Una deriva autoritaria está recorriendo el mundo democrático, en una especie de marcha que puede ser triunfal. Como sucede con cualquier amenaza, surge el interrogante de por dónde pueden materializarse los peligros. Quien está preparado amortigua mejor los golpes. La respuesta no es sencilla, porque la involución no se está desarrollando del mismo modo en todos los lugares. Pero, más allá de los matices o de las particularidades, podemos constatar un rasgo común: los pilares de la democracia representativa se pueden estar agrietando. Empiezan a ser cuestionados, a veces de manera frontal.

Hace unos veinte años, las proclamas autoritarias eran consideradas más bien anecdóticas en las democracias. Se trataba de exotismos inofensivos, ubicados en los márgenes del sistema político. Pero esas rarezas pueden ahora volverse mayoritarias. Y resurgen miedos que se habían olvidado. En las visiones más pesimistas, se recuerdan documentales en blanco y negro plagados de imágenes turbadoras, con brazos alzados marcialmente, furibundas arengas totalitarias, sufrimientos de víctimas de todo tipo. Las perspectivas más ecuánimes nos advierten más bien de posibles transformaciones del sistema democrático que podrían hacerlo irreconocible, como un boxeador con el rostro tumefacto tras haber sido sacudido de manera inmisericorde.

Después de las intensas convulsiones del siglo XX, parecía que la democracia representativa se había instalado en gran parte del mundo como una forma de gobierno consolidada, indiscutida y con una salud envidiable. Tras la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama publicó un influyente ensayo en el que sostenía que se había puesto punto final a la evolución ideológica de la humanidad y afirmaba que se iba a universalizar la democracia occidental como forma definitiva del gobierno humano. El mundo libre había triunfado. Aunque las tesis de Fukuyama sobre el “fin de la historia” despertaron un vivo debate, lo cierto es que disfrutaron de una estimable aceptación en el ámbito académico. El sistema democrático se perfilaba como una conquista irreversible. Esa gran victoria de la civilización iba a propiciar muchos otros logros en materia de derechos humanos.

Después del hundimiento de la Unión Soviética, la democracia pasó a ser el sistema político dominante en el mundo. En palabras de Yascha Mounk, el sistema democrático “parecía inamovible en América del Norte y en la Europa occidental, y estaba arraigando a pasos agigantados en países anteriormente autocráticos en la Europa del Este y en América del Sur, además de avanzar terreno a muy buen ritmo en naciones repartidas por toda Asia y toda África”.

En su informe sobre 2023, Freedom House señala que se han constatado retrocesos muy sensibles a nivel internacional en materia democrática, que se suman al deterioro progresivo y acelerado de las dos últimas décadas"

Sin embargo, tras el cambio de siglo, todo empezó a complicarse, porque a la felicidad le salen en seguida contratiempos. En los últimos años han surgido síntomas bastante serios de repliegue democrático. En su informe sobre 2023, Freedom House señala que se han constatado retrocesos muy sensibles a nivel internacional en materia democrática, que se suman al deterioro progresivo y acelerado de las dos últimas décadas. Esta entidad subraya que en 2023 los derechos políticos y las libertades civiles disminuyeron en 52 países. Esta situación contrasta con lo ocurrido desde 1974 hasta principios del siglo XXI, pues entonces se produjo una constante progresión de la democracia en el mundo, según las evaluaciones anuales de Freedom House.

El impulso renovado de la autocracia resulta inquietante. Esos pasos hacia atrás de los últimos años implican una verdadera recesión democrática, con incremento de las dictaduras y con un frenazo súbito en la incorporación de nuevas democracias. Y, además, con regresiones autoritarias en bastantes democracias o con reducción de la calidad democrática en las sociedades más avanzadas. En los países que han sufrido una involución y mantienen estructuras democráticas, se constatan fenómenos como la vulneración de la separación de poderes, el hostigamiento contra los medios, los ataques a los derechos de las minorías y los zarpazos al sistema electoral para asegurar reelecciones. 

Las perturbadoras sacudidas de la última década obligan a reflexiones profundas. La irrupción del trumpismo en Estados Unidos representa un fenómeno que ha conmocionado a los expertos internacionales, por su especial simbolismo, en el estado más poderoso del planeta, en un país que carecía de precedentes de gobiernos de signo autoritario. En un ámbito muy distinto, las posibilidades de apertura democrática en Rusia se han evaporado tras el autoritarismo creciente del régimen de Putin. 

Los signos de deterioro se han ido sucediendo por todo el mundo. El ascenso al poder en Brasil por parte de Jair Bolsonaro fue una accidentada experiencia, llena de gestos despóticos, soflamas homófobas y prácticas contrarias a los valores de las instituciones democráticas. Turquía había realizado meritorios avances para homologarse a las sociedades democráticas, con expectativas incluso de ingresar en la Unión Europea, pero los sucesivos mandatos de Recep Tayyip Erdogan la han convertido en un estado abiertamente autoritario. En Reino Unido lo más sorpresivo del Brexit fue que la decisión popular se adoptó principalmente a partir de las proclamas xenófobas de la ultraderecha británica, que se impuso a la línea de los partidos tradicionales. 

Incluso en países como Alemania, donde era impensable que volviera a articularse una amplia extrema derecha, el ascenso del nacionalpopulismo conservador resulta manifiesto"

En Hungría y Polonia se emprendieron políticas de retroceso, con embestidas enérgicas contra la separación de poderes, el pluralismo político y los derechos de las personas. En el momento actual se mantienen incógnitas sobre la evolución del sistema democrático en Italia o Argentina, a partir de los nuevos gobiernos de derecha radical de Giorgia Meloni y de Javier Milei. Incluso en países como Alemania, donde era impensable que volviera a articularse una amplia extrema derecha, el ascenso del nacionalpopulismo conservador resulta manifiesto. Como dato muy elocuente, la mayor organización política del mundo es el Partido Popular Indio, actualmente en el poder, con posiciones de derecha radical que son contrarias a los derechos de las minorías. 

En el conjunto de los países de la Unión Europea se ha producido un sensible incremento del respaldo a la extrema derecha, que ha alcanzado una destacada presencia en casi todos los parlamentos, lo cual le ha permitido participar en bastantes gobiernos. El resultado de las elecciones europeas de junio de 2024 ha vuelto a confirmar el auge de los partidos ultraconservadores.

Por otro lado, hace poco más de un lustro, los expertos internacionales aún sostenían que el nefasto recuerdo del franquismo explicaba la ausencia relevante de extrema derecha en España. La realidad sobrevenida les ha obligado a revisar sus premisas. De hecho, ahora mismo el debate es muy distinto: la pregunta pertinente es si pueden desarrollarse procesos similares de involución democrática en España. Incluso surgen interrogantes sobre si la democracia puede llegar a estar amenazada en nuestro país. 

De partida, debería descartarse la posibilidad de un golpe de estado a la antigua usanza. Nuestras fuerzas armadas se han democratizado y no se aprecian elementos de riesgo procedentes de la esfera militar. Pero no deberíamos ignorar movimientos de reconfiguración social, económica y política como los ocurridos recientemente en otras partes. En un mundo cada vez más interconectado, hay patrones comunes que se replican en los más variados lugares.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han aclarado que en los tiempos contemporáneos las democracias no mueren a manos de generales armados, sino de líderes electos que consiguen subvertir el proceso que los condujo al poder. Según estos autores, el riesgo principal de desmantelamiento de los sistemas democráticos no se encontraría en los golpes de estado ejecutados de forma clásica, sino en las dinámicas de demolición autoritaria desde dentro. Los autócratas triunfantes en las urnas mantienen una apariencia de democracia, pero la van destripando hasta despojarla de contenido. Como advierte Ignacio Sánchez-Cuenca, la deriva autoritaria “se produce gradualmente, no mediante una impugnación de los principios fundacionales de la democracia, sino mediante un desmontaje pausado de sus reglas y prácticas institucionales”. Las situaciones críticas en algunos países nos alertan de amenazas a las que deberíamos prestar la debida atención.

El incremento de los discursos autoritarios se produce al ser asimilados, a veces de manera entusiasta, por sectores de la ciudadanía que antes no cuestionaban los valores democráticos"

El incremento de los discursos autoritarios se produce al ser asimilados, a veces de manera entusiasta, por sectores de la ciudadanía que antes no cuestionaban los valores democráticos. Dos décadas atrás eran muy minoritarias las percepciones que ponían en duda el futuro de la democracia. Algo puede estar empezando a cambiar. 

Tras la II Guerra Mundial, durante décadas hubo en el mundo occidental un consenso generalizado a favor del sistema democrático. Se basaba en una intensa identificación cultural con sus reglas y en la ausencia de alternativas significativas en sentido contrario. Sin embargo, los análisis de datos de Yascha Mounk acreditan que en los últimos años en bastantes países se ha acrecentado el porcentaje de personas que no consideran esencial vivir en un país gobernado democráticamente. Se trata de porcentajes que siguen siendo minoritarios, pero van peligrosamente en aumento. Y resulta preocupante constatar que son más elevados en las franjas de los más jóvenes.

La democracia pluralista ya no es tan indiscutible. A partir de la revolución digital, estamos cimentando nuestras sociedades sobre nuevas bases, de solidez incierta, que pueden incidir muy sensiblemente en la tipología de nuestro sistema político. Todo se acelera a la velocidad viral de internet. Deberíamos prestar atención a esas transformaciones: como sabía Saint-Exupéry, el futuro no se puede adivinar, pero sí se puede consentir. 

Ya tenemos en el Parlamento la ley más esperada de los últimos tiempos. Y, para bien o para mal, las expectativas sobre su impacto no han defraudado. Hay entusiasmo en un lado, ante el previsible retorno de Puigdemont desde Waterloo a Barcelona, tras su travesía en el desierto, acompañado de las tablas de la ley de amnistía, gracias a la apertura casi milagrosa de las aguas por parte de los partidos rojos que forman ese Mar Rojo. En el otro lado, suenan las estridentes trompetas del Apocalipsis que anuncian la extinción del Estado de Derecho o incluso de la España eterna, con políticos conservadores enrabietados, togas enardecidas y hooligans futbolísticos en las calles.

A pesar de tanto fervor en el debate público, aún resulta posible intentar reflexionar con sosiego sobre la proposición de ley que se ha presentado. Y el aspecto más controvertido es el de su constitucionalidad. En abstracto, la figura jurídica de la amnistía parece compatible con nuestra Constitución, pues esta indica que se podrá “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley”. Es notorio en el ámbito jurídico que el término 'derecho de gracia' comprende tanto el indulto como la amnistía. Lo ha reiterado la jurisprudencia, se recoge esa dualidad en nuestras constituciones históricas, se define así por la RAE y lo podemos leer en cualquier manual de derecho. Todo ello implica que el constituyente decidió derivar al legislador la posibilidad de que se aprueben indultos y amnistías, como también se desprende de algunas resoluciones del Tribunal Constitucional. 

Se ha objetado que la Constitución sí prohíbe los indultos generales. Pero un indulto general no es una amnistía, del mismo modo que los gatos y los perros son animales, pero diferentes. El indulto perdona una pena impuesta y es acordado por un decreto del Gobierno; sin embargo, la amnistía perdona el hecho delictivo, incluso aunque no haya pena, y es aprobada por ley por el Parlamento. Resulta comprensible limitar la acción del Gobierno y ampliar la del Parlamento, como poder estatal que es representante directo de la ciudadanía. De hecho, en nuestras constituciones históricas ha estado muy presente esa distinción en el pasado. Por ejemplo, en la Constitución de 1931 se reguló la aprobación de la amnistía por el Parlamento y quedaron prohibidos los indultos generales, como muestra evidente de que estamos ante dos figuras jurídicas distintas.

También suele repetirse que la amnistía afecta a la igualdad en la aplicación de la ley, a la actuación judicial y a la separación de poderes. Todo ello es cierto. Ocurre exactamente igual con los indultos. Esa excepcionalidad deriva del propio texto constitucional y es la particularidad más relevante del derecho de gracia. En nuestro país se ha indultado a miles de condenados por delitos graves, entre ellos a golpistas, torturadores o corruptos, que han contado con la suerte (a veces con la injusticia) de obtener la gracia gubernamental, mientras otras personas han cumplido resignadamente sus penas. Resulta llamativo que ahora con la amnistía se insista tanto en la desigualdad y en la limitación de la actuación judicial, como muestra de amnesia selectiva sobre lo ocurrido con los indultos. Lo cierto es que también el poder judicial está sometido al imperio de la ley. Debe respetarla cuando se aplica el derecho de gracia a través de indultos o amnistías, porque los jueces no contamos con bulas especiales.

Además, no debemos olvidar que la amnistía es una medida de gracia existente en los países de nuestro entorno, que cuenta con el aval de los tribunales europeos. Estados vecinos como Francia o Portugal han aprobado leyes de amnistía en las últimas décadas. Y esta medida de gracia se ha aplicado o forma parte del ordenamiento de países como Alemania, Suecia, Italia, Países Bajos o Reino Unido, entre otros. Estamos hablando de algunas de las democracias más avanzadas del mundo. Y por eso causa una perplejidad desconcertante escuchar que vamos hacia una dictadura si aplicamos así el derecho de gracia.

Ahora bien, que la amnistía sea una figura jurídica compatible con nuestra Constitución no significa necesariamente que esta ley sea constitucional. Se trata de una medida excepcional. Su validez estará muy relacionada con su motivación y con que el perdón acordado no sea arbitrario y responda a fines de interés general. 

Es interesante conocer el criterio del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, pues en su Constitución no estaba contemplada la amnistía, pero se consideró que el legislador era competente para acordarla, a partir de sus atribuciones en materia penal. La medida de gracia así concebida suponía una derogación retroactiva favorable de la ley penal, acotada a determinadas personas y durante un tiempo concreto. Para no vulnerar la igualdad en la aplicación de la ley, el alto tribunal alemán estableció una serie de requisitos, entre ellos la justificación del trato desigual, la proporcionalidad y la interdicción de la arbitrariedad.

Con bastante seguridad, nuestro Tribunal Constitucional va a efectuar una ponderación similar a partir de esos principios. Y lo cierto es que la proposición de Ley de Amnistía se ha esforzado por cumplirlos. El texto está bien trabajado en sus aspectos técnicos. Ciertamente, es bastante mejor que el documento del pacto político, incluso en su estilo literario. La proposición motiva ampliamente el interés general de la amnistía, que basa en la normalización institucional, política y social de Catalunya, así como en la necesidad de recuperar la concordia perdida durante el conflicto. También subraya la importancia del cumplimiento del Estado de Derecho y del acatamiento del ordenamiento jurídico, lo cual representa implícitamente el abandono de la vía unilateral.

Por otro lado, la proposición de ley elude los riesgos de arbitrariedad a través de una mirada inclusiva y de una perspectiva restrictiva. En primer lugar, la inclusión permite la exoneración de todos los afectados del procés que están incursos en causas judiciales, como los miembros de las fuerzas de seguridad, los políticos, los empleados públicos o los ciudadanos que participaron en protestas que acabaron en disturbios. La medida de gracia no se centra en que Puigdemont regrese a la tierra prometida, sino que incluye a centenares de personas, lo cual propiciará el retorno a la concordia en sus entornos sociales. En segundo lugar, de forma acertada, se esquiva otro riesgo de arbitrariedad a través de la restricción de no incluir en la medida de gracia causas judiciales relacionadas con casos de corrupción, porque nada tienen que ver con el procés.

A partir de ahí, el Tribunal Constitucional habrá de valorar los recursos, impugnaciones y cuestiones que se le puedan elevar. Y, posiblemente, habrá de pronunciarse sobre uno de los aspectos más dudosos de la proposición de ley, en referencia al problema de que exista arbitrariedad en la amnistía, al estar mezclados los decisores y los beneficiarios de la medida de gracia. 

En todo caso, parece muy posible que el Tribunal Constitucional se incline por el valor preferente del interés público que se esgrime como motivación de la ley. Esas razones pueden no compartirse, pero están ahí. La principal es finalizar la situación anómala de la representación política en Catalunya, sin olvidar que cerca de la mitad de la población catalana llegó a respaldar el incumplimiento del ordenamiento vigente, por lo que resultará muy positivo el cierre de esa etapa. Lo cierto es que la ley de amnistía no está planteada como un regalo a Puigdemont, sino como una apuesta bastante articulada para clausurar un conflicto muy intenso, que durante años ha causado indudables traumas en nuestro país. 

La fórmula elegida puede ser discutida, pero eso es lógico en una sociedad plural. Estas discrepancias deben resolverse democráticamente en el Parlamento, que es la sede de la soberanía popular. Si hubieran obtenido mayoría absoluta los partidos que se opusieron al indulto a Junqueras y otros dirigentes independentistas, ahora no sería posible aprobar una ley de amnistía. Pero en las elecciones de julio la ciudadanía optó libremente por configurar otra mayoría. Y eso implica recordar que la aceptación del resultado de las elecciones y del sistema de mayorías parlamentarias es la base de la democracia, sin perjuicio de los recursos que correspondan ante los tribunales competentes. Ser demócratas implica adoptar esa actitud. Hay que saber ganar y hay que saber perder.

Asistimos estos días a bastantes proclamas altisonantes en las que se asegura que la violencia de género no existe. Los datos oficiales certifican que en los últimos diez años han sido condenados por este delito cerca de trescientos mil hombres, pero estos agresores no existen, ni tampoco sus víctimas. No existen las más de 1.200 asesinadas por crímenes machistas desde 2003. En las últimas dos décadas he tomado declaración como juez de instrucción a centenares de mujeres golpeadas, vejadas o amenazadas, pero estas tampoco existen. 

Quizás debería dar credibilidad completa a estas arengas negacionistas y no a lo que he visto con mis propios ojos. Quizás deberíamos hacer caso a quienes sostienen sin despeinarse que la violencia machista es una leyenda urbana inventada por hordas de feminazis o por la masonería internacional. Quizás deberíamos ignorar los registros públicos que desvelan que en la violencia en la pareja el 95% de los condenados son hombres y que en la violencia sexual casi el 100% de los agresores son varones. O tal vez sería más apropiado concluir que hay que ser muy machista para ignorar todos esos datos objetivos, para ser insensible ante tanto sufrimiento y para negar una asimetría estructural tan discriminatoria.

Algunas voces pretenden derivar la controversia al ámbito terminológico. Afirman con cierta simplicidad que las agresiones contra las mujeres son una forma de violencia familiar, idéntica a las restantes, por lo que debe regularse del mismo modo. Por ello, propugnan suprimir el concepto de violencia de género. Sin embargo, estas conductas delictivas no son equiparables, como lo demuestra la realidad social y su propia naturaleza. Si partimos del total de delitos cometidos en la esfera familiar, la violencia de género contra las mujeres representa el 83%. El resto de las infracciones (agresiones de padres a hijos, de hermanos entre sí o de esposas contra maridos, entre otras) supone solo el 17%. 

Carece de sentido que el porcentaje mucho mayor de la violencia de género desaparezca como categoría para quedar diluido en el minoritario porcentaje de la violencia familiar. Así solo se lograría invisibilizar la violencia contra las mujeres, para que no se hable de ella, como ha ocurrido casi siempre a lo largo de la historia. Al contrario, cualquier plan de actuación contra la violencia machista implica visibilizar este grave problema y adoptar medidas específicas. 

Además, la violencia machista presenta unas características distintivas propias. Así lo han expresado los más diversos tratados internacionales en la materia, que explican que las mujeres sufren esas agresiones por razón de género. El Convenio de Estambul es el más relevante en el ámbito europeo y señala que el género es la referencia central para entender este tipo de violencia estructural. La noción de sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En cambio, el género estaría integrado por “los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres”, según el Convenio. Se trata de unos patrones culturales forjados a lo largo de la historia de la humanidad. Según esos roles discriminatorios, hay cosas de hombres, como la caza, el fútbol o el coñac; y hay cosas de mujeres, como fregar, hacer la compra o aceptar que el marido les pegue lo normal. 

Formar parte del Convenio de Estambul conlleva aplicar medidas específicas contra la violencia de género, al margen de la que se ejerce entre otros miembros del grupo familiar. Y, precisamente, los países que realizan una gestión más contraria a los derechos de las mujeres son los que desdeñan la realidad de la violencia de género y los que se han opuesto al Convenio de Estambul. Hungría ha rechazado ratificar ese tratado y Turquía se retiró del mismo tras suscribirlo inicialmente. En ambos casos, se puede constatar la presión de sectores religiosos tradicionalistas que siempre han justificado la desigualdad entre mujeres y hombres. En ambos casos, se argumenta que las mujeres no necesitan una protección específica, sino que basta con la legislación en el ámbito familiar.

Se trata de discursos idénticos a los de quienes también afirman aquí que no existen las agresiones machistas. En España se aprobó por unanimidad de todos los partidos en 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género. La protección legal de las mujeres ha gozado de un amplio consenso social en estos años. Cuestionar esas medidas específicas sería un grave retroceso. Los negacionistas califican como dictadura feminista o ideología de género a lo que simplemente es el contenido de los tratados internacionales suscritos por España, en la línea de las democracias avanzadas. Esconder la violencia machista bajo la alfombra nos llevaría a la situación de Hungría y Turquía.

Nuestro sistema democrático presenta insuficiencias de cierta entidad, pero también cuenta con fortalezas relevantes, a menudo ignoradas. Entre ellas, debemos subrayar que la calidad de nuestro procedimiento electoral ha progresado notablemente en las últimas décadas. Sería muy lamentable que la penetración en España de los discursos trumpistas acabara erosionando lo que se ha construido colectivamente con gran esfuerzo.

Los evaluadores internacionales califican a nuestro país de forma habitual entre los mejores del mundo en materia de limpieza del proceso electoral, eficiencia en la organización de elecciones y respeto al pluralismo político. El prestigioso índice V-Dem de la Universidad de Gotemburgo acaba de situar en su último informe a España en el puesto 11 a nivel global en esta materia, junto a las democracias más avanzadas y por delante de países como Alemania, Reino Unido, Finlandia o Estados Unidos. 

Además, se trata de una valoración positiva que resulta comprobable con datos que están a la vista. Lo sabemos quienes ejercemos funciones en las juntas electorales o en los más diversos organismos. Lo saben quienes han desempeñado puestos en las mesas y también los interventores de los partidos. Lo sabe nuestra propia ciudadanía, que es muy exigente con el juego limpio en el proceso electoral. Nos hemos superado en ese campo como sociedad, porque apenas hay irregularidades en los comicios. Como regla general, el escrutinio se realiza correctamente, el resultado se difunde en pocas horas y todas las fuerzas políticas lo aceptan sin reservas. Hay democracias más antiguas que la nuestra en las que estas cuestiones siguen siendo problemáticas.

No se trata de lanzar las campanas al vuelo. Los mismos evaluadores internacionales que nos elogian en esta cuestión también nos reprochan cada año que se nos han enquistado alarmantes problemas de corrupción política, que sufrimos graves injerencias partidistas en el poder judicial y que los niveles de participación ciudadana en la democracia (más allá de esas citas con las urnas) son más bien raquíticos. En esos otros apartados, las puntuaciones de España están alejadas de las democracias más avanzadas. En cambio, en el componente electoral hemos evolucionado muy favorablemente y deberíamos estar orgullosos de ello. 

El trumpismo y otras corrientes similares se han distinguido en los últimos años por sus ataques contra principios esenciales de la democracia representativa, con riesgos elevados de involución autoritaria. Entre sus acaloradas proclamas contra el pluralismo se encuentra la no aceptación de los políticos rivales como adversarios legítimos y, especialmente, la puesta en duda del proceso electoral de forma arbitraria y la desautorización agresiva de los resultados cuando no les benefician. Sería muy nocivo para la consistencia de nuestro sistema democrático que esos postulados se desarrollaran también en España. Sin embargo, hemos visto alegatos inquietantes en esa dirección por primera vez en las últimas elecciones municipales y autonómicas. 

Evidentemente, la solidez acreditada de las estructuras electorales resulta compatible con la aparición de anomalías muy puntuales. En las últimas elecciones se han denunciado algunas irregularidades en el voto por correo, de escasa trascendencia de conjunto y de magnitud similar a lo sucedido en votaciones anteriores. Han aparecido en unos pocos pueblos pequeños y han salpicado a agrupaciones locales de los dos principales partidos del país. Únicamente en Melilla los indicios de fraude han implicado a más electores, pero también se trata de una situación con precedentes en comicios anteriores. Son episodios singulares que afectan a unos pocos miles de electores de una docena de poblaciones, en unas elecciones en las que pueden votar más de treinta y siete millones de ciudadanos de 8.131 municipios. 

No es extraño que se puedan comprar votos en un puñado de lugares periféricos. Lo que ahora ha sido muy novedoso es que destacados dirigentes políticos a nivel estatal hayan empezado a cuestionar por primera vez nuestro proceso electoral, sin ninguna base. Puede ser un salto cualitativo muy peligroso. Ante la convocatoria de las próximas elecciones generales, sería una enorme irresponsabilidad continuar por ese camino con finalidades partidistas, porque dañaría la confianza en nuestro sistema democrático, que es una de las claves medulares de su funcionamiento eficaz. 

El reconocimiento internacional de la limpieza de nuestro proceso electoral es un logro colectivo. Ningún partido puede atribuirse esa mejora en solitario, porque es un mérito de todas las fuerzas políticas, de instituciones muy diversas y del conjunto de nuestra ciudadanía. No deberíamos aceptar que la toxicidad de las estrategias trumpistas deteriore los avances democráticos de nuestra sociedad. Sería un serio retroceso en la calidad institucional de nuestro país. No lo merecemos.

Ilegalizar partidos es una práctica habitual de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. Los sistemas democráticos solo aplican una medida tan drástica en supuestos muy excepcionales de utilización partidista de la violencia para la consecución de objetivos políticos. El pluralismo es la esencia de la democracia. Como valor superior de nuestro ordenamiento constitucional, la pluralidad política presupone la diversidad de opciones igualmente legítimas que deben poder convivir en el espacio público.

Las peticiones de ilegalización de Bildu vuelven a poner de manifiesto compromisos frágiles con el pluralismo. Lo cierto es que nunca han estado presentes tantas peticiones de borrar partidos del mapa democrático. Desde determinados discursos de extrema derecha se pide continuamente ilegalizar a partidos independentistas, nacionalistas o a fuerzas de izquierda. Pero también hay voces progresistas que pretenden la expulsión del tablero democrático de formaciones de la derecha radical o incluso del PP. 

Ese rechazo del pluralismo ideológico ha sido un rasgo distintivo histórico en España del pensamiento conservador. Algunos autores han examinado en profundidad los orígenes en el pasado de esas concepciones y las han conectado con las reiteradas dificultades para vertebrar el sistema democrático en nuestro país. Américo Castro analizó nuestra construcción estatal desde el siglo XV y la relacionó con la enorme influencia de la Iglesia Católica, que comportó la expulsión de los judíos y de los moriscos, así como la aniquilación de protestantes y miembros de otras creencias catalogadas como herejías. Esas visiones sobre la limpieza de sangre o la pureza de espíritu arraigaron hondamente en la sociedad. La Inquisición fue una de las instituciones más populares del país durante siglos. 

La persecución de las mentalidades discrepantes estuvo siempre muy presente y torpedeó aquí la implantación de una democracia liberal como la que se desarrolló en otros lugares (basada precisamente en el pluralismo). La noción ancestral de esa España eterna era incompatible con la presencia de traidores que carcomían su carácter sagrado. Uno de los principales padres intelectuales del conservadurismo español, Marcelino Menéndez Pelayo, escribió una de sus obras más conocidas con el título Historia de los heterodoxos españoles, en la que en ocho tomos retrataba despiadadamente a un largo listado de infieles anticatólicos, ilustrados irreverentes o liberales recalcitrantes. De hecho, con fundamento en todos esos dogmas de limpieza ideológica, el golpe de estado de 1936 y la brutal represión del franquismo incorporaron como objetivo central el exterminio de enemigos de la patria y de heterodoxos de la anti España. No resulta difícil detectar actualmente esa perspectiva antipluralista en los ámbitos del llamado franquismo sociológico. 

Con esos antecedentes históricos, deberíamos preservar con firmeza el pluralismo democrático. En la actualidad no hay ningún grupo político con representación parlamentaria que utilice la violencia e incumpla la Ley de Partidos. Ni Bildu ni ningún otro. Para que se pueda acordar la disolución de una organización política, la ley exige como premisa el respaldo de métodos violentos o de actuaciones terroristas. Al no existir ETA ni terrorismo activo, ese requisito resulta de concurrencia imposible. La inclusión de candidatos condenados por terrorismo no es una premisa para la ilegalización, sino que está configurada en la ley como un indicativo (entre muchos otros) de soporte a dinámicas terroristas existentes. La ilegalización de Bildu carecería del más mínimo encaje legal y, además, se trata de un partido que no alienta la violencia para la obtención de fines políticos.

El debate sobre la inclusión de candidatos condenados no es nuevo. Se ha producido otras veces, también en relación con delitos diferentes. Afecta a cuestiones como los principios éticos que deben inspirar las listas electorales, los efectos de la reinserción o el mensaje simbólico que se traslada a la ciudadanía. Pero no puede justificar las peticiones de ilegalización, que están más relacionadas con las concepciones de pretender expulsar aquello que a algunos les desagrada. Sin embargo, quienes plantean esas exigencias pueden ser objeto igualmente de demandas de expulsión, porque también pueden irritar a sus adversarios. Y ese bucle acaba siendo opuesto al pluralismo democrático. 

Esas inclinaciones excluyentes han sido tradicionalmente conservadoras en nuestro país, pero ahora también están impregnando a sectores progresistas, en el marco de la denominada cultura de la cancelación. Cuando a alguien no le gustan las ideas de un partido, lo correcto para un verdadero demócrata será intentar persuadir a la sociedad de que no lo apoye, en lugar de pretender recurrir al comodín fácil de requerir su desaparición forzosa. Como explicó John S. Mill, nuestras ideas no son infalibles y la manera de defenderlas no puede ser extirpando las contrarias, sino aceptando la exposición de todos los argumentos en el debate público, para que sea la ciudadanía la que pueda optar libremente por lo que más le convence. 

Ilegalizar partidos implica anular políticos, ideas y votantes. No resulta admisible hacerlo cuando los postulados de una formación política se expresan sin violencia, porque supondría un ataque al pluralismo. Además, vincular estas peticiones infundadas con ETA puede suponer una patrimonialización de la lucha contra el terrorismo con finalidades electorales, de aspecto poco edificante, porque esa defensa de la democracia fue colectiva. Las proclamas de ilegalización de un partido sin justificación siempre están conectadas con discursos autoritarios y poco democráticos.

Nuestro sistema judicial se ha convertido en una trinchera interminable. Primero se movilizaron los letrados de la administración de justicia, con una huelga indefinida que duró dos meses y paralizó decenas de miles de procedimientos. Después vinieron paros convocados por los sindicatos de funcionarios públicos y también protestas de diversos sectores de la abogacía. Ahora se ha anunciado una huelga de jueces y fiscales. Sin embargo, no se trata exactamente de una guerra de todos contra todos, como diría Hobbes, sino de un envite de todos los colectivos de la justicia contra quienes deberían resolver las insuficiencias en dicho ámbito.

Asistimos a quejas muy extendidas, desde el trasfondo del inmenso malestar que recorre todos los palacios de justicia, a partir de una desmedida sobrecarga de asuntos. Muchos de nuestros órganos judiciales están trabajando a más del 200% de la carga prevista oficialmente como adecuada. Los organismos europeos nos recuerdan constantemente que nos encontramos en los niveles más bajos de la UE en porcentaje de jueces por habitante. Y se trata de penurias que también afectan a los restantes operadores jurídicos. Las montañas de papel siguen decorando los juzgados, a menudo en edificios judiciales insalubres, y la digitalización se va implantando con lentitud parsimoniosa. Por razones obvias, la incapacidad estructural para afrontar la litigiosidad existente provoca sensibles demoras que perjudican a la ciudadanía. Un fracaso institucional de esta envergadura no se improvisa en dos meses o en dos años, sino que es el resultado de un irresponsable abandono histórico por parte de nuestros gobernantes. 

No solo son exiguos los medios personales y materiales. Además, se encuentran pésimamente organizados. Nuestra demarcación procede en gran parte de un decreto de 1834 que trazó unos partidos judiciales propios de un país esencialmente rural, con comunicaciones difíciles, sin apenas similitudes con los tiempos actuales. Han transcurrido casi dos siglos, pero seguimos con la misma organización territorial. Y no han acabado de cuajar las tentativas desordenadas de desarrollar una nueva oficina judicial que supere el sistema burocrático decimonónico de los juzgados que se crearon en esos partidos judiciales. 

También hay insuficiencias significativas de marco procesal. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada en 1882. Aunque ha sido objeto de reformas, parcheados y remiendos, todavía conserva buena parte de su articulado inicial. Con referencias a los alcaides, relatores, alguaciles y escribanos de cámara, bastantes de sus pasajes nos transportan al aroma y a la letra de las novelas de Benito Pérez Galdós, cuando la gente viajaba en carruaje y comenzaba a utilizarse la luz eléctrica. No se puede investigar y juzgar la delincuencia del siglo XXI con instrumentos del siglo XIX. Nuestro proceso penal sigue siendo muy farragoso y, además, la combinación con la carestía de medios facilita que se retarden sensiblemente los procedimientos.

A pesar de las promesas electorales unánimes de todas las fuerzas políticas para modernizar el sistema judicial, también ha sido unánime el incumplimiento de esos compromisos por parte de los sucesivos gobiernos. Y la ciudadanía percibe las graves deficiencias existentes. Según el CIS, cerca del 80% de la sociedad piensa que la reforma de la administración de justicia es bastante o muy necesaria. Y el 72% considera que hacen falta más jueces. Los niveles de satisfacción de la ciudadanía con la justicia se encuentran en niveles bajísimos y a considerable distancia de otros servicios públicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Todas esas anomalías son sufridas especialmente por los abogados y abogadas, que las explican detalladamente con toda la razón a sus defendidos. Y las carencias se acentúan en un espacio tan sensible para la tutela judicial en un Estado Social como el turno de oficio, con serios perjuicios para los letrados, que se concretan en retribuciones insuficientes, condiciones penosas y derechos profesionales muy limitados.

Cabe añadir que, en el ámbito judicial, la sobresaturación ha desencadenado numerosas secuelas en materia de salud laboral. Y, paradójicamente, ese exceso de trabajo se ha visto recompensado en los últimos años con los más diversos recortes salariales, así como con la inobservancia de las promesas de reintegro económico. No puede sorprender que la consecuencia más directa de esta situación sea una intensa desmoralización y un creciente enfado en todos los ámbitos. 

Algunas voces afirman que esas protestas están siendo alentadas por sectores contrarios al gobierno. Sin duda, en todos los colectivos puede haber grupos que busquen el desgaste de cualquier gobierno, pero no tendrían éxito si no existiera una base de descontento generalizado. La justicia es un gran bosque seco, candente y sin apenas gestión forestal, al que solo falta una colilla y un poco de viento para que se incendie por completo. O, si se desea una metáfora más explosiva, nuestro sistema judicial es un polvorín que puede estallar ante una mínima mecha.

Por otro lado, no se debería ignorar que una huelga de jueces y fiscales presenta efectos simbólicos muy notables, por la relevante función constitucional que desempeñan. Sería lamentable que desde el ámbito ministerial no se adoptaran las medidas necesarias para encauzar una conflictividad tan manifiesta. Ante una convocatoria de huelga, se puede discutir el calendario decidido, la forma de plantear los paros o las razones de oportunidad. No obstante, si analizamos con ecuanimidad el fondo de las tensiones, hay motivos de insatisfacción muy evidentes, que son compartidos por todas las sensibilidades ideológicas de estas profesiones. El Gobierno debería mover muchas fichas e impulsar todas las iniciativas pertinentes, para evitar nuevos terremotos que todavía empeoren más la salud de un enfermo que no está precisamente para exponerse a emociones muy fuertes.

La realidad es que en el ámbito político solo ha habido debates enfervorizados para controlar la cúpula judicial, como lo demuestra el lastimoso espectáculo que rodea la situación del desacreditado CGPJ. Pero jamás hemos visto esas mismas pasiones parlamentarias tormentosas para promover una reforma del sistema judicial que lo convierta en un servicio público de calidad. Al mismo tiempo, una gran parte de nuestra sociedad no ha exigido soluciones, en contraste con las movilizaciones cívicas en otros sectores. Y los colectivos judiciales deberíamos hacer autocrítica por no haber sabido buscar complicidades y apoyos en la ciudadanía, así como por no haber logrado trasladar el alcance de todas nuestras penalidades diarias. 

Sería triste que acabáramos diciendo que a la administración de justicia entre todos la mataron y ella sola se murió. Esta situación crítica sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra democracia. Pero las crisis existen cuando lo antiguo no funciona y lo nuevo no acaba de surgir. Es hora de activar modificaciones estructurales en nuestro sistema judicial, porque todos estos conflictos son síntomas de patologías institucionales muy profundas. 

Algunos no se conforman con apoyar, justificar o blanquear la dictadura franquista. Además, también pretenden que sus símbolos continúen presentes en espacios destacados de nuestro sistema democrático o, incluso, que su mantenimiento sea sufragado con los impuestos de toda la sociedad. La inminente exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros vuelve a poner de manifiesto algunas contradicciones inquietantes sobre cómo hemos construido nuestra democracia.

Hay datos muy ilustrativos. Con la inscripción “Caudillo de España por la gracia de Dios”, las pesetas con la imagen de Franco continuaron circulando hasta 1997, veintidós años después de la muerte del dictador, casi hasta la entrada en el euro. No hace falta ser emperador romano para comprender la relevancia de quién puede imponer que las monedas lleven su efigie. En 1988 murió Carmen Polo, con la pensión más elevada del país (muy por encima de lo que cobraba el presidente del Gobierno), como viuda de jefe de Estado, gracias a la enigmática generosidad de nuestra democracia. Los restos mortales del propio Franco se mantuvieron en un mausoleo faraónico de carácter público, con todos los honores, más o menos hasta anteayer. Y aún son visibles muchísimos vestigios de la dictadura por los más diversos rincones del país.

La tumba del fundador de Falange en un lugar preeminente del Valle de Cuelgamuros es abiertamente contraria a la vigente Ley de Memoria Democrática. Era obligatorio acabar con esa anomalía institucional. Sin duda, la figura histórica de Primo de Rivera presenta aspectos controvertidos. Era un personaje culto, de pensamiento complejo, que presumía de amistad sincera con intelectuales de ideas contrarias a las suyas. Al mismo tiempo, han quedado por escrito sus llamamientos violentos a la “dialéctica de los puños y las pistolas” y sus discursos contrarios a la democracia. Por otro lado, muy probablemente se habría enfrentado a Franco por la gestión del régimen dictatorial, como les sucedió a algunos dirigentes falangistas que fueron apartados.

La desaparición de José Antonio Primo de Rivera facilitó el plan del franquismo de vertebrar una arquitectura política que imitaba aspectos de la Alemania nazi y del fascismo italiano. El cerebro de la operación, Serrano Suñer, utilizó una organización poco implantada antes de la guerra, como Falange, para articular políticamente el nuevo Estado. Su principal ideólogo ya no estaba presente, tras su fusilamiento por las autoridades republicanas, acusado de golpismo, lo cual propició que fuera canonizado como mártir del franquismo al servicio de la causa. Más allá de las controversias sobre las ideas de José Antonio Primo de Rivera, resulta poco discutible la función instrumental de su figura en la dictadura, como icono del golpe de estado de julio de 1936 y del nuevo régimen que se instauró por la fuerza, tras la destrucción del orden democrático constitucional. 

Esa función simbólica, acompañada de distinciones honoríficas, es claramente incompatible con nuestras instituciones democráticas. Casi cincuenta años después de la muerte de Franco, resulta inaceptable que todavía ocupe un puesto de honor en un edificio público el jefe del partido que encarnó en España los principios del fascismo. Por estas cuestiones en Europa aún nos miran con estupor. Se trata de una incoherencia democrática y sus familiares deben darle sepultura en el recinto privado de su elección. Y cabe recordar que ese mismo derecho sigue sin ser reconocido a las decenas de miles de familiares de víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Algunas siguen junto a multitud de cunetas, otras se encuentran en el mismo Valle de Cuelgamuros.

Determinadas dinámicas de nuestro periodo transicional favorecieron esta gran desmemoria, que ha llevado a ignorar que una democracia no puede construirse con muertos en las cunetas o glorificando a una dictadura que violó gravemente los derechos humanos. La memoria democrática no opera principalmente sobre el pasado, sino más bien sobre el presente. Los familiares de las víctimas están aquí y tienen derecho a la reparación y a recuperar los restos de sus seres queridos. Por otro lado, como saben muy bien en Alemania, la memoria ayuda a fortalecer el sistema democrático presente, al advertir de los riesgos que supondría su demolición, como ocurrió en otros tiempos. 

Si el franquismo fuera solo cosa del pasado, no habría tantas resistencias cada vez que se retiran sus símbolos. Las particularidades de nuestro tránsito a la democracia explican esas continuidades inaceptables y esas reacciones virulentas. La firme ruptura con todo lo que representó el franquismo debería ser un denominador común de todos los demócratas.

El dinero no da la felicidad, pero permite comprar cosas lícitas e incluso ilícitas. A lo largo de la historia, las monedas o los billetes han posibilitado también enajenar seres humanos y elementos vinculados a la dignidad de la persona. Pero ahí se ha producido una evolución positiva. La universalización de los derechos humanos ha establecido límites bastante relevantes sobre lo que se puede obtener a cambio de un precio.

Ese es el trasfondo del debate que se ha suscitado ante la noticia de que Ana Obregón ha ido a recoger a una menor a Miami tras un contrato de gestación subrogada, una práctica cada vez más frecuente en España. El principal argumento a favor de esas contrataciones se basa en una concepción peculiar de la libertad: cada persona puede pagar por lo que quiera, en efectivo o por transferencia, ya sea un coche, un teléfono móvil o el alquiler de un útero. Pero la cuestión es más compleja. El libre mercado no puede ampararlo todo cuando concurren límites éticos y jurídicos, así como espacios de protección de menores y de las mujeres afectadas.

Si todo puede ser objeto de comercio, también podrían comprarse libremente niños y niñas a sus progenitores biológicos. Al contrario, en España la venta de menores es delito, por razones comprensibles que llevan a penalizar la trata de seres humanos. En nuestro país resultaría indefendible que madres y padres pudieran vender a sus hijos a alguien que pueda conseguirlos a golpe de talonario. 

Hay límites infranqueables que no son disponibles por los afectados. Nadie puede concertar un régimen laboral de esclavitud para sí mismo, aunque alguien le pague muy bien por ello, porque eso es incompatible con la dignidad de la persona. No es lícito que alguien venda un riñón o cualquier otro órgano corporal, ni siquiera en una transacción de varios millones de euros que solucionarían económicamente su vida y la de su familia. No todo se puede expender en el mercado: los seres humanos y los elementos esenciales que los acompañan como personas no son mercancías que puedan ser adquiridas en un bazar. 

La dignidad humana implica que cada persona debe ser un fin en sí misma. Y los menores y las madres gestantes no pueden ser un instrumento al servicio de los deseos de otras personas. En consecuencia, en España no está permitida la explotación reproductiva, que es considerada por la ley como una forma de violencia contra las mujeres. Además, está castigada penalmente en determinados supuestos de contraprestación económica. 

El Tribunal Supremo ha explicado que los llamados vientres de alquiler son una variante de la compra de niños y niñas, por lo que no pueden ser aceptados jurídicamente. Y que estas prácticas tratan a menores y a madres gestantes como objetos y mercancías, lo cual resulta abiertamente contrario a nuestro orden público. De acuerdo con diversos organismos internacionales, nuestro alto tribunal también ha subrayado que en la gestación por sustitución existe un aprovechamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad, las cuales corren el riesgo de padecer secuelas biológicas, psíquicas y emocionales. El Tribunal Supremo especifica que a las madres gestantes se les priva en esos contratos de sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral y a ser tratadas como personas libres y autónomas.

Sin embargo, aunque en nuestro país están prohibidas estas dinámicas de explotación reproductiva, también existe una laguna legal: no está regulado qué sucede si las contrataciones son pactadas por españoles en el extranjero. Una Instrucción de 2010 y otras resoluciones posteriores han permitido normalizar esas situaciones anómalas. 

Se trata de contradicciones normativas que desencadenan realidades problemáticas. La subrogación por sustitución permite eludir las premisas de la adopción en sus trámites ordinarios, como los requisitos sobre idoneidad. Lo mismo ocurre cuando queda en papel mojado la diferencia de edad preceptiva entre adoptante y adoptando, que el Código Civil fija en un máximo de cuarenta y cinco años. Por otro lado, se están evidenciando desigualdades inquietantes: contratar un vientre de alquiler en España puede acabar en condena penal, mientras que la misma conducta deviene impune cuando se ejecuta en el extranjero y después se materializa el resultado en nuestro país. Las personas más acaudaladas pueden pasearse bajo el paraguas de la impunidad que provoca la situación actual, a pesar de todas las proclamas legales que califican estas prácticas como una “vulneración grave de los derechos reproductivos”. 

El dinero no debería posibilitar comprarlo todo. El libre mercado no puede albergar tenderetes de compraventa de órganos. Los deseos de las personas sobre su maternidad o paternidad son muy respetables, pero no pueden desplegarse con carácter absoluto o ilimitado. La libertad individual acaba allá donde empiezan los derechos de otras personas y la dignidad humana. Sin embargo, una vez más podemos comprobar que quienes disponen del comodín de los medios económicos logran beneficiarse de determinados privilegios. Y después esos privilegios acaban convirtiéndose en derechos. 

Aquí la lluvia de la corrupción siempre cae sobre mojado. Está muy presente en nuestras instituciones, porque nunca se marchó. Sabemos bien que a los juzgados llegan muy pocos casos y son la punta de un iceberg descomunal, una telaraña poliédrica muy instalada en todo tipo de organismos públicos, una gigantesca máquina delictiva que nos roba miles de millones cada año. El descubrimiento de las prácticas corruptas, casi siempre perpetradas en los sótanos oscuros de la opacidad, solo se produce por circunstancias fortuitas o cuando alguien del clan decide tirar de la manta.

Las investigaciones habrán de determinar si el caso Mediador supone una trama estructural de cierta entidad. O si más bien nos encontramos ante una historia puntual de vulgaridad ramplona, aderezada con prostitución, chabacanería machista y parranda casposa, en la línea de precedentes de honda raigambre en España. En principio, ni el perfil de las personas implicadas ni la cuantía económica del asunto lo hacen equiparable a los escándalos de mayor gravedad de nuestra historia. Y tampoco sus efectos institucionales resultan equivalentes. 

El caso Mediador no guarda similitud con fabricar una trama de sobornos en multitud de instituciones públicas para amontonar millones de euros en dinero negro que acaban en la caja fuerte de unos de los principales partidos del país, para pagar sobresueldos, gastos en las sedes y campañas electorales. Tampoco se parece a vertebrar amplias redes clientelares con el desvío fraudulento de cantidades inmensas, en forma de subvenciones falseadas a favor de los afines, con la finalidad de conservar a perpetuidad el poder autonómico. Del mismo modo, tiene poco que ver igualmente con la apropiación de fondos públicos para perpetrar acciones policiales abiertamente contrarias a las leyes en la maloliente podredumbre de las cloacas del Estado.

Sin embargo, tampoco deberíamos minimizar la gravedad de los hechos investigados, porque concurren mecánicas muy habituales en las prácticas corruptas. De hecho, las resoluciones judiciales aluden a indicios de un presunto modus operandi bastante asentado: el del conseguidor que se lucra fácilmente a partir de sus contactos con el poder, los cuales también comparten los suculentos beneficios de esa agua corrupta que lo va mojando todo por donde pasa. Como explico en mi libro La patria en la cartera, estas dinámicas arrancan esencialmente en el franquismo, sobre todo en la etapa desarrollista, en ámbitos como el urbanismo, la actividad turística, la contratación pública y el reparto de subvenciones. 

El sistema democrático no expulsó esos hábitos, porque mantuvo (en esas esferas y en gran medida) la estructura legal-institucional que los había posibilitado durante la dictadura. Y por eso hubo enormes continuidades. Las correrías indecorosas de Juan Guerra por los ayuntamientos andaluces en los años ochenta reproducían los mismos patrones de los conseguidores del régimen anterior. Desde la Transición hasta nuestros días, este país ha sido un paraíso para mediadores, comisionistas y traficantes de favores institucionales. 

Además, no se trata de rutinas ejecutadas por llaneros solitarios. Al contrario, con frecuencia han estado vinculadas a espacios centrales de poder. Los hechos probados de las sentencias de las últimas décadas relatan literalmente que los dos principales partidos del país (y también el anteriormente hegemónico en Catalunya) se han financiado de manera delictiva gracias a la corrupción. Y también explican que con estas conductas deshonestas se han propiciado los más variados enriquecimientos personales. 

Aquí llegamos a una de las claves del problema. Sin duda, cualquier fuerza política puede tropezarse inesperadamente con un corrupto en sus filas. Lo relevante será cómo reacciona ante la detección de la manzana podrida, porque no siempre se puede descartar que esté podrido el cesto. La regla general hasta ahora ha sido el solidario cierre de filas del partido para amparar a sus dirigentes investigados por corrupción, sin exigencia de responsabilidades de ningún tipo. A menudo, esta deplorable conducta se ha complementado con ataques a la investigación policial y judicial, así como con maniobras de ocultación y de falta de colaboración para esclarecer los hechos. El caso Gürtel o el caso de los ERE han sido ejemplos claros, pero la lista sería casi interminable. 

Por ello, a pesar de sus modestas magnitudes cuantitativas y cualitativas, el caso Mediador puede representar un test interesante para comprobar si en este país empiezan a cambiar algunas cosas. Resulta positiva la inmediata exigencia de responsabilidades al diputado afectado, pero no parece suficiente. En estas situaciones la transparencia es indispensable. Resulta lógico preguntarse si existían medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo. Y también debería aclararse si los hechos que se están divulgando no requerían de algún tipo de reacción sobre la marcha. Hay bastantes episodios que tuvieron lugar presuntamente en el Congreso de los Diputados y en céntricos lugares de Madrid con todo tipo de lujos faraónicos. Ante las imputaciones de corrupción, necesitamos claridad en las explicaciones, porque la luz del sol ilumina y también es el mejor desinfectante. Esa respuesta proporcionada supondría aportar discursos creíbles contra las prácticas corruptas. 

La actitud de todos los partidos no es igual ante la corrupción. De hecho, hay talantes o compromisos programáticos que pueden diferenciar a las fuerzas políticas. A la ciudadanía le compete evaluar esos rasgos distintivos: más vale desconfiar de los alegatos de quienes embisten acaloradamente contra las prácticas fraudulentas del adversario, pero a la vez protegen tiernamente las propias. Siempre será preferible analizar con rigor los comportamientos, la coherencia y las propuestas reales para luchar contra la corrupción.

La envergadura del problema global debería dar escalofríos, a pesar de la habitual resignación ciudadana. En España hemos tenido y tenemos a cientos de políticos condenados, encausados o en prisión provisional. En casi todos los territorios podemos encontrar en esas situaciones a presidentes autonómicos, consejeros, parlamentarios, representantes de las diputaciones, alcaldes y concejales de muchísimas ciudades. Nuestra corrupción política exteriorizada judicialmente apenas tiene equivalentes en la Europa democrática. Según los datos del último Eurobarómetro, el 89% de los españoles piensa que en nuestro país la corrupción está generalizada (en contraste con la media europea del 68% o con el 16% de Dinamarca). Necesitamos unas instituciones limpias, transparentes y ejemplares para mejorar la calidad de nuestra democracia.

El ilusionismo consiste esencialmente en producir ilusiones. También suele ser útil para entretener, embaucar o encubrir. En cambio, ninguna persona informada o libre de supersticiones pensaría de verdad que se puede partir a un ser humano por la mitad con una sierra y volver a reconstruirlo con todas sus funciones vitales intactas. Precisamente, las propuestas para endurecer las penas de la ley del solo sí es sí guardan bastante relación con la generación de ilusiones, con la falta de información y con ciertos grados de credulidad acrítica.

Ninguna democracia avanzada ha reducido sus niveles de delincuencia incrementando los castigos penales. Al contrario, los países con penas más severas, como Estados Unidos, cuentan con porcentajes de criminalidad mucho más elevados que los nuestros. Está demostrado empíricamente que las sociedades democráticas con menor tasa de delitos no son las que aplican correctivos despiadados, sino las que desarrollan mecanismos de intervención social que solucionan desde la raíz los problemas que originan la delincuencia. 

Como ha explicado muy acertadamente Jorge Ollero al acuñar el concepto de penalismo mágico, se trataría de una fe casi hipnótica en lo punitivo para adjudicarle un poder sobrenatural. Esa confianza ciega lleva a considerar que, simplemente subiendo las penas, se puede acabar con los robos, con las drogas, con las violencias machistas o incluso con el independentismo catalán. En las últimas décadas, en nuestro país esas visiones sociales han impregnado la arenga política, sin apenas distinción entre partidos de derechas o de izquierdas, con el poco disimulado propósito de pescar en los caladeros del favor popular. Todos los gobiernos han aprovechado su ocasión para lucirse reestructurando una y otra vez las habitaciones del Código Penal, con la finalidad de endurecerlo sucesivamente en las más de treinta reformas realizadas en el último cuarto de siglo.

Las consecuencias han sido nefastas: nos hemos situado en los porcentajes más elevados de Europa en el número de presos por habitante y en los tiempos de cumplimiento en la cárcel. Para captar la extensión del desatino, la nueva etapa democrática vino acompañada de un cuestionamiento del uso abusivo de la prisión, pero los diversos vaivenes posteriores nos han llevado a la situación actual en la que el porcentaje de encarcelados supera muy ampliamente al del franquismo (del 0,02% de la población y 8.440 presos en 1975 al 0,10% y 46.468 reclusos en 2022). Y todo ello a pesar del notable consenso entre criminólogos, penalistas y todo tipo de expertos en la materia que nos indican que este uso excesivo de la cárcel no reduce la delincuencia, ni tampoco protege a las posibles víctimas.

En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, nuestras penas se ubican a bastante distancia de las democracias más avanzadas. Y los discursos de endurecimiento se han apoyado a menudo en creencias populares sobre bulos muy difundidos, como que los condenados por estas infracciones siempre son seres enfermizos, abiertamente incorregibles, sin posibilidad de cura. Al contrario, todos los datos nos muestran que en estos casos los niveles de reincidencia son bastante más bajos que en otras infracciones y que los porcentajes de reinserción social son elevados. No olvidemos que los agresores sexuales son mayoritariamente personas cercanas a las víctimas, casi siempre amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo o familiares. 

La mera agravación de las sanciones no tiene efectos sobre la comisión de estas conductas delictivas. Si queremos proteger a las víctimas potenciales, será mucho más efectivo incidir sobre la base de estas situaciones, como han hecho las sociedades más avanzadas. Eso supone transformar las mentalidades sociales que están detrás de estas conductas, a través de políticas activas de igualdad y no discriminación. Y también intervenir sobre la marginalidad social y las carencias educativas, porque también suelen estar presentes en bastantes casos. La regulación penal es un instrumento más y ahí la respuesta debe ser proporcionada. Sin embargo, difícilmente puede ser equilibrado un sistema que castiga diversas formas de agresión sexual con una pena equivalente a la de matar a otra persona, como ocurre en España, en términos mucho más duros que en los países que han solventado mejor estos problemas. 

Hay opiniones que afirman que, aunque el endurecimiento de penas no reduzca los delitos contra la libertad sexual, al menos cumple un objetivo escarmentador. Es el enfoque que se nutre de ideas como “que se pudra en la cárcel el mayor tiempo posible” o “que tenga su merecido”. Esos argumentos son contrarios a nuestra Constitución, la cual proclama que las penas “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Además, el discurso de la venganza estatal simula que algo se está haciendo contra la delincuencia, como subterfugio compensatorio de que no se está actuando de manera adecuada con criterios de intervención social. Aceptar esos planteamientos nos lleva a asumir el marco del derecho penal autoritario propio de las orientaciones ultraconservadoras, con todos los riesgos de integrar esa cosmovisión, como señala George Lakoff.

Una variante de estos alegatos encarnizados afirma que las penas implacables reconfortan a las personas perjudicadas por estos delitos. Sin duda, las víctimas han de recibir la necesaria protección estatal para que el daño sea reparado hasta donde resulte posible. Sin embargo, no debe confundirse el firme respaldo institucional a las víctimas con la posibilidad de que estas puedan decidir la pena de los condenados. En ese caso retornaríamos a los tiempos primitivos de la venganza privada institucionalizada. Es muy humano que las víctimas puedan desear el máximo castigo para quienes les han dañado, pero es la sociedad la que debe determinar cuál debe ser la política criminal más adecuada desde la racionalidad, la imparcialidad y la proporcionalidad. 

En el referido contexto, la llamada ley del solo sí es sí acertó al articular criterios de intervención social, políticas igualitarias y medidas de protección asistencial a favor de las víctimas. En la esfera penal, la ley introdujo delitos de nueva creación, fusionó figuras delictivas, aumentó algunas penas y redujo levemente otras. Desde esa perspectiva legal, resulta aconsejable examinar las consecuencias globales de esa reforma con un tiempo suficiente. 

Las proposiciones de modificar al alza las sanciones de la ley, a los pocos meses de su aprobación, suponen otra apuesta más por el penalismo mágico. Aumentar otra vez las penas implica agravar una regulación muy reciente que ya había establecido un incremento penal de conjunto. Además, ningún análisis criminológico acredita que los cambios que ahora se proponen pueden ser positivos, más allá del acostumbrado afán de subir penas por subirlas. La contrarreforma no podrá evitar las leves reducciones de condena que ya se han acordado, en casos porcentualmente minoritarios sobre el total. En los foros judiciales se ha constatado que la regulación actual resulta mejorable en algunos aspectos. Pero necesitamos observar la evolución de la ley del solo sí es sí, esperar al conjunto de las interpretaciones judiciales y evaluar los efectos de la nueva arquitectura legal en un periodo temporal razonable. Las variaciones penales acordadas de forma atropellada nunca han resultado eficaces.

Cualquier persona informada sabe que la magia tiene truco. A veces la mirada del espectador no es tan rápida como la mano del ilusionista. Otras veces los juegos de luces favorecen el engaño del prestidigitador. El penalismo mágico funciona porque, a través de la manipulación emocional, desata los sentimientos instintivos de venganza que existen en los seres humanos. A partir de ahí, es muy difícil indagar con rigor en las entrañas de los problemas sociales. Lo cierto es que ninguna sociedad puede progresar sin un análisis racional de sus patologías colectivas. 

Cuando en un debate se parte de premisas falsas, sus conclusiones nunca pueden resolver el problema, igual que no podremos abrocharnos bien la camisa si nos equivocamos con el primer botón. Eso es lo que ocurre con la desenfocada discusión actual sobre las penas de la llamada ley del solo sí es sí. La crispación colectiva tampoco es un escenario idóneo para deliberar sobre cuestiones complejas, porque la ofuscación suele causar ceguera mental.

La premisa errónea en esta polémica es que habrá menos delincuencia si endurecemos más las penas. Se trata de un axioma abiertamente falso. En las sociedades democráticas sucede todo lo contrario. Los países que aplican penas muy duras y escasa intervención social presentan niveles de delincuencia muy elevados, como ocurre en Estados Unidos. Al contrario, las democracias más avanzadas cuentan con penas proporcionadas, más bajas que las españolas, como sucede en Dinamarca: sus niveles de criminalidad son muy inferiores, porque saben que lo más relevante no son las penas, sino los mecanismos de acción social. Está mucho más segura contra las agresiones sexuales una mujer danesa (con castigos menos duros) que una norteamericana (con un sistema penal durísimo, que incluye la pena de muerte).

Otra de las premisas falaces es que los delitos se deben exclusivamente a la maldad de los autores y por eso merecen una severa venganza institucional. Si eso fuera cierto, habría la misma incidencia porcentual de delitos en todos los países, salvo que pensemos que los estadounidenses son más malvados genéticamente que los daneses. La realidad nos muestra que el delito es un producto social. Las diferencias pueden ser notables entre distintos estados, porque el fenómeno de la delincuencia está muy relacionado con las concepciones sociales y con las condiciones de vida. Solo hay que visitar el patio de cualquier prisión española para constatar de qué estrato social son la inmensa mayoría de las personas condenadas. Por ello, la delincuencia se combate principalmente con medidas distintas a las penales, las cuales actúan como un complemento más. No es casual que la delincuencia sea más baja en países con elevados niveles de igualdad social y, correlativamente, se dispare con una mayor desigualdad. 

Además, la reinserción resulta muy necesaria, porque el condenado regresará a la sociedad. Más vale que descartemos leyendas urbanas absurdas, aunque muy extendidas, como la de que los autores de delitos sexuales son seres enfermizos que siempre reinciden y son incurables. Al contrario, los datos reales nos aclaran que la reincidencia en estas infracciones es baja, sobre todo si la comparamos con la del tráfico de drogas o con determinados delitos contra la propiedad. Demasiada gente ha acuñado un estereotipo de agresor sexual: un tipo perturbado que espera a la víctima en un descampado para perpetrar la violación. Esos casos existen, pero las referencias oficiales también evidencian que la gran mayoría de los delitos contra la libertad sexual son cometidos por amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo o familiares. Lo que yo veo en mi juzgado coincide plenamente con esos datos. Así pues, para mejorar resultará esencial que modifiquemos las mentalidades y también actuar sobre la marginalidad social que está presente en muchos de estos delitos.

Se avanza con más coeducación igualitaria que rompa con los roles discriminatorios de género. Se avanza con mejor formación sexual, en especial hacia adolescentes y jóvenes. Se avanza visibilizando, informando y sensibilizando a todos los sectores sociales de manera efectiva, para llegar a la tolerancia cero hacia estas conductas deleznables. Y, en definitiva, se avanza con medidas de intervención social de todo tipo que ataquen la raíz de las causas de estos delitos.

Centrarlo todo en la respuesta penal es un subterfugio simbólico, que no reduce la delincuencia. Y en países como Estados Unidos presenta un componente de distracción del núcleo de los problemas. Se trata de un mecanismo compensatorio para justificar la inacción: no vamos a invertir en el espacio público para corregir los defectos estructurales, pero garantizamos penas altas o castigos muy vengativos para entretener a la ciudadanía y sugerir que hay una respuesta del Estado.

El delito es un fenómeno social y por eso la sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de los problemas de la criminalidad. Se trata de fallos del sistema, que van más allá de la maldad individual, aunque esta también pueda existir y se deba actuar sobre la peligrosidad. Esa es la perspectiva de nuestra Constitución, que se inspiró en las democracias consolidadas de nuestro entorno.  En consecuencia, nuestro texto constitucional establece literalmente que las penas “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Será muy respetable que haya personas que opinen que las penas deben cumplir una finalidad escarmentadora, pero no podrán autocalificarse como constitucionalistas. También proclama la Constitución en su primer artículo que somos un Estado social y, posteriormente, añade el deber de los poderes públicos de promover las condiciones que aseguren la libertad y la igualdad.

A pesar de unos objetivos constitucionales tan loables, nos hemos quedado a medio camino en el intento de emular a otros países europeos. Aquí todavía hay demasiadas simpatías por la política criminal populachera y una fascinación excesiva por las proclamas vengativas propias de algunas (malas) películas norteamericanas. No olvidemos que esos discursos poseen una ingente capacidad para nublar la racionalidad y activar nuestros mecanismos emocionales de rencor irracional.

Lo peor es que esas ideas han impregnado especialmente a nuestro ámbito político. En las últimas décadas, en materia de política criminal, el parlamento se ha convertido en un mercadillo en el que los cargos públicos se pelean embarulladamente entre ellos para ver quién ofrece penas más duras a los votantes a menor precio, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Nuestro Código Penal se aprobó en 1995 y, desde entonces, se han aprobado más de treinta reformas para endurecerlo. En esa espiral enloquecida, en Europa nos encontramos en los porcentajes más altos de presos por habitante y en los tiempos más largos de cumplimiento en la cárcel.

Sin duda, como elemento complementario a la intervención social, las penas deben existir, pero lo fundamental será que sean proporcionadas. Si en España hay infracciones contra la libertad sexual que incorporan penas de prisión de duración similar a la del homicidio, resulta lógico preguntarse si eso es correcto. Si nuestras penas se sitúan muy por encima de las de otros países europeos, deberíamos examinar también esos parámetros como criterios de proporcionalidad. Ese debería ser el debate racional. Y no afirmar falsariamente que la única ley penal eficaz es la que sube penas.

La ley del solo sí es sí acertó al regular propuestas integrales para que disminuyan de verdad estos delitos, a través de la intervención institucional, la inversión pública en igualdad y el incremento de la protección a las víctimas. En un plano distinto, se incluyen nuevas infracciones, se refunden conductas delictivas y se plantean cambios en las horquillas de las penas. Hay conductas que ahora cuentan con castigos más elevados; y en otras las penas han bajado levemente. Hay casos en los que se han suscitado controversias jurídicas sobre si resulta procedente la reducción de condena por parte del órgano judicial; en otros la reducción es muy clara objetivamente y los tribunales están obligados a aplicarla. Son casos minoritarios sobre el total de condenas, pero han sido suficientes para despertar y avivar la embestida de quienes confunden la justicia con el escarmiento.

En ese contexto, resulta cuestionable que sectores gubernamentales y una parte de sus bases defiendan la premisa desatinada del punitivismo encarnizado. Eso implica suscribir el marco que buscan imponer los discursos ultraconservadores, que siempre enarbolan la bandera de la venganza institucional, aunque sea contraria a la Constitución. Estos últimos son los mismos que exigen que haya menos Estado social y más Estado penal. Asimilar esas concepciones supone una rendición ideológica. Quienes aspiramos a que se produzcan avances sociales seguiremos insistiendo en reivindicar enfoques realmente transformadores. 

La democracia representativa se caracteriza, entre otras cuestiones, por ser un sistema político en el que el conjunto de la ciudadanía elige a sus representantes. Establece una forma de convivencia civilizada, con determinados instrumentos para la adopción de decisiones colectivas. Como sabía Ibsen, la mayoría no tiene necesariamente la razón. Pero sí ostenta la legitimidad objetiva para decidir. La razón siempre será más subjetiva, lo cual contrasta con la realidad de que podemos determinar objetivamente qué representantes han obtenido el apoyo mayoritario para dirigir las instituciones, en virtud de las reglas del juego aceptadas. Parece claro que no resultará admisible acatar esas reglas cuando se ganan unas elecciones y no respetarlas de forma tramposa cuando se pierden. 

No basta con que los dirigentes políticos se autocalifiquen enfáticamente como demócratas. Incluso Franco proclamaba que en España había democracia, aunque la apellidara como “orgánica”. Lo relevante será fijarse en las actitudes y determinar si coinciden con los principios democráticos. En paráfrasis de Chomsky, podríamos considerar que no creemos en la democracia si no respetamos el derecho a gobernar de aquellos con quienes discrepamos, cuando estos obtienen la adhesión mayoritaria de la ciudadanía. El sistema democrático se fundamenta en la reciprocidad: existe un pacto tácito entre las fuerzas políticas rivales para reconocerse mutuamente como adversarios legítimos. 

Como han explicado Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en los tiempos contemporáneos las democracias ya no suelen ser derribadas con golpes militares siniestros. Al contrario, mueren desde dentro, desde la degeneración paulatina de determinadas dinámicas del sistema democrático. Los rasgos comunes en estos procesos son la deslegitimación dolosa de las instituciones, la negación maliciosa de los resultados electorales y el rechazo a que los gobiernos elegidos democráticamente puedan ejercer sus funciones. Lo hemos observado hace poco en Brasil, lo vimos en Estados Unidos con las algaradas trumpistas y puede constatarse en otras partes del mundo. En nuestro país no hemos alcanzado esos niveles tan inquietantes, pero hay signos de peligro que habrían de activar algunas alarmas. 

No deberíamos minimizar aquí algunas tendencias, como las reprensiones constantes al gobierno para tacharlo de ilegítimo o la falta de reconocimiento de representantes parlamentarios designados en elección popular. Obviamente, no deben confundirse las reprobaciones a actuaciones concretas de un gobierno (que pueden ser muy duras) con la impugnación de los principios básicos del sistema democrático. Además, todavía somos un país con sectores sociales que justifican la dictadura franquista, una circunstancia que evidencia las dificultades para implantar una gestión eficaz sobre memoria democrática. 

Es cierto que no hemos llegado a las situaciones de riesgo de otros países, pero es igualmente cierto que esas circunstancias pueden variar. Y por eso resulta primordial disponer de una base democrática sólida en todos los espacios políticos, de derechas, de centro o de izquierdas. Así debe funcionar el pluralismo democrático. 

Por aportar un elemento de comparación, he podido seguir de cerca las pasadas elecciones generales en Dinamarca y la formación del nuevo gobierno. Nada que ver con la realidad española. Durante la campaña electoral, no hubo declaraciones altisonantes, ni insultos personalizados, ni negaciones de la legitimidad de otros partidos, ni peticiones de prohibición de otras fuerzas políticas. Al contrario, los candidatos se centraron en exponer sus propuestas a la sociedad danesa de forma constructiva. Todos los dirigentes políticos fueron entrevistados individualmente por la televisión pública. Además, se celebró un debate en la misma cadena entre los líderes de las catorce fuerzas políticas que concurrían a los comicios, con argumentos y sin descalificaciones. Lo repito: un debate en horario de máxima audiencia entre catorce candidatos y candidatas, con un espectro ideológico similar al español.

Tras las elecciones, se ha configurado un gobierno de gran coalición entre socialdemócratas, moderados y liberales. Hasta ahora existía un gobierno socialdemócrata, con el respaldo parlamentario de partidos de izquierdas. Nadie ha cuestionado jamás en Dinamarca, ni antes ni ahora, la plena legitimidad de sus gobiernos, sin perjuicio de los reproches argumentados que han recibido por su gestión. Todo ello nos muestra las líneas formales de actuación de una democracia avanzada.

Precisamente los indicadores internacionales evalúan en profundidad los niveles de democracia deliberativa, entre ellos la calidad del debate público. En ese indicador España está bastante por debajo de Dinamarca y otros países. De hecho, ahí nos encontramos en cotas muy inferiores a otros registros nuestros más positivos sobre funcionamiento democrático. Esforzarnos en mejorar nuestra calidad institucional implica responder a la pregunta del título de este artículo: los demócratas no pueden deslegitimar el sistema democrático. Al contrario, el respeto de todas las partes a las reglas del juego es un elemento común a las democracias más avanzadas. Más vale que no lo olvidemos, si no queremos regresar al pasado. 

No ha sorprendido a casi nadie. A algunas personas las habrá indignado, a otras las habrá entusiasmado, pero la suspensión parcial de la actividad legislativa por parte del Tribunal Constitucional ha sido estos días la crónica de una medida cautelarísima anunciada. Incluso el ajustado resultado de la votación de seis a cinco, en virtud del origen de cada magistrado, era una quiniela muy fácil de acertar, sin apenas margen para sorpresas.

Una constatación tan trivial nos muestra la clave del problema. Desde hace demasiado tiempo se encuentra bloqueada la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Nuestro sistema de contrapesos no funciona correctamente, como nos reprochan con creciente desasosiego los organismos europeos. Las conexiones fuertemente partidistas de determinados órganos constitucionales desvirtúan sus funciones de vigilancia del poder y llevan a su potencial utilización particularista. Seguro que no todos los partidos han actuado ahí exactamente del mismo modo. Pero el problema es estructural, porque no pueden dejarse esas tentaciones a la voluntad benevolente de la mayoría política o de la minoría de bloqueo.

A partir de ese preocupante contexto, todo se complica bastante. Seguro que la forma trazada para el desbloqueo por los partidos del gobierno presentaba elementos jurídicamente discutibles. Sería ideal que esos posibles errores hubieran sido analizados por un Tribunal Constitucional con apariencia de neutralidad institucional, sin vínculos partidistas y con presencia de los juristas más cualificados del país. Es decir, un organismo de gran autoridad jurídica. El problema es que ese alto tribunal aquí no existe.

La percepción ciudadana mayoritaria es que se han trasladado a los órganos constitucionales de contrapeso las batallas políticas partidistas. Y, además, con una vuelta de tuerca por parte del principal partido de la oposición, porque no solo bloquea la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, sino que además presume de ello y lo justifica con el argumento de que su renovación beneficiará a los rivales políticos. Así el uso privativo potencial de los órganos constitucionales caducados está servido.

En medio de esta refriega, el Tribunal Constitucional ha dado un paso añadido turbador, que supone en la práctica frenar ese necesario desbloqueo. Resulta conocido que el alto tribunal ostenta como una de sus atribuciones principales el control de constitucionalidad de las leyes tras ser aprobadas. Sin embargo, suspender los trámites legislativos implica limitar preventivamente las facultades del poder legislativo, con todos los riesgos de que semejante pronunciamiento pueda repetirse en el futuro. No podemos minimizar el alcance de esta intensa intromisión en las funciones de los representantes democráticos.

Sin duda, no resulta admisible la premisa de que a los parlamentarios no les afecta ningún límite, porque encarnan la voluntad popular. Al contrario, su actuación se encuentra limitada por la Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico. No obstante, lo mismo puede afirmarse del Tribunal Constitucional. Su propia ley orgánica establece que, en materia de medidas cautelares, una suspensión no puede ocasionar una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido. Lo cierto es que parece difícil que haya intereses constitucionales más dignos de protección que el respeto a las competencias legislativas de las cámaras parlamentarias, sin perjuicio de su control posterior. De hecho, nunca en nuestra historia democrática se habían suspendido esas funciones, por lo que resulta problemático compartir la ponderación efectuada.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional está sujeto a límites. Le afectan también las normas procesales en materia de recusación y abstención. Eso dificulta comprender que no se hayan seguido los precedentes del propio tribunal en supuestos casi idénticos, lo cual habría llevado a que se apartaran de la decisión los magistrados que podían tener interés directo en no acabar su mandato.

Nos encontramos ante una grave crisis constitucional, cuyo origen se encuentra en la débil arquitectura de nuestras instituciones. Quizás el camino más acertado no sea el del mero descontento, sino el de las soluciones constructivas. Resulta imprescindible recuperar la normalidad de nuestros órganos constitucionales, buscar nuevas fórmulas para desbloquearlos, encontrar mecanismos para que estos problemas no se vuelvan a repetir. Como de costumbre, las patologías de la democracia deben solucionarse con más democracia.

La excepcionalidad se ha convertido en la normalidad en el funcionamiento de la cúpula judicial. La situación roza el esperpento propio de las mejores obras de Valle-Inclán. El mandato de los miembros del actual CGPJ acababa en 2018, pero llevan más de cuatro años caducados, autoprorrogados y en funciones, como si sus pilas fueran eternas. Su propio presidente llegó a despedirse en cinco ocasiones, en sucesivos actos solemnes de apertura del año judicial, en una adaptación togada de la película del día de la marmota. La dimisión tardía de Lesmes no ha encontrado ni un solo imitador. 

Hay decenas de plazas vacantes en tribunales de todo el país. Su cobertura se encuentra paralizada desde hace tiempo, pendiente de que algún día remoto nuestra judicatura salga de esa excepcionalidad interminable. El deterioro institucional es inmenso. En cualquier país europeo la cúpula judicial goza del máximo respeto de la ciudadanía, como un espacio casi sagrado. Aquí el descrédito sigue avanzando y ha alcanzado ya niveles inquietantes. 

El principal partido de la oposición es el artífice de este bloqueo (que defiende con orgullo) y ha esgrimido un reguero desordenado de pretextos para prolongar una trama a medio camino entre el surrealismo y el teatro del absurdo. Sin embargo, cualquier observador de buena fe sabe que el bloqueo se practica con la finalidad de mantener el dominio sobre el CGPJ y evitar que caiga bajo el influjo de los rivales políticos. Y ahí está la clave del problema: los órganos constitucionales no son de uso privativo de un partido. Son instituciones al servicio de la sociedad y deben renovarse cuando lo establece la Constitución. 

Las excusas más asombrosas para justificar el bloqueo se refieren al descontento sobre medidas de todo tipo que promueve el Gobierno. La última alude a la reforma de la sedición. En cualquier democracia pluralista habrá siempre divergencias legítimas entre las fuerzas políticas. Si esa fuera razón suficiente para bloquear, nunca se renovarían los cargos institucionales. Precisamente el funcionamiento regular de las instituciones y su renovación debe quedar al margen de las disputas partidistas. Todo ello sin perjuicio de que se aborden modificaciones legales sobre la configuración del CGPJ, que resultan más necesarias que nunca. 

Como toda degradación acaba abonando los cultivos de lo empeorable, la excepcionalidad de la cúpula de la judicatura se está trasladando al Tribunal Constitucional. Cuatro magistrados tienen el mandato caducado desde hace varios meses. Las mismas argucias en el bloqueo del CGPJ se están repitiendo para obstaculizar la renovación del alto tribunal, con el propósito similar de ejercer una influencia potencial sobre sus actuaciones. En ese contexto de grave anormalidad institucional, resulta comprensible que desde el Gobierno se impulsen medidas de desbloqueo, lo cual no implica compartir necesariamente las formas o el fondo de esas iniciativas. 

Las reformas emprendidas pueden agradar más o menos, pero parece indiscutible que deben ser debatidas en el Parlamento. Por ello, cuando el Tribunal Constitucional está amagando con suspender el trámite de aprobación de una ley, también está sugiriendo que quizás pueda suspender atribuciones de los representantes democráticos. El alto tribunal tiene asignadas funciones de control de la constitucionalidad de las leyes una vez sean promulgadas, pero no puede impedir que estas se aprueben. Eso supondría una extralimitación muy peligrosa de sus competencias que generaría un enorme daño al sistema democrático.

El elefante en la habitación es el diseño de los órganos de contrapeso, esos espacios de vigilancia imprescindibles para evitar los abusos de poder, al igual que la separación de poderes. Los organismos europeos nos insisten reiteradamente, al borde de la desesperación con España, en que ahí no deberían figurar comisarios de las fuerzas políticas, porque eso resulta incompatible con dicha misión de control. Si tenemos un CGPJ y un Tribunal Constitucional que se cubren con cuotas de partido, no debemos sorprendernos si después pueden actuar potencialmente como órganos de partido. 

Sin duda, todos los juristas tienen su propia ideología. Y seguro que los que sean designados por el parlamento responderán al pluralismo de la sociedad. Pero debe establecerse un sistema de incompatibilidades para evitar nombramientos de personas claramente vinculadas a los partidos, porque eso es contrario a las funciones de contrapeso. Y deberíamos asegurar también la solvencia profesional: estos órganos constitucionales hoy carecen de mecanismos para garantizar la máxima cualificación de sus miembros. Es buen momento para recordar (o añorar) que los magistrados del Tribunal Constitucional fueron nombrados en sus primeros años, en su etapa más prestigiosa, con criterios de capacidad, pluralidad ideológica y sin vínculos con las fuerzas políticas.

En estas situaciones retumba la voz de Valle-Inclán en Luces de Bohemia para definir el absurdo del esperpento: “España es una deformación grotesca de la civilización europea”. Hemos mejorado bastante, pero aún debemos aprender de las democracias más avanzadas. En ellas no existen estos problemas, porque han configurado sus instituciones de otra forma, con un adecuado sistema de contrapesos. Lo más urgente para salir de lo grotesco es acabar lo antes posible con la excepcionalidad y renovar nuestros caducados órganos constitucionales.

Los insultos suelen ser los argumentos de quienes carecen de argumentos. Sin duda, una frase ingeniosa, una ironía bien trabada o una expresión burlesca pueden adornar un razonamiento, pero la descalificación personalizada como estrategia de destrucción se sitúa en un plano muy distinto. El ataque meramente ofensivo siempre es un signo de indigencia mental.

En nuestras instituciones ha aumentado bastante la agresividad verbal en los últimos años. Además, la ramplonería en la discusión colectiva se ha acentuado. Ese descenso alarmante en la calidad del debate público se ha reflejado en los indicadores internacionales que evalúan a nuestro país. Es cierto que el recurso al insulto se ha producido de forma puntual por cargos públicos de todo el espectro ideológico. Pero es igualmente cierto que no resulta equiparable una actuación individual con una estrategia premeditada como seña de identidad.

Los discursos ultraconservadores avanzan en nuestro país y en otras partes de Europa. Están valiéndose de métodos que no son nuevos y que han sido analizados en su contexto histórico. Los fascismos incorporaron desde sus orígenes ese discurso incendiario, plagado de falsedades, injurias y desautorizaciones de las instituciones democráticas. Eran herramientas centrales en sus planes de asalto al poder. 

El contraste con los planteamientos democráticos es sustancial. Al igual que los derechos humanos, la democracia moderna es hija de la racionalidad ilustrada. Implica un análisis colectivo de los problemas sociales, a partir de los datos que resultan probados o que se pueden acreditar. Como enfatizaba Manuel Azaña, la democracia debe ser el estadio más elevado de la cultura.

En cambio, la irracionalidad de las arengas totalitarias se dirige más a las emociones primarias. Es habitual la búsqueda de chivos expiatorios hacia los que encauzar los odios sociales. Victor Kemplerer nos explicó cómo el nazismo animalizó a quienes consideraba sus enemigos. La caracterización de los judíos como ratas fue una de sus constantes.  A través de patrañas masivas sobre conspiraciones apocalípticas o maldades inventadas, se lograba el apoyo de sectores sociales manejables. Con toda razón, Antonio Machado afirmó que el arma más destructiva del fascismo era la mentira.

Los planteamientos ultraconservadores han cambiado, porque las sociedades actuales son diferentes de aquellas en las que surgieron los fascismos. En realidad, en gran parte estamos ante fenómenos novedosos. Los grupos actuales más implantados no preconizan el uso de la violencia, ni cuentan con grupos paramilitares. Aceptan formalmente el sistema democrático y no anuncian su destrucción, aunque niegan la legitimidad de los resultados electorales cuando no les benefician. De momento, los riesgos consisten en que podamos transitar hacia democracias autoritarias, con limitaciones de los derechos de las mujeres, de los migrantes o de personas por su orientación sexual. 

Sin embargo, el uso del irracionalismo en la estrategia mantiene visibles continuidades. La naturaleza humana no se modifica tan fácilmente y siguen siendo viables las tácticas de manipulación emocional. Lo podemos detectar en nuestro país con ese recurso al insulto permanente, a la fabricación de bulos masivos, a las teorías conspirativas más variadas. Como sabía Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. 

Ante esas estrategias, los demócratas no deberían jamás abandonar las perspectivas racionales. Entrar en las dinámicas de las diatribas ultraconservadoras supone aceptar su marco conceptual y debilitar el sistema democrático. La regla general es que el insulto desprestigia más a quienes lo emiten que a quienes lo reciben. Más aún: una cosa es insultar y otra dar trigo. Sin embargo, eso puede cambiar en situaciones excepcionales de incertidumbre económica, social e identitaria, sobre todo si los gobernantes llevan a cabo una gestión desacertada. Los riesgos son aún más elevados si hay serias divisiones entre los demócratas. 

Como demuestra la historia, la insatisfacción social puede llevar a multitudes descontentas a adherirse a proclamas altisonantes de tipo falaz. Es fundamental siempre examinar si el Estado democrático está gestionando adecuadamente las demandas ciudadanas. Una pregunta muy pertinente siempre ha sido por qué un pueblo culto como el alemán pudo permitir la expansión del nazismo. Daniel Goldhagen encontró una respuesta: la seducción de un discurso plagado de mentiras, insultos y temores imaginarios que pudieron propagarse en un contexto adecuado.

Sin duda, España es diferente, como afirmaba aquel lema castizo del régimen anterior en un intervalo lúcido de sinceridad. Al toque de las castañuelas, la lista de nuestras singularidades continúa hoy siendo incalculable. Nos seguimos empeñando en ser discordantes y, además, no nos importa que sea para peor. Uno de nuestras peculiaridades ha sido advertida con perplejidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al constatar de manera reiterada la multitud de tratos privilegiados de nuestras leyes a favor de las entidades bancarias, en abierta contradicción con las normas europeas de protección de los consumidores. 

Nuestras prácticas bancarias son poco seguidas más allá de los Pirineos. Con amparo legal, aquí las entidades financieras han podido desalojar de sus viviendas a miles de personas por el impago de una sola mensualidad del préstamo hipotecario. Han podido imponer todo tipo de comisiones enrevesadas sin ninguna justificación razonable. Han repercutido al consumidor en las hipotecas los costes del notario, del tasador, del registrador de la propiedad. Han reclamado a menudo más dinero en intereses por impago que el propio capital prestado. Los desequilibrios han sido tan escandalosos que la sobresaltada jurisdicción europea ha tomado cartas en el asunto para establecer numerosos frenos a las actuaciones abusivas. 

Resulta necesario preguntarse por ese tratamiento jurídico tan favorable para la banca por parte de nuestras instituciones. Y la pertinencia del interrogante se acentúa ante próximas amenazas que empiezan a sobrevolar, como la sensible subida de los tipos de interés que ya está provocando alarmantes incrementos en las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios. Todo puede empeorar bastante a corto y medio plazo para los sectores más vulnerables. Se pueden adivinar calamidades sociales que hemos conocido y que no se han marchado del todo. Somos diferentes también en eso: a pesar de esos traumas recientes, seguimos sin garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas, en contraste con otros países europeos. 

La sensación incómoda que generan estos problemas nos golpea al ver la recomendable película En los márgenes. La incisiva mirada como director de Juan Diego Botto nos muestra esa realidad social perturbadora: la de quienes están a punto de ser expulsados de sus casas y de gran parte de su vida. Ante esa realidad tan inquietante, demasiada gente prefiere mirar hacia otro lado. Solo se ve aquello que se mira. Los movimientos de cámara de Botto nos sumergen con realismo honesto en el interior del drama de los desahucios, con ritmo agitado, absorbente y tenso. Nos interpelan con sutileza sobre nuestra responsabilidad ciudadana. En esas duras historias personales se puede detectar la perspectiva de la coguionista Olga Rodríguez, curtida en demasiadas tragedias, al relatar el dolor de quienes lo han perdido casi todo, pero se esfuerzan en mantener su dignidad. 

Esos infortunios sociales pueden volver a extenderse. Y no disponemos de suficientes herramientas públicas de protección. Lo percibimos en los juzgados: servicios sociales precarios, ausencia de alternativas habitacionales, situaciones de marginalidad sin tratamiento. Sería absurdo intentar humanizar a los bancos para que se comporten como asociaciones filantrópicas. Son grandes empresas con ánimo de lucro y resulta comprensible que defiendan las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, los poderes públicos habrían de regular ese ordenamiento desde la orientación de un Estado Social bien implantado, como el que caracteriza a otros países europeos, pero que aquí se resiste a dar suficientes señales de vida, a pesar de algunos intentos positivos en los últimos años. Ese enfoque llevaría a impulsar en estos casos medidas limitativas de los desalojos de vivienda habitual. Y también implicaría corregir desigualdades, aplicar mecanismos redistributivos de salvaguarda social y actuar sobre los cuantiosos beneficios de un sistema bancario privado que ha disfrutado siempre de un desmesurado apoyo público. 

Luis Tosar interpreta con notable verosimilitud en la película En los márgenes su papel como letrado. En el trasiego humano algo caótico de los palacios de justicia deambula con frecuencia ese mismo perfil generoso, vehemente, combativo y sólido jurídicamente de los abogados del turno de oficio. El personaje que protagoniza Penélope Cruz con rigor admirable también transmite credibilidad, al extraer fuerzas de su propia situación de fragilidad, siempre arropada por la solidaridad del activismo social. El altruismo comunitario es un valor moral necesario. Pero no puede suplir la labor que corresponde a las instituciones. Ante la realidad amarga de los desahucios, no debería repetirse que los poderes públicos intenten existir lo menos posible. No deberíamos tropezar de nuevo con la misma piedra. Eso significaría que no hemos querido aprender nada como sociedad.

Hubo un tiempo ancestral en el que los reyes aseguraban que sus privilegios procedían del derecho divino. Dios los había puesto en lo más alto de forma mágica, como por arte de encantamiento. No se podía exigir responsabilidad por sus actos al monarca: era la divinidad en la tierra y juzgar al rey era tan irrealizable como imputar un delito a Dios. La inviolabilidad real es un vestigio de aquellas concepciones. 

La sociedad democrática actual parte de visiones muy distintas. Los cargos estatales no deben sus puestos a ninguna deidad sobrenatural, sino que están fundamentados en la legitimidad democrática. Cada persona cuenta con un voto para elegir a sus gobernantes. Los derechos y deberes se desarrollan desde el principio de igualdad ante la ley. A partir de ahí, podemos exponer una premisa difícil de cuestionar para cualquier demócrata: todos los cargos públicos deberían actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones de su gestión. 

Ese axioma no habría de contemplar excepciones. Debe aplicarse a los alcaldes, a los presidentes autonómicos o al presidente del gobierno. Y también al jefe de Estado, tanto en una república como en una monarquía parlamentaria. Solo se puede defender lo contrario si se invoca el arcaico derecho divino de los reyes, como si siguiéramos en la Edad Media. Lo resume muy bien José Antonio Zarzalejos, periodista monárquico de prestigio y nada sospechoso de revolucionario, cuando indica que una monarquía parlamentaria carece de sentido si no actúa con transparencia, austeridad y ejemplaridad responsable.

Por ejemplo, si cualquier cargo político debe presentar una declaración de bienes, con la finalidad de prevenir incrementos patrimoniales fraudulentos, sería conveniente que el jefe de Estado hiciera lo mismo. Si cualquier organismo público debe divulgar cómo ejecuta sus presupuestos, no se acaba de entender que la Casa del Rey pueda actuar con opacidad en la gestión económica del dinero público que recibe. Si cualquier gobernante debe responder penalmente por percibir un soborno, representa una carta blanca muy inquietante que el jefe de Estado sea inviolable y pueda quedar impune si perpetra exactamente la misma conducta. Como señala Andrés Boix, determinados blindajes son dudosamente conciliables con las tendencias normales en una democracia.

De hecho, los escándalos que han afectado al rey emérito pueden relacionarse con facilidad con esa ausencia de controles y con esa presencia de privilegios. Probablemente, con una regulación adecuada de la institución no se habría llegado a la situación actual. En palabras de Elisa de la Nuez, en una democracia moderna es una anomalía que la jefatura del Estado quede al margen o por encima del ordenamiento vigente.

Una gestión integral contra la corrupción no puede ignorar la enorme relevancia del principal órgano simbólico y representativo del país. El deterioro institucional en ese ámbito acaba impregnando al conjunto de la vida pública, como las filtraciones de un tejado que dañan hacia abajo toda la vivienda. Entre otras cuestiones, nuestro crecimiento en calidad democrática pasa por la incorporación de controles, contrapesos y mecanismos de transparencia en ese vértice institucional. Seguro que habrá quienes se opongan y muestren su añoranza por el sacrosanto derecho divino. Sin duda, los demócratas deberíamos profundizar en los valores de la ejemplaridad. 

1.- El bloqueo institucional. La Constitución establece con claridad que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe renovarse cada cinco años. Sin embargo, la actual cúpula judicial fue designada en 2013 y ya lleva caducada dos años en funciones. El principal partido de la oposición ha manifestado que no va a negociar su renovación y el cambio en este organismo requiere de una mayoría cualificada de 3/5 de ambas cámaras. Resulta imposible llevarlo a cabo sin los votos de la oposición.

¿A qué se debe este bloqueo tan manifiestamente inconstitucional? Hay que comprender la indudable importancia de las competencias del CGPJ: nombra a los magistrados de los principales tribunales, puede premiar o castigar a los jueces, interviene con sus opiniones en asuntos de enorme relevancia pública. La actual cúpula judicial fue diseñada hace siete años por el exministro Gallardón, tras una reforma legal con la que se configuró el CGPJ más partidista de nuestra historia democrática, en función de los intereses de su propia formación. En consecuencia, se nombró como presidente del organismo a Carlos Lesmes, ex alto cargo en los gobiernos de Aznar. También buena parte de los vocales nombrados estaban en sintonía con esos intereses. El bloqueo permite que ese control partidista se prolongue durante más tiempo del previsto constitucionalmente.

2.- El aprovechamiento de una cúpula judicial en funciones. El resultado se concreta en el mantenimiento de un CGPJ que no debía estar adoptando decisiones desde hace dos años. Pero continúa actuando igual que a lo largo de todo su mandato. Realiza a menudo nombramientos de altos cargos judiciales con un marcado sesgo partidista y no en función de un sistema de méritos objetivables, como han denunciado diversas entidades. Y se posiciona constantemente en público contra este gobierno, en contraste con la benevolente actitud que mantuvo con el anterior.

Los cuestionables afanes partidistas para perpetuar esta situación no pueden colisionar frontalmente con el imperativo constitucional de renovación cada cinco años. El pretexto del principal partido de la oposición es que no negocia para la renovación por discrepancias ideológicas con el Gobierno. Pero, además de la falta de respeto de ese argumento hacia el pluralismo democrático, resulta lógico que concurran siempre esas discrepancias. Y por esa regla de tres nunca se renovaría el organismo. La situación de bloqueo de la cúpula judicial es constitucionalmente insostenible.

3.- La reforma propuesta por los partidos del Gobierno. La proposición de ley que se ha presentado plantea superar el bloqueo con una enmienda sobre las mayorías para la elección. Supondría eliminar en la práctica la mayoría cualificada de 3/5 para la elección de los vocales judiciales en ambas cámaras, para sustituirla por la mayoría absoluta, con lo cual resultaría innecesario el apoyo de la oposición. No obstante, esa modificación legal acentuaría el control partidista de la cúpula judicial, que es uno de los problemas esenciales que presenta nuestro sistema de separación de poderes, ya bastante desprestigiado durante las últimas décadas por el reparto de cuotas entre los principales partidos. Desde la perspectiva de las injerencias partidistas, llegaríamos a una variante empeorada del sistema de Gallardón. Hoy puede beneficiar al PSOE y a UP, pero mañana sin duda favorecería al PP y a Vox. Y, en todos los casos, perjudicaría seriamente a la credibilidad de nuestro sistema judicial.

Resulta comprensible que desde el Gobierno se exploren alternativas a esta situación de bloqueo. El actual CGPJ no puede mantenerse ahí a perpetuidad. Pero el remedio puede acabar siendo peor que la enfermedad. Sería suficiente con una adecuada regulación de la cúpula judicial cuando está en funciones, para restringir al máximo sus atribuciones (en especial, los nombramientos de magistrados en altos tribunales). Así se eliminaría el principal incentivo para beneficiarse de bloqueos oportunistas. En cambio, reforzar el control partidista sobre la justicia supondría un paso más en la degradación institucional del CGPJ.

4.- La cúpula judicial española como anomalía en Europa. En un artículo anterior expliqué que nuestro sistema de gobierno de la judicatura (por reparto entre los principales partidos) no tenía equivalentes en los países de nuestro entorno. Las concepciones europeas se inspiran con razón en la idea de que la separación de poderes ha de llevar a la existencia de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional. Con esos equilibrios se pretende evitar los abusos de poder que pueden ocasionarse si la judicatura queda supeditada al poder político.

La Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, aprobada por el Consejo de Europa, indica que los consejos de la judicatura son organismos independientes de los poderes ejecutivo y legislativo, integrados al menos en la mitad de sus miembros por “jueces elegidos por sus pares” (y no por el Parlamento, que designa a los miembros restantes). Se trata de un sistema mixto en la elección, entre judicatura y Parlamento, con el que se apuesta por una vigilancia mutua. Evita que el poder político ocupe espacios de influencia demasiado extensos, pero esa dualidad también permite evitar los riesgos de un posible corporativismo judicial, ante la presencia de miembros designados parlamentariamente. Así es como funcionan los equilibrios institucionales. Y por eso la existencia en España de una cúpula judicial colonizada al completo por los partidos políticos ha provocado constantes reproches del Consejo de Europa.

5.- La actitud exigente de la ciudadanía como única posibilidad de cambio. El sistema de configuración de la cúpula judicial con intervención de los partidos se ha deteriorado tanto que no resulta sencillo evolucionar hacia los estándares europeos. Las dinámicas de poder provocan que las fuerzas políticas intenten copar a toda costa los espacios de mayor influencia institucional. Por ejemplo, en las elecciones de 2011 el partido de Mariano Rajoy prometió en su programa promover la reforma del sistema de elección del CGPJ, para que “doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Sin embargo, tras obtener la mayoría absoluta, el exministro Gallardón decidió hacer exactamente lo contrario, con pleno apoyo de su formación, y optó por incrementar el control partidista de la cúpula judicial. Por ello, causa hilaridad que los ámbitos políticos que han patrocinado esta instrumentalización del CGPJ (o no la han cuestionado) ahora se rasguen las vestiduras y se escandalicen sin rubor ante las tentativas de control de sus adversarios.

Las mismas contradicciones podemos constatar entre los dirigentes de los partidos de izquierda. Pero esta lamentable situación también se explica ante una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Es lo más opuesto al valor general del concepto de justicia. Por otro lado, los jueces no hemos sabido explicar la relevancia de estas cuestiones a la sociedad, ni tampoco buscar complicidades o apoyos en ella. Al contrario, siempre hemos sido percibidos como muy gremialistas y demasiado distanciados de la ciudadanía. El fracaso institucional se ha construido colectivamente.

Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos, al estar demasiado implicados en las referidas dinámicas de poder. Solo se producirán a través de la presión ciudadana, si las bases de las formaciones de izquierda y de derecha presionan lo suficiente a los suyos, en lugar de aplaudir acríticamente las estrategias tóxicas contra la separación de poderes. Sin duda, resulta difícil que se produzca de verdad esa presión ciudadana. En ese caso, seguiremos como estamos. O incluso peor.

Ser rico debe ser muy duro para la supervivencia. Y más cuando se reside en el barrio de Salamanca de Madrid, con un precio medio por vivienda de un millón de euros y unos niveles de renta que se encuentran entre los más elevados del país. ¿De qué sirve tener un montón de dinero si no puedes salir a gastarlo? ¿Cómo se atreven a decretar un estado de alarma que impide ir a exhibirse al club de campo? ¿Acaso la libertad de los elegidos no consiste en poder ignorar a las autoridades sanitarias? La protesta de la calle Núñez de Balboa está llena de contrastes y de historia.

Durante la guerra los aviones franquistas arrasaron buena parte de los distritos de Madrid, pero recibieron órdenes expresas de no bombardear el barrio de Salamanca. Así, los acaudalados que habían respaldado y financiado el golpe militar pudieron regresar a sus inmuebles intactos, mientras el resto de la ciudad tuvo que afrontar una muy ardua reconstrucción. También en los bombardeos se pueden manifestar diferencias de clase social.

Ese apoyo de los más ricos al dictador fue generosamente recompensado con todo tipo de prebendas, adjudicaciones, concesiones y chanchullos, en el marco de la corrupción estructural del régimen. Era prácticamente imposible consolidar una fortuna sin el beneplácito de los gobernantes. Tras la muerte de Franco, la Transición implicó una apertura en lo político, que posibilitó la entrada en las instituciones de partidos democráticos. En cambio, la continuidad de las élites económicas fue absoluta, más allá de permitir algunas incorporaciones interesadas para mantener su influencia, a través del mecanismo de las puertas giratorias.

Igual que el barrio de Salamanca no podía ser bombardeado, tampoco podían ser cuestionadas las prerrogativas de nuestras élites económicas. Ni en la dictadura, ni con posterioridad. Por eso se mantuvo esencialmente una estructura tributaria que en la práctica supone que las grandes empresas y las grandes fortunas del país apenas paguen impuestos, a diferencia de sus equivalentes en los principales países europeos. Como ya anticipara Antonio Machado, la mentalidad del señorito en España está vinculada a considerar que la patria son sus intereses y no el bienestar de todas las personas.

El egoísmo de clase, la falta de liderazgo moral y la ausencia de empatía hacia los distintos sectores sociales se ha evidenciado sobre todo en situaciones difíciles. Lo pudimos observar durante la última crisis económica, cuando se incrementaron las mayores fortunas del país, aumentaron enormemente las desigualdades sociales y surgieron amplias bolsas de pobreza extrema. Ahora mismo nos encontramos de nuevo en un momento muy delicado, ante el impacto económico de esta pandemia. Habremos de decidir cómo repartimos las cargas, sacrificios y privaciones. Y el gran misterio estriba en si alguien se atreverá por fin a poner el cascabel al gato de nuestras minorías más acomodadas.

Ese es el contexto de las protestas del barrio de Salamanca. Hay demasiadas ventajas que conservar. Desde mi respeto al derecho de manifestación, incluso en estado de alarma (si se adoptan las medidas de protección adecuadas), no puede sorprender que gran parte de la sociedad haya percibido algo más que una mera revuelta callejera. No puede sorprender que haya percibido insolidaridad, clasismo, prepotencia, frivolidad irresponsable, carencia de valores comunitarios, soberbia de casta intocable o desprecio por las normas sanitarias. No puede sorprender que haya percibido ese sentimiento arrogante de quienes se creen por encima de las leyes y del sentido común. Es demasiado impactante la comparación con el valeroso esfuerzo de nuestro personal sanitario para salvar vidas y de tantas otras personas que se están dejando la piel en sus actividades laborales.

Nos lo podemos tomar con humor. Esas algaradas presentan aspectos absurdos, ridículos o surrealistas. Pero nos equivocaremos si no captamos su profundo significado simbólico: la calle Núñez de Balboa es solo la avanzadilla y pronto presenciaremos un despliegue infinitamente superior. Está en juego si nuestras élites económicas amarran o no sus privilegios. El conflicto puede ser muy intenso, porque la experiencia les ha enseñado que la mejor defensa es un buen ataque. Y el áspero debate colectivo que se avecina no será ninguna diversión.

Al empezar una actuación memorable, John Lennon dijo con sorna que quienes ocupaban los asientos más baratos podían aplaudir y los que estaban en los palcos podían hacer sonar sus joyas. En el barrio de Salamanca han seguido ese espíritu y han irrumpido en la vía pública con la cubertería de plata, los palos de golf y el atuendo pijo algo desfasado. Exigen libertad para ir a comprar a sus tiendas selectas. Es una regla humana que nadie renuncia a sus privilegios sin oponer resistencia.

Nunca hubiera imaginado que viviría una pandemia, ni tampoco que presenciaría una defensa del derecho a mentir. Pero a veces sucede lo inesperado. El reciente debate sobre la difusión de noticias falsas nos ha dejado actitudes tan sorprendentes como la de quienes reivindican el derecho a intoxicar con bulos masivos, porque aseguran que eso forma parte de la libertad de expresión. Y una de las argucias esgrimidas en esta ceremonia de la confusión ha sido equiparar libertad de expresión y derecho a la información, a pesar de que se trata de categorías distintas. Se trata de un revoltijo interesado, para llevar el agua al molino propio de la difamación maliciosa.

La regulación constitucional indica claramente que la libertad de expresión implica poder difundir pensamientos, ideas y opiniones (pero no informar sobre hechos). Se trata de formular juicios de valor de carácter subjetivo, por lo que no resulta relevante para ejercer este derecho el acierto o el error, el buen gusto o el mal gusto, la moderación o la destemplanza. Su finalidad estriba en posibilitar el pluralismo en una sociedad democrática. Y permitir que la ciudadanía acceda a los argumentos ajenos para forjar sus propias convicciones. La libertad de expresión no solo ampara lo políticamente correcto o lo mayoritariamente admitido, sino también aquello que pueda molestar, incomodar o disgustar.

En paráfrasis de Orwell, podríamos afirmar que la libertad de expresión consiste en poder decir aquello que otros preferirían no tener que escuchar. El derecho a manifestar opiniones no solo está vigente para quienes piensan como nosotros, sino especialmente para quienes mantienen posiciones contrarias. Como explicó Noam Chomsky, si no creemos en la libertad de expresión para la gente a la que despreciamos, no creemos en ella para nada. Nuestra jurisprudencia constitucional ha reiterado que este derecho fundamental incorpora su máxima protección en los debates públicos, sobre cuestiones de interés general y cuando es ejercida por representantes políticos. Por eso resulta preocupante que en el ámbito partidista se pueden plantear iniciativas que limiten esta libertad. Entre ellas, algunas tan poco afortunadas como derivar las críticas políticas desaforadas a los delitos de odio, cuando se trata de un tipo penal que está configurado para otra clase de situaciones relacionadas con colectivos vulnerables.

Los excesos en la libertad de expresión forman parte del ruido de la democracia, mientras no encajen con claridad en algún delito. En cambio, el derecho a la información no se corresponde con esa noción de subjetividad que caracteriza a las opiniones. Más claro aún: la Constitución no otorga ningún derecho a mentir. Al contrario, lo que proclama literalmente es el derecho fundamental a difundir o a recibir “información veraz”. La producción intencionada de falsedades no cuenta con ninguna protección constitucional.

A diferencia de las opiniones, sí se puede establecer con parámetros objetivos que determinados hechos difundidos son veraces o falaces. El principal criterio jurídico para esa calificación consiste en declarar si los hechos se han expuesto con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Así lo determinamos los jueces en el ámbito penal en los delitos de calumnias o injurias. Y en el ámbito civil en las lesiones del honor. Otra variante distinta sería la del ejercicio del derecho de rectificación de contenidos inexactos en los medios.

Resulta importante reseñar que veracidad (en términos constitucionales) no significa realidad incontrovertible o certeza absoluta, como ha subrayado la jurisprudencia. Un medio de comunicación o cualquier otro emisor de información pueden transmitir una noticia cuyos hechos finalmente no estén completamente acreditados. Lo que será relevante es que hayan agotado la diligencia exigible y hayan contrastado la información antes de publicarla. Si castigáramos cualquier inexactitud, se generaría un efecto de desaliento que restringiría peligrosamente el derecho a la información. Es la producción malintencionada de la mentira lo trascendente.

Libertad de expresión es opinar subjetivamente que el gobierno ha realizado una gestión acertada contra la pandemia o que sus actuaciones han sido desastrosas. Pero ni la libertad de expresión ni el derecho a difundir información veraz amparan divulgar falsedades objetivas a sabiendas y de forma masiva. Por ejemplo, afirmar que varios magrebíes han perpetrado una violación grupal, cuando se trata de una invención del propio hecho. O asegurar que un cargo público (del signo que sea) ha recibido un tratamiento médico privilegiado, cuando este ni siquiera ha existido. O simular a través de montajes del BOE la aprobación de leyes inquietantes, para generar desasosiego. La superchería informativa supone una fabulación de hechos concretos y se ubica en un plano distinto a los incumplimientos de promesas o a las interpretaciones tendenciosas. Nos estamos refiriendo a bulos tóxicos radicalmente dolosos.

La propagación de falsedades malintencionadas lesiona el derecho fundamental de todos los ciudadanos a recibir una información veraz. Y este perjuicio se amplifica cuando se ejecuta mediante mecanismos de difusión intensiva como las redes sociales, si son reforzados aún más con medios automatizados de multiplicación fraudulenta y favorecen todo tipo de linchamientos públicos. Con ello se produce un efecto de bola de nieve: la mentira se vuelve más grande y nociva según va rodando. Es la infame concepción atribuida a Goebbels de que una mentira repetida mil veces se acaba convirtiendo en verdad.

Los casos más extremos que impactan en derechos de personas concretas ya cuentan con respuestas adecuadas en la legislación penal y civil. Pero nuestro ordenamiento jurídico necesita de medidas de protección del derecho a la información de la ciudadanía en supuestos de relevancia colectiva. Como sabía Bertolt Brecht, cuando la verdad se sienta débil para defenderse del acoso de la mentira, ha de pasar al ataque. Debe abordarlo con cordura: la censura previa resulta inadmisible por su carácter inconstitucional, con toda la razón. Y también sería desproporcionado incorporar nuevos castigos penales (e incluso sería peligroso, por las tentaciones que puede suponer para todo poder político).

Sin embargo, contamos con un instrumento como el derecho de rectificación, que ha quedado obsoleto por los cambios tecnológicos, pero puede actualizarse y readaptarse a la situación presente. La ley de 1984 no podía adivinar las transformaciones en materia comunicativa. El vigente derecho de rectificación permite aclarar informaciones inexactas y obligar a corregirlas. Esto tenía su sentido en un periódico que solo se editaba en papel o en unos programas de televisión que únicamente se veían en un receptor. Esta regulación ha resultado superada por los espacios virtuales presentes, en los que además los medios ya no cuentan con el monopolio de crear información.

Como ha argumentado acertadamente Miguel Pasquau, sería viable una nueva regulación civil de esta figura procesal, con todas las cautelas, para salvaguardar en el contexto presente el derecho a recibir información veraz, con diversas formas de legitimación para accionar. Se puede articular un procedimiento judicial sencillo como marco para declarar el carácter falaz de los bulos lesivos, por haberse emitido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. En su caso, la resolución judicial también podría explicitar los artificios fraudulentos de propagación utilizados. Desenmascarar a quienes elaboran patrañas maliciosas de difusión masiva generaría efectos pedagógicos muy positivos, al facilitar a los ciudadanos poder distinguir a organizaciones, medios o activistas de la información que utilizan la mentira como arma de combate. Es cierto que la desinformación debe refutarse con más información; pero es igualmente cierto que desenmascarar a los difusores de bulos es un instrumento muy potente de información.

El engaño agrieta los cimientos de convivencia de toda sociedad. La confianza mutua es la base de la estructura social y no puede hilvanarse con falsedades tóxicas. En la actuación contra los embustes industrializados habremos de actuar con prudencia institucional. Como nos explicó Tagore, si queremos cerrar la puerta a todas las mentiras, corremos el riesgo de que se quede fuera la verdad. Pero sí podemos desenmascarar a quienes difunden las más graves, las más venenosas, las más dañinas.