El jugador del Barcelona Leo Messi ha sido imputado por presuntos delitos fiscales. Se le acusa de haber defraudado durante los años 2007, 2008 y 2009 unos 4 millones de euros (en números redondos), por no declarar los derechos de imagen cobrados a través de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales o de baja tributación. Según se ha informado, el jugador acaba de ingresar voluntariamente diez millones de euros por los años 2010 y 2011, lo que parecería implicar que reconoce los hechos imputados y que busca un acuerdo judicial.

Numerosos medios de comunicación han realizado diversas consideraciones, y han afirmado que el pacto para evitar la cárcel por lo supuestamente defraudado entre 2007 y 2009 podría costarle a Messi una multa de 24 millones de euros. Eso no es así, y por ello conviene aclarar algunas cuestiones.

En primer lugar, para que exista delito fiscal se precisa que el imputado haya defraudado, al menos, 120.000 euros en un año respecto de algún tributo. Con pleno respeto a la presunción de inocencia, mi experiencia profesional me indica que cuando la Agencia Tributaria emite un informe según el cual existen indicios de delito fiscal, las pruebas del fraude deben ser muy sólidas y contrastadas (y la presentación voluntaria de las declaraciones de los años 2010 y 2011 así parece confirmarlo).

Ahora bien, aunque Messi hubiera dejado de ingresar cuatro millones de euros, eso no significaría que debiera ser condenado penalmente, porque junto al elemento objetivo (defraudar más de 120.000 euros) debe concurrir el elemento subjetivo (la culpabilidad). Y Messi no sería culpable si el juez estimara, por ejemplo, que el joven jugador había confiado plenamente en que su padre o sus asesores le indicaban que estaba tributando correctamente en España. En tal supuesto, los responsables serían su padre o los asesores.

¿Y si Messi, hipotéticamente, fuera culpable? ¿Debería pagar una multa de 24 millones de euros para evitar la prisión? En absoluto. Podría pagar muchísimo menos. Veamos: la multa habitual en temas penales es de la misma cantidad que se ha defraudado, y solo en casos de excepcional gravedad se llega al triple. Pero es que además se ha aprobado un reciente reforma penal que permite en los dos primeros meses (desde la imputación) llegar a un acuerdo pagando la cuota defraudada, los intereses de demora y una multa de tan solo el 25%.

Es decir, que en el caso de Messi podría llegar a un acuerdo que le evitaría ingresar en prisión pagando los cuatro millones de euros presuntamente defraudados, los intereses de demora y una multa de un millón de euros siempre que se considerara que no ha actuado a través de persona interpuesta (es decir, ocultándose tras sociedades creadas ex profeso para tal fin). Si se estimara que ha actuado a través de persona interpuesta y atendiendo al elevado importe presuntamente defraudado (más de 600.000 euros por año) la multa sería superior y oscilaría entre el 37% y el 60% de los cuatro millones: es decir, entre 1.500.000 y 2.400.000 euros.

Lo explicado anteriormente es debido a que la reciente reforma penal, por un lado, ha agravado las penas (el palo) y, por otro, permite una reducción muy grande de las penas (zanahoria) siempre que, en un plazo de dos meses, se pague a tocateja. Esto provoca la paradoja de que quien ha cometido un fraude delictivo tiene la oportunidad de pagar una sanción inferior (solo el 25% en la mayoría de casos) a la que tendría que pagar un contribuyente que hubiera cometido un fraude menos grave que no sea delito si fuera inspeccionado en vía administrativa. Otro efecto perverso de la norma puede consistir en que quien puntualmente considere acometer una operación fraudulenta de gran calado valore que le compensa correr el riesgo porque, si le pillan, la consecuencia económica no es demasiado grave y tampoco ingresaría en prisión.

Ahora bien, esta reforma también tiene su cara muy positiva y práctica, pues permitirá recaudar rápidamente y también logrará que muchos juicios se celebren con celeridad gracias al acuerdo, algo necesario pues como todo el mundo sabe la justicia que persigue los asuntos económicos está atascada y los juicios se prolongan durante años y años.

Y aquí está el quid de la cuestión. Desde el principio de la democracia, la justicia económica ha funcionado así de lenta y a ningún partido político le ha interesado incrementar el número de jueces dedicados a combatir los delitos económicos para que fuera más rápida y eficaz. El resultado es que poquísima gente entra en prisión por delitos fiscales ni económicos, y uno de los motivos para ello es que la legislación y el atasco judicial juegan a favor de los delincuentes.

Un tema que habitualmente se desconoce es que el artículo 221 del Código Penal permite reducir la pena cuando en un proceso penal se producen dilaciones excesivas. Así, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto a un juicio que duró tres años rebajó la pena impuesta de cinco años (en un juzgado de lo penal) a 18 meses por apreciar que se habían producido dilaciones en el procedimiento (el asunto de fondo es que un juicio lento viola los derechos fundamentales de la persona al provocarle un sufrimiento injusto y por ello se le compensa con una reducción). Y cuando la pena impuesta es inferior a dos años, los condenados no suelen ingresar en prisión sino que se les ofrece la remisión condicional.

Como la mayoría de juicios penales por delito fiscal duran bastante más que tres años, en la inmensa mayoría de los casos los imputados podrían beneficiarse de una quita de más del 50% de la pena por estimarse que la justicia es demasiado lenta. Un motivo suficiente para que, más allá de los juicios positivos o negativos sobre la reciente reforma penal, se reclame un incremento sustancial de los jueces especializados en delitos económicos para que los juicios se celebren lo más rápidamente posible.

El argumento de la austeridad aquí no se sostiene, porque una justicia rápida y efectiva en asuntos económicos recaudaría muchísimo más de lo que pudiera costa, y a ello habría que sumarle el incremento recaudatorio indirecto pues muchos grandes defraudadores se lo pensarían mucho más antes de engañar al fisco. Y, desde luego, cabe preguntarse por qué cuando el gasto público se disparaba en todo tipo de inversiones estrafalarias (desde aeropuertos sin pasajeros a subvenciones millonarias para producir más del doble de la cantidad de energía que consumimos) y por parte de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se multiplicaban el número de funcionarios y personal contratado sin oposición, nunca fue una prioridad contar con una justicia rápida, eficiente y bien dotada para combatir la enorme cantidad de delitos económicos que se cometen en nuestro país.

La labor de los jueces es muy meritoria, pero es imprescindible multiplicar el número de jueces dedicados a combatir los delitos económicos. La gente no ha sido consciente de las consecuencias de los delitos económicos pero es hora de despertar.

Uno de los fallos estructurales del IVA consiste en que tal como está diseñado, cuando alguien deja de pagar, el Estado no solo deja de ingresarlo, sino que, en muchas ocasiones, la Hacienda Pública tiene que pagar a un tercero el importe no recaudado. Coloquialmente, podríamos decir que "nos meten la mano en el bolsillo", porque, se quiera o no, Hacienda somos todos.

La Comisión Europea ha alertado recientemente sobre las graves carencias en el sistema de recaudación del IVA. Según sus cálculos, la Unión Europea dejó de ingresar 192.000 millones de euros por IVA en el 2011 y España 63.000 millones desde 2008, casi 16.000 millones de euros anuales.

A la luz de estos datos, el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, manifestó temer que las propias carencias del sistema sean una de las causas fundamentales de la caída de ingresos y advirtió de que sin una reforma adecuada, la pérdida de ingresos podría continuar incluso si llegara la tan deseada recuperación económica.

Confieso que, tras leer la noticia, me alegré enormemente. Por mi experiencia profesional opino que el IVA es un impuesto teóricamente perfecto, pero que en la práctica adolece de enormes agujeros, por lo que conviene reformarlo para adaptarlo a la realidad. La Comisión, pensé, por fin se ha dado cuenta y va a actuar en consecuencia. Sin embargo, al leer sus propuestas sufrí una gran decepción. Junto a un consejo de Perogrullo (reforzar la lucha contra el fraude), y otro formal (simplificar el sistema de declaraciones), su principal aportación consiste en suprimir las exenciones y aumentar los tipos reducidos. Traducido al román paladino de nuestro sufrido país: subidas generalizadas en productos de primera necesidad o bienes culturales como los libros. Parece un poco regresivo e inmoral que si existen fallos en la recaudación del IVA la solución pase porque, por ejemplo, el IVA del pan suba hasta el 21%. Inmoral porque al rico la subida de tipos básicos le afectaría poco, pero al más débil económicamente le reduciría drásticamente su capacidad de consumo. En cuanto a una hipotética subida al 21% del precio de los libros en papel, parafraseando a Tayllerand, “sería peor que un crimen, sería un error”.

En España ya conjugamos ser un paraíso líder en descargas piratas con un tipo de IVA del 21% en los libros digitales con el resultado de que el mundo editorial está tocado de muerte. Subir el IVA de los libros en papel al 21% sería como remachar los clavos del ataúd con cada punto de incremento. Sinceramente, dudo que las pérdidas de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de consumo compensasen el hipotético aumento recaudatorio propuesto por la Comisión.

Y sin embargo, no se de qué me sorprendo si todo es muy lógico. Si en algo están siempre de acuerdo los tecnócratas de Bruselas es en proponer bajadas de sueldos y subidas de impuestos. Bueno, y también en negarse a viajar en clase turista en vuelos de duración inferior a dos horas. Lógico: su tiempo es oro y redunda en beneficio de todos que lo aprovechen mejor viajando en business.

No querría enmendarle la plana a nadie, pero en mi modesta opinión uno de los fallos estructurales del IVA consiste en que tal como está diseñado, cuando alguien deja de pagar, el Estado no solo deja de ingresar el IVA, sino que, en muchas ocasiones, la Hacienda Pública tiene que pagar a un tercero el importe no recaudado. Coloquialmente, podríamos decir que “nos meten la mano en el bolsillo”, porque, se quiera o no, Hacienda somos todos. Para entenderlo, nada mejor que un ejemplo.

Una empresa NINI (ni paga impuestos, ni tiene bienes) emite una factura con IVA a una empresa tercera. La Agencia Tributaria podrá levantar actas a las empresas NINI pero no podrá cobrar nada si dicha empresa emisora y su administrador no son solventes. Sin embargo, la factura es válida y la empresa receptora de la factura puede deducirse el IVA, y en su caso, solicitar la devolución de ese IVA a la Hacienda española, que se lo pagará religiosamente pese a no haber cobrado ni un euro.

Como decíamos, el IVA es teóricamente perfecto, pero sus diseñadores no estaban pensando en estos casos, frecuentes en la práctica, ya sea a consecuencia de la crisis o porque muchísimos defraudadores se han percatado del agujero que supone y lo aprovechan para organizar estructuras muy difíciles de combatir con la legislación vigente. El agujero es tan grande que es demasiado fácil colarse por él y al final se detectan sectores enteros en los que casi todos los proveedores son empresas NINI insolventes que no pagan el IVA.

La solución en estos casos consiste en lo que se conoce como “inversión del sujeto pasivo”, que de manera muy simple consiste en que en las empresas NINI emitan facturas sin repercutir IVA en determinados sectores. Así, nos ahorramos pagar a las empresas que reciben las facturas de las empresas NINI el IVA que éstas no ingresan.

Esta solución ya se ha adoptado en algunos sectores, y mi propuesta, en línea con lo defendido por Alemania, consistiría en generalizar el sistema de “inversión del sujeto pasivo” a todos los sectores, acercando la obligación del pago del IVA al final de la cadena productiva. Si no, la cadena es demasiado larga y si se rompe en cualquiera de los puntos intermedios, el IVA lo pagamos entre todos. Por el contrario, si acortamos la cadena, el número de empresas a controlar descendería drásticamente, con lo que sería mucho más fácil combatir el fraude y además evitaríamos que nos “metieran la mano en el bolsillo”. Porque lo peor no es que no ingresen. Lo peor es tener que pagar cuando nadie ha ingresado nada. Al menos, que no se nos quede la cara de tontos.