El resultado de las elecciones europeas en el Reino Unido condicionará a buen seguro el referéndum por la independencia de Escocia a celebrar el próximo 18 de septiembre. En los apenas cuatro meses de intervalo entre ambas consultas ciudadanas, el sentir escocés, ahora ligeramente favorable a mantener el status quo contrario a la secesión (en torno al 54% según las ultimas encuestas), podría inclinarse hacia un voto favorable a la independencia. Por paradójico que pudiera parecer, ello sería posible como efecto del europeísmo escocés, el cual es abrazado por los nacionalistas escoceses del SNP (Partido Nacional Escocés), frente al creciente soberanismo antieuropeísta inglés. La victoria en las elecciones europeas del partido UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido) ha sido inapelable, erigiéndose en el primer partido británico por delante de laboristas, conservadores y liberales demócratas. De éxito puede calificarse también para UKIP la obtención de un europarlamentario en Escocia de los seis escaños que le correspondía elegir al país caledonio. Sin embargo, y a diferencia de Inglaterra donde casi uno de cada tres electores votó por UKIP, en Escocia sólo uno de cada diez votantes hizo lo propio a favor del partido antieuropeísta. Ciertamente UKIP se ha beneficiado en Escocia de un sistema proporcional que no lo ha penalizado como el tradicional procedimiento uninominal mayoritario del británico ‘first-past-the-post’, mediante el cual el ganador, aunque sea incluso por la mínima diferencia de un voto, se adjudica la victoria descartándose el resto de los votos asignados a los candidatos perdedores.

En los últimos tiempos, UKIP se ha convertido en el partido antiinmigración y euroescéptico por excelencia en Gran Bretaña, con un programa electoral prácticamente monotemático: el abandono de la Unión Europea por el Reino Unido. Su apoyo enlaza, en no poca medida, con un nacionalismo inglés asertivo cuya figura icónica dentro del conservadurismo británico contemporáneo fue Margaret Thatcher. Justo es recordar, sin embargo, que los conservadores wets (‘blandengues’) fueron tradicionalmente adalides de la causa europeísta y en tiempos del premier Edward Heath apoyaron decididamente el ingreso del Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europa en el referéndum de 1975. Tras la cruzada política neoconservadora de la Dama de Hierro, líderes populares del Tory Party, tales como Kenneth Clarke o Michael Portillo --hijo este último de un republicano español exiliado tras la Guerra Civil-- fueron sacrificados políticamente con la activa complacencia del sector antieuropeísta de su partido. Ese sector coadyuvó al alza del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), establecido en 1993, y cuya cruzada contra la UE parece ahora imparable.

En la actualidad, y de los 59 diputados elegidos en las circunscripciones electorales escocesas al Parlamento británico de Westmintser, sólo uno es miembro del Partido Conservador. El dato contrasta notablemente con la mayoría del voto popular y de escaños que los Tories obtuvieron en Escocia en las elecciones de 1955 (50,1% y 36 diputados). Desde aquella fecha y azuzado por el neoconservadurismo antieuropeísta de Thatcher, el proceso de desafección de los escoceses hacia el Partido Conservador se ha generalizado con un incremento de la percepción popular de discriminación hacia lo que se considera un centripetismo acaparador de Londres y el rico sudeste inglés. El ‘fleco celta’ de la periferia escocesa recela de un referéndum sobre la pertenencia a la UE previsto para 2017, el cual podría convalidar las posiciones antieuropeas del nacionalismo inglés. Este último trasluce, a su vez, una cierta melancolía por el no tan lejano pasado imperial británico. Recuérdese que hasta 1949, el imperio británico abarcaba la cuarta parte de la población mundial, circunstancia que aún induce en el imaginario colectivo británico --y sobre todo inglés-- la creencia de considerar al Reino Unido como una superpotencia mundial apoyada en su poder disuasorio nuclear. Ya Winston Churchill en su famoso discurso pronunciado en Zúrich en 1946 auspiciaba una Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), la cual, liderada por el Reino Unido, concurriría como superpower mundial junto a una Europa federada, a los poderosos Estados Unidos (mighty America) y a la Rusia soviética.

Confirmado el reforzamiento electoral del soberanismo antieuropeo inglés, un pequeño porcentaje de tradicionales votantes laboristas escoceses (entre el 5% y 10%), mayormente trabajadores cualificados de clase media y residentes en la conurbación de Glasgow, podría cambiar el sentido de su voto al prevalecer en ellos una aversión a un nacionalismo inglés proclive a abandonar la Unión Europa después de 2017. Un escenario aislacionista tal supondría una vuelta a la recentralización en las instituciones londinenses (Westminster-Whitehall) y una difuminación política y económica de Escocia, a pesar de ser una de las veinte naciones más ricas del mundo según un reciente estudio del Financial Times.

Ante tal estado de cosas, un sentimiento de integración en una unión (supranacional) europea podría combinarse con un voto a favor de la separación de otra unión (estatal) como la británica. Ambos comportamientos aparentemente dicotómicos se combinan entre sí con importantes repercusiones para el futuro de la UE. La campaña oficial por el referéndum de independencia a partir del 30 de mayo hace presagiar una intensificación de las posiciones a favor y en contra. A la vista de los resultados de las elecciones europeas, es plausible aventurar una reñida pugna cuyo veredicto final bien podría dirimirse por un puñado de votos de diferencia, como ya sucedió en la consulta independentista de Quebec en 1995.

No se le escapan al lector las derivaciones para el futuro político europeo de los eventos electorales y plebiscitarios en Gran Bretaña que podrían provocar un “efecto dominó” en los casos, por ejemplo, de Cataluña, Flandes o la recreada Padania. En cualquier escenario de futuro europeo persistirá el reto por consolidar una unión política basada en sus dos principios guía fundamentales: subsidiaridad territorial y rendición de cuentas democrática. Si el primero establece que las decisiones se tomen transnacionalmente sólo si los niveles estatal, regional y local no están en mejores condiciones para realizarlo, el segundo es preceptivo para conformar la legitimidad institucional en el Viejo Continente. Ciertamente surgirán dificultades en el acomodo entre regiones, naciones sin estados y estados miembros, pero el reajuste territorial (rescaling) de la gobernanza multinivel en la UE se mantendrá como una reforma ineludible en la agenda política europea.

Tras la decepción del referéndum sobre la devolution en 1979, los nacionalistas escoceses ligaron el futuro político de Escocia a la formación de un Estado soberano. “Nada que no sea la independencia” (Independence, nothing less) era la demanda formulada contra los Gobiernos ‘sin mandato’ británicos, los cuales carecían de apoyo electoral en la nación caledónica. Thatcher interpretó los resultados de la consulta como un fracaso de la descentralización o, en expresión inglesa, como si fuese un ‘pato muerto’ (dead duck) al que había que enterrar sin mayores pompas fúnebres.

En los años ochenta, el predicamento nacionalista varió significativamente al aceptarse un mayor grado de gradualismo en la consecución del autogobierno. El nuevo enfoque cosmopolita se sintetizó en el eslogan del nacionalista Scottish National Party, ‘Independencia en Europa’.

El logro del ‘sueño noruego’, con el que se hacía referencia al caso de su vecino escandinavo de similares características socioeconómicas y que podía mantener un generoso Estado de bienestar universalista con las ganancias del petróleo del Mar del Norte, dio paso a la idea de participar activamente en la construcción de la unidad de Europa. Al tiempo se reiteraba la aspiración a la independencia en la gestión de los asuntos escoceses.

La unión política en el Viejo Continente no podrá seguir el modelo estadounidense de federalismo centralizado. Pese a la insistencia normativa de la escuela de pensamiento neofuncionalista, el establecimiento de unos Estados Unidos de Europa es altamente improbable. También lo es que la Europa continental (sin las islas británicas) siga la prescripción sugerida por Winston Churchill en su famoso discurso pronunciado en Zúrich en 1946.

Según tales propuestas, en la nueva configuración de la política mundial tras la Segunda Guerra Mundial debería haber una Federación Europea junto a las otras grandes superpotencias; a saber, los poderosos EEUU (mighty America), Rusia y el imperio Británico (con Escocia dentro de él). Se comenzará a vislumbrar la plausibilidad de tal composición de poder internacional tras la celebración en 2015 del referéndum británico sobre Europa, tal y como han prometido los herederos de la visión de Churchill en el presente ejecutivo británico.

Los acontecimientos de los últimos lustros, y en particular las repercusiones del crash financiero de 2007, han evidenciado las limitaciones del moderno Estado-nación como actor ‘soberano’ en la economía global. Los modelos de ‘ordeno-y-mando’ característicos de la democracia mayoritaria británica y del difusionismo jerarquizado del jacobinismo francés se encuentran en reflujo terminal.

Los procesos de redimensionamiento sintonizan con el principio de subsidiaridad territorial, el cual establece que el nivel preferido para la toma de decisiones políticas sea aquel más cercano al ciudadano. En otras palabras, el propósito de la subsidiariedad es el de limitar el poder de las autoridades centrales auspiciando los criterios de proximidad y proporcionalidad. La subsidiariedad reclama la provisión de marcos jurídicos protectores de las prerrogativas y jurisdicción de cada ámbito de administración. Incentiva asimismo la coordinación, a fin de gestionar las crecientes interdependencias entre las instituciones de Gobierno en la Europa multinivel.

La subsidiariedad territorial va de la mano del segundo principio guía de la europeización: la rendición de cuentas democrática. No cabe un desarrollo ulterior de la política europea si las decisiones se toman a espaldas de los ciudadanos, como a menudo ocurre en los Estados miembros de la UE. La participación democrática y la implicación ciudadana en los asuntos de la res publica es quintaesencial en la preservación del modelo social europeo, si tal modelo puede preservarse frente al empuje de la individualización remercantilizadora estadounidense o los sistemas de neoesclavismo asiático para el crecimiento económico.

La celebración el 14 de septiembre de 2014 del referéndum sobre la independencia en Escocia ofrece una oportunidad para cumplir con los dos principios europeos de la subsidiaridad territorial y la rendición de cuentas democrática. El acuerdo entre los ejecutivos de Londres y Edimburgo para la celebración de la consulta ya constituyó un hito en la puesta en práctica de aquellos principios. Resulta en cierto modo paradójico que tal acuerdo fuese alcanzado en un Estado euroescéptico al que los politólogos caracterizan como exponente de la política de confrontación (adversarial politics). Pero sus consecuencias pueden indicar el rumbo y el tono en la institucionalización del ‘animal político’ europeo.

En términos relativos, Escocia es el país que más inventores ha visto nacer en la modernidad. En cualquier escenario futuro, tras la celebración del referéndum, los electores escoceses también serán reconocidos como innovadores políticos. Los efectos serían de gran alcance si una mayoría de ellos –o un porcentaje próximo a ella– decidiese votar por la independencia de Escocia en Europa.

‘¿Estamos ya todos a bordo?’ se preguntaban en su post mis colegas Pau Marí-Klose y Francisco Javier Moreno Fuentes. Como alegoría al trayecto emprendido por Cataluña hacia su soberanía, aludían al mítico viaje de Ulises en su regreso a Ítaca y, con ello, a su rechazo a la muerte y la recuperación de un pasado --¿nacional catalán?-- perdido. Se estaría, pues, en el inicio de un periplo preñado de adversidades y dificultades pero que sería concluido con el éxito de la formación estatal catalana. La pasión por tal logro se fundamentaría en una movilización social que, según los datos recogidos en aquel artículo, no cuenta con el mismo grado de apoyo entre las clases obreras y subordinadas, buena parte de las cuales están compuesta por les altres catalans originarios de otras áreas geográficas españolas.

En el presente artículo se recurre al contraste analítico entre la situación política catalana y la escocesa a fin de contribuir al debate identificando aspectos dispares y compartidos. Entre estos últimos cabe certificar los errores de las modernas escuelas de pensamiento funcionalistas y marxistas al prescribir que ambos territorios eran comunidades nacionales fallidas y se verían abocadas a desaparecer irremisiblemente. Tales aseveraciones han sido falsadas reiteradamente en el devenir contemporáneo. Lejos de ser homogeneizadas y disueltas en sus respectivos estados británico y español (Lenin dixit), Escocia y Cataluña encaran un futuro posible --y plausible-- de independencia política.

Como se sabe, Escocia celebrará un referéndum sobre su independencia el 18 de septiembre de 2014, fruto del acuerdo alcanzado por el gobierno central británico y el ejecutivo autónomo escocés. Según datos de las últimas encuestas, prevalece una intención de voto contrario a la secesión del Reino Unido de alrededor de la mitad de los encuestados. Casi una tercera parte se pronuncian a favor de la secesión y poco menos de un quinto ‘no saben’ o ‘no contestan’. Los datos han sufrido algunas fluctuaciones en los últimos meses pero han persistido en mostrar una mayoría de escoceses a favor del ‘No’. Cabe esperar una mayor volatilidad demoscópica a medida que nos acerquemos a la fecha de la consulta popular y puede que entonces los trasvases sean significativos. Recuérdese el caso del referéndum de Québec de 1995, en donde las primeras encuestas apuntaban a una mayoría nítida de rechazo a la opción soberanista (67% a favor de la unión), aunque el resultado final arrojó una diferencia de apenas 77.000 votos en un censo electoral de 5 millones de votantes. Puede también que la mayoría contraria a la secesión escocesa del Reino Unido se incremente como consecuencia de una maduración de los argumentos en tal sentido durante una campaña a la que aún restan unos 500 días de discusión pública. Nótese el aumento sustancial del apoyo secesionista entre los jóvenes con derecho al voto entre 16 y 24 años (del 27% en octubre de 2012, al 58% en febrero de 2013).

Hasta la fecha, el debate sobre la independencia en Cataluña ha girado principalmente en torno a aspectos identitarios. Algunas elites nacionalistas insisten que Cataluña no es España, ni quiere seguir siendo parte de ella. Poco importa que los catalanes hayan manifestado un alto grado de ‘identidad dual’ mediante la cual se expresa una pertenencia política compatible con España y Cataluña. En los últimos 30 años, los catalanes han reiterado una menor identidad ‘exclusiva’ en comparación con la expresada por los escoceses. La autoidentificación del ‘soy sólo catalán, no español’ sería incompatible con la identidad española y legitimaría sociológicamente las aspiraciones por la independencia política. En 1986, cuando se realizó en Escocia la primera encuesta identitaria con la conocida como Moreno question, un 39% de los encuestados declaraban que se consideraban ‘sólo’ escoceses, sin compartir en ningún grado o medida su autoidentificación con Gran Bretaña. Después del tiempo transcurrido, el porcentaje identitario exclusivo se ha mantenido estable. En Cataluña, y por aquellas fechas de mediados de los ochenta, apenas un 9% de los encuestados se declaraban ‘sólo’ catalanes. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, tal porcentaje se ha más que duplicado alcanzando el 22%. No resulta difícil colegir que el incremento de las posiciones identitarias exclusivas y separatistas ha sido de carácter reactivo y emocional frente a lo que se ha interpretado como una imposición de las elites centralistas españolas y un nuevo ‘trágala’ escenificado con la renuncia del Gobierno Rajoy a negociar una nuevo marco de financiación para Cataluña.

Paradójicamente, aunque los catalanes dicen sentirse menos ‘exclusivos’ que los escoceses y, por derivación sociológica, estarían menos predispuestos a la secesión soberanista, la agitación nacionalista en el Principado parece haber alcanzado mayores niveles de intensidad que en la Caledonia británica, donde la argumentación racional de ‘pros’ y ‘contras’ sobre la independencia se ha desarrollado hasta ahora en un cierto clima de desapasionamiento. Existe en Cataluña una creencia difusa de que, tras la manifestación de la última Diada de 2012, una consulta soberanista convalidaría las tesis del nacionalismo separatista. Ante tales percepciones, no pocos nacionalistas escoceses envidian la ‘inteligencia emocional’ desplegada por sus homónimos catalanes para galvanizar a la opinión pública y mantener el impulso del apoyo a la secesión. A resultas de ello se habría intensificado un discurso sobre aquellos aspectos que refuerzan apasionadamente el rechazo hacia Madrid (elites centralistas) con la reiteración, por ejemplo, del cliché, Espanya ens roba. Los secesionistas catalanes, en suma, habrían desplegado una estrategia efectiva a fin de motivar al endogrupo (Cataluña) y mantener un alto nivel de disputa con el exogrupo (España). Todo ello procuraría mantener la compulsión autoafirmativa del ‘sí se puede’ que movilizó a buena parte de la población catalana el pasado 11 de septiembre. Ya las observaciones de Thorstein Veblen sobre el ‘efecto demonstración’ apuntaban a su funcionalidad para conseguir objetivos inalcanzados en el pasado. Predominan en la agitación nacionalista catalana los elementos culturales, las interpretaciones etnoterritoriales y, claro está, las más contingentes expectativas materiales de arribistas apenas salidos del ‘armario autonómico’ para profesar la fe independentista del nuevo converso.

Hasta la fecha, el debate en Escocia se ha desplegado con la ponderación característica de la patria de Adam Smith, David Hume o de los pensadores de las escuelas del Democratic Intellect y el Common Sense. Ha predominado en la campaña del referéndum escocés una ‘racionalidad’ argumentativa en el escrutinio de los diferentes puntos de vista, normalmente sustentada en datos y evidencia empírica contrastable. Así, por ejemplo, el Gobierno conservador-liberal británico ha emplazado al ejecutivo escocés (con mayoría nacionalista en el Parlamento Escocés) a que se posicione respecto a si sería la libra esterlina o el euro la moneda de curso legal en una eventual Escocia independiente. La directa interpelación cuestiona en no poca medida la viabilidad de una política monetaria soberana en una futura Escocia independiente. Añádase que, tras la crisis financiera desatada en 2007, el Tesoro británico ha inyectado como capitales de rescate y garantías bancarias en Escocia casi 300.000 millones de libras esterlinas, cantidad equivalente a toda la deuda soberana de Grecia, la más alta en la UE con un 157% del PIB en 2012.

A las anteriores alegaciones, Alex Salmond, jefe del gobierno escocés y principal líder nacionalista, ha contra-argumentado anunciando que una Escocia independiente no estaría dispuesta a asumir su deuda si el Banco de Inglaterra --que es central para todo el Reino Unido y responsable de emitir y controlar la circulación de la libra esterlina-- se negase a compartir la moneda británica. Según Salmond, sería irrazonable que los activos financieros con los que ha venido contribuyendo Escocia, y que incluyen a la libra y sus reservas, se quedasen en el Banco de Inglaterra y no se repartiese equitativamente la deuda. Además, se recuerda que los ingresos por la explotación del petróleo del Mar del Norte, extraído en las costas escoceses, ha reportado a las arcas británicas en concepto de tasas y derechos de extracción una cantidad no menor a los 300 millardos de libras esterlinas (equivalente a la mitad del total de la deuda pública española). A pesar de las reiteradas peticiones del SNP (Scottish National Party, partido nacionalista escocés) nunca se estableció un fondo escocés con ingresos procedentes de la explotación petrolífera.

Parece, pues, que los nacionalistas escoceses han reeditado ahora una línea de argumentación más emocional como sucedió a principios de los años 1970s cuando clamaban: ‘It’s Scotland’s oil!’ (¡Es el petróleo de Escocia!) y que dieron un espectacular empuje a sus aspiraciones electorales. Entonces el SNP pasó de obtener un respaldo electoral del 12,8% en 1970 al 30,6% del voto popular en las elecciones de celebradas en octubre de 1974. El ejemplo de Noruega, anhelado como el Norwegian Dream, un país vecino con análogas características sociodemográficas y de recursos naturales, aparecía entonces como un referente en el imaginario político de los escoceses que validaba no sólo emocionalmente sino racionalmente la opción por la independencia.

En los tiempos que corren, ambos casos de aspiración por la soberanía de Escocia y Cataluña colisionan con una realidad institucional como la Unión Europea en proceso de convergencia institucional. La interdependencia política en el Viejo Continente inhabilita el restablecimiento de fronteras y límites en el gobierno (y gobernanza) europea como si de compartimentos estancos se tratase, al modo del estado-nación westfaliano del siglo XIX. Considérese, por ejemplo, que más de la mitad de la legislación de aplicación directa en la vida de los ciudadanos es ya de matriz europea. La lucha contra la evasión fiscal de los capitales, por mencionar otro caso apremiante en la salida de la crisis financiera, es ineficiente si no se responsabilizan de ella todos los países implicados de modo efectivo y coordinadamente. Ciertamente sería un sinsentido cortapisar el derecho al autogobierno de naciones como Escocia y Cataluña en una unión política que tiene en la subsidiariedad territorial el principio guía en su proceso de toma e implementación de las políticas públicas. Pero tampoco debería banalizarse la importancia que la secesión de Escocia y Cataluña podría implicar para el conjunto de la UE y, muy especialmente, para la articulación institucional del gobierno (y gobernanza) multinivel europea. Otras naciones ‘sin estado’ europeas encontrarían incentivos para emprender procesos de formación estatal siguiendo la estela de los casos escocés y catalán: ¿se negaría tales credenciales independentistas a Euskadi, País de Gales, Flandes o Córcega, pongamos por caso?; ¿cuántos estados miembros soberanos de la Unión Europea podrían soportar los actuales procesos decisionales políticos y administrativos? Son estos aspectos poco debatidos pero con implicaciones cruciales en un período de crisis económica de dimensiones y soluciones claramente continentales y que descubren las vergüenzas e impotencias del marco nacional estatal. Ahora bien, estos últimos argumentos serían inútiles si los nacionalistas secesionistas descartasen su involucración en el proyecto europeo, y en la preservación de su modelo social y económico. Si es así debería constatarse en aras a la puridad democrática tan reclamada por los secesionistas.

Un postrera demanda: ¿por qué es tan estruendoso el silencio de intelectuales y expertos en los temas aquí enunciados? De ellos, como agentes de cambio, cabría esperar una mayor implicación en el debate público, enriqueciendo las discusiones y neutralizando a los conglomerados mediáticos ya posicionados sectariamente en el debate. Su deber cívico es refutar la pretendida remisión a la esfera privada de asuntos que conciernen al bienestar del conjunto ciudadano y al futuro de nuestras sociedades.