Tras la abdicación del Rey Juan Carlos, heredará la Corona su hijo Felipe y no su hija primogénita Elena, al contrario de lo que sucede en otras monarquías europeas, que han eliminado esta discriminación por razón de género que sigue vigente en nuestro sistema constitucional. El art. 57.1 de la Constitución establece que “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.

En los debates constituyentes se discutió la cuestión de la preferencia del varón sobre la mujer en la herencia de la Corona y, finalmente, se optó por esta solución, que hasta ese momento había sido tradicional en otras monarquías europeas y en nuestro país. Cabe recordar que Felipe V, primer borbón rey de España, intentó establecer en nuestro país la conocida como “Ley Sálica”, vigente en Francia en ese tiempo (1713), que prohibía reinar a las mujeres; pero las Cortes de Castilla no lo aceptaron y aprobaron la denominada “Ley de Sucesión Fundamental”. Según esta norma, las mujeres podrían heredar el trono aunque únicamente de no haber herederos varones en la línea principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos). Posteriormente, en 1830, el rey Fernando VII promulgó la “Pragmática Sanción” –que recogía el régimen sucesorio previsto en las Siete Partidas de Alfonso X-, que, aunque preveía la preferencia del varón, permitió reinar a su hija, Isabel II.

Volviendo a nuestros días, cuando accedió a la Presidencia del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, promovió abiertamente una reforma de la Constitución que incluyese, entre otros puntos, la igualdad del hombre y la mujer en la sucesión a la Corona. Y llegó a elaborarse un extenso documento sobre las distintas propuestas de reforma: el Dictamen del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006. Sin embargo, no llegó a iniciarse ningún procedimiento. Además de otras suspicacias, existía el temor de que la consulta popular sobre si debía eliminarse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona se transformase en una consulta sobre la elección entre Monarquía y República.

Existen opiniones –entre ellas la de Miquel Roca, ponente de la Constitución- que consideran que la reforma de la Constitución en este punto no es necesaria puesto que el art. 14 de la Norma Fundamental prohíbe toda discriminación por razón de sexo. Se trata, entonces, de una contradicción entre dos preceptos de la Constitución, que podría resolver el Tribunal Constitucional o una Ley Orgánica, según afirmaba el Sr. Roca y recogía el diario El País en un número especial que conmemoraba el 35 aniversario de la Constitución.

La Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre la igualdad del hombre y de la mujer en la sucesión a los títulos nobiliarios suprimió la preferencia del varón en dicha sucesión. Se zanjó así una cuestión que había sido muy polémica desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 126/1997, de 3 de julio, que había considerado conforme a la Constitución la normativa histórica que pretería a las mujeres en la sucesión de los títulos nobiliarios. Pero esta normativa no aludía a la sucesión a la Corona, que quedó excluida, así, de la equiparación de derechos de mujeres y hombres exigida por la Constitución.

Los denominados derechos económicos y sociales fueron reivindicados en la segunda mitad del siglo XIX en las sociedades industriales desarrolladas. Una reivindicación que procedía de las clases trabajadoras y de los partidos socialistas y comunistas. A partir de la Segunda Guerra Mundial se generaliza el reconocimiento de los derechos sociales en diversas Constituciones democráticas, y también los tratados internacionales reconocen, junto a los clásicos derechos civiles y políticos, los derechos sociales.

Tanto en el ámbito internacional, como en los ámbitos regional y estatal, es una constante el diferente nivel de garantía de los derechos civiles y políticos del de los derechos económicos y sociales. Mientras que los primeros gozan normalmente de una protección jurídica reforzada, los segundos son objeto de una tutela de grado inferior, permanecen como la “cenicienta” de los derechos. Un ejemplo claro es el art. 53.3 de la Constitución española de 1978.

De acuerdo con la interpretación mayoritaria, los derechos sociales que plantean problemas en cuanto a su eficacia y protección son los derechos sociales de prestación, fundamentalmente porque para su garantía es preciso que los poderes públicos cuenten con medios económicos suficientes y esto no puede asegurarse en todo caso, especialmente –se dice- en momentos de crisis económica o financiera.

Según esta interpretación, los derechos de libertad no plantearían problemas especiales en cuanto a su protección jurídica derivados de la insuficiencia de recursos. Sin embargo, hoy se pone de manifiesto que también los derechos de libertad precisan de un importante gasto público. Piénsese, por ejemplo, que la protección de la libertad personal, la vida y la propiedad privada hacen necesario unos complejos y costosos sistemas de policía, judicial y penitenciario.

Los derechos sociales de prestación otorgan al sujeto la facultad de exigir que se le entreguen ciertos bienes (derecho a una vivienda digna), se le presten ciertos servicios (educación, protección de la salud) o se le transfieran ciertos recursos económicos (pensiones, subsidios, rentas de inserción…).

Es precisamente en tiempos de crisis cuando se hace más necesario garantizar un mínimo de derechos sociales a toda la población. El ser humano actual es extremadamente vulnerable, socialmente menesteroso. Mientras que en otras épocas las personas podían vivir mejor o peor del campo y de la ganadería, los habitantes de nuestras sociedades occidentales desarrolladas dependen absolutamente de la organización social para subsistir. Si cualquiera de nosotros pierde su trabajo y no cuenta con apoyo familiar, en poco tiempo se convertirá en una persona indigente y absolutamente necesitada.

Es por ello que, especialmente en casos de crisis económica o financiera, el Estado debe garantizar un mínimo de cobertura social a toda la población. De no ser así iremos hacia una sociedad de mendigos, en la que es más que probable que se produzca el estallido social. Precisamente para garantizar la supervivencia del sistema de economía de mercado es necesario atender a la situación de la población vulnerable. Sin embargo, la respuesta de nuestros dirigentes a esta situación de crisis es la de recortar más y más el gasto social, con una estrechez de miras y una falta de visión de futuro sin parangón en nuestra historia reciente.

Es posible garantizar los derechos sociales y es preciso hacerlo. Ante la objeción de que se trata de demandas potencialmente ilimitadas, la respuesta jurídica sería fijar un elenco de derechos sociales básicos con un contenido mínimo. La Constitución española ya lo hace con el derecho a la educación que, siendo un derecho social de prestación, goza de las máximas garantías y para el cual el art. 27.4 fija un contenido mínimo (gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica). De la misma forma podrían garantizarse el derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna, a un mínimo vital o a la atención en caso de discapacidad.

Se puede objetar que, en tiempos de crisis, los Estados no cuentan con medios económicos para hacer frente a las necesidades sociales. Esto podría ser cierto en los casos de catástrofe natural, guerra o cualquier otra situación fáctica que haga disminuir el producto social total. Pero estamos ante una crisis financiera, en la que el dinero no ha dejado de existir, sino que está concentrado en unas pocas manos y seguramente a salvo de recaudaciones en los llamados paraísos fiscales, en lugar de destinarse a inversiones productivas.

Para la superación de la crisis actual se hace necesario luchar contra los paraísos fiscales. En el marco de la Unión Europea se han dado unos pequeños pasos recientemente. Sólo si se profundiza de verdad en estas medidas se podrá avanzar en la reducción de las desigualdades extremas y de la pobreza que amenaza a un buen número de personas de nuestras sociedades desarrolladas.