula de la felicidad que ha traído esta reforma.”

Canadá. A raíz de las presiones de Amnistía Internacional, Quebec, New Brunswick, Ontario y Saskatchewan se unieron a Columbia Británica, Nueva Escocia, Alberta y Manitoba en la lista de provincias canadienses que han cancelado sus contratos con el gobierno federal para detener a personas migrantes en cárceles provinciales.

DERECHOS DE LAS MUJERES

Suiza. En una victoria histórica para los derechos humanos, el Consejo Nacional de Suiza reformó la ley vigente para reconocer que “las relaciones sexuales contra la voluntad de otra persona” constituyen violación.

La reforma representa el final de la definición obsoleta de violación que exigía el uso de la fuerza física, amenazas o coacción, y consideraba como únicas víctimas a las mujeres. Ahora la ley reconoce que todo sexo sin consentimiento es violación. En estrecha colaboración con activistas y responsables de campañas sobre derechos de género, Amnistía Internacional trabajó incansablemente para apoyar este cambio legislativo.

Irán. El trabajo de de Amnistía continúa teniendo un efecto positivo en las vidas de las activistas de derechos humanos encarceladas en Irán. En febrero, Yasaman Aryani y Monireh Arabshahi fueron excarceladas tras cumplir cuatro de los 16 años de su condena. Habían sido encarceladas arbitrariamente en 2019 por pronunciarse contra las discriminatorias leyes de uso forzoso del velo en Irán.

Benín. Tras dar a luz, cuatro mujeres fueron detenidas en la sala de un hospital de Benín por no tener dinero para pagar la atención hospitalaria. Amnistía Internacional escribió a las autoridades pidiendo su inmediata liberación y señalando la obligación del Estado de proteger el derecho a la salud y la libertad de estas mujeres. Tres días después, las cuatro pudieron salir del hospital.

Europa. El 1 de junio, tras años de negociaciones y trabajo de incidencia de Amnistía Internacional, activistas y otras entidades asociadas de la sociedad civil, el Consejo de Europa aprobó la adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) Esto representa un momento histórico en la tarea de abordar la violencia de género en la UE.

Cuando más de 350 profesionales de la inteligencia artificial proclaman que “mitigar el riesgo de extinción debido a la inteligencia artificial (IA) debería ser una prioridad mundial, al igual que otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear”, se evidencia una ironía descomunal por partida doble.

Por una parte, los firmantes del 30 de mayo —incluidos los consejeros delegados de Google DeepMind y OpenAI— que advierten del fin de la civilización son las mismas personas y empresas responsables de haber creado esta tecnología en primer lugar. Por otra parte, estas mismas empresas son exactamente las que tienen el poder para garantizar que la inteligencia artificial sea en realidad algo beneficioso para la humanidad o que, como mínimo, no perjudique.

La comunidad de derechos humanos ha desarrollado un marco eficaz de diligencia debida para ayudar a las empresas a identificar, prevenir y mitigar los posibles efectos negativos de sus productos. Es esencial que las empresas que desarrollan nuevos productos de IA generativa apliquen los marcos de diligencia debida en materia de derechos humanos ahora, antes de que sea demasiado tarde.

La IA generativa es un concepto amplio, que hace referencia a algoritmos “creativos” capaces de generar por sí solos contenidos tales como imágenes, texto, audio, vídeo e incluso código informático. Estos algoritmos se entrenan con conjuntos de datos masivos tomados del mundo real y luego utilizan ese entrenamiento para crear resultados que, con frecuencia, no pueden distinguirse de los datos “reales”, lo que a menudo dificulta —si no imposibilita— determinar si el contenido lo ha generado una persona o un algoritmo. Hasta la fecha, los productos de la IA generativa han adoptado tres formas principales: herramientas como ChatGPT, que generan texto; instrumentos como Dall-E, Midjourney y Stable Diffusion, que generan imágenes, y utilidades como Codex y Copilot, que generan código informático.

El auge súbito de las nuevas herramientas de IA generativa es algo sin precedentes. El chatbot ChatGPT, desarrollado por OpenAI, tardó menos de dos meses en alcanzar los 100 millones de usuarios. Estas cifras superan con creces el crecimiento inicial de plataformas populares como TikTok, que necesitó nueve meses para llegar al mismo número de personas.

A lo largo de la historia, la tecnología ha contribuido a lograr avances en derechos humanos, pero también ha causado daños, a menudo por vías impredecibles. Cuando surgieron los buscadores de Internet, las redes sociales y la tecnología móvil, y a medida que se fueron generalizando su adopción y su accesibilidad, era casi imposible predecir muchas de las perturbadoras formas en que estas tecnologías transformadoras se convertirían en canal y factor multiplicador de los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. El papel de Meta en la limpieza étnica de la población rohinyá en Myanmar en 2017, por ejemplo, o el uso de software espía casi indetectable instalado para convertir los teléfonos móviles en dispositivos de vigilancia las 24 horas y utilizarlos contra periodistas o defensores y defensoras de los derechos humanos, es consecuencia de haber introducido tecnologías disruptivas sin antes haber evaluado con seriedad sus implicaciones sociales y políticas.

Así pues, ¿cómo sería un enfoque de IA generativa basado en los derechos humanos? ¿Cómo podríamos alcanzarlo? Tres primeros pasos de orientación, basados en pruebas y ejemplos del pasado reciente, ofrecen un marco orientativo inicial acerca de cómo podría ser.

En primer lugar, para cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas que desarrollen herramientas de IA generativa deben aplicar de inmediato un riguroso marco de diligencia debida, tal y como se establece en los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Se incluyen la diligencia debida anticipativa y continuada para identificar daños reales y posibles, la transparencia con respecto a estos daños, y la mitigación y reparación cuando proceda.

En segundo lugar, las empresas que desarrollan estas tecnologías deben tomar medidas inmediatas para comprometerse de forma proactiva con el mundo académico, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, especialmente las que representan a comunidades tradicionalmente marginadas. Aunque no podemos predecir todas las formas en que esta nueva tecnología es capaz y está en condiciones de causar daños o de contribuir a ellos, contamos con numerosos indicios de que las comunidades marginadas son las que tienen mayores probabilidades de sufrir las consecuencias. Las versiones iniciales de ChatGPT mostraban prejuicios raciales y de género, al sugerir, por ejemplo, que las mujeres indígenas tenían un “valor” inferior al de las de otras razas y géneros. El compromiso activo con las comunidades marginadas debe ser parte de los procesos de diseño de productos y desarrollo de políticas, para que se comprenda mejor el impacto potencial de estas nuevas herramientas. No puede relegarse hasta que las empresas ya hayan causado daños o contribuido a causarlos.

En tercer lugar, la propia comunidad de derechos humanos debe adelantarse. En ausencia de reglamentación que prevenga y mitigue los efectos potencialmente peligrosos de la IA generativa, las organizaciones de derechos humanos deben tomar la iniciativa para identificar daños reales y posibles. Para ello, las propias organizaciones de derechos humanos deben contribuir a desarrollar un entendimiento profundo acerca de estas herramientas y liderar avances en investigación, incidencia y participación que se anticipen al poder transformador de la IA generativa.

En este momento revolucionario, la complacencia no es una opción, como tampoco lo es el cinismo. A todos y todas nos interesa garantizar que esta nueva y potente tecnología se utilice en beneficio de la humanidad. Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para identificar daños y responder a ellos es un primer paso fundamental en este proceso.

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Publicación original en Al Jazeera.

Los días 16 y 17 de mayo de 2023, las naciones del Consejo de Europa se reúnen en una cumbre en Reikiavik (Islandia). Creado hace más de setenta años, el Consejo de Europa se ha visto sacudido por la invasión rusa de Ucrania. Para demostrar su unidad frente a esta guerra devastadora, los gobiernos europeos se reúnen para reafirmar su compromiso con los valores europeos fundamentales, como el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Pero para ello hará falta algo más que una foto de familia en la que aparezcan los Jefes de Estado: Los Estados europeos deben aprovechar esta oportunidad para llenar un vacío enorme en el marco europeo de derechos humanos y dar un paso decisivo hacia la protección efectiva del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Durante décadas, el marco europeo de derechos humanos ha desempeñado un papel fundamental en Europa y en todo el mundo en la protección de los derechos humanos. Pero las amenazas medioambientales de origen humano ponen cada vez más en peligro la protección de esos mismos derechos. Y, sin embargo, hasta ahora los gobiernos europeos no han abordado adecuadamente estas amenazas a través de las instituciones políticas del Consejo de Europa.

Vivimos una triple crisis planetaria: la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad amenazan nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestros derechos y nuestras vidas. Cada año, la contaminación atmosférica mata prematuramente a unos 1.200 niños en Europa. Las temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos extremos siguen ilustrando los efectos devastadores del cambio climático sobre los derechos humanos y el planeta, como se describe en los últimos informes climáticos del IPCC. Y los daños medioambientales de la guerra en Ucrania son tan graves que se espera que duren mucho más allá de la guerra actual y sigan pasando factura a las generaciones futuras.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales ya han reconocido que el disfrute efectivo de los derechos humanos exige la protección del derecho a un medio ambiente sano. Tras la movilización de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó en una votación histórica en julio de 2022 que toda persona tiene el derecho humano a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

A estas alturas, el marco europeo de derechos humanos sigue siendo el único sistema regional de derechos humanos cuyas instituciones políticas aún no reconocen explícitamente este derecho.

La Cumbre de Reikiavik ofrece una oportunidad histórica para que los Estados miembros reafirmen los compromisos que ya han contraído en otros foros para proteger a las personas y el medio ambiente, reconociendo el derecho y comprometiéndose a su protección efectiva mediante la redacción de un protocolo específico del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Establecer la protección jurídica del derecho a un medio ambiente sano por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de un protocolo ayudará a catalizar una protección medioambiental significativa y una acción climática más ambiciosa en todo el continente. Promoverá la seguridad jurídica y la coherencia en toda Europa, incluso para las empresas. Además, contribuirá al reconocimiento vital de activistas medioambientales como defensores y defensoras de los derechos humanos, mejorando su protección.

En resumen, los beneficios están claros: lo único que hace falta es voluntad política. El siguiente paso necesario, tras el reconocimiento político del derecho por parte de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa en la ONU, es el reconocimiento práctico y aplicable de este derecho en casa.

El mundo se encuentra en una carrera contrarreloj para evitar los peores resultados de la triple crisis planetaria, y ya es hora de que los gobiernos europeos estén a la altura de sus responsabilidades. Entonces, ¿a qué esperan los Estados del Consejo de Europa?

1. República del Congo. Huida hacia la ciudad de Goma de miles de personas debido a los enfrentamientos entre el ejército nacional con la guerrilla M23 en la zona fronteriza con Ruanda, en noviembre de 2022.

2. Estados Unidos. Migrantes caminan frente al muro de la frontera con México, en Arizona, el 23 mayo de 2022 tras expirar la controvertida norma por la que se expulsaba inmediatamente a los solicitantes de asilo con el argumento de la lucha contra la expansión del COVID-19.

3. Afganistán. Mural con la frase “Las mujeres afganas nunca más serán silenciadas” con una pintada en la boca de la figura protagonista. Kabul, enero de 2023.

4. Argentina. Activistas caracterizadas como personajes de la novela distópica “El Cuento de la Criada” se concentran frente al Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires tras la decisión del Tribunal Supremo de este país de eliminar la protección constitucional al derecho de aborto vigente durante medio siglo.

5. Ucrania. Una mujer se lamenta frente a una casa en llamas en la ciudad de Irpin, en las afueras de Kiev, en marzo de 2022. Más de 1,2 millones de personas han huido del país tras la invasión del ejército ruso iniciada a finales de febrero del pasado año.

6. Yemen. Un militar yemení observa los destrozos causados por un bombardeo aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, en enero de 2022 en la ciudad de Sana'a, que habría causado la muerte a una veintena de personas, en su mayoría civiles.

7. Kenia. Mujeres de la comunidad masai con pancartas en la protesta global “Fridays for turure” exigen medidas contundentes por parte de los líderes mundiales para hacer frente al cambio climático en la localidad de Kajado.

8. Sudáfrica. Manifestación en Pretoria para reclamar a todos los sectores de la sociedad para que trabajen en contra de la violencia de género y el asesinato de mujeres.

9. Perú. Un policía dispara botes de gas lacrimógenos contra manifestantes en contra de la presidenta Dina Boluarte, en Lima, en enero de 2023. La respuesta a las protestas a lo largo de todo el país, pero especialmente en las zonas con mayor población indígena, se ha cobrado al menos 44 vidas.

10. Indonesia. Un hombre es arrestado durante una protesta en Yakarta contra la subida de precios y el aplazamiento de las elecciones presidenciales en abril de 2022.

11. Tailandia. Protestas reclamando la derogación del artículo 112 del código penal que permite juzgar a las personas que insultan a la monarquía, así como la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos.

12. Rusia. Agentes de policía detienen a una mujer que protesta contra la invasión de Ucrania en el centro de Moscú, en marzo de 2022.

13. Irán. Una manifestación espontánea corta el tráfico en una calle de Teherán, pocos días después de la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini.

14. Palestina. Varios jóvenes tratan de ponerse a cubierto durante un bombardeo aéreo israelí en Gaza en agosto de 2022. Israel argumentó que se trataba de una operación “preventiva” frente ataques planeados desde la franja.

15. Bangladesh. Trabajadoras de una plantación de té en una manifestación en la que reclaman un aumento de sueldo, en agosto de 2022 en la localidad de Sylhet.

Descarga el Informe Anual 2022/2023 de Amnistía Internacional

Munición real a corta distancia, gases lacrimógenos, cañones de agua, detenciones masivas. Esa fue la respuesta inmediata a las protestas de la sociedad iraní, que desde finales de septiembre del año pasado ha tomado las calles, primero en defensa de los derechos de las mujeres y posteriormente, exigiendo cambios políticos y sociales en Irán. “Las fuerzas de seguridad disparaban (...) en todas las direcciones, todo el mundo corría el riesgo de recibir un disparo, era pura suerte recibir un balazo o no”, contaba un testigo de las protestas.

Se estima que más de 300 personas han muerto por manifestarse, incluidos al menos 41 niños y niñas. Cientos más habrían sufrido heridas durante la represión de las protestas, aunque no hayan acudido a los hospitales por temor a nuevas represalias. Y hasta 16.000 habrían podido ser detenidas, a muchas de las cuales se les ha sometido a tortura.

Prisas por ejecutar

Las noticias que llegan de Irán confirman que el régimen de los ayatolas está usando la pena de muerte como herramienta para infundir miedo en la población, en un intento desesperado por poner fin al levantamiento popular que tiene lugar por todo el país. Menos de cuatro meses después del inicio de las revueltas, ya se ha aplicado la pena de muerte a cuatro manifestantes.

El primero fue Mohsen Shekari, ejecutado el 9 de diciembre, menos de tres semanas después de haberlo declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) y condenado en un simulacro de juicio en el que se le acusó de “bloquear una calle en Teherán, provocando miedo y privando a la población de libertad y seguridad, y herir intencionadamente a un agente de seguridad con una arma blanca”.

Al joven Majidreza Rahnavard, de 23 años, le acusaron de matar a dos agentes y fue condenado en un juicio que solamente tuvo una vista, también por “enemistad con Dios” , al igual que a Shekari. Los medios de comunicación estatales mostraron videos de Majidreza realizando confesiones forzadas con un vendaje en el brazo y su ahoracamiento público fue apenas dos semanas después de dictarse sentencia.

Unos días antes, el 5 de diciembre, un Tribunal Revolucionario condenó a muerte a Mohammad Mehdi Karami y a Seyed Mohammad Hosseini por “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). La sentencia se aplicó poco más tarde, el 7 de enero, en secreto y sin avisar a sus abogados ni a sus familias. Antes del juicio, varios medios también difundieron sus confesiones forzadas.

El último nombre de esta trágica lista de ejecuciones recientes es el de británico-iraní Alireza Akbari. Aunque este caso no tiene que ver con las recientes protestas, sino que se trata un antiguo alto cargo de Defensa, acusado de espionaje para el Reino Unido. Akbari también denunció que le arrancaron su confesión a base de torturas, administración forzosa de sustancias químicas y aislamiento prolongado.

Represión a deportistas

Desde el comienzo de las revueltas, se han sucedido numerosos ejemplos de deportistas mostrando públicamente su apoyo a las protestas. El jugador de fútbol Zobeir Niknafs colgó un video rapándose el pelo en protesta contra la muerte de Mahsa Amini. La escaladora Elnaz Rekabi compitió sin velo en los campeonatos de Asia, y la selección de fútbol dejó de cantar el himno en el Mundial de Qatar.

El portero del equipo nacional, Alireza Beiranvand, pidió además en su Instagram que las penas por protestar fuesen revocadas, aunque posteriormente eliminó la publicación. Mientras que la joven ajedrecista Sarasadat Jademalsharieh, decidió el pasado mes no volver a Irán e instalarse en España tras jugar sin velo el Mundial de Kazajistán.

Por ahora, el único futbolista condenado es Amir Nasr Azadani, de 26 años. Fue detenido el 27 de noviembre, acusado de disturbios contra las autoridades (baghi). Tanto el deportista como su familia habrían sido denunciados en varias ocasiones por mostrar públicamente su apoyo a las protestas por los derechos de las mujeres. Aunque en diciembre hubo informaciones en prensa que aseguraban que había sido sentenciado a la pena de muerte, los medios oficiales iraníes han confirmado que la condena es a 25 años de prisión, de los cuales es posible que tenga que cumplir 16 de acuerdo a la normativa sobre duración de condenas.

Asimismo, el gobierno iraní tomó represalias contra la familia del legendario ex jugador de fútbol, Ali Daei, y ordenaron el regreso de un vuelo que habían tomado su mujer y su hija para salir del país.

20 vidas en peligro

Amnistía Internacional ha identificado al menos a otras 20 personas que corren peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas. Once de ellas ya tienen una condena en firme y otras están siendo juzgadas o afrontan juicios por cargos que se castigan con la pena capital.

Particularmente cruel resulta la condena a muerte para Mohammad Ghobadlou, un joven de 22 años con una enfermedad mental. Un grupo de psiquiatras han firmado una carta abierta pidiendo un examen más detallado sobre su capacidad de discernir y su madre ha denunciado que en prisión se le está negando su medicación. El pasado 2 de enero el Tribunal Supremo confirmó su sentencia en un juicio que no cumplió con las normas internacionales por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) al haber atropellado a unos agentes, causando la muerte a uno de ellos.

Y siguen las protestas

A pesar de esta brutal represión, la ciudadanía en Irán sigue reclamando sus derechos. Las familias de las personas que podrían ser ejecutadas y quienes las apoyan protestaron los días 8 y 9 de enero frente a la prisión de Raja’i Shahr, donde están recluidos varios de los condenados a muerte. La respuesta de las autoridades fue tratar de dispersarlos realizando disparos al aire. La angustia de la familias se incrementa debido a la práctica habitual de las autoridades de no avisar con antelación de las ejecuciones ni a ellas ni a los letrados.

Amnistía Internacional reclama a los dirigentes iraníes que suspendan todas las ejecuciones programadas y dejen de usar estas condenas como forma de represión política, liberen de forma inmediata a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y deroguen las leyes que castigan el “uso incorrecto” del velo con penas entre 10 días y 2 meses de prisión.

Por último, la organización hace un llamamiento a la comunidad internacional para que exija responsabilidades a las autoridades de este país e inicie investigaciones en los casos en que pueda haber funcionarios implicados en crímenes de derecho internacional.

Han pasado 74 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este documento internacional pretende garantizar los derechos humanos y las libertades de todas las personas con independencia de su raza, credo, género y nacionalidad, dejando claro su intención de que “los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”.

Aunque la Declaración fue un documento progresista en su época, no surgió en el vacío: su nacimiento fue un intento de los dirigentes mundiales de la época de impedir que se repitieran algunos de los días más sombríos de la historia que tuvieron lugar durante los horrores de la II Guerra Mundial.

Los historiadores calculan que, durante ese conflicto, murieron entre 40 y 60 millones de personas y, aun así, y pese a la adopción e introducción posterior de la Declaración Universal, y a la adopción de varios instrumentos más de derechos humanos, nuevas guerras y conflictos prolongados sin resolver siguen causando dolor y sufrimiento a la población civil de todo el mundo.

El problema es agravado por el déficit creciente de un liderazgo mundial que visualice y reimagine un nuevo orden mundial impulsado por valores en el que se respeten los derechos. Es evidente que el sistema internacional está en crisis, y apenas se mantiene unido para resolver con decisión muchos de los complejos desafíos políticos y socioeconómicos globales que se refuerzan mutuamente a los que se enfrenta hoy el mundo.

La guerra de agresión rusa en Ucrania

El 24 de febrero, toda Ucrania se despertó con la noticia de que el país estaba siendo invadido por las fuerzas armadas rusas. En plena noche, tanques rusos entraron en el país y las fuerzas armadas atacaron desde múltiples direcciones, matando a civiles y destruyendo infraestructura pública y hogares.

Mientras la guerra prosigue, la enorme magnitud de las violaciones de derechos humanos y crímenes previstos por el derecho internacional que se denuncian aumenta cada día que pasa. Se han destruido barrios enteros en lugares como Borodyanka, con ataques desproporcionados e indiscriminados; la ONU ha registrado casi ocho millones de personas refugiadas ucranianas en Europa y muchas personas más en paradero desconocido o trasladadas forzosamente a territorio ruso.

En localidades como Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka y Vorzel, Amnistía Internacional ha recogido pruebas y testimonios de homicidios ilegítimos, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales: algunas víctimas tenían las manos atadas a la espalda, mientras otras mostraban señales de tortura. En otros casos de probables crímenes de lesa humanidad, se disparó contra convoyes de civiles que huían con sus hijos e hijas.

El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania no se circunscribe a Europa, pues la agresión rusa ha afectado a los derechos económicos y sociales de millones de personas de África y el mundo.

En África, que ya sufría dificultades tras el catastrófico impacto de la COVID-19 en los medios de vida de la población, esta guerra ha hundido al continente en una crisis económica más profunda. El significativo aumento del precio del petróleo, cuyo mayor proveedor mundial es Rusia, ha hecho subir el precio de los alimentos, incluso de los básicos, como el pan.

Juntos, Rusia y Ucrania representan casi un tercio de los exportadores mundiales de trigo, y algunos países africanos figuran entre sus principales compradores. Según el Programa Mundial de Alimentos, Rusia y Ucrania suministran el 100% del trigo de Eritrea y el 66% del de Etiopía. Ambos países ya sufren crisis humanitarias debido a los conflictos armados y la sequía, y ahora las cosas ha empeorado como consecuencia de una guerra que se libra lejos de sus costas.

Continúan las guerras y las violaciones de derechos humanos en África

En diferentes partes de África, las personas atrapadas en conflictos en países como Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur han seguido pagando el precio de estas guerras prolongadas en 2022 y sufren violaciones de derechos humanos a gran escala. De nuevo, la ausencia de liderazgo por parte de la ONU y de la Unión Africana ha convertido la guerra y el conflicto en abanderados del déficit de Estado de derecho tan evidente en la mayoría de los países del continente asolados por la guerra.

Por ejemplo, en Etiopía, el conflicto en la región septentrional de Tigré entró en su segundo año en noviembre de 2022. Violaciones graves de derechos humanos como la violencia sexual son un rasgo característico del conflicto. Las fuerzas gubernamentales, sus milicias aliadas y las fuerzas eritreas que combaten junto con el ejército etíope han perpetrado múltiples formas de violencia sexual —como violaciones, esclavitud sexual, mutilación sexual y torturas sexuales— contra mujeres y niñas de Tigré.

Igualmente, las fuerzas de Tigré han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluida violencia sexual, contra mujeres y niñas en las regiones de Amhara y Afar. El abogado de derechos humanos Brian Kagoro ha afirmado: “Se ha convertido en un ‘festival de ilegalidades’”.

En Sudán del Sur, la violencia sexual ha sido y sigue siendo una característica del conflicto que estalló en el país el 15 de diciembre de 2013. Los perpetradores son fuerzas de seguridad gubernamentales, grupos armados no estatales, milicias y hombres armados y no armados. Las armas de fuego se usan para facilitar la violencia sexual relacionada con los conflictos con impunidad a manos de las fuerzas de seguridad, que amenazan a las mujeres y niñas para que accedan a sus exigencias sexuales.

En la República Democrática del Congo, sucesivos y estratificados conflictos armados devastan el país desde principios de la década de 1990. Tanto el ejército congoleño como los ejércitos de otros países, así como grupos armados no estatales, han seguido cometiendo en 2022 innumerables crímenes recogidos en el derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos graves. Lamentablemente, el potencial de la RDC —proclamado hace tiempo— para ser la llave final que desbloquee el desarrollo de África en poder, energía y desarrollo mineral no ha podido nacer aún.

En Somalia, el conflicto en curso entre las autoridades somalíes y el grupo armado Al Shabaab, en el que también intervienen fuerzas regionales e internacionales aliadas como AFRICOM y AMISOM (ahora ATMIS), sigue teniendo efectos devastadores para la población civil.

En Malí, miles de personas se han visto obligadas a abandonar su hogar y muchos civiles han perdido la vida a raíz de la escalada del conflicto en junio en el norte del país, donde se han intensificado los combates entre el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) y el ejército de Malí y grupos armados aliados.

Las partes en estos conflictos han cometido crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Para las víctimas, la justicia ha sido en gran medida esquiva.

Aumento del autoritarismo y reducción del espacio cívico

Un motivo de preocupación en África, al igual que en otras partes del mundo, es lo que la destacada autora e historiadora Anne Applebaum ha denominado en su obra más reciente “tentador reclamo del autoritarismo”: una deriva hacia el nacionalismo tóxico, el populismo y el abuso despótico del poder por dirigentes de países que actúan en colaboración con otros.

Es patente que los dirigentes despóticos no gobiernan solos, sino que dependen de un sistema: un conjunto de facilitadores, aliados políticos, burócratas y medios de comunicación controlados por el Estado que prepara el camino para apoyar su (des)gobierno. Pueden ver la alianza transfronteriza de este proyecto, el comportamiento imitador en la promulgación de leyes draconianas contra las ONG de un país a otro, el recorte de los derechos humanos y el uso excesivo de la ley como instrumento de represión, las campañas de desprestigio contra activistas, el uso abusivo del sistema de justicia penal para la persecución política so pretexto del enjuiciamiento, y las tácticas pertenecientes total y absolutamente a la era colonial de todo un abanico de funcionarios del Estado y la casta que los apoya.

Estos gobernantes autoritarios usan un reglamento de juego común que incluye promover y utilizar el miedo, debilitar las instituciones, culpar a fuerzas extranjeras de fracasos nacionales, aprovecharse de la religión, reescribir la historia, dividir y conquistar, erosionar la verdad y hacer cualquier cosa para mantener su represión y eludir las consecuencias de sus crímenes.

Estas tácticas reducen el espacio para los derechos humanos y la sociedad civil. Para destacar este problema, la reunión de la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos del África Austral celebrada en Lusaka la última semana de noviembre lo eligió, razonablemente, como tema de su cumbre anual de derechos humanos.

En toda África, las autoridades han intensificado su represión de la disidencia pacífica, inclusive deteniendo a quienes critican al gobierno y a dirigentes de la oposición por denunciar las injusticias. Job Sikhala, destacado líder de la oposición de Zimbabue, lleva más de cinco meses en prisión sin que haya sido declarado culpable de ningún delito por asistir al funeral de una activista política. En septiembre, la autora y activista Tsitsi Dangarembga, junto con Julia Barnes, otra manifestante, fueron declaradas culpables de “incitar a la violencia” y condenadas a sendas penas condicionales de seis meses de prisión por protestar contra las dificultades económicas en 2020.

En Angola, las autoridades reforzaron su control sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación impidiendo la celebración de reuniones de la sociedad civil antes de las elecciones generales de agosto.

En la República Democrática del Congo, las autoridades continuaron usando el estado de sitio, similar al estado de excepción, en las provincias de Kivu Septentrional e Ituri como herramienta para aplastar la disidencia. Las autoridades militares y policiales han empleado amplios poderes para silenciar a personas consideradas críticas del estado de sitio, entre las que hay miembros del Parlamento, activistas prodemocracia y activistas de derechos humanos. En abril, un tribunal militar de Beni declaró culpables a 12 activistas del movimiento ciudadano Lucha por el Cambio (LUCHA) en un vergonzoso intento de silenciar las voces críticas.

Algunas señales positivas para los derechos humanos

Las conquistas en materia de derechos humanos jamás se sirven en bandeja, sino que son el resultado de la lucha, de la organización, de no ceder a la angustia y de la resiliencia y de alzar la voz ante quienes cometen abusos contra los derechos humanos.

En este contexto, también hemos visto señales positivas en 2022 que son alentadoras para quienes luchamos para promover y garantizar la protección de los derechos humanos. El combate global contra la pena de muerte se está ganando, despacio pero seguro: aunque la abrumadora mayoría de los países de la región no la han abolido aún para todos los delitos, algunos, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, no están llevando a cabo ejecuciones.

Mientras tanto, Zambia ha iniciado el proceso de eliminar la pena de muerte a través del Parlamento después de que el presidente Hakainde Hichilema anunciara en mayo que el país iba a trabajar para abolir esta forma de castigo cruel e inhumana.

En Malawi, se hizo justicia en abril cuando un tribunal condenó a 12 hombres por el homicidio en 2018 de MacDonald Masambuka, un hombre con albinismo.

En otra victoria para los derechos humanos, en Sudáfrica, una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre dio una nueva protección a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas frente a las demandas estratégicas contra la participación pública concebidas para silenciar las críticas. El Tribunal resolvió que estas demandas están dirigidas contra activistas, periodistas, denunciantes de irregularidades y personas corrientes que ejercen sus derechos constitucionales, que incluyen cuestionar la injusticia, haciéndolas pasar por demandas ordinarias. En la segunda sentencia, el Tribunal Constitucional sostuvo que las empresas que sufren daños en su reputación como consecuencia de una difamación no pueden reclamar una indemnización por pérdidas no económicas si la expresión difamatoria es parte de una “revelación pública sobre cuestiones de legítimo interés público”.

Alzarse para “proteger la protesta”

Desde Tanzania hasta Uganda pasando por Rusia y Sri Lanka, y desde Francia hasta Senegal pasando por Irán y Zimbabue, las autoridades estatales implementan un conjunto cada vez mayor de medidas para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta; uso indebido de la fuerza; “legalismo autoritario” caracterizado por el uso, abuso y no uso de la ley; la expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet; campañas de difamación, y abusos y estigmatización.

A medida que se reduce el espacio fuera de Internet, vemos más movilizaciones y mejor organizadas, y la recuperación del espacio cívico en Internet a través de un mayor activismo digital. Esto ha incluido el rechazo sistemático de falsedades, desinformación y manipulación en Internet por una población africana que adopta las herramientas y los espacios digitales para el activismo y el trabajo por el cambio social.

Este año, Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña global para hacer frente a los esfuerzos de los Estados, cada vez más amplios e intensos, destinados a erosionar el derecho de reunión pacífica.

La campaña “Protejamos la Protesta” de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.

En nuestras manos está.

El pasado martes Amnistía Internacional presentó el informe “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla. Estos son algunos de los testimonios que aparecen en la investigación y que ilustran de forma clara la masacre que se produjo a ambos lados de la frontera.

“No fue la primera vez”

“El 24 de junio no fue la primera vez que hubo muertes. […] Te tiran piedras, te golpean con palos y utilizan también objetos punzantes. Antes de llegar a las vallas, en el lado marroquí, hay un foso lleno de agua. Cuando estás arriba, te golpean con piedras y palos para que te caigas. Si te caes, te puedes ahogar. A veces la policía marroquí incluso nos empuja al foso. Hay gente que desaparece; nunca se vuelve a saber de ella”. Isam, 22 años, sudanés.

El hostigamiento previo

Después de una intervención de millitares marroquíes, “nos trasladamos a otra montaña, más cerca de Nador. Una semana después nos descubrieron los helicópteros. La policía marroquí actuó esta vez con más violencia que la primera vez, acorralándonos por todos lados, llegando hasta la zona donde guardábamos la comida. Los policías destruyeron todo lo que teníamos. Una vez más, utilizaron contra nosotros balas de goma, también palos, gases lacrimógenos y bombas acústicas”. Omer, 21 años, sudanés.

“La policía nos los quemó todo, nos quedamos sin nada”. Adil, 23 años, sudanés.

El abuso de la fuerza en ambos lados de la frontera

“Parecía que la policía marroquí nos daba espacio para llegar, luego nos acorralaron. Nos dividieron en dos grupos. Algunos ya no podíamos avanzar. Empezaron a dispararnos con gas, nos lanzaron bombas acústicas; da miedo porque es un sonido muy fuerte. La policía también nos disparó balas de goma. Todo el mundo intentaba moverse por donde podía, era un caos”. Salih, 27 años, sudanés.

“La policía española nos roció con spray en los ojos mientras la policía marroquí nos tiraba piedras a la cabeza. No sé cómo, pero algunos conseguimos subir al tejado que cubría parte del puesto fronterizo”. Salih.

“Mi hermano y mi primo intentaban escalar el muro, pero la policía usó gases lacrimógenos y piedras. Se cayeron en el lado marroquí y la policía les golpeaba con palos de madera. Murieron a causa de los golpes”. Abdessalam, sudanés.

“Cuando bajaba, me golpeó una pelota. Caí al suelo, intenté levantarme y en ese momento otro policía español me golpeó en la cabeza con la parte trasera de su arma. Me tuvieron que dar 12 puntos en el hospital”. Omer.

“Si quieren matarte, te matarán, si quieren romperte la mano, te la rompen”. Abuobida, 25 años, sudanés.

Las devoluciones ‘en caliente’

“Mi cara estaba cubierta de sangre. [Policías españoles] me ataron las manos a la espalda, me agarraron de la camiseta y me pasaron a través de la valla hasta donde los genderames marroquíes me estaban esperando. Seguí viendo cómo golpeaban a más gente que estaba en el suelo inconsciente”. Zacharias, 22 años, proveniente de Chad.

La denegación de auxilio

“Solo vi 4 ambulancias, pero sólo buscaban a marroquíes o policías. Estuvimos en el autobús 10 o 12 horas, todos estábamos heridos y necesitábamos atención médica. Cuando llegamos a la ciudad, nos dejaron en la carretera”. Abuobida, joven sudanés.

“Nos llevaron a un lugar de Beni Melal [ciudad situada a 600 kilómetros] y entonces unos policías de la ciudad avisaron a la ambulancia y nos llevaron al hospital”. Anónimo, sudanés de 23 años, herido de bala en la cabeza y con lesiones en mano y rodilla.

“Nos llevaron a la fuerza a Marruecos […] incluso sangrando o con heridas abiertas, y los marroquíes tampoco prestaron ningún tipo de asistencia”. Isam, 22 años, sudanés.

“La Guardia Civil había cerrado la carretera, por lo que nuestra ambulancia tuvo que esperar a cierta distancia. El personal médico no podía ver lo que ocurría en la frontera”. Miembro de la Cruz Roja.

Los traslados forzosos

“Tras unos días, la policía marroquí empezó a llevarse a la gente al desierto argelino, a unos 200 km de la ciudad. A mí me tuvieron en la cárcel dos días. Luego me subieron a un autobús y me dejaron en Beni Melal. Dos de mis compañeros murieron en el viaje en autobús”. Kori, sudanés, 17 años.

Las desapariciones

“Estamos casi seguros de que ha fallecido. Su madre piensa mucho en él. Quiere saber qué pasó. Os pido que nos ayudéis a conseguir justicia. Rezamos para que nadie más sufra este tipo de dolor”. Huwaida, sobrina de Anwar, un sudanés de 27 años fallecido.

“Después de lo que pasó no los hemos vuelto a ver. Preguntamos a la gente que está en Melilla, pero no están allí. También preguntamos a la gente de Argelia, pero no los vieron. También en Marruecos, preguntamos y nadie los vio. Tenemos un grupo en redes sociales que nos conecta a todos, pero todos dicen que no volvieron a saber de ellos. No tenemos ni idea de dónde están”. Kori, amigo de varios desaparecidos.

“Por favor, ayudadnos a encontrar a mi hermano, mi madré está muy preocupada, no puede dormir”. Ishmail, hermano del joven de Sudán Ahmed Babikar.

Y falta de investigación

Hasta la fecha, Marruecos y España no han facilitado información sobre las personas muertas y desaparecidas a sus seres queridos, ni han reconocido ninguna irregularidad, ni realizado ninguna nvestigación adecuada. Amnistía Internacional ha abierto una campaña de firmas para que los gobiernos de ambos países garanticen el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad, la justicia y la reparación y tomen medidas para garantizar la no repetición.

Las protestas empezaron en la ciudad natal de Mahsa Amini, Saghez en la provincia de Kurdistán de Irán, y actualmente están extendidas por todo el territorio iraní.

Los iraníes llevamos varios años esperando la llegada de dichas protestas. Una parte de la oposición lo veían tan cerca que habían creado organismos para responder a la gestión de la transición. No podíamos imaginar cómo empezaría pero sí sabíamos que la ira acumulada de los 43 años del dominio del oscurantismo ha convertido a Irán en un barril de pólvora. Bastaba solo una chispa para que explotara y el asesinato de Mahsa Amini tuvo este efecto.

Las protestas siguen estos días en las universidades, institutos y los colegios de todo el país. Las paredes de los edificios públicos o residenciales están pintadas con lemas contra el régimen y contra Ali Jameneii. En las redes sociales, se multiplican las expresiones artísticas (en la música, la poesía o el cine) con contenidos políticos a favor de la revolución y contra la casta clerical gobernante en Irán.

Durante los días 15, 16 y 17 noviembre se celebra el aniversario por las revueltas populares en 2019, con protestas y huelgas de los negocios en Sanandaj, Bucan, Saghez y otras muchas ciudades. Nunca antes, a lo largo de los 43 años de la vida de la República Islámica de Irán habíamos sido testigos de unas protestas tan extendidas en todo el país y tan duraderas como estas.

Las manifestaciones son tan dispersas que el régimen no puede controlar la situación. Las fuerzas de seguridad han empleado todos los medios de represión en su alcance pero no han podido acabar con el movimiento ciudadano. Por las noches, la gente gritan desde los tejados de sus casas y en las calles resuenan los claxones de los coches.

Actualmente se han organizado los consejos de la ciudadanía en los barrios de Teherán para coordinar las protestas, como también en las universidades, institutos y fábricas. En el exterior ya están formando cajas para reunir fondos para ayudar económicamente a los huelguistas.

El sábado 22 de octubre más de cien mil ciudadanos y ciudadanas iraníes se reunieron en Berlín para mostrar una vez más la solidaridad y el apoyo de las personas exiliadas, que habían viajado desde países como Australia, India, Estados Unidos y Europa para estar juntos y mostrar su apoyo a la lucha de sus hermanos y hermanas en Irán, por la emancipación del oscurantismo islámico. Uno de los lemas principales de esta gigantesca concentración fue “ libertad para los presos politicos”.

La base de las políticas del régimen desde su nacimiento ha sido la discriminación, con la mujer como victima principal de la misma. Los hombres saben que no van a tener una sociedad democrática si las mujeres no gozan de los mismos derechos que ellos y por eso juntos luchan por un estado democrático.

Llevamos 43 años escuchando al clérigo Chií que la vida real y próspera vendrá después de la muerte y para ello todo nuestro esfuerzo debe enfocarse en prepararnos para la siguiente vida, que vendrá a través del sufrimiento en nuestra actual vida.

La casta clerical de la República Islámica no ha dejado ningún espacio libre para la gente, ni libertades políticas, ni sociales ni tampoco individuales. La doctrina del régimen hacia la ciudadanía está muy clara: “ Ellos son los pastores y nosotros el rebaño”.

Mientras tanto, el mundo admira la valentía de las mujeres y los hombres iraníes que luchan con las manos vacías contra las fuerzas de seguridad, que están armadas hasta los dientes.

El trasfondo del estallido

Irán entra en la fase de la revolución mientras la población sufre gravísimos problemas económicos. En el año 2014 más de 23% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza,

mientras que es porcentaje ha aumentado hasta el 32% en el 2020: de cada tres iraníes, uno es pobre. Hay estudios más exhaustivos de la situación económica de la población que apuntan que un 50% de la población vive en extrema pobreza mientras la inflación está por encima del 40%. Las estadísticas hablan del 25% de la población activa en paro, pero esta cifra incluye solamente a las personas que trabajan 8 horas a la semana. Además, el 82% de los puestos de trabajo están ocupados por los hombres y el 18% por las mujeres.

El 35% de la totalidad del presupuesto depende de la venta del petróleo, pero hay un 60% de déficit presupuestario que impide al estado gastar en los proyectos públicos. En los últimos tres años hay más de 300 ciudades que han experimentado de una forma u otra las huelgas de los trabajadores en las fábricas, zonas rurales, negocios, transporte publico, personas jubiladas y profesores y profesoras en los institutos. Las causas de las huelgas han sido la inflación, la corrupción, el paro extendido y discriminación de clase en las relaciones económicas del país.

Una revolución que se repite

Desde el triunfo de la revolución en 1979 la ciudadanía iraní nunca han cesado de protestar contra el régimen por los problemas económicos, por la falta de libertades sociales y políticas, por la discriminación generalizada en todo el país y por discriminación del género, por no tener aire limpio para respirar y por no tener derechos como individuos. El estado islámico nunca se interesó en escuchar a la gente ni tampoco quiso resolver sus problemas. El régimen teocrático desde al principio cerró todos los espacios sociopolíticos con el fin de que la población no pudiese hablar,

quejarse, protestar o manifestar sus preocupaciones. La represión fue la respuesta elegida para enfrentarse a las protestas. El régimen desenfundó sus espadas en los 80. Decenas de miles de ciudadanos fueron ejecutados. Los ocho años de guerra con Irak fueron un pretexto perfecto para acallar a las voces criticas.

En 1988 ocurrió la masacre de los presos políticos en todas las prisiones del país. En las décadas de los 90 y 2000 siguió la represión contra los movimientos sociales y en contra de los movimientos reivindicativos. En 2009 el movimiento verde sorprendió al mundo: millones de personas salieron en las calles reivindicando sus derechos, pero la brutal represión devolvió la calma a las calles. Aun así, sabíamos que las llamas estaban allí, por de bajo de las cenizas, prestas a resurgir.

Las protestas populares de noviembre de 2019 empezaron por el aumento de los precios de combustible y después todo el país se levantó contra el régimen y sus políticas discriminatorias, tanto en aspectos económicos omo políticos y étnicos, religiosos y de género. La intervención militar del régimen en los países como Siria, Yemen, Líbano e Irak fue también una causa, así como la energía nuclear y sus consecuencias.

En estas protestas murieron más de 1500 personas, entre ellas menores de edad. Los francotiradores apuntaban a la gente desde los tejados, para crear terror y obligar a manifestantes a regresar a sus casas. Aunque en noviembre del año 2019 el régimen, con una represión brutal pudo devolver la calma a las calles, no pudo evitar la ruptura total entre el pueblo y el gobierno del Ayatollah Jameneii, que había intentado crear una Aura Sagrada a su personalidad y al régimen como los “representantes de Dios en la tierra”.

Recientemente, se ha difundido en redes sociales un vídeo clip de una joven dirigiéndose a las autoridades de la República Islámica diciéndoles: “¿Creéis que salimos a las calles por nuestros velos? os equivocáis, protestamos porque nuestros padres no tienen trabajo, porque nuestros hermanos no tienen futuro, nuestros esposos trabajan todo el día pero por la noche no tienen nada que traer a casa para sus hijos. Estos son las causas de nuestra ira y nuestros problemas. ¿Todavía decís que el velo es la causa de las protestas?. ¿No sabéis que nos habéis quitado desde hace 40 años nuestros derechos como ciudadanas iraníes? Y por encima de todo, habéis pisoteado nuestra dignidad humana, no nos consideráis humanas. Yo salgo a protestar no solamente por mi pelo sino para que no me obliguéis a llevarlo contra mi voluntad. Yo quiero ser libre para elegir. Mi padre y mi abuelo los dos fueron fusilados por ser críticos con el estado, uno murió por la monarquía de Shah y el otro por los islamistas. Salgo a protestar porque estoy cansada de tanta discriminación y humillación. Nuestros problemas son nuestra cultura y nuestra civilización que están invadidas por vuestros rancios pensamientos,que han destruido nuestro país. Tenemos muchas razones para salir fuera y seguir luchando hasta el final, hasta que seamos dueñas de nuestros propios destinos”.

Los ideales de Justicia, libertad y democracia“ han sido heredados por las nuevas generaciones, aunque no debemos limitar el actual movimiento socio político solamente a la juventud. Irán tiene una historia larga de lucha por conquistar un estado de derecho. Desde 1906, el año del triunfo de la revolución contra la monarquía absolutista, hasta hoy, Irán nunca ha dejado de luchar. Y así continuará haciéndolo.

*Amnistía Internacional no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este artículo que no tienen por qué coincidir con las de la organización.

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional Canadá (habla francesa) en colaboración con la comunidad Innu de Pessamit se centra en las violaciones de los derechos humanos que han experimentado la nación Innu de Pessamit, consecuencia del efecto combinado del cambio climático y la actividad forestal, hidroeléctrica y turística, así como de políticas colonialistas.

Recientemente estuvimos en el territorio de la nación Innu para conocer las dificultades que tienen para proteger el medioambiente y su cultura. Para la comunidad Innu de Pessamit, la relación estrecha con la tierra es una expresión del modo de vida y la espiritualidad Innu. Cuando estas están en peligro, su identidad y su cultura tradicional —innu-aitun—también lo están. La erosión del litoral amenaza la práctica de ciertas tradiciones culturales, al mismo tiempo que conduce a la pérdida de parte del territorio.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que los pueblos Indígenas “han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido despojados de sus tierras, territorios y recursos”. Injusticias que continuarán hasta que no se garanticen procesos de verdad, justicia y reparación. Sólo de esta forma podrá haber reconciliación. El artículo 25 de la Declaración establece que “los pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”.

Además, en su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) deja claro que son las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran los 476 millones de personas Indígenas de todo el mundo, las que más sufren los efectos del cambio climático debido a la naturaleza de su conexión entre identidad cultural y territorio.

El interés de la nación Innu de Pessamit por el cambio climático se remonta a hace una veintena de años, precisamente a causa de la erosión de las riberas. Este fenómeno se ve acentuado por el aumento de las temperaturas, los inviernos más suaves y la multiplicación de los periodos de congelación y descongelación. El menor espesor del hielo reduce la protección del litoral frente a las olas y las tormentas de invierno. La erosión modifica el fondo marino donde se deposita el limo, lo que dificulta el desove de los peces. Además, los veranos son cada vez más calurosos. La fauna y la flora cambian, las hojas de los árboles se vuelven amarillas en pleno verano por la falta de agua y el sol. Son hechos preocupantes.

No obstante, el IPCC reconoce que el clima, el territorio y la biodiversidad están mejor cuando se respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La comunidad Innu de Pessamit es consciente de ello. Por eso, el Consejo Innu de Pessamit ha creado un equipo para supervisar los cambios en Nitassinan, el territorio ancestral reclamado y no cedido, y ha puesto en marcha un proyecto de recuperación del salmón en el río Betsiamites. La nación también pide la creación de una zona protegida para el caribú de los bosques y se ha asociado con universidades para entender la erosión de las riberas y buscar soluciones.

Pese a todas estas iniciativas, en última instancia la comunidad de Pessamit no tiene poder de toma de decisiones sobre las actividades de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y turística, cuyo impacto no solo afecta al territorio, sino que acentúa el cambio climático.

Desde 1950 se han construido trece centrales hidroeléctricas y 16 presas de Hydro-Quebec en el territorio de Nitassinan de la comunidad de Pessamit sin consentimiento libre, previo e informado, ni nada que se pareciese a una consulta. No se puede reescribir la historia, y eso no es lo que pretende la comunidad Innu de Pessamit, como tampoco pretenden vivir en la Edad de Piedra. Pero lo mínimo que podemos hacer es reconocer que no se hicieron consultas y que eso tuvo enormes perjuicios, y, consecuentemente, pagar las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, en el presente podemos hacer las cosas de otra manera: no “consultando en la medida de lo posible”, sino garantizando la obtención del consentimiento libre, previo e informado de toda la comunidad.

Las consultas son pertinentes en todos los sectores, y el gobierno provincial y los municipios regionales de condado (MRC) tienen el deber de garantizarlas. El bosque boreal del hemisferio norte, del que Canadá es el principal guardián, es fundamental para la lucha contra el cambio climático por su elevado potencial de almacenamiento de emisiones de carbono. No obstante, “cada año, la tala industrial en Canadá tala más de un millón de acres de bosque boreal, gran parte de ellos en bosques primarios insustituibles y exclusivamente ricos en carbono”, según Jennifer Skene, de la organización Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC).

Y cada vez que se hacen nuevas carreteras para dar servicio al sector forestal, los cazadores no nativos y los turistas se apoderan de ellas. La explotación turística de Nitassinan es un fenómeno creciente que supone una amenaza adicional para las actividades tradicionales de los innu. El gobierno de Quebec y los municipios regionales se reparten la concesión de los permisos de tala y turismo sin tener en consideración al pueblo innu.

Es cierto que en años recientes el gobierno federal se ha esforzado por incorporar a la nación y su visión en la gestión del territorio. No obstante, en el ámbito provincial la comunidad sigue sufriendo un rechazo pertinaz: “Nos consultan por cumplir una formalidad. Proponemos formas nuevas de hacer las cosas pero no nos escuchan. No nos toman en serio,” testificó Éric Kanapé, biólogo y asesor ambiental.

Por último, no podemos ignorar los efectos que han tenido los 150 años de políticas colonialistas, y que el modo de actuar de los gobiernos y las empresas es un corolario de este colonialismo arraigado.

La primera nación de Pessamit quiere una relación entre naciones con los niveles de gobierno a fin de poder determinar su propio desarrollo en su territorio, es decir, negociar hasta llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. Dicho de otro modo: dar a la otra parte el poder de decir no. “Exigimos respeto desde todos los niveles de gobierno porque se nos está ignorando”, declara la jefa Innu Marielle Vachon.

Por último, recordemos que las Naciones Unidas consideran la degradación medioambiental y el desarrollo insostenible como las mayores amenazas para el derecho a la vida de las generaciones futuras.

La Fiscalía de Chile continúa investigando, y parece que ahora muy en serio, a varios funcionarios y exfuncionarios públicos chilenos, como el expresidente Sebastián Piñera, el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, o el actual General Director en el gobierno del presidente Boric, Ricardo Yáñez, por sus presuntas acciones u omisiones durante la violencia policial de las protestas masivas de 2019.

Se trata de indagatorias en base a tres querellas: una por delitos de lesa humanidad y otras dos por tortura generalizada (apremios ilegítimos) contra personas manifestantes durante el estallido social. Estas investigaciones están en línea con lo que Amnistía Internacional denunció en su informe Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. En ese entonces, Chile se volvió noticia mundial por detentar, en tiempo récord, el pésimo título de país con mayor número de personas con trauma ocular provocado por agentes de la policía.

Lo que empezó con protestas aisladas en Santiago dio paso en muy pocos días a manifestaciones masivas en todo el país que exigían educación y salud pública de calidad, seguridad social y trabajo digno. El malestar de la sociedad acumulado por décadas explotó de una forma inesperada. Pero aún más inesperado fue el actuar de Carabineros de Chile.

Carabineros y el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera se esforzaron en presentar las manifestaciones como acciones vandálicas que justificaban el uso de la fuerza debido a la “grave alteración del orden público” y los “atentados contra la propiedad pública y privada”. El uso de bombas molotov o de piedras contra la policía, a pesar de ser hechos aislados, fueron el clavo ardiendo al que se aferró la autoridad para justificar su represión. Las redes sociales se inundaron de imágenes de una violencia policial a todas luces desmedida.

Tan solo entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, se contaban al menos tres muertos a manos de agentes del Estado y las personas atendidas en urgencias de acuerdo con el Ministerio de Salud sumaban 12.500.

Lo que Carabineros y el gobierno decidieron ignorar es que el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación nacional chilena priorizan la protección de las personas frente a la protección de los bienes muebles e inmuebles por una sencilla razón: el valor de la vida, frente al valor de las cosas y la capacidad de las cosas de poder ser reparadas, frente a la vida.

El menosprecio a esa premisa condujo al desastre, y posiblemente a lo que la Fiscalía y el Poder Judicial pudieran llegar a considerar ahora una conducta criminal por parte de los mandos de Carabineros que lo permitieron.

Entre las conductas más graves atribuidas a la policía chilena sobresalió el uso de escopetas cargadas con munición altamente lesiva y disfrazada por la narrativa oficial como “balas de goma”. Se trataba de cartuchos que contenían 12 perdigones de goma y metal que penetraban la piel, que eran imposibles de direccionar y que Carabineros disparó de forma indiscriminada. Las balas de goma, cuyo uso es excepcional, siempre deben estar dirigidas a una sola persona y únicamente si ésta pone en riesgo la vida o la integridad de otra.

A pesar de la evidencia y del aumento de lesiones día tras día, las autoridades, y entre estas los mandos de Carabineros, derrocharon saliva insistiendo que los balines que usaban eran de goma, porque en los datos de compra así aparecía. Algo así como decir que un tigre es un gato, solo porque el vendedor ha dicho que lo es.

Una de las mayores tragedias fue la cantidad de personas que sufrieron trauma ocular, en su mayoría debido a esta munición disparada desde escopetas Hatsan Escort. En mes y medio casi 350 personas, la mayoría gente joven, adquirió injustificadamente una discapacidad de por vida. Esa cifra aumentó hasta superar las 440 víctimas a lo largo del estallido.

En un continente que durante los últimos cinco años ha registrado numerosas explosiones de descontento popular debido a la desidia hacia sus gobernantes y sus políticas, por la impunidad y la corrupción, por la falta de oportunidades frente a la riqueza de unos pocos, Chile podría ser el ejemplo que las Américas necesita, demostrando que exigir derechos merece la pena y el respeto.

Ninguna sociedad se transforma en la buena dirección sin justicia. Hacerlo a costa del sufrimiento de las víctimas sería construir el cambio sobre cimientos maltrechos. Es por eso que, dentro de esa ruta, no puede faltar el avance de las investigaciones y los posteriores procesos penales contra todas las personas que pudieran tener responsabilidad por las secuelas y el dolor de tantas otras que lucharon para que Chile sea un país mejor.

En el informe Ojos sobre Chile, Amnistía Internacional pidió la investigación de los mandos estratégicos de Carabineros, al menos de los entonces General Director, General Subdirector y Director de Orden y Seguridad. Ha llegado el momento de que la Fiscalía decida si solicita, con pruebas suficientes y admisibles para ello, la imputación, y de que la justicia avance.

Una madrugada de septiembre de 2020 me despertaba pesadamente después de una noche de trabajo y pocas horas de sueño. El brillo de la pantalla en la oscuridad de mi pequeño estudio inició la jornada de trabajo: otro informe de Naciones Unidas, otro llamado al gobierno, y otro esfuerzo por valorar el conocimiento de la verdad en un ambiente de tinieblas. Todo ello en medio de un estruendo tanto de los que odian la verdad como de los que, desde tantas desilusiones, ya no creen en informes desde sitios tan bellos como lejanos.

Ya con el café en la mano, busco correos, enlaces y hago contacto con otros defensores de derechos humanos, y finalmente me llegan dos documentos: el informe de la “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”.

Sinceramente, no tenía expectativa alguna, luego de leer tantos reportes sobre las constantes atrocidades que se cometen en el país, y que, al ser parte de nuestro presente, generan un discurso tristemente cotidiano. Por ello nunca dejaré de recordar que más que el café, la lectura del documento mismo avivó mis sentidos.

Lo primero fueron las cuatro palabras. Unas que tantos escuchamos, replicamos e hicimos propias, pero que en el ámbito internacional, en el sistema interamericano o en el sistema de Naciones Unidas no habían tenido un eco oficial. Esto último es importante, porque lo oficial tiene un peso y una significación en las organizaciones internacionales que linda con lo dogmático para luego convertirse en litúrgico. La diferencia entre ser y no ser, en muchos casos, está en la a veces discreta diferencia entre lo oficial y lo extraoficial. Por ello, que oficialmente leyese en un documento con el membrete de Naciones Unidas las palabras: “crímenes de lesa humanidad”, luego de tantos años, de tantas denuncias, de tanto decirlo, y, sobre todo, después de tanto dolor, hizo que se me nublase la vista, obligándome a pausar la lectura.

Leer siempre ha sido mi pasión, desde la adolescencia los libros han sido mi familia y mi compañía, con ellos me he reído, me he entristecido y sentido una larga lista de emociones, pero nunca había llorado, porque de forma cobarde, utilizaba para evitarlo, el viejo truco del abandono del texto. De ahí entonces que me encontrase con una emoción inédita, y por lo mismo, fuera de mi control.

Sólo pensar que en algún rincón de este país podía haber una madre que viera en ese documento la realidad de la tragedia que tiene años denunciando con el mismo término que ella ha aprendido a utilizar de la peor manera, por su propia vivencia, me decía que ese informe, , no eran unos folios ordinarios, ni otro papel más en el inmenso archivo de Naciones Unidas. Más aún, era la manifestación que, por algunos instantes, la verdad oficial finalmente podía ser el reflejo de la más terrible realidad. Una especie de estrella fugaz en el derecho internacional.

Leo también que la violencia del estado tiene dos caras en Venezuela, la que se denomina la “represión política selectiva” y la que se hace en un contexto de control social, la primera contra los considerados disidentes políticos y la otra contra líderes de las zonas populares. Es decir, se trata de una violencia de estado para quien se oponga y como medio de control social.

Y esto tiene también su propia trascendencia, porque hace sistemático el horror. Lo hecho se ejecutó a través de “un ataque generalizado y sistemático”. Sistematizar es otra palabra clave de la liturgia discursiva de las organizaciones internacionales, y quizá por ello tan ajena a nuestro caos y desorden caribeño en el que tan fácilmente nos extraviamos, y por lo mismo no nos parece aplicable. Pero allí estaba, pues sí lo es, explicado con casos rigurosamente documentados para poner de manifiesto que la censura, la tortura y las demás atrocidades tenían un orden y una razón de ser predeterminada y ejecutada dentro de otra idea dogmática: la política de estado.

Consecuencia de lo anterior es la lógica conclusión de que al ser sistemáticos y generalizados los crímenes de lesa humanidad, existe por tanto una responsabilidad penal de las cadenas de mandos, y en particular, de los niveles más altos de los organismos de seguridad involucrados. Esto que parece bastante obvio, tiene gran significado en una sociedad donde la hegemonía comunicacional oficial pretende presentar, un día sí y otro también, que una sentencia condenatoria a un soldado raso o a un policía de bajo rango es sinónimo de justicia. Y sin duda alguna no lo es, pero una cosa es saberlo y tratar de decirlo en los estrechos límites de nuestra humilde cuenta de Twitter o en los pocos medios de comunicación locales, que, a pesar de las amenazas permanentes, se atreven a decirlo, y otra cosa es escucharlo desde un órgano de Naciones Unidas expuesto a los cuatro puntos cardinales.

Gracias a un mensaje de un defensor, me entero que la Misión informó de la existencia de centros de torturas clandestinos, y que uno de ellos, en el oeste de la ciudad, queda a unos minutos de mi casa. Esto me perturbó más que todo lo anterior, pues me hizo consciente de que, a pesar de ser defensor de derechos humanos, de vivir en Venezuela y de estar en contacto diario con la emergencia permanente que es querer ser un ciudadano en este país, me entero de una de las peores manifestaciones de la barbarie gracias a unas personas en Ginebra. Me sentí extranjero en mi país. Sólo por eso les estaré siempre agradecido y lo digo por todas las víctimas a las que les dijeron que sus gritos nadie los escucharía. No era cierto.

Terminaba aquel informe instando al estado venezolano a investigar los crímenes denunciados y hacer justicia involucrando a los más altos responsables de los organismos señalados como responsables. El tiempo nos ha mostrado que esa recomendación no se ha acatado, ni siquiera luego de que tanto la como el Fiscal de la Corte Penal Internacional confirmaran lo dicho por la misión sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la necesidad de una investigación sobre las cadenas de mando. Pero eso, quisiera recalcarlo, no quita para nada valor a un documento que tanto nos dijo y nos sigue diciendo.

La verdad de lo dicho por la Misión no sale de un testimonio desgarrador entre tanto desgarro, sino en la exhaustividad y la rigurosidad. Esa rigurosidad se muestra en el hecho de que las fuentes, muy a pesar de la verdad oficial del estado venezolano, son directas: se trata de las víctimas, de sus familiares o de sus abogados, e incluso de funcionarios y ex funcionarios, que, desde el triste privilegio de la vivencia, informaron a la Misión sobre el panorama de una sociedad coaccionada y violentada. Esta legitimidad de las fuentes, y una vez más, la metodología que permite sistematizar la violencia que muchas veces apreciamos de forma aislada, son las grandes fortalezas de un documento hecho de acuerdo con las arduas exigencias del Estatuto de Roma.

A este informe siguieron otros, orales y escritos, con la misma contundencia, profundizando en el análisis y documentación de los crímenes denunciados y describiendo cómo el poder judicial no se limita, como en otros países análogos, a ignorar y ser simple espectador complaciente de la represión, sino que forma parte esencial de esta. En este sentido, la Misión describe cómo los jueces venezolanos, encargados de impartir justicia, esto es, de proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder, en cambio no juzgan, sino que obedecen, por lo que no es correcto calificarlos como jueces, sino simplemente como funcionarios sumisos para los que la independencia y la imparcialidad son simples palabras exóticas.

Lo expuesto, junto con el hecho de que lo descrito por la Misión no es parte del pasado, sino que sigue siendo la realidad del pueblo venezolano, es razón suficiente para que la Misión continúe. Para mí no es algo político, ni estratégico, sino de simple coherencia, porque debe seguirse investigando lo que sigue ocurriendo, hasta que deje de ocurrir. Y no es un juego de palabras, sino la exigencia que, detrás de la lucha por los derechos humanos, la denuncia y la protesta ciudadana quedan expuestas a una sed de justicia de la que nadie puede ser ajeno.

No hay accidentes en los crímenes de lesa humanidad, todo es causal y esperado.

Los efectos del cambio climático amenazan el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, al trabajo, a una vivienda digna y adecuada, entre otros, de las generaciones actuales y las que están por llegar. El pasado mes de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible en una votación con 161 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra. Garantizar este derecho es un requisito previo indispensable para el disfrute del resto de derechos.

En 2021 Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones, promovió la creación de la figura del Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Los relatores son personas expertas independientes cuya misión es informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o de país al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ian Fry, reconocido experto medioambiental nombrado para el puesto ha identificado ya las prioridades temáticas de su mandato, señalando en primer lugar que «la mitigación, adaptación y acciones financieras para enfrentar el cambio climático, con especial énfasis en pérdidas y daños deben inspirarse en la promoción y protección de los derechos humanos».

Así, cuando se habla de ampliar áreas protegidas y conservadas o de megaproyectos de infraestructuras, es imperativa la consulta a las comunidades afectadas y contar con el consentimiento libre, previo e informado en el caso de los pueblos indígenas.

Pero es que en el planeta desigual que habitamos hay quien no tiene la capacidad necesaria para invertir y producir esos cambios necesarios. Es el caso de los países con bajos ingresos, que, además, suelen coincidir con los que menos emisiones de gases de efecto invernadero lanzan a la atmósfera. Impulsar la cooperación económica, financiera y fiscal con los países del Sur global es urgente.

Los datos tienen rostro

Abordar las implicaciones para los derechos humanos del desplazamiento por el cambio climático es la segunda prioridad del Relator Especial de Naciones Unidas, sobre todo «la protección legal de las personas desplazadas a través de las fronteras internacionales». Según Naciones Unidas, cada año se desplazan de sus territorios 20 millones de personas por causas relacionadas con el cambio climático. Muchas de ellas necesitan protección internacional para rehacer sus vidas. Si no se toman medidas urgentes para reducir progresivamente la producción y consumo de combustibles fósiles, el número de personas desplazadas aumentará exponencialmente porque determinadas regiones del planeta empiezan a ser inhabitables debido a la subida de la temperatura global. Los estados tienen derecho a organizar los flujos de entrada en el país, pero es su obligación también garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo y a que se reconozca su condición de refugiadas.

El contexto global es complicado. La pandemia y las secuelas de la invasión de Ucrania han generado un exorbitante aumento de los precios de los combustibles fósiles que grupos de presión está aprovechando para promover un retroceso en las decisiones sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles o para ampliar estos combustibles en su ámbito local. Nuevamente se insiste en el recurso al carbón y al gas y, como es el caso de España, también se mantienen los subsidios a los combustibles fósiles en lugar de apostar decididamente por las energías renovables.

Por eso es tan importante «mejorar la legislación sobre el cambio climático», tercera de las prioridades del Relator de Naciones Unidas. En este sentido, cabe destacar iniciativas internacionales como promover un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una propuesta que agrupa ya a más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil, cien premios Nobel y numerosas ciudades como Barcelona, Melbourne o Vancouver. El abandono de combustibles fósiles es la pieza clave que permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de temperatura en el marco de 1,5ºC, en línea con el Acuerdo de París. España se comprometió durante la COP 26 en 2021 a elevar su compromiso de reducción de emisiones hasta el 55% en 2030, apoyando así el acuerdo del Consejo Europeo de Medioambiente. Sin embargo, la legislación española actual prevé una reducción de solo el 23% para 2030: claramente hay margen para la mejora que señala el Relator Especial Fry.

También es importante recordar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y medioambiente, cuarta prioridad del Relator. Este aspecto se deja en su mayor parte a la voluntariedad de las compañías y es urgente desarrollar un marco legislativo que regule las obligaciones de estos actores. El sector privado debe, entre otros, prevenir, mitigar y en su caso reparar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos y medioambiente en toda la cadena de valor y elaborar planes de transición con objetivos de reducción de emisiones. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa con datos de 2021, solo 13 empresas del IBEX-35 tienen en cuenta la identificación de riesgos sobre los derechos humanos ligados a su actividad. Francia, Noruega y Alemania ya cuentan con legislaciones que regulan la debida diligencia de las empresa en materia de derechos humanos. La aprobación de una ley en España no puede demorarse más, como demanda la Plataforma por Empresas Responsables, de la que Amnistía Internacional forma parte junto a más de 500 organizaciones.

La urgencia de la acción climática ambiciosa es más evidente que nunca. Los datos están sobre la mesa y los consecuencias del cambio climático, presentes como nunca hasta ahora. La COP27, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Egipto, será la oportunidad para que los Estados adopten medidas valientes sobre la reducción de emisiones, la financiación climática, la reparación de pérdidas y daños y el empoderamiento climático. La insuficiente acción de los gobiernos ante la crisis climática afecta es ya una vulneración de derechos y de continuar así puede ser la mayor violación intergeneracional de derechos de la historia. El tiempo se agota.

La pregunta del título no es mía. La hacen en carteles familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en una de las manifestaciones que a lo largo de los años se han organizado en México. Hay otras preguntas que también martillean la conciencia: “¿Y si tu hijo fuera el 44?”.

El de Ayotzinapa es el caso de desaparición forzada más famoso de México y quizá del mundo. Resumiendo mucho se puede decir que hace casi ocho años, 43 estudiantes, todos hombres y todos indígenas, de una escuela rural de un pueblo del estado de Guerrero desaparecieron en una madrugada en la que tomaron varios autobuses para recaudar donativos y participar en unas protestas. Se sabe que fueron arrestados por policías municipales y a partir de ahí nada, desaparecieron. Desde entonces, se han encontrado e identificado los restos de tres de ellos.

A pesar de la indignación local y mundial, la investigación sobre la desaparición fue todo menos tal. Tres meses después del fatídico día de septiembre de 2014, el entonces procurador general de la República (el equivalente al fiscal general en España), Jesús Murillo Karam, dio públicamente una explicación oficial sobre lo ocurrido. En una conferencia de prensa, declaró que los estudiantes habían sido asesinados por un cártel de la droga al ser confundidos con miembros de una banda rival y que luego habían quemado los cadáveres en un basurero. Lo llamó la “verdad histórica”, y lo pomposo del titulo ha quedado para la posteridad. Los familiares quedaron sumidos en el caos y la indignación, y posteriormente tres diferentes grupos de expertos internacionales llegaron a la conclusión por separado de que no había pruebas científicas para hacer esa afirmación. Aun así, nadie se retractó de estas afirmaciones ni tampoco se tiró del hilo que dejó el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (una de las tres instituciones) que dijo que al menos 33 de las personas detenidas en Ayotzinapa habían sido torturadas para extraer confesiones que apoyaran la versión oficial.

Unos meses después de la polémica rueda de prensa, y en un intento de demostrar que se estaba actuando para arrojar algo de luz sobre la tragedia, el gobierno mexicano accedió a permitir que estudiara el caso un equipo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos emitieron dos informes, muy críticos con la investigación.

Por ejemplo, dijeron que el funcionario que había estado a cargo de la investigación había manipulado la escena del crimen en un intento de demostrar que un trozo de hueso perteneciente a uno de los estudiantes había sido hallado a orillas de un río local. Un escándalo. Pero una investigación superficial sobre la acusación no arrojó ningún resultado, y este funcionario recibió una promoción laboral a un cargo superior.

El prestigioso grupo de expertos internacionales fue invitado a irse. Las autoridades dijeron que México podía asumir la tarea de determinar la suerte y el paradero de los estudiantes sin “ayuda” internacional.

En diciembre 2018 cambió el gobierno y entró la administración de López Obrador, que había adquirido públicamente el compromiso de arrojar luz sobre este caso. El gobierno creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia dedicada a dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. También aceptaron la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos de desaparición en México.

En agosto de 2022 tenemos por fin algunos resultados. La Comisión ha emitido un informe que afirma tajantemente que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”, que hubo una política intencionada de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades. Un día después fue detenido el ex-Procurador Murillo Karam (el de la “verdad histórica”) por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia y también se emitieron órdenes de aprehensión contra decenas de mandos militares, policías locales y estatales, autoridades administrativas y judiciales y miembros de un grupo criminal. Y como guinda, el viernes el gobierno señaló a un coronel del Ejército como el hombre que presuntamente dio la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes.

Las familias de los estudiantes de Ayotzinapa ven con gran recelo y escepticismo esta cadena de noticias. Y quién puede echarles en cara su poca fe después de estos ochos años. Todavía queda un largo y seguro que arduo camino para que obtener justicia y reparación. El dolor es profundo y 40 familias esperan todavía que les devuelvan los cuerpos de sus chicos, que ahora el gobierno dice dar por muertos. “Todavía es mentira hasta que nos digan ‘aquí están los cuerpos’. Mientras no haya nada vamos a seguir buscándolos con vida” afirma uno de los familiares.

Es seguro que están algo más cerca de la justicia que las familias de las 100.000 personas que el gobierno de México admite como desaparecidas desde 1964. ¿Qué cosecha un país que siembra cadáveres? Desesperanza y abusos a los derechos humanos.

A los pueblos indígenas, en la mayoría de los países nos discriminan, nos tratan con racismo, y nos han despojado y desalojado de nuestras tierras. Los grupos de poder y de dominio ejecutan las políticas de empobrecimiento e impiden toda clase de oportunidades de superación humana, social y laboral. Pocos gobiernos invierten en educación, salud o infraestructura en las comunidades donde predominan los pueblos indígenas. Al contrario, se nota la ausencia total del Estado.

Los gobiernos y los grupos de poder económico siguen folclorizando nuestras costumbres y formas de vida, extrayendo parte de la cultura de los pueblos indígenas para atracción turística cuando les conviene.

Los Estados y las empresas extractivas actúan en forma racista y excluyente cuando instalan proyectos o megaproyectos que afectan a nuestras comunidades, sin respetar ni cumplir con las leyes nacionales o los estándares internacionales de informar y consultar previamente. Las comunidades indígenas tenemos sabiduría ancestral y practicamos principios y valores que nos orientan a no dar el consentimiento a los megaproyectos o monocultivos que se quieren instalar en nuestros territorios.

En nuestras culturas siempre se nos ha enseñado a las distintas generaciones el amor y el respeto que se debe tener a los cerros, valles, ríos, montañas, a los bosques, al aire que respiramos, a la lluvia, y demás elementos de la madre naturaleza. Cualquier daño que permitimos que le realicen, nos hacemos ese daño a nosotras y nosotros mismos. Por lo tanto, somos cuidadores y guardianes de la madre naturaleza en nuestros territorios. Es un insulto y una falta de respeto para nosotras y nosotros cuando llegan empresas a saquear y despojar los bienes naturales que con mucho esfuerzo hemos conservado.

Cuando manifestamos nuestra inconformidad por los daños que ocasionan las empresas a la madre tierra o al medio ambiente, son las mismas estructuras del Estado las que nos reprimen en las manifestaciones, nos criminalizan y utilizan o manipulan procesos penales para encarcelar a los líderes o lideresas de los pueblos indígenas, tan solo por defender derechos humanos. Hay muchas personas que guardan prisión y son víctimas de tácticas dilatorias en los procesos judiciales para castigarlas por medio de la tortura psicológica.

Yo, Bernardo Caal Xol, del pueblo Maya Q’eqchi’ en Guatemala, soy amparista contra las hidroeléctricas Oxec S.A., que desviaron y secuestraron el río Cahabón, y han dejado sin acceso al agua a miles de familias y miles de seres vivos que durante muchos siglos han utilizado el sagrado río en nuestro territorio.

Junto a las comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, denuncié la violación del derecho a la información y consulta al pueblo Q’eqchi’ en el otorgamiento de licencias ambientales y concesión del río Cahabón a los proyectos Oxec y Oxec II. Denuncié el delito ambiental por la tala sin licencia de 15 hectáreas de bosque natural – los bosques tienen un papel fundamental para combatir el cambio climático. También denuncié la construcción de las hidroeléctricas, la apropiación ilegal de un terreno nacional y la privación del acceso al agua a los habitantes indígenas Q’eqchi’ de las riberas de los ríos Oxec y Cahabón.

Por hacer estas denuncias en representación de mi pueblo me han perseguido y criminalizado. El 24 de marzo salí de la prisión al cumplir una sentencia por delitos que fabricaron las empresas y el Estado. Así comprobé y evidencié la forma en que las empresas cooptan las estructuras del Estado de Guatemala.

El Estado responde a nuestras denuncias y demandas encarcelando y torturando a representantes de los pueblos indígenas para que no reclamemos nuestros derechos, principalmente ante la imposición de megaproyectos que no benefician a la mayoría. La energía eléctrica que producen las empresas en mi comunidad no es para las familias Q’eqchi’s, es para comercializarla en otros países, mientras que nuestras comunidades no cuentan con energía eléctrica. Aún seguimos utilizando el candil en nuestras familias, por ello, con toda certeza señalamos que las empresas solamente nos despojan de nuestros bienes naturales.

Amnistía Internacional realizó un estudio exhaustivo de mi caso y en julio de 2020 me declaró Preso de Conciencia al comprobar que únicamente defendí los derechos colectivos de mi territorio de forma pacífica, pero estuve injustamente encarcelado cuatro años y dos meses.

Este nueve de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, alzo mi voz para exigir a los gobiernos del mundo que no sigan criminalizando a los hermanos y hermanas indígenas. Que se respeten los territorios que habitamos. Qué se respeten los bienes naturales que hemos protegido, porque así nos enseñaron nuestros ancestros y ancestras.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada seguirán siendo los pilares fundamentales para nuestra existencia y la construcción de una democracia en cada país del planeta. Por eso exijo que se respete y se garantice el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.

Asimismo, exijo a los gobiernos que hagan valer y respeten las leyes y convenios internacionales para que los empresarios se hagan responsables de los daños que le han ocasionado a la madre tierra, al medioambiente y a la biodiversidad, principalmente ahora que estamos teniendo consecuencias fuertes por el cambio climático.

Los pueblos indígenas nos encontramos ante una situación tan difícil, porque tenemos que seguir enfrentando al COVID-19, somos los más vulnerables ante los impactos del cambio climático, seguimos defendiendo nuestro territorio ante los saqueos y despojos, seguimos luchando para defender el agua, nuestros ríos y bosques, y seguimos enfrentado diariamente el racismo estructural, el patriarcado y la colonización que nos impone el Estado de cada país donde vivimos.

Por todo lo descrito anteriormente, todos los Estados de América Latina y el Caribe deben aprobar y firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como proteger el trabajo que realizamos los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Esto es urgente.

El caso de Bernardo Caal Xol es parte de Escribe por los Derechos, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.