Muchas cosas han cambiado desde la última COP25 en Madrid en diciembre de 2019. En estos momentos, los esfuerzos globales para combatir la crisis climática se están llevando a cabo en un entorno que se ha visto completamente alterado por la pandemia de COVID-19.

También hemos sido testigos de cómo ha empeorado la crisis climática, lo que ha tenido graves consecuencias en todo el mundo y en Europa en forma de lluvias torrenciales, inundaciones, olas de calor e incendios. Los informes científicos han dejado claro que lo peor está por llegar a menos que tomemos medidas en defensa del clima y logremos avances inmediatos, ambiciosos y concretos en la lucha contra la crisis climática.

A lo largo de los dos últimos años, la UE se ha mantenido constante en su compromiso de convertirse en líder climático, no solo estableciendo objetivos ambiciosos, sino también traduciéndolos en legislación con el fin de alcanzar la neutralidad climática, a más tardar, de aquí a 2050.

Ahora contamos con el Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del Clima y el paquete de medidas «Objetivo 55». Otros países y continentes también han avanzado en la buena dirección. Por ejemplo, China se ha comprometido a lograr la neutralidad en emisiones de carbono antes de 2060, mientras que Estados Unidos ha vuelto al Acuerdo de París y ha manifestado su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de aquí a 2050.

No obstante, tenemos que velar porque estos compromisos se traduzcan en medidas y políticas concretas y estén respaldados por un compromiso y una cooperación internacionales significativos.

Un avance positivo en este sentido sería que la UE y todos los países del G20 fueran un paso por delante y se comprometieran con la neutralidad climática para el año 2050, dando un impulso a las medidas globales de lucha contra el cambio climático mediante el aumento del nivel de ambición tanto a corto como a largo plazo.

El compromiso del G20 debería ir acompañado de unas contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) actualizadas que nos sitúen en el camino correcto para cumplir la ambición del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media mundial a muy por debajo de 2 ºC por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5 ºC.

Según el informe sobre la disparidad en las emisiones de 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las CDN actuales se plasmarán en un calentamiento global superior a 3 ºC. Por consiguiente, es esencial que la COP26 consiga cerrar la brecha de la ambición entre donde estamos y donde tenemos que estar.

Asimismo, no debemos olvidar la importancia de la financiación climática, puesto que muchos países en vías de desarrollo tienen CDN condicionales, cuya consecución depende de la ayuda financiera.

En este sentido, es indispensable avanzar en el actual compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020, así como, según se decidió en la COP24, fijar un objetivo más ambicioso de 2025 en adelante.

Otro asunto apremiante es la necesidad de resolver las cuestiones pendientes del programa de trabajo del Acuerdo de París, en materia de transparencia, calendarios comunes y mecanismos de cooperación con arreglo al artículo 6, de manera que, en los próximos años, podamos centrarnos en seguir desarrollando y reforzando su puesta en marcha y aplicación.

Desde la perspectiva de la UE, la COP26 de este año en Glasgow debería brindar al liderazgo europeo la oportunidad de distinguirse, mostrándole al mundo que el refuerzo de los compromisos suscritos en el marco del Acuerdo de París puede, y debe, ir de la mano de una recuperación global verde.

La crisis del coronavirus nos ha enseñado de lo que es capaz la humanidad con voluntad colectiva y con capacidad para movilizar recursos.

Esta COP26 debería sembrar la semilla y sentar las bases de una recuperación global verde, acelerando el abandono de nuestra dependencia de los combustibles fósiles e impulsando un programa climático que vaya de la mano de una transición justa y social.

El Tratado sobre la Carta de la Energía, que se remonta a la década de los 90, limita gravemente la capacidad de Europa para cambiar las regulaciones del sector energético, con muchos Estados miembros de la UE enfrentándose a acciones judiciales que ascienden a miles de millones de euros. Por eso afirmamos que, si el tratado no puede ser reformado, debe ser derogado.

Imagina vivir en un país donde la ciudadanía ha comprendido que necesitamos medidas drásticas para combatir el cambio climático. Imagina que el Parlamento y el Gobierno han desarrollado un plan valiente pero realista para eliminar gradualmente los combustibles fósiles cumpliendo con el mantenimiento del calentamiento global por debajo de un grado y medio. Los fondos de recuperación ante la crisis económica causada por la COVID-19 se utilizarán para acelerar la transición energética. Pero entonces, las empresas de combustibles fósiles y los proveedores de energía deciden cuestionarlo todo y reclamar miles de millones en compensaciones, basándose en un oscuro acuerdo, el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Quieren que lo público pague para que ellos dejen de destruir el clima. ¿Suena como una historia absurda? Pues no lo es. Es una posibilidad real que podría materializarse si no tomamos medidas ahora.

Nosotros y nosotras, eurodiputados y eurodiputadas de diferentes países y grupos políticos, compartimos una profunda preocupación por el TCE, cuyas negociaciones para una “modernización” comenzaron el pasado 6 de julio. Muchos países de la UE han experimentado directamente cómo este acuerdo internacional de protección de inversiones realizado para proteger el sector de la energía fósil representa un gran obstáculo para alcanzar nuestros objetivos climáticos.

El TCE restringe la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para cambiar las regulaciones y políticas en el sector energético. Alemania ya ha sido demandada dos veces por la multinacional energética sueca Vattenfall. Tras la primera demanda, la empresa logró rebajar las normas ambientales impuestas a una central eléctrica de carbón cerca de Hamburgo. Ahora, está exigiendo más de 6.100 millones de euros por la pérdida de beneficios relacionados con dos de sus centrales nucleares, tras la retirada progresiva de la energía nuclear acordada en Alemania después del desastre de Fukushima de 2011. Estos casos podrían volver a ocurrir fácilmente cuando propongamos medidas para eliminar los combustibles fósiles.

La mera amenaza de denuncia puede ser suficiente para presionar a los Estados y que no adopten medidas ambiciosas para cumplir sus compromisos climáticos. En 2017, la empresa canadiense Vermilion amenazó al gobierno francés con emprender acciones legales invocando el Tratado de la Carta de la Energía si aprobaba una ley que pusiera fin a la exploración y extracción de combustibles fósiles en todo el territorio francés a partir de 2040. Después de eso, y de otras presiones, el gobierno francés dio marcha atrás: la ley final fue modificada, permitiendo que continuaran los permisos de explotaciones petroleras.

La protección de inversiones en combustibles fósiles está aumentando enormemente el costo de la transición energética para los y las contribuyentes y, por lo tanto, socavando directamente el objetivo de neutralidad climática de Europa definido en el European Green Deal (el Acuerdo Verde Europeo), lanzado por la Presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen. Hace unas semanas la empresa energética alemana UNIPER confirmaba su intención de demandar a Holanda por valor de 1000 millones de euros invocando el Tratado de la Carta de la Energía en concepto de compensación por la decisión neerlandesa de eliminar gradualmente el carbón para la producción de electricidad. Un caso de arbitraje de este tipo tardaría años en resolverse, sembrando mientras la inseguridad entre los legisladores de otros países y debilitando o retrasando potencialmente las políticas climáticas.

Todavía en shock por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, los países podrían ser víctimas de una nueva oleada de demandas de inversores debido a las medidas excepcionales adoptadas en los últimos meses. España ya era un objetivo importante después de la última crisis financiera. Este país es, hasta la fecha, el Estado más atacado en el marco del TCE, acumulando un total de 47 demandas, de las cuales 16 ya han sido resueltas a favor del inversor. Esto representa más de 1.000 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto comprometido por España para contribuir al Fondo Verde de la ONU para apoyar las acciones contra el cambio climático. Pero aún quedan 28 reclamaciones sin resolver contra España, que podrían costar a los contribuyentes españoles hasta 8.000 millones de euros.

Todos estos casos contra los Estados miembros de la UE deberían ser prueba más que suficiente para la Comisión Europea de que el Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo anticuado, incompatible con el logro de los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. Como señala Yamina Saheb, ex jefa de la Unidad de Eficiencia Energética de la Secretaría Internacional del TCE y autora del IPCC, las emisiones acumuladas protegidas por el ECT, desde su entrada en vigor en 1998 hasta enero de 2020, se estiman en 87 Gt de CO2, de las cuales el 62% son emisiones de CO2 procedentes de inversiones directas intra ECT en combustibles fósiles.

Somos conscientes de que el Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo revisado actualmente. Desafortunadamente, no esperamos que este proceso alinee el ECT con el Acuerdo de París. Para lograrlo, los combustibles fósiles tendrían que ser excluidos de la protección del tratado. Además, el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas reclamar esas absurdas indemnizaciones, debe ser desechado o reformado en su totalidad y fuertemente limitado. Ninguno de los signatarios del TCE -incluida la UE- presenta actualmente estas propuestas mencionadas, dejando claro desde el principio que la reforma no hará que el TCE sea compatible con nuestros compromisos climáticos, ni abordará un tema tan preocupante como que los mecanismos de arbitraje del TCE sean incompatibles con la legislación de la UE.

Por todo ello, instamos a la UE y a los Estados miembros a que aumenten sus ambiciones en su posición negociadora para hacer frente a estas deficiencias, o a que desarrollen vías para retirarse conjuntamente del Tratado sobre la Carta de la Energía en caso de que fracasen las negociaciones.

El drama humano que está significando la pandemia puede dar paso a una verdadera hecatombe económica de impredecibles consecuencias. El coronavirus está actuando como acelerador de tendencias globales y Europa va a tener que afrontar con crudeza sus contradicciones y su fragilidad. Pero, al mismo tiempo, tiene ante si una oportunidad formidable para reivindicar su utilidad, resiliencia y legitimidad.

Tras la falta de empatía con Italia, por la que la propia presidenta Von der Leyen se ha disculpado, y un inicio de gestión de la crisis titubeante y descoordinado, el trasatlántico europeo está orientando sus instituciones y políticas hacia el viaje por la incertidumbre radical al que va a tener que embarcarse la humanidad este 2020.

El Banco Central Europeo disparó la primera salva: 870.000 millones en forma de compra de bonos, tanto públicos como privados, para estabilizar el sistema financiero y evitar escaladas en las primas de riesgo. A Frankfurt se ha unido Bruselas; la Comisión Europea ha levantado el cerrojo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para facilitar que los presupuestos nacionales aborden sin constricciones sus necesidades sanitarias y sociales, y está utilizando los instrumentos a su alcance para alinear y apoyar la respuesta de los estados europeos a la COVID-19.

Recientemente el Eurogrupo, después de un papel vergonzante de Holanda en las discusiones, ha acordado activar el Mecanismo Europeo de Estabilidad con condicionalidad light, usar el Banco Europeo de Inversiones para apoyar al tejido empresarial, y poner en marcha un nuevo programa (SURE) para financiar ayudas a los desempleados. La combinación de todas estas medidas, la gran mayoría, garantías y préstamos, asegura que el sistema va a estar bien regado de crédito. Pero todo ello aún siendo necesario, no es suficiente.

Las necesidades que estamos afrontando van a cebar las cuentas públicas de déficits abultados y, en consecuencia, la deuda. Y aquí es donde va a ser necesario el apoyo aéreo europeo si queremos evitar que algunos países acaben entrando en el tóxico ciclo vicioso deuda/recortes/depresión. Ese apoyo aéreo es un verdadero estímulo fiscal europeo que ha tomado la forma de Fondo para la recuperación, una idea que han liderado España y Francia y a la que se ha adherido el Parlamento Europeo.

La naturaleza del Fondo para la Recuperación centrará las discusiones del Consejo del 23 de abril, donde Europa se juega su reconstrucción. Esta pudiera y debiera ser un renovado Plan Marshall, con un tamaño de billón/billón y medio, adosado al presupuesto y control comunitario, y orientado a empujar nuestra economía hacia la sostenibilidad, la digitalización y el conocimiento, o reforzar la musculatura de nuestra industria. Pero hablamos además de un Plan Marshall verde financiado también con deuda mutualizada: los ya famosos corona-bonos. Europa se la juega en esta operación y es posible que a todo esto debieran sumársele en el futuro medidas económicas heterodoxas que hoy parecen imposibles: desde el “dinero en helicóptero”, a la monetización directa de deuda pública.

Ha llegado la hora de la verdad para Europa. La hora de una respuesta unida, ambiciosa y solidaria, porque esa es, sin duda, la mejor defensa del interés común. De nuevo, nuestro mayor enemigo, somos nosotros mismos en forma de arrogancia y del egoísmo nacional de algunos que arrastra a todos a actuar con poco y demasiado tarde. Europa se juega su futuro, y probablemente su supervivencia en todo ello, porque muchos europeos se preguntan con razón, si no es ahora el tiempo de la unidad, la ambición y la solidaridad, ¿entonces cuándo?

Europa afronta una nueva prueba de estrés. Y esta vez, no sólo está en juego la salud de sus instituciones; también la de sus ciudadanos, su economía, su rol en el mundo y su credibilidad y utilidad a ojos de los europeos. La crisis del Covid-19 ha llegado como un tsunami a una Unión frágil y aún maltrecha tras una larga lista de crisis que le han dejado marcadas cicatrices.

Hasta hoy, la Unión ha dado muestras de descoordinación y parece que Bruselas no ha sido capaz de digerir ni anticipar las consecuencias de una pandemia con gigantescas consecuencias. La unilateralidad se ha impuesto en la gestión de fronteras, y junto a ella la sensación de recetas de salud pública a la carta o la vergonzante imagen de ayuda llegada del exterior a Italia ante la pasividad del resto de sus socios. Si bien es cierto, hay que recordar, Europa carece de verdaderas competencias en materia sanitaria y es probable que la Unión no tuviera más opción que alentar el lento pero implacable despertar del Leviatán, los viejos Estados-nación, que están recordando su contumaz maquinaria de poder. Ahora sería necesario, como las señales de esta semana indican, que sus contundentes acciones sean alineadas y tengamos capacidad para volver a la normalidad en la zona Schengen lo antes posible. Una normalidad, cabe decir, que no volverá a operar bajo los mismos parámetros.

Donde Europa se juega su credibilidad y su futuro, es en la respuesta económica a las gravísimas consecuencias de un continente en cuarentena. La caída del PIB este trimestre será a plomo, un indicador de flujos muy sensible a los parones de estas características. Dependerá de la respuesta de las administraciones e instituciones financieras que estemos ante un frenazo con reactivación, o ante un bache que se lleve el chasis de nuestro sistema productivo y mercado laboral por delante y acabe sacando a la luz, de nuevo, los desequilibrios y deficiencias institucionales de la zona euro.

Es, en este sentido, especialmente desalentadora la respuesta del reciente Eurogrupo. Sus conclusiones: cada uno que gaste lo que pueda, pero nada de europeización del estímulo, cuando es precisamente el momento de usar herramientas innovadoras y ambiciosas que pongan en marcha un cañón fiscal europeo conjunto y coordinado, ahí tenemos el MEDE y el BEI para operativizarlo. Y hacerlo mientras el BCE continúa dotando de estabilidad y liquidez ilimitada al sistema financiero. Es decir, tomar nota y aplicar las lecciones extraídas de la gran recesión para no repetir errores. No nos lo podemos permitir.

El contrapunto: los gobiernos nacionales han tomado buena nota y se disponen a movilizar recursos como si de una economía de guerra se tratase, porque exactamente de eso se trata. El Gobierno de España se dispone a activar hasta un 20% de su PIB en forma de garantías, gasto e inversiones para salvaguardar su economía y proteger a los más vulnerables. Francia e Italia están activando programas similares. Pero necesitamos de la Unión, su imaginación, ambición y solidaridad, porque si algo nos recuerda el coronavirus, como si de una bofetada se tratase, es nuestra profunda interdependencia. Esta vez, en forma de vulnerabilidad compartida. Usémosla en favor de nuestra fortaleza; eso debiera ser la Unión Europea.

La contaminación en Europa provoca 400.000 muertes prematuras al año, multiplica la posibilidad de desarrollar enfermedades y afecta al crecimiento de los más pequeños. Un fenómeno que impacta especialmente en los grandes núcleos urbanos.

En consecuencia, la Unión Europa lleva más de una década desarrollando una normativa que exija mínimos estándares de calidad del aire y promueva estrategias que permitan una drástica reducción de la contaminación atmosférica. Un esfuerzo que debe implicar al conjunto de las administraciones y que requiere de acciones en la gestión de nuestra energía, infraestructuras o transporte.

En este sentido, las grandes ciudades europeas están promoviendo zonas de bajas emisiones en sus centros y núcleos históricos con el objetivo de reducir las congestiones y acompañar una estrategia de reducción de la contaminación, que es hoy un imperativo europeo y forma parte del propio sentido de la Historia.

Es dentro de este marco que hay que entender y analizar la puesta en marcha de Madrid Central en 2019. Una reciente medida que perseguía reducir la contaminación y la emisión de dióxido de nitrógeno a la atmósfera para proteger la salud pública. Una medida que estaba consiguiendo con las primeras mediciones el objetivo que perseguía en una comunidad en la que se producen 15 muertes prematuras al día por la contaminación.

Sin embargo, mientras podemos exhibir en el ámbito comunitario exigentes medidas en favor de la sostenibilidad y de lucha contra la emergencia climática, el nuevo gobierno municipal de Madrid, conformado por Populares y Ciudadanos con el necesario apoyo de la extrema derecha, ha decidido revertir Madrid Central como medida estrella en su aterrizaje en la cabina de mando de la ciudad. En términos comparados, también cabe recordar que la inexistencia en España de cordones sanitarios hace posible que hoy gobiernen la derecha y la ultraderecha en la capital.

En el último pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la delegación de los socialistas españoles hemos defendido ante la Comisión Europea la necesidad de imponer una cláusula de no reversión posible ante las medidas de carácter medioambiental en la necesaria revisión de la Directiva de calidad del aire. Es decir, que decisiones y prácticas como Madrid Central, una vez han demostrado su rendimiento y efectividad en favor de la salud pública, ya no puedan ser revertidas por ninguna administración.

Lo que está ocurriendo en Madrid está felizmente siendo paralizado por organismos jurisdiccionales nacionales y contestado por la Comisión Europea, al haberse convertido en el desencadenante de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva de la calidad del aire. De hecho, la UE está hoy exigiendo mayores y más drásticas medidas a España para mejorar la calidad del aire en Madrid y Barcelona.

En ese sentido, conviene tener presente uno de los autos emitidos por la justicia española estos días pasados. Dice: “Ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal [que la suspendía] no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”. Y sigue el juez: “La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos”.

Defendemos que esta situación a la que nos ha llevado un Gobierno municipal reaccionario y negacionista no pueda volver a repetirse. No puede volver a repetirse ni en Madrid ni en ninguna otra ciudad de la Unión. Porque medidas como las de Madrid Central son un buen ejemplo para Europa y para el mundo: hay que protegerlas y defenderlas.

La desigualdad es el mayor desafío de nuestro tiempo y España experimenta en primera persona sus consecuencias. La desigualdad socava la confianza social y reduce el apoyo a las instituciones democráticas, se esconde detrás de la nueva relación tóxica que las sociedades occidentales han establecido con su futuro y explica gran parte de los recientes fenómenos electorales guiados por el resentimiento y la política de la identidad, con consecuencias altamente disruptivas.

En cuanto a la dimensión económica, según instituciones como el FMI o la OCDE, la desigualdad dificulta el crecimiento y la creación de empleo de calidad. También afirman que los niveles de desigualdad excesivos y crecientes implican costos sociales directos, impiden la movilidad social y también pueden inhibir el crecimiento sostenible ahora y en el futuro.

La polarización de los ingresos y el desempleo restringe la demanda efectiva, frustra la innovación y puede causar una mayor fragilidad financiera. Los altos y crecientes niveles de desigualdad obstaculizan no solo el progreso hacia la erradicación de la pobreza, sino también los esfuerzos para mejorar la inclusión social y la cohesión.

De hecho, la OCDE destaca que una disminución de la desigualdad en un punto Gini se traduciría en un aumento del crecimiento acumulado del 0,8 % en los cinco años siguientes. En este sentido, Europa ha caminado en dirección contraria, entre el 2005 y 2015 el coeficiente de Gini aumentó de 30,6 a 31 y las desigualdades de renta entre el 20 % superior e inferior de la población subieron de 4,7 a 5,2. Al estar la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza económica estrechamente relacionada con la desigualdad de los ingresos, la pobreza económica ha experimentado un crecimiento constante desde 2005 y entre 2008 y 2014, varios Estados miembros experimentaron un aumento de las desigualdades en términos de renta disponible de los hogares.

Varios factores han contribuido a llegar a esta situación. Los profundos cambios en el mercado laboral deberían situarse en el centro de nuestras preocupaciones: el aumento de los trabajos atípicos, la debilidad de la negociación colectiva, alta precarización y temporalidad o una política de devaluación salarial que ha empujado los salarios a la baja. En definitiva, el mercado laboral ha dejado de ser fuente de prosperidad y estabilidad para muchos.

Al mismo tiempo otros factores han operado con fuerza. La globalización y la apertura a los mercados internacionales ha dejado al desprovisto importantes sectores tradicionales o industriales en el mundo occidental y ha repartido mal sus beneficios debido a la falta de suficientes mecanismos de compensación. La robotización y la digitalización también han funcionado en este sentido. Por último, los cambios sociológicos y las agresivas políticas de consolidación financiera han debilitado nuestras herramientas de redistribución y dejado a la intemperie a millones de ciudadanos.

Todas estas son las conclusiones a las que ha llegado el Informe La lucha contra el desempleo como palanca para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, del que he sido ponente, recientemente aprobado en el Parlamento Europeo. Un Informe en el que se sitúa como prioridad política para la UE el combate contra la desigualdad y propone una hoja de ruta con normas, instrumentos y recursos para aplicarla. Establece la necesidad de reequilibrar el Semestre Europeo e introducir un verdadero seguimiento de la dimensión social de la Unión que luego repercuta en las recomendaciones específicas por país. Pone el acento en la necesidad de fortalecer la legislación laboral europea para fortalecer los derechos y los salarios de los trabajadores e introducir nuevos mecanismo de solidaridad en el continente para combatir la pobreza infantil, la brecha de género o la exclusión social. Por último, el Informe también hace hincapié en la necesidad de mejorar nuestra coordinación y armonización fiscal para luchar contra el fraude, la evasión y los comportamientos gravemente desleales que se dan en este campo.

No es casualidad que la aprobación de este Informe haya coincidido con la firma del Pilar de Derechos Sociales de la UE. Un paso tímido y aún insuficiente que compromete al conjunto de instituciones europeas con una veintena de objetivos y derechos subjetivos que deberían desarrollarse con herramientas vinculantes durante los siguientes años. Pero un paso en la buena dirección.

La situación de la desigualdad en España es especialmente preocupante, como acaba de recordar la propia Comisión Europea. Aunque nuestro país ha disfrutado de tasas de crecimiento por encima del 3% del PIB desde el 2015 padecemos de una “situación crítica” en términos de desigualdad por ingresos. El Informe conjunto sobre el Empleo nos saca los colores por nuestras elevadas tasas de desempleo, paro juvenil y de larga duración, dualidad en el mercado de trabajo, crecimiento constante de los trabajadores pobres, proporción de personas en riesgo de exclusión social y pobreza o ingreso medio disponible.

Esta es la desigualdad desgarradora en forma de hondas cicatrices que ha dejado la estrategia de recuperación del Gobierno de Rajoy: un maltrecho mercado laboral y unos mecanismos de protección social subdesarrollados. La desigualdad importa y debería estar en el centro de las políticas de cualquier institución que quiera defender un crecimiento sostenible, la estabilidad institucional y la cohesión social; pilares del proyecto europeo.

La vida de muchos europeos se asemeja a los campos de California que describía Steinbeck en Las uvas de la ira. “No hay más que dolor cubierto de piel” decía uno de sus personajes. En la UE viven 119 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. No es de extrañar que su ira haya acabado tomando forma de insurrección electoral.

Hagamos un breve control de daños. Clase media maltrecha. Grave repunte de la desigualdad en la Europa meridional. Divergencia rampante Norte/Sur que dificulta los consensos políticos internos. Mercado laboral gripado que ha dejado de ser fuente de seguridad y bienestar amenazado por la digitalización y robotización. Pero sobre todo y ante todo, para muchos, el futuro ha dejado de ser un lugar deseable.

¿Las causas? Nos son pocas. La gran recesión. Un andamiaje monetario deflacionista e incompleto. Un cóctel económico tóxico (austeridad y devaluación interna). Una globalización sin suficientes amortiguadores de compensación. En definitiva, la nueva piel del capitalismo; hipertrofia financiera, creciente desigualdad e internacionalización de los mercados (Costas y Carlos Arias).

¿Qué ha fallado? Las hojas de ruta de la UE en materia socio-económica han acabado en sonoro fracaso: la Agenda de Lisboa y la Estrategia Europa 2020. Sin instrumentos financieros y vinculantes han topado con la apisonadora macroeconómica y con una crisis para la que no estábamos preparados. Este fracaso ha cimentado la imagen de la Bruselas antipática e insensible.

Fruto de esta realidad, y no pocas presiones políticas y electorales, las instituciones comunitarias tienen sobre la mesa la creación de un Pilar Europeo de Derechos Sociales. Un Pilar Social que tenga como objetivo apoyar a los Estados del Bienestar nacionales, fortalecer la cohesión, convergencia y solidaridad en la Unión, reducir la pobreza y la desigualdad y ayudar a la disfuncional zona Euro. Reequilibrar la dimensión social y económica de la UE. Intentando con ello recuperar simpatía y adhesiones a un proyecto de integración muy debilitado.

Para conseguirlo se pretenden actualizar los estándares de protección social y condiciones de trabajo. Hacer frente a la precarización y pérdida de trabajos tradicionales. Poner en marcha nuevos instrumentos como la Garantía Infantil (contra la pobreza), una prestación por desempleo europea, un esquema europeo de salarios mínimos o una Garantía de competencias para la (re)incorporación al mercado laboral. Y mejorar antiguos instrumentos como la Garantía Juvenil o las normas sobre permisos parentales.

Del éxito o fracaso de este invisible proyecto le va a la UE parte del poco crédito que le queda. Para que no acabe en una nueva lista de buenas intenciones deberá dotarlo de herramientas específicas: legislación, mecanismos de políticas públicas y recursos. Está en juego introducir una dimensión social al Semestre Europeo. El poderoso mecanismo de coordinación de la política presupuestaria y de reformas de la Unión que ha funcionado hasta ahora como una camisa de fuerza fiscal. Esa será una de las claves. De lo contrario el repliegue reaccionario y la perforación de los consensos ilustrados continuará.

En marzo la Unión volverá a reunirse en Roma para diseñar su enésima hoja de ruta. Una nueva cumbre borrascosa; entre dudas existenciales, amenazas externas y un calendario electoral no apto para problemas cardiacos. En una fecha y un lugar simbólicos (60 años después del Tratado de Roma) se decidirá sobre la supervivencia del maltrecho modelo social europeo. Y con ello, estabilizar nuestra democracia aplacando la ira de los electores.

Europa ya no se parece a lo que era. Acechada por varias crisis camina al filo del despeñadero. Su pérdida de eficacia para abordar los retos que afronta, la falta de respuestas ancladas en los valores y principios sobre los que se sustentaba y la erosión de legitimidad del proyecto comunitario a ojos de los ciudadanos deberían hacer saltar todas la alarmas.

La crisis migratoria, la llegada de una gran ola de refugiados durante el último año, y la crisis política por la posible salida de Gran Bretaña de la UE han agravado la situación. Pero el Kilometro 0 de la actual situación se debe situar en el inicio de la Gran Recesión, ahora hace ya 7 años, y la nefasta gestión de la crisis económica en la Zona Euro.

De nuevo es el sistema financiero, como ya lo hiciera Lehman Brothers, quien pone en riesgo una economía que languidece y lastrada por enormes bolsas de deuda pública generadas durante la Gran Recesión. En el ojo del huracán el mismo grave problema: el circulo vicioso entre deuda privada y deuda pública al que no se ha conseguido poner un corta fuegos. Por eso la solvencia del mismísimo Deutsche Bank y la banca italiana pueden poner en jaque a toda la economía europea.

El circulo vicioso entre deuda privada y pública se agravó por un diseño institucional de la unión monetaria incompleto que se ha mostrado incapaz de hacer frente a shocks asimétricos. Un diseño del euro con un pobre presupuesto europeo de un 1% del PIB, sin estabilizadores automáticos, sin convergencia social ni fiscal y sin una Reserva Federal que protegiera la deuda soberana con un mandato dual (inflación y empleo).

Una dinámica intergubernamental liderada por Alemania y una aplastante mayoría conservadora en las instituciones europeas recetó ajuste fiscal (sangre sudor y lágrimas) para salir del hoyo. Para aplicarse, una maraña de normas y coordinación europea que ejerce un control de hierro sobre los presupuestos públicos nacionales y que funciona como una verdadera chaqueta de fuerza con importantes consecuencias sobre el desarrollo de la democracia.

El resultado es de sobra conocido. Una economía con un crecimiento anémico (estancamiento secular). Unas desigualdades sociales desgarradoras e insoportables. Un empobrecimiento generalizado de las clases medias. Una brecha generacional que se agrava . Y una divergencia socioeconómica que ha devenido en divergencia política entre el norte y el sur de Europa. Unas diferencias que empiezan a dibujar sociedades marcadamente contrapuestas en el continente.

Mario Draghi es de los pocos que ha reaccionado ante la situación. Sin duda, el BCE está siendo la institución europea más proactiva de la UE con su política monetaria expansiva (Quantitative Easing) y su depreciación del euro para impulsar las exportaciones. Pero la política monetaria es condición necesaria pero no suficiente para reactivar la economía.

Es absolutamente imprescindible impulsar la demanda interna para tener un sólido crecimiento que permita resolver los problemas de paro y desigualdad generados estos años. Para ello los socialistas desde el Parlamento, la Comisión y los Gobiernos nacionales hemos impulsado una reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que otorga mayor capacidad de maniobra a los países con margen fiscal, como Italia y Francia, y un Plan de Inversiones con el objetivo de levantar capital privado para proyectos estratégicos (Plan Juncker). Asimismo el Comisario socialista de Economía, Pierre Moscovici, ha lanzado un Paquete de medidas para luchar contra una evasión fiscal que cuesta a las arcas públicas entre 50.000 y 70.000 millones de euros al años. Todo ello positivo pero aún lejos de ser suficiente.

Son necesarios estabilizadores automáticos europeos, en este sentido hay que seguir con mucha atención la propuesta de Pier Carlo Padoan, ministro de economía italiano, para instaurar un seguro de desempleo europeo. Relajar el ritmo de consolidación fiscal en los países con dificultades como España. Y hablar de una vez del elefante en la habitación, la deuda, para afrontar de una vez una reestructuración en Grecia.

Pero eso no es todo. Los países que con un gran superávit comercial y mucha capacidad fiscal están haciendo una política férrea de estabilidad presupuestaria son hoy la fuente de uno de los mayores desequilibrios macroeconómicos de Europa. Véase Alemania. Necesitamos como el agua que bebemos que usen ese margen para estimular la demanda.

Y es aquí donde entra la crisis de los refugiados. Sí, la crisis de los refugiados. ¿Por qué? Porque la llegada de más de un millón de personas durante el 2015 a Europa, básicamente a Alemania, puede acabar forzando al motor económico de Europa a hacer la política fiscal expansiva que el conjunto de la Zona Euro necesita para salir del atolladero. Los refugiados como solución a nuestra crisis económica. Y eso sí que es una sonrisa del destino.

Entre 2001 y 2015 los estados en la UE que disponen de legislaciones para tratar el sobreendeudamiento particular han pasado de 10 a más de 20 (a excepción, con datos de la Comisión, de España, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Croacia y Hungría). A falta de un procedimiento común en el continente cada estado aplica sus propias reglas para la rehabilitación, la dación en pago, la reestructuración y los acuerdos extrajudiciales. A pesar de las divergencias, trabajos recientes como el de Jan-Ocko Heuer permiten identificar los modelos regionales, ordenados según la aproximación legal y cultural hacia la deuda.

1) El modelo anglosajón: borrón y cuenta nueva

El sistema anglosajón tiende a considerar el sobreendeudamiento como un fenómeno inherente a la economía de mercado. Si hay posibilidad de crédito, hay riesgo de insolvencia. Partiendo de dicha lógica, la prioridad en países como Estados Unidos o el Reino Unido es restablecer con celeridad la actividad económica (y el consumo) del deudor. El modelo británico ofrece distintas soluciones de remisión de deuda, y el capítulo 7 de la ley de insolvencia en Estados Unidos permite en algunos casos una remisión a partir del tercer mes. Al favorecer una condonación rápida y sin condicionantes, el legislador ha trasladado de forma indirecta la responsabilidad – y la carga – a las entidades bancarias. La legislación incentiva a la cautela y el auto-control.

La batería de medidas posibles en el caso británico se establece de forma progresiva. El primer paso es una ‘reorganización de la deuda’ (Debt Reorganisation): un período durante el cual se ponen en marcha iniciativas para facilitarle al deudor un repago más escalonado (rebaja del tipo de interés, extensión del período para el repago, prioridad al capital…). Durante esta primera etapa, y en caso que la deuda no sea mayor de 5 000 libras, el juzgado del condado puede ya dictaminar de entrada una remisión de la deuda.

En casos de sobreendeudamiento mayores, el sistema ofrece dos mecanismos de rehabilitación. El primero, el proceso de quiebra (Bankruptcy Order), establecido por primera vez en 1986. El proceso se desarrolla bajo mediación judicial, y supone la posibilidad de la dación en pago y un plan de pagos a máximo 3 años vista. Dicho plan no puede incluir ni los bienes ni las rentas consideradas como de subsistencia. Además, para las personas con deudas de máximo 15 000 libras pero sin recursos, un plan de remisión de deuda puede establecerse en un período máximo de un año (Direct Relief Order). La segunda posibilidad es el acuerdo individual voluntario (Individual Voluntary Arrangements (IVA), que equivale al proceso de quiebra pero sin pasar por el canal judicial.

2) El modelo de protección francés: la rehabilitación

En Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia el sobreendeudamiento se considera como un fenómeno principalmente socioeconómico. El modelo protege al deudor, organizando un posible reembolso de la deuda pero sobre todo salvaguardando los derechos sociales, financieros, de acceso a la vivienda, de inserción profesional y de dignidad social. Francia tiene la legislación más avanzada en el continente desde la llamada Ley Neiretz de 1989, propuesta por la entonces secretaria de Estado para la economía del primer gobierno de Michel Rocard.

El sistema francés, como el inglés, promueve la progresividad, en función de la gravedad del sobreendeudamiento. En caso de dificultades puntuales (hasta 10 000€) el deudor puede pedir por simple formulario postal al juez de proximidad la reorganización de los pagos pendientes, dentro de un período de hasta dos años. La decisión del juez – que puede ser presentada de ‘urgencia’ en el plazo de semanas, bloquea inmediatamente cualquier medida iniciada por los acreedores.

Para los casos más graves, las llamadas comisiones de sobreendeudamiento juegan un rol esencial. Las condiciones para presentarse ante dicha instancia pública facilitan el proceso al deudor: el proceso es gratuito, los formularios están online, la respuesta no puede tardar más de 3 meses, y cualquier procedimiento iniciado por los acreedores queda bloqueado desde el momento mismo de la presentación del dossier. Las condiciones de receptibilidad van en la misma línea: el derecho de petición está ligado a la residencia (y no a la nacionalidad), la buena fe del deudor se presume (nadie se sobreendeuda queriendo), las prestaciones sociales básicas son intocables (como los ingresos mínimos, las ayudas a la vivienda o las prestaciones familiares). Por último, el deudor mantiene en todo momento el derecho a una cuenta bancaria y métodos de pagamiento.

Una vez el dossier cumple los requisitos, se prevén tres resoluciones posibles. La primera, el llamado plan convencional de recuperación (Plan conventionnel de redressement), donde se intenta alcanzar un acuerdo de repago a través por ejemplo del re-escalonamiento de las deudas y la reducción o supresión de los intereses. Cualquier plan debe excluir un presupuesto para la ‘vida diaria’ (gastos de alojamiento, electricidad, calefacción, alimentación, escolaridad, desplazamientos profesionales, salud…). En caso que las partes no logren alcanzar un acuerdo la comisión de sobreendeudamiento puede imponer algunas de las medidas, hasta un máximo de dos años (mesures imposées et recommandées). Por último, si la comisión considera que las deudas son realísticamente irresolubles se procede a la rehabilitación personal (rétablissement personnel), que incluye exoneración de la deuda pendiente y posibilidad de la dación en pago para la vivienda secundaria (si el deudor solo dispone de la vivienda principal la exoneración también se aplica a cualquier pago pendiente sobre la hipoteca). En otras palabras, la vivienda, si es el techo principal de la familia, es intocable.  

El gráfico 3 muestra una fuerte subida de las medidas impuestas, y del restablecimiento personal. Es decir, un fuerte incremento de las medidas susceptibles de proteger al deudor en caso de desacuerdo. Una evolución que demuestra la eficacia de un sistema pensado como ‘protección social’, en particular en períodos de crisis.

 3) El modelo alemán y austríaco: la redención

El sistema alemán, a pesar de estar en sintonía con la cultura del escarmiento personal, incluye sistemas de rendición de deuda. La legislación germana se basa en la “responsabilidad moral” de la persona que contrae la deuda. Ante una situación de sobreendeudamiento el pasivo puede ser reestructurado pero a cambio de una serie de obligaciones durante un periodo de tiempo que generalmente se alarga hasta seis años. A lo largo de ese “periodo de buena conducta” (Wohlverhaltensperiode), el deudor debe cumplir con requisitos como buscar trabajo y no contraer nuevos préstamos. En Austria el sistema es todavía más férreo, ya que solo permite la reestructuración de la deuda para aquellos deudores con bienes materiales o financieros. Es decir, para aquellos que pueden repagar, en parte, sus deudas.

Sistemas más ‘morales’ como el alemán y el austríaco tienen una contrapartida, y es que suponen un coste elevado para el erario público sin que los procedimientos de insolvencia acaben suponiendo ningún repago efectivo. En la última conferencia internacional en Berlín sobre insolvencia, Heuer explicaba como el sistema germánico, al negarse a aceptar que la mayoría de las familias no pueden pagar, acaba provocando tanto exclusión social (como en Austria) como ineficacia de las políticas públicas (como en Alemania).

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, ‘de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social’, propuesto la semana pasada por el gobierno español se inspira del sistema germánico. La posible dación en pago y remisión de deuda está vinculada a una serie de ‘condicionantes’ y ‘requisitos’ que el legislador considera ‘merecedores’ para negociar una reestructuración de la deuda. La ‘buena fe’ no se presume, como en el sistema francés, si no que tiene que demostrarse. Por ejemplo, no haber rechazado una oferta de empleo en los últimos cuatro años, mostrarse voluntario a un acuerdo extrajudicial, haber pagado en su totalidad los créditos concursales privilegiados (hipotecas) o los llamados créditos “contra la masa” (deudas posteriores al concurso) - en su defecto, haber intentado un acuerdo extrajudicial para pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios. En otras palabras, el decreto amplia ligeramente el acceso a la dación en pago, pero sigue sin ofrecer un sistema universal y generalizado para lidiar con la insolvencia particular en España.

Tres desafíos en común

A pesar de las divergencias, los tres modelos europeos se enfrentan hoy en día a tres desafíos:

a) Los datos muestran un incremento de los casos de insolvencia desde 2007 en todo el continente. En Francia, las aplicaciones por sobreendeudamiento han aumentado un 66% entre 2000 y 2013. En España, las personas viviendo con una hipoteca se han multiplicado casi por dos. En el Reino Unido y en Alemania las insolvencias de consumidores representan respectivamente 8 veces y 4 veces más casos que las insolvencias empresariales.

b) El análisis sociológico presenta recurrencias entre países. Las personas que viven solas, aquellas que tienen que hacer frente a una situación de divorcio o separación, los que disponen de menos recursos, aquellas que viven de alquiler o con una hipoteca y los que atraviesan cambios profesionales, caracterizan el perfil sociológico entre los afectados por sobreendeudamiento. En Francia el 64% de los particulares que hacen frente a una situación de insolvencia viven solos, y el 50% se encuentran en una situación de inactividad o desempleo. Según datos de Eurostat de 2013, en España 1 de cada 2 personas que vive de alquiler está en situación de sobrecarga económica. El análisis sociológico apunta que el sobreendeudamiento poco o nada tiene que ver con el prejuicio generalizado que traslada la responsabilidad al deudor. Al contrario, el fenómeno parece ser, antes que nada, fruto de cambios socioeconómicos, imprevisibles, sistémicos, o de circunstancias personales. Un desafío pues para las políticas públicas, y no una cuestión moral.

c) Ausencia de datos: solo Francia publica de forma oficial y exhaustiva datos sobre insolvencia personal, perfil de los afectados, etc. Considerando las ramificaciones y corresponsabilidades del fenómeno, la imposibilidad para los legisladores y la sociedad de comparar los números reales en Europa representa un auténtico déficit de transparencia democrática.

(Este artículo forma parte de un especial de Agenda Pública dividido en tres partes, la primera que salió publicada la primera que salió publicada el sábado pasado analizaba el modelo español, en este se analiza de forma comparada los modelos en la Unión Europea. El último artículo examinará las medidas tomadas hasta ahora a nivel europeo para corresponsabilizar a los bancos y acreedores. Los datos recogidos forman parte de una iniciativa en el Parlamento Europeo que preparan los autores)

El ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas

La ventana de oportunidad que dijo por fin abrir Mariano Rajoy el pasado martes (pág. 24 aquí) para legislar sobre lo que comúnmente se conoce como ‘segundas oportunidades’ será una ventana demasiado estrecha para paliar un vacío legal que no existe en ningún otro estado de la Unión Europea. España ha renunciado desde 1889 a tener una ley sobre el sobreendeudamiento de los particulares.

El gráfico 1 muestra cómo en solo 10 años se ha multiplicado casi por dos los residentes que viven en viviendas hipotecadas (y más considerando que los datos analizados no incluyen los años 2012-2015). En 2001, 7 de cada 10 españoles que vivían en propiedad habían pagado totalmente su casa, y 3 de cada 10 tenían pagos pendientes. En 2011, 5 de cada 10 españoles en ‘propiedad’ tiene pagos pendientes. En 2001 España contaba casi 34 millones de ‘propietarios’, con la casa totalmente pagada o hipotecada (74,7% del total de la población). En 2011, los propietarios, tanto los que tienen su vivienda totalmente pagada como los que tienen pagos pendientes representan un total de casi 37 millones de españoles (72,3% del total de la población). En otras palabras, España sigue siendo un país de propietarios, aunque doblemente hipotecados.

La evolución anual en término de ejecuciones hipotecarias no disminuye a pesar de las medidas adoptadas (ver gráficos 2 y 3), si no que aumenta. En 2012, 44,745 familias españolas se encontraban en una situación de ejecución hipotecaria, en 2013 el total de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias fue de 49,693, un 11% más que el año anterior. Las familias que pierden su vivienda habitual aumentan en un 7,4%, hasta un total de 25.783 hogares afectados. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas secundarias se multiplican casi por dos.

Además, datos provisionales del tercer trimestre de 2014 apuntan a que la tendencia se mantiene a la alza. Según el INE, en su nota de prensa del 22 de diciembre de 2014, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014 sobre vivienda habitual registran un aumento anual del 13,5%. En total, entre 2012 y 2014, el número de hogares afectados por ejecuciones hipotecarias alcanza la cifra provisional de 150.000. En otras palabras, 150.000 hogares se han visto empujados a la exclusión por causas de sobreendeudamiento ligados al alojamiento (sin contar los casos de ejecuciones por alquiler, ni los casos previos al 2012, de los cuales se dispone de información limitada).

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

¿Qué se ha hecho hasta ahora?El ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas. Entre 2009 y 2014 dos decretos-ley, así como dos leyes sobre este tema, han introducido algunas disposiciones de flexibilidad, sin por ello llegar a crear un mecanismo que proteja y ofrezca una salida, de forma universal y ordenada, al individuo que se enfrenta a una situación de fallida en el inmediato o a largo plazo. Dicho vacío se sustenta históricamente en el principio instaurado en 1889 en el código civil de ‘responsabilidad patrimonial universal’ de las personas físicas, según el cual el deudor responde incondicionalmente de sus deudas, a través de sus bienes actuales o incluso futuros.

Los cuatro textos legislativos con los que el actual Gobierno ha modificado, parcialmente, el principio de responsabilidad patrimonial universal son los siguientes: el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios; la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

El cuadro a continuación resume estos cambios. Medidas que, analizadas, presentan un impacto muy limitado.

A la vista de la situación actual el modelo español ofrece paliativos ineficaces para gestionar una situación de sobreendeudamiento particular. Un vacío legal que vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (como el derecho a la vivienda, la protección al consumidor y el derecho a la dignidad). En el cuadro comparativo europeo España es probablemente el país que más necesita una legislación de segunda oportunidad. Una puerta que permita reestructurar la deuda, desatascar el consumo y prevenir la exclusión social.

En el reciente especial de Alternativas Económicas sobre la cuestión se explicaba como el volumen de deuda pendiente de las familias en 2011 representaba el 131,7% de los ingresos anuales del hogar, por 107% solamente 3 años antes. Y lo que es peor, la deuda recae especialmente sobre las familias con recursos más limitados. La deuda del 20% de los hogares más desfavorecidos representaba en 2011 un increíble 335% de sus ingresos anuales, más del doble que solo 3 años antes (149,4%).

En este sentido, la nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria del Banco de España, los trabajos en blogs especializados, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, los Jueces Decanos, el Fondo Monetario Internacional, y el imprescindible informe de Emergencia Habitacional que preparó la sociedad civil, llevan años permitiendo cuantificar, evaluar y denunciar la crisis a la que se enfrenta la sociedad española en este ámbito. Una crisis de la cual no existen datos oficiales detallados.

Tomarse en serio la posibilidad de legislar sobre el sobreendeudamiento de los particulares conlleva pues dos desafíos. El primero, la capacidad de movilizar argumentos de política comparada. ¿Qué hacen en Europa los demás estados? ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de países que llevan 20 años con este tipo de leyes? El segundo desafío es tener la capacidad de analizar y estudiar el sobreendeudamiento como un fenómeno político, social y económico. Y no como una cuestión moral.

(Este artículo forma parte de un especial de Agenda Pública que está dividido en tres partes, la primera que sale publicada hoy analiza el modelo español, en las siguientes se analizará de forma comparada los modelos en la Unión Europea y se examinará el sobreendeudamiento como fenómeno socioeconómico y político. Los datos recogidos forman parte de una iniciativa en el Parlamento Europeo que preparan los autores).

La gran batalla política de este siglo será salvaguardar el contrato social europeo. Para ello, el Estado-nación es insuficiente y una UE inacabada puede convertirse en una ratonera

No es momento de mover ficha, ha llegado la hora de cambiar el tablero de juego. Una grave crisis territorial, que tiene como epicentro Cataluña, la llegada de nuevas generaciones que no sentimos como propio el pacto constitucional y una crisis económica que ha dinamitado todos los consensos sociales, ha dañado los cimientos mismos de la arquitectura institucional del Estado creada en el 78. Cada vez está más extendida la sensación de fin de etapa, de cambio de ciclo. Una sensación amortiguada por una mayoría absoluta del PP que tiene los días contados, y es que sin reconocer la actual quiebra de la confianza en las instituciones es difícil entender nada en la actual política española.

Los consensos políticos sobre los que ha pivotado este país están en entredicho: la monarquía parlamentaria, el Estado de las autonomías, la UE como factor de progreso y la alternancia como modelo de gestión del poder. Por supuesto que mantienen muchos apoyos; pero han dejado de tener la solidez que necesitan los consensos que cimientan una sociedad. Rehacer y adaptar los consensos sobre una nueva arquitectura institucional de España debería ser el horizonte sobre el que se proyecte el debate público.

La democracia española aborda (puede que sin saberlo) el mayor reto al que se haya enfrentado en su historia reciente: comprender a Catalunya y hacerle partícipe de un proyecto común. La necesidad de federalizar España y reconocer su realidad plurinacional es también una oportunidad. La reforma territorial debe ser también la palanca de regeneración y modernización democrática que la Administración necesita y los ciudadanos merecemos. Permitiría hacer cómplices del engranaje institucional a las nuevas generaciones y adaptar los procesos políticos a las demandas de un nuevo tiempo. Más transparencia y mejores mecanismos de control sobre nuestros representantes públicos.

Nos permitiría afrontar sin ambages importantes cuestiones pendientes. Una justicia que necesita que le recoloquen la venda. Una jefatura del Estado desacreditada que merece un debate sereno y sin prejuicios. Y unas relaciones con la Iglesia católica impropias de nuestro tiempo. Todos ellos temas que deben formar parte del debate primero y del acuerdo después.

Necesitamos un acuerdo institucional que incluya un nuevo pacto entre capital y trabajo con eficaces mecanismos para luchar contra las brutales desigualdades generadas por la crisis y agravadas por la austeridad y la devaluación interna. Salarios en caída libre, relaciones laborales precarizadas y paro gigantesco. Resultado: una situación social devastadora.

Las rentas del capital se han disparado y el trabajo tiene una enorme carga impositiva. Las disfunciones fiscales provocan muy poca capacidad de recaudación (en términos comparados, es absurdamente poca) y concentrada en las clases trabajadoras y medias. En consecuencia, tenemos un gasto social maltrecho por los recortes y en muchos casos regresivo por su recaudación. Reequilibrar estos factores (capital y trabajo) mediante una profunda reforma fiscal y constitucionalizar los derechos sociales deberían ser parte fundamental del nuevo acuerdo. Redistribuir gracias a un crecimiento basado en cimientos más saludables y equilibrados con una potente maquinaria de provisión de bienes públicos; ese es el objetivo.

Se debe acomodar el Estado a una nueva dimensión política y geográfica. Obteniendo así herramientas para ensanchar la democracia en Europa e impedir que ocurran fallos institucionales como el de la crisis de la deuda soberana. La gran batalla política de este siglo será salvaguardar el contrato social europeo. Para ello, el Estado-nación es insuficiente y una UE inacabada puede convertirse en una ratonera. Ese es el reto y estos son los riesgos. Pero para esa batalla debemos dotarnos de herramientas suficientes.

Una segunda Transición en toda regla. El suelo se ha movido: si no rehacemos los cimientos, corremos el riego de que el edifico se venga abajo. Con nosotros dentro. Porque los riesgos están ahí. Una ruptura de la legalidad por la vía de los hechos (una Constitución es una pared de triple hormigón pero hasta esas se pueden romper). O una enorme frustración que fragmente o colapse el sistema político y lo haga inoperante. Camino abonado para el populismo y que dejaría todo el poder en manos de las fuertes oligarquías nacionales, esas familias que en el siglo XIX hicieron los trenes; en el XX, las carreteras; y en el XXI, la alta velocidad.

Demandemos un punto y aparte en la historia de España. Un reset que tenga como eje la profundización de la democracia en el ámbito económico e institucional. Un futuro común basado en el respeto, el reconocimiento mutuo y la lealtad federal. De no hacerlo, caminaremos al filo del despeñadero. Ha llegado la hora de recordar que el futuro está en nuestras manos.

La ratonera: el Euro y la austeridad

Al traspasar la soberanía monetaria, con la adhesión a la moneda comunitaria, infravaloramos sus consecuencias. El disfuncional diseño institucional del Euro ha dejado en la mínima expresión el margen de maniobra de los gobiernos nacionales y ha abierto la herida de la crisis de la deuda soberana. Pero a su vez está actuando como una jaula monetaria para el sur de Europa.

Taponar la herida sólo es posible con una acción clara y contundente de las instituciones europeas monetarias para que se comporten como tales: mutualización de la deuda (eurobonos), monetarizarla y salvaguardarla (protección del BCE) y diseñar un efectivo mecanismo de cooperación bancaria que proteja a los países con dificultades.

La política monetaria contempla además otras opciones. Podemos aplicar un agresivo shock monetario-fiscal. Imprimir billetes y regar la demanda con inversiones productivas provocando la devaluación de la moneda y un aumento de las exportaciones. Crearía empleo y sería una palanca para el crecimiento. Asumiríamos, eso sí, el coste de la inflación. En Japón ya funciona la fórmula.

Pero para esperar que se hagan los cambios institucionales necesarios o una proactiva y expansiva política monetaria deberíamos presuponer vida inteligente en el eje Frankfurt/Berlín/Bruselas.

Frente a estas opciones, ¿cuál es nuestra estrategia para salir del hoyo? Cavar más hondo. Una política presupuestaria agresivamente restrictiva (austeridad) y una devaluación interna en forma de bajada generalizada de salarios para ganar competitividad. Subestimando los efectos multiplicadores del gasto público y replegando el consumo interno con la devaluación, hemos situado la demanda en caída libre. En consecuencia, se agrava la recesión. Aumenta el paro, son necesarios mayores estabilizadores automáticos, más déficit, se hace inevitable una nueva dosis de austeridad, y volvemos a la casilla de salida.

La bola de nieve: la deuda

Cuando se abrió la herida de la crisis del Euro, España llevaba ya cinco años con un cuadro macroeconómico propio de una depresión; prolongadas tasas de paro y recesión. Un crecimiento desequilibrado cimentado en la barra libre de crédito y el boom inmobiliario nos ha llevado a la actual situación dejando a su paso ingentes tasas de deuda.

Si bien es cierto que nuestra deuda pública ha escalado hasta más del 85% del PIB tras el rescate al sistema financiero (desde un 36,30% en el 2007) nuestro gran problema sigue siendo la deuda privada. Actualmente la deuda total (pública más privada) en España supera el 400% del PIB. ¡El 400%!

Esta ingente deuda privada se formó especialmente en el periodo 2002-2007, pasó de los casi 1,2 billones de euros (159% del PIB) en 2002 a los 3,3 billones de euros (311%) en 2007. La principal causa, una burbuja de crédito fácil y barato provocada por el BCE. Las grandes constructoras, por ejemplo, retienen una deuda de 40.000 millones de euros, el equivalente a todo el rescate bancario europeo a España.

Los datos son muy claros. La deuda pública era mínima antes de la crisis y ésta ha provocado una transferencia continuada de deuda privada a pública. Es inconcebible ver como algunos analistas continúan culpando a la deuda pública de nuestros males económicos. Ésta es una consecuencia de la crisis, no su causa.

Esta enorme bola de deuda privada, combinación de familias y empresas, está machacando nuestra economía. Los esfuerzos de desapalancamiento están siendo inútiles. Es imposible asumirla en estas condiciones. España no es una potencia exportadora, tenemos una balanza comercial negativa. Y no parece que eso cambie de forma drástica sin tener la carta de la devaluación. Tampoco podemos hacer incentivos públicos (nacionales) con el déficit actual y con necesidades de consolidación fiscal (¡que deberíamos de relajar!).

En consecuencia, si descartamos por improbable el Plan Abe Europeo, el consumo interno y la inversión son las herramientas que pueden hacer recuperar, de forma más sostenible y equilibrada, la economía española. Pero esto, con la losa de la deuda encima es literalmente imposible.

Reestructurar el presente para tener futuro

¿Cómo solucionamos nuestro problema de deuda privada? Existen dos mecanismos. Uno, una elevada inflación durante algunos años. La inflación no hace disminuir el valor nominal de la deuda pero sí el real. Esto es imposible con una economía deprimida y sin voluntad de ejercer una política monetaria expansiva. Es más, es incluso posible tener deflación (bajada de precios).

Dos, reestructurando la deuda. Eliminando parte (con una quita) y haciéndola digerible. La deuda privada principalmente se basa en el mercado inmobiliario y su burbuja. ¿Y si quisiéramos reestructurar la deuda de forma justa y con impacto en la economía real? Podemos hacer una quita al sistema hipotecario que actualice las deudas contraídas al valor actual de los inmuebles. Las hipotecas y su terrible impacto social están en el centro del debate público pero también podrían ser una herramienta para generalizar una reestructuración.

¿Imaginativo? Sí, pero no tanto. Islandia en febrero de 2012 lo hizo. Actualizaron las hipotecas hasta un tope del 110% del valor actual de los inmuebles. Una operación muy razonable. Roosevelt durante la gran depresión, una situación con muchas similitudes a la actual, desarrolló un mecanismo de refinanciación de deuda y reestructuración del sistema hipotecario con la Home Owners’ Loan Corporation mediante la Homeowners Refinancing Act. Ayudó a alargar los plazos, estabilizar al sistema bancario y al mercado de bienes raíces.

Por otro lado, los inversores que inyectaron esas grandes cantidades de dinero de forma bochornosamente insensata en el periodo 2002-07 deben de ver ejecutado parte de los riesgos en los que incurrieron. Los activos inmobiliarios valen un 70% menos que en 2007. Es inconcebible y dañino que la deuda ligada a estos continúe intacta. El crash en el sector ha disparado los impagos, la tasa de morosidad agregada es del 19,35. Es preferible tener una deuda racional y bien estructurada que una mayor que no se vaya a pagar.

Una reducción de la deuda hipotecaria sería justa y permitiría tras la inyección al sistema bancario repartir la “ayuda” y aumentaría el poder adquisitivo y el consumo. Combinado con tipos de interés negativos, notablemente menores a la inflación, que penalizaran la no movilización de los recursos e incentivaran la inversión pondrían en circulación el capital suficiente para reactivar la economía y aumentar ingresos y gasto del estado. Y si nos lo proponemos, transformar nuestra economía caminando hacia un crecimiento equilibrado y con mejores cimientos.