La sala de reuniones de Uthayan, principal diario tamil con sede en Jaffna, no tiene galardones adornando sus paredes. Tampoco sus mejores portadas cuelgan en marcos, como en muchas redacciones de periódicos. La habitación está decorada con agujeros de balas. En vez de sepultar las huellas del conflicto en Sri Lanka, los trabajadores del rotativo han pintado círculos rojos alrededor de los orificios, que aún guardan los proyectiles del ataque recibido en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2006.

Siete hombres enmascarados asaltaron las instalaciones del diario y abrieron fuego con sus AK47, asesinando a dos de sus trabajadores. Las fotos de sus caras ensangrentadas, y las de otros cuatro aparecen también en este mural contra la impunidad.

La imagen del rostro magullado y el pecho cubierto por electrodos de Gnasundaram Kuganathan figura en el collage. “Me llamó después del trabajo para susurrarme: 'Me acaban de atacar por la espalda con una barra de hierro',” relata emocionado Thevanayagam Premananth, director de Uthayan. Esa tarde de 2011, Premananth corrió a socorrer a su mentor y veterano reportero, que yacía en el suelo a 500 metros del diario. Después de una larga estancia en el hospital, consiguió salvar la vida y ahora vive exiliado en Suiza.

Asesinatos y exilios forzados de periodistas no son raras excepciones en Sri Lanka. Según Amnistía Internacional, al menos 15 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados desde 2006 y más de 80 se han visto obligados a huir de la isla del Índico. Mientras, el gobierno no conduce ninguna investigación.

El último Índice de Impunidad Global realizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sitúa a Sri Lanka como el cuarto país más peligroso para los trabajadores de la información. El diario Uthayan ha sido el medio local que más ataques ha sufrido –36–, más de la mitad de ellos después de abril de 2009. En ese mes se terminó la guerra civil que castigó al país durante 26 años, y que causó unas 100.000 víctimas, según estimaciones de Naciones Unidas.

Pero el final de la guerra étnica y religiosa que enfrentó al grupo independentista Tigres Tamil (LTTE) del norte, y a las fuerzas armadas gubernamentales no ha supuesto el final del conflicto. El Ejecutivo ha militarizado el norte de Sri Lanka como muestra de la victoria de la mayoría cingalesa budista sobre la población minoritaria de origen tamil y religión hindú. “El Gobierno no quiere que la verdad salga a la luz. Prometió poner fin a las desigualdades de la comunidad tamil en dos años, pero nada ha hecho después de casi dos legislaturas,” explica Premananth ante un militar que vigila la conversación desde la entrada a las instalaciones del diario.

La plataforma ciudadana de información Groundviews exige la desmilitarización del norte de Sri Lanka, que estima en un militar por cada 5 civiles. La iniciativa cívica ha documentado la confiscación de miles de hectáreas de propiedad tamil por parte de las Fuerzas Armadas, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian el incremento de las agresiones sexuales a mujeres en bases del Ejército.

El director de Groundviews, Sanjana Hattotuwa, alerta sobre el alarmante dominio militar: “El Ministerio de Defensa se ha hecho con el Departamento de Desarrollo Urbanístico. Los militares se dedican al 'embellecimiento' de Colombo con la excusa del turismo, lo que supone el desalojo de comunidades enteras del centro de la ciudad. Si eso ocurre en la capital, imagínate lo que está sucediendo en el norte y este de mayoría tamil.”

Sanjana se indigna ante la impunidad: “Es una completa sangría del imperio de la ley. Ahora cualquier persona que cuestione las violaciones durante el conflicto armado o en la actualidad es susceptible de ser terrorista”. Defensores de derechos humanos son detenidos sin cargos durante periodos de más de 24 horas en base a la Ley de Prevención del Terrorismo (TPC).

Ruki Fernando ha sido el último en sufrir el arresto arbitrario por parte de las fuerzas de seguridad, en marzo de este año. Ruki se cerciora de que el encuentro no está siendo vigilado por el Ejército. “La disidencia es perseguida y atacada por el Gobierno y grupos afines. Y las condiciones de los encarcelados son nefastas: hay falta de acceso a abogados, vejaciones y torturas”, cuenta el activista, quien insiste en que no se refiere a su detención, de la que no puede hacer declaraciones mientras continúe en libertad condicional.

La organización que dirige, Colectivo por la Democracia y los Derechos Ahora, ha documentado desapariciones y violaciones de la comunidad cingalesa y tamil en los años 80 y 90, respectivamente. Según datos oficiales del Gobierno, hay ahora entre 1.000 y 2.000 detenidos.

Los ataques y las persecuciones no sólo se centran en aquellos que pertenecen a la minoría tamil del norte, sino a todo disidente; especialmente la prensa. La fundadora de The Sunday Leader, publicación cingalesa con sede en Colombo, fue asesinada a plena luz del día en 2009. La mañana siguiente, el periódico publicó un editorial estremecedor escrito por ella misma y titulado 'Y entonces vendrán a por mí'; en el que culpó al Gobierno de Sri Lanka del crimen.

La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) denunció la detención e interrogatorio ilegal de dos de sus líderes durante una conferencia por la libertad de prensa a finales del año pasado. La censura del Gobierno ha llegado al extremo de prohibir recientemente los encuentros internacionales de periodistas dentro del país.

Las torturas, desapariciones y asesinatos no son un impedimento para la bonanza económica del país. Como tampoco son un problema los comunicados anuales de los organismos de Naciones Unidas exigiendo la investigación independiente sobre las atrocidades cometidas durante y después de la guerra civil. Sólo en 2012, el Gobierno ingresó 740 millones de euros gracias al turismo. El número de visitantes se ha triplicado desde el final del conflicto armado y las expectativas auguran que se alcanzarán los 2 millones anuales.

El Departamento para el Desarrollo Turístico de Sri Lanka promociona la isla como 'La Maravilla de Asia' por su belleza natural. Y no es para menos. Complejos hoteleros con todas las comodidades, kilométricas playas vírgenes, paisajes selváticos, deportes de aventura y safaris por reservas naturales esperan a los viajeros. Las vacaciones perfectas. Es un paraíso, pero no para los que denuncian la injusticia en el norte.

El Frente Polisario celebró el 40 aniversario de su creación durante el pasado mes de mayo con festejos en los campamentos de refugiados y en los territorios liberados del Sáhara Occidental; una región también controlada por el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El músico Mohamed Nouf colaboró en las celebraciones, pero no lo volvería a hacer: “El Gobierno nos pagó 10.000 dinares argelinos (110€) por la preparación, así como transporte de más de 300 km por el desierto y dos conciertos; mientras que podemos cobrar 15.000 dinares (160€) en bodas y celebraciones organizadas por particulares”, comenta el cantante del grupo Baba Salama. El mismo descontento con los salarios ofrecidos por el Estado fue el que llevó a Cheja Beiruk a emprender su propio negocio de restauración en Rabouni. “El Gobierno nunca ha pagado bien y por eso ha florecido un sistema de negocios locales privados por las wilayas desde finales de los años 90”, señala Cheja, quien estuvo trabajando en el Ministerio de Información de la RASD hasta 2001.

Como centro administrativo de los campamentos de refugiados saharauis, Rabouni alberga la sede del Gobierno, de las agencias de cooperación y de las organizaciones no gubernamentales, cuyos trabajadores locales también cobran una mensualidad. La diferencia entre lo cobrado por un técnico saharaui con la misma cualificación trabajando para el Gobierno y ONG es también motivo de conflicto. Los técnicos saharauis del Ministerio reciben incentivos, que son una cuarta parte del salario de sus homólogos locales de las ONG pese a que ambos pagos llegan de los financiadores (agencias europeas y de la ONU).

La ayuda internacional, especialmente las visitas de las familias españolas, ha sido una de las fuentes de problemas al crear una economía ficticia que termina tan pronto éstas regresan a España, según indica Mariem Sidi Mohamed, directora del programa de microcréditos de la wilaya de Bojador. Esta iniciativa, implantada en 2010, está financiada por la institución española Hegoa y se diseñó para paliar precisamente este tipo de disfunciones. Mediante la concesión de créditos de 10.000 a 20.000 dinares para devolver en un año se posibilita la creación de cooperativas para que grupos de saharauis puedan hacer frente a una situación de precariedad. “La crisis lleva no solo al nacimiento de nueva economía sino que afecta a la ayuda humanitaria y provocará muchos problemas”, señala Brahim Mojtar, ministro de Cooperación saharaui, quien se enorgullece de ser promotor de la iniciativa privada mediante estos programas.

Sin embargo, el acceso a las cooperativas financiadas por microcréditos está condicionado por la pertenencia de la mitad de los socios al sector público o a la Unión de Mujeres Saharauis. Por ello también han surgido cooperativas particulares orientadas a dar una mayor flexibilidad para sus miembros tanto en la formación como en el pago de los préstamos. La falta de acceso a ayudas es la mayor queja de los jóvenes, así como las limitadas oportunidades en un contexto en el que el ente público no puede absorber la cantidad de graduados cualificados. Y, cuando lo hace, existen disfunciones dentro del sector público con salarios que varían desde los 1.000 dinares diarios que gana un obrero de la construcción a los 4.500 mensuales ganados por el conductor de una ambulancia.

El principal problema al que se enfrenta el sistema económico de los campamentos saharauis es precisamente el refugio prolongado y la falta de mecanismos de regulación fruto de las desventajas de la ayuda internacional y de la dependencia que ello ha creado. Así lo analiza Salama Lehbib Hafed, director del Centro de Trabajadores de Smara, un proyecto innovador que sirve como paso intermedio entre la formación profesional y el mercado laboral. La iniciativa, financiada por AECID y el Gobierno vasco, permite a un grupo de 25 a 32 trabajadores la oportunidad de recibir salarios desde el comienzo, como aprendices (3.000 a 7.000 dinares mensuales) o como trabajadores de pleno derecho, cuyos salarios vienen estipulados en función de los talleres e ingresos. Estos ingresos se obtienen de las ventas de su producción en carpintería, soldadura o panadería a todo tipo de compradores, incluidas las ONG, beneficiando a la economía local. Salama explica la situación que viven los campamentos saharauis: “Lo que ha dado lugar al cambio ha sido la situación de ni paz ni guerra, cuando la sociedad saharaui se abre al mercado exterior. La figura de la cooperación y del estado benefactor disminuyen, dando lugar a una asfixia económica en la que la gente busca salidas particulares”.

En ocasiones, las iniciativas también provienen de algunos gobiernos locales de las wilayas, como el gobernador de Smara, que ha empezado a regular las tarifas de la flota de taxis privados del campamento. De la misma forma, los saharauis idean proyectos relacionados con el imaginario de los campamentos y orientados a contribuir a un sistema económico en transformación. Es el caso del proyecto para el diseño de una nueva moneda acorde con la arraigada tradición local de hacer los pagos y ventas diarios en inexistentes dinares saharauis mediante conversión de los dinares argelinos de oficial circulación. Mohamed Souleiman, estudiante en Batna (Argelia) y uno de los precursores del proyecto, explica que la iniciativa es principalmente artística, pero que pretende involucrar a la sociedad saharaui en el diseño de una moneda que refleje sus aspiraciones, como parte de la creación de un nuevo estado en el que han estado trabajando con la inercia y el tiempo que dan 38 años de exilio prolongado.

La ayuda internacional ha mantenido con vida a la población saharaui refugiada durante casi cuatro décadas de exilio. Los dispensarios del hospital de Navarra Tifariti, en los llamados territorios liberados bajo la administración de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se abastecen con las medicinas enviadas por las agencias humanitarias. Médicos del Mundo, junto con las autoridades locales, se encarga de hacer llegar esta ayuda médica financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Alí Salem, director del centro en Tifariti, explica: “El pueblo español tiene los brazos abiertos, pero el Gobierno no ayuda políticamente. El Gobierno español está con el Sáhara solo cuando hace campaña”.

Pese a que España es el mayor donante bilateral de ayuda humanitaria en los campamentos saharauis después de Argelia, ni refugiados ni autoridades olvidan su implicación política en el conflicto. Así lo reconoce Brahim Mojtar, Ministro de Cooperación de la RASD: “La responsabilidad de España es enorme, política e históricamente, y de ahí esa ayuda humanitaria”.

De acuerdo con Buhobeini Yahia, presidente de la Media Luna Roja Saharaui, socio local de AECID en los campamentos, las responsabilidades de España son aún mayores: “Según la legalidad internacional el Sáhara es territorio administrado por España. La contribución de España es mínima comparada con su responsabilidad política después de 92 años de ocupación del Sáhara y de sus lazos con Marruecos”.

España no es el único país donante con implicaciones políticas en el conflicto. Estados Unidos es el mayor financiador (21% en 2013) de las actividades del Programa Mundial de Alimentos (PAM), encargado de la seguridad alimentaria de los campamentos. “A veces es más fácil para los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU financiar y recaudar fondos que tomar políticas para presionar al Gobierno de Marruecos”, señala Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la RASD, en referencia al veto ejercido para buscar soluciones al conflicto, y continúa: “Esto se debe a uno de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, Francia, que no quiere obligar a Marruecos a respetar sus propios compromisos frente a la comunidad internacional ni a seguir las resoluciones de la ONU”. Como miembro de la UE, Francia también financia la ayuda alimentaria recibida por los refugiados saharauis mediante la Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria (ECHO), que aportó el 15% de la financiación del PAM en el presente año.

Las políticas de la ONU tienen su efecto en el día a día de los campamentos de refugiados. “Se estiman unos 165.000 refugiados, según Argelia y la población saharaui; 94.144 según agencias de la ONU (Naciones Unidas)y, aunque existen diferencias, se ha acordado una cifra aproximada de 125.000 personas”, señala Ventura Rodríguez, Responsable de Programas de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID. El número de refugiados saharauis siempre ha sido un asunto sin esclarecer. Mientras las agencias de la ONU establecen un número por debajo del calculado por el Gobierno saharaui y piden a las autoridades llevar a cabo un censo de la población refugiada, la RASD aduce que el censo solo se llevará a cabo cuando se inicie la repatriación, como se estableció en los acuerdos de paz de 1991. Entretanto, la cesta básica de alimentación se ve aún más mermada por la crisis.

Según el Gobierno saharaui, ACNUR cifra las necesidades alimentarias en 42.000 toneladas para 2013, de las que hasta ahora solo se han conseguido 13.000. “Esto, unido a la disminución del volumen de la ayuda descentralizada que se recibe desde España en un 60%, ha hecho que reaparezca la anemia entre los más vulnerables: niños menores de 5 años y embarazadas”, confirma el ministro de Cooperación. Pero, al mismo tiempo, la situación de refugio prolongado ha creado síntomas de dependencia en la población. “Es poco, pero estamos satisfechos. Comida no falta, porque nos la proporciona el Estado”, contesta Salek Mohamed M’barek, conductor de ambulancia del hospital Mohamed Mohamed Lamin (Bojador), cuando se le pregunta acerca de las necesidades en los campamentos.

También la postergación del conflicto y la dilatación de la estancia de la población refugiada en los campamentos han afectado las actividades de las ONG en el terreno, que se debaten entre la emergencia de la situación y la perpetuación del refugio. “Primero se crearon las instalaciones con vistas a un periodo corto de tiempo porque se pensaba que en un par de años se volvería al Sáhara Occidental, y luego se creó un muro de protección en torno a la planta a sabiendas de que esta situación va para largo”, comenta Abdel Fatah, técnico local del ministerio en la planta potabilizadora de Smara. El Ministerio de Agua y Medio Ambiente de la RASD trabaja conjuntamente con Solidaridad Internacional en proyectos de agua y saneamiento. La ONG española se ha visto muy afectada por la reducción de la ayuda internacional, y recibe un 80% menos de financiación respecto al año 2011.

La política interna de la ayuda internacional también afecta a la eficacia de las tareas de cooperación. José Girón, técnico expatriado de Solidaridad Internacional, explica el funcionamiento de la toma de decisiones: “Solo hay un técnico y una decena de jefes. Esto mejora la coordinación pero ralentiza el trabajo. Para tomar una decisión hay que discutir mucho y las necesidades cambian rápidamente”. La prolongación del refugio también ha llevado a cambios en la distribución del trabajo y los pagos. A los trabajadores locales de las ONG se les paga salarios, mientras que los técnicos saharauis del ministerio (contraparte) reciben incentivos, que son una cuarta parte de lo que reciben sus homólogos de las ONG. Sin embargo, tanto los incentivos del Ministerio como los salarios de las organizaciones llegan de los financiadores a petición intermedia de las ONG. Y esto crea fricciones entre trabajadores saharauis con la misma cualificación.

Después de 38 años de exilio en la hamada argelina, la ayuda internacional mantiene las esperanzas de los refugiados saharauis mientras que la política que rodea esta ayuda crea incertidumbres acerca de una solución a su exilio forzoso. “Se trata de la crisis más larga del mundo después de la palestina. No creo que haya habido en la historia un éxodo del mar al desierto, ni emigración económica del norte al sur. Son refugiados por motivos políticos, no de hambruna ni de catástrofe natural”, explica Buhobeini Yahia, presidente de la Media Luna Roja Saharaui. Y muchos de los actores que intervienen en la ayuda humanitaria coinciden en señalar: “Las instituciones que invierten dinero en los proyectos de desarrollo, deberían invertir su voto político en la resolución del conflicto”, sentencia Abdel Fatah.