El techo de gasto (TG) se presenta por el Gobierno como un límite de gasto natural o correspondiente con algún “equilibrio presupuestario”. Su definición no es difícil encontrarla y la Autoridad fiscal Independiente (AIReF), organismo creado a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento que firmó España como consecuencia del rescate financiero, lo define como “un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula  el  gasto  presupuestario  que  permite  el  cumplimiento  del objetivo de estabilidad”.

La fórmula simplificada sería algo como: TG = (Ingresos públicos + Déficit) – (Transferencias Admones. Territoriales + Ajustes).

El cálculo anterior muestra que el TG implica dos decisiones políticas, por un lado la política fiscal del Gobierno –representada en los ingresos públicos–, y por otra, la decisión sobre el objetivo déficit al que la economía se tiene ajustar. Tomemos el ejemplo de 2017, cuyo techo de gasto respecto a 2016 se redujo en 5.000 millones. La razón que adujo el Gobierno para este recorte fue una menor ejecución presupuestaria por valor de 5.000 millones respecto a lo presupuestado, reduciendo el techo de gasto de los 123.000 en 2016  a los 118.000 millones de euros en 2017.

Sin embargo, en la fórmula anterior no existe ningún elemento que se refiera a la ejecución presupuestaria, por lo que la justificación del Gobierno no era real. Efectivamente, la bajada del techo de gasto no tiene nada que ver con la no ejecución que existió, sino con la reforma fiscal del Gobierno que determinó unos menores ingresos públicos junto al objetivo de déficit que éste impuso. Quizás entonces el nudo de la cuestión no está tanto en cómo evoluciona el gasto sino como la política de recaudación influye en la determinación de los objetivos en un determinado marco de política fiscal.

La evolución de la recaudación tributaria en la era del PP ha sido realmente preocupante para una sociedad que pretenda acercarse a los estándares europeos. La base imponible agregada (la suma de las bases imponibles de IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales) en 2008 era 124.000 millones de euros superior a la del 2015 (últimos datos disponibles). Podríamos pensar que debido a la crisis económica, los ingresos tributarios se redujeron –y así fue– pero es que 2015 fue precisamente el año en el que el Gobierno decidió aplicar “la mayor reforma fiscal de la era democrática de España”, agravando el problema de ingresos y reforzando futuros recortes del gasto.

Recordemos, además, que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos otra reforma fiscal en el IRPF por valor de 2.000 millones. No obstante, si nos vamos a la fórmula, una vez determinados el TG, la rebaja fiscal prometida por Montoro a Ciudadanos solo puede implicar recortes en los próximos presupuestos por valor de esos 2.000 millones de euros. Tal vez por eso en 2018 el TG propuesto por el Gobierno y C’s solo incrementa un 1,3%, hasta llegar a 119.834, una cifra muy inferior al crecimiento, inferior en 62.000 millones respecto a 2010 y claramente inferior a las necesidades de gasto de la economía.

El caso del impuesto de sociedades es uno de los más graves: la reforma fiscal del PP hizo que España perdiera más del 100%  de la recaudación en junio, lo que hizo que el Gobierno 6 meses después de aplicar la reforma la re-reformara para parchear el impuesto evitando la famosa multa de Bruselas. Mientras la base imponible ha recuperado los niveles precrisis en el Impuesto de Sociedades, la recaudación no lo ha hecho, y esto se produce exclusivamente por la acción tributaria del Gobierno.

Dicho de otra forma, la primera de las decisiones políticas que determina el TG, la política tributaria, al reducir los ingresos públicos, provoca recortes en el TG que solo pueden ser compensados con caídas en el gasto público.

Pero tal vez lo más preocupante es cómo se ha modificado la estructura impositiva durante el  mandato del PP. En los gráficos anteriores se puede ver cómo desde la llegada de Rajoy la proporción sobre el total de la recaudación tributaria de los impuestos directos ha caído mientras que la proporción del IVA –la mayor figura tributaria indirecta– ha incrementado estrepitosamente.

Al reducir la capacidad de financiación del Estado, el Gobierno ha actuado en dos direcciones. Por un lado, externalizar el ajuste hacia las CCAA, que gestionan la mayor parte de los servicios del Estado de Bienestar, y por otra, reduciendo el gasto financiable por el sector público –los famosos recortes–. Por ello señala la AIReF que la mayor parte del ajuste, se ha producido mediante reducción del gasto, y no incremento de los ingresos.

Es interesante además señalar que parte del déficit público corresponde al incremento del déficit de la Seguridad Social. El PP con su reforma laboral ha generado dos efectos que presionan a la baja los salarios y por tanto las bases de cotización. Por un lado, al herir de muerte la negociación colectiva se ha deshecho el mecanismo más potente para la distribución primaria de la renta, reduciendo la capacidad de los trabajadores de reclamar una parte de lo producido. Y por otro, al incrementar la precariedad laboral –menor duración de los contratos, temporalidad, etc.– se cotizan menos horas y, por tanto, se genera una menor base. Dicho de otra forma, el PP está financiando con cargo a los PGE y más concretamente con cargo al TG su política laboral de precariedad y bajos salarios.

Tenemos por tanto una acción desfiscalizadora del Estado debido a reformas regresivas y que implica necesariamente recortes de gasto mediante reducción del TG, y por otra, una política laboral que genera un déficit que luego hay que financiar vía impuestos. Por eso es tan necesario un cambio de rumbo en la política económica de España.

La alternativa debe inscribirse en un marco diferente al del TG que modifique la lógica de su determinación. No podemos partir de los ingresos que el Gobierno desee recaudar, ya de por sí exiguos, sino más bien de las necesidades reales de gasto derivadas de las exigencias imprescindibles de la sociedad tales como educación, sanidad, dependencia, género, etc. Una vez determinados dichos gastos, que por cierto son financiados por países de nuestro entorno sin ninguna quiebra fiscal, se debe calcular un suelo de ingresos que permita financiarlos con una reforma fiscal progresiva y una decidida lucha contra el fraude y la corrupción.

La reforma laboral y las bonificaciones –que no crean empleo y sí generan un déficit que hay que financiar vía impuestos– generarán en 2017 unos 14.000 millones de déficit. Si se revierte la reforma, y por tanto se reduce el déficit, se podría trasladar ese mayor margen a las CCAA y que ello permita revertir los recortes en servicios públicos fundamentales. La corrección de la reforma fiscal que ha vaciado el impuesto de sociedades podría incrementar hasta 3.000 millones de euros.

En otras palabras, se puede y se debe, si queremos salvar los servicios públicos fundamentales, dar un giro de 180 grados en las prioridades de política económica. De lo contrario en no mucho tiempo nos encontraremos, una vez más, con la herramienta preferida del PP y pilar fundamental de su matriz ideológica: las privatizaciones.