Piensen en los barracones de los campos de concentración de Auschwitz o Mauthausen, en la imagen repetida de judíos escuálidos hacinados en lo que fue su corredor de la muerte. Piensen ahora en la posibilidad de despojar ese lugar de su carga histórica y construyan en su mente un complejo hotelero o celebren en sus inmediaciones un festival de música electrónica. ¿Podrían?

Los responsables de la gestión de la Isla de San Simón, en Pontevedra, sí han podido. Esta isla, antiguo lazareto de las tripulaciones procedentes del Atlántico Norte, fue, desde octubre de 1936 a marzo de 1943, uno de los mayores campos de concentración y de exterminio de presos republicanos procedentes de todo el territorio español. Los primeros llegaron en barcazas desde el puerto de Cesantes o de San Adrián, venían de las cárceles de Pontevedra y Vigo. Después, tras la caída del frente norte de resistencia republicana, comenzaron a llegar numerosos reclusos de León, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Tras el fin de la guerra civil, pasaron por la isla presos de todas las cárceles de España. La isla llegó a concentrar a más de 6.000 reos.

Hoy, poco o nada queda que recuerde aquello. No hay placas conmemorativas que informen al visitante que allí, en la tapia del cementerio sin ir mas lejos, se fusilaba a gente. El proyecto de rehabilitación de César Portela en 2003 hace que el lugar se asemeje más a un complejo hotelero con glamour que a un centro en el que recordar a las víctimas. De lo que sí hay placas conmemorativas es del Nautilus de Julio Verne, en cuya obra “Veinte mil Leguas de viaje submarino”, el capitán Nemo cuenta el episodio de la Batalla de Rande y el oro que reposa en la Bahía de Vigo.

Los intentos de la conselleira de cultura nacionalista, Ánxela Bugallo, de promover el nacimiento de La Fundación Illa San Simón y convertir la isla en una “Illa de la Memoria” que recordase a los presos del franquismo han sido desmantelados por el gobierno actual del popular Núñez Feijóo.

“Ahora con la excusa de la crisis la paralización es mayor”, dice el representante de Iniciativa Galega Pola Memoria, Xoán C. Garrido. “La crisis es solo para lo que conviene ideológicamente. Sin embargo sí hay fondos para la promoción turística del lugar en el que se ha eliminado toda referencia a lo que aquí ocurrió. No hay ninguna sensibilidad ni inteligencia. Si lo que quieren es atraer el turismo, despojar a la isla de su historia empobrece su atractivo. Hoy la isla es un lugar turístico más como puede ser las Islas Cíes”, asegura Garrido.

El conjunto ha sido rebautizado por el gobierno gallego como “Illa do pensamiento”. En 2010, el gerente de la Fundación, Xabier Alonso Varela explicaba así la nueva fórmula: “La filosofía que lo sustenta es hacer de San Simón una isla para el pensamiento, la reflexión, el diálogo y la cultura. San Simón es génesis y tragedia pero sería un error quedarnos inmóviles en el pasado, (...) crear aquí un centro cultural de referencia es la mejor manera de honrar a las víctimas de la tragedia”. Opinión que no comparten las víctimas y sus familiares, para quienes la “reflexión” del señor Varela, diluye la memoria. “Hoy las víctimas están dispuestas a venir aquí voluntariamente con el fin de evitar que se borre todo rastro de la realidad que vivieron”, dice Garrido con sorna, “son espacios que merecen ser dignificados”.

Por ello, para dignificar este espacio y combatir la ausencia de memoria, cada año, en fechas cercanas al 18 de Julio -día del golpe de estado contra la República-, las asociaciones memorialistas de Galicia, junto a los ex-presos y sus familiares, se reúnen en la Isla para recordar a todas las víctimas del franquismo. El pasado domingo, honraron a los oficiales del ejército de la marina gallega, quienes pagaron con su vida el hecho de mantenerse fieles al régimen democrático establecido. Desde 2006, declarado “Año de la Memoria en Galicia” a iniciativa de las asociaciones, éstas no han cejado en su empeño de lograr la adopción de medidas institucionales y la dotación de recursos públicos suficientes que garanticen su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Promovieron junto a tres universidades gallegas el proyecto de investigación “Nomes e Voces”, una extensa base de datos de los represaliados del franquismo en Galicia. Todos ellos piden ahora la elaboración de un archivo histórico de esta llamada colonia penitenciaria con todo el material que existe disperso, entre fotografías y fichas de los presos. Sin embargo, explica Garrido, no hay ninguna aportación pública y el proyecto está completamente paralizado.

La Xunta de Galicia y el Concello de Redondella sí ha decidido destinar recursos a la celebración de un festival de música electrónica que tendrá lugar en San Simón los próximo días 27 y 28 de Julio. El Festival Sinsal se presenta como “una apuesta por la música en directo en espacios cómodos, confortables, sin humos, ni ruidos de vasos, a partir del 2010 dimos un paso más allá”. “Llevamos la música a lugares insólitos”, reza el eslogan. Poco queda que añadir al asunto. En su página web no hay ninguna mención a los presos de la isla, tan solo una breve referencia a su “gran carga de memoria histórica”.

“Esto es una vergüenza, es un santuario de memoria”, dice Rubén Afonso Lobato, secretario da Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica da Coruña, una de las cien asociaciones que integran la Plataforma por la Comisión de la Verdad, entre las que también se encuentra la Fundación Internacional Baltasar Garzón. “En un país normal esto no curre,” dice Afonso, “no estoy hablando ni de izquierdas ni de derechas. Hasta (Ángela) Merkel visitó Mauthausen”. Ahora, busquen en Google “festival de música en Mauthausen”.

Nota: El festival ha sido cancelado en respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Santiago.

Españoles, Franco no ha muerto. Está entre nosotros, con su aliento en nuestra nuca. Está en las querellas que denuncian el menoscabo de su honor, está en el juez juzgado, en el arte crítico criticado.

Esto es lo que con humor e ironía plantea la pieza del artista plástico Eugenio Merino, Always Franco, una figura hiperrealista del dictador en una nevera de coca-cola, como el lugar donde inmortalizar y salvaguardar su imagen y legado. Por su obra satírica, Merino se enfrenta a una demanda presentada por la Fundación Francisco Franco por daños contra el honor del “anterior jefe de Estado” por la que podría indemnizar a esta organización con 18.000 euros. Honores, que ni el propio Merino entiende, por haber sido retirados ya todos ellos por el Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

Sin embargo, ni Merino, ni sus compañeros de la Plataforma Artistas Antifascistas se han amedrentado un ápice, y como respuesta han montado sus Jornadas contra Franco, una exposición “para el escarnio público del dictador y por la defensa de la libertad de expresión.” Para Merino, la Fundación Francisco Franco ya ha conseguido lo que quería. Marginado y silenciado, no estuvo presente en Arco 2013 tras haberlo hecho en los últimos 10 años. Y es que según el artista, nadie quiere mojarse, nadie quiere entrar en este tema.

El periodista Gerardo Rivas, como Merino, corrió la misma suerte, cuando, creyendo ejercer su derecho de libertad de expresión y amparado en el derecho a la verdad de los ciudadanos, se atrevió alegremente a afirmar en un artículo que la Falange Española de las Jons contaba con “un amplio historial de crímenes contra la humanidad.” ¿Si?, pues querella al canto. Y admitida a trámite por un presunto delito de “injurias con publicidad” y un “temerario desprecio a la verdad”. Hoy Rivas se enfrenta a una indemnización de 15.000 euros por constatar una verdad histórica, “científica y suficientemente” demostrada, como han afirmado prestigiosos historiadores como Ian Gibson y Paul Preston.

Y es que Franco, compañeros, no se toca. Jueces, Periodistas y artistas se dan a menudo de bruces con un negacionismo estructural con enormes tentáculos que lo abarca todo, desde las butacas del Congreso a los sillones de la Academia de Historia. Esta misma, en su Diccionario Biográfico Español, una obra que ha recibido 6,4 millones de euros de dinero público, concede a Franco los denominativos “Generalísimo” o “Jefe de Estado” y afirma que “[Franco] montó un régimen autoritario pero no totalitario”. Como si de un técnico del Ministerio de la Verdad en la distopía Orwelliana se tratase, Luis Suárez, autor de las perlas, exalto cargo del régimen franquista y presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, hace uso de una neolengua para reescribir la historia y falsearla. El malo ya no es malo, es neobueno. Es difícil imaginar mayor burla. Piensen en una biografía oficial de Adolf Hitler, financiada por los bolsillos de los contribuyentes alemanes y escrita por la Señora Leni Riefenstahl. Resulta una entelequia.

But Spain is different. Vicenç Navarro no cree que el maquillaje sea casual. Se debe a “un proyecto conservador altamente exitoso que tenía por objeto presentar [al régimen] como caudillista, autoritario, liderado por un general, que limitaba la expresión de libertades sin intentar, sin embargo, cambiar la sociedad ni imponer una ideología totalizante a la población. Ni el régimen era fascista ni era totalitario. Este negacionismo, dice Navarro, tiene una función política de enorme importancia, y es que quienes ocupan importantes estamentos de poder tienen profundas raíces en el régimen anterior.

La Transición a la democracia impuso a nuestra sociedad un halo de silencio y desmemoria. El artículo del ABC de ayer, “Memoria maltratada” de José Utrera Molina, ministro durante la dictadura de Franco, y suegro del actual ministro de Justicia Ruiz Gallardón, es fiel ejemplo de ello. En él, Utrera Molina nos indica cómo bienpensar hacia el futuro: “Mientras esa ley [de Memoria Histórica] tan injusta como innecesaria siga en vigor, los españoles están condenados a ver, una y otra vez, la cara de un bando y la del otro cuando todo tendría que ser ya tumba, recuerdo de grandezas y olvido de miserias.” Sí, mejor olvidar las miserias que afrontar una imputación en Argentina por crímenes contra la humanidad, como así han solicitado a la jueza Servini la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua).

La perversión del lenguaje tampoco es inocente. El robo de las palabras es, como dice Eduardo Galeano, un delito que ha de ser perseguido. Cada vez aceptamos con mayor naturalidad que las palabras dejen de significar lo que significan, dice el autor uruguayo, conformando una realidad manipulada, una distorsión ilegítima de la historia. Así, en un telediario público, el Dictador es aún hoy con gran naturalidad “Caudillo por la gracia de Dios”, deteniendo nuestra historia en el blanco y negro y dejándo al espectador estupefacto, tarareando esa de Gardel de Veinte años no es nada. Pero no son veinte, son cerca de cuarenta. Cuatro décadas, que no es poco, de agravios a nuestra memoria.

Representantes de la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, formada por más de un centenar de asociaciones de víctimas y de la memoria histórica, se han dirigido este jueves a todos los grupos parlamentarios sin excepción para pedirles que logren un acuerdo entre ellos y presenten una Proposición no de Ley que inste al Gobierno a constituir una Comisión de la Verdad que restablezca la verdad histórica de las violaciones de derechos humanos ocurridos en España durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

En sus reuniones con los portavoces y parlamentarios, la Plataforma ha denunciado el desamparo judicial en el que se encuentran las víctimas y sus familiares a causa de la inacción de los órganos judiciales españoles, y han anunciado una serie de acciones que se llevarán a cabo en el marco del examen que el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas está realizando a España y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, cuya visita a nuestro país se espera en el mes de Septiembre.

La portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, reconoce la “paralización absouta” que ha sufrido todo lo relacionado con la Memoria Histórica y los “obstáculos a las exhumaciones” que sufren las víctimas y sus familiares. De ahí que su compromiso es el de discutir con el resto de grupos la elaboración de un texto borrador sobre el que se podría estar discutiendo en el mes de Septiembre, coincidiendo con la visita de los observadores de la ONU.

En cuanto al Grupo Popular, aseguran desde la Plataforma que el trato ha sido cordial y de diálogo, manifestando su viceportavoz, Leopoldo Barrero, la existencia en las demandas de las víctimas de “muchos puntos en común” y comprometiéndose a presentar la petición al resto del partido.

Por su parte, el resto de grupos parlamentarios, Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana e integrantes del Grupo Mixto (Coalición Canaria y BNG) han mostrado su adhesión a la petición sin fisuras. Incluso el portavoz del PNV Aitor Esteban ha asegurado que de lograrse una iniciativa conjunta, su grupo no quedaría fuera. Cabe ahora esperar una firme posición del Partido Socialista, dicen desde la Plataforma, la cual es clave para que una Proposición no de Ley prospere en este sentido.

La Plataforma ha recordado además a los grupos que España ha de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que el establecimiento de una Comisión de la Verdad - mecanismo empleado por más de 40 países en procesos de justicia transicional- se manifiesta como un instrumento esencial para garantizar el derecho de las víctimas del franquismo a la justicia, la verdad y la reparación.

A juicio de la Plataforma, el texto que elaboren los grupos parlamentarios debe incluir además una declaración de imprescritibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la obligación de investigar los todavía 150.000 desaparecidos y 30.000 niños robados, y la exhumación de fosas con el consiguiente reconocimiento de lugares de la memoria. Así mismo consideran esencial la educación de las nuevas generaciones en su pasado, garantizando la no repetición.

Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no, hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños, ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser investigados.

Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

El informe dibuja un escenario judicial poco esperanzador para las víctimas del franquismo: una tendencia continuada al archivo de las causas por parte de los jueces españoles siguiendo las tesis del Tribunal Supremo, en cuya sentencia del 27 de Febrero de 2012 ( proceso en el que el Juez Baltasar Garzón fue también acusado de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar), la más alta instancia judicial española daba un portazo a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo acogiéndose – de forma errónea por ser argumentos contrarios al derecho internacional, apunta AI - a la existencia de una Ley de Amnistía, la prescripción del delito, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho internacional cuando ocurrieron los hechos, el presunto fallecimiento de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo añadió a su sentencia que “el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”.

Al desamparo judicial en nuestro país, Amnistía Internacional suma la continua falta de cooperación y presiones ejercidas por parte de las autoridades españolas sobre la Jueza argentina María Servini, quien, valiéndose del principio de justicia Universal, aceptaba a trámite de la querella “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977”, interpuesta en Buenos Aires por víctimas españolas el 14 de abril de 2010. Trabas que incluso llevaron a la suspensión de las declaraciones testimoniales a través de videoconferencias en la Embajada argentina de España. Tampoco las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han abierto a la causa, inadmitiendo este tribunal todas y cada una de las demandas presentadas contra España en relación a la Guerra Civil y el franquismo, argumentando, en la mayoría de los casos, la negligencia de los demandantes por interposición tardía, ignorando así el periplo judicial al que España somete a las víctimas antes de acudir a Estrasburgo.

Ante este escenario de indefensión y de peregrinaje judicial de las víctimas del franquismo, algunas organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) , y la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de cincuenta asociaciones para la recuperación de la memoria, víctimas y familiares, han puesto en marcha una campaña internacional dirigida a las Naciones Unidas y las instituciones europeas para denunciar la situación de desprotección en la que se hallan y para exigir al Estado español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumpliendo así con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Se trata en definitiva, tal como lo define las Naciones Unidas, de un “órgano oficial, temporal y de constatación de hechos sin carácter judicial y que se ocupa de investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo largo de varios años,” un instrumento al servicio ya de 40 países que ha proporcionado una descripción completa de los crímenes cometidos en el pasado, contribuyendo a su investigación y posterior enjuiciamiento, y garantizando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto sobre Derechos civiles y políticos ya recomendó a España en 2008 la creación de una “comisión de expertos independientes” encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de recordar a nuestro país la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la consiguiente invalidez de Ley de Amnistía de 1977, así como el derecho de familias a identificar y exhumar los cuerpos de las víctimas, y , en su caso, a ser indemnizadas. En este sentido se pronunció también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de NNUU, quien recordó a España en 2009 el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación de ser investigado hasta que el paradero de la víctima no se haya aclarado, sin que una ley de amnistía suponga el fin del deber del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables. Recomendaciones todas ellas ignoradas, denuncian Amnistía Internacional, AEDIDH y la Plataforma por la Comisión de la Verdad.

En consecuencia, indican estas organizaciones, pesa sobre España la obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad producidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista, de respetar la imprescriptibilidad de estos crímenes, y ofrecer a las víctimas el conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, dotando de recursos para ello y en caso de fallecimiento de una persona desaparecida, investigar su paradero, identificar y exhumar sus restos.