Bilal no ha vuelto a coger un libro desde que salió huyendo de Siria en 2013. Los combates entre el Ejército de Asad y los grupos insurgentes armados destruyeron su escuela en el barrio de Al Midan, en Damasco. Sólo tenía 16 años. Ahora trabaja como recadero en un supermercado en el centro de Amán. Una noche de julio salió a comprar fruta y la mala suerte se cruzó con él. Los servicios de seguridad le llevaron arrestado a la comisaría por no llevar identificación. Recibió golpes y le dijeron que ir indocumentado lo hacía sospechoso de colaborar con los insurgentes.

Cuando quedó libre, Bilal decidió que no quería ocultarse más. Primero se fue a Egipto con su hermano, luego a Jordania con su tía. Hoy carga y descarga en la sombra. También aquí tiene que esconderse. Como él, cientos de jóvenes sirios de entre 18 y 25 años trabajan ilegalmente en la capital del reino hachemita.

“Por favor, no pongas nuestros nombres reales. Y tampoco hagas fotos. Todavía tengo familia en Siria, ¿sabes?”, replica Farid, su compañero de fatigas. Acepta que fotografiemos sus manos. Temen que les reconozcan. Lo han perdido casi todo. Fuman en un café en el centro de Amán mientras expulsan por la boca el humo de sus palabras. En la calle las celebraciones del Eid al Fitr continúan, se escuchan petardos, silbidos y risas.

Las autoridades jordanas suelen hacer campañas de inspección periódicas en locales, restaurantes y centros comerciales contra el empleo irregular, ya que el sector servicios está vedado a los refugiados sirios. “Durante los tres meses que estuve en la tienda de dulces donde trabajaba, vinieron más de cinco veces”, asegura Farid. “Normalmente me dan el aviso y me escondo, pero ya me han detenido dos veces”, reconoce. Cuando la policía descubre a un infractor, lo trasladan a una comisaría. “Me llevaron a la central de Abdún y me hicieron firmar una declaración donde renunciaba al empleo hasta obtener un permiso de trabajo. Pero seguí buscando”.

Con las fiestas del Fin de Ramadán, el ministro de Trabajo Nidal Katamine, hacía pública una nueva campaña de inspección masiva -que incluía a todos los sectores- en Amán y en ciudades del norte Irbid, Zarqa y Mafraq, donde se concentran la inmensa mayoría de los refugiados sirios. En el comunicado se incluían también números de teléfono públicos para que la propia ciudadanía denuncie las irregularidades. Durante el transcurso de los días, anunció que había realizado hasta 430 visitas de inspección y que había encontrado hasta 197 irregularidades sancionadas por la ley. Katamine declaraba que su objetivo es regular el desequilibrado mercado laboral del país y mantener las condiciones de trabajo a la altura de la preparación de los jordanos.

Menos salario por más horas

“Discutí con el propietario de la tienda de dulces por mi salario. Me pagaba 250 dinares -265 euros- mientras que un jordano cobra por lo mismo 400 -425 euros-”, protesta Farid. Los otros dos sirios que le acompañan inclinan la cabeza en señal de afirmación. “Y por más horas. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Todos los sirios que conozco trabajan más de 12 horas al día”. Bilal cobra menos -245 euros-. “Es poco pero me viene bien porque el trabajo me queda cerca de casa y no tengo que utilizar transporte”, asegura. “En Egipto estaba mejor. Trabajaba con mi hermano en una pequeña modistería. Como el local estaba oculto, no me exponía tanto como ahora”, se lamenta.

Según el registro de Naciones Unidas en febrero del 2014, Jordania, con casi 6 millones y medio de habitantes, hospeda a unos 600.000 refugiados sirios, de los cuales más de 100.000 están registrados en el Campamento de Zaatari. El resto están repartidos en zonas urbanas, sobre todo al norte del país, cerca de la frontera siria. La necesidad les empuja a la precariedad laboral en un mercado de trabajo que ya enfrentaba a serias dificultades económicas antes de la crisis siria. Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO), en Jordania se estima que la fuerza laboral de los refugiados sirios potencialmente activos, representa alrededor del 8,4% de la población activa total en las provincias de Irbid, Mafraq, Zarqa y Amán.

Este flujo incontrolado de trabajadores genera el aumento del desempleo, sobre todo entre los trabajadores jordanos menos cualificados, además de un crecimiento de la competitividad, que deteriora las condiciones de trabajo e incrementa los empleos irregulares. También influye en la aparición de nuevas formas de trabajo forzado, sobre todo en niños que se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias.

A pesar de la financiación que reciben de estas organizaciones –como de la ILO así como de otras organizaciones no gubernamentales -, el ministro de Trabajo aseguraba, en una reciente entrevista para la BBC, que los esfuerzos internacionales para paliar los problemas del mercado de trabajo derivados del conflicto en Siria no están siendo los esperados. “Hemos recibido un montón de promesas y palmaditas en la espalda, pero por desgracia no hemos recibido el apoyo real. Estamos muy, muy decepcionados en esta etapa”, declaraba Katamine el pasado mes de julio.

Cuando contratar ilegalmente sale barato

“Para adquirir el permiso de trabajo, tengo que pagar 300 dinares”, dice Farid. No lo dice pero sabe que el dinero no es el requisito más importante, sino la formación que pueda tener. Mira por la ventana y observa el ambiente sin inmutarse. No puede más que revivir en la memoria el pasado. Todo el dinero que pague ahora no le devolverá el futuro. Según la Ley Laboral del Reino Hachemita, para adquirir el permiso deben conseguir también la aprobación explícita del ministro o de quien delegue, y siempre y cuando ese trabajo requiera una capacidad y una experiencia que no pueda ofrecer un empleado jordano. Por eso los sirios tienen pocas posibilidades de acceder a un puesto de trabajo que requiera un potencial plenamente desarrollado.

Las empresas contratantes descubiertas infraganti son penalizadas. La Ley recoge que la multa no debe exceder los 100 dinares por cada mes que hayan utilizado mano de obra ilegalmente. Los foráneos también se arriesgan a endeudarse; la cantidad depende del trabajo que estén desarrollando. Hasta los 2.000 dinares de multa han demandado a los que desempeñaban ilegalmente un trabajo que requiere cualificación universitaria.

La ley advierte que los reincidentes serán deportados a sus países de destino y tendrán prohibida la entrada a Jordania durante los próximos tres años. El expulsado sirio no tiene país donde volver, por eso, es enviado forzosamente al Campamento de Zaatari, donde depende exclusivamente de las ayudas de Naciones Unidas. Farid y Bilal prefieren lo poco que ganan para el alojamiento y los gastos de manutención que vivir de la caridad. Aunque eso les aboque a vivir sin sus derechos.

“A España nadie quiere venir”. ¿Ninguno? “Nadie”. Lo dice Sardar (nombre falso). El resto de sus compañeros asiente. No dudan. Son siete demandantes de asilo sirios y tienen en común dos cosas: huyen de la guerra y nadie, ninguno, quería venir a España.

“¿Por qué?”. Contestan rápido. Aquí los trámites para conseguir el asilo son mucho más lentos y complicados que en otros países europeos. Otros, además, esperaban reunirse con familiares en diferentes estados de la Unión Europea. Algunos llevan ya casi diez meses esperando en un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) mientras se resuelve su petición de asilo.

“Estamos destrozados psicológicamente. Esperas relajación al llegar a España, y tampoco la tienes. Nos da miedo hablar de más”, dicen en su lengua materna. Es una tarde de comienzos de noviembre y los refugiados cuentan su historia formando un semicírculo en un parque muy cerca del CAR de la localidad madrileña donde viven. Todos, sin excepción, piden anonimato. Insisten en que, si han huido de su país por estar en listas negras, no quieren pasar a unas supuestas del Ministerio.

Los siete son parte de los más de 2,3 millones de sirios huidos de su país desde 2011 por una guerra que ya ha matado a más de 125.000 personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La crisis humanitaria de Siria ha obligado a la ONU a pedir 6.500 millones de dólares a sus donantes para 2014, el llamamiento más elevado en su historia para un solo proyecto.

Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los principales destinos de los refugiados sirios son países vecinos como Turquía, Jordania y Egipto. Europa es todavía una opción minoritaria. Unas 55.000 personas han llegado a la UE para pedir asilo pero Europa sólo se ha comprometido a acoger a 12.000, según Amnistía Internacional, que califica esta cifra como una cantidad “realmente ridícula”.

En el caso de España, en 2012 pidieron asilo 255 personas sirias. CEAR alerta de “la excesiva demora en resolver las solicitudes de asilo” en nuestro país, de las trabas impuestas (se exige el visado de tránsito) y la escasa implicación del Gobierno español.

A mitad de diciembre el Consejo de Ministros aprobó reasentar a 100 refugiados sirios en 2014; hasta entonces sólo se había comprometido a acoger a 30 personas. La cifra es minúscula comparada con los 10.000 que aceptará Alemania. Aun así, el Gobierno concedió antes de finalizar el año la protección subsidiaria a Manar, una refugiada siria que permanecía en Melilla con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La ruta hacia el asilo

Saleh es activista político kurdo y vivía en el norte de Siria. Salió de su país en enero de 2013 y su primera parada fue Turquía. Desde allí voló hasta Ecuador; con pasaporte sirio no necesita visado. Una vez en Ecuador siguió hasta Colombia. Y de Colombia hasta Madrid. “La idea era que íbamos a Turquía y en el tránsito pedí el asilo político en el aeropuerto.” Tras tres días en España, se marchó por su cuenta hasta Alemania, donde vive su hermano. “No tenía ni idea de las leyes que había aquí con el tema de moverse, de no moverse, etc.”.

Se refiere a Dublín II, el reglamento de la Unión Europea que establece que el país responsable del asilo será el primero que pise el refugiado. “Pedí el asilo en Alemania y España me pidió que volviese. Me dijeron ‘vienes tú o te vamos a buscar de otro manera’, y dije, ‘no, no. Ya voy yo solo’”. Han pasado siete meses desde entonces.

También Muhammed veía su futuro en otro país europeo. Cuando empezó la revolución fue a varias manifestaciones; se sentía feliz, aunque tuvo miedo. “Conozco al Gobierno y sé que es muy peligroso. Pensé, si voy a Europa, puedo ayudar a mi familia después”. Quiso ir a Suecia, uno de los países europeos que ofrece más facilidades a los refugiados. Llegó por primera vez hace nueve meses, intentó pedir asilo en el país sueco y tuvo que regresar a España. Desde entonces lleva ocho meses.

“Sí, me amenazaron [en Siria] –Muhammed se piensa las próximas palabras y sigue–. No directamente, sino a través de un trabajador [de la misma tienda que yo]: ‘Dile a tu amigo que tiene que tener cuidado’”.

El resto de los refugiados tienen historias similares: el miedo y la guerra les empujaron a dejar su país. No encarnan el estereotipo del refugiado. Hay universitarios formados en Arqueología y trabajadores de la industria petrolífera. Esperan con incertidumbre una solución que no llega. “Si no me quieren, que me lo digan y me voy a otro país, pero no nos dejan”, dice Diar, médico de formación. Afirman que para verse obligado a abandonar Siria no es necesario significarse políticamente. Basta con ofrecer comida. Uno de ellos, cuenta, ayudó a una persona que huía en un coche y fue acusado por el régimen sirio de colaboración con el enemigo.

Es al llegar a España cuando deben solicitar la concesión del asilo, y, pese a que desde el seno de la UE se trabaja por una normativa consensuada (con sus plazos correspondientes), el Sistema Europeo Común de Asilo, las diferencias entre los Estados miembros siguen siendo notables. “No entiendo por qué aquí tiene que ser un año cuando en otros países es un mes o dos. Y que nuestra situación es la que es, tenemos a la familia allí y tendrían que darnos facilidades para traerlos”, se lamenta Saleh.

Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, una vez admitida a trámite, “las autoridades disponen de un plazo máximo de seis meses” para resolver la solicitud. No obstante, el periodo es prorrogable. Ya resuelto el expediente, si es positivo, tanto los refugiados, que reciben derecho de asilo, como a quien se le otorga protección subsidiaria gozan de los mismos derechos que cualquier otro poseedor de la nacionalidad española.

“Me siento bien en España, excepto por el trabajo. Estoy preocupado por mi familia. Quiero volver a Siria si cambia la situación”, relata Muhammed. Mientras espera, vive con la “tarjeta roja”, una especie de carné que le identifica como demandante de asilo. Con ella puede permanecer en el país hasta que se resuelva su petición y trabajar “si su solicitud ha sido admitida a trámite y han pasado más de seis meses desde que la presentaron sin que se haya resuelto”. Pero ni siquiera todos los hipotéticos empleadores lo saben y además, dicen desde el parque, cómo van a encontrar trabajo si ni siquiera lo hay para los españoles.

Más de 1.000 días en guerra

El pasado 8 de diciembre Siria cumplió mil días en guerra. Lejos del horror, pero también de su hogar, los refugiados sirios siguen con preocupación las últimas noticias. Muchos de ellos tienen a familiares y amigos allá. “No hay médicos, no hay hospitales y mi hija está allí desatendida. El Gobierno español me dice 'estamos estudiando tu situación…', pero ella está totalmente impedida”, remarca Saleh. ONG como Amnistía Internacional y ACNUR alertan de la terrible situación humanitaria en Siria agravada, además, por el frío invierno.

A 3.000 kilómetros de allí, los refugiados sirios en España sí cuentan con un techo, cama y comida en el CAR. Mientras se tramita su expediente, afirman recibir 150 euros al mes, los niños algo menos, y una dotación única de 180 euros para poder comprar ropa y otros gastos. Tienen derecho a permanecer en el centro de acogida durante doce meses, pero existen casos de refugiados que han tenido que dejar el centro tras ese periodo sin que se resolviera su expediente. Llegado ese momento, sólo las ONG les ayudan a conseguir alojamiento.

Mientras Sardar juega con su cajetilla de tabaco, Rami, enfundado en una chaqueta blanca, no deja de mascar chicle y sentencia en castellano: “La vida cambia”. Pero es precisamente movimiento lo que no ven. En el CAR ocupan su tiempo entre cursos de idioma y talleres para aprender un oficio. Por ejemplo, Laila, la única mujer del grupo, recibe clases de peluquería. “Queremos integrarnos –afirma Saleh–. Si estamos ya en el país, ¿por qué no nos dejan integrarnos?”. “Nos vamos de la muerte, pero no queremos morir de hambre. Para eso volvemos a nuestro país. No hace falta estudiar el conflicto sirio para entenderlo”.

Cada vez queda más lejos la primavera de 2011, cuando comenzó la revolución en Siria. Algunos todavía hablan de la ilusión y la esperanza de esos meses iniciales, ahora convertidas en decepción y tristeza. “El futuro es difícil, complicado, soy muy pesimista”, dice Muhammed. Saleh afirma que era muy optimista el primer año del conflicto, “cuando sólo eran manifestaciones pacíficas”, pero que desde que empezó lo que llama “una guerra seudocivil”, no lo está. Para nada. Varios opinan que todo habría acabado si los países extranjeros hubiesen entrado en Siria.

La charla llega a su final cuando ya es noche cerrada. El grupo se despide. “Shukran” –gracias en árabe–, y regresan al centro. Pero a mitad de camino, Saleh vuelve al parque y concluye: “Tendrían que estudiar y tener en cuenta la situación de cada uno. Deberían escucharnos y no dejarnos aquí muertos de hambre”.

Somoe y Situmai comenzaron como partidoras de piedra y ahora emplean a otros para que transporten y rompan las rocas para ellas. Han logrado cambiar su modo de vida gracias a la obtención de microcréditos, una práctica habitual en el país en la que participan cerca de cien organizaciones e instituciones y que sofoca las necesidades de miles de tanzanos.

En Tanzania, la piedra no da mucho dinero, pero es un negocio seguro, ya que es una de las materias primas más usadas. Se utiliza para la construcción, y de eso hace falta mucho en Dar, una ciudad con importantes carencias en infraestructuras. Un cubo de piedra picada se vende por 350 chelines tanzanos, alrededor de 15 céntimos de euro. Un camión cargado de piedra cuesta 45.000 chelines, unos 25 euros.

La vida en la cantera es dura y la explotación del medio, un trabajo no apto para cualquiera. Durante la estación seca concentra gran cantidad de polvo, que se cuela por las vías respiratorias e irrita los ojos. Pero quizá la peor temporada del año para las trabajadoras y trabajadores de este negocio sea la época de lluvias, cuando la cantera se convierte en un lodazal de difíciles condiciones.

Somoe ronda los cuarenta años. Nos recibe en la puerta de la humilde casa donde vive, cerca de la cantera. Allí comparte techo con su marido, sus hijos y otro joven de diez años del que se hace cargo. Ella es el pilar fundamental del sustento familiar y la educación de algunos de sus hijos.

La mujer narra, orgullosa, cómo ha cambiado su vida gracias a dos microcréditos. Once meses atrás, Somoe trabajaba picando piedra en la cantera local, bajo unas condiciones realmente duras y al calor de un sol que no perdona. Fue entonces cuando consiguió el que sería su primer microcrédito, gracias al cual diversificó su negocio y duplicó su fuente de ingresos. Compró un tanque de 2.000 litros de agua para venderlo entre sus vecinos, y poco a poco empezó a ver cumplido el sueño de convertirse en una gran empresaria. Sin embargo, fue la obtención de un segundo microcrédito lo que realmente cambió su modo de vida. Decidió multiplicar sus negocios, y montó una pequeña tienda donde ahora vende bebidas, azúcar, jabón y queroseno, entre otros productos. También se inició en el negocio del carbón.

No podía hacerse cargo de todo sola y contrató a una joven de 15 años para que le ayudara con la venta de agua por poco más de 10 euros al mes. También cuenta con alguien que rompe piedra para ella en la cantera. Cuando piensa en obtener un tercer microcrédito, tiene claro que le gustaría expandir su negocio y aumentar sus ventas.

Al llegar a casa de Situmai, viene apresurada a recibirnos con una amplia sonrisa: “¡Karibuni!”(‘bienvenidas’). Nos cuenta que hoy no ha encontrado pescado en el barrio y que probablemente tendrá que desplazarse a otra zona del distrito para conseguirlo. De lo contrario, no podrá abrir su negocio.

Esta mujer, que tarda unos minutos en calcular su edad, tiene cuarenta y cuatro años y una hija pequeña a su cargo. Cada día se dedica a cocinar y vender pescado en un puesto frente a su casa. Lo hace todos los días de la semana, al menos cuando encuentra pescado para comprar.

Pero también nos cuenta que el negocio le ha ido bien y, ayudada por los microcréditos, ha conseguido comprar una parcela en la cantera, a unos minutos de su casa. Nos lleva hasta allí para enseñarnos su merecido trozo de piedra. Allí emplea a alguien para que rompa su roca, ya que ella comenzó a hacerlo, pero tuvo que abandonarlo porque su salud se resentía ante un trabajo tan duro.

Ambas son privilegiadas dentro de sus comunidades. A través del trabajo constante han conseguido lo que muchos en la cantera ansían: tener su propia parcela y emplear a alguien más. En la cantera es una forma de decir algo así como “he conseguido tomar las riendas de mi vida, no dependo de nadie”.

La pequeña de cuerpo frágil y cabello lacio se gira hacia lo que puede ser la primera cámara fotográfica que ha visto en sus cuatro años de vida. Sonríe. Muestra sus dientes diminutos y posa, como si supiera automáticamente que la cámara la enfocará a ella. Después corre y se para delante de un mural que tiene dibujado el sol de fondo. Nadie le ha dicho cómo ponerse para la foto, pero alza sus delgados brazos hacia el cielo e intenta no hacer muecas por el sol que ataca de frente. La acompaña su mamá, una joven que podría ser su hermana mayor, viste el riguroso uniforme azul de las presas que ya han sido sentenciadas en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Será la primera foto familiar, la primera foto que tienen juntas.

Es un viernes por la mañana, después de un mes y medio de trámites burocráticos y casi media hora de revisión. La fotógrafa y yo por fin estamos entregando nuestras identificaciones y permisos -firmados y sellados- a la empleada que deberá aprobar el ingreso. Nos dicen que solo podremos pasar con una grabadora y una cámara de fotos, inspeccionada a detalle para confirmar que coincide con el modelo que presentamos semanas antes en nuestro intento de conseguir la autorización.

Al entrar hay un sinfín de corredores, de laberintos grisáceos. En esos pasillos comienzan a aparecer las reclusas, en grupos pequeños de tres a cinco mujeres. Por unos momentos eso no se parece a las cárceles de las películas hollywoodenses, como American History X, las internas ríen entre ellas e intercambian miradas cómplices. Un poco más adentro hay un mural inmenso que nos da la bienvenida: decenas de pequeños relojes de arena fueron pintados con esmero por las reclusas para adornar el perímetro del Centro de Desarrollo Infantil que se encuentra en la prisión. A unos cuantos pasos hay una tienda que en los días de calor, como hoy, vende helados, y detrás de ésta, está situado el patio pequeño donde los niños pueden jugar en su tiempo libre.

Este viernes no hubo clases. Son pocos los niños que están jugando en el patio, fuera de las celdas de sus madres. Los pequeños se divierten con unas pelotas tan grandes como ellos, están tan atentos que pasamos desapercibidas. Ninguno de ellos pasa de los seis años: al cumplir los cinco años con once meses de edad, ya no pueden vivir dentro de la cárcel. Al llegar a esa etapa de su vida tendrán que ser trasladados, sacados de la prisión donde en la mayoría de los casos han nacido. Obtienen su libertad fuera de las rejas, con sus madres aún tras las celdas.

Son 108 niños los que viven en prisión. Hasta el año 2010, por falta de datos oficiales se estimaba que existían 874 menores en reclusión en las diferentes cárceles de fuero común a lo largo del país, de acuerdo con el informe “La situación de las mujeres en reclusión” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos ellos comparten un común denominador: nacieron en prisión y no cometieron ningún delito. Sus madres, en cambio, cumplen condenas que en lo general, van de uno a diez años. En las cárceles, hasta el año 2007, los tres delitos más comunes de los presos en el país son: robo simple, robo con violencia y delitos contra la salud, según el informe “Cárceles en México”“Cárceles en México” de Marcelo Bergman y Elena Azaola.

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Victoria se sienta en frente de una mesa de cemento situada en el patio del Centro de Desarrollo Infantil. Cruza los brazos. No tiene muchas ganas de hablar de su vida privada con una desconocida. Sus párpados están pintados de un azul claro, que contrasta con su blusa color azul marino. El cabello corto y teñido de castaño claro le llega casi hasta los hombros. Tiene una mirada fuerte, muy fuerte, que se suaviza cuando menciona por primera vez a su hija: Frida Alejandra.

No solo se le suaviza la mirada. Sus ojos comienzan a mirar hacia arriba y a lagrimear. Frida Alejandra es la niña más grande del centro, tiene cinco años y nueve meses, y en agosto deberá abandonar el lugar que ha sido su hogar durante su corta existencia. Es imposible hacer un juicio sobre si Frida Alejandra se ha beneficiado de crecer dentro de la cárcel junto a su madre. Pero a Victoria el tener a su hija junto a ella le ha rendido frutos: su comportamiento ha cambiado de forma positiva dentro de prisión, ya no cae en provocaciones, y le falta poco para terminar bachiller. Había entrado a prisión sin haber terminado la educación primaria.

El hecho de tener una hija en prisión marcó el cambio en su manera de vivir. El 60% de las internas que tienen a sus hijos en la cárcel, se quedaron embarazadas estando presas, ya fuera durante las visitas de sus parejas o en los interreclusorios. Hay quienes dicen que muchas reclusas se quedan embarazadas a propósito para tener mejores beneficios como celdas en los primeros pisos. Ya que en cada celda de éstas sólo pueden estar tres internas con sus hijos. Otro de los beneficios que mencionan es la imposibilidad de ser trasladadas a cárceles federales porque no está permitido tener niños.

Desde febrero de este año, madre e hija han estado acudiendo a terapia con la psicóloga del Centro de Desarrollo Infantil. Intenta prepararlas para la inminente separación.

“Va a ser un desprendimiento muy fuerte porque Frida siempre ha estado conmigo. Ella es muy inteligente, muy lista. Espero que esa inteligencia le ayude a superar su salida. Me gustaría ser tan fuerte como ella, Frida ya lo está llevando mejor que yo. Esto (la próxima separación) es lo más difícil de estar en este lugar”.

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A Matilda le faltan ocho años y medio para cumplir su sentencia. Es muy alta, de piel morena, con cabello oscuro que recoge en una coleta. Su hija Nahomi está sentada junto a ella, parece que tiene más edad, pero apenas ronda los cuatro años. Trae una blusa rosa estampada con las princesas Ariel y Bella de Disney, su cabello, rizado como el de su madre, está recogido en dos coletas.

A diferencia de Victoria, que enviará a Frida Alejandra a vivir con Deyanira, su hija de 31 años, Matilda no sabe quién cuidará de su hija cuando tenga que salir del reclusorio. Su familia en Honduras, de donde es originaria, lleva seis meses sin responder a sus llamadas. Cada vez que lo intenta, la operadora le dice que ese número ya no se encuentra disponible. Tampoco ha tenido éxito pidiendo ayuda a su embajada: “Los del consulado hondureño no vienen aquí para nada. Les estamos pidiendo apoyo para que nos echen una mano, no económicamente, sino con la extradición. No se han presentando. Cuando nos contestan, nos dicen que tienen mucho trabajo y no tienen tiempo para venir. La última vez que vinieron a vernos fue hace dos años”.

La cárcel la ha enseñado a ser fuerte, lo demuestra con la seguridad con la que enuncia cada palabra que sale de sus labios. Para mantener a la niña y poder comprarle lo necesario, -como ropa, medicamentos y algunos juguetes-, Matilda trabaja todos los días lavando ropa, planchando y haciendo el aseo. Ella no cuenta ni con el apoyo de su familia ni del ex recluso hondureño que la embarazó, el cual obtuvo su libertad y regresó a su país, dejando atrás a Matilda y a su hija Nahomi de la que nunca se encargó.

El caso de Matilda no es el único entre las madres reclusas. Los niños tienen que enfrentarse a la ausencia de una figura paterna mientras crecen en prisión. La mayoría de los padres no visitan a sus hijos. Desde el momento en el que se enteran del embarazo, se desentienden de ellos. Solo el 21% de los padres se hacen cargo de sus hijos mientras están en la cárcel los primeros años de sus vidas.

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¿Es saludable que los niños crezcan entre rejas? La directora del CENDI, Jessica Mayde, afirma que los niños se dan cuenta en todo momento de la situación. Muchos le preguntan cómo es el mundo exterior o qué es el metro. Se dan cuenta del encierro. Según explica, si es sano o no ese ambiente, depende de cada caso en particular. También de en qué medida el Centro de Desarrollo Infantil intenta inculcar valores pero, como añade Mayde, no pueden hacer todo el trabajo. Depende de la madre, y del lugar donde vayan a vivir cuando llegue la salida definitiva.

Para Araceli, la psicóloga que trabaja como perito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el tema debería ser tratado con extrema cautela. Por un lado, ella opina que no se le puede quitar el derecho a ser madre a las internas y arrebatarles a sus hijos cuando nacen. Por otro, el ambiente de una prisión, aunque se tomen medidas de seguridad, puede afectar el futuro desarrollo de los niños: “Cada caso concreto debería ser estudiado, ver si tiene familiares óptimos para que cuiden de ellos. En el caso de que no exista otra opción mejor es preferible que se queden en la cárcel. Pero lo ideal sería que se investigara minuciosamente cada caso, aunque es obvio que en prisión no van a dedicar tiempo para eso”, concluye.

Y ¿qué sucede cuando las internas no tienen familiares fuera de la cárcel para que se hagan cargo de sus hijos? Si se da esta situación se van al DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) o a algún albergue. Una vez que se efectua su salida definitiva, el centro penitenciario no lleva un seguimiento de los menores.

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A Victoria le faltan todavía diez años para terminar de cumplir su sentencia. Cuando por fin salga del reclusorio, Ana Frida tendrá 16 años. Estará entrando a la adolescencia y seguramente ya habrá dado su primer beso. Vestirá, probablemente, ropa más moderna como las demás jóvenes de su edad y ya no usará no esas blusas rosas llenas de princesas de Disney. Victoria, seguramente, sonreirá. Y se sacarán su primera foto en libertad.

*Reportaje publicado previamente en Spleen JournalSpleen Journal

Los campesinos colombianos no luchan solos. Estudiantes universitarios, sindicatos y habitantes concienciados con los problemas del sector agropecuario se unieron a las movilizaciones y bloqueos iniciados once días antes del gran Paro Nacional. El pasado 29 de agosto salían quince marchas desde diferentes puntos de Bogotá rumbo a la emblemática Plaza de Simón Bolívar, testigo de las grandes conquistas de derechos en el país. No todos los manifestantes pudieron llegar, sin embargo. Con un saldo de cuatro muertos, 200 heridos, 512 detenidos y un toque de queda instaurado en tres de las 20 localidades de la ciudad, concluía una jornada que aún hoy mantiene en desconcierto a los ciudadanos capitalinos.

“Estamos atravesando una tormenta”, reconoció ese día en una comparecencia de prensa Juan Manuel Santos, presidente del país, después de haber afirmado públicamente que el “tal paro agrario no existe” y haber despertado, con esa “desafortunada” frase, la solidaridad de muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, campesinos o no.

Antes de llegar al punto de encuentro, en la Carrera 7 con Calle 22, comenzaron las primeras batallas campales. El ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y una minoría encapuchada que supo hacerse notar con sus prácticas no pacíficas, iniciaron una ola de violencia que desvió la atención de las verdaderas causas de la protesta. Con el lanzamiento de gases lacrimógenos y con el uso de mangueras de agua a presión, el ESMAD optó por disolver a los manifestantes que se dirigían a la plaza.

Son muchas las hipótesis que se barajan en torno a estos comportamientos vandálicos y también al abuso de la fuerza de las autoridades desplegadas en las zonas de marcha. Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, culpó a un grupo criminal procedente de grupos de paramilitares desmovilizados conocido como 'Los Paisas' de pagar a jóvenes de la localidad bogotana de Suba para destruir un puesto de la Policía, sabotear comercios y fomentar actos vandálicos.

Juan Manuel Santos comunicaba previamente, por su lado, que estos hechos fueron responsabilidad del movimiento político de izquierdas Marcha Patriótica, liderado por la exsenadora Piedad Córdoba, con el objetivo de “imponer su propia agenda”. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que todo esto fue obra de infiltrados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Piedad Córdoba dijo que los verdaderos responsables fueron desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia.

Mientras tanto, ciudadanos y ciudadanas presentes en esta movilización siguen difundiendo vídeos y fotografías de heridos e “infiltrados del Esmad” a través de diversas redes sociales con el objetivo de demostrar quiénes fueron los que rompieron el pacifismo con el que fue convocada esta movilización a nivel nacional.

El viernes Juan Manuel Santos decidió levantar a su gobierno de las mesas de negociación con los campesinos y desplegó a 50.000 efectivos militares a lo largo del país para “recuperar la confianza” de los colombianos, 8.500 destinados en Bogotá. Con aires militares amanecía la plaza de Simón Bolívar defendiendo la versión de un Ejecutivo que confesaba “estar perdiendo la paciencia” ante los bloqueos del sector agropecuario secundados por las masas populares. Con “gran lástima” recibían la noticia los campesinos, cuyos líderes cedieron al levantamiento de los bloqueos en carreteras y pueblos del país pero no al cese de la lucha política.

Este domingo el Gobierno y los indígenas del departamento de Nariño llegaron a un acuerdo que cede derechos y que a cambio recibe la promesa de levantar el paro y normalizar la movilidad en la zona. Juan Manuel Santos, desde Ipiales, animó a los campesinos a “construir un gran pacto nacional por el desarrollo agropecuario” y aseguró que pronto firmará un decreto para arrancar con el Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural. Mientras tanto continúan las protestas en ciertas partes del país y sigue habiendo disturbios en la localidad de Suba, en Bogotá.

Lo que llevó a los campesinos a la calle

Un estudio de Planeación Nacional del Gobierno de Colombia ya habían anunciado en 2007 que de cada 100 campesinos nacionales, 62 son pobres y 25 indigentes, sin embargo, el 72% de los productos que se venden en Colombia provienen de pequeños agricultores. La situación del sector agropecuario se convirtió en uno de los principales puntos en los planes de desarrollo del actual mandatario colombiano no obstante, a un año de acabar legislatura, el problema ha seguido sin tratarse hasta esta oleada de protestas y a pesar de haber sido el primer punto a tratar con las Farc en las mesas de negociación en La Habana (Cuba).

Hasta estos momentos no ha existido una política de Estado que defina cuál es el modelo de agricultura que necesita el país y que sea rentable tanto para grandes como para pequeños productores. Según Orlando Pamo, campesino del departamento del Tolima, “Colombia tiene recursos suficientes para alimentar a todos y a todas y bien”, hecho que no justifica la situación de extrema pobreza en los campos del país.

Por otro lado, hay problemas estructurales que entorpecen la situación del campesinado. El mal estado de las carreteras (que encarece los costos de los productos), los precios de los fertilizantes (que en Colombia son más altos que en cualquier otro país de Latinoamerica), la falta de créditos, el aumento de las importaciones debido a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa, los acuerdos en la misma línea alcanzado con los países andinos y la expropiación de tierras y desplazamientos forzados ocasionados por la presencia de grandes multinacionales, han provocado esta situación.

Según el Movimiento Dignidad Papera, la tierra cultivable en Colombia supone un 19% del total, sin embargo tan sólo se usa el 4%. El 60% de los campesinos no tienen ni siquiera agua potable.

Son las ocho de la mañana en el “Calvario”, el mercado minero de la ciudad, donde cada mañana cientos de mineros de las Cooperativas del Cerro Rico se acercan para desayunar y proveerse de material. La entrada a la mina es lúgubre y triste. Seguimos los pasos de las botas de agua que marcan el ritmo chapoteando en el barro y nos adentramos en lo más profundo de una de las minas más antiguas del cerro: La mina de Rosario.

Seguir los pasos de los mineros bolivianos es una actividad extenuante. Para quien no esté acostumbrado a vivir a 4.000 metros de altura, caminar cerro arriba resulta frenético. A cada paso, la respiración se entrecorta y los pulmones suspiran por una bocanada de aire todavía más grande, una sensación sólo apaciguada por el consumo de hojas de coca, tan habitual entre los pueblos andinos como herramienta imprescindible para los mineros de Potosí.

Son las ocho de la mañana en el “Calvario”, el mercado minero de la ciudad, donde cada mañana cientos de mineros de las Cooperativas del Cerro Rico se acercan para desayunar y proveerse de material. La entrada a la mina es lúgubre y triste. Seguimos los pasos de las botas de agua que marcan el ritmo chapoteando en el barro y nos adentramos en lo más profundo de una de las minas más antiguas del cerro: La mina de Rosario.

El aire es fresco durante los primeros cien metros y la temperatura gélida, pero a medida que descendemos el aire se torna viciado, hace calor y las vetas de azufre envuelven el ambiente con un manto hediondo. En ocasiones el camino se estrecha tanto que es imposible continuar sin arrastrarse. “Es un viaje al infierno” dice Dieter Alanes, potosino de nacimiento y minero retirado que hace hoy las veces de guía para quien se aventura a visitar las minas.

Para los mineros y su cosmología particular, realmente lo es. Pues “una vez que se adentra uno en el interior de la mina, se abandona el reino de Dios” comentan unos mineros que descansan unos minutos antes de continuar con su jornada. “Lo que sigue a continuación son los dominios del ”Tío“. El Tío es el diablo, un sincretismo religioso producto de la colonización española y las divinidades de la cosmología indígena que habita en las profundidades de la tierra, es decir, en la mina, y al que se le debe realizar ofrendas y sacrificios de llama.

La realidad para quien trabaja las minas es muy distinta de cualquier otra profesión. Conscientes de los peligros que entraña como derrumbes, explosiones, gases venenosos etc. los mineros de todo el mundo saben que su trabajo pasa factura más pronto que tarde. Desde los tiempos de la colonia, los mineros en Potosí saben que para evitar estos males deben encomendarse al Tío. Por eso, antes de proseguir adelante, hacemos una parada de rigor para visitarle a Él.

La estatua, imponente en medio de la oscuridad, sostiene en la boca un cigarro a medio consumir. Sus dos manos con las palmas hacia arriba sujetan dos botellas de alcohol etílico de 96º y sobre su cabeza y cuernos cuelgan desparramadas serpentinas y hojas de coca. Son las ofrendas de los mineros para el Tío. Willson, otro de los ex-mineros que nos acompaña, saca de su bolsa unas cuantas hojas de coca y se las echa por encima, al tiempo que bebe dos chupitos (en la cosmología indígena todo lo bueno debe ser dual) de alcohol puro y le pide al Tío protección para la jornada y ayuda para que los compañeros encuentren buenas vetas de mineral.

Las minas del Cerro Rico hicieron de Potosí una de las ciudades más grandes del S.XVI en tan sólo 28 años desde su descubrimiento, llegando a tener más de 120.000 habitantes según el censo de 1573. Población solo comparable en Europa a las de las ciudades de Sevilla, París o Londres.

“Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes” reza así la inscripción del escudo de la Villa Imperial, título otorgado por el emperador Carlos V a la ciudad que le dio la plata para mantener un imperio y consolidar otro.

Si bien es cierto que las galerías del Cerro Rico proveen de diferentes metales como el plomo, el zinc o el cobre, la realidad es que desde mediados del XVI la plata fue el principal metal que copó casi todas las exportaciones del Nuevo Mundo. Plata de ley, plata del rey. O de los reyes mejor dicho, de la casa de Habsburgo que durante trescientos años dilapidaron con una mala administración y en guerras intestinas contra la herejía en el corazón de Europa o contra el Turco en el Mediterráneo.

La explotación de la mina y sobre todo las condiciones del trabajo en que se realizaba, se cobraron numerosas vidas de los mitayos, los indígenas que trabajaban las minas en jornadas de dieciséis horas y en condiciones de semiesclavitud, vulnerables a todo tipo de accidentes y enfermedades.

La situación en Potosí hoy es bien distinta aunque todavía tuvieron que pasar muchos años desde la independencia hasta que la explotación de la mina quedó en manos de cooperativas locales que devolvieron la dignidad a los mineros y el metal al que se lo trabaja. No obstante, tras la caída de la producción de plata en favor del estaño, la ciudad entró una espiral de decadencia de la que no se recuperó jamás, desplazándose los centros económicos a otras áreas del país como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dejando la ciudad de Potosí como una triste visión en un espejo roto de aquello que fue una vez.

Hoy no es extraño encontrar en las minas a niños y adolescentes, generalmente ayudando a su padre u otro familiar. Si bien esta situación puede parecer dramática e incluso execrable (son muchos los libros, artículos y documentales que lo denuncian), la realidad es que para algunas familias de la ciudad no queda otra alternativa. “El minero lleva su profesión con orgullo, pero no quiere eso para sus hijos” afirma Dieter. “Intentan trabajar unos años para ganar plata y a los hijos los meten a estudiar, pero cuando la cosa va mal no es tan sencillo mantenerse firme en esa idea”.

Varios kilómetros adentro, la mina de Rosario conecta con la mina de Santa Elena, que es más nueva y dispone de un sistema de vagonetas que circulan cargadas de toneladas de mineral. Para salir hay que seguir las vías. Sólo quedan cien metros hasta el otro lado y el chirrío de los railes anuncia la llegada vertiginosa de una de vagoneta que circula veloz y cargada hasta los topes en dirección hacia la luz del día.

La contaminación ambiental producida por la finca agroindustrial La Fazenda, en el departamento de Meta (Colombia), motivó a 500 pobladores del resguardo Wacoyo, en Puerto Gaitán, a tomar las instalaciones de la finca el pasado 9 de febrero.

La fazenda Aliar S.A. realiza en la zona un proyecto de porcicultura a gran escala, lo que ha generado una crisis sanitaria entre los indígenas, afectando principalmente a niños y mayores de edad, quienes presentan síntomas de diarrea, cefaleas, fiebre, vómito y deshidratación y que deben ser atendidos a diario por los médicos de la comunidad.

Los malos olores son abundantes y la presencia de moscas pisando los alimentos es constante. Hilber Humegé, secretario técnico de la Mesa de la Orinoquía, lo resume de esta manera: “Realmente no se puede comer, porque uno está comiendo con una mano y con la otra espantando las moscas”.

No existe un informe técnico oficial de la situación pues la brigada médica, uno de los compromisos adquiridos por la empresa años atrás, no se realizó, explica Humegé.

Otra de las inquietudes que rodea a la Comisión Técnica y Política de la Orinoquía -interlocutora y representante transitoria de los pueblos indígenas de la Orinoquía- es constatar si el maíz que ingiere la comunidad es apto o no para el consumo humano, puesto que en la zona los indígenas lo hacen ‘a repelo’: práctica que consiste en recoger los sobrantes de los sembrados para su alimentación y éstos están cultivados específicamente para los cerdos.

La problemática que afecta a 1.400 pobladores pertenecientes a la comunidad indígena Sikuani comenzó hace cuatro años y parece haber colmado la paciencia de la comunidad. Ellos exigen como alternativa aceptable el traslado de La Fazenda (La Hacienda, en portugués) a otro lugar y que los terrenos sean utilizados exclusivamente para labores de agricultura.

Entre sus demandas también contemplan que en un corto plazo se atienda la emergencia ambiental porque como el impacto no se minimice, no permitirán el ingreso de más cerdos al centro agroindustrial.

Esta acción de resistencia de los pueblos indígenas de la Orinoquía sienta las bases para el debate en torno a las consecuencias que pueden traer a las comunidades ‘la nueva frontera agrícola de Colombia: la altillanura’, como muchos la han tildado.

Alternativa de solución propuesta que, en esta primera instancia, tuvo eco, pues en una reunión con las directivas, un día después de la toma pacífica, se acordó que en un plazo no mayor de cuatro meses los empresarios responderían a la solicitud de traslado de las marraneras o al acondicionamiento de los pozos sépticos ubicados en los galpones.

Humegé aduce que no existen planes de manejo ambiental por parte de los empresarios para estos proyectos y que mucho menos se ha tenido en cuenta su voz. En consecuencia, exigen la consulta previa, porque ‘el desarrollo no puede pasar por encima de nuestras vidas, de nuestra dignidad, de nosotros los pueblos indígenas de la Orinoquía’, enfatiza.

La Fazenda: una revolución que atropella a los indígenas

La Fazenda está ubicada entre los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López, en el departamento de Meta (Colombia). Una idea que surgió en el año 1999 para dar paso a la creación de una finca a gran escala.

Según algunos datos, la finca cuenta con un área cultivada de aproximadamente 30 mil hectáreas en maíz y soya, producción empleada para la porcicultura. Dispone de planta para elaborar concentrados y de espacios para mantener un alto número de cerdos en ceba.

Es una iniciativa de la empresa privada de la Alianza Liévano Ardila – ALIAR S.A en donde La Fazenda se constituye en un complejo agroindustrial con aportes de empresarios de los departamentos de Antioquia y Santander.

Las denuncias sobre el impacto de la empresa en la zona no son nuevas. En el 2009, la comunidad indígena Achagua del resguardo El Turpial denunció la afectación de sus vías por el tránsito de maquinaria pesada y la imposibilidad del acceso a sus viviendas en moto, en cicla e incluso a pie.

La Fazenda cobra relevancia por ser denominado un ‘caso de éxito’ en materia de industria, que nació de la mano de 28 industriales colombianos que soñaron con tener una hacienda autosuficiente para alimentar cerdos y abastecer el mercado nacional.

Son muchos los personajes públicos que han visitado sus instalaciones y han exaltado el trabajo que allí se hace en pro de la economía y producción colombiana. Así lo constatan los informes de prensa que sobre ésta finca agroindustrial se han publicado.

En el año 2012 el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, destacó la mentalidad visionaria del Grupo Aliar, y puntualizó que ‘desarrollar proyectos como éste en el país contribuye a que el país se prepare de cara a las posibilidades que brindan los TLC, donde varios sectores del agro son ganadores, entre ellos el de carne de cerdo’.

Años anteriores, el entonces presidente Álvaro Uribe, acompañado de sus ministros de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, el Viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda, y dos inversionistas argentinos recorrieron los terrenos, hizo una mesa de trabajo y expresó que ‘esto es una revolución total para el país’.

En el 2011 La Fazenda, junto con el predio La Unión, en Anapoima Cundinamarca, fueron certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como libres de peste porcina clásica conocida con las siglas PPC.

Sin embargo, para los pueblos indígenas de la Orinoquía estos proyectos de desarrollo a gran escala se convierten en la principal amenaza para su existencia.

Por eso, el líder indígena Humegé no duda en afirmar que se deben hacer los estudios científicos necesarios para constatar que el maíz que consume la comunidad no es transgénico.

Y asegura que en un mes se debe convocar a una primera mesa de diálogo con instituciones y entes gubernamentales para establecer líneas de trabajo, en conjunto con la comunidad, y tratar el tema de la compensación por los impactos que como pueblos indígenas hemos sufrido por dichos proyectos.

Amenazas, robos, asesinatos. Es el precio que pagan en El Salvador algunos de los manifestantes en contra de la minería metálica en el país. El 25 de junio, sobre las siete y media de la tarde, la abogada Zenayda Serrano caminaba a casa después de su jornada laboral cuando un individuo le asaltó a mano armada. Le robó varios expedientes y documentos relacionados con su trabajo, pero no el teléfono que llevaba ni otros objetos de valor.

Son los hechos denunciados por esta empleada de la Fundación de estudios para la aplicación del derecho, integrante de la Mesa nacional frente a la minería metálica -una red de organizaciones que ha mostrado repetidamente su rechazo a los proyectos de varias transnacionales que buscan la extracción de oro en el país centroamericano-.

Este es uno más de los episodios de violencia que denuncian haber padecido ambientalistas y periodistas como los de Radio Victoria, una emisora comunitaria del departamento de Cabañas. “Nos han venido a tirar anónimos debajo de la puerta. [...] Hemos tenido que mover a gente de sus casas a altas horas de la noche”, contaba el periodista Óscar Beltrán.

“Yo creo que no han logrado hacer un atentado porque hemos actuado antes de que ellos puedan hacerlo, pero de no haber actuado con esa rapidez, yo me atrevería a decir que ahora estaríamos lamentando por lo menos a unos cinco compañeros y compañeras”. El procurador salvadoreño para la defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, llegó a pedir hace tiempo protección para tres de los informadores del medio.

“Desde el año 2009 hemos sufrido persecución, amenazas, hasta finalizar con asesinatos de algunos compañeros y más recientemente he sido víctima de robo”, explicó Serrano. Se refiere a la muerte a tiros hace cuatro años de Ramiro Rivera, vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas que ya había sobrevivido a varios impactos de bala.

No fue el único crimen. En junio de ese año desapareció el maestro y ecologista Gustavo Marcelo Rivera, cuyo cuerpo encontraron en un pozo, días más tarde, con signos de tortura. Ambos se oponían a la presencia de la minera canadiense Pacific Rim. Precisamente, esta transnacional demandó recientemente 315 millones de dólares (más de 241 millones de euros) al estado salvadoreño por supuestas pérdidas ocasionadas al no haber explotado la mina El Dorado en el mencionado departamento.

La intimidación como arma

Los ataques se expresan de muchas formas. Edgardo Mira, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y una de las caras más conocidas de la lucha antiminera salvadoreña, aseguró que tanto la página web como varios correos electrónicos de su institución fueron hackeados en las últimas semanas, sustrayendo información relevante de sus actividades.

“Para nosotros esto tiene un propósito, que es desarticular el trabajo que realizamos y, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, entendemos que la mayor parte de los ataques se originan en la República de Guatemala”, denunció Mira y recordó que gran cantidad de su labor se lleva a cabo “en contra de la minería transfronteriza” y, particularmente, en contra de la mina Cerro Blanco, que se localiza en Guatemala, a unos 14 kilómetros de la frontera con El Salvador.

Según el Observatorio de conflictos mineros de América Latina, el proyecto abarca 235 kilómetros cuadrados y “se pretende extraer más de un millón de onzas de oro, con lo cual se necesitarían más de seis mil toneladas diarias de cianuro”. Este proceso desemboca habitualmente en la contaminación de acuíferos y otras fuentes de agua, lo que ha motivado fuertes protestas ciudadanas -en las que CEICOM ha participado- contra la actividad de la empresa Entre mares, subsidiaria de Gold Corporation Inc. Los habitantes de esta área limítrofe han expresado su intranquilidad por la consecuente polución del río Lempa, que abastece de agua a buena parte del territorio salvadoreño, y podría ocasionar graves daños para la salud.

La impunidad como norma

En un país donde la impunidad se impone, varias voces reclaman que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no investigan estos sucesos como deberían. En el caso de Zenayda Serrano, lamentan que las instituciones no estén actuando con diligencia, aun cuando varias cámaras del circuito cerrado de vídeo de su zona residencial muestran la aparición sospechosa de quien, al parecer, asaltó a la abogada. El jurista Héctor Antonio García Berrios aseguró que “hay indicios bien fuertes donde se comprueba el seguimiento por varios días”.

A pesar de que la denuncia se interpuso al día siguiente del robo a punta de pistola, los ambientalistas anunciaron que próximamente también presentarán el caso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “Lo preocupante es que si pasa el tiempo, se corre peligro”, añadió García Berrios.

Para Serrano, “no es posible que tantos hechos queden en impunidad, que desde el año 2009 seamos víctimas de diferentes hechos de violencia y hasta este momento la Fiscalía General de la República no dé una respuesta, ni abra un proceso efectivo, pero sobre todo, por que se les pueda resarcir el daño a las víctimas”.

Por eso, Edgardo Mira sostiene que es fundamental dar a conocer “que de nuevo los luchadores ambientales de nuestro país están siendo amenazados, agredidos, y que desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver precisamente con la postura que hemos asumido, en tanto que ponemos en alguna medida en riesgo los intereses de estas grandes empresas transnacionales”.

Makaila Nguebla, periodista y bloguero chadiano, e Hissène Habré, ex-dictador de Chad, han perdido su libertad en Senegal. Makaila fue expulsado del país por denunciar las injusticias que se cometen en Chad y luchar por los derechos humanos. Habré fue arrestado la pasada semana en su domicilio de la capital senegalesa por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura.

Makaila Nguebla fue expulsado de Senegal el pasado mayo, donde residía desde el año 2005. Tras un interrogatorio de varias horas, fue acusado, entre otros, de animar a la juventud chadiana a sublevarse contra el régimen de Iddris Déby. Makaila fue arrestado y metido en un avión que le llevó a Guinea Conakry, donde su integridad física y moral no están aseguradas.

La semana pasada, las asociaciones “Puente Humano” y “Sí se puede”, junto al senador Jordi Guillot de Iniciativa Per Catalunya-Verds y una Unión de Periodistas Canarios, realizaron una rueda de prensa en Tenerife para denunciar la situación de Makaila y solicitar públicamente asilo en España. En conversación telefónica, Nguebla se muestra cansado e inquieto por su situación. “Estoy muy preocupado. Aquí no tengo ningún lazo familiar, estoy solo. Si me envían a Chad, mi vida corre peligro. Mi única esperanza es que me concedan el asilo en algún país europeo”. Por ello, numerosas ONG, activistas y periodistas de todo el mundo están apoyando a Makaila.

La historia de Makaila es una historia de lucha y superación. Desde Túnez, donde cursaba sus estudios, este activista comenzó a denunciar las violaciones de derechos humanos que sucedían en su país. Esto le valió la expulsión del régimen tunecino de Ben Ali, bajo órdenes del gobierno chadiano de Déby. Gracias al apoyo de diferentes activistas que lanzaron una fuerte campaña para evitar su extradición a Chad, Makaila tuvo la oportunidad de elegir un país de acogida. Así fue como llegó a Senegal en el año 2005.

“Elegí Senegal con la esperanza de obtener aquí una protección efectiva. En cuanto llegué, realicé una demanda de asilo político a las instituciones senegalesas. Sin embargo, aunque Senegal es una gran democracia, hace siete años que llegué a Dakar y hace siete años que no tengo ninguna respuesta”, contaba Makaila a Hemisferio Zero el pasado mes de diciembre en Dakar. Así, lleva desde entonces en una situación de apátrida, sin pasaporte chadiano ni ningún documento de identidad válido. A pesar de ello nadie ha conseguido apagar su voz y Makaila nunca ha dejado de denunciar públicamente las injusticias cometidas en su país.

El blog de Makaila

Makaila se convirtió a través de su blog en un referente para ciertos sectores de la población chadiana. A pesar de la censura ejercida por el régimen, numerosos periodistas se ponen en contacto con Makaila para informarle de lo que ocurre en Chad. Makaila, sintiéndose libre y amparado bajo el sistema de derecho senegalés, se encargaba de difundirlo a través de su blog. “Cada vez que se comete una agresión contra un periodista o contra un órgano de prensa, me informan automáticamente desde Yamena, sea por SMS, por teléfono o por mail, para que pueda sacar esta información al plano internacional”, explica. Nunca pudo imaginar que esto, junto a varios mails que intercambió con el periodista también chadiano Eric Topona, recientemente detenido en Chad, le supondrían la expulsión de Senegal.

El periodista chadiano, a quien Hemisferio Zero tuvo la ocasión de entrevistar antes de expulsión a Conakry, mostraba ya sus dudas sobre las relaciones entre Senegal y Chad, que calificaba de “nebulosas”. Dos meses después, el exdictador chadiano Hissène Habré, conocido como el Pinochet africano, fue detenido en su domicilio de la capital senegalesa, donde vive desde hace más de veinte años en total libertad. Habré ha sido puesto bajo custodia a la espera del juicio que tendrá lugar en las recientemente creadas Cámaras Africanas Extraordinarias. Diversas ONG y, en especial, Amnistía Internacional (AI) han seguido su caso de cerca. “A través de un proceso justo y equitativo, el caso Habré puede convertirse en un precedente para las víctimas de las tiranías en el mundo”, sentencia Robert Reed, consejero judicial en AI que sigue este caso desde 1999. En cualquier caso, será la primera vez que un juicio de este tipo se realiza en un país africano.

Tanto Makaila como Habré han perdido su libertad, pero por causas diferentes. El primero, no ha hecho sino ejercer su derecho a expresarse, lo que le ha impedido vivir en su país de origen y le ha costado la expulsión primero de Túnez y luego de Senegal. Bajo las órdenes del segundo, 40.000 personas fueron asesinadas y otras 200.000 fueron torturadas en Chad. Después de más de 20 años en libertad, todo apunta a que Hissène Habré terminará los años que le quedan de vida en prisión. Por el momento, espera arrestado en un pabellón especial del Hospital Dantec de Dakar. Makaila, sin embargo, aún tiene la esperanza de poder ejercer con libertad y sin miedo su profesión de periodista.

Entre la reciente visita del presidente Barack Obama y el arresto de Habré -un capítulo aún por cerrar de la historia africana-, Senegal está en el punto de mira de la comunidad internacional. Sin embargo, parece que la expulsión de Makaila sigue pasando desapercibida a los ojos del mundo.

Marlene Tapia tiene 45 años y lleva 15 viviendo en Cieza, Murcia. Vino desde Ecuador buscando un futuro mejor para ella y para los suyos. “No me voy a quejar, me ha ido bien”, reconoce. Pero ahora quiere volver a casa. “Me quise establecer aquí con mis dos hijos, compré una vivienda que ya no puedo pagar. Ahora me acaban de desahuciar”, afirma con voz serena.

Su caso no es una excepción. Según una encuesta de la Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador (Senami), más del 70% de los ecuatorianos residentes en España quieren regresar al país del que salieron huyendo de su crisis económica particular. Una década después es otra crisis, la que agita al sur de Europa, la que les obliga a cruzar el océano en sentido contrario.

“La crisis está golpeando duramente a los españoles y nos llega con más fuerza a los que somos de fuera, a los emigrantes”, asegura Aída Quinatoa, portavoz de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conade), una asociación que en tiempos turbulentos se ha especializado en apoyar a sus compatriotas afectados por las hipotecas.

De los 391.202 ecuatorianos que residen legalmente en España, el Gobierno de Quito calcula que aproximadamente 15.000 de ellos tienen problemas con el pago de su hipoteca. “Muchos nos establecimos aquí porque sabíamos que en Ecuador ya no había posibilidades. Necesitábamos un espacio para traer a nuestras familias y las autoridades españolas nos dieron todas las facilidades para que nos hipotecáramos”, explica Quinatoa.

Pero a muchos de ellos las cosas no les salieron como esperaban. “Después de seis años pagando he tenido que devolver el piso porque no lo puedo costear. Perdí mi trabajo de cocinera en un bar y ahora cuido a una persona mayor media jornada. Apenas me da para sobrevivir”, revela Marlene.

Impulso al retorno

Ante esta situación, el Ejecutivo ecuatoriano, que en enero interpuso una demanda contra la Ley Hipotecaria española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha puesto en marcha varios planes destinados a facilitar el retorno de sus ciudadanos. En este marco, la última semana de mayo, 772 ecuatorianos se examinaron en varias ciudades españolas para tratar de obtener un puesto de trabajo como profesores en su país.

En palabras de la embajadora en España, Aminta Buenaño, Quito pretende “aprovechar las experiencias y conocimientos de la comunidad migrante, para que puedan retornar de una manera digna, eficiente y productiva”.

Sin embargo, no son pocas las suspicacias que las propuestas del Gobierno de Rafael Correa despiertan entre los expatriados. “Habrá que ver si la publicidad concuerda con lo que luego ocurra”, replica Juan Carlos Lucero, presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (Fenadee).

Los exámenes se inscriben dentro del plan Bienvenidos a Casa, impulsado por el Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador en colaboración con la Senami, que ofrece 20.000 puestos de trabajo a sus ciudadanos residentes en el extranjero. El mismo programa facilita también la repatriación de las pertenencias que los ecuatorianos poseían en el país de residencia, como el coche o los electrodomésticos, eximiéndolas de impuestos. No obstante, no sufraga los gastos de ese transporte ni tampoco los billetes de avión para los ciudadanos que retornan. “Este plan está dirigido a la gente que tiene dinero, los demás ecuatorianos no tenemos esos recursos”, censura Lucero.

Un país en auge

Rafael Correa, presidente de Ecuador reelegido por segunda vez en febrero de este año, presume de dirigir uno de los países que más rápido crece de América Latina y que menor tasa de desempleo tiene. Con un abrumador apoyo popular del 60%, el carismático dirigente progresista recibió luz verde para continuar con los profundos cambios que ha aplicado en su país. Correa, antiguo profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito, se negó a pagar una parte de la deuda externa que su país había contraído con las instituciones financieras internacionales tras declararla ilegítima en 2008. Además, promovió la celebración de una Asamblea Constituyente que renovó la Carta Magna del país, reforzando la participación popular y los derechos de los pueblos indígenas.

Superada la profunda crisis económica de finales del siglo XX, que culminó con la dolorosa renuncia a la moneda nacional, el sucre, y su sustitución por el dólar estadounidense, Ecuador se ha convertido en un polo dinámico de desarrollo cuya economía ha crecido en los últimos años a una media del 4,3%, ha reducido la pobreza del 37,6%, en 2006, al 27,3%, en 2012, y ha recortado la tasa de paro hasta el 4,6%.

“Hay mucha gente que está regresando a Ecuador. Nos dicen que allí las cosas están muy bien, pero hay que llevarse dinero para poder empezar”, dice Marlene. “Yo no tengo vivienda allí, lo invertí todo en España”, se lamenta. “Para que te den un préstamo necesitas una propiedad o un pariente que te avale y yo no tengo nada de eso”.

Una de las quejas de la Fenadee versa precisamente sobre las dificultades de acceso al crédito que el gobierno ecuatoriano pone a los migrantes que regresan. “Si bien es cierto que hemos pasado mucho tiempo fuera de Ecuador, deberían darnos la oportunidad de conseguir crédito para montar una microempresa y no formar parte de los desempleados, más bien comenzar a crear riqueza”, demanda Lucero.

Vuelta complicada

No obstante, no es oro todo lo que reluce. Herminda Vélez, afincada en Madrid desde hace seis años, duda de que Ecuador ofrezca mejores oportunidades que España. “Mis hermanas están allí y no tienen trabajo, mientras que los familiares con los que vivo aquí están empleados y no se les ha ocurrido todavía la idea de irse”, afirma. De todas formas, ella misma tiene la intención de regresar, aunque no a corto plazo. “En algún momento volveré a Ecuador porque mis hijos y mi madre siguen allí”.

Retornar, en muchos casos, no es una decisión sencilla. El arraigo de las familias, sobre todo de las que han tenido hijos en España, hace difícil optar por un nuevo desplazamiento. “Hace doce o quince años un gran número de ecuatorianos llegamos aquí y asentamos nuestras familias. Es complicado arrancar nuevamente aquella raíz que plantamos”, declara Quinatoa.

Las dificultades económicas por las que atraviesa España constituyen el principal motivo de regreso. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre tendencias migratorias realizado en 2012 explica el impacto de la crisis en los extranjeros. “Las oportunidades de trabajo son ahora mucho más escasas y la competencia de los españoles desempleados es más intensa”. El texto, elaborado con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), indica que la migración ecuatoriana hacia España se redujo de 37.750 entradas, en 2008, a sólo 10.970, en 2010.

Por otra parte, según una información del diario El Universo de Guayaquil, basada en datos del Ministerio de Empleo español, aproximadamente el 70,5% de los ecuatorianos que viven dentro de nuestras fronteras carecen de trabajo.

Sin embargo, no todos los ecuatorianos que deciden marcharse lo hacen para volver a casa. Así lo describe Vélez. “Varios de mis amigos se han ido, pero no a Ecuador, sino a otros lugares de Europa como Suiza o Londres”, cuenta.

Lo cierto es que la crisis está llevando a muchos migrantes, que una vez buscaron en España los oportunidades que su país no les proporcionaba, a plantearse seriamente volver a su tierra natal, pero no todos pueden hacerlo tan rápido como querrían.

“Firmé mi desahucio el viernes pasado. Por mí, me volvería mañana mismo a Ecuador, pero hay que ser realista, no tengo nada ahorrado. ¿Qué podría hacer allí con las manos vacías?”, se pregunta Marlene.