El juicio del 'caso Palacio de Hielo que se celebra desde este miércoles en Granada decidirá si el Ayuntamiento de la ciudad se apropió a sabiendas de terrenos que pertenecían al Estado en el convenio para la construcción dicho 'palacio' además de un centro comercial y viviendas. La denuncia la puso, precisamente, uno de los promotores sentados en el banquillo, que comparte con altos cargos de Urbanismo y el ex concejal del ramo, Luis García Royo (PP).

En la primera sesión han declarado el propio García Royo, que ejerció entre 2003 y 2007, durante el primer mandato de José Torres Hurtado; el ex gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, y otro funcionario. Los tres han negado la presunta confabulación en la que habrían participado con los promotores, y en concreto los dos últimos que los metros pertenecientes a Fomento se incluyesen a sabiendas de que no era legal atribuírselos al Ayuntamiento.

Lorente, de hecho, insistió en que los fallos en la extensión de las parcelas se deben a que había un fallo en la ficha pero que en los documentos del Plan Parcial estaban bien. Añadió que el Ministerio de Fomento no había registrado sus fincas en el Registro de la Propiedad y que fue finalmente el que las incluyó en este posteriormente a nombre del Estado.

En cuanto a García Royo, el edil insistió en que sus conocimientos de Urbanismo “no le permitían descender al nivel” de controlar los detalles de todos lo que se hacía alrededor del convenio. Ha recordado que si se aumentaron los aprovechamientos a nombre del Ayuntamiento en la reparcelación de la zona fue a partir de 2007, cuando él ya no era concejal, y ha negado que se sentase en ningún momento a negociar con los promotores más que en una ocasión, en la que se buscaron inversores para el futuro centro comercial y en la que también estuvo el alcalde.

Según la Fiscalía, García Royo intentaba aumentar los ingresos del Ayuntamiento

El presunto delito se encontraría en el trazado de las parcelas, ya que se incluyeron hasta tres que no pertenecían al Ayuntamiento, sino al Estado. En concreto, al Ministerio de Fomento: dos de Demarcación de Carreteras y una tercera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si el Ayuntamiento pretendía recalificarlas, debería haberlos tratado como un propietario más e incluirlos en la Junta de Compensación, algo que nunca se produjo. Según Fiscalía, el edil de Urbanismo intentaba aumentar los ingresos del Ayuntamiento, ya que los promotores le comprarían terrenos más amplios, y estos últimos aumentar el área edificable y, por tanto, sus futuros beneficios.

El caso llegó a lo Penal tras la denuncia de uno de los acusados, el conocido empresario granadino José Julián Romero, acusado de connivencia con García Royo aunque los abogados de ambos insisten en que entre ellos existe mala relación, ya que de hecho el concejal denunció por injurias al promotor y ganó cuando aquél lo acusó de “fabricar” los metros.

Romero, que llegó a ser embargado por el Ayuntamiento en 2009 por valor de 4 millones de euros por no pagar las cantidades debidas al convenio del Palacio, ha acusado en repetidas ocasiones de ser responsables de las operaciones tanto al alcalde José Torres Hurtado como a la sucesora de García Royo, Isabel Nieto, que ejerce desde 2007.

El regidor ya fue denunciado por los ediles del PSOE en el Ayuntamiento granadino al perdonar la deuda a Romero y al otro promotor imputado, de 8,2 millones de euros, por una finca, la del convenio, que luego pretendió vender por menos dinero, en una operación que nunca se produjo. En cualquier caso, el juez archivó dicha querella considerando que los socialistas tergiversaron los hechos para hacerlos parecer delictivos, y de momento el alcalde permanece libre de toda sospecha en este caso.

VOX, el partido surgido a la derecha del PP y que ha recogido a figuras como José María Ortega Lara, ha presentado este fin de semana en Granada su programa para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Con las generales de 2015 como horizonte. El partido, con un ecléctico programa que lo mismo defiende la unión bancaria que ataca el aborto, anuncia que su objetivo último es tener grupo parlamentario “de derechas y liberal sin complejos” en el Congreso de los Diputados para proponer la eliminación de las autonomías y la retirada de la financiación pública a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

El acto lo protagonizaron el presidente y el vicepresidente de VOX, Alejo Vidal-Quadras e Ignacio Camuñas. Este último, ministro de la UCD con el fallecido Adolfo Suárez, anunció que “VOX no es una operación coyuntural”. Y “cualquier que fuere el resultado” de estas europeas seguirán e irán a las municipales, “hasta llegar a las generales y poder situar un grupo parlamentario a través del cual la voz de VOX se pueda oír”.

Por su parte, Alejo Vidal-Quadras defendió el papel de VOX contra los “partidos establecidos”, a los que definió como “oligarquía” y propuso, por “higiene democrática”, que sólo se vote en estas europeas a los que “hayan elegido a sus candidatos democráticamente, y no a dedo o por SMS”. Sin mencionar a Podemos o al Partido-X -“la izquierda más tradicional y la poprock”- sostuvo que “es posible hacer esto porque los partidos nuevos contemplan todo el espectro ideológico”.

El ex líder del PP catalán tuvo constante puyas para su ex compañeros -partido que tenía algún observador de los populares de Granada entre el público durante el acto- y a nivel general, presentó a su organización como “la opción de los que sostienen el estado con sus impuestos frente a quienes lo ordeñan para su beneficio”. En este sentido, agregó: “La crisis de España no es de funcionamiento sino de estructura, y los partidos establecidos no pueden dar respuesta porque viven del sistema que ellos mismos han construido”.

Ignacio Camuñas defendió que en el espectro político español había quedado un “hueco” y resumió las propuestas nacionales de VOX en dos grandes reformas. La primera, acabar con las autonomías, modelo que “ha fracasado”, y abogó por “un solo gobierno y un solo parlamento, y no 17” que “inundan las administraciones públicas de personas a dedo”. La segunda, “cortar la financiación pública a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales”.

En cuanto al programa para las europeas, se resume en una serie de 12 puntos que pide la unión bancaria y económica “real, no sólo monetaria”. También una política exterior conjunta, programas de empleo y “especialización de las regiones” según sus posibilidades. Pero, por otro lado, incluye también propuestas de “defensa de la familia, como base de la sociedad” y del “derecho a la vida”, entendido como prohibición del aborto.

Los vecinos de la Zona Norte de Granada, el 'barrio olvidado' de la ciudad –en realidad en un solo distrito que rondan los 40.000 habitantes–, están hartos de apagones. Tanto que han llevado a Endesa ante los tribunales tras un invierno en el que los colegios y guarderías amanecían sin calefacción y donde algunas zonas de los barrios de Cartuja o La Paz llegaron a estar hasta 16 horas sin luz en días de diciembre y enero.

Una concentración frente a la sede de los juzgados de Caleta, en el centro de Granada capital, ha acompañado a la presentación formal de la demanda ante el juzgado de guardia, para solicitar que se depuren responsabilidades por los continuos apagones que sufre el barrio y que, como han recordado en la manifestación y en los escritos remitidos a la empresa y todas las administraciones implicadas “no vienen de ahora, sino de hace muchos años”.

Los vecinos no aceptan la respuesta oficial de Endesa, que afirma que los problemas se solventaron el pasado mes de noviembre, ni la oficiosa, esto es, que la culpa la tienen los numerosos enganches ilegales a la luz del barrio, que sobrecargan la capacidad del sistema, consumiéndose más del triple de la capacidad contratada. Por otra parte, la empresa no ha querido responder a la prensa a este respecto.

Han recurrido a todas las instituciones a su alcance, esto es, Ayuntamiento y Junta. De momento, sólo les han respondido el Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, que ha propuesto una reunión entre todos los implicados para buscar soluciones, y el grupo municipal de IU, que ha asumido sus peticiones.

La denuncia va dirigida a Endesa, incluye responsabilidades patrimoniales por los daños en algunos de los negocios de la calle Julio Moreno Dávila y pide investigar posible responsabilidad subsidiaria de las administraciones implicadas, por no inspeccionar el servicio.

Pero, antes que una denuncia, la Plataforma, que forma parte de la Asociación de Barrios Ignorados de Andalucía, lo considera un toque de atención. En el barrio más afectado por el paro de la ciudad, con menos instalaciones municipales o de cualquier administración, apenas sin sucursales bancarias, en el que hasta hace poco no entraban las empresas de mensajería, piden “no ser ignorados”.

En el caso de las guarderías y colegios, denuncian también la precariedad de las instalaciones eléctricas y que los apagones hayan llegado en la peor época. Algunos vecinos apuntan a los enganches que sirven para “invernaderos y plantaciones de interior”.

El monolito a Primo de Rivera de la Plaza de Bibataubín de Granada tenía los días contados desde que se comenzó a redactar la Ley de Memoria Democrática de la Junta. Pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) parece que ha adelantado las fechas. Una sentencia da la razón al Abogado del Estado y condena al Ayuntamiento de Granada a retirar la escultura por considerar que no existen “razones artísticas” para mantenerla y, por tanto, se salta la Ley de Memoria Histórica.

La sentencia la adelantan este martes los diarios Granada Hoy y Granadaimedia, y recoge hasta cuatro informes encargados por la Abogacía del Estado en los que se desmiente la pretensión del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada de que la estatua debía estar protegida por criterios artísticos y patrimoniales, una salida que permitía la Ley de Memoria Histórica de 2007 de Zapatero pero que elimina la futura Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

De hecho, en la sentencia puede leerse que “el monumento carece de relevancia patrimonial suficiente para proceder a su protección, según los parámetros científico-jurídicos establecidos para el valor artístico por la legislación de Patrimonio Histórico vigente”. Es más, el informe concreto del Catedrático de Escultura de la Universidad de Granada, Alfonso Maso, añade que el monumento “constituye una apología de la violencia fascista”.

Fin de la polémica

Lo cierto es que el monolito de la Plaza de Bibataubín, en la que se encuentra también la sede del Consejo Consultivo de Andalucía y en pleno centro de Granada, es punto habitual de encuentro de grupúsculo de extrema derecha. Cada 20 de noviembre congrega una concentración falangista con ofrenda florar en el mismo tras misa solemne en memoria de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco en la Catedral de la ciudad, y la Policía ha tenido ya varios años que evitar incidentes entre los neonazis y la contra-manifestación antifascista que se suele convocar en rechazo a dicho acto.

El TSJA pone así, quizás de manera definitiva, fin a una polémica en la que él mismo terció hace apenas dos meses cuando inadmitió un recurso parecido de Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), aunque este se dirigía al acuerdo del pleno municipal que rechazaba la retirada del monolito, precisamente, por razones artísticas. La explicación es un conjunto de defectos de forma sobre las que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada y la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal discrepan.

El PP de Granada escenifica su ruptura en otro municipio más del área metropolitana. Cuatro de los seis concejales de la formación en el pleno de Atarfe abandonarán el partido pero conservarán sus actas tras ser expedientados por la dirección provincial por “falta de lealtad”. Los populares ‘granadinos’ eligen así bando en la guerra de su grupo municipal, en este caso, el de una de las ediles que permanecerán en el partido y es la esposa de Gonzalo Aivar, el empresario imputado por facturas falsas en el ‘caso Mercamed’ y que acusó al PP de financiar ilegalmente actos de campaña de 2011 en los que participó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La decisión de los cuatro ediles llega tras conocerse que el pasado jueves 27 de marzo la dirección provincial decidió abrirles expediente por “saltarse las órdenes del partido” al remitir una carta al nuevo presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el que pedían la expulsión de las otras dos concejales. En concreto, aludían a la relación con Aivar y al apoyo que estás dos ediles dan con sus votos al actual gobierno municipal, coalición de PSOE e IU. El actual alcalde de Atarfe, el socialista Tomás Ruiz, está imputado por varias causas urbanísticas, al igual que su antecesor, el polémico Víctor Sánchez.

“Por honestidad y por coherencia”

De hecho, el PP de Atarfe llevaba desde diciembre en manos de una gestora cuando la dirección local, precisamente compuesta por estos cuatro ediles que ahora abandonan el partido y varios afiliados afines, decidía dimitir en masa ante la ausencia de reacción del provincial y el regional en su reclamación de expulsión de sus dos rivales políticas. Aseguraban que “por honestidad y coherencia” dichas ediles debían ser cesadas, ya que su apoyo al gobierno atarfeño y la vinculación con Aivar, imputado por facturar de forma fraudulenta a la Diputación provincial cuando gobernaban PSOE e IU, las ponía bajo sospecha.

El ya ex presidente del PP de Atarfe y hasta el momento portavoz municipal, José Manuel Aranda, que fue candidato a la alcaldía en 2007 y 2011 consiguiendo pasar de dos concejales a seis en ese periodo, era el principal acusado por Aivar en su denuncia pública de financiación ilegal. Este empresario aseguró que tanto él como otros financiaron de manera irregular la campaña de las municipales de 2011 a cambio de futuros favores si los populares acababan gobernando. Entre los actos que ponían en duda, se encontraba uno que protagonizó la vicepresidenta Saenz de Santamaría.

La Fiscalía abrió una investigación de oficio sobre esta denuncia, que Aivar realizó en los medios de comunicación, acabando por archivarla por falta de pruebas. Aranda había anunciado que preparaba una denuncia por denuncia falsa contra este, y seguía pidiendo que el partido expedientase y expulsase a sus dos compañeras de grupo municipal, a las que acusaba de saltarse la disciplina de voto.

Se desconoce por el momento si Aranda y sus compañeros fundarán otro partido, aunque sí han asegurado que no abandonarán sus actas hasta el final de la legislatura. El Ayuntamiento de Atarfe queda ahora con 7 concejales del PSOE, dos de IU y otros dos del PP, frente a seis concejales no adscritos, dos salientes de la coalición de izquierdas por negarse a pactar con los socialistas y los actuales cuatro dimisionarios populares.

El jueves 20 de marzo a las seis de la mañana 50 agentes antidisturbios de la Policía Local de Granada tomaron por sorpresa el cerro de San Miguel para desalojar y clausurar seis cuevas en las que vivían familias alegando peligro de ruina. Doce horas después, los vecinos de todo el cerro se unían para empezar a desenterrarlas. La noche del viernes al sábado, mientras una pareja ya dormía de regreso en su vivienda, otros se apostaban con tiendas de campaña en la cercana ermita de San Miguel, en cuya explanada aparecieron los agentes dos días antes. Al final de esta semana, todas las cuevas desalojadas estaban habitadas de nuevo y el barrio se organizaba para resistir.

Junto a la cueva de Boris, el vecino más veterano en ser desalojado, 10 años de permanencia en el cerro, se ha formado un campamento que cubre el área de trabajo con una gran lona azul y bajo la que se refugian lo mismo desalojados que voluntarios y activistas que trabajan en la restauración. En el caso de Boris, guía al interior de su cueva a cualquiera que lo pida y le muestra la bóveda y su resistencia al paso de las retroexcavadoras sobre la estructura. Luego señala el árbol que ciega la chimenea: “No hay aquí más ruina que la que han traído ellos”.

Las cuevas son un conflicto que se arrastra desde hace años, y que tuvo su cénit en otro desalojo espectacular, en 2007, aunque ha tenido repeticiones en 2010 y 2012. De fondo queda el proyecto municipal nunca admitido, pero publicado en diversos medios de comunicación a lo largo de los años, de vender el terreno para construir un complejo de apartamentos hoteleros con vistas a la Alhambra de Granada. “Para especular”, resumen los vecinos.

Para este último asalto, que incluye desalojar más de 50 cuevas en varias fases según vayan llegando los permisos judiciales, el Ayuntamiento de Granada perdió un primer intento en diciembre de 2013, cuando una concentración de un centenar de personas convocadas por Stop Desahucios impidió pacíficamente el acceso al cerro de la Policía Local. Hoy, en esa explanada han colocado un SOS legible desde la Alhambra de Granada y carteles que guían a los numerosos senderistas y turistas hacia el lugar del desalojo. Saben de la repercusión mediática y la alientan: “¿Habéis visto las cuevas enterradas? ¿Queréis verlas? ¿Sabéis lo que pasó aquí el jueves pasado?”.

Si se accede desde la ermita, cubierta de graffitis que imitan los jeroglíficos egipcios, aparece colgada entre un poste de la luz y un árbol la hamaca de Sergio, el joven vecino detenido la madrugada del jueves. Le imputan atentado contra la autoridad, aunque él asegura que fue el agredido y no el agresor, viéndose rodeado por cinco antidisturbios al salir de su cueva -que no era de las desalojadas- al ruido de la llegada de las máquinas. “No los toqué. Es verdad que los insulté, pero, ¿cómo voy a agredir a nadie?”, espeta.

Su cuelgue es un modo de protesta y también de vigilancia. Se proclama en huelga de hambre, aunque de momento se ha retirado los sólidos y resiste a base de zumos y sopa que le suben los vecinos por una cuerda. La hamaca en la que se envuelve por las noches para combatir el frío está acompañada de un par de tiendas de campaña y es el puesto de vigilancia para asegurarse de que no aparece otro desalojo exprés una madrugada.

La noche del viernes al sábado fue la primera actuación clandestina. Los vecinos habían observado como los dumpers acumulaban arena en varios montones en la explanada de la ermita, de modo similar a la que se usó para cerrar las cuevas el jueves. Esa madrugada toda la arena “desapareció”. Lo comentan sonriendo y no añaden nada más.

Eso sí, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), ya amenaza con “tapiarlas con hormigón” si lo permite la Junta de Andalucía. Una precisión que choca con la denuncia por prevaricación presentada por los letrados de Abogados en Red, representantes de los vecinos, el mismo viernes 21. Piden que se investiguen responsabilidades penales, de posible prevaricación, en la ejecución del desalojo, que se saltó todas las prohibiciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para trabajar en el cerro, lugar de especial protección por formar parte del conjunto de Albaicín y el Sacromonte y ser limítrofe con la Muralla Zirí, de 1.000 años de antigüedad. Se utilizó maquinaria pesada, no se dejó ventilación en las cuevas para impedir su derrumbe completo y no se realizó intervención arqueológica donde no son raros los restos.

Los vecinos, mientras tanto, organizan la resistencia. David, otro veterano del cerro que ha estudiado su historia, recuerda que hasta las inundaciones de los 60 “esto era un barrio urbanizado, con luz y agua corriente; ahora sólo la tienen una decena de casas, las que reconoce el catastro y nunca podrán desalojar. Se podría haber trabajado en que esto fuese un barrio vivo, que conservase un estilo de vida tradicional y único. Sin embargo, se está queriendo especular y pegar ladrillazos”.

En mayo de 2011, el Partido Popular consiguió unos resultados inéditos en el hasta entonces llamado 'cinturón rojo' de Granada, el área metropolitana con más de 30 municipios que rodean la capital de la provincia, que suma alrededor de 250.000 habitantes y había sido tradicionalmente un feudo de PSOE e IU. De hecho, los resultados fueron tan buenos que influyeron decisivamente en la mayoría absoluta popular en la Diputación Provincial, que gobierna desde entonces por primera en su historia.

Sin embargo, menos de tres años después, el PP parece empeñado en desmantelar el crecimiento de las últimas municipales a base de dispararse en el pie con una serie de luchas intestinas que pueden costarle tanto las alcaldías que afianzase entonces por primera vez como la Diputación provincial que se ha convertido en la base de su poder en la provincia, mucho más que la capital dónde ya obtenía mayorías desde 2003.

El último episodio se ha vivido recientemente en Alfacar, municipio de apenas 5.500 habitantes, a pocos minutos de la capital, donde el PP obtuvo mayoría por primera vez en 2011, seis concejales sobre un total de 13 que gobernaban con apoyo de un independiente. Sin embargo, los populares han acabado teniendo que agotar su lista hasta los últimos puestos por la cascada de dimisiones provocada por una guerra interna entre la alcaldesa, María José Pino, la última en caer, y la concejal de cultura y su sucesora, Inmaculada López.

En 2012 ya dimitieron dos de los seis concejales en llegar al poder apenas un años antes. Este 6 de marzo de 2014 se formalizaba la renuncia de la hasta entonces alcaldesa y la primera teniente de alcalde, Pilar Puente. Ya había que remitirse en ese momento al noveno de la lista. Pero es que al menos tres de los candidatos que quedaban decidían renunciar, obligando a recurrir hasta a la número 13 para completar concejales. Así, el enfrentamiento entre los partidarios de Pino y los de López, 7 contra 6 de la candidatura de 2013, se acabó haciendo más evidente.

López ha sido una elección de la dirección provincial del PP, que encabeza el presidente Sebastián Pérez, también máximo mandatario de la Diputación provincial. Elección suya fue también el ya ex alcalde de Otura, Pedro Cabanillas, protagonista de una de las disputas más rocambolescas desde las municipales de 2011.

En dicho municipio de 6.000 habitantes, ciudad dormitorio de Granada capital, el PP obtuvo una mayoría absoluta de ocho concejales que él mismo ha volado con las salidas del gobierno y el partido, pero no la entrega de sus actas, del ex alcalde entre 2007 y 2012, Ignacio Fernández, y su sucesor Cabanillas, que dimitió este 2014. Ambos condenados en los tribunales y con denuncias cruzadas entre sí, su enfrentamiento fue mucho más público que el de Alfacar, donde las rivales políticas no han llegado a hacer declaraciones una contra otra.

Más soterrada es la disputa en Atarfe, donde gobierna el PSOE con apoyo de dos concejales de IU pero el PP triplicó su representación, de dos a seis ediles, en 2011, creciendo sobre todo a raíz de los numerosos escándalos urbanísticos que salpican al actual alcalde, Tomás Ruiz, y su antecesor, Víctor Sánchez. Allí, el presidente local, José Manuel Aranda, fue acusado de financiación ilegal de la campaña de las municipales por el marido de una de las concejales de su grupo político, María Contreras.

Aunque dicha demanda fue archivada, hizo evidente el enfrentamiento entre los partidarios de Aranda y Contreras y otra edil del grupo municipal. Los primeros habían pedido a la dirección provincial que las cesase por saltarse la disciplina de voto y apoyar al gobierno PSOE-IU, investigado por corrupción. Sin embargo, la respuesta del PP de Granada fue poner al grupo local bajo administración de una gestora. No está claro cuál será el resultado.

En 2011, el PP labró su mayoría en la Diputación gracias a escándalos como el 'caso Nevada', en Armilla, donde obtuvo la alcaldía pese a perder las elecciones gracias al apoyo de UPyD y los independientes y la perdió en una moción de censura cuando uno de estos cedió su voto a PSOE e IU.

Sin embargo, ahora son las peleas intestinas las que pueden lastrar unos resultados que le hagan volver a doblegarse ante una coalición de izquierdas en la institución provincial incluso si gana de nuevo en la capital. Irónicamente, la polémica alrededor del liderazgo de Sebastián Pérez, y por la que intenta asegurar direcciones afines en los municipios, se basa en sí da por perdida la Diputación y pretende ser el sucesor de José Torres Hurtado como alcalde de Granada.

Seis cuevas del Sacromonte de Granada, en el cerro de San Miguel, han sido desalojadas la mañana de este jueves por la Policía Local en una operación que ha tomado por sorpresa a sus moradores y que ha desplegado a más de 50 agentes antidisturbios por los alrededores para impedir los accesos. Durante el desalojo se ha producido una detención, y la operación ha finalizado con una carga policial junto a la ermita de San Miguel Alto, donde los agentes, cuando ya se retiraban ellos y los técnicos, se han abierto paso a través de una manifestación en apoyo de los vecinos.

Los intentos de desalojo de las cuevas ilegales del cerro de San Miguel se remontan a más de 10 años, pero tuvieron su último episodio el pasado diciembre, cuando una concentración de Stop Desahucios evitó el cierre de ocho que el Ayuntamiento de Granada consideraba a punto de derrumbe por ruina. De hecho, en estos tres meses dos de dichas cuevas, ya abandonadas, han acabado cayéndose por sí solas. Sin embargo, las otras seis estaban pendientes de resolución judicial contra los recursos presentados por los vecinos, a través del grupo Abogados en Red y la letrada Marisa Dávila.

La operación de este 20 de marzo comenzó minutos antes de las 6.00, con la llegada de los primeros vehículos de la Policía Local. Rápidamente comenzó el despliegue de los agentes, orientado a impedir una nueva concentración en la explanada junto a muralla zirí, un mirado de privilegiadas vistas a la Alhambra de Granada desde el cual se evitó el desalojo en diciembre. También se comenzó a vaciar cuevas, según la letrada de los vecinos, sin notificación alguna por parte de los agentes. Siete personas fueron obligadas a abandonar las seis viviendas, que incluyen una dara musulmana de la congregación religiosa senegalesa de los Baye Fall.

Durante esa operación, la Policía Local detuvo a un vecino acusado de agredir a los agentes. Los testigos y vecinos aseguran que este detenido fue reducido entre al menos cinco policías y que recibió “una brutal paliza”. Fuentes policiales aseguran que fue él quien hirió a un agente. También se llevaron a dos vecinos más a comisaría para su identificación, ya que no tenían documentación legal. Luego se procedió al cierre de las cuevas, sin permitirles sacar sus pertenencias, taponándolas con tierra y escombros.

La letrada explicó a los medios de comunicación que la Policía Local estaría aprovechando para “cerrar cuevas que no estaban denunciadas”. Esto es así porque, contra las recomendaciones de la Junta de Andalucía, los técnicos accedieron con retroexcavadoras y dumpers, considerados maquinaria pesada. La estructura de las mismas podía verse afectada por dicha maquinaria sin que necesariamente ello implicase peligro de ruina. Denuncia también que no se ha ofrecido realojo a los desalojados, como obligaría la ley al ser desahucios por ruina. Pero el Ayuntamiento de Granada ha respondido que cada uno debe solicitar a los Servicios Sociales por su cuenta dicho realojo.

Stop Desahucios, tras intentar acceder por diversos puntos al cerro sin éxito, se concentró frente al Ayuntamiento de Granada en la plaza del Carmen, durante una comparecencia pública en el interior de la edil de Urbanismo, Isabel Nieto. Esta manifestación se trasladó a la ermita de San Miguel el Alto coincidiendo con la retirada de la maquinaria.

Esto ha provocado un último momento de tensión, cuando los antidisturbios decidieron abrirse paso de regreso a sus vehículos cargando con las porras. Según los agentes, se vieron obligados al comenzar a ser apedreados pero no ha habido heridos por ninguna de las partes. Los manifestantes niegan las pedradas y aseguran que varios activistas han acabado heridos y contusionados. Ya a primera hora de la tarde, los vecinos del Sacromonte han comenzado a trabajar con picos y palas para reabrir las cuevas clausuradas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Granada por tener demasiados altos cargos nombrados 'a dedo'. El Alto Tribunal andaluz dictó sentencia el pasado enero confirmando la condena de los tribunales de lo contencioso en primera instancia por considerar que el Consistorio granadino había “abusado” de la fórmula de la comisión de servicios para ocupar jefaturas de área y que había nombrado “demasiados” cargos de libre designación.

El sindicato CGT, que ha hecho pública la sentencia, recuerda que en el momento que se denunció el caso, cuya primera sentencia es de 2008, los cargos de libre designación en el Consistorio eran 105, pero la actualidad llegan hasta 137. Aunque aclaran que si se ha producido una reducción en las comisiones de servicios, que han pasado 165 a alrededor de 60, lo que deja los cargos 'a dedo' en algo menos de 200.

La comisión de servicios es una fórmula legal que permite que un funcionario con plaza en una administración pase a ocupar un puesto en otra diferente si esta última lo solicita específicamente. En el Ayuntamiento de Granada es especialmente polémica en tanto sindicatos como CGT o UGT lo han denunciado como un método del equipo de gobierno del PP para “enchufar a amigos, familiares y afiliados”.

Dos ejemplos cuyos nombramientos están pendientes de resolución judicial son el de Rebeca Gómez, dirigente del PP de Almería y ex diputada provincial y ex concejal de la capital almeriense, y el de M.C.M., esposa de José Manuel Aranda, presidente del PP de Atarfe, y funcionaria en el municipio de Maracena, donde gobierna el PSOE, pero que en 2010 fue reclamada en comisión de servicios por el Ayuntamiento de Granada, a pesar de haber suspendido una oposición en 2009 y de no conseguir la permuta de su plaza por las mismas fechas.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA recoge que el nombramiento “abusivo” de jefaturas de área a través de la fórmula de la comisión de servicios se estaría saltando los principios de mérito y capacidad, que, aclara, no deben regir sólo para el acceso a las plazas de funcionario, también para la promoción de los mismos dentro de las administraciones. La comisión de servicios debe servir como mecanismo “temporal”, y no para ocupar los puestos directivos de las diferentes áreas municipales de forma permanente.

En cuanto al otro punto polémico, los cargos de libre designación, que no tienen por qué ser funcionario, CGT censura que no sólo no se hayan reducido los 105 que había cuando se denunció –en 2005, ya con José Torres Hurtado como alcalde–, sino que ahora se han aumentado hasta 137 asesores o 'cargos de confianza'.

El sindicato exige al Ayuntamiento que ahora convoque oposiciones para proveer todas las plazas que quedarán libres una vez se aplique la sentencia, ya que el TSJA sólo obliga a que se reduzca el número de cargos 'a dedo', pero no indica que deban reponerse las plazas. De hecho, aunque en el caso de la libre designación si puede que conlleve una reducción, dado que las comisiones de servicio ya son alrededor de 100 menos que en el momento de la denuncia, la sentencia podría no tener consecuencias sobre ellas.

Bob Esponja es la respuesta oficial del Ayuntamiento de Granada a las sugerencias de la oposición a los presupuestos 2014. No es una broma ni un chascarrillo. Es una nota de prensa oficial del Consistorio, escrita de cero, que no recoge unas declaraciones en mitad de un pasillo de un concejal al que, dicho en román paladino, “se le calentase la boca”.

El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma (PP), emitió un comunicado de prensa, enviado por el gabinete de comunicación del Ayuntamiento, en el que explicaba que el gobierno municipal rechazaba todas las sugerencias al presupuesto 2014 realizadas por los grupos de la oposición: PSOE, IU y UPyD. Hasta ahí, todo normal, con los populares imponiendo su amplia mayoría, 16 ediles por 8 socialistas, 2 de IU y uno de UPyD.

Sin embargo, lo inusual llegaba con los dos últimos párrafos del comunicado oficial, los cuales rezan así:

“Ledesma ha manifestado que con estas sugerencias los miembros de la oposición parecen un grupo de personas 'encerrados en un castillo que existe en el fondo del mar', ha dicho en alusión a la serie de dibujos Bob Esponja”.

“En este sentido, haciendo una comparación con la producción televisiva, el concejal ha destacado que IU encarnaría al personaje Cangrejo, 'siempre empeñado en reducir gastos a costa del servicio; UPyD, sin lugar a dudas, sería el Patricio, siempre escondido y sin hacer nada, y los socialistas encarnarían al señor Plankton, empeñados en robarle la corona a su portavoz Francisco Cuenca”.

Recogido por las agencias y la prensa local, el desglose del reparto de la popular serie de dibujos no tardó en ser objeto de sátira en las redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar, vía Twitter, fue el portavoz de IU, Francisco Puentedura, a las preguntas de un periodista del diario Ideal de Granada:

En otro tuit posterior, Puentedura, además, se permitía corregir irónicamente a Ledesma:

Eso sí, el mismo edil de Economía demostró sentirse orgulloso de su ironía, retuiteando varios comentarios de usuarios e incluso las noticias locales que recogían con estupor sus declaraciones.

Francisco Ledesma es conocido por salidas de tono en este estilo, ya que en un pleno municipal, en el que el mismo Puentedura reprochaba al gobierno municipal el “agujero negro” de la deuda del Ayuntamiento, llegó a responder al edil de izquierdas que “ya sabían que él entendía mucho de agujeros negros”, en referencia a la reconocida homosexualidad del portavoz de IU.

Las polémicas por las posibles faltas de respeto del gobierno popular de Granada a los concejales de la oposición no son raras. El alcalde, José Torres Hurtado, y el edil de Cultura, Juan García Montero –hermano del poeta Luis– llegaron a acusar a la concejal novata de UPyD, Mayte Olalla, de tener “un nivel de redacción de la ESO” y pedirle que no interviniese más en el pleno por su desconocimiento del funcionamiento del mismo.

La oposición de Vegas del Genil registra el nombre del ganador de una plaza antes de que empiece la selección

Se trata de la actual pareja del interventor municipal del Ayuntamiento, gobernado por el PP

El PSOE denuncia que las bases se publicaron en Navidad, tres meses después de convocar

Un ‘dedazo’ anunciado ante notario. La oposición municipal de Vegas del Genil “acertó”, dos días antes de que se celebrasen las pruebas de selección, el nombre y DNI de la persona que resultaría elegida para cubrir una plaza de funcionario interino en el Ayuntamiento, gobernado por el PP. La persona elegida fue la actual pareja del interventor municipal. Ahora, el grupo municipal socialista ha hecho pública su denuncia de un “claro caso de amaño”.

El portavoz del PSOE en este pequeño municipio del área metropolitana granadina, Leandro Martín, ha calificado de “amaño” el concurso oposición y acusar al equipo de gobierno popular de “haberse saltado todos los procedimientos legales en la convocatoria”, incluida la Ley de Bases Presupuestaria del Gobierno central, que impide crear nuevas plazas de funcionario, aunque sean interinas.

La plaza se convocó el 20 de septiembre de 2013, aunque no se publicaron las bases hasta el 20 de diciembre, justo tres meses después, el último viernes hábil antes de las vacaciones de Navidad, manteniéndola tan sólo 10 días expuesta en el tablón de anuncios. Las pruebas de selección se celebraron el 30 de enero pasado, y se presentaron ocho personas.

Dos días antes, el grupo municipal del PSOE acudió ante notario para registrar el nombre y DNI de la que “preveían” ganadora, la actual pareja del interventor municipal. Este funcionario, además, divide su jornada a un 70 y 30 por ciento entre Alhendín, municipio vecino también gobernado por el PP, donde tiene su plaza, y la propia Vegas del Genil.

La decisión del grupo socialista de acudir a un notario para registrar el nombre de la ganadora antes de que se celebrara el concurso se produjo ante “la sospecha de posibles irregularidades en la adjudicación de la plaza a una persona previamente determinada”. Martín, además, ha presentado en rueda de prensa y remitido a los medios la documentación correspondiente. No sólo el acta notarial, sino las denuncias, previas a la celebración de las pruebas, del “amaño” ante la Subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento.

Así, los socialistas han presentado recurso reposición contra la adjudicación de la plaza y pedirán un pleno extraordinario, junto con otro grupo de la oposición, para que se repita la convocatoria “de acuerdo con la legalidad vigente”.

IU ha acusado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Granada de “admitir de facto” irregularidades al permitir la construcción de una discoteca en una zona de dominio público. Argumenta el partido de izquierdas que el Consistorio granadino está intentando legalizar a posteriori la actuación, que actualmente investiga la Fiscalía de Granada tras la denuncia de un funcionario municipal, con una innovación Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo cual considera, en sí mismo, otra infracción.

Desde el pasado verano, la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo investiga si desde el Ayuntamiento granadino se cometieron delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística y de maquinaciones para alterar el precio de las cosas al permitir que se contruyese una discoteca y sala de fiestas en un espacio donde, según la licencia que daba la misma administración local y preveía el PGOU, debía situarse un parque infantil.

Es más, la discoteca se construyó con los permisos para cinco columpios, y el 'canon' a pagar por su explotación al Ayuntamiento, de 1.000 euros al mes, es de los columpios infantiles, y no es de la construcción que haya actualmente en funcionamiento. En la denuncia del funcionario jubilado se incluían sus propios informes, en los que señalaba como prácticamente cada decisión tomada por los promotores de la discoteca se saltaba alguna norma.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha denunciado en rueda de prensa que el gobierno municipal estaría “admitiendo” las irregularidades tras intentar “legalizar” parte de las actuaciones en una ordenanza sobre edificación de mayo de 2013, y que la Junta de Andalucía denunció por la vía de los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Puentedura señaló que en el pleno municipal del pasado diciembre de 2013 se presentó una propuesta de innovación del PGOU que aprobaría, con efecto retroactivo, los mismos cambios recogidos por la ordenanza paralizada. Por ello, el edil de la coalición de izquierdas insistió en que se trata de “admitir las irregularidades” y que por ello se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Además, un informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicitado por Fiscalía ha confirmado las numerosas y diferentes anomalías que detectaba el funcionario, quien denunció apenas un día después de jubilarse de un puesto directivo en el área de Urbanismo. Entre otras irregularidades, que la concesión del parque infantil se dio 2006, a los mismos promotores del centro comercial, pero no se ejecutó hasta que finalizó la obra del mismo, ya en 2012.

Además, el recinto de la sala de la sala de fiestas comunica directamente con el del centro comercial y su explotación económica está asociada, vallando además una parcela de dominio público, cosa por definición ilegal.

Entre los responsables directos de los posibles delitos, la denuncia y la fiscal apuntan al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ambos del PP, así como a varios funcionarios del área, incluido el Director de Obras, Manuel Lorente, también imputado en el 'caso Palacio de Hielo'.

Dos municipios granadinos, Armilla y Peligros, se han unido a la lucha contra los desahucios a nivel local con sendas medidas aprobadas la última semana de enero: en el caso de Peligros, como un capítulo más que comenzó con la llegada a la alcaldía de IU tras las municipales de 2011 y la proclamación de la localidad como “pueblo libre de desahucios”.

Así, este municipio de algo más de 11.000 habitantes, aledaño a Granada capital, ha aprobado en su pleno de enero una moción que incluye multas para los bancos que mantengan viviendas vacías dentro de la localidad, votando un texto presentado por Stop Desahucios Granada y que tanto esta organización a nivel estatal como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) suscriben.

En cuanto a Armilla, ha puesto en marcha desde el pasado día 29 de enero un ‘Banco Solidario de Viviendas’, eso sí, de carácter voluntario y dirigido a propietarios particulares. Se invita a los vecinos con viviendas en propiedad que estén vacías a incluirlas en un registro en el que se pondrán a disposición de familias desahuciadas, las cuáles entrarían a habitarlas pagando un alquiler social.

40 municipios que ‘multan’ bancos

Peligros es ya uno más de los 40 municipios en toda España que han aprobado en pleno la moción promovida por Stop Desahucios y la PAH, y que incluye, entre otros compromisos de una batería de siete medidas, sancionar a los bancos que mantengan viviendas vacías dentro del término municipal. Además, se incluye el compromiso de ayudar a que las familias que no puedan permitírselo tengan acceso a los suministros básicos –luz, agua, gas– y de exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que incluya una obligación similar en la en estos momentos suspendida Ley de Función Social de la Vivienda.

Ya en 2011, apenas recién elegido para gobernar en minoría con el apoyo de Alternativa Democrática de Peligros (ADP), el alcalde Roberto García presumía de que “desde lo municipal se puede hacer mucho” y ponía en marcha una serie de medidas de mediación con jueces y bancos –incluyendo poner los abogados del Ayuntamiento a disposición de los amenazados de desahucio–, la prohibición a la Policía Local de que participase en desalojos y la retirada de todas las cuentas del Ayuntamiento de entidades que desahuciasen, como la misma CajaGranada, hoy integrada en Banco MareNostrum.

Registro de propietarios ‘solidarios’

En cuanto a Armilla, la Concejalía de Educación, Vivienda, Comercio y Consumo creará un listado de viviendas vacías y disponibles para alquilar a un precio “solidario y carente de ánimo de lucro”. El Ayuntamiento ha invitado a los propietarios con inmuebles sin alquilar en el municipio a que se dirijan a ellos, siendo los técnicos quienes realizarán la intermediación entre “arrendatarios solidarios” y las familias o personas en caso de necesidad.

Aunque el objetivo es ayudar a quienes hayan sido desahuciados o estén en proceso de serlo, el Ayuntamiento también advierte que, si se viese la necesidad y fuese posible por el número de viviendas ofrecidas, se baraja que puedan acceder a ellas las personas o familias que acrediten situaciones de riesgo de exclusión, como paro de larga duración o mujeres víctimas de violencia de género. La labor municipal será, en último término, ayudar a que las partes pacten un alquiler “digno a un precio social y ético”.

Dolores Plata es ya la tercera alcaldesa del Partido Popular que tiene el municipio de Otura –apenas 7000 habitantes en el área metropolitana de Granada– en el mismo mandato, al que todavía le queda más de un año. Y es, también, la tercera que llega al cargo imputada, tras sus antecesores Ignacio Fernández-Sanz y Pedro Cabanillas, de cuyos sendos equipos de gobierno formó parte. Ambos ex regidores, además, están hoy fuera del PP pero mantienen su actas de concejales en el Ayuntamiento oturense.

Los enredos judiciales en este pequeño municipio granadino dan para tanto que han creado su propio ‘hashtag’, el #OturaShow, con ramificaciones en la guerra interna de la dirección provincial del PP granadino y sin visos de acabar en lo que queda de mandato municipal, todavía algo más de un año hasta mayo de 2015, donde no se sabe, además, si alguno de los ex regidores concurrirá bajo nuevas siglas.

En lo que se refiere a Plata, que ejerció como edil de Obras, Medio Ambiente, Urbanizaciones, Personal y Sanidad entre los gobiernos de ambos regidores, está imputada por una denuncia que interpuso Fernández-Sanz contra Cabanillas cuando el primero ya estaba fuera del gobierno y del PP, en la cual lo acusaba de falsificar un informe para el Consejo Consultivo sobre una finca presuntamente adquirida de forma fraudulenta por el Ayuntamiento.

Precisamente por esa finca, comprada en 2008 cuando Fernández-Sanz era alcalde y Cabanillas concejal de Economía, han sido ambos condenados este mismo enero por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a ocho años de inhabilitación por prevaricación. Aunque la dirección provincial del PP anunció su renuncia y su suspensión de militancia, Cabanillas intentó aguantar en el cargo, hasta que los seis ediles de su equipo dimitieron en bloque, obligándolo a abandonar el cargo.

Denunciarse y descabezarse unos a otros es una suerte de tradición entre los primeros ediles de Otura, ya que Fernández-Sanz abandonó la alcaldía en octubre de 2012 cuando seis de los entonces ocho concejales del grupo municipal del PP –Cabanillas y Plata entre ellos– lo acusaron ante la Fiscalía de intentar ‘colar’ facturas falsas por valor de 178.000 euros en Plan de Pago a Proveedores de ese año.

Sin mayoría absoluta

Esta sangría ha provocado que el PP acabe por perder la mayoría absoluta que consiguió en mayo de 2011. Entonces dobló la representación del PSOE con 8 concejales contra 4 por uno de IU. De esos 8, sólo 5 acudieron al pleno de este viernes 31, con las ausencias de los dos ex alcaldes –los dos, ahora, concejales no adscritos, dado que Fernández-Sanz abandonó el partido y Cabanillas está suspendido de militancia– y un tercer concejal, Agustín Porras. Este último fue el edil con el que negoció Cabanillas formar gobierno tras ser suspendido de militancia, aunque públicamente se ha declarado como ‘fiel’ al ‘ex popular’ Fernández-Sanz.

La relevancia del municipio en la política granadina se basa en, de nuevo, la de Ignacio Fernández-Sanz, que hasta que se convirtió en candidato municipal, en 2007, había ejercido durante 15 años como gerente del PP de Granada, a las órdenes a nivel orgánico del mismísimo Luis Bárcenas. Además, el ya ex alcalde, hoy en las filas del Partido Populares en Libertad (PPL) –escisión del PP fundada por el ex alcalde de Melilla, Ignacio Velázquez–, es el marido de la todavía parlamentaria andaluza del PP por Granada, Eva Martín.

José Torres Hurtado, el alcalde popular de Granada, ya descansa tranquilo. La querella que lo acusaba de prevaricación en una operación urbanística relacionada con el 'caso Palacio de Hielo' –que sentará en el banquillo este año a su ex concejal de Urbanismo– ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción 1 de la capital. Y no sólo eso. El auto del juez también acusa a los concejales del PSOE que lo denunciaron de ocultar documentación para sustentar la denuncia y de acusar sin pruebas suficientes.

El regidor granadino compareció este martes en rueda de prensa para hacer público el contenido de un auto que, prácticamente, respalda lo que él mismo mantuvo ante el juez en su declaración como imputado del pasado septiembre. Si la denuncia presentada por los ocho ediles del PSOE en el Ayuntamiento lo acusaba perdonar a dos empresarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' una deuda de 8 millones a cambio de parcelas que valían mucho menos, el escrito del juez Basilio García asegura que la operación, como el mismo Torres Hurtado lleva insistiendo meses, “ha culminado con un importante ingreso en el patrimonio municipal”.

El alcalde estaba imputado como máximo responsable de la operación por la que se aceptaron dos parcelas de la zona conocida como Cerrillo Maracena, y destinadas al nunca construido Palacio de Hielo de Granada, a cambio de perdonar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores imputados, precisamente, en el caso del presunto convenio ilegal para dicho edificio, que también sentará en el banquillo al que fue concejal de Urbanismo con el propio Torres Hurtado, Luis García Royo.

La querella, presentada por los concejales del grupo municipal del PSOE a título particular, se basaba en que las parcelas de uso comercial estaban valoradas en siete millones, por lo que se producía una pérdida patrimonial para el Ayuntamiento, que además estaba aceptando ese pago 'en especie' aunque ya tenía cubierta la cantidad al haber embargado bienes de los dos promotores por la misma.

Sólo recurrible en el Supremo

Sin embargo, el juez contradice todas estas afirmaciones una vez examinada la documentación del Ayuntamiento y escuchados testigos e imputados, y acusa en su auto a los concejales socialistas de haber ocultado, a sabiendas, parte de los documentos necesarios para conocer la operación, de forma que pudiesen construir los presuntos y nunca probados hechos delictivos que se la atribuían al regidor, los empresarios y varios funcionarios municipales.

Así, García ha decidido acordar el sobreseimiento libre de la causa, lo que implica que sólo sería recurrible ante el Tribunal Supremo, extremo que el PSOE aún ni siquiera estaría estudiando, por su predecible elevado coste. El que si dice estar estudiando acciones legales contra los socialistas por denuncia falsa, dadas las afirmaciones del autor, es el propio Torres Hurtado.

Por otro lado, esta suerte de absolución ha permitido a Torres Hurtado, de 67 años, volver a postularse para ser su propio sucesor como candidato a la alcaldía del PP en 2015. En esta carrera su principal rival sería el actual presidente de la Diputación provincial y el PP de Granada, además de teniente de alcalde junto a él entre 2003 y 2011, Sebastián Pérez.

Aunque hay otra investigación pendiente sobre su gestión urbanística, la de la construcción de una discoteca ilegal denunciada por un funcionario municipal ya jubilado, el actual alcalde no está imputado en ella ni se le atribuye ningún delito, al menos por el momento.

El Ayuntamiento de Granada ha decidido abandonar la Plataforma 8 de Marzo, que desde 1994 organiza los actos del Día de la Mujer en la ciudad e integra a diferentes instituciones y asociaciones de la provincia, hasta 59, entre las que se encuentran la Junta de Andalucía o la Diputación de Granada. La razón, que el manifiesto y las reivindicaciones acordadas para el 8 de marzo de este año se posicionarán en contra de la reforma de la Ley del Aborto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Una decisión que ha provocado que PSOE e IU pidan la dimisión del concejal de Bienestar Social, Fernando Egea, firmante de la carta por la que el Ayuntamiento de Granada ha comunicado a la plataforma su deseo de abandonar los actos conmemorativos. Se desconoce si el consistorio piensa convocar su propio evento o no participará en la celebración del Día de la Mujer, o si retirará los permisos o el carácter de oficialidad a los actos anuales que, presumiblemente, tendrán el mismo esquema que otros años, aunque varíe el objetivo.

IU ha expresado su preocupación por que la Diputación de Granada, también gobernada por el PP, siga el mismo camino, ya que además, aunque no se ha aclarado, el abandono supone que la administración de turno deje de pagar su parte en la financiación de los actos. La Plataforma 8 de Marzo opera en Granada desde 1994, cuando la ciudad era gobernada por el PSOE, y se ha mantenido sin fisuras en los últimos 20 años, pese a los cambios de color de las diferentes administraciones, e integrando a instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) o diversas asociaciones de mujeres de Granada capital y provincia.

Tradicionalmente, la manifestación parte de la plaza Mariana Pineda, en el centro de la ciudad, donde se lee el manifiesto, que cambia cada año aunque durante mucho tiempo se ha centrado en cuestiones de violencia de género, y también se reivindica la figura de la heroína. Un homenaje controvertido en tanto la oposición municipal pide, desde hace año, convertir el día de Mariana Pineda -26 de mayo, aniversario de su ejecución- en día de la ciudad en sustitución de La Toma.

Las críticas de los grupos municipales de PSOE e IU, a través de las ediles María Escudero y Maite Molina, respectivamente, se han centrado en Fernando Egea, concejal de Bienestar Social que figuró en las listas del PP como independiente.Candidato del PA en 2007 a la alcaldía pero hoy fuera de dicho partido, es también funcionario de la Junta de Andalucía en excedencia.

El papel de Fernando Egea durante el actual mandato ha sido, en parte, de figura conciliadora con las sensibilidades más progresistas de la ciudad, precisamente por no ser militante del PP. De hecho, fue el único concejal que acudió, en octubre 2012, al descubrimiento de la placa que señalaba el muro del cementerio de San José de Granada, donde se fusiló a 4.000 personas entre la guerra civil y el franquismo, como Lugar de la Memoria. Bisnieto de Manuel Fernández-Montesinos, último alcalde republicano de la ciudad y uno de los fusilados, fue abucheado por parte del público.

Otura –oficialmente desde 2013 llamada Villa de Otura– es un municipio de casi 7000 habitantes en el área metropolitana de Granada, a apenas 12 kilómetros de la capital, y que ejerce en parte como ciudad dormitorio o de descanso los fines de semana para familias que tienen allí su segunda residencia.

En las municipales de 2011, el Partido Popular obtuvo 8 de 13 posibles concejales, una holgada mayoría absoluta que ahora está a punto de perder tras pasar la mayor parte de lo que va de mandato desangrándose en peleas internas, con casos de corrupción aireados por denuncias cruzadas entre sus concejales y dos alcaldes dimisionarios, condenados y expulsados del partido en apenas un año y medio. La concatenación de trapos sucios lavados a la vista de todos, con ramificaciones en las peleas por la sucesión de Granada capital o la Diputación provincial, ha creado incluso un hashtag en las redes sociales: #Oturashow.

El último episodio es la resistencia a dimitir de Pedro Cabanillas, ex alcalde de facto, suspendido de militancia del PP, que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a ocho años de inhabilitación por prevaricación. Cabanillas se negó a abandonar el cargo pese a las órdenes de la dirección provincial del partido, y los seis concejales de su equipo de gobierno decidieron dimitir en bloque en su lugar, dejándolo sólo al frente del Ayuntamiento.

Finalmente, el jueves 16 de enero, Cabanillas cedía a las presiones de la dirección y formalizaba su dimisión, asegurando que no lo hizo antes “por una confusión” y que recurriría la sentencia que lo condena a inhabilitación. Con todo, no es el primer alcalde al que su propio grupo municipal se le vuelve en contra en menos de un año y medio.

Traiciones encadenadas

De hecho, Cabanillas accedió al cargo tras la dimisión de su antecesor, Ignacio Fernández-Sanz. Figura de peso en el PP de Granada, en tanto que gerente del mismo durante tres lustros, Fernández-Sanz accedió a la alcaldía en 2007 tras ganar por mayoría simple apoyándose en un pacto con el Grupo Independiente de Otura (GIO) que se rompió cuando estos lo acusaron de usar el dinero del Plan E para pagar nóminas. En 2011, pese a todo, logró la mayoría absoluta de 8 ediles sobre 13, doblando la representación del PSOE, con sólo 4. Además, en febrero 2012, la esposa de Fernández-Sanz, Eva Martín, obtenía un escaño como parlamentaria andaluza por Granada.

Eso sí, poco le duró la alegría. En septiembre de 2012 seis de los ocho concejales del PP denunciaban alcalde y teniente de alcalde –el todavía popular Ignacio Pérez– por, presuntamente, justificar con facturas falsas 178.000 euros en el plan de pago a proveedores cuyo destino no se conocía. Tras muchos tiras y afloja con la dirección, Fernández-Sanz dimitía como alcalde alegando “problemas de salud” y mantenía el acta.

Posteriormente, abandonaba el partido, para fundar más tarde la adscripción granadina del PPL, la escisión del PP de Melilla que intenta convertirse en partido de ámbito nacional. Al mismo tiempo, denunciaba por falsificación de informes al Consejo Consultivo a Cabanillas, y acababa sentándose junto a él en el banquillo y siendo condenado por un caso de prevaricación. Para colmo de males, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Fe ha reabierto, gracias a una ampliación de denuncia, un caso archivado en 2009 en el que se acusa de conceder una licencia ilegal de nuevo a ambos rivales políticos.

Aunque la historia de las guerras internas del PP de Otura puede remontarse hasta 2005, cuando el presidente provincial, Sebastián Pérez, se decantó por Fernández-Sanz, entonces secretario local, en su disputa con el entonces presidente de los populares oturenses, Eduardo Anguita. En noviembre de ese año, Anguita y varios ediles del grupo municipal afines a él –entonces el Ayuntamiento era gobernado por el PSOE– abandonaron el PP y fundaron el GIO. Tres años más tarde, no tuvieron problemas en pactar con su ex partido a cambio del puesto de teniente de alcalde para Anguita.

Lucha interna en el PP de Granada

Fernández-Sanz, así pues, llegó a la presidencia del PP de Otura, hoy en manos de una gestora, aupándose en su cargo de funcionario del partido y con el apoyo explícito de la dirección provincial, y salió cuando lo perdió. Con gran conocimiento interno del partido, en sus declaraciones públicas siempre se ha presentado como una víctima de la guerra por suceder al actual presidente del PP de Granada y la Diputación, Sebastián Pérez.

Pérez se prefigura como el futuro candidato al Ayuntamiento de Granada, en 2015, donde ya fue teniente de alcalde, ante la edad del actual regidor, José Torres Hurtado, y los casos de corrupción que lo salpican, como el ‘Palacio de Hielo’. En la carrera por sucederlo al frente de partido e institución provincial, Fernández-Sanz cree que el diputado provincial y alcalde de Güejar Sierra, José Robles, quiso “cobrarse” su cabeza usando a Cabanillas.

Así, PSOE e IU claman por la intervención del Ayuntamiento de Otura para que pase a manos de una gestora hasta las municipales de 2015 y se haga una auditoría que aclare las cuentas. Mientras tanto, el PP de Granada lucha por contener la hemorragia sin saber quién podría ser el sucesor de un Cabanillas que ahora se siente traicionado por la dirección que lo aupó. Y mientras tanto, los ciudadanos no saben si reír o llorar ante el #OturaShow.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha visto este martes otra más de las ramificaciones jurídicas del caso del hotel Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se veía el recurso presentado por el Ayuntamiento de Carboneras y la constructora, Azata del Sol, a la anulación de la licencia de obras que sentenció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería.

En una vista de eminente carácter técnico, los abogados del Ayuntamiento de Carboneras y Azata del Sol han defendido ante la sala la legalidad de sus actuaciones y, sobre todo, la supuesta incorrección de la sentencia del juzgado, al que han acusado de “excederse en sus atribuciones”, asegurando que lo que se juzgaba era si el municipio debía revisar de oficio la licencia, y no declararla nula, o si los planeamientos urbanísticos en los que se basa -las normas subsidiarias (NNSS) de Carboneras o el Plan Parcial del sector ST1- eran correctas, ya que el fallo las consideraba también ilegales.

De hecho, el letrado de Azata del Sol ha llegado a argumentar “inseguridad jurídica” para la empresa para apoyar su petición de revisión de la sentencia, asegurando que no se puede culpar a la firma por no respetar leyes -la Ley de Costas o la ampliación del Parque Natural del Cabo de Gata- que se incumplieron posteriormente. De hecho, aseguró que la constructora consultó con la Junta de Andalucía si incumplía la ley al respetar una servidumbre de 20 metros para la línea de playa, en lugar de los 100 que marcaba la Ley de Costas, y que no se le dijo lo contrario.

La discusión gira en torno a sí las NNSS de Carboneras, de 1988, y la compra de la finca por Azata del Sol, en 1999, se ven afectadas por leyes posteriores o aprobadas en paralelo, como la de costas o la ampliación del parque natural, de 1994. Esto último ha sido rebatido por el Abogado del Estado en su intervención, afirmando que siendo la licencia de 2003, no puede contravenir las leyes, que están por encima de los reglamentos urbanísticos del Ayuntamiento de Carboneras aunque estos fueran correctos, cosa que también ha discutido, ya que la Ley de Costas que le afectaba también es de 1988.

El abogado que representa en conjunto a las organizaciones ecologistas Salvamos Mojácar y Ecologistas en Acción de Almería ha negado que la constructora desconociese que debía respetar una servidumbre de 100 metros respecto a la costa en tanto en 1998, antes de comprar la parcela. El representante legal de Azata del Sol en aquel momento y posterior arquitecto del Algarrobico recibió una respuesta del Servicio de Protección de Costas de Almería en la que se le indicaban los 100 metros.

La primera parte de la vista, además, ha girado en torno a la pertinencia de los ecologistas como parte en el proceso, que discuten el Ayuntamiento de Carboneras y la empresa. Si la sala concluyese que no estaban facultados para recurrir la licencia, sólo sería pertinente el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, que estaba en otro juzgado en el momento de su presentación, 2005, y se unificó al de las asociaciones. Ello supondría recomenzar todo el proceso judicial desde el principio.

Se espera que el TSJA decida en los próximos 15 días. La nulidad de la licencia, según han deseado los ecologistas, podría suponer el derribo del hotel. Pero la sentencia también puede anular la licencia y no pronunciarse sobre el mismo. También, en este último caso, sería previsible que Azata del Sol, como ha hecho con otras decisiones del alto tribunal recientes que reconocían la propiedad de la parcela a la Junta de Andalucía, la recurra ante el Tribunal Supremo, alargando aún más el proceso.

Enric Escobedo (PP), responde a las críticas de la oposición calificando a la emisora, que pertenece a una proveedora de internet, de "TelePSOE".

Juventudes Socialistas del municipio hace público un documento en el que se exigía al canal que las grabaciones fuesen revisadas antes de emitirse.

El mandatario sostiene en el mismo escrito que no se ha llegado a un acuerdo con la propietaria por no ofrecer wifi gratis en los edificios públicos del pueblo.

El alcalde de Lanjarón (Granada), Eric Escobedo (PP), ha vetado la entrada de una TV local, TeleLanjarón, a los plenos alegando la falta de acuerdo porque esta, que pertenece a una empresa proveedora de internet, no accede a poner wifi gratis en las plazas del pueblo ni permite que se revisen las grabaciones antes de emitirla, tal y como admite en un documento hecho público en el que llama a la emisora “TelePSOE”. Pese a que el regidor lo niega con un comunicado en el que alega que “los plenos son más públicos que nunca” dado que se emiten en la web y radio municipales, Juventudes Socialistas del municipio ha hecho público un acta de la respuesta del alcalde a la pregunta acerca de la ausencia de la única televisión del municipio de las sesiones.

En la misma puede leerse como el regidor sostiene por escrito que “con respecto a TeleLanjarón o TelePSOE, que es lo que es realmente, ya no reunimos con el dueño y nosotros no tenemos ningún tipo de problema para que se televisen, lo que pasa que le propusimos una serie de requisitos que beneficiaban a los vecinos de Lanjarón, como wifi en la plaza y en los edificios públicos, centro juvenil, biblioteca, hogar del pensionista, ludotecas, etc. Y aún no hemos recibido contestación”.

La primera expulsión de un pleno de las cámaras de TeleLanjarón se produjo durante 2013, aunque ya en 2012, durante el festival de música Lanjarock, el mandatario ordenó sacar las cámaras del recinto y no permite que accedan a ningún acto organizado o en el que participe el Ayuntamiento de Lanjarón. Entre los documentos aportados por Juventudes Socialistas se encuentra también la apertura de una investigación a nivel local y de petición de informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre la legalidad de TeleLanjaron y sus licencias, sobre la que el alcalde no ha querido ofrecer datos.

Eso sí, respondió en su comunicado que durante el último mandato del PSOE la emisora “cobraba a los vecinos 20 euros mensuales y emitía estos plenos dentro de su programación a horas que probablemente nadie veía y editando la emisión y realizando cortes cuando consideraban”.

TeleLanjarón pertenece al grupo Cablesur, con sede en Granada, y además de servicios de televisión, es proveedor de infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha en zonas de especiales características, dentro del programa Intelco de la Junta de Andalucía, en las provincias de Granada, Málaga, Jaén y Córdoba. Lanjarón, municipio de menos de 4.000 habitantes en plena Alpujarra, entraría dentro de las áreas de difícil acceso que el programa trata de conectar.

Esta es la segunda polémica sonada de este alcalde en menos de dos meses, después de que el pasado diciembre tuviese que celebrar un pleno extraordinario para debatir el recurso a los presupuestos del pasado 2013 debido a que, aunque se congelaban y bajaban sueldos de la plantilla, recibían aumentos al menos cuatro trabajadores, todos ellos afiliados o afines al PP entre los que destacaba el padre de un edil del equipo de gobierno.

Lo sitúan entre 1655 y 1665, pero la familia que lo guardaba lo tenía por un viejo cuadro del siglo XIX. Pertenece a la colección de un modesto cura de pueblo, pero para examinarlo han hecho falta dos expertos internacionales. Se trata de un Ecce homo hasta ahora desconocido y que se atribuye al mismísimo Bartolomé Esteban Murillo, que va a permanecer expuesto.

Joaquín Caler es un cura joven, que ni siquiera es párroco en un solo pueblo, si no en tres, gracias a la escasez de vocaciones que va dejando vacantes por el medio rural. Ejerce su ministerio entre Alquife, La Calahorra y Lanteira, tres municipios que sumando sus poblaciones no pasan de los 2.000 habitantes, en la comarca del Marquesado del Cenete, en el norte de la provincia de Granada. Pertenece, por tanto, a la comarca de Guadix-Baza. Y es, además, coleccionista de arte, a su nivel modesto.

Hace ya más de ocho años –lleva 20 como coleccionista– adquirió la obra a una familia de Sevilla que se lo presentó como un cuadro del siglo XIX que se había ido heredando de generación en generación. El párroco, que “algo conozco de arte”, cree que puede ser más antiguo de lo que dicen y lo adquiere, ya que aparte de tener los barnices oxidados, está en buen estado. Y lo manda restaurar. “Se me pasó por la cabeza que podía ser un murillo”, ha afirmado en la rueda de prensa que ha dado en Guadix junto a su obispo, Ginés García Beltrán. Pero no lo afirma en voz alta hasta que no se lo confirman dos expertos: Enrique Pareja López, doctor en Historia, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, Granada y Cádiz, y ex director del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y el reputado restaurador Manuel Chiappi.

La pintura está fechada entre 1655 y 1665, aunque están pendientes las pruebas de cata para confirmarlo con más precisión. De momento tiene que presentarse como una atribución al pintor y el sacerdote prefiere no decir ni cuánto le costó ni cuál puede ser su valor real. “Es indudable que tiene un precio económico, pero su valor auténtico es el artístico y el religioso”. Por eso, ha querido que se exponga al público de manera gratuita, durante un año que empezará este viernes 20 de diciembre y que llegará hasta 2014. El obispado de Guadix, encantado de custodiar la única pintura del autor que se reconoce en toda la provincia de Granada, ha habilitado una sala especial en la catedral, ya destino turístico, que acogerá en solitario la exposición.

En su análisis los expertos como el manejo de la luz, la claridad de líneas o la fuerza de la cabeza del ecce homo, que señala como similar a la de El abrazo de Cristo en la cruz a San Francisco, y considera tomada del mismo modelo.