Han pasado ya cinco meses desde el “cero eléctrico” que dejó sin luz a España y Portugal durante varias horas del 28 de abril de 2025 y parte de la madrugada siguiente. Fue un suceso inédito: nunca antes se había registrado una interrupción de semejante alcance.

En el tiempo transcurrido ha sido posible reconstruir la secuencia del incidente con precisión de centésimas de segundo, pero persisten discrepancias sobre las causas -sin duda multifactoriales- que determinaron algunas desconexiones de centrales y equipos que fueron decisivas en la irreversibilidad del proceso. Las investigaciones continúan y todavía no existe un consenso claro. Sin embargo, sí pueden ser extraídas ya enseñanzas valiosas sobre cómo reforzar nuestro sistema eléctrico, tanto desde una perspectiva técnica como regulatoria.

El episodio ha recordado la importancia de revisar los protocolos de coordinación entre los distintos agentes del sector, reforzar la transparencia en la comunicación de incidencias y adaptar la regulación del mercado y de la operación del sistema a los nuevos desafíos de la transición energética. Solo una visión integral -que combine resiliencia tecnológica, buen gobierno regulatorio y cooperación efectiva- permitirá reducir el riesgo de futuros apagones y garantizar la estabilidad del suministro.

El suceso también ha servido como llamada de atención sobre el valor estratégico de la electricidad: un bien esencial para hogares y empresas cuya continuidad depende de un sistema cada vez más complejo y cada vez con mayor participación de nuevas tecnologías de generación, de almacenamiento y de control.

Las causas: una reacción en cadena difícil de reconstruir

Determinar las causas exactas del apagón es tarea de los especialistas en dinámica de sistemas eléctricos. Gracias a los equipos registradores instalados en los principales nudos de la red de transporte (hay 76 equipos capaces de medir las magnitudes eléctricas de forma precisa y sincronizada), el operador del sistema ha podido reconstruir la secuencia de eventos de desconexión que llevaron al cero eléctrico, pero todavía no es del todo posible concluir si ha habido protecciones que funcionaron intempestiva o anticipadamente y pudieran haber condicionado fatalmente el incidente hacia un fallo total. Tocaría ahora, después de haber analizado millones de datos, hacer simulaciones para identificar qué fue crítico y cómo se podría haber evitado, tarea que exige medios técnicos avanzados y plena cooperación entre los actores implicados, algo que lamentablemente no siempre ocurre. Parte de la información pertenece a empresas privadas que la consideran confidencial (a pesar de funcionar con una autorización administrativa), lo que complica la investigación.

De momento, solo se sabe que el apagón se originó por una reacción en cadena de sobretensiones y desconexiones de generación, asociadas a fallos en el control dinámico de tensión. Es probable que no existiera una única causa, sino varias causas concurrentes, todas de muy baja probabilidad de ocurrencia que, combinadas, produjeran un evento de menor probabilidad aún. En definitiva, causas, ninguna de ellas suficiente por si sola para provocar el incidente, pero todas ellas necesarias.

Las discrepancias entre los informes del Gobierno, Red Eléctrica de España (REE) y otros agentes sugieren que aún hay debates técnicos abiertos. El informe definitivo de ENTSO-E -la organización europea de operadores de sistemas eléctricos- está todavía pendiente de la información requerida a algunas empresas eléctricas, y aunque sus avances provisionales confirmen la secuencia de los hechos, falta todavía la identificación de las causas raíz y la elaboración de una lista de recomendaciones. 

Mientras tanto, tanto el Gobierno como REE han adelantado líneas de actuación que cuentan con amplio consenso: 1) Reforzar la disponibilidad de centrales capaces de gestionar tensión y energía reactiva. 2) Mejorar los protocolos operativos y la verificación del cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de las generadoras. 3) Impulsar inversiones en la red de sistemas de control de tensión eliminando restricciones estandarizadas. 4) Impulsar el almacenamiento eléctrico —baterías y otros equipos— para dotar al sistema de mayor flexibilidad. 5) Fortalecer las interconexiones con Europa, para disponer de mayor margen de maniobra ante perturbaciones internas. 6) Aumentar la ciberseguridad en los sistemas de control y comunicaciones.

REE, por su parte, propone garantizar que toda la generación disponga de control dinámico de tensión, revisar los ajustes de protección frente a sobretensiones, mejorar la visibilidad operativa de la red mediante sensores avanzados y reforzar los recursos destinados al control de tensión.

Energía renovable y estabilidad del sistema

Más allá de los aspectos técnicos inmediatos, el apagón ha reabierto un debate de fondo: ¿puede un sistema eléctrico basado casi por completo en energías renovables mantener la estabilidad y la fiabilidad del suministro?

La respuesta, según la mayor parte de los expertos, es afirmativa. Las centrales renovables modernas, gracias a la electrónica de potencia y a sus sistemas de control, pueden aportar servicios esenciales para la estabilidad del sistema, como el control de tensión y frecuencia, e incluso proporcionar “inercia virtual” mediante algoritmos que simulan la respuesta de las máquinas giratorias de las centrales térmicas o hidráulicas.

El desafío no es tanto tecnológico como de coordinación. Es necesario que todas las instalaciones renovables —actuales y futuras— estén equipadas con el hardware y software adecuados, configurados y gestionados bajo criterios comunes. En esa coordinación REE debe desempeñar un papel central para garantizar que la respuesta de las renovables contribuya efectivamente a la estabilidad global.

Este debate técnico enlaza con cuestiones regulatorias de fondo: ¿dispone REE, como Operador del Sistema, de las competencias suficientes para garantizar una operación segura y eficiente del conjunto generación-transporte en tiempo real?

El papel del Operador del Sistema

Conviene recordar que la operación del sistema eléctrico es, ante todo, una función técnica, aunque ya en 1997 (desde la mal llamada liberalización del sector eléctrico) se incorporaran mercados destinados a resolver las restricciones técnicas. La creación de estos mercados -como los de los servicios complementarios- supuso que algunas funciones que antes asumía REE quedaran fragmentadas o sujetas a dinámicas de mercado.

Esta evolución ha generado varios problemas:

-Procesos operativos menos eficientes, al depender de mecanismos de mercado poco competitivos.

-Costes elevados para los consumidores, al fijarse precios por servicios imprescindibles sin verdadera competencia.

-Pérdida de la capacidad que antes tenía REE para planificar la operación a medio y largo plazo, lo que reduce la seguridad del sistema y aumenta los costes del suministro de electricidad.

En este contexto, el apagón ha reavivado un viejo debate: la propuesta, impulsada por algunos grandes grupos eléctricos, de separar las funciones de transporte y operación que hoy desempeña REE. El argumento es el supuesto conflicto de intereses entre ambas funciones, dado que la retribución del transporte se calcula en función de los activos reconocidos.

Sin embargo, el modelo español y europeo ya garantiza la independencia de REE que no produce ni comercializa electricidad, y su red se desarrolla según planes estatales aprobados por el Gobierno y supervisados por la CNMC y el Parlamento. Por tanto, no existe el riesgo clásico de discriminación o competencia desleal.

Separar la operación del transporte generaría, en cambio, nuevos problemas:

-Mayor complejidad y riesgo en la coordinación entre quien opera el sistema y quien gestiona la red. La red es, en definitiva, los ojos a través de los cuales el Operador puede ver y controlar en tiempo real el funcionamiento de un sistema que es extraordinariamente complejo y delicado.

-Pérdida de eficiencia técnica, al romper la relación directa entre la operación en tiempo real y el equipamiento físico.

-Retrasos en la toma de decisiones críticas que afectan a la seguridad del suministro.

-Incremento de costes por duplicación de estructuras y equipos humanos para actividades que se desarrollan simultáneamente necesitadas de una coordinación absoluta.

-Generación de nuevos conflictos entre los costes de mantenimiento de la red y las necesidades para su operación.

La cuestión no debería ser dividir REE, sino -muy al contrario- reforzar su capacidad operativa y regulatoria. Lo esencial es garantizar que el Operador del Sistema disponga de herramientas suficientes para cumplir su misión principal: mantener la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico en tiempo real, de forma compatible con la eficiencia económica y la transición hacia un sistema descarbonizado. 

Hace bien REE en urgir a la CNMC la aprobación de procedimientos que considera necesarios para la seguridad del Sistema Eléctrico. Y la CNMC haría mejor en respaldar la autoridad de REE, como operador del sistema de generación/transporte, sin recurrir, para validar esos procedimientos, a lentos procesos de consultas y alegaciones que no parecen tener más objetivo que oponer su propia autoridad ante quien tiene la responsabilidad de conducir la operación del sistema eléctrico. Con todo esto, pocas bromas. 

También debería la CNMC preocuparse menos con el aumento de los costes que pudieran tener causa en el endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios que propugna REE y más con el diseño de un mercado -el eléctrico- en el que el poder de mercado campa por sus respetos y que ha convertido la electricidad en un instrumento de extracción de rentas de familias y empresas.

Lecciones y futuro

El gran apagón del 28 de abril no solo evidenció vulnerabilidades técnicas, sino también la necesidad de repensar la gobernanza del sistema eléctrico en una etapa de cambio profundo. España avanza hacia un modelo energético basado casi por completo en renovables, interconectado con Europa y apoyado en redes inteligentes. Pero esa transición exige reforzar la capacidad de respuesta ante perturbaciones y asegurar que la regulación esté alineada con los objetivos de seguridad, sostenibilidad y eficiencia económica, cuestiones que sólo pueden venir de la mano de las centrales renovables, del almacenamiento, de nuevas tecnologías de control de potencia y de la recuperación por REE de funciones que le fueron quitadas con la reforma regulatoria traída de la mano del PP en 1998.

Un incidente de esta magnitud debe considerarse una fuente de información. Analizar a fondo lo ocurrido permitirá identificar mejoras en la operación, en la planificación y en los mecanismos de defensa automática del sistema. Al mismo tiempo, es una oportunidad para fortalecer la cultura y la normativa de transparencia, cooperación y rendición de cuentas entre las instituciones y los agentes del sector eléctrico.

La electricidad es la columna vertebral de la economía moderna. Su fiabilidad no puede darse por sentada: depende de decisiones técnicas, regulatorias y políticas que deben anticipar los desafíos de un sistema en rápida transformación.

En definitiva, el cero eléctrico de abril de 2025 nos recordó que la transición energética no es solo una cuestión de generación limpia, sino también de estabilidad, coordinación y buen gobierno. Aprender de este episodio será la mejor garantía para que la luz -en todos los sentidos- nos siga iluminando.

La actitud del máximo dirigente de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha sido reiteradamente calificada como entreguismo vergonzante que excede cualquier regla de cortesía diplomática. No insistiremos. Pero más allá del ridículo con el que este personaje se ha manifestado, la cuestión trascendente es hasta qué punto el capitalismo, en la versión tecnofeudal que caracteriza la economía de Estados Unidos (siguiendo al economista Yanis Varoufakis), se está imponiendo en el concierto internacional, en el que los mayores actores globales por su peso político, económico y militar (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros) agasajan y rinden vasallaje a un presidente cuyo país, Estados Unidos, no está pasando, precisamente, por una coyuntura económica sólida. Dos acontecimientos importantes, de signo distinto, pero suficientemente ilustrativos, determinan esta afirmación.

Por un lado, la decisión del G-7 eximiendo del pago de impuestos a las multinacionales estadounidenses para que los beneficios que obtienen en los países en los que operan escapen a una mínima contribución fiscal. Esta determinación contradice lo que se ha ido avanzando en diferentes encuentros económicos en los que, entre otros, los importantes trabajos de Gabriel Zucman han constituido una guía clave para establecer mecanismos tributarios que afecten a los grandes consorcios empresariales y a los milmillonarios. Por su parte, Olivier Blanchard, jefe del FMI entre 2008 y 2015, ha indicado que “El acuerdo sobre el impuesto mínimo, logrado con esfuerzo, representó un avance, evitando una carrera a la baja en el impuesto a las ganancias. Este acuerdo lo vuelve prácticamente inoperante. Y el G-7 obtuvo muy poco a cambio… Esto me preocupa sobre la postura negociadora de Europa en las actuales negociaciones arancelarias”.

La capitulación que se ha visto en la reunión del G-7, aceptando que las multinacionales de Estados Unidos eludan el impuesto mínimo global del 15%, demuestra una vez más que urgen reglas de juego que corrijan los enormes desequilibrios de renta y riqueza en el mundo. Los dirigentes del G-7, sin embargo, han entregado, genuflexos, esta gran gabela a Trump que, infantilmente ufano, se ve como claro vencedor ante sus vasallos.

Otro aspecto crucial, la guerra en Gaza, constituye también un acto de pleitesía hacia Trump en su cruzada por defender al gobierno de Netanyahu y su conducta genocida en la Franja. La condena al ataque de Hamás de octubre de 2024 –demos los gritos de rigor, no vayamos a ser acusados de favorecer el terrorismo– no puede esconder que estemos asistiendo a una respuesta desproporcionada de naturaleza genocida que ha puesto en serios desequilibrios a la región, extremados, además, con la llamada “guerra de los doce días”, entre Israel e Irán.

En tal contexto, la actitud de la Unión Europea ha sido lamentable. Con respuestas tibias, sin la contundencia que se espera de un espacio geopolítico y económico sustancial. Los silencios europeos alimentan la desafección ciudadana donde anidan los “huevos de la serpiente”: la ultraderecha. También aquí son urgentes respuestas inequívocas que supongan elevarse desde el arrodillamiento previo a Estados Unidos para encarar la situación con rigor económico y herramientas diplomáticas y políticas. Lo ha subrayado Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto representante de la UE para la Política Exterior: “(...) lo que está pasando en Gaza es una tragedia sin nombre y Europa se ha desacreditado frente al resto del mundo. Con la excepción de España, Irlanda y de algún otro país, todos le han dicho a Netanyahu que está matando a demasiada gente, pero que le dejan continuar y además haciéndolo con nuestras armas”.

No es la defensa, es más guerra comercial

En paralelo, nos encontramos el 5% sobre PIB de gasto en defensa, un sorpasso al 2% acordado en la cumbre de la OTAN de Newport celebrada en 2014 con el objetivo puesto en 2024. De entrada, debe decirse que el 5% sobre el PIB, más allá de lo redondo del número, parece no ser más que un guarismo convertido en totémico. El vehemente interés de Estados Unidos en incrementar el gasto de la OTAN en defensa, ¿es por la defensa o es por el interés de su conglomerado militar e industrial, añadiendo a su política arancelaria más elementos que persigan, por la vía del chantaje, disminuir su déficit comercial?

La economía de Estados Unidos se ralentiza. Se contrae un –0,5% en el primer trimestre de 2025. Es obvio que la idea del equipo de Trump –a quien le importa un bledo la defensa de Europa– es contribuir también a revertir esa situación a través de su industria armamentística. De ahí su obsesión por comprometer el nivel de gasto de la OTAN al 5% porque sabe que gran parte de ese gasto se convertirá en ventas y exportaciones de su industria militar. Ahora bien, lo que Estados Unidos exige a la OTAN no se aviene con los datos de la propia economía norteamericana: 3,1% en 2023 y 2,7% en 2024, estos son los porcentajes sobre PIB en Estados Unidos en gasto en Defensa. Es decir, por debajo del 5% que exige a sus aliados.

Datos históricos sobre gasto norteamericano en Defensa contribuyen a situar mejor el tema: en plena guerra del Vietnam –con un despliegue militar enorme por parte del ejército norteamericano– Estados Unidos invertía el 8,6%, y entre 1979-1985 (todavía en plena Guerra Fría, con proyectos faraónicos como la Guerra de las Galaxias) ese indicador oscilaba entre el 4,5% y el 5,7%. Con estas cifras para esas coyunturas, exigir el 5% a los países de la OTAN es claramente desproporcionado. Y desproporcionado, además, cuando la única amenaza que pudiera percibirse –más allá de la agresión que sufre Ucrania– provendría de Rusia, un país cuyo PIB es 20 veces inferior al PIB que suman los Estados Unidos y la UE e, incluso, ocho veces inferior al PIB de la UE (FMI 2024, estimado en octubre de 2023).

La estrategia comercial de Trump

La estrategia central de Trump es comercial, no es otra. Preocupación por la defensa europea: ninguna. La tesis determinante es incrementar los pedidos militares a las industrias estadounidenses en plena fase de desindustrialización, conduciendo a las naciones a un esfuerzo descomunal. Y habida cuenta de que existe otra tenaza que oprime: el informe del FMI ('Euro Area: IMF Staff Concluding Statement 2025') advierte que, dada la evolución de la deuda, se debe ir hacia políticas de disciplina fiscal que implicarían ajustes muy severos en las cuentas públicas europeas. Como consecuencia, aparecen en el horizonte recortes en aquellas partidas de gasto que permitirían compensar el incremento de gasto en el apartado de defensa. No hace falta ser muy perspicaz para intuir que los ajustes se realizarían esencialmente en el gasto social: sanidad, educación, cuidados, pensiones… haciendo aún mayor el nido en el que se incubarían los huevos de la serpiente.

La UE tiene otras alternativas, aquellas que la conducirían a su propia autonomía estratégica: coordinar los esfuerzos en defensa de cada Estado miembro con el resto de los Estados de la Unión; dirigir el gasto y la inversión hacia las capacidades industriales de la que ya disponen los Estados miembros; centrarse en inversiones con mayores multiplicadores sobre la renta, la riqueza y el empleo; unificar el mando de la coordinación… alternativas que marcarían caminos muy distintos al que se propone desde la Administración Trump que deberían concitar el apoyo sin restricciones de los gobiernos de los Estados de la Unión, del Parlamento Europeo y de la CE. Sin embargo, actitudes que sólo están encaminadas al “apaciguamiento” de un personaje tan ridículo e ignorante como matón, aunque se considere todopoderoso porque “reina” sobre el 25% del PIB mundial, nos sitúan –si la decepción acabara por embargarnos– ante escenarios lamentables sobre los que la Historia está llena de enseñanzas.

En España, la posición del presidente del Gobierno ha sido contundente, y ha promovido dos grandes movimientos: por un lado, la comprensión de la opinión pública y parlamentaria en países europeos –Gran Bretaña, Italia, Bélgica– cuyos dirigentes callaron en La Haya ante Trump, de forma que la vía española es observada con admiración en debates políticos y artículos positivos en la prensa internacional; por otro, el enfado de dirigentes europeos: el caso de la italiana Meloni es ilustrativo, pues sabe que cumplir con el 5% es un camino de enorme complejidad que puede conducir a protestas sociales, de manera que la posición española la deja en mal lugar cuando el gobierno italiano se proponía asentir, firmar y no cumplir, y tenía como objetivo táctico que España hiciera lo propio, también sin rechistar.

¿Y en España?

En un alarde de incontinencia –y de irresponsabilidad–, Alberto Núñez Feijóo ha declarado que si él llega al gobierno de la nación cumplirá con el 5% exigido por Trump. A su vez, subraya el líder derechista, bajará los impuestos. Ya es cansino que tengamos que repetir, por enésima vez, que la curva de Laffer está ya en el cesto de los papeles. Pero las opciones conservadoras la rescatan, desarrugan el papel –o la servilleta– y la vuelven a releer e interpretar. Ante esa ideología explícita, veamos algunos datos: en 2024, España dedicó casi el 1,3% del PIB al gasto en defensa: unos 20 mil millones de euros. Llegar al 2% equivale a unos 33 mil millones de euros; es decir; 13 mil millones de euros más. Si fuera el 5%, como parece querer Feijóo, supondría –dependiendo obviamente de la evolución del PIB– una asignación de unos 70 mil millones de euros: 50 mil millones de euros adicionales a lo que se espera con el 2%.

Esto significaría un desafío fiscal de consecuencias catastróficas para las partidas que desarrollan y consolidan el Estado del Bienestar. Los capítulos de sanidad, educación, servicios sociales, incluyendo otras infraestructuras públicas, serían los más damnificados. Esto no se atenúa con reducciones de ingresos, como indica Feijóo; todas las evidencias –y cuando decimos todas es esto: todas– constatan que esa política tributaria reduce las capacidades fiscales y supone un incremento notable del déficit público y de la deuda pública. Este es el escenario en el que se podrían encontrar las cuentas públicas de España si determinadas ocurrencias se desarrollaran.

El tema de la aportación económica a la OTAN tiene dos derivadas cruciales en el caso de España: la noción de soberanía no exenta de la voluntad de colaborar solidariamente en la medida de las capacidades de cada país, lo que comporta realizar los cálculos precisos para evitar distorsiones en el presupuesto público; y la aportación de propuestas razonables, que no estén circunscritas a la pelea política cotidiana –muy tóxica en estos momentos– y, sobre todo, que no engañen a la población. Llegar al 2% sobre el PIB representa un esfuerzo, sin duda; pero hacerlo al 5% supone un hachazo sobre el Estado del Bienestar. Nadie en su sano juicio va a llegar a esa cifra; solo la defienden el fanatismo y la genuflexión ante Trump.

Conclusión

La desglobalización desencadenada desde la llegada de Donald Trump está provocando movimientos tectónicos en la geopolítica internacional. Y, en este contexto, buena parte de los gobiernos –con la excepción del Gobierno español– han optado por una conducta más entreguista, aseverativa de buena parte de los caprichos del presidente estadounidense. Muestras de vasallaje y entreguismo que no son garantía de nada, y menos con la conducta voluble y desordenada de un personaje que, lamentablemente, gobierna sobre más del 25% del PIB mundial. Es necesario que, sobre todo en la Unión Europea, se deshinquen las rodillas de la tierra y se hable en condiciones de igualdad, sin admitir amenazas, sin tolerar narrativas matonistas, con la dignidad fundamental para que las posiciones de Trump no se consoliden ni se acaben extendiendo como una densa mancha de alquitrán que todo lo ahoga.

La República asediada.

Pedro Sainz Rodríguez, que fue ministro de Educación al inicio de la dictadura de Franco, publicó en 1978 un libro ('Testimonios y recuerdos', Planeta) en el que expresa los intensos agravios que suponían las políticas de la Segunda República española, toda vez que “se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios y pasaban los hospitales a depender directamente del Estado”.

Un libro póstumo del historiador económico Josep Fontana ('La República', Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2025), que recoge sus clases de doctorado impartidas en la UPF sobre la Segunda República española, con una ingente actualización bibliográfica y una gran cantidad de documentación de primera mano, ilustra el desarrollo de un proyecto que fue bombardeado desde el primer momento por las fuerzas reaccionarias. Estamos ante una de las investigaciones más serias y rigurosas sobre el tema, tanto por su bagaje documental y archivístico, como por la bibliografía manejada. En este estudio se subraya el propósito central de la República: la adopción de un régimen democrático que, con una clara radicalidad en su sentido etimológico, iniciara cambios y avances ya observados en otras naciones: incidir en la raíz de los problemas que arrastraba la sociedad y la economía española (analfabetismo, escasez de medidas sanitarias, dejadez por la cultura, problemas agrarios e industriales en donde el papel de los lobbies empresariales era intenso).

Y es que ya desde el mismo 14 de abril de 1931 aparecieron las primeras señales de la agitación y conspiración para la subversión contra la proclamación de la Segunda República (Ángel Viñas, '¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración', Planeta 2019). Las derechas continuaron un agrio y violento proceso de descalificación hacia el nuevo régimen: “Gobierno ilegítimo”, “amenaza catalanista”, “revolución comunista”… constituían algunos de los epítetos recurrentes que buscaban, desde los primeros días, desestabilizar al gobierno de la República. En paralelo, se activaban otras herramientas, como el ruido de sables en las salas de banderas, en evidente conexión y sintonía con empresarios y financieros. La Iglesia bendecía todo esto, aportando la pátina de una espiritualidad con claros intereses: el temor a perder prebendas como el control de la educación, entre otras.

La tesis “golpista” según la cual un gobierno ilegítimo perseguía la revolución comunista –en una etapa en la que el partido comunista era una formación con escasa representación– seducía a las capas sociales más poderosas: la visión falangista y filo-fascista conformaba el complejo ideológico, con referentes en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Un entramado dispar, en el que las fuerzas monárquicas tomaron la iniciativa, azuzó la llamada a los generales africanistas para que dieran un golpe de Estado (la “Sanjurjada”, fallido golpe de Estado el 10 de agosto de 1932). Pero, hasta su culminación en julio de 1936 –ya desplazados los monárquicos por fuerzas de extrema derecha–, toda una estrategia golpista se expandió sin reparos: propagación de mentiras, boicots reiterados a la acción gubernamental –sobre todo entre 1931 y 1933–, exageración máxima de los supuestos peligros que acarreaban los avances que estaban cuajando –entre otros: la creación de plazas para siete mil maestros, la construcción de diecisiete mil escuelas, el desempeño de las Misiones Pedagógicas, y las tímidas propuestas de una reforma agraria nunca llevada a término en su totalidad, etc.–. Un verdadero “peligro”, como advertía el ministro franquista Sainz Rodríguez.

Una estrategia que se repite

Vayamos a la actualidad. En 2018, tras una moción de censura, se articuló un gobierno progresista. Éste era inmediatamente calificado como “gobierno ilegítimo”, “socialcomunista”, “bolivariano”, con un diseño de comunicación que enarbolaba, sin tapujos, un procedimiento profundo de desgaste, de desestabilización del nuevo Ejecutivo. En tal contexto, a las dificultades objetivas como la irrupción de una pandemia, la erupción de un volcán, las consecuencias de los acontecimientos en Cataluña, el estallido de una guerra en Europa, el repunte de la inflación, la letalidad de la DANA, un apagón generalizado… entre otros desafíos acaecidos en un margen temporal breve, se respondió desde el Gobierno con más inversiones, ayudas, subvenciones, apoyos fiscales, preservación de puestos de trabajo y normativas tendentes a restablecer puentes de diálogo para “desinflamar” la confrontación política, en particular en Cataluña. La respuesta de las derechas en todos esos retos, todos inesperados y que constituían problemas de Estado, fue la negación de cualquier soporte al Gobierno –el caso de la pandemia es ilustrativo al respecto–. Negativas plagadas de contra-informaciones auspiciadas sobre mentiras, exageraciones, tergiversaciones y deshumanización de cargos públicos. Algo muy parecido –aunque la rima sea, como es natural, imperfecta– a lo observado décadas antes, durante la Segunda República.

La hoja de ruta de las derechas contemporáneas tiene todos los ingredientes de un manual golpista. Pero los datos factuales no son inéditos: históricamente los hemos visto en otras etapas del pasado. Idéntica jerga, igual connivencia entre los sectores más poderosos de la sociedad y de la economía, radicalización de los mensajes verbales queriendo presentar un estado caótico y casi comatoso del Gobierno.

Las coordenadas básicas de este portafolio del desequilibrio no se sustentan, sin embargo, sobre un proyecto concreto de gobierno: el único proyecto es desbancar como sea al existente, al que se considera, recordémoslo de nuevo, ilegítimo. No hay un programa básico, de cierto rigor en economía, un terreno en el que no se va más allá de predicar la bajada de impuestos y la reducción del gasto público, junto a una irrefrenable obsesión en privatizar servicios esenciales, como la sanidad y la educación. Se trata de liquidar los resortes básicos del Estado del Bienestar, esa pretensión que el otrora ministro franquista Sainz Rodríguez consideraba que era excesiva –recordémoslo de nuevo– en sus formulaciones incipientes durante el primer bienio republicano.

Quizás definir como “golpistas” los comportamientos de la derecha sea excesivo, toda vez que no hay tanques ni infantería transitando calles y campos, como sí los hubo en la España de 1932 y de 1936, en el Chile de 1973 o en España en febrero de 1981. Pero la munición utilizada es ahora más porosa, más permeable, amparada en muchas ocasiones en el anonimato, en la mentira, en la manipulación más directa y efectiva: redes sociales, pseudo-medios de comunicación y, digámoslo claro, también medios de comunicación de apariencia respetable. Y también “equidistancia” que, al parecer, en algunos ambientes se considera muy “elegante” y muy “ecuánime”. Y también la “utilización política de la justicia” que un jurista respetado por su indudable y transversal prestigio no dudó en calificar “… como una especie de golpe de Estado institucional” (Tomás de la Quadra, 'Las palabras y las cosas', El País, 4 de septiembre 2022).

Datos… y conclusión

Frente a declaraciones de una tendenciosidad anti-histórica por parte de dirigentes conservadores en relación a la República, la guerra civil y la situación socioeconómica actual, los científicos sociales (historiadores, economistas, sociólogos, politólogos) debemos aportar datos que permitan evaluar los programas y las iniciativas de los gobiernos a los que se cuestiona su legitimidad sin prueba alguna.

La República vivió una coyuntura internacional convulsa, con la crisis de 1929 como telón de fondo y el ascenso del nazismo y del fascismo en Europa. Para España, y centrándonos en el terreno económico, ese contexto supuso una dramática disminución de las exportaciones entre 1929 y 1935. Sin embargo, la devaluación de la peseta atenuó esa caída exportadora y contuvo las importaciones, contribuyendo a que el desequilibrio de la balanza comercial no fuera muy relevante. Se produjo, además, una reducción de las inversiones extranjeras e interiores (la inversión privada cayó a la mitad entre 1930 y 1932). Esto explica la pérdida de producción de las industrias básicas, productoras de bienes de capital, como la siderurgia. El crac de 1929 era el contexto internacional. Ahora bien, dos indicadores en España funcionaron en sentido contrario a lo que estaba acaeciendo en el mundo desarrollado: la estabilidad de los precios (es decir, sin deflación, como sí sucedía en Estados Unidos y en buena parte de Europa, con caídas de los precios en torno al 25%), el mantenimiento de la producción industrial global (incremento en la fabricación de bienes de consumo) y un ligero pero claro aumento de la renta nacional que contrasta con el incremento del paro, aunque este lo fuera en dimensiones inferiores a lo que era observable, por ejemplo, en Estados Unidos (con una tasa cercana al 30%) y en Alemania (33%) (Pablo Martín Aceña, Ed., 'Pasado y presente. De la Gran Depresión del siglo XX a la Gran Recesión del siglo XXI', Fundación BBVA, Madrid, 2011).

¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Fontana señala, como uno de los elementos centrales, la mejora en la redistribución de la riqueza consecuencia del aumento de los salarios durante la República. El aumento de la demanda de bienes de consumo que siguió permitió expandir la producción industrial de un importante conglomerado de empresas. Ahora bien, esta explicación debe ser acompañada por otras: los aumentos salariales, las amenazas a la propiedad que implicaba una reforma agraria por muy limitada que fuera (Ricardo Robledo, Ed., 'Sombras del progreso. Las huellas de la historia agraria', Crítica, Barcelona) y el miedo a una escalada revolucionaria, frenó todo interés del sector privado empresarial hacia su transformación, inclinándolo, por el contrario, al enfrentamiento en 1936 contra la República.

Regresemos otra vez a la actualidad. Los datos disponibles subrayan un avance incuestionable de la economía española:

1. El elevado ahorro de los hogares: avances en el empleo y en la remuneración por asalariado.

2. Un endeudamiento de los hogares a la baja: 67,9% (deuda/renta), 15 puntos por debajo del área euro.

3. El crecimiento de la riqueza real de los hogares (5,1%).

4. Los pagos por intereses de la deuda se han reducido: 2,6% de la renta de los hogares (media comunitaria: 2,4%) y continuarán reduciéndose en 2025 por la caída del Euríbor.

5. En el campo de las empresas, la proporción de sus deudas sobre beneficios se mantuvo estable y a niveles reducidos en 2024.

No hay caos. Cinco elementos adicionales deben anotarse.

1. Incremento de las exportaciones españolas, del orden del 8,5% interanual –dato de marzo 2025: 34.000 millones de euros–, con superávit de más de 1.500 millones de euros con la Unión Europea y un incremento del 2,6% en las exportaciones hacia Estados Unidos (fuente: Secretaría de Estado de Comercio, a partir de estadísticas oficiales).

2. Crecimiento económico del 2,6% de España para 2025 (cuatro veces más que la media comunitaria). Se augura un crecimiento del 2% para 2026, una inflación en la senda del 2% y una tasa de paro inferior al 10%.

3. Despegue de la bolsa de valores, superando los 14.000 puntos con holgura, una situación que no se conocía desde 2008.

4. Incremento de la productividad, reduciendo el gap con la Unión Europea (fuente: Informe Anual del Banco de España).

5. Las agencias de rating (Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch) otorgan una calificación positiva (dato de mayo de 2025) para la deuda soberana de España.

Esto, en síntesis, refleja la confianza en la evolución económica española, edificada sobre el crecimiento del PIB, la mejora del mercado laboral y la estabilidad fiscal, según los informes conocidos de las agencias. Esto es fundamental para determinar el coste de financiación del país y la percepción de riesgo por parte de inversores internacionales.

La otra cara de la moneda: enormes dificultades en el acceso a la vivienda, transiciones en el campo de la energía, desigualdad y pobreza –con énfasis en la población infantil– y necesidad de una mayor profundización del Estado del Bienestar. El contexto en el que se opera es de gran incertidumbre: política arancelaria de Estados Unidos, ralentización económica en Alemania y Francia, impactos de la guerra europea, avance de las opciones políticas de ultraderecha con evidentes sellos antieuropeístas. Y, como decíamos antes, con un agit-prop tendente a dibujar todo como entrópico, en estado casi terminal.

Estamos, pues, ante un extraño caos. Porque sin esconder los problemas que existen, muchos indicadores delatan una situación económico-social totalmente alejada del precipicio, alejada del estado catastrófico que se pregona. La insistente búsqueda de datos –en la que está empeñada la derecha– que insinúen una debacle no tiene éxito, de manera que se persiste en explorar argumentos que sólo encuentran descanso en la tergiversación, en la mentira y en la extrapolación de los lamentables regalos que reciben de la falta de ética de personajes emboscados cerca del poder. Ni vemos un 35% de paro ni la destrucción de 900.000 empresas, ni apreciamos una huida masiva de capitales, ni la exterminación del tejido productivo, ni la presencia de críticas feroces por parte de las autoridades comunitarias. Su propuesta: el alimento del caos, que coloca a sus promotores en una posición que podríamos calificar de “política cuántica”: criticar sin tregua lo que se hace y sus resultados, con disparos de mortero hacia el gobierno central, al mismo tiempo que “sacan pecho” ante los mismos datos que se critican cuando se regionalizan.

Lo que interesa resaltar, en definitiva, es:

—Los ascensos al poder de opciones de izquierda han generado siempre, desde 1931, movimientos de desestabilización por parte del cosmos de las derechas: sucedió durante la República, sucedió con la llegada al gobierno de los socialistas en 1982 y 2004 y, ahora, desde 2018 hasta el presente con un ejecutivo progresista. De los tanques y las palabras flamígeras y falsas, a los argumentos distópicos sustentados en mentiras, tergiversaciones, bulos y extrapolaciones.

—Esta estrategia sobre-inflama cualquier acontecimiento –sea este grande o modesto– con la idea central de maximizar negativamente las consecuencias. Las descalificaciones personales, los insultos, las manipulaciones y la deshumanización de individuos concretos constituyen todos factores reiterados en diferentes períodos históricos y en la actualidad. Ahora, además, con el auxilio de la Inteligencia Artificial.

—La República no tenía como objetivo hacer una revolución social en el sentido que le daban las derechas, los empresarios y la Iglesia. De hecho, la presencia de comunistas y anarquistas en los gobiernos republicanos fue testimonial. Incluso, durante la guerra civil los comunistas insistieron en que no era el momento de revolución social alguna sino de defender la democracia. La pretensión de la República y de quienes la defendieron era , justamente, esa. En una coyuntura de renuncia de gobiernos democráticos europeos, España suponía una esperanza para todos los que entendían que la amenaza era el nazismo y el fascismo, y denunciaban el riesgo que infería la tolerancia inconsciente de políticos que parecían minimizar la convivencia con dictaduras fascistas, bloqueando, conscientemente y al mismo tiempo, las relaciones con un régimen radicalmente reformista, poco revolucionario como era el de la España republicana. “Es a nosotros a quienes defendemos cuando defendemos Madrid” (citado en el libro de Fontana) escribía Cecil Day Lewis, también conocido como Nicholas Blake, poeta británico que militó en las Brigadas Internacionales. Es la defensa de la democracia frente a la dictadura.

—Las hipérboles que estamos viendo hoy en día desde voceros de las derechas coinciden con lo que sabemos de esa fase de la historia contemporánea de España: la República, segada por la intransigencia, la incultura, la violencia y la pretensión inconfesada de mantener el estado de postración, miseria y analfabetismo al conjunto de la población.

Es importante que sepamos que la Historia, en mayúsculas, no se repite; pero tiene rimas –aunque no sean siempre consonantes– porque los parecidos y semblanzas son claramente observables.

La experiencia de la República tiene otra lectura, más política, para las izquierdas de la España actual: la desunión perjudica al conjunto progresista, afianza el paso de las derechas, lamina nuevas posibilidades de cambio, de transformación. En tal sentido, el gran historiador Eric Hobsbawm decía que “la izquierda tiene el hábito de pelear más consigo misma que contra el enemigo”. Las izquierdas no pueden dividirse de forma irremediable por ideas, como también señaló en su momento el escritor Eduardo Galeano. Tener la razón antes que tener el poder es una vía que puede proporcionar una cierta –falsa e infantil– tranquilidad de conciencia. Cambiar las cosas no es sencillo: requiere tiempo, esfuerzo, resolución de discrepancias, de enfados, de distanciamientos incluso. Se debe tener claro cuál es la alternativa, tener claro lo que se puede tener delante y que puede perderse o no conseguirse si se elevan a categorías algorítmicas diferencias internas menores (lo que se tuvo en los años treinta en España y que se perdió con consecuencias letales durante décadas). Esto también es “Memoria Democrática”. Que la izquierda no pierda su propia memoria.

Las dificultades de una parte considerable de la población para acceder a viviendas en propiedad o en alquiler a precios asequibles, ha alcanzado en España las dimensiones de una verdadera emergencia social. 

Entre 2013 y 2024 los alquileres han crecido un 85% y los precios de las viviendas, un 72%. El aumento de los salarios en el mismo periodo ha sido del 23%. La consecuencia lógica es el desmedido esfuerzo que amplias capas sociales de nuestro país, con rentas medias y bajas, se ven obligadas a hacer para acceder a una vivienda digna sufriendo la extracción de una parte considerable de sus rentas.

Para hacer frente a esta grave situación se están proponiendo medidas, todas probablemente necesarias, aunque de corto alcance, en ocasiones simplistas y contradictorias, en las que se entremezclan diversos fenómenos, desde la acción de los fondos de inversión inmobiliaria a la llamada turistificación y, con frecuencia, basadas en fuentes no contrastadas que aumentan la confusión sobre la naturaleza del problema de la vivienda y sobre cuáles pudieran ser sus soluciones más eficaces. 

Sin embargo, parece haber un consenso general sobre la necesidad de un Plan Nacional capaz de articular políticas estructurales que permitan a los poderes públicos asegurar el derecho de los ciudadanos a la vivienda.

En esta dirección, Economistas Frente a la Crisis hizo pública en el pasado mes de julio una propuesta que permitiría articular la cooperación entre las Administraciones Públicas implicadas -Central, Autonómica y Local- con competencias diferentes y complementarias, para la creación de un parque público de viviendas sociales en alquiler de dimensión equiparable a los que ya existen en los países donde mejor se han resuelto los problemas de alojamiento.

¿Cuáles serían los componentes mínimos esenciales que debería contener un Plan Nacional sobre la vivienda que afronte con éxito la emergencia social creada por las dificultades de acceso a la vivienda?

1. La creación de un Fondo Financiero por parte de la Administración General del Estado), regulado por norma con rango de ley que establecería, de forma concreta y taxativa, el destino y las condiciones de utilización de sus recursos para financiar la construcción del parque público de viviendas sociales en alquiler.

2. El Fondo se nutriría fundamentalmente con emisiones sucesivas de bonos ICO avalados por el Estado. Los recursos para la construcción de las viviendas estarían, por consiguiente, disponibles en un plazo de tiempo corto con el fin de iniciar proyectos de construcción de unas 200.000 viviendas de alquiler social antes de la finalización del año 2026, y de un número mayor en la siguiente legislatura, que necesitarían, como medida de excepción, la simplificación de los procedimientos administrativos con objeto de reducir al máximo los plazos de su aprobación y construcción.

3. Las condiciones legales de utilización de los recursos del Fondo se formalizarían y aplicarían mediante convenios que CCAA y Ayuntamientos suscribirían con una Sociedad Estatal Gestora del Fondo que canalizaría los recursos para la construcción del parque de viviendas. Los convenios determinarían las condiciones y costes de construcción de las viviendas, su calidad medioambiental, la tipología de la vivienda conforme a diversidad de los demandantes, los precios de los alquileres sociales, la disposición de suelo público para su construcción, la ubicación urbana de las viviendas (evitando la creación de “guetos” en las ciudades), etc. La implicación de las Administraciones en el Plan Nacional permitirá desarrollar rápidamente la construcción del parque.

4. Un elemento clave de esta propuesta es el carácter de bien público permanente y no enajenable de los inmuebles, así como el carácter prioritario en los Presupuestos Generales del Estado de la construcción de las viviendas de alquiler social. La posterior gestión profesionalizada del parque y los alquileres podría ser asumida por las Administraciones Territoriales cuando así lo deseen o bien mediante la Sociedad Estatal Gestora del Fondo.

Así pues, frente al aumento constante del ruido y la frustración que ahora preside el debate sobre la vivienda, la propuesta de Economistas Frente a la Crisis pretende justo lo contrario: ofrecer un mecanismo concreto y eficaz, financiero y de cooperación institucional, que permitiría pasar de las musas (innumerables y diversas ocurrencias para aumentar la oferta de vivienda en alquiler) al teatro (un mecanismo factible y ágil de respuesta compartida por todas las Administraciones Públicas para la construcción de un parque público de viviendas de alquiler social), explicitando la forma en que podría materializarse el derecho constitucional a la vivienda para todas aquellas personas a las que hoy les está vedado.

Los extremos en los que se basa esta propuesta aseguran:

a) El lanzamiento de un Plan Nacional de Vivienda (que interpele a toda la Nación sería, es por sí mismo, un mensaje político de enorme potencia) para crear un parque significativo de viviendas sociales en alquiler, como única medida de choque con capacidad de iniciar con urgencia la construcción de las primeras 200.000 viviendas en dos años, iniciando, así, una respuesta contundente y general a la emergencia social de alojamiento creada por los altos precios de alquileres y de compra de vivienda en amplias zonas del país.

b) Las Administraciones Territoriales, que son constitucionalmente las competentes en la materia, tendrían potentes incentivos para el ejercicio cabal de sus competencias: la financiación por la Administración General del Estado de la construcción de un parque público de viviendas sociales en alquiler sobre el suelo público aportado al Plan Nacional. Los convenios se configurarían como el sistema que sustituiría los conflictos competenciales por mecanismos de cooperación entre todos los niveles de la Administración con el objetivo común de resolver el problema del encarecimiento del alojamiento en alquiler.

c) La puesta en marcha del parque de viviendas sociales en alquiler actuaría, además, desde el primer momento, como el más importante mecanismo moderador de los precios (de alquiler y de venta), en especial en las zonas tensionadas, al aflorar una oferta pública de vivienda ajustada a las características y posibilidades de la demanda de rentas medias y bajas.

d) Las necesidades de alojamiento de la población de rentas más bajas serían, de esta forma, crecientemente satisfechas en España, creando progresivamente un parque de viviendas sociales en alquiler, de carácter permanente, lo que además permitiría elevar los niveles de renta real de millones de familias, terminando con el regresivo mecanismo de transferencia de rentas a través de la vivienda que ha agudizado las desigualdades de nuestro país.

En suma, la Administración General del Estado cumpliría con su labor de poner los recursos financieros necesarios y las CCAA y Ayuntamientos con la suya aportando suelo público y capacidad de gestión cercana para el inicio urgente de centenares de miles de viviendas con alquileres sociales. Ningún otro plan de choque sería más eficaz que el que aquí se propone: el inicio de la construcción de 50.000 viviendas de alquiler social en el primer año; 200.000 antes de 2026. Sólo falta voluntad política y ponerse a la tarea.

(Firman este artículo: Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario de España y de la Caja de Ahorros de Granada, miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis (EFC); Jorge Fabra Utray, presidente de EFC, y Cecilia Castaño y Antonio González González, vicepresidentes de EFC)

Política monetaria y política fiscal son dos caras de una misma moneda. Ambas se retroalimentan, se influyen, se comunican. Para economistas de perfil monetarista, la política monetaria es una clave fundamental de la política económica. Tal vez, la más importante, la definitiva: las decisiones adoptadas en el ámbito de la política monetaria facilitan el engranaje de las estructuras económicas, inyectando dinero o retirándolo cuando su diagnóstico de la economía así se lo aconseja. Los tipos de interés constituyen, aunque no la única, sí la gran herramienta de los monetaristas. El control de la inflación en niveles considerados óptimos por el consenso económico es su gran preocupación y ocupación. Se ha pontificado que, justamente, el objetivo central de la política monetaria radica en vigilar la trayectoria de los precios para lanzar, en función de su evolución y comportamiento, las medidas pertinentes. La autoridad aquí es la de los bancos centrales que filtran y depuran sus diagnósticos y deciden. 

Mecánicas y automatismos de la política monetaria 

Muchas veces se ignora el grado de integración entre la política monetaria y la política fiscal bajo responsabilidad esencial -esta última- de los gobiernos. Pareciera, en ocasiones, como si el banquero central moviera sus piezas -los tipos de interés- casi de manera automática en función de la evolución de los precios. Pareciera como si los análisis de contexto no contaran, o contaran poco. Pareciera, en fin, como si ignoraran las políticas fiscales y los fallos de mercado bajo responsabilidad de los reguladores sectoriales y de la competencia. Su independencia está garantizada. Sus decisiones están fuera de todo control externo a la institución. En este aspecto, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal norteamericana (FED) han adoptado medidas similares, si bien distanciadas algo en el tiempo. La FED ha reaccionado con rapidez moviendo tipos al alza contra una inflación generada por la demanda; mientras que el BCE se enfrenta a la falta de consenso entre los economistas sobre la naturaleza de la inflación en la zona euro. En cualquier caso, procesos inflacionistas, unos y otros, con causas y componentes distintos, no deberían inferir para ambas instituciones respuestas necesariamente idénticas, ni siquiera similares, ni siquiera parecidas.

Las primeras subidas de tipos de interés por parte del BCE, hasta llegar a un monto del 1,25, se produjeron por el aumento de la inflación en Europa hasta cerca de los dos dígitos. Pero también esa decisión se explica por evitar la penalización del euro en el tipo de cambio con el dólar, toda vez que las compras externas de energía por parte de la Eurozona se expresan en dólares; por tanto, un acicate más para elevar los tipos de interés. Pero… debe recordarse que el objetivo de inflación del BCE es el 2%, y que sus previsiones para 2024 superan sólo ligeramente el 2,4%. La cuestión es saber cuál es el diagnóstico del BCE sobre la naturaleza de la inflación en Europa. Sin saberlo es difícil entender, ni siquiera intuir, las razones de las medidas restrictivas de política monetaria que el BCE parece estar dispuesto a activar con mayor intensidad.

¿Qué diagnóstico para qué políticas monetarias? 

De alguna forma, el BCE nos estaría indicando -con sus previsiones de inflación a futuro- que los problemas de estrangulamientos en la distribución de mercancías y de colapsos graves en la energía -que se irían soslayando en los próximos meses- están entre las causas determinantes de la inflación. ¿Es así? ¿Son estas las causas por las que el BCE prevé la reducción de la inflación en los próximos meses? Si así fuera, entonces sí nos estaría revelando -en parte- su diagnóstico sobre la naturaleza de la inflación: estaríamos ante una espiral inflacionista en la que uno de sus motores se encuentra en un shock de oferta. No es la demanda su causa única. Tal vez, ni siquiera la más importante. 

Sin embargo, el BCE persiste en su hoja de ruta con la nueva subida de tipos del 0,75, una “quimio” que mata las células malas pero que intoxica el resto del cuerpo, indicándonos -contradictoriamente- que la inflación puede controlarse reduciendo la demanda y despreciando el resto de los componentes que la causan. En esta dirección, alienta sus recomendaciones de reducir el poder adquisitivo de las pensiones -por suerte no dependen del BCE-, que insertaría en un pacto de rentas en el que salarios y márgenes empresariales tienen que moderarse. Todo esto es muy confuso. Aquí, en España, los datos no apuntan a que exista presión sobre los precios desde la demanda. Desde luego no son los salarios los que la están empujando.

¿Cuáles son las causas desencadenantes del proceso inflacionista que vive Europa? El tema es complejo y escapa a la completa ambición de este artículo, pero sí mencionaré algunos elementos que, en mi opinión, han jugado y siguen jugando un papel determinante en la espiral inflacionista.

Algunas causas no monetarias de la inflación en Europa

La guerra de Ucrania, consecuencia de la invasión rusa, no empezó en abril del 2022. Las guerras y las invasiones no empiezan de un día para otro. Empiezan cuando las partes, o alguna de ellas, toman decisiones irreversibles. Y una de esas decisiones fue tomada por Rusia un año antes de la invasión: la de cómo financiar sus costes. La decisión fue disminuir el flujo de gas y de petróleo hacia Europa; vaciar los almacenamientos de gas de Gazprom en los Estados de la UE; proyectar incertidumbre sobre la seguridad de los abastecimientos de materias primas y combustible fósiles de los que dependen una gran parte de los Estados de la UE… Los precios de sus exportaciones se dispararían en porcentajes antes inimaginables y, con ellos, sus ingresos y las reservas monetarias necesarias para financiar la guerra. 

Estas decisiones se tomaron por Rusia -caben dudas, pero pocas- más de un año antes, tal vez hacia marzo del 2021. Las invasiones y las guerras no se improvisan. Y en estas circunstancias, la UE y sus Estados miembros están empezando a entrever que sus normas regulatorias sobre el mercado eléctrico estaban infligiendo un daño adicional y muy grave a sus economías: la regulación eléctrica, el modelo de formación de los precios de la electricidad -el bien o servicio más sistémico de cuantos podamos imaginar- que vincula la retribución de toda la electricidad producida por no importa qué centrales, al precio desbocado de la electricidad producida en las centrales de gas. Un daño auto infligido que viene de tantos años atrás como 20 (el thatcherismo en la memoria), pero que ahora, multiplicado por cinco con la guerra, se hace crudamente visible ante la constatación de que la inflación se está llevando la economía por un sumidero incierto.

La responsabilidad de los banqueros centrales

¿Cómo es posible que las instituciones europeas hayan ignorado durante tanto tiempo un error tan básico y letal y que para empezar siquiera a intuir su error haya sido necesaria una guerra? Pues sí, ha sido posible, y todavía no acaba de estar del todo claro que todas estén convencidas de la necesidad de una reforma de calado. Las razones podrían resumirse en tres: 1) profundo desconocimiento de las características técnicas, económicas y jurídicas de la electricidad como bien y servicio; 2) el neoliberalismo -los mercados son eficientes en cualquier circunstancia- como ideología dominante en el gobierno de los Estados y de la Comisión Europea, y 3) presión de los lobbys energéticos para mantener posiciones de ventaja en activos no replicables.

No es la política monetaria, recurriendo a una de sus grandes herramientas -los tipos de interés- la que vaya a cambiar el modelo de formación de los precios de la electricidad ni a poner en cuestión las prácticas especulativas que articulan las ofertas de precio de las centrales de gas, pero los banqueros centrales sí deberían formular las correspondientes advertencias a los reguladores sectoriales del mismo modo que lo hacen cuando despliegan todo tipo de recomendaciones sobre las pensiones, los salarios, los impuestos, el gasto público y la deuda del Estado.

Y a todo ello, cabe añadir otras preguntas retóricas: ¿Puede la política monetaria del BCE acabar con la guerra de Ucrania?, ¿puede la política monetaria restablecer los flujos de gas y petróleo hacia Europa?, ¿puede restituir la certidumbre sobre el comportamiento de los costes energéticos de la energía que alimenta la economía de la Unión? Obviamente no. Y si no puede, no serán las subidas de los tipos de interés las que acaben con la inflación. Las tasas de inflación podrán ir reduciéndose, pero no porque la autoridad monetaria ponga en marcha políticas restrictivas, sino por los “efecto base” sobre las tasas interanuales de la inflación que partirán de niveles de precios altos (mes del año anterior) y tenderán a cero consolidando los niveles de precios dislocados por la guerra. No es esta la solución. Nos quedaríamos en la altiplanicie alcanzada por los precios y en recesión.

Para terminar

Nuevas subidas de tipos sólo podrán contribuir a mitigar la inflación haciendo destrozos en la economía a no ser que se detengan en niveles moderados no quirúrgicos que se limiten a equilibrar los parámetros financieros en los que debieran desenvolverse todas las actividades económicas. En este sentido, una política monetaria más gradual y paulatina debería transmitir el mensaje de que los banqueros centrales se están conteniendo a la espera de que los reguladores sectoriales intervengan en el diseño de los mercados. Se trataría de acabar con los fallos de mercado rediseñando mercados capaces de revelar los costes de todos aquellos servicios y bienes cuyos costes no hayan sido afectados por los dislocamientos de la guerra.  En definitiva, un golpe regulatorio a la espiral inflacionista, suficientemente contundente, facilitaría nuevas “segundas rondas en sentido contrario” que contribuirían a reducir la inflación subyacente restituyendo niveles de precios anteriores a abril de 2021. 

En conclusión, el BCE debería contenerse en clara connivencia -y no en contradicción- con la política fiscal, a la que se le exige que estimule inversiones perentorias para, entre otros cometidos, ir a escenarios de cambios de modelos productivos. Sus recomendaciones deberían atender, también, a los déficits regulatorios que están inflando artificialmente precios de bienes y servicios sistémicos autoinfligiendo daños a la economía a través de sus efectos inflacionistas.

Por tanto, un desafío importante para los banqueros centrales, que no pueden ignorar los mensajes que le van llegando desde la política fiscal, instrumentada sobre los fondos europeos, ni tampoco los mensajes que también llegan desde los reguladores nacionales y europeos que, por fin, empiezan, al menos, a dudar. 

Sería trágico que políticas monetarias restrictivas que ignoren la naturaleza de la inflación europea, nos aboquen al estancamiento económico sin doblegar la escalada de precios ni revertir los niveles de precios alcanzados. La inflación es un sumidero incierto para la economía, incierto para Europa, incierto para nuestro país. El peor escenario económico, político y social: la estanflación.

“El precio de la luz se dispara y marca máximos históricos por la ola de frío”. Los titulares de la prensa en estos días de reyes y nieves son unánimes. Pero el precio de la luz no se ha disparado por la ola de frío. Se ha disparado por la regulación del mercado de la electricidad establecida mediante la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.

Es como si una fake news se hubiera apoderado de todos los periódicos y demás medios (también de las redes sociales), saltándose todo control de veracidad o comprobación.

Como todos los años, cuando sube la demanda por frío o por calor e incluso cuando no sube ni baja como pasa cualquier día del año, los precios de la electricidad se disparan o, en cualquier caso, son injustificadamente altos, aunque sean los más bajos del año, incluso llegando a producir pérdidas a algunas tecnologías (Windfall Looses). Ningún gobierno es culpable de que los precios de la electricidad suban, ningún gobierno debiera jactarse de que los precios de esa misma electricidad bajen. Las responsabilidades de los gobiernos son otras: impulsar reformas para mejorar la vida de las personas.

Bueno, rebajaré el tono. Admitamos que no estamos exactamente ante una noticia fake y dejémoslo en que con esta ola de frio y la subida de precios de la luz, los comentaristas de todos los medios, incluidos los comentaristas que se deshilachan en twitter, se han quedado mirando al dedo que señala a la luna.

Efectivamente, los precios de la luz han llegado a subir en algunas horas cerca de un 100% (por encima de 120€/MWh) pero los costes de esa energía apenas lo han hecho en un 4% (2€/MWh). El asunto es brutal. Sólo 2 ejemplos entre decenas:

1-El coste de los derechos de emisión para las centrales de gas se sitúa en el entorno de los 12 o 13€ por MWh producido. Las centrales de gas recuperan ese coste variable a través del precio que ellas mismas fijan en las ofertas que hacen al mercado. El precio ofertado al mercado les permite, como mínimo, recuperar sus costes de funcionamiento, que incluyen el coste del gas y los derechos de emisión.

Hasta aquí todo normal.

Pero el asunto es que el precio de esos derechos de emisión, comprados por las centrales de gas, los cobran, vía precio de mercado, todas las centrales, también las no emisoras: nucleares e hidroeléctricas que no han tenido que comprar ningún derecho para emitir porque, sencillamente, no emiten gases contaminantes. Esto quiere decir que cuanto más suban los derechos de emisión más pagan los consumidores por la energía de las centrales nucleares, hidroeléctricas y renovables a mercado, curiosamente propiedad -salvo porcentajes irrelevantes- de las tres grandes empresas eléctricas y de gas: Endesa; Iberdrola y Naturgy. Los derechos de emisión están enriqueciendo a las empresas propietarias de centrales hidroeléctricas y nucleares que nada tienen que ver con la emisión de gases contaminantes (y cuya construcción es muy anterior a que ni tan si quiera se pudiera vislumbrar la regulación de los derechos de emisión).

Un rápido y elemental cálculo pone de manifiesto que sólo el día 8 de enero, las empresas han ingresado por este concepto en torno a 10M€ – beneficio puro porque el coste de los derechos los han cobrado sin haberlos comprado-. Con iguales supuestos, en cómputo mensual, esto supone que los consumidores han pagado 255M€ de más a las empresas eléctricas, y sólo por este concepto.

En definitiva, los consumidores están pagando, aproximadamente, 13€ más por MWh mientras que los costes de producción de la energía que consumen sólo han tenido un incremento de 0,50€/MWh el día 8 de enero o 1,25€/MWh en la energía consumida los 30 últimos días. ¿Elevamos este simple cálculo a 12 meses? Así, a ojo, salen cifras en torno a los 2.000 M€ de coste anual incremental para los consumidores por nada, sin otra justificación que sea distinta a la de la regulación. No es el frío. Eso es casi una fake. Es la regulación.

Pero bueno, eso son 13€, pero ¿hasta 20 ó 30 ó 50€ de subida?

Otra vez la regulación, no el frío.

2- Sí. El precio del gas ha subido mucho en los mercados spot -nacionales e internacionales- por problemas de oferta y demanda en Argelia o en Asia y no sólo por la subida de los precios de los derechos de emisión (por cierto, no ha subido todo el gas utilizado, aunque paguemos, también aquí, todo el gas al precio del más caro) y esos precios, convertidos en costes de oportunidad (muy superiores a los costes reales de las centrales que se abastecen con contratos a largo plazo) han sido trasladados a los precios de las ofertas de las centrales de gas y, a través de ellas, a la totalidad de la energía producida con independencia de que sean nucleares, hidroeléctricas o de cualquier otra tecnología.

Si. El MWh producido en las centrales de gas ha subido sus precios de oferta, pongamos por caso, de 50€ a 100€. Pero hagámonos otra pregunta: ¿Cuánto han subido los costes de los MWh producidos en el resto de las centrales? La respuesta es… nada. Y esas otras centrales concentran en torno al 80% de la electricidad producida y consumida.

Otro pequeño cálculo nos dice que el coste del conjunto de la electricidad que consumimos sólo ha subido entre 2€ y 4€/MWh por la subida de los precios para los consumidores del MWh de las centrales de gas natural. Y si los costes de abastecer la electricidad tan sólo han subido, en estos días de frío, 2 o 4€, tomando en consideración todo lo dicho hasta aquí, ¿de quién es la culpa de las escandalosas subidas de los precios de la luz? ¿Del frío o de la regulación?

Han sido sólo dos ejemplos entre decenas que ahora escapan a las intenciones de este artículo. Ejemplos que tienen soluciones. Muy rápidamente:

Respecto al primero: inflación de precios debidos al valor de los derechos de emisión cobrado vía precios por las centrales no emisoras:

Este asunto ya se suscitó en 2005 y se solucionó mediante Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre, que estableció que la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica se minoraría por el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero internalizado en las ofertas al mercado por las centrales emisoras y trasladado al precio. Sin embargo, esta medida fue derogada en 2009, a pesar de que su compatibilidad con el Derecho Comunitario fue avalada por el TSJUE en 2013. Recuperar esta norma hubiera permitido que los precios de estos días para el consumidor final hubieran sido entre un 26 y un 30% inferiores.

Respecto al segundo: el doble marginalismo del que se benefician las centrales nucleares, hidroeléctricas y renovables (a mercado) con los precios que fija el gas más caro:

Existen diferentes vías para la detracción de los “beneficios caídos del cielo” (Windfall Profits). Se mencionan dos a título sólo de ejemplo: i. Impuestos o Widfall Tax con destinos específicos para la cobertura de los costes de la electricidad, y ii. Liquidaciones por diferencias de los ingresos de las centrales nucleares e hidroeléctricas frente a los ingresos que corresponderían a un precio o coste estándar reconocido (por cierto, éste sería un mecanismo muy parecido al que se ha ideado para las nuevas renovables que entrarán vía subasta).

Al Gobierno le sobra conocimiento y experiencia para dar estos dos pasos y las empresas eléctricas saben, sobradamente, que al Gobierno le sobrarían razones para hacerlo.

El Gobierno tiene además tres potentes vectores políticos que facilitan acometer tales reformas:

(a) Las empresas y las familias lo agradecerían: pagarían menos por un recurso que les resta competitividad y drena sus rentas, y pagarían menos también por todos los bienes y servicios que requieren electricidad.

(b) Avanzarían en el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de coalición, reforzando los vínculos que lo mantienen unido, evidenciando que el Gobierno, más allá de la gestión de urgencia de la pandemia, sigue comprometido con una transformación más justa y sostenible de nuestra economía.

(c) El abaratamiento de la electricidad sería un fuerte impulso para la electrificación, que es un vector fundamental para la transición energética en el conjunto de la economía.

En el debate público también se ha introducido la conveniencia de crear una empresa pública como solución a los problemas. No comparto que tal cosa sea una solución ni el diagnóstico que subyace en tal propuesta. Desde luego que para algo serviría en un sector oligopolístico, fundamentalmente porque permitiría combatir la información asimétrica que intoxica a los reguladores, pero eso es otra cuestión. Y desde luego, en cualquier caso, esa empresa pública de nada serviría si a lo que se refieren sus proponentes fuera una comercializadora. No estamos ante problemas de especulación en ese segmento de sujetos del sector que tan irrelevante papel juegan en la industria y en el mercado de la electricidad. Estamos ante un problema mucho más grave: un mercado ineficiente incapaz de revelar los costes y tal cosa no la resuelve una empresa pública y menos si esa empresa es una comercializadora.

Cómo decía rápidamente al principio para rebajar el tono, afirmar que la ola de frío ha disparado los precios de la luz no es exactamente una fake… pero se le parece. Ha sido la regulación vigente desde 1998, y desde entonces está introduciendo problemas de competitividad a nuestra economía, a las empresas y a las familias de las que detrae rentas que podrían tener como destino el consumo de bienes o servicios prestados por otras empresas distintas de las empresas de electricidad y gas.

El frío de estos días no es más que una “prueba de esfuerzo” que revela una enfermedad crónica inoculada por el Gobierno de Aznar, siendo ministro de Industria Piqué que, desregulando el sector eléctrico bajo el falso nombre de liberalización, implantó un diseño de mercado que no revela los costes de la energía: ni de la energía eléctrica ni del gas. Está bien que el Gobierno haya pedido a la CNMC que abra un expediente que delimite responsabilidades, en el caso de que estuviéramos ante una alteración artificial de los precios. Pero eso es cosa de todos los días no sólo de estos fríos días, entre otras cosas, porque la regulación del mercado eléctrico confiere a las empresas energéticas dominantes un extraordinario poder de mercado que podrían ejercer o estar ejerciendo en cualquier momento.

Es cierto que los sucesivos gobiernos del PSOE dejaron las cosas tal y como las dejó el PP, a mayor gloria de los lobbies energéticos. Pero es muy fuerte que sea, precisamente, el PP el que pida la comparecencia de los ministros del Gobierno responsables (Transición Ecológica y Consumo) para que den explicaciones sobre los precios de la electricidad. Sería el PP el primero que tendría que dar las explicaciones que ahora pide. Al fin, el Gobierno de Coalición Progresista se formó en torno a acuerdos que incluyeron la reforma regulatoria de los mercados de la electricidad para acabar con las sobre retribuciones -conocidas como “beneficios caídos del cielo”- de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica. Todavía hay espacio en la legislatura para que tal reforma pueda concluirse. Esperemos y no desesperemos.

Otras reformas de importantísimo calado, social, económico y político, recogidas en el acuerdo de coalición han sido frenadas bajo la excusa de que “no es el momento” posicionando de facto a una parte del Gobierno del lado de la patronal que tanto trabajó y trabaja contra el propio gobierno de izquierdas. En la reforma del mercado eléctrico, sin embargo, no hay excusa que valga para que sea acometida con carácter de urgencia, sino todo lo contrario. En este caso, si la CEOE se pusiera enfrente, estaría poniéndose no sólo enfrente del Gobierno o de los sindicatos sino también enfrente de sus propias empresas asociadas que ven cómo sus facturas eléctricas se elevan de forma injustificada, y con ello se merma su competitividad y la de la economía en la que se desenvuelven.

Leo en El Periódico de Catalunya “carta de Puigdemont y Colau a Rajoy y al Rey por un referéndum pactado”, según reza el título del periódico, y no me resisto a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones.

Ni Rajoy ni el Rey –este menos que nadie– pueden pactar referéndum alguno de autodeterminación. Nadie está autorizado para semejante cosa por la Constitución que hemos votado todos los ciudadanos incluidos, por supuesto, los catalanes.

Los argumentos que oigo en radio y televisión –y que leo en esta carta que ahora me ocupa y en muchos otros medios– podrían ser también justificación para que Castilla–La Mancha, Asturias, Euskadi, Baleares, Aragón, Valencia, Andalucía... iniciaran sus particulares procesos de independencia para librarse de las políticas del PP. La separación de cualquier territorio del Estado afectaría también a Cataluña y a los demás, y si tal derecho fuera universal nadie les podría sustraer su derecho a decidir. Esta es la razón –así de simple– por la que las decisiones solo pueden ser tomadas por el conjunto de los ciudadanos y no por sólo una parte. Las políticas del PP las sufre la gran mayoría de la ciudadanía... pero el PP logra formar gobierno elección tras elección.

Los argumentos que oigo y leo con profusión y sin excepción en boca de los defensores del independentismo son surrealistas e inanes. Entre otros argumentos disparatados, el independentismo recurre al Derecho Internacional como si de la divina providencia se tratara, pero que en cualquier caso solo aplicaría –respecto al derecho de autodeterminación– para los ciudadanos de territorios colonizados o para los pueblos bajo persecución xenófoba o similar. La irresponsabilidad del relato independentista es mayúscula, la mentira en forma de posverdad rebosa en todo su discurso de manera compulsiva, sin contención.

La Generalitat ha practicado políticas tan regresivas o más que las del PP en toda España –la intensa privatización de la sanidad pública catalana es solo un ejemplo– y el PdeCat –o sus antecesores– ha sustentado en el Congreso leyes socialmente letales propuestas por el PP... y el comportamiento de los independentistas en el Parlamento catalán ha demostrado, además, su incapacidad para el dialogo, ignorando su propia legalidad y marginando a las fuerzas que representan a más de la mitad de los catalanes. El gobierno de la Generalitat, de acuerdo con indicadores internacionales, presenta los índices de peor calidad gubernativa entre todas las comunidades autónomas del Estado español y concentra –esto es increíble– el mayor número de casos de corrupción.

Podríamos recrearnos en críticas a los comportamientos del PP y dar todos los gritos de rigor que nos dejen satisfechos sobre las torpezas –la mayoría de ellas intencionadas– y sobre su obcecación en el modo indigente de tratar la cuestión catalana en estos últimos años e incluso agresiva y prepotente en los recientes meses... ¡dense por dados todo grito de rigor que nos satisfaga! Pero ahora estamos enfrentados a un golpe sedicioso contra la Constitución. Que el Gobierno y la justicia actúen de un modo que no nos gusta, ni quita ni pone legitimidad ni legalidad a las acciones y reacciones a las que asistimos… pero carga de razones a nacionalistas intransigentes de todos los colores. Un desastre.

Los gobiernos se cambian mediante elecciones y las constituciones mediante acuerdos entre las fuerzas políticas que posteriormente deben ser ratificados en referéndum. El cuerpo electoral no puede ser nunca otro diferente al que instituyó democráticamente la estructura jurídica del Estado. Y, además, una independencia unilateral de Cataluña afectaría a intereses que exceden al ámbito de Cataluña porque interferiría los derechos soberanos que residen en todos y cada uno de los ciudadanos del Estado español, es decir, en su conjunto... Mencionaré tan solo algunos ejemplos que no admiten discusión: aguas territoriales, fronteras internacionales, cuencas hidrológicas... en fin, si finalmente en Cataluña hay un referéndum el 1 de octubre para su independencia, yo, madrileño, ¡también quiero votar!

Ante el panorama al que asistimos, solo dos partidos políticos están manteniendo una posición seria y solvente: el PSOE y el PSC. En sus propuestas está el dialogo y la solución política. No en la carta de Puigdemont y Colau a Rajoy y al Rey. Esa carta no es más que distracción en clave victimista. Si realmente no fuera así, y su llamamiento al “diálogo sin condiciones” fuera sincero y no tramposo, lo primero que deberían hacer es cancelar el 1–O y dirigir su propuesta a la Presidenta del Congreso para su traslado a los portavoces de los partidos.

La posición del resto de la izquierda es confusa e incoherente... ¿referéndums no vinculantes? Esa propuesta es una ofensa a la inteligencia. Prefiero quedarme con las encuestas de opinión. Tampoco son vinculantes, nos informan sobre los estados de opinión y no enfrentan a unos ciudadanos contra otros ni desestabilizan la política ni la economía. El interés de los independentistas no es conocer la opinión de los ciudadanos catalanes ante una cuestión política –la independencia– sino llevarles a pronunciarse sobre algo que no les corresponde decidir en solitario para imponer, basándose en un resultado previamente construido sobre su relato paralelo y en el contexto de un ambiente opresivo, decisiones unilaterales e ilegítimas que conculcan la democracia en España y en Cataluña.

Lo que tenemos que hacer quienes consideramos necesaria y justa una distinta arquitectura del Estado español que resuelva políticamente –por la vía del diálogo, el acuerdo y el consenso– el encaje de Cataluña en el Estado –y también el de otras Comunidades Autónomas– es ganar las elecciones y cambiar la Constitución para que las naciones que abarca el Estado español encuentren acomodo en un Estado Federal cuya Constitución sea sometida a referéndum en todos los territorios del Estado... y si es aprobada por el conjunto de los ciudadanos… que el estatuto que a cada territorio corresponda sea refrendado, ¡entonces sí! por los ciudadanos a los que compete.

Pero me temo que la retroalimentación entre la derecha y los independentistas catalanes es uno de los factores que, precisamente, está dando larga vida al PP.

Muchos –a los independentistas– no se lo perdonaremos. No somos pocos, sino millones, los que ponemos en el mismo lugar a la derecha reaccionaria y a los nacionalistas que se niegan de manera excluyente a un proyecto de progreso común. Será porque somos republicanos, será porque hemos dedicado mucho tiempo de nuestra juventud a luchar contra el franquismo, será porque reivindicamos la Memoria, será porque en el 36 hubiéramos estado –si hubiéramos nacido– con la Constitución frente a la sedición, porque lo estuvimos en el 81, será porque somos demócratas. Nadie nos robará las palabras. No nos quedaremos mudos. El pacto para un referéndum en Cataluña solo lo pueden refrendar los ciudadanos a través de un pacto constitucional de las fuerzas políticas que debiera poner ya en marcha, sin más demora, el Congreso.

Así es que ni el Gobierno ni el Rey. La carta de Puigdemont y de Colau debería haber tenido otros destinatarios: los ciudadanos a través de los partidos políticos que les representan, los únicos que pueden pactar en sede parlamentaria, previa reforma de la Constitución, un referéndum respetuoso con el contenido y los procedimientos constitucionalmente establecidos.

Un amigo mío, que no está afiliado al PSOE ni a ningún otro partido, me contaba que había militado en el PCE desde 1967 a 1976. “Muerto el perro se acabó la rabia”, decía, y dejó el PCE. De esto han pasado ya 41 años. En 1982 votó al PSOE. Al PSOE del cambio. El PCE le había defraudado porque en la Transición había renunciado a demasiadas cosas a cambio de un lugar en este mundo. Nunca fue comunista, me dice que simplemente fue un antifascista entre tantos estudiantes y jóvenes profesionales de los 60 y 70.

Pasado el tiempo, y con el recuerdo amargo de aquellos años, mi amigo ha acabado pensando que el franquismo fue poco más que pura mediocridad, corrupción y crueldad. Una construcción singular de este país nuestro –el nacional-catolicismo– cimentada en la paz de los cementerios y de una Iglesia Católica pagana carente de compasión, la más elemental de las virtudes de nuestra especie. Su única misión consistió en dejar arrasada y sembrada de sal la mejor España que había emergido de nuestro convulso siglo XIX y de la efervescencia intelectual y regeneracionista de los primeros años 30 del siglo XX. Y además se pregunta, irónicamente, que dónde estará agazapado el franquismo, porque estar está. A mi amigo no le cabe la menor duda. A mí tampoco.

La realidad es que a no pocos trabajadores, estudiantes y jóvenes profesionales que tuvieron la mala suerte de haber nacido 20 o 30 años antes de que el régimen franquista se extinguiera poco les importan hoy las disputas entre los progresistas y sus partidos. Y con una alta seguridad creo que también podría afirmarse lo mismo de quienes son más jóvenes. Me atrevo a decir, incluso, que lo que realmente les importa, por el contrario, es lo que tienen en común esos partidos que, en esencia, es todo. Si acaso en algo difieren es en las formas y ambiciones personales y corporativas que alcanzaron su cumbre en las “dos orillas”, ese discurso anguitista digno también de otra mediocridad hispana de la que parece que somos incapaces de escapar. Siempre aparece algo –si no es una cosa, será otra– que impide discernir entre lo fundamental y lo accesorio. Así está la izquierda y así está nuestro país cuando se enfrenta al futuro, sea el de mañana o el de pasado mañana.

Este amigo mío no está afiliado al PSOE –por el momento– ni a ningún otro partido. Es, simplemente, de izquierdas… ¿de qué izquierda? Me dice que sólo conoce una y para convencerme de tal cosa no hace ningún esfuerzo, tan solo me incita a que pregunte a cualquier ciudadano dónde está esto o aquello porque está seguro de que me contestarán: “La primera a la derecha o la segunda a la izquierda” o todo lo más “al fondo a la izquierda o al fondo la derecha”. En fin, este amigo mío, que es matemático, sostiene que el centro es una línea euclidiana carente de dimensión, tan sólo una divisoria para saber dónde estamos. Ciudadanos está a la derecha. ¿Alguien lo duda? El PSOE está a la izquierda. Mi amigo nunca lo dudó.

Por eso me dice que se quedó asombrado cuando descubrió en la ponencia oficial del PSOE que su “Gestora” pretendía proponer al Congreso en ciernes –o constatar– que el PSOE se situaba en el “centro-izquierda”. ¡Menuda autodefinición ideológica!, exclama. Apasionante –concluye–, es decir, con un pie en la izquierda y otro en ningún sitio. Y ese ningún sitio ¿cuál era? La abstención, obvio, lo único que cabe en el centro.

Pero en fin, más allá de las cavilaciones de mi amigo, la candidatura 'Somos socialistas', que ha ganado con rotundidad el proceso electoral de las primarias del PSOE, está en la enmienda a la totalidad de las ponencias de la Gestora. Donde decía centro-izquierda se dirá “izquierda”. Lo había anunciado ya: “Aquí está la izquierda”. Y en un acto de generosidad y de realismo, ha planteado el proceso de elección de delegados al Congreso Ordinario del PSOE con una firme voluntad de integración. La unidad es necesaria –faltaría que se produjeran más disgregaciones en el campo de la izquierda– pero cuidado, tan necesaria es la unidad como la consolidación de los apoyos que han llevado a Pedro Sánchez hasta la cumbre del PSOE.

No puede defraudar esos apoyos –me dice este amigo euclidiano, socialista de corazón pero sin carnet–.

Yo, por mi parte, que soy economista, recuerdo en 2004, en la calle Ferraz de Madrid, a las puertas de la sede del PSOE, a una multitud de ciudadanos clamando a Rodríguez Zapatero, ganador de las elecciones generales: “No nos falles”, “no nos falles”… Les falló. El giro de mayo de 2010, y la gestión posterior de la crisis, arrasó millones de puestos de trabajo y de proyectos ahogados en la austeridad. Y se llevó por delante la credibilidad del PSOE y de la socialdemocracia. Sí, Zapatero les falló en 2010. “Cueste lo que me cueste”. Más bien debió decir “cueste lo que os cueste”. Les costó a los españoles y le costó al PSOE.

En 2008, Rodríguez Zapatero había sacado para el PSOE el 44% de los votos. En 2014, Rubalcaba –su sucesor en la Secretaría General del PSOE– dimitía porque en las elecciones generales europeas el PSOE sólo alcanzó a sacar el 23% de las preferencias de los electores. En sólo seis años el PSOE se había dejado, entre la decepción y la desafección, casi la mitad de sus electores… y Podemos apenas había asomado la cabeza.

Resulta sorprendente oír a tanta gente inteligente repetir que Pedro Sánchez es responsable de los peores resultados electorales de la historia del PSOE y de otras aberraciones políticas. Debe ser que son listos de 10 a 12 y tontos de 12 a 2 y que se tragan todo lo que les cuentan los portavoces del politburó de un lobby, líquido, defensor de melifluos y difusos intereses políticos y económicos, otrora llamado El País, que en no otra cosa se ha convertido lo que fue un gran periódico, objetivo, moderado y prudente, alejado de las posiciones radicales y extremas con las que al respecto se ha estado manifestando. Mi amigo me interrumpe: No exageres. Los redactores de El País lo rescatarán y lo volverán a poner donde siempre estuvo: en la objetividad, en la moderación, en el periodismo.

Ahora, una de las últimas noticias que este medio nos retransmite es la despedida del ponente económico de la Gestora justificando su dimisión e incluyendo, entre oikonomia y economía, una sutil comparación entre Borrell, Tsipras y Maduro. En fin, aunque oikonomia quiera decir en griego “administración del hogar”, la economía no es para los economistas nada que se parezca a tal cosa. Eso sólo le parece al presidente Rajoy que siempre recurre a las amas de casa para decir que, “como ellas muy bien saben”, no se puede gastar más de lo que se ingresa. ¿Será que quienes nos gobiernan confunden la gestión de las Cuentas del Estado con las de una comunidad de vecinos?

En los próximos días de este mes de junio, el PSOE culminará un proceso convulso que se inició muchos meses antes del 1 de octubre de 2016, con la celebración de un Congreso Ordinario convocado por quienes no tenían facultades estatutarias para hacer semejante cosa. Las “ponencias” política y económica presentadas por la “Gestora”, a mayor gloria de sólo una entre los candidatos, parece que no se beneficiarán de ponentes que las defiendan ante la enmienda a la totalidad –en la práctica– que parece será presentada en el Congreso “ordinario” por quienes representen a la candidatura 'Somos socialistas', ganadora de las primarias y de los “congresillos” provinciales. Normal, los congresos ordinarios en el PSOE nunca fueron cosa de gestoras.

Hasta ahora todo bien. Que así siga. Pedro Sánchez cuenta con más del 50% de los delegados en el Congreso. No cuenta con más porque ha hecho el esfuerzo que debía y que le era exigible por la integración y la unidad. Pero con quienes realmente cuenta y debería contar es con quienes desde el primer momento le apoyaron con entusiasmo llevándole en volandas a las posiciones que hoy ocupa. Y esto no lo digo a humo de pajas o porque lo quiera mi amigo matemático. Lo digo porque me cuentan que en las candidaturas “consensuadas”, salidas de las federaciones provinciales, algunos nombres chirrían. Unidad sí, pero no a cualquier precio –parece que piensan no pocos entre quienes apoyaron la restitución de Pedro Sanchez–. Piensan –y seguramente no sin motivo– que la necesaria unidad no debe hacerse a costa de la credibilidad de un proyecto colectivo que le permitió ganar las primarias en torno a un documento programático que llamó “Por una nueva socialdemocracia”.

La responsabilidad de la unidad es de los que ganaron, sin duda, pero también lo es –y lo es de manera fundamental– de quienes perdieron. La responsabilidad es colectiva porque la democracia es sagrada. Esa sí que está tocada por los dioses de la política y del socialismo.

—Pedro, no les falles. El PSOE no tendrá una segunda oportunidad.

Como sabemos, la Transición Energética desde el actual modelo energético hacia un nuevo modelo bajo en carbono es el instrumento fundamental de la lucha contra el calentamiento global, cuya causa fundamental son las emisiones de gases efecto invernadero, que en su mayor parte proceden del despilfarro de los recursos energéticos, de una baja eficiencia energética y del consumo de combustibles fósiles. Proceden, en definitiva, del comportamiento depredador de los recursos naturales que caracteriza a la especie humana y que pone en riesgo la vida en el Planeta tal y como hoy la conocemos. Un comportamiento que debemos intentar cambiar a través de la educación medioambiental y compensar a través del desarrollo tecnológico.

Pero la Transición Energética, instrumento en el que se centra la lucha contra el calentamiento global, trae consigo, además, efectos colaterales de suma importancia para la economía porque exigen el despliegue de medios financieros, tecnológicos y sociales que contribuirán a la transformación de nuestro actual modelo productivo en un modelo más eficiente y más eficaz para el impulso de un tipo de desarrollo que sirva al bienestar de las personas. Es decir, a un “progreso seguro” cuyo indicador ya no podrá ser la tasa de variación del PIB.

Y en esa lucha, el sector eléctrico es un elemento fundamental. También lo es, desde luego, la eficiencia energética y el ahorro… el ahorro que es la contención del despilfarro energético de una sociedad medioambientalmente poco instruida. La importancia de la educación, fundamental. Sólo ella podrá cambiar la intensidad de nuestros comportamientos depredadores del medio natural. Tenemos que empezar desde la escuela. La Institución Libre de Enseñanza en la memoria. Pero no bastará, aunque sea imprescindible. Será necesario el desarrollo de la tecnología porque sin ella la sostenibilidad económica podría entrar en conflicto con la sostenibilidad medioambiental abocándonos a la catástrofe.

En el sector eléctrico es donde está la vía para convertir el sol, el viento y el agua en luz, calor y fuerza… en la energía segura que deberá alimentar el progreso de nuestra sociedad. Pero con una regulación que ignore las especiales características técnicas y económicas de la electricidad, el papel que la electricidad está llamado a cumplir en la descarbonización de nuestro modelo productivo quedaría comprometido.

Uno de los elementos que caracteriza a la regulación vigente del Sector Eléctrico en Europa y en España es la neutralidad tecnológica.

El fundamento de esta neutralidad regulatoria reposa en la afirmación de que todos los kWh son iguales… iguales porque parecen iguales. Iguales porque suministran un servicio igual. Todos suministran luz, calor y fuerza ya tengan su origen en tecnologías fotovoltaicas, térmicas, hidráulicas, eólicas o nucleares. Todos los kWh son iguales… y lo que es igual tiene el mismo valor, debe tener el mismo precio, el precio que los mercados competitivos establecen. No hay más, así parece y así de simple nos quieren hacer creer que son las cosas.

Y, verdaderamente, “neutralidad” es un concepto que asociamos a otros conceptos muy respetables como “objetividad”, “independencia”; “imparcialidad”… En fin, todas virtudes propias de árbitros que dirimen desde la objetividad, la independencia, la imparcialidad, intereses enfrentados para que los resultados sean justos y equilibrados. Así es el mercado. Un instrumento de equilibrio y de progreso.

Y sí, efectivamente, el mercado es un instrumento de equilibrio y de progreso. ¿Pero lo es en cualquier circunstancia? ¿Pero todo lo que nos dicen que es mercado realmente lo es?

No. No lo es, aunque en alguna ley de nuestro ordenamiento jurídico se diga que el mercado de la electricidad es un mercado y que la generación es una actividad liberalizada. Ni el mercado de la electricidad merece tal nombre ni nada ha sido liberalizado en nuestro sistema energético. La libertad de entrada no es posible en los dos segmentos tecnológicos determinantes de las características de nuestro sistema de generación eléctrica: la energía nuclear y la energía hidroeléctrica. En esos segmentos no hay competencia posible; y la competencia o existe o no existe. Competencia a medias no es competencia y sin competencia, hablar de mercado es una simple manipulación de las palabras y de los conceptos.

Pero volvamos a la neutralidad.

Neutralidad tecnológica. ¿Somos neutrales ante las diferentes tecnologías de generación eléctrica? ¿Es indiferente que la electricidad sea producida con una u otra tecnología? ¿Que lo sea como resultado de la transformación de no importa qué materia o fuente primaria de energía?

¿Somos neutrales ante la emisión de gases efecto invernadero que están en el origen del calentamiento global?

¿Somos neutrales ante el deterioro de la economía que implica la importación de combustibles fósiles?

¿Somos neutrales ante la creación o no de empleo de calidad? ¿Lo somos ante la mayor o menor inversión en nuestra economía? ¿Ante el impulso de la innovación y de la investigación?

¿Somos neutrales ante el mayor o menor coste de la energía eléctrica para las familias y las empresas? ¿Somos neutrales ante los oligopolios y su poder económico y político?

¿Somos neutrales ante las comarcas condenadas a quedar deprimidas por los cambios tecnológicos?

¿Podemos ser neutrales ante los diferentes modos de producir electricidad?

No. Y si no somos neutrales ante ninguna de estas cosas, tampoco podemos serlo frente a una u otra tecnología de generación de electricidad porque aunque todos los kWh parezcan iguales todos son distintos.

Y lo son porque:

Todos los kWh son distintos según su origen primario porque, en definitiva, eficiencia económica y eficiencia medioambiental son la cara y la cruz de una misma moneda… de la moneda con la que debemos pagar a las generaciones presentes y a las futuras.

Al fin, no hay economía sin ecología.

El desafío es detener, revertir y adaptarse al cambio climático, que es la manifestación más evidente de la urgencia de una transición ecológica de la economía. Si el mundo no comienza a reducir sus emisiones de CO2 desde ya y no llega a 2050 con una reducción del 50% de sus emisiones –por encima del 80% en Europa– se acentuarán los efectos ya visibles del cambio climático, con destrozos inimaginables para la humanidad, con el consiguiente aumento de la pobreza y de la desigualdad en muchas partes del planeta.

La socialdemocracia tiene la responsabilidad de impulsar políticas eficaces para frenar el deterioro del medio ambiente, entendiendo que la cuestión primordial es conseguir en las instituciones del Estado el poder representativo necesario para acometer las medidas que se precisan, porque intereses especulativos de corto alcance, estarán enfrente y frente a ellos la derecha se plegará. Es el poder de los oligopolios.

La transición hacia un nuevo modelo energético no se va a producir sin los adecuados incentivos públicos (fiscalidad, compras públicas, regulación) y, si es necesario, por la situación de excepcionalidad de este desafío, con mecanismos de control público frente a las resistencias corporativas, que son y serán muy notables en todos los sectores productivos y, en especial, en los energéticos.

Esta es una razón principal por la que España necesita instituciones reguladoras y partidos políticos autónomos, independiente de intereses privados y sólo dependientes de los intereses generales. Una independencia que sólo puede encontrarse en la izquierda que nace de los principios de solidaridad, libertad e igualdad a los que hoy se incorpora el medio ambiente en un modelo de progreso que debe tener como guía el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

En España, la actuación del Gobierno del PP va en dirección diametralmente opuesta: ha modificado numerosas normas ambientales, y se ha plegado ante los intereses particulares de determinados sectores; en particular de los oligopolios energéticos, manteniendo, incluso, ante el estupor del resto de Europa, los obstáculos a la puesta en pie de sistemas de generación descentralizada de energía a partir de fuentes renovables. Al respecto, los recortes retroactivos a las inversiones en tecnologías renovables y las dificultades al autoconsumo.

En el sector eléctrico, elemento nuclear de la energía y, por consiguiente, con alcance sistémico sobre toda la economía, es donde el doctrinarismo mercadista –es decir, el neoliberalismo– se manifiesta en todo su esplendor: la regulación de los mercados de la electricidad prescinde de las características de la electricidad y aplica criterios estándares en su regulación que no sirven y fortalecen el oligopolio eléctrico.

Los mercados no son asignadores eficientes en cualquier circunstancia, sólo lo son si concurren requisitos mínimos en los que los agentes puedan competir:

Y si tales cuestiones no concurren y se ignoran, como las ignora la regulación eléctrica, es que estamos ante puro doctrinarismo carente de fundamento científico alguno, ante planteamientos ideológicos con sustento en poderosos intereses ajenos a los generales; ante el “neoliberalismo” en suma, como ideología invasora frente a la que el socialismo debiera tener una respuesta genuina que sólo puede encontrarse en la izquierda, en un proyecto autónomo e independiente de los intereses en presencia.

Las soluciones concretas a las cuestiones que se plantean son complejas y su perfeccionamiento corresponde a expertos en los diseños regulatorios, pero sí es muy claro cuál debiera ser el marco desde el cual deben construirse las soluciones:

“Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. En definitiva más democracia y menos mercados ineficientes y especulativos.

Y aquí está el problema. El mercado de la electricidad, tal y como está regulado desde los principios de la neutralidad tecnológica, funciona y funcionará mal generando perturbaciones retributivas, económicas, sociales y medioambientales que exigen y exigirán continuas intervenciones administrativas que desconciertan y desconcertarán a inversores y consumidores, a los que la Transición Energética necesitará para que los objetivos de descarbonización sean alcanzables.

La reforma necesaria para acabar con este tipo de regulaciones perturbadoras necesitará recurrir a una mayor presencia del Estado en la regulación del Sector Eléctrico que deberá asumir diferentes responsabilidades entre las cuales cuatro esenciales:

Si no es por este camino, la consecución de los objetivos medioambientales sólo encontrará dificultades.

La conferencia política del PSOE celebrada en noviembre de 2013, aprobó muy diferentes propuestas que aportaban soluciones solventes al ineficiente funcionamiento de los mercados para gestionar los problemas que nos exige el progreso seguro.

¿Dónde están esas propuestas que hoy siguen siendo la posición oficial del PSOE? Están metidas en un cajón guardando el sueño de los justos.

Pero hoy sí creo que el proyecto “Somos socialistas” sacaría del cajón tantas propuestas progresistas que este PSOE –por falta de convicciones o por falta de coraje– mantiene a buen recaudo. Su documento programático “Por una nueva socialdemocracia” constituye el marco ideológico capaz de sacar del cajón al mejor PSOE de la energía. Baste la transcripción de uno sus puntos, el 194 entre varios, por ejemplo, para justificar la confianza y la credibilidad que su proyecto suscita entre no pocos ciudadanos que comparten la preocupación por la energía, por su importancia en la economía y por el futuro del planeta:

Sí, sacar del cajón al mejor PSOE de la energía porque a la candidatura de Pedro Sánchez no le falta ni coraje ni convicciones.

Postdata: ruego encarecidamente a quienes se sientan aludidos, que antes de seguir insistiendo en el discurso de que estas primarias del PSOE son un enfrentamiento personalista entre candidatos, vacuo de propuestas y de proyectos, lean los documentos programáticos de los candidatos… aunque sólo sea por respeto a quienes han echado horas y horas en discutirlos y redactarlos. El de la candidata, cuando escribo este artículo a tres días del día de la elección, no existía. El de la candidatura que encabeza Pedro Sánchez tiene 245 propuestas. Este artículo no es más que una reflexión sobre uno de sus puntos.

El proceso de primarias en el PSOE para la elección de su secretario/a general es el paso previo a la celebración de un Congreso –previa elección, también, de los delegados que lo integrarán– que tendrá como principal misión la elección de su Comisión Ejecutiva y de su Comité Federal. Se inicia así, con estas primarias, la reconstrucción de los órganos de dirección o gobierno interno de PSOE, abruptamente destruidos por una coordinada y simultánea dimisión de suficientes miembros de su última Comisión Ejecutiva y por un posterior Comité Federal, celebrado el pasado 1 de octubre, que condujo a su secretario general, carente de otras opciones, a la dimisión.

Nada descubro diciendo que el PSOE no es cualquier cosa desde ninguna perspectiva. Se trata del partido que representa la concreción máxima de una cultura socialista o socialdemócrata que tiene raíces profundas en amplias capas sociales de nuestra sociedad. Es, por consiguiente, un actor de suma importancia en la vida política de nuestro país. La preocupación por el desenlace final de estas primarias y de su posterior Congreso, está fundada.

En este proceso electoral concurren tres candidatos que representan –en está ocasión, sí– diferentes concepciones políticas del PSOE y de la socialdemocracia. Por fortuna, sus estatutos establecen procedimientos internos impecablemente democráticos que garantizarán que la voluntad de sus afiliados, a través de sus representantes, sea la que gobierne y dirija el partido –las primarias no son otra cosa que el comienzo de las elecciones de sus representante–. De este proceso saldrá, pues, si no hay interferencias inesperadas que lo desvirtúen, un partido y una política cuya interpretación corresponderá a los integrantes elegidos para cada uno de sus órganos de dirección.

Leyendo las crónicas del acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE quedo preocupado... no por lo que representa la figura de la candidata, cuya opción es completamente legítima, si no por el argumentario que esgrimen en su apoyo no pocos dirigentes del PSOE, históricos y orgánicos, en muchas otras ocasiones distantes e incluso enfrentados, que ahora se unen en torno a la candidatura de Susana Díaz… El hilo conductor de este apoyo se sustenta en la defensa del PSOE como proyecto capaz de atraer a la mayoría social que les apoyó hasta 2008 y que ha ido perdiendo fuerza. El antagonista de este bloque de apoyo heterogéneo lo representa Pedro Sánchez, su último secretario general, a quien atribuyen la defensa de un proyecto orgánico y político asambleario ajeno al espacio socialdemócrata. Se trata, al parecer, de “Salvar al PSOE”. La gravedad de la situación, interpretan, viene dada por la debilidad electoral en la que ha caído el PSOE, por la fuerte crisis interna que tal situación ha generado y por la división sin precedentes del partido con la que la crisis se está manifestando.

Se trata, en definitiva, de una diatriba de argumentos en cadena sobre los que conviene hacer algunas precisiones para desbrozar el entendimiento de las posiciones que en estas primarias se dilucidará:

Empecemos por partes. ¿Los votos los perdió el PSOE de Pedro Sánchez?

En 2008 el PSOE ganó las elecciones con 11,3 millones de votos que representaban el 44% de los votos emitidos. Los había ganado el PSOE de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez no existía.

En 2011, el PSOE perdió las elecciones con un 28,7% (una caída de un 15,9%) y 4,3 millones de votos menos. Aunque al frente del PSOE se encontraba ya Alfredo Pérez Rubalcaba, sería injusto imputarle la responsabilidad fundamental de semejante debacle. Parece más bien que esa responsabilidad sería imputable al PSOE de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. que en 2010 había dado un giro espectacular a su discurso. “Cueste lo que cueste”. Pues sí, le costó a muchos españoles y a la credibilidad del partido. Sánchez, entonces, ni sabíamos que existía.

En las europeas de 2014, el PSOE bajó su porcentaje de votos al 23% sobre los emitidos. Un 5,7% por debajo de las elecciones generales anteriores. De votos ni hablemos. La abstención estaba ya haciendo sus estragos. El PSOE obtuvo una pérdida adicional de 3,4 millones de votos. Los había perdido el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba. Sánchez todavía no estaba allí y Podemos apenas había asomado la cabeza con un 7,97% de los votos emitidos.

En las generales de diciembre 2015 el PSOE, contra muchos de los pronósticos demoscópicos, resistió como primera fuerza de la oposición con un 22,01% de los votos, una pérdida de sólo nueve décimas sobre las anteriores elecciones generales, las europeas de 2014, pero en esta ocasión en un contexto completamente nuevo que algunos esconden para sacudirse culpas: Podemos había multiplicado por 2,6 su porcentaje de votos, alcanzando el 20,7% sobre los emitidos. Pedro Sánchez ya estaba al frente del PSOE. La sangría se había cortado. Siempre me extrañó la indignación –un poco impostada, por cierto– de algunos destacados dirigentes del PSOE por la satisfacción que Pedro Sánchez mostró ante los resultados. Desde luego los resultados no habían sido para tirar bombas, pero sí habían logrado cubrir algunos objetivos cualitativamente importantes para el futuro electoral del PSOE. La impostura de la indignación ya apuntaba hacia un relato que todavía no se mostraba en todo su alcance.

En las generales de junio 2016, contra todos los pronósticos y en especial contra el pronóstico de Podemos –que obsesionado con el sorpasso había incorporado a sus filas los restos de IU y ya se llamaba Unidos Podemos– el PSOE de Pedro Sánchez Castejón mejora en seis décimas el porcentaje obtenido seis meses antes con un 22,66% de los votos emitidos y mantiene al PSOE como primera fuerza de la oposición. La herida por la que el PSOE se estaba desangrando empezaba a ser restañada. Unidos Podemos pierde más de un millón de votos. Pedro Sánchez estaba al frente del PSOE.

Primera conclusión. Los votos perdidos por el PSOE desde 2008 no los perdió el PSOE de Pedro Sánchez. Los perdieron los PSOE de Zapatero y de Rubalcaba y, además, los perdieron en un contexto político mucho más favorable –Podemos o no había nacido o apenas había llegado a mostrarse como alternativa en el espacio de la izquierda– que el que tuvo que afrontar el PSOE de Pedro Sánchez.

Y ahora continuemos con lo segundo. ¿Quién ha generado la “división sin precedentes” en el PSOE? ¿Ha sido Pedro Sánchez o han sido quienes, sin decir ni anunciar por qué, han dejado al PSOE sin gobierno o, en todo caso, bajo el gobierno de una gestora que ha incumplido su misión estatutaria de restituir en plazo razonable y urgente los órganos de dirección del partido?

La lengua con las que nos comunicamos está viva y tiene la capacidad de acuñar nuevas palabras con capacidad de definir situaciones complejas. Estamos asistiendo a la “política de la posverdad”. Posverdad, sí. Neologismo que abrevia lo que realmente es, simplemente, mentira, estafa o falsedad escondida en un relato que se lanza en estas primarias contra los antagonistas de Susana Díaz. Como nos transmiten los cronistas que siguen la política, “Decenas de dirigentes del PSOE, distantes e incluso enfrentados en muchas etapas… atribuyen (además) a Sánchez unos postulados ajenos al PSOE… (entre ellos)…su llamada a la unidad de acción de las fuerzas de la izquierda y las sindicales… (y) la sustitución total de los órganos representativos por la consulta a la militancia para la toma de decisiones”.

Que yo sepa, o los cronistas se están informando mal –que no lo creo– o alguien les está mal informando. Nunca el PSOE ha dejado de tener en su ADN “la unidad de acción de las fuerzas de la izquierda y las sindicales…” y si este fuera el argumento de quienes están detrás de la candidatura de Susana Díaz, está claro –meridianamente claro– quienes son los que están detrás de una “división sin precedentes” en el PSOE. El relato de la posverdad acaba revelando la verdad.

Soy un economista que creo no estar aislado de lo que piensan tantos economistas que como yo, se consideran “economistas progresistas” y estoy seguro que como a mí, a ellos también les cuesta encontrar diferencias –si acaso sólo de matiz– entre las posiciones de los sindicatos o de las fuerzas políticas “a la izquierda” del PSOE y las posiciones del PSOE aprobadas en sus congresos y en sus conferencias políticas.

'Economistas Frente a la Crisis (EFC)' es meridianamente claro al respecto. Sus análisis y propuestas difícilmente son cuestionables desde quienes se reclaman de izquierdas. Son muchos los documentos de esta asociación de economistas progresistas los que abundan en el tema. Basta consultar su declaración al respecto –anterior a las últimas elecciones generales de junio 2016–. Y la economía no es otra cosa que política concentrada, la médula de la política. ¿Por qué, entonces, no ha de buscar el PSOE la unidad de acción con las fuerzas de progreso? Esa búsqueda ha estado siempre en su ADN. Otra cosa es que lo haya logrado o no. Otra cosa es que no haya sido capaz de ser creíble ante sus interlocutores. Otra cosa es que sus interlocutores hayan sido leales o no con sus propias convicciones. Otra cosa es que se hayan mezclado mezquinos intereses de poder de unos y otros… pero otra cosa muy diferente es que esa “unidad de acción” no sea parte del ADN del PSOE… desde 1879.

Y ¿dónde está el asamblearismo de la candidatura “Somos socialistas”? Otra posverdad. ¿O acaso es asamblearismo que los representantes consulten a los afiliados –que les eligieron– el cambio o no de políticas que fueron las que les llevaron a ser elegidos? Algunos hasta piensan que elegir al secretario general mediante primarias también es asamblearismo.

Sí. Las crónicas políticas sobre las cuitas del PSOE, suponiéndolas, como la supongo, bien informadas, son preocupantes. El PSOE no es cualquier cosa como para quedar abandonado a quienes “cimentan” sus argumentos en los relatos de la posverdad.

Es sorprendente constatar las dificultades que encuentra la opinión informada, incluso, expertos de la economía y del derecho, para comprender la cuestión eléctrica. La razón no puede ser otra que la fuerza de los preconceptos con los que se aborda su análisis. Apuntalados por los intereses que protegen, se revelan como paradigmas indestructibles:

El precio de la electricidad solo puede ser uno porque toda la electricidad, sea cual sea su origen, es idéntica. Y ese precio lo fija un mercado en el que pueden concurrir todos los generadores. Un precio que debe ser el soporte de la retribución de las empresas que la producen y venden.

Este es el paradigma sobre el que ha sido construida la reforma eléctrica que el Gobierno ha aprobado el 12 de Julio de 2013. Sin duda, se trata de un paradigma muy robusto ¿Cómo puede no estarse de acuerdo con principios tan elementales?

El mercado es una construcción fundamental de nuestra sociedad. Incluso es indesligable de nuestro comportamiento como especie y ha contribuido a que acabáramos dominando o superponiéndonos, al menos hasta ahora, a las leyes de la naturaleza.

El mercado nos ha permitido ser más eficientes y ha contribuido a situarnos en la cima de la evolución. Somos el homo sapiens convertido en homo oeconomicus. No entro aquí, naturalmente, en la controversia escolástica que en torno al concepto de homo oeconomicus surgió entre las escuelas neoclásica y keynesiana que todavía persiste. Sólo quiero constatar que nuestro comportamiento como especie no puede prescindir del mercado para continuar en una senda de progreso material (al menos temporalmente). No disponemos de otro instrumento más eficaz para organizar nuestra economía, nuestra convivencia, al fin.

Pero no podemos llamar mercado a cualquier cosa. El mercado sólo es posible si existe libertad e información y exige, además, que todos los beneficios y perjuicios implícitos en toda transacción puedan ser percibidos y apropiados o soportados por quienes las realizan.

Esta es una de las razones por la cual existen diferentes tipos de mercados. Es decir, mercados bajo diferentes diseños que responden a la diferente naturaleza de los bienes o servicios cuyas transacciones organizan, y la razón por la cual el Estado interviene para corregir los fallos que los mercados presentan cuando no existe libertad o información o generan beneficios y/o perjuicios que afectan a terceros ajenos a las transacciones.

Estoy hablando de la electricidad, no me he distraído. Sí, del mercado de la electricidad. Volvamos al paradigma que impide o dificulta la comprensión de la cuestión eléctrica y enfrentémoslo ahora, desde la electricidad, a los principios elementales que son necesarios para que el mercado despliegue toda su eficiencia:

¿Existe libertad en el mercado para producir electricidad con no importa qué tecnología? La libertad de entrada en los mercados es un elemento inherente al concepto de mercado y es la razón por la que los mercados expulsan las tecnologías caras (ineficientes) para abrir hueco a las tecnologías baratas (eficientes). Esta es una de las grandes aportaciones de los mercados al progreso. Incentivan la convergencia tecnológica sobre las tecnologías más eficientes, aquellas que presentan la mejor relación entre recursos consumidos y recursos producidos.

Así es que, volvamos a hacer la pregunta ¿Existe libertad en el mercado de la electricidad? Obviamente no. Si esa libertad existiera, no estaríamos cubriendo la demanda de electricidad con diferentes tecnologías con tan diferentes ratios entre recursos consumidos y producidos. La cubriríamos sólo con la tecnología más eficiente, por ejemplo, con los aprovechamientos de los recursos hidráulicos del Duero. Pero Duero no hay más que uno y la energía que puede producir es poco más del 1% de la que necesitamos para cubrir la demanda de electricidad. Es decir, no existe libertad para producir electricidad y venderla en el mercado con no importa qué tecnología.

Es claro, pues, que en aquellos espacios en los que no exista libertad de entrada nada puede legitimar los beneficios privados que suministra el mercado de la electricidad a quienes en ellos se ubican. El mercado eléctrico diseñado en 1997 por la LSE -y que la reciente reforma eléctrica viene a consagrar con el más radical de los fundamentalismos dogmáticos que podamos imaginar ignorando las características del Sector Eléctrico - es incompatible con la ausencia de libertad de entrada presente en algunos de sus segmentos tecnológicos más determinantes.

Pero naturalmente, lo del Duero es sólo un ejemplo. Un ejemplo que sirve para el Tajo, el Ebro, el Guadalquivir… en fin, para toda la fuerza hidráulica de nuestras cuencas hidrográficas que apenas puede cubrir el 13% de la electricidad que consumimos. Y ¡atención! esa fuerza hidráulica es un bien público explotado por empresas privadas mediante concesiones administrativas adjudicadas a cambio de una tarifa prefijada que permitía a los concesionarios la recuperación de sus inversiones y retribuir los capitales invertidos. ¿Qué fue de esas tarifas?

Estas concesiones administrativas, que nunca fueron adjudicadas mediante concurso, están siendo retribuidas de manera sobrevenida desde junio de 2005, por el precio que fijan en el mercado las ofertas de centrales de gas y de carbón, propiedad de las mismas empresas concesionarias de los aprovechamientos hidroeléctricos, muy superiores a los costes que en el contrato concesional la Administración Pública quedaba comprometida a cubrir. Es el paradigma actuando de manera implacable contra los consumidores: “toda la electricidad es idéntica y debe ser retribuida con el mismo precio con independencia de donde haya sido producida”. Un paradigma detrás del cual está la sobreretribución de la hidroelectricidad, una de las causas del déficit tarifario, seguramente por encima de los 1.500 millones de euros anuales.

Este mismo aserto es aplicable a las centrales nucleares. Barreras administrativas o barreras financieras infranqueables también impiden en este segmento el ejercicio de libertad de entrada sin el cual los mercados son ineficientes. Sus costes, también inferiores al precio único que según el paradigma debe retribuir a todas las centrales, suministran a sus propietarios beneficios sobrevenidos –es decir, inesperados cuando sus propietarios decidieron y ejecutaron las correspondientes inversiones- que también están detrás de los altos precios de la electricidad en España. Beneficios sobrevenidos cuyo valor –a la espera de la tan deseada auditoría regulatoria- también se situarían en el entorno de los 1.500 millones de euros.

¿Qué tendrá que ver la energía nuclear o hidroeléctrica con la electricidad de origen fósil o de cualquier otro origen para que los consumidores paguemos por todas un mismo precio? Que todo sea electricidad no es más que una realidad que esconde a economistas y juristas otra realidad determinante para la economía y el derecho que el paradigma ignora: la enorme diversidad existente detrás de cada de uno de los kWh que consumimos por muy homogéneos que nos parezcan. Y esconde que esa diversidad es, además de inevitable, deseable para la gestión de un bien no almacenable cuyo consumo presenta una estacionalidad radical irreductible.

Siendo diversas las tecnologías, los combustibles y las energías primarias que nos suministran electricidad, aparecen otras cuestiones esenciales para que el diseño de su mercado sea eficiente o no lo sea: los beneficios y/o perjuicios inherentes a cada tecnología que afectan a terceros ajenos a las transacciones. Son lo que los economistas llamamos externalidades. Externalidades que no son otra cosa que un tipo de beneficios o de perjuicios que no pueden ser apropiados ni son soportados por quienes participan en la transacción. Son cosas tales como la contaminación, el empleo, la tecnología, el tejido industrial, la dependencia exterior… en fin, valores negativos y positivos invisibles para el mercado a los que, por esa razón, no puede poner precio. ¿Hay algún otro sector que despliegue tantas y tan variadas externalidades de tan diferente signo como despliega el Sector Eléctrico?

El paradigma sobre el que ha sido construida la reforma eléctrica, nada sabe de esto. Y, seguramente, ni Soria, ni Nadal ni nadie en el Gobierno tampoco lo saben, o no tienen diagnóstico, o no tienen modelo, o están presos de un paradigma que, apuntalado por los intereses que protege, les impide comprender que es lo qué tienen entre sus manos.

Así, desde una posición ideológica que les impide enfrentarse científicamente a la singular realidad de la electricidad, han dejado indemnes las causas del déficit tarifario y de su alto coste para los consumidores. Sacralizan el precio del mercado que diseñó la Ley de 1997 y, perdidos en el laberinto de la estrambótica contabilidad regulatoria del sector eléctrico y sus procedimientos, han concebido una reforma que nada reforma por insistir en que la causa de los problemas se encuentra en los mal llamados peajes bajo cuyo nombre se agrupan los costes regulados –como si en el Sector Eléctrico hubiera algo no regulado- y no en un mal diseño de mercados, mercadillos y chiringuitos que a través de un precio único sobre retribuyen a las centrales históricas, típicamente hidroeléctricas y nucleares, malgastando por el camino otras retribuciones en agentes que nada aportan. En conjunto más de 5.000 millones de euros que sin legitimidad económica alguna cargan los costes que soportan los consumidores.

De esta manera, la retribución de la distribución, del transporte y de las energías renovables queda convertida en el objeto de lo que puede ser tocado. Pero poco hay para quitar de ahí, y menos los 4.000 millones de euros que efectivamente es necesario quitar de los costes reconocidos de la electricidad para restablecer la sostenibilidad económica del Sector en la economía del país. Así, la no-reforma tiene que recurrir también a los consumidores y a los contribuyentes, subiendo las tarifas eléctricas y buscando financiación en los presupuestos del Estado.

El paradigma mercadista no sólo queda intacto sino también reforzado y, bajo un aparente reparto salomónico de los costes que deben dejar de ser reconocidos, la no-reforma mata al niño. No lo mató el Rey Salomón, que sólo amenazó con el disparate para averiguar la verdad. Aquí no ha habido un esfuerzo de diagnóstico sino sólo inercia. Ni tampoco modelo. La política energética ha quedado abandonada al designio de mercados ineficientes y opacos. El déficit tarifario generado por las centrales históricas será pagado por consumidores, contribuyentes y renovables. Las empresas eléctricas de generación integradas en UNESA quedan blindadas y sus matrices sólo quedan afectadas en la parte que más habría que cuidar: la distribución, de la que pende la calidad del suministro a los consumidores.

En definitiva, la no-reforma eléctrica, con técnicas regulatorias primitivas e ineficientes (regulación de rentas ¡qué cosa tan antigua!), dejan las causas del déficit tarifario indemnes consolidando un particular diseño del mercado y los instrumentos regulatorios que han hecho de la electricidad española la más cara de Europa.

El victimismo con el que se manifiestan las empresas integradas en UNESA (la patronal del sector) es pura estrategia de comunicación. Son las grandes ganadoras en esta reforma. Pero esto no acabará aquí. La retroactividad inconstitucional que impregna toda la reforma daña la seguridad jurídica de España que más pronto que tarde tendrá que ser restablecida, aunque sólo sea porque una reforma estructural en la electricidad es imprescindible para la competitividad y el cambio de modelo económico.

Porque, efectivamente, hay reformas estructurales que nos acercan al progreso y al bienestar. Y esta, la que no se ha hecho en el sector eléctrico, es una de ellas.

El futuro es renovable y si la retribución de las primeras inversiones en energías renovables no son respetadas ¿por qué los nuevos inversores van a confiar en arriesgar sus capitales en las siguientes inversiones que siempre serán más caras que las que en periodos sucesivos se hagan?... y es renovable porque gracias a las inversiones realizadas en las tecnologías renovables de primera generación, se ha desencadenado una espectacular curva de aprendizaje que permitirá bajar en el medio plazo los costes de la electricidad ha sido desencadenada. Su superioridad desde una perspectiva económica privada es evidente. Pero si eso es ya evidente, su superioridad desde una perspectiva económica social es espectacular: crean empleo de calidad, tejido industrial y empresarial; fomentan la innovación tecnológica; utilizan recursos limpios y autóctonos disponibles de manera ilimitada; sustituyen importaciones de materias primas fósiles con la consiguiente mejora de nuestra balanza comercial; y son el más eficaz instrumento para la gestión del cambio climático. Son, en definitiva, una contribución nada despreciable para el nuevo modelo productivo que España necesita para una salida sostenible y duradera de la crisis.

Este fue el sueño que tuvimos cuando empezamos ver que el niño crecía. No podemos consentir que Salomón lo mate.

Para vencer las pésimas perspectivas económicas es crítico que la Unión Europea aligere la senda de déficit impuesta para España y que se apueste por una recapitalización directa de los bancos que rompa el círculos vicioso entre riesgo soberano y riesgo bancario.

Las Previsiones de Primavera de la Comisión Europea dibujan un panorama desolador: la recesión continuará asolando la zona euro durante 2013 y solo en 2014 observaríamos crecimiento positivo, si bien tan anémico que apenas se transformará en leves caídas en el nivel de paro. El caso de España es sin duda más alarmante. En 2013 se agravará la recesión y en 2014 no conseguiremos crecer por encima del 1%. Toda la Europa del Sur, de manera muy particular Grecia, se ahoga en la recesión y el desempleo. Como en una pesadilla, semestre tras semestre postergamos la salida de la crisis al semestre siguiente. “El crecimiento está a la vuelta de la esquina” nos dicen, pero esa esquina no parece tener fin.

El sur de Europa se enfrenta a un futuro de crecimiento débil en los próximos lustros, un estancamiento derivado de las altas tasas de desempleo, una deuda privada en niveles insostenibles, un ulterior deterioro de los balances bancarios y un canal de crédito disfuncional.

Los datos que proporciona la Comisión Europea no dejan lugar a dudas. La deuda privada es uno de los principales desequilibrios a los que se enfrenta la economía española. Durante la década que siguió a la introducción de España en el Euro, el flujo de crédito al sector privado fue de tal magnitud que el stock de deuda privada alcanzó el 227% del PIB en el año 2010. Al finalizar 2012 solo se había reducido hasta el 213% del PIB. Esta enorme carga nos fuerza a un desapalancamiento que repercute negativamente en la demanda doméstica y en el crecimiento económico.

La dificultad para repagar las deudas en un entorno recesivo se ha traducido en decenas de miles de millones de euros en activos impagados o de dudoso cobro, no solo concentrados en torno a los grandes promotores inmobiliarios, sino también en las familias y pymes. La dificultad para acceder al crédito, la recesión de demanda y las lúgubres perspectivas para los próximos años auguran un negro futuro con los consiguientes efectos de segunda ronda para el conjunto del sistema financiero español. Serán necesarias nuevas inyecciones de capital en la banca. Las normas europeas de funcionamiento del MEDE deberían ser lo suficientemente flexibles para utilizar los fondos de manera inteligente y actuar de manera preventiva.

La experiencia histórica nos muestra que la salida de una crisis financiera es siempre difícil y no inmediata. Pero incluso para los estándares de este tipo de crisis, la actual es particularmente destructiva. Sin duda alguna la complejidad en la toma de decisiones del gobierno económico europeo contribuye a esta situación. Pero de manera particular, la excesiva duración de la crisis se debe achacar al diseño y a la orientación de la política económica impuesta desde los estados miembros de la Europa conservadora representada en el Eurogrupo. La política fiscal sin sentido, procíclica y contractiva, está imponiendo una barrera adicional al crecimiento. La austeridad malentendida, que es en realidad derroche contractivo pues, al recortar en sectores clave para el crecimiento futuro, condena a los recursos productivos a su infrautilización, impide la reactivación y malogra los objetivos de consolidación. Nadie niega la necesidad de reducir los elevados niveles de déficit y de contener la creciente deuda pública. Pero la consolidación fiscal se debe diseñar de manera inteligente, protegiendo especialmente aquellas partidas del presupuesto público que más afectan al crecimiento potencial y a la cohesión social y ser conscientes de que en medio de una recesión, el efecto multiplicador de los recortes contribuye aún más a la caída de la actividad económica.

Tenemos que insistir en la necesidad de reducir el ritmo de consolidación, porque si no la realidad nos lo terminará imponiendo a un coste mucho mayor. Con una política monetaria llevada hasta el límite e incapaz de reactivar la economía, debe ser la política fiscal la que tome el relevo en la tarea de impulsar la demanda. Las instituciones europeas tienen que reconocer ya su error, salir de posiciones dogmáticas que chocan con la realidad diaria de más de 26 millones de europeos parados y utilizar los instrumentos de los que disponen con mayor flexibilidad. La estabilidad fiscal en el medio plazo no se conseguirá sin un impulso decidido en el corto plazo.

A pesar de los progresos realizados en el ámbito financiero, los gobiernos europeos continúan dilatando las decisiones que permitirían desnudar el balance de los bancos. La transparencia como requisito indispensable para que comience a fluir el crédito hacia las unidades productivas creadoras de empleo y crecimiento. ?Tiene sentido que haya pasado prácticamente un año desde que los líderes europeos acordasen la recapitalización directa por parte del MEDE y que todavía no haya luz verde para su aplicación? La recapitalización directa de los bancos contribuiría a romper el círculo vicioso entre riesgo soberano, riesgo bancario y sistema productivo. Los otros elementos de la Unión Bancaria, el Supervisor Único, el Fondo de Resolución y el de Garantía de Depósitos, deben ponerse en marcha cuanto antes para garantizar un correcto funcionamiento del sistema financiero europeo y evitar su fragmentación. Mientras que esto no suceda, la trasmisión de crédito hacia las PYMEs continuará inoperante. No cabe duda de que habrá países que, dada su posición fiscal saneada, deberán asumir una mayor carga. Pero de eso trata la solidaridad, concepto sin el cual Europa no tendría sentido.

Este escenario lúgubre, sin embargo, no debe dejarnos caer en el pesimismo, debemos combatir el determinismo de una Europa zombi incapaz de hacer frente a sus desafíos de una manera decidida, confiando en la democracia, aunando el interés general, el de mayoría de los ciudadanos.

De la Europa que queremos debatiremos este jueves con el líder del principal partido de la oposición griega, Alexis Tsipras. ¿Por qué Alexis Tsipras y Economistas Frente a la Crisis? Porque coincidimos en que la crisis está siendo utilizada como la coartada que faltaba a poderosos intereses para conseguir lo que con crisis y sin crisis siempre han querido: deteriorar la capacidad distributiva del modelo de Estado de Bienestar, en nuestra opinión, único fundamento que justifica la existencia de la Unión Europea ante los europeos y ante el mundo.