Los economistas conservadores cargan estos días contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con unos argumentos claramente contradictorios: que son demasiado optimistas en sus previsiones, dicen, y que son demasiado expansivos o derrochadores. Estos economistas no leen la línea oficial del FMI y de la OCDE, y tampoco al reputado Blanchard, tantos años ortodoxo economista jefe del FMI. No leen los periódicos que cuentan, día sí, día también, cómo en la mayoría de los países del entorno -prácticamente todos con gobiernos de centroderecha- aprueban medidas de estímulo de la demanda para impulsar sus economías.

La última, Angela Merkel, que ha dado una vez más prueba de inteligencia política, aplicando en Alemania lo contrario de lo que en la crisis anterior exigía a los demás. Entonces era la austeridad, pero ahora va a transferir a fondo perdido a las empresas de las actividades cerradas hasta el 75% de lo que facturaron en el mismo periodo del pasado año. Diez mil millones de euros en un mes. Merkel a los mandos del helicóptero de “regalar dinero”, quién lo habría dicho hace unos años.

Pero, lo cierto es que el peligro en estas circunstancias no es hacer demasiado, sino demasiado poco, y por esa razón ‘hacer más’ es el planteamiento y el enfoque que se recomienda desde las instancias internacionales y la que mayoritariamente se aplica en los países que nos rodean. La situación es grave. En el caso de la economía española no lo es menos, sino todo lo contrario. Los datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre no muestran, lamentablemente, que hayamos superado la recesión: nada más lejos.

Un rebote que no oculta una profunda recesión

Tras el confinamiento del segundo trimestre, la vuelta a la actividad empresarial en el tercero muestra esa recuperación, que se ha bautizado algo equívocamente “rebote”. Las tasas de crecimiento intertrimestrales de todas las variables macroeconómicas son altísimas. El problema es que no recuperan ni de lejos lo perdido en los dos trimestres anteriores. Y estos incrementos, afectados por el ‘efecto base’ (ocasionado por la comparación con la parada previa de las actividades productivas), no pueden ocultar, como no lo han hecho en la EPA, las tasas de caída interanuales, que reflejan una economía en una recesión de profundidad casi inédita.

Incluidos esos fuertes crecimientos de este tercer trimestre, el PIB cae contando los últimos cuatro trimestres casi un nueve por ciento, el consumo casi un 7% (el de las familias, más de un 10%), la inversión un 13%, y el empleo, medido en horas de trabajo, más de un 6%, lo que supone un descenso de un millón de empleos a tiempo completo. Son cifras desconocidas.

Los indicadores de coyuntura referidos a la actividad empresarial y los pedidos están empeorando y señalan que el cuarto trimestre (el que va a indicar realmente el tono del crecimiento económico) probablemente indique un alto grado de debilidad económica: se demanda poco y se produce poco y los recursos para resistir se encuentran cada vez más mermados (el aplanamiento progresivo del indicador diario de actividad del Ministerio de Economía–gráfico siguiente- resulta expresivo en este sentido). Falta el impulso.

Saber en qué medida los PGE pueden resultar suficientes para remontar la situación resulta una cuestión complicada. Primero, por los tiempos diferentes de la marcha de la economía y de la actuación real del gasto presupuestario sobre esa economía. La tendencia económica actual, como se ha dicho, viene marcada por niveles de actividad y de generación de rentas muy inferiores a los previos a la crisis, que precisan impulsos para su recuperación.

Los tiempos de desarrollo y realización material de las políticas contenidas en los presupuestos son variables: breves, en general, en el caso de las transferencias a las familias (prestaciones de diversos tipos), pero mucho más prolongados para los proyectos de inversión. Y este presupuesto tiene sobre todo mucho peso de estas últimas. La demora de la tramitación presupuestaria y de la puesta en marcha de tales proyectos puede hacer que los efectos reales se retrasen hasta la segunda mitad del ejercicio. Si fuera así, como es previsible, las repercusiones económicas esperadas de la aplicación de los fondos europeos que se van a recibir serían incompletas y no permitirían alcanzar el objetivo de un crecimiento real del PIB del 9,8% para 2021 (como se ha previsto), retrasando con ello la recuperación económica, del empleo y de las rentas. Y prolongando mucho más tiempo de lo deseable (varios trimestres) una angustiosa situación de bajo nivel de actividad económica.

Los Ministerios con capacidad inversora muestran presupuestos de una magnitud imponente. El caso del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es un gran ejemplo: 16.600 millones de euros. Los principales capítulos presentan tanto incrementos como volúmenes de inversión desconocidos en mucho tiempo: un 15% hasta 2.340 millones en la inversión en carreteras, un 36% hasta 5.800 millones en ferrocarril, un 27% hasta 1.140 millones en el apartado marítimo, un 41% hasta los 1.063 millones en el transporte aéreo. Pese a las bajas cifras de partida de los presupuestos de años anteriores, las cifras son considerables. Y buena parte (6.500 millones) se aportan con presupuestos nacionales que, en general, no tendrán que esperar a recibir los fondos europeos. La capacidad para acelerar al máximo la puesta en marcha de estas inversiones resulta en este momento crucial.

Lo destinado a vivienda, y en especial a construcción de vivienda social en alquiler, resalta paradójicamente por una comparativa debilidad de financiación y objetivos, dentro de un capítulo con 2.250 millones de euros que multiplica por cuatro los de los años precedentes.

Algo que debería reforzarse de forma notable en la tramitación parlamentaria, y aprobar enseguida reformas urgentes que aseguren el más rápido inicio de la construcción de este tipo de viviendas. Y algo similar debería hacerse en las inversiones en Ciencia e Innovación, un sistema que necesita recuperar lo más rápidamente posible el terreno perdido a través de un esfuerzo aún más intenso.

Junto con el Ministerio de Transportes, los otros Departamentos que gestionarán en 2021 mayores cifras de los Fondos Europeos son el de Transición Ecológica con 6.800 millones, el de Economía y Transformación Digital con 3.600 millones, y el de Sanidad, con 2.900 millones. Cifras importantes pero algo inferiores, entre 1.000 y 2.000 millones de euros, gestionarán los de Educación, Industria, Trabajo, y Ciencia. Para todos ellos vale el comentario anterior acerca del importante desafío que supone poner en marcha lo más rápido posible esos proyectos para que comiencen cuanto antes a rendir efectos sobre la economía.

Conocer si los presupuestos serán suficientes para remontar la actual situación económica, en segundo lugar, resulta complicado debido a la dificultad de comprender la magnitud real de algunas importantes políticas de gasto en los departamentos en los que durante 2020 se ha ampliado mucho el gasto inicialmente previsto, cuando las cifras de los PGE 2021 se presentan comparadas con el presupuesto inicial de este año. Es el caso de una de las principales políticas de gasto, las prestaciones por desempleo, en las que si la comparación se efectúa con la previsión de ejecución de 2020 cambia por completo su signo respecto a la realizada con aquel presupuesto inicial: en este caso el gasto parece crecer en un abultado 20%, cuando en relación al gasto real realizado en 2020, el presupuestado para 2021 se reduce en 10.000 millones de euros.

Esto abre un aspecto esencial del análisis de los PGE-2021: la insuficiencia de medidas de transferencias de rentas que coadyuven a mejorar, más a corto plazo que las inversiones, la evolución económica actual, sin tener que contemplar tres trimestres más un deterioro que supondrá altos costes para las empresas, las familias y el empleo.

Aspectos expansivos de las rentas familiares

En este sentido, la contracción que supone reducir en 10.000 millones el gasto en desempleo de 2020 no podrá ser más que parcialmente compensada con la suma de otros aspectos expansivos de las rentas familiares que contienen los presupuestos: la revalorización de las pensiones (0,9% las contributivas y un 1,8% las no contributivas), la subida del IPREM (un 5%, que incrementa la cuantía de los subsidios por desempleo y múltiples prestaciones públicas y acceso a servicios de todas las Administraciones), los 2.500 millones netos (de la dotación del Ingreso Mínimo Vital que –ahora sí- deberían alcanzarse en 2021 (450 millones proceden de la reducción de la protección familiar), los 190 millones del plan de corresponsabilidad, los casi 300 millones de la equiparación a los dos progenitores del permiso por nacimiento y cuidado de hijos, el incremento del 0,9% de salarios de los empleados públicos.

Junto a las anteriores, otras políticas sociales con repercusión en las rentas familiares son los más de 600 millones de incremento de dotación del Estado para el Sistema de Atención de la Dependencia y los 700 millones de crecimiento de las becas de estudios, entre los capítulos más cuantiosos.

En conclusión, los PGE para 2021 son unos presupuestos que movilizan una cantidad de recursos excepcional, sobre todo por la aplicación de los fondos europeos, pero que también realizan un esfuerzo de recursos nacionales en ciertos capítulos inversores y en medidas de gasto social, lo que permite considerarles por sí mismos (sin la ayuda europea) como expansivos.

Ahora bien, la magnitud relativamente limitada -desde el punto de vista del estímulo macroeconómico que necesita la demanda- de estos nuevos recursos, y la fuerte reducción de otros que tuvieron gran potencia durante 2020, junto a la demora de los efectos reales de las inversiones, que constituyen su mayor montante, pone en evidencia la dislocación que podría suponer que unos presupuestos excepcionales llegaran fuera de tiempo.

No es la primera vez que la coincidencia temporal de varias estadísticas que, en apariencia, miden las mismas cosas (el empleo y el paro) genera confusión porque los datos no parecen coincidir sino que muestran impresiones diferentes. En esta ocasión se producen dos hechos que 'caldean' las interpretaciones –no siempre cualificadas- al respecto: la apreciación evidente de que el crecimiento económico se ralentiza (a nivel mundial, en España y más aún en Europa) y por ello, el del empleo; y, como no, la concurrencia de unas elecciones generales en tan solo unos días. Intentemos, pues, aclarar lo que podamos las cosas.

Diferentes estadísticas, miden de forma distinta

La Encuesta de Población Activa (EPA) estima mediante cuestionarios a las familias la situación de sus miembros ante la actividad laboral (ocupados, parados o inactivos). Sin embargo, los datos de Afiliados de la Seguridad Social y del Paro Registrado son registros administrativos, obligatorio para las empresas el primero y en parte voluntario para las personas el segundo (solo obliga si se cobran prestaciones). Todo ello determina importantes diferencias en lo que se mide y en cómo se mide. La periodicidad de las mediciones tampoco coincide: trimestral para la EPA, mensual para los otros dos registros. Y finalmente, tampoco son iguales las definiciones de empleo y paro de cada una de ellas.

En cuanto al empleo, la Afiliación a la Seguridad Social es, en tanto que registro obligatorio, la medición más fiable de las personas que trabajan. Sin embargo, necesitamos la EPA para disponer de información sobre los que no lo hacen porque buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar, pero no lo encuentran, y sobre los que no lo están buscando o no están disponibles (inactivos). Aunque la EPA es la mayor y de las mejores encuestas que se realiza en España, solo puede medir a partir de la extrapolación de los resultados de la muestra y es en consecuencia una buena medición, pero aproximada. Junto con algunas otras diferencias más y la distinta periodicidad, esa es la razón de que sus datos y mucho más aún la magnitud de las variaciones en periodos cortos no coincidan perfectamente con los del registro de Afiliados. Hay que decir, no obstante, que varias veces se ha realizado en el INE el ejercicio de homogeneización de ambos datos y la correspondencia ha sido elevadísima.

En el caso del desempleo, sucede lo contrario. Según reconocen todos los expertos en la materia, la medición de la EPA aproxima mejor la realidad que la del Paro Registrado (PR), aparte de contar con la homologación europea e internacional, a diferencia del PR. Esto se debe a las peculiaridades de este: su carácter voluntario y que es un derivado del registro más global de Demandantes de Empleo en las Oficinas Públicas, del cual a través de criterios administrativos más vinculados con la labor de estas oficinas que con la intención de medir con rigor el desempleo (realmente no es función) se extraen algunos colectivos (y otros no) con los que se elabora esa estadística.

La tercera aclaración de interés se refiere a las diferencias y la (¿aparente?) falta de coherencia de los datos de Afiliación y de PR. Las dos estadísticas ofrecen sus datos cada mes y el mismo día, una de empleo (afiliación) y otra de paro (PR), pero sus datos no encajan con exactitud y a veces parecen contradictorios. Esto se debe a que las realidades medidas en cada registro no son perfectamente complementarias y los tiempos tampoco encajan. Las personas que pierden su empleo el último día del mes, por ejemplo, tardan unos días en ‘apuntarse al paro’, como popularmente se dice, desaparecen como Afiliados y aún no aparecen como parados.

También hay fenómenos contrarios: aparte del crecimiento mayor del PR que supone en el mes siguiente los que perdieron su empleo el último día del mes anterior, los jóvenes, pero también personas de mayor edad, que sin provenir de un empleo reciente anterior deciden buscarlo (nuevos activos), se inscriben como Demandantes de Empleo en las Oficinas del Sistema Nacional de Empleo, aumentando el número de parados sin que hayan sido bajas en la Afiliación de la Seguridad Social. En fin, hay muchos más casos, pero estos ejemplos ponen de manifiesto las razones por las que las variaciones de un registro y otro no coinciden en el tiempo.

Pero, ¿ahora en realidad qué está pasando con el empleo?

La evolución del empleo, como la de la economía y como tantas cosas en la vida, no es lineal, sino que fluctúa. Importan las tendencias más que los datos puntuales. La EPA del tercer trimestre (julio-septiembre) ha mostrado una fortísima desaceleración de la creación de empleo si se descuentas los movimientos estacionales que hacen que en verano crezca mucho el empleo y que 'despistan' en las comparaciones. Esa desaceleración se viene produciendo desde hace tres trimestres. En cambio, el reciente dato de Afiliación (mes de octubre) ha sido bastante bueno en términos igualmente desestacionalizados e indica una recuperación en ese mes del empleo.

El crecimiento de la Afiliación (una vez más, desestacionalizada) muestra durante este año la misma tendencia a desacelerarse que la EPA, sin embargo este último mes (y un poco ya el anterior) ha repuntado, y eso es algo que el dato de la EPA no ha podido captar porque octubre está fuera de su trimestre de medición. Incluso la -más leve- recuperación de la Afiliación en septiembre, aunque la EPA haya podido detectarla, habrá quedado con seguridad oculta al enfrentarse en el trimestre a los datos muy débiles de los dos meses anteriores.

En definitiva, Afiliación y EPA vienen señalando durante este año la desaceleración del empleo, como consecuencia del menor crecimiento económico español, europeo y mundial. El empleo (el dato de Afiliados de octubre) parece haber detenido su caída de la mano de algunas ramas de actividad, entre otras la Educación y algunos servicios públicos, que le han dado impulso puntual. Lamentablemente, no es posible que se pueda cambiar la tendencia de fondo del empleo hasta que no cambie la coyuntura económica. En principio, los datos apuntan a una ralentización transitoria. Nada que ver con la crisis anterior. Y aunque haya mucha incertidumbre, la desaceleración temporal no debería ser preocupante: muy poca creación de empleo durante unos trimestres. Algo pasajero, sin excesiva importancia, salvo por una cosa: lo que ha dejado sembrado la reforma laboral de 2012.

En los demás países del entorno la ralentización no supondrá destrucción de empleo, pero en España esa reforma ha facilitado la destrucción de empleo hasta tal punto que, de no cambiarse en un plazo de tiempo muy corto, tanto el enorme volumen de contratos temporales injustificados como la facilidad extrema para que las empresas respondan con despidos masivos a un debilitamiento meramente coyuntural, podrían provocar una debacle laboral que, entonces sí, podría hundir nuestra economía en una recesión.

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. El problema coyuntural y el reto estructuralComo primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la población. Frente al caso anterior, aquí la dimensión del reto es, en parte, estructural, puesto que es indiscutible que ese cambio demográfico va a suponer un incremento muy significativo del número de pensionistas a partir de mediados de la próxima década y durante un largo periodo de tiempo con la consiguiente repercusión en el gasto. Precisamente para dar respuesta a esta transformación de la estructura poblacional se aprobó de forma consensuada (Pacto de Toledo y Acuerdo Social y Económico, tripartito) la reforma de 2011. Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en términos comparados: 14% del PIB. Un nivel inferior al gasto que hoy realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno ‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes.

II. La magnitud de la reforma de 2013.La magnitud de la reforma de 2013 Difícilmente puede sostenerse, como hace el editorial que hemos mencionado, que la reforma de pensiones llevada a cabo en la presente legislatura (Ley 23/2013) sea “insustancial”. Bien al contrario, cabría afirmar que los dos cambios que impuso de forma unilateral el Gobierno de Rajoy –sustitución del mecanismo de revalorización de las pensiones e introducción de un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida– suponen una ruptura del modelo que hoy (todavía) conocemos. Como reconoce el propio Ejecutivo y avala la Comisión Europea, esas dos medidas habrían de implicar un recorte del gasto en pensiones en 2050 de 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de gasto muy similares a los actuales. Pero con la significativa diferencia de que el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.

La entidad del ajuste ya ha comenzado a manifestarse. En concreto, de la información ofrecida la pasada semana por la AIREF se deduce que la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va a implicar una congelación de las pensiones (subida testimonial del 0,25%) hasta bien entrada la próxima década. Tal es el resultado ofrecido por la nueva fórmula de revalorización que ya no persigue la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, sino la estabilidad presupuestaria. Así, el desequilibrio que sufren las cuentas de la Seguridad Social desde 2012 ha de lastrar el mecanismo (de ‘devaluación’) durante al menos seis años más. Con un doble agravante: primero, que aunque mejore la situación financiera de la Seguridad Social el impacto de la jubilación de los baby boomers presionará a la baja la aplicación de la fórmula en el futuro. Y, segundo, que a partir de 2019 la introducción del factor de sostenibilidad supondrá también una reducción de la cuantía inicial de las pensiones.

III. La insostenibilidad social del modelo resultante.La insostenibilidad social del modelo resultante A la vista de lo anterior, parece evidente que el modelo resultante de la ruptura de 2013 es insostenible. Pero no porque suponga un gasto excesivo, sino porque condena a los pensionistas a la pobreza, algo que difícilmente cabe en un Estado social en el que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50 de la Constitución).

¿Significa ello que ha de apostarse entonces por un cambio radical de modelo? Hay quien defiende, con diversas variantes y de forma más o menos encubierta, que ha llegado el momento de transformar nuestro sistema de pensiones en uno mixto, limitando el peso del pilar público como vía más efectiva para la extensión del pilar privado. Eso condenaría a la mayor parte de la población –incapaz con sus ingresos de pagarse un fondo privado suficiente– a pensiones casi de pobreza. Nosotros, en cambio, creemos que deben recuperarse las señas de identidad del sistema de pensiones que hemos conocido, para lo cual resulta imprescindible completar las actuales fuentes de financiación.

Durante años el Estado ya financió una parte importante del gasto de la Seguridad Social, junto a los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales. El ajuste de la asistencia sanitaria al marco constitucional aconsejó la aplicación de un principio de separación de fuentes por el cual las cotizaciones se dedicaban a la financiación de las prestaciones del nivel contributivo, circunscribiéndose la aportación del Estado –y no totalmente– a la parte asistencial. Ese diseño, que pudo resultar válido para un momento concreto de la evolución demográfica, no lo es para la fase de maduración en la que accederán a la jubilación los baby boomers.

IV. El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones.El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones Resulta urgente e imprescindible un cambio que lleve al Estado a complementar progresivamente los ingresos del sistema como vía más efectiva para preservar la centralidad de las pensiones dentro de nuestro Estado social.

Semejante acción de reequilibrio de las fuentes de financiación no es ninguna ocurrencia. Cuenta con la misma legitimidad –y pacífico encaje constitucional– con la que la protección por desempleo pasó de financiarse casi exclusivamente a través de cotizaciones sociales antes de la crisis a recibir la mitad de los recursos directamente del Estado durante el periodo más crítico. Y es ciertamente un diseño bien conocido por los países de nuestro entorno.

La pregunta entonces es si el esfuerzo presupuestario adicional que se plantea resulta asumible para el Estado. No cabe duda de que el incremento de la aportación estatal sería muy notable, pero es un reto asequible por las siguientes razones. Primero, porque el nivel de gasto en pensiones suprimiendo los cambios de 2013 evolucionaría hacia cotas que hoy ya, con una riqueza menor, sostienen sin problemas otros países próximos. Segundo, porque urge y debe producirse una mejora de los ingresos fiscales que enjuague la grave insuficiencia (casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás Estados europeos. Tercero, porque el esfuerzo de financiación exigido sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para el mantenimiento del sistema de pensiones (política de empleo, inmigración, natalidad…). Y, cuarto, porque se trata de un esfuerzo con una duración temporal limitada, en la medida en que a partir de 2050 se produciría una significativa caída del gasto como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.

Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones de reparto como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones que, como expresión de un firme y amplio compromiso político –blindaje–,serviría para la preservación del patrimonio social que hemos construido entre todos. Otros proponen soluciones distintas que entrañan un menor gasto público –y un mayor gasto privado– que conduce a pensiones mayoritariamente más bajas. A ellos hay que pedirles que expliquen sus propuestas, pero incluso antes de ello habría que exigirles que aclaren por qué rechazan el actual modelo público de pensiones.

A Ciudadanos le pasa lo mismo que a otras nuevas fuerzas políticas: quieren a toda costa parecer nuevas, tener caras nuevas y nuevas ideas. Y no cabe reprochárselo, a la vista de las preferencias de los electores, y de que las formaciones tradicionales de la política española parecen empeñadas en aparecer como viejas y caducas. Pero lo importante de las ideas no es que sean nuevas, sino que sean buenas. Y Ciudadanos ha “comprado” –como muestra de su bisoñez, quizá- una mala idea.

El “contrato único” o “contrato para la igualdad de oportunidades” se basa en premisas erróneas. La propuesta consiste en que no haya más que un contrato de trabajo igual para todos, como si todos los trabajos fueran iguales y todos los trabajadores fueran a ser tratados por igual en las empresas por el hecho de tener un mismo contrato. No se dejen engañar: aunque les ofrezcan un mismo contrato, no van a obtener una misma consideración ni estabilidad en el empleo si a la empresa no le interesa. Al contrario, con el contrato único muchos más trabajadores pueden ser más precarios aún, y ya es decir, porque lleva aparejada la reducción de las indemnizaciones por despido. Y si no fuera así, que lo desmientan. Por eso señaladas instituciones internacionales y economistas poco proclives a reforzar los derechos de los trabajadores, apoyan decididamente el contrato único. Con la ventaja de que, aunque no reduciría la dualidad, sí que la encubriría, dado que desaparecerían de las estadísticas las diferencias entre temporales e indefinidos: todos parecerían iguales.

Decía Luis Garicano, el economista que presentó esta medida en el acto de Ciudadanos, que se trata de derribar el muro que hace que los empresarios no conviertan los contratos temporales en indefinidos. Bonito símil; lástima que no sea cierto. El muro seguirá existiendo con el contrato único aunque lo quieran hacer invisible con ese subterfugio. Hay soluciones, pero no son estas. Expliquemos este enredo.

En España, de hecho, las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren aunque no existan razones para ello. Lo cual también es ilegal: la normativa de despido establece que no se puede despedir a un trabajador temporal cuando uno quiera y sin que la causa que originó la naturaleza temporal del contrato haya finalizado (art. 8 RD 2720/1998). Luego no es que haya un muro que impida que los empresarios conviertan en indefinidos los contratos temporales. Es que, primero, nunca debieron hacerles un contrato temporal porque si el trabajo no lo es, se trata de un fraude. Segundo, como el trabajo no es temporal, el hecho de que no se les regularice la situación y se les haga un contrato indefinido es un segundo fraude. Y, tercero, la extinción arbitraria del contrato es también un tercer fraude.

Estamos, pues, ante una situación de fraude de ley generalizado en el uso de la contratación temporal. Un fraude tan extendido, que se beneficia de tal permisividad, que dispone de tan pocos instrumentos legales para corregirlo, y que ha durado tanto tiempo (más de un cuarto de siglo), que ya casi nadie recuerda que simplemente se trata de una conducta ilegal. Y que, por lo tanto, el problema (el “muro”) se resolvería si se restituyera la utilización legalmente adecuada de los contratos temporales.

Es el elefante en la habitación: todo el mundo sabe que está pero nadie quiere hablar de él, de que simplemente se trata de un fraude. En vez de solucionar el problema atajando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad, al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales; es decir, contrate usted como quiera, porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal, y despida barato y cuando le parezca, porque el coste del despido en el contrato único, aunque creciente, es en los primeros años el mismo que actualmente tienen los contratos temporales, lo que permitirá despedir exactamente como ahora se hace con los temporales. En lugar de este subterfugio interesado, ¿no sería más lógico –e incluso más sencillo- adoptar medidas de verdad eficaces para que los contratos temporales se utilicen como señala la ley? Si fuera así, se reducirían drásticamente la tasa de temporalidad y la dualidad, porque no habría más empleo temporal que el verdaderamente exigido por las actividades temporales.

Esto es lo que pasa en todos los países de nuestro entorno. No existe ese grado de fraude general en la contratación temporal y en ninguno del mundo existe un contrato único. Cosa rara siendo tan bueno. Y sus tasas de temporalidad no son, ni de lejos, tan elevadas como las españolas, incluso teniendo en cuenta que sus legislaciones e indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos son más severas que las nuestras.

La pregunta es por qué no intentamos parecernos a los demás países europeos haciendo que la ley sea eficaz y se cumpla, en lugar de inventarnos subterfugios con los que legalicemos el incumplimiento y consolidemos la dualidad laboral de forma encubierta. Estudios empíricos (Toharia y Cebrián) muestran que las empresas utilizan el fraude de ley en la realización de los contratos temporales, y en la rescisión de los mismos, más intensamente cuanto más baja es la cualificación de los trabajadores que van a contratar, y son por lo tanto más prescindibles. Este comportamiento, que permite a tantas malas empresas aprovecharse fraudulentamente de la inestabilidad laboral y de la rotación del empleo, no cambiará con el contrato único, porque precisamente el contrato está diseñado para permitir que se continúe haciendo igual que ahora, pero ya siendo legal.

“Bonita” solución. En un post de 2013, Garicano criticaba duramente a los sindicatos porque se negaban a aceptar un sistema de despido “sin causalidad” (o sea, despedir sin razones, arbitrariamente) como el que, según decía, existe en Austria. Pero eso no es así: según la OCDE, el despido en Austria –como en todos los países de nuestro entorno- necesita una causa, y las causas están tasadas en la ley, y son los jueces los que determinan si el despido está justificado o es abusivo, por lo que no está en manos de los empresarios, como sí sucede en España, adoptar la decisión irrevocable de realizar un despido aunque este sea injusto (véase el trabajo de Calvo Gallego en “La regulación del despido en Europa”, Tirant, 2012). Y, para rematar, si el despido es declarado injusto es el trabajador el que tiene el derecho a elegir si quiere o no volver a su puesto de trabajo (readmisión). Exactamente lo contrario de lo que sucede en España.

Bienvenidas sean las propuestas para resolver los problemas endémicos del mercado laboral español. Pero cuidado con el ansia y el exceso de originalidad; no vaya a ser que la supuesta solución se le atragante a los ciudadanos.

Según el nuevo mecanismo de revalorización, entre 2016 y 2020 los pensionistas perderían poder adquisitivo a razón de un 1,55% cada año

Hace unas semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó un informe sobre la “determinación del índice de revalorización de las pensiones” en 2015. En él se ofrecen datos interesantes que ponen de manifiesto la entidad de los cambios introducidos el pasado año en nuestro sistema público de pensiones y que lo convierten en una excepción en la UE. Uno de los aspectos destacados de la Ley 23/2013 fue la modificación del mecanismo de revalorización anual de las pensiones. La vinculación a la evolución de los precios, es decir, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, fue sustituida por una fórmula que condiciona ese incremento anual de las pensiones a la situación financiera de la Seguridad Social: si las cuentas lo permiten se produce la revalorización –con un tope del 0,5% por encima del IPC en el mejor de los casos–, mientras que en otro caso únicamente se garantiza un incremento del 0,25%, una (casi) congelación que normalmente –2014 ha sido una anomalía excepcional–implicará pérdida de poder adquisitivo.

Quizá sea la complejidad técnica del nuevo índice de revalorización lo que explica la escasa polémica que su introducción y puesta en marcha ha suscitado. Lo cierto es que con este sistema España no respeta la línea roja que para el resto de países europeos supone el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De esta forma parece evidente la drástica devaluación que ha sufrido el derecho constitucional a la actualización de las pensiones (art. 50): se reconocerá si la situación económica es favorable y se denegará en coyunturas de crisis. Esta es la nueva y devaluada configuración de los “derechos” sociales, denunciada por la profesora Casas Baamonde, ex presidenta del Tribunal Constitucional.

Pero ahora lo que interesa es que por vez primera el índice de revalorización ha sido aplicado. De un modo poco transparente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha limitado a anunciar que el resultado de la nueva fórmula es negativo y que, por tanto, las pensiones se han de incrementar ese mínimo del 0,25%: así lo establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Una opacidad compensada por la jugosa información publicada por la Autoridad Fiscal, que permite hacernos una idea cierta de la suerte que correrán nuestros pensionistas en los próximos años, cuando menos hasta el principio de la próxima década.

El nuevo índice de revalorización está integrado por dos componentes: uno expresa el ritmo de crecimiento anual de los ingresos y gastos de la Seguridad Social en un periodo de once años, mientras que el otro refleja el equilibrio o desequilibrio entre esos ingresos y gastos en el mismo tiempo de referencia –2010-2020, en este caso–. Pues bien, lo que la Autoridad Fiscal dice implícitamente es que la evolución prevista de ambos componentes amenaza el poder adquisitivo de las pensiones en los sucesivos ejercicios de aquí a 2020. Veamos por qué.

I. Dejando por un momento a un lado el segundo de los componentes de la fórmula –el que refleja el (des)equilibrio entre ingresos y gastos–, la revalorización anual será el resultado de restar al incremento de los ingresos del sistema (las cotizaciones, básicamente) dos elementos: el incremento del número de pensiones y el incremento de la pensión media. Para la aplicación de la fórmula, el Ministerio de Empleo ha tenido que manejar estimaciones sobre la evolución de cada una de estas tres variables en el periodo 2016-2020.

Por lo que se refiere a los ingresos, contempla un crecimiento del 4,1% de media anual a lo largo de ese quinquenio. A juicio de la Autoridad Fiscal, se trata de una previsión “exigente” –¿eufemismo para evitar calificarla de demasiado optimista?–, pues sin recursos adicionales, vía impuestos o subida de cotizaciones, no pasaría del 3%. Pero incluso dando por bueno ese 4,1% de crecimiento anual medio de los ingresos, las perspectivas de revalorización para los pensionistas son muy poco halagüeñas.

Junto a la recuperación del empleo, uno de los presupuestos necesarios para alcanzar esa cota de crecimiento de los ingresos es que la inflación se sitúe en el entorno del 2%, objetivo del Banco Central Europeo. En concreto, la Autoridad Fiscal estima una variación media del 1,8% anual para ese tramo entre 2016 y 2020. Lógicamente esto implica que, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, el promedio de revalorización de las pensiones en los cinco próximos años debería alcanzar ese valor. Sin embargo, tal nivel de casi dos puntos parece difícilmente alcanzable si atendemos a las previsiones ofrecidas por la misma Autoridad Fiscal sobre las otras dos variables del índice de revalorización: el incremento estimado del número de pensiones (1,3%) y el de la pensión media (1,5%).

Imaginemos que estas dos últimas cifras, y la relativa al crecimiento de los ingresos, reflejan la evolución media de las variables de la fórmula de aquí a 2020. (Es razonable hacerlo así en la medida en que los malos años del principio de esta década podrían compensarse con los –ojalá– más boyantes del inicio de la próxima). Pues bien, sin tener todavía en cuenta el segundo componente, un crecimiento medio de los ingresos del 4,1% implicaría que el índice de revalorización no superaría el 1,3% (la diferencia entre ese 4,1 y la suma de 1,3 y 1,5). Es decir que la pérdida de poder adquisitivo cada año hasta 2020 sería del 0,5% (1,8 de inflación menos 1,3 de revalorización), un 3% en el conjunto de los cinco próximos años. Si los ingresos crecieran menos, la pérdida sería aún mayor.

II. Si además incorporamos el segundo componente de la fórmula legal de revalorización, el resultado es aún más inquietante. La información de la Autoridad Fiscal apunta a que el desequilibrio actualmente existente entre ingresos y gastos va paulatinamente reduciéndose, pero persiste hasta el final de la década.

Ello supone que, a estos efectos, su valor sería siempre negativo; de manera que la cifra resultante deberá restarse a su vez al valor del primer componente, el mencionado 1,3. Y teniendo en cuenta el lastre que en el equilibrio de las cuentas han de suponer ejercicios como los de 2012, 2013 ó 2014 –con déficit anuales de más del 1% del PIB–, lo más probable es que ese impacto negativo dé lugar a la subida mínima del 0,25%. Es decir que en el quinquenio 2016-2020 los pensionistas perderían poder adquisitivo a razón de un 1,55% (inflación del 1,8 menos subida del 0,25) por ejercicio: un alarmante empobrecimiento de casi 8 puntos en tan sólo cinco años, que pone en serio peligro la suficiencia de las pensiones y refuerza las dudas de inconstitucionalidad del novedoso mecanismo de revalorización (¿o más bien devaluación?).

III. Como apunte final, hay que destacar que la información facilitada por la Autoridad Fiscal pone en evidencia al Gobierno. En un intento por demostrar las “virtudes” del nuevo índice de revalorización, la Memoria que acompañaba a la hoy Ley 23/2013 contenía una simulación del impacto que su aplicación habría tenido en el pasado. Se ofrecían unos datos que mostraban que sólo en 2011 y 2012 los pensionistas habrían perdido poder adquisitivo, porque en el resto de los casos desde el año 1997 las pensiones habrían subido siempre más que la inflación; en 2008, por ejemplo, se habrían revalorizado un 2,65%, por encima del 2,4% de IPC. Sin embargo, la Autoridad Fiscal hace ahora una simulación con los datos reales de la revalorización de las pensiones que habrían resultado de la aplicación de la nueva fórmula precisamente ese año 2008. La sorpresa es mayúscula: las pensiones sólo habrían subido un 1,74%, es decir, que los pensionistas habrían sufrido una significativa pérdida de poder adquisitivo (del 0,7%) de haberse aplicado el nuevo índice de revalorización anual.

Engaños para aprobar la Ley y un futuro de recortes continuados: los pensionistas, y la ciudadanía en general, necesitan urgentemente una explicación.

La nueva reforma se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas

La Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió a Bruselas hace pocas semanas cuantifica el recorte sufrido por el sistema público de pensiones tras la reforma de 2013. Hay que lamentar que esa estimación no fuera recogida en la memoria económica de la Ley 23/2013, sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización; ni tampoco en el informe del comité de expertos que sirvió de base para esa regulación. Parece lógico pensar que un cambio de tanta envergadura, como veremos, debería haber llevado consigo un ejercicio de transparencia equivalente. A esta primera crítica se añade que la reforma fuera impuesta unilateralmente por el Partido Popular, sin diálogo ni apoyo del resto de fuerzas políticas e interlocutores sociales.

Gráfico 1: Proyecciones 2010-2060 del gasto asociado a envejecimiento (en % del PIB)

Pero, siendo lo anterior grave, lo verdaderamente preocupante son los datos que reflejan el enorme impacto de esta reforma en el gasto en pensiones: según el citado documento (página 78), se situaría en 2050 en un nivel similar al de hoy (10,5% del PIB) y sería aún más bajo (9,6%), diez años después. Para entender las implicaciones de estos cálculos oficiales conviene echar la vista atrás.

La reforma de pensiones de 2011 –consensuada política y socialmente– perseguía como objetivo fundamental reforzar la sostenibilidad del sistema. Trataba de suavizar el previsible incremento del gasto consecuencia del proceso de envejecimiento de la población vinculado al alargamiento de la esperanza de vida y a la jubilación de la generación del baby boom. Frente a las estimaciones que, antes de esa reforma, situaban el gasto en España en 2050 por encima del 17% del PIB, las medidas entonces articuladas moderaban ese crecimiento para dejarlo –según la Comisión Europea – en el 14%. Un nivel muy superior al actual, pero perfectamente asumible en términos comparados; no en vano Francia, Italia o Austria superan ese umbral holgadamente ya en la actualidad.

Las tensiones financieras que sufre la Seguridad Social desde 2012 fueron utilizadas por el Gobierno de Rajoy, primero, para devaluar las pensiones ese año (una pérdida de poder adquisitivo de casi dos puntos, que se sumaba a la congelación de 2011 del Gobierno Zapatero) y, a continuación, para plantear ante la opinión pública la necesidad de introducir urgentemente más cambios. Esos desequilibrios presupuestarios nada tenían que ver con problemas estructurales, sino que eran consecuencia de una coyuntura adversa agravada por una política económica centrada en la reducción del déficit y no en el empleo. Pero el Ejecutivo de Rajoy lo ignoró e impulsó nuevas modificaciones como falsa prolongación de la reforma ‘socialista’. De hecho, encontró el parapeto de ésta para regular un novedoso factor de sostenibilidad, ya previsto en 2011 aunque en términos bien distintos.

En efecto, la reforma del PP adelanta trece años el calendario de aplicación y configura un sistema de pensiones ‘menguantes’ en el que la cuantía de la nueva pensión se reduce automáticamente conforme se eleva la esperanza de vida. Pero, además, modifica el mecanismo de revalorización abocando a todos los pensionistas a la pérdida segura de poder adquisitivo –así lo diagnostica la OIT– como consecuencia de dos circunstancias: en el corto plazo, la adversa situación económica y el altísimo desempleo, y, en el largo plazo, el lastre que supondrá en la nueva fórmula el cuantioso incremento del número de pensionistas.

Pues bien, lo que el mencionado Programa de Estabilidad revela es la magnitud del recorte que, según el Gobierno, va a suponer la conjunción de ambas medidas (factor de sostenibilidad y mecanismo de revalorización): un gasto del 10’5% del PIB en 2050 supone un ‘ahorro’ (sic) creciente, un recorte, de casi 4 puntos porcentuales de PIB (actualmente 40.000 millones de euros) en esa fecha respecto de la estimación previa a esta reforma. De manera que la parte de la riqueza nacional que gastaremos en pensiones públicas dentro de cuarenta años será la misma que hoy, con la diferencia de que el número de pensionistas se habrá doblado: de 8 pasaremos a más de 15,2 millones.

Gráfico 2: Porcentaje de gasto en pensiones sobre el PIB

Es evidente que ni el Gobierno ni el poder financiero que alienta estos cambios están pensando en que los jubilados de mitad de siglo vayan a ser mucho más pobres que los de hoy. Creen seguramente que la transformación demográfica de nuestras sociedades debe llevarnos a un cambio de modelo, hacia una limitación de las pensiones públicas y una progresiva extensión del peso de los planes (privados) de pensiones. Es decir que su apuesta –no explícita– consiste básicamente en que en 2050 un tercio aproximadamente del gasto total en pensiones proceda del ámbito privado.

Éste puede ser un planteamiento de reforma legítimo, siempre que se encuadre dentro de los límites constitucionales y que se plantee abiertamente a los ciudadanos. Por eso hay que insistir en dos ideas fundamentales.

En primer lugar, el cambio de modelo que se persigue –el paso a un sistema de pensiones mixto– es una opción político-ideológica, no algo inevitable. En este sentido, importa insistir en que las dificultades que hoy atraviesa la Seguridad Social son de naturaleza coyuntural, pues derivan de la pérdida de tres millones de empleos durante la crisis. Con la particularidad de que disponemos de instrumentos para hacer frente a esas tensiones –54.000 millones de euros en el fondo de reserva–, así como de orientaciones de política económica que resultarían eficaces para estabilizar la situación financiera –priorizar la creación de empleo–. Por su parte, los problemas estructurales del sistema de pensiones fueron razonablemente abordados por la reforma de 2011 que, a cambio de sacrificios, garantizaba la sostenibilidad de un modelo de reparto reconocible como tal. Los retos estructurales persisten, sí, pero tienen más que ver con aspectos relacionados con la insuficiencia de las pensiones de determinados colectivos –las mujeres, señaladamente–.

Y, en segundo lugar, es posible que a mitad de siglo el gasto total (público y privado) en pensiones no implique una reducción importante sobre el 14% del PIB previsto antes de la reforma (‘ruptura’) de 2013. Pero sí supondrá, en todo caso, un cambio muy relevante en su composición, con una sensiblemente menor aportación del sistema público y un peso mucho mayor de las pensiones privadas. Y no debe desconocerse que ese nuevo sistema, más individualista, ha de traer consigo enormes desigualdades en función de la capacidad de ahorro y un debilitamiento del Estado de Bienestar con el consiguiente incremento de la pobreza.

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas RojasEconomistas Frente a la CrisisLíneas Rojas

Tiempo habrá en las próximas semanas para analizar con detalle la propuesta del “Comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, su contenido y sus implicaciones. Pero se hace necesario ya al menos dar una respuesta clara a las tres preguntas que los propios expertos plantean en un ejercicio de retórica, más que de pedagogía, en las últimas páginas de su Informe.

¿Es necesario ahora el factor de sostenibilidad?ahora La propuesta de los “expertos” –de los once que la asumen, habría que matizar siempre– parte de la premisa de que la introducción de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones es necesaria y urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema que, en otro caso, se vería amenazada ya en el corto plazo. Sin embargo, llama poderosamente la atención que precisamente un grupo selecto de expertos no explique –más allá de la manida e insuficiente referencia al envejecimiento de la población– ni aporte dato alguno acerca de las razones de esa urgencia. Máxime cuando el gasto actual en pensiones de jubilación en España es muy inferior al de la mayoría de países de la UE. Y cuando las proyecciones demográficas, económicas y de gasto a largo plazo del propio Gobierno español y de la Comisión Europea (2012 Ageing Report y Pension Adecuacy Report 2010-2050), que acreditan la sostenibilidad de las pensiones públicas, no han sido puestas por ellos en cuestión.

Establecer por anticipado un mecanismo de adaptación ante posibles desequilibrios del sistema de pensiones derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado puede ser una medida razonable. De hecho, la reforma consensuada de 2011 –esa que sorprendentemente los “expertos” ignoran por completo– así lo contemplaba. Pero lo hacía en términos bien distintos a la propuesta de esta Comisión de expertos, pues sólo comenzaría a aplicarse en 2032, una fecha que no es caprichosa sino que coincide con el momento en el que se sabe que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación del “baby boom”.

Por todo ello, introducir ahora el factor de sostenibilidad de forma precipitada no sólo resulta innecesario, sino que, al hacerlo sin aportar argumentos que lo justifiquen, pone de relieve una estrategia de utilización de la coyuntura de crisis como coartada para el recorte de los derechos.

¿Es adecuado? Si de lo que se trata es de salvaguardar el sistema público de pensiones que hoy conocemos, el factor de sostenibilidad propuesto no es adecuado. Porque la doble fórmula planteada garantiza la pervivencia de un sistema público de pensiones, sí, pero de uno muy limitado respecto de los parámetros actuales, que no satisfaría el requisito de suficiencia y adecuación de rentas. Vayamos por partes.

En virtud del Factor de Revalorización Anual (FRA), se sustituye el mecanismo de actualización automática conforme al incremento del IPC por una nueva previsión que condiciona la revalorización de las pensiones a la situación financiera del sistema de pensiones. El crecimiento de su cuantía se hace depender de una favorable evolución del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, de la cuantía media y del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Dos grandes objeciones cabe hacer a esta nueva definición del mecanismo actualización.

Primero, detrás de una apariencia técnica, objetiva, se esconde un planteamiento tramposo, en la medida en que hoy se sabe que en las próximas décadas dos de las variables que integran esa fórmula –el número de pensiones y la cuantía media– van a crecer necesariamente por la jubilación de los “baby boomers” y el efecto sustitución, lastrando así la posible revalorización hasta el punto de que sólo un aumento espectacular de los ingresos podría compensar los otros dos y garantizar lo que hasta ahora era un derecho de los pensionistas: que sus pensiones no perdieran poder adquisitivo. Segundo, el FRA, así definido, devalúa el derecho a la revalorización de las pensiones vulnerando el artículo 50 de nuestra Constitución en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la “… suficiencia económica…” a través de “… pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Es decir que –mal que les pese a los “expertos”– los poderes públicos tienen el deber constitucional de proveer los recursos necesarios para garantizar la revalorización, algo que resulta incompatible con una fórmula que pretende abocar a todos los pensionistas, actuales y futuros, a una pérdida constante de poder adquisitivo.

Por su parte, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) supone aplicar un descuento en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida. Con ello se trata de mantener el equilibrio entre el tiempo de vida activa y el que se pasa como pensionista. Este objetivo, también en principio razonable, es de nuevo coincidente con la línea seguida por la reforma de 2011. Sin embargo, frente a la más prudente solución de entonces basada en un mayor esfuerzo contributivo, ahora se plantea una fórmula mucho más drástica y con un importantísimo impacto social. Porque se establece una corrección automática –a la baja por el alargamiento de la esperanza de vida– que desprecia el previsible incremento del nivel de riqueza de la sociedad en su conjunto. Quiere ello decir que los “expertos” desatienden flagrantemente una cuestión fundamental como es la equidad, pues difícilmente puede explicarse que una sociedad más rica, como será la española dentro de veinte años, esté abocada a pagar pensiones cada vez más modestas a sus jubilados marginándolos del progreso económico colectivo.

¿Es aceptable? Sorprende que el Informe de los “expertos” no ofrezca ninguna descripción de la realidad actual de nuestro sistema público de pensiones. A juzgar por la determinación con la que plantea una reducción importante de la cuantía de las pensiones actuales y futuras, cabe deducir que consideran que nuestras pensiones actuales son excesivamente generosas. Pero lo cierto es que no es así, ya que la pensión media apenas alcanza los 820 euros mensuales y más del 50% de todas las pensiones no llega a la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional.

Por eso entendemos que condenar a los ciudadanos a unas pensiones menguantes en una sociedad que, una vez superada la crisis, recupere su capacidad de crecimiento, es una contradicción muy difícil de salvar sin tener presente la existencia de poderosísimos intereses financieros. Porque lo que la propuesta esconde –de manera consciente– detrás de fórmulas matemáticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el que la limitación de las pensiones públicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas. Tal planteamiento podrá ser legítimo; pero lo exigible, en todo caso, es que se hable claro a los ciudadanos y se explique de forma meridiana quién pierde y quién gana con este cambio: perdería la mayoría que al llegar a la jubilación no posee más que un patrimonio social, la pensión pública, pues el recorte de su cuantía incrementaría el riesgo de pobreza y de desigualdad; ganaría el poder financiero que vería promocionado el acceso a un lucrativo negocio.

Desde nuestro punto de vista, este nuevo diseño del modelo de pensiones degrada el Estado de Bienestar que hemos construido en los últimos treinta y cinco años. Representa, en otras palabras, una ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático, y por ello resulta inadmisible.