Los resultados de las candidaturas ciudadanas de confluencia el 24M en ciudades como Barcelona y Madrid han desencadenado un fervor repentino por el frentepopulismo. Todas las miradas están puestas ahora sobre Cataluña por ser el lugar donde se tienen que celebrar las próximas elecciones dentro de tan sólo cuatro meses, y que constituirán el primer experimento a escala supramunicipal.

En Cataluña varias son las voces en pro de la creación de un En Comú autonómico. La referencia, indudablemente, es Barcelona en Comú y no sólo por sus buenos resultados electorales sino porque su metodología de agregación y de articulación de espacios participativos hace pensar que no sólo con caras conocidas –por muy legítimas que estas sean– se ganan unas elecciones.

Quizás no sea a Carmena a quien haya que atribuir en exclusiva la victoria de Ahora Madrid, sino también –quizás sobre todo– a la complejidad de la propuesta: un espacio político denso donde se dan cita lo mejor de los movimientos salidos del 15M y sus metodologías abiertas, los espacios de participación de programa, las asambleas de barrio. Es decir, el cuerpo social capaz de investir de alma y músculo una proyecto que se pretende ciudadano y de ruptura. Basta ver en qué barrios o secciones censales se ha dado el mayor índice de voto que se corresponden casi como un calco, con aquellos territorios donde más tejido social hay, más centros sociales, más asambleas de barrio: Malasaña, Lavapiés, Arganzuela, Orcasitas, Vallecas, etc.

En los dos casos podemos decir que se ha producido un perfecto encaje entre personas creíbles capaces de servir de faro y movilizar ilusión, con una estructura bien aceitada, una base sólida sobre la que aupar a esas candidatas. En otros casos, donde los resultados ha sido también excelentes como en las Mareas gallegas, los candidatos ni si quiera eran tan conocidos, pero la metodología también dio resultado. Es decir, la fama importa, pero no tanto. Recordemos también a los que piden en Catalunya un candidato “de consenso”, que Carmena fue una propuesta de Podemos no consensuada, sino encumbrada mediante primarias y cuya personalidad y trabajo hizo el resto en la campaña. Los candidatos también se hacen. En este sentido, Albano Dante Fachín –el cabeza de lista de Podemos salido de sus recientes primarias– un periodista ciudadano conocido por su activismo en defensa de la sanidad pública y azote de la corrupción, parece un excelente candidato.

Pero más allá de los nombres, una propuesta electoral que se piense rupturista, hija de estos tiempos de oportunidad que han alumbrado las revueltas quincemayistas tiene que ir algo más allá de ser sólo una opción electoral. Como lo es BComú y Ahora Madrid. Por una cuestión puramente material: la organización por abajo empuja las transformaciones por arriba, y las anquilosadas e inmovilistas dinámicas de los viejos partidos sólo se llevan más allá con organización social, articulada y viva.

Entonces, ¿cómo podría ser esa Catalunya En Comú? Si se toma como ejemplo Barcelona En Comú hay que tener en cuenta que se concibió desde la necesidad de crecer –ejes temáticos, asambleas de barrio, apoyos sociales de todo tipo formales e informales–, desde la necesidad de generar una estructura sólida y potente que fuese capaz de supeditar las lógicas propias de los partidos a la de un común concebido como “fuerza ciudadana”. Es decir, el modelo fue inverso, aunque paralelo, al de Madrid: en Barcelona se contaba con Ada y se generó un movimiento bajo su ala para acompañarla. En la capital, la organización creó a su cabeza visible que supo acompañar bien a la nueva “fuerza ciudadana”. Es decir, a la gente que no había tenido acceso a las instituciones hasta ahora, muchos de ellos provenientes de movimientos sociales con experiencia de calle capaces de agregar muchas y frescas energías de todas partes, capaces de democratizar por abajo abriendo espacios reales de participación, trabajando en asambleas con metodologías aprendidas en los mismos movimientos. Algo que sin duda puede hacer una Ada Colau o un Ahora Madrid, pero no un partido al uso ni los profesionales de la política porque no tienen las herramientas, pero también por esa misma crisis de legitimidad que la política institucional lleva arrastrando desde hace años y que ha ido alejando progresivamente a los políticos de la ciudadanía. Una crisis que eclosionó en el 15M. ¡No nos representan!, gritábamos. Y llegó Podemos y mucha gente lo proclamó como la vuelta a la representación sin saber leer lo que significaban los círculos y la apelación a participar que enunciaba un partido que no era exactamente un partido. Y llegaron las candidaturas ciudadanas y sí, estaban Ada y Carmena, pero también mucho 15M detrás, mucha movilización social.

Pero volvamos a Catalunya en Comú, ¿cómo enfrentar la dificultad de pasar de la escala municipal a la autonómica en un país de la extensión y complejidad de Catalunya? ¿Hay tiempo de hacer otra organización ciudadana y participada nueva donde los partidos se supediten a otras lógicas superadoras de viejas inercias? Es poco probable que eso suceda, pero también es poco probable que un pacto de despachos del que salga una lista cerrada resulte creíble y agregador. Un pacto de ese tipo no conseguiría juntar a las fuerzas de ruptura y sin duda obtendría unos pobres resultados electorales.

Pero tenemos una herramienta que puede servir como espacio aglutinador, que puede ayudar a dinamizar espacios de participación porque es lo que sabe hacer. Esta herramienta es Podemos, el actor que mejor puede interpretar el papel de espacio impulsor de este lugar común de las fuerzas de ruptura en Cataluña –tanto partidos como movimientos y luchas–, con la energía de la renovación, de gente que no viene de la política institucional y capaz de resultar creíble e ilusionar a diversos estratos sociales –el partido del nuevo precariado, de las clases medias en descomposición, del nuevo cinturón rojo–. Un Ahora Podemos que sin duda se vería beneficiado de un proceso de confluencia de ese tipo, que al abrir espacios nuevos de participación y aglutinar mayor diversidad en su seno sería más abierto y diverso. Pongamos como ejemplo, el caso de que algunas asambleas ya existentes del Procés Constituent quisiesen integrarse con su propia autonomía dentro de los mecanismos de participación de Podemos.

Para que todo eso suceda, algunas cosas se tendrán que mover en Podemos en un momento histórico que nos exige osadías. Experimentos que habiliten las condiciones para generar un amplio espacio social y político diverso que reúna lo mejor de las fuerzas que se comprometen con la ruptura, que desean un cambio en Cataluña. Unidad no como unidad de siglas y aparatos sino de experiencias, militancias y movimientos. Quizás no existen todas las respuestas prácticas todavía ante este enorme reto, pero hay que tener claras las preguntas para empezar a responderlas mientras andamos.

A Pablo le han comparado mucho estos días con Lerroux. El "lerrouxismo" en Cataluña es un insulto con el que se nombra toda forma presunta o real de populismo anticatalán y criptoespañol con buena acogida entre las clases populares

Lo peor de la política institucional es que es una política de gestos: quien se abraza con quién, si se aparece o no en la foto… Es un reflejo de la inevitable teatralidad y la competencia infinita que corresponde con la política partidaria: tú voto puede ser el mío, si desplazo aquí mi discurso me como el de aquel, etc. Quizás no sea lo peor y se nos ocurran miserias mucho más graves, pero es el trasfondo.

“A mí no me veréis dándome un abrazo con Rajoy ni con Mas”. Lo dijo Pablo Iglesias el pasado domingo en Barcelona en referencia al abrazo del líder de las CUP, David Fernández, a Artur Mas durante el 9N. ¿Un “golpe bajo”, una “bofetada”?  Las redes sociales se escandalizaron durante las horas que siguieron a las palabras de Pablo. ¿Cómo es posible que se critique a la cara más visible contra la corrupción en Cataluña? Lo cierto, no obstante, es que de esta colleja verbal se pueden extraer algunas conclusiones que van más allá del gesto:

Lo del abrazo fue una respuesta al órdago de la carta de las CUP en la que el partido catalán saludaba la visita de Pablo “als Països Catalans” como al líder de un país extranjero. Y cómo tal se le pedía que se manifestase a favor de un proceso constituyente catalán independientemente de lo que suceda en España. La respuesta de Pablo podría haberse quedado en las imágenes del polideportivo de la Vall d'Ebron totalmente desbordado o a las encuestas que sitúan a Podemos como la primera fuerza en las estatales en Cataluña y la tercera o segunda en las autonómicas en intención de voto –tres, cuatro o cinco veces mayor que las CUP–.

Pero lo cierto es que Pablo –collejas aparte– no hablaba para el público de las CUP, no hablaba para los segmentos activistas, ni para el independentismo de izquierdas, ni para ningún sector de lo que podríamos llamar la “sociedad civil catalana”, sino para otro mucho más grande y hasta hace poco invisibilizado. Lo dijo en clave de identificación: “Yo soy de Vallecas, y cuando voy a l'Hospitalet o Cornellá me siento como en casa”.  De repente el olvidado cinturón rojo de Barcelona ha cobrado fuerza política, y como ha ocurrido otras veces, lo ha hecho del lado de un político con pocas raíces locales, pero que hablaba sencillamente de lo que importa.

A Pablo le han comparado mucho estos días con Lerroux. El “lerrouxismo” en Cataluña es un insulto con el que se nombra toda forma presunta o real de populismo anticatalán y criptoespañol con buena acogida entre las clases populares. El ejemplo se toma de los primeros años del siglo XX, cuando bajo el nombre de Lerroux se organizó el primer partido obrero de Barcelona, el primero opuesto al catalanismo conservador de la Lliga. Hay otros términos parecidos y todos en las misma línea: anselmolorencismo, faísmo... Las élites catalanas han tenido siempre una extraordinaria capacidad para convertir a sus enemigos en enemigos de todos, en enemigos de Catalunya.

¿Pero acaso no es la historia de este sector olvidado la parte que explica el resto? Durante los años setenta, el antifranquismo de las clases medias vibraba con el cinturón rojo de Barcelona. No le quedaba más remedio. Entonces era una verdad evidente: el fin de la dictadura vendría de las movilizaciones obreras. Así fue en las huelgas generales del Baix Llobregat, de Sabadell, que se sumaron a las de Vitoria, Madrid, y otros tantos lugares que en el invierno de 1976 hicieron inviable la continuidad del franquismo sin Franco. En 1979, tras las primeras elecciones municipales, Cornellá, Sabadell, Rubí, el Prat de Llobregat, Santa Coloma y hasta una treintena de ciudades obreras tuvieron un alcalde comunista.

Pero en 1980, un partido no muy significativo, que hasta entonces no había superado el 18% de los votos, CiU, lograba la mayoría en las primeras elecciones autonómicas. Lo hacía con innumerables apoyos, de la patronal, de las élites catalanas, de España –incluso Fraga decidió no presentarse a  estas elecciones para no dividir el voto de la derecha–. Su mérito: haber evitado el primer gobierno social-comunista del Estado español. Ganó hablando como la verdadera “gent de casa”. Su victoria, que a la izquierda le pareció temporal y precaria, se repitió durante los siguientes 24 años.

Durante ese largo periodo –el del régimen catalán– el cinturón rojo de la metrópoli barcelonesa sencillamente desapareció de la política local, quedando como reserva de votos del PSC, los herederos del PSUC y de un creciente abstencionismo. La fuerza de Pablo el domingo residió en señalar una obviedad: “No tienen más patria que su dinero”. Pero para decir esta obviedad hay que dar un triple salto mortal en Catalunya que consiste en reconocer que las posibilidades de ruptura no están en el estrecho marco de la “sociedad civil catalana”, sino fuera, entre los excluidos de la misma.

Más allá de si el abrazo fue un pequeño desliz involuntario o un error estratégico grave, lo que se puede leer detrás del gesto es que en Catalunya se ha generado un espacio simbólico donde ese abrazo, no sólo es posible, sino que hasta se ve como algo “natural”. Las CUP han contribuido a generar ese espacio y ello conlleva alguna responsabilidad. Quizás el domingo Pablo no haya abierto algo políticamente nuevo en Catalunya, por desgracia los barrios siguen hoy tan desorganizados como antes del nacimiento de Podemos. Lo que sí parece seguro es que este nuevo partido ha mostrado a la izquierda catalana su incapacidad para dirigirse y organizar a aquel sector que de forma natural debía representar.

Se pueden criticar muchas cosas de Podemos: su estrategia gobernista, su excesiva dependencia de los media, su renuncia a la organización. En todo ello, las CUP le llevan la ventaja de la democracia y de una organización asamblearia. Ojalá estas o cualquier otra nueva formación de la izquierda catalana pudieran demostrar también, que son capaces, como Podemos, de localizar todas las brechas de ruptura allá donde las haya.

Guanyem Igualada, Guanyem Mollet, Guanyem l'Hospitalet, Guanyem Terrassa i fins i tot Guanyem Madrid. Tot just unes hores després que es fes pública la iniciativa de Barcelona, nous perfils de Twitter i Facebook com aquests eren reservats i inclús compartien espontàniament un mateix logo.

Les expectatives que ha generat aquesta proposta no només tenen a veure amb el perfil públic i la credibilitat d'Ada Colau. Estan relacionades amb què Guanyem Barcelona s'identifica com la primera aposta del moviment post15M per a les eleccions municipals. Un intent virtuós d'encaixar el millor que va donar cos en la presa de les places: activistes que deixen enrere identitats resistencialistes, gent sense militància prèvia mobilitzada recentment pels impactes de la crisi i persones de les bases dels partits que pensen que les coses poden fer-se d'una altra manera. Tots treballant junts amb un objectiu comú: guanyar una ciutat per a la revolució democràtica, aturar la creixent bretxa que divideix Barcelona entre barris rics i pobres i el patiment quotidià que això implica per a una gran part de les persones que l'habiten.

Si s'ha de guanyar, l'aposta necessàriament ha de ser de majories. Només es pot construir hegemonia component-se en la diversitat, el que s'ha de veure no com una debilitat, sinó com una fortalesa, però que certament et posa en el punt de mira de l'ortodòxia militant. Aquesta diversitat -veritable experiment irrenunciable- posa en dificultats les persones acostumades a una política de minories, d'objectius maximalistes. És més fàcil entendre't entre iguals, et posa menys en joc, dorms més tranquil. Però sembla que aquesta fase ha acabat per a nosaltres. L'oportunitat obliga a anar en una altra direcció, on per moments hi ha més preguntes que respostes però també una mena de fe absoluta en que no es poden aconseguir grans coses sense arriscar-se al mateix nivell.

Als partits més tradicionals afins a la proposta també els costarà entrar en una altra lògica. No perquè difereixin en objectius sinó perquè tenen ritmes propis i les seves pròpies servituds. Posseeixen un passat, una posició estratègica: és a dir, volen perviure. Es poden compondre sense diluir-se, mantenint-se recognoscibles per a les seves bases? Poden combinar les seves estructures amb formes més assembleàries de democràcia directa? En qualsevol cas, l'exigència dels temps que vivim també és cap a ells. El seu major risc, perdre rellevància social en un moment d'oportunitat política de transformació única per a tots.

Però compondre amb altres no és un fi en si mateix ni un xec en blanc, és una eina per portar a les institucions les demandes contingudes en les mobilitzacions ciutadanes dels últims anys. En aquest període s'ha produït una acumulació de propostes articulades que podrien fer-se efectives, convertir-se en lleis, veritables alternatives al “no es pot” dels nostres governants. També experiències d'autogestió ciutadana i sabers de participació i democràcia de base que poden condensar per assumir amb força el repte que tenim per davant. Experiències que a més seran imprescindibles per sostenir en el temps i amb cert nivell d'exigència des de baix les apostes municipalistes en curs.

Amb aquest teixit podrem encarar la revolució democràtica que necessitem que ha de passar per fer polítiques de contenció del patiment social que han provocat la crisi, les retallades i les privatitzacions. Però que també, de manera imprescindible, ha d'impulsar la transformació de les pròpies institucions, l'únic que sostindrà a mitjà i llarg termini qualsevol mesura de repartiment de riquesa que es vulgui emprendre. Tard o d'hora -més d'hora per als municipis petits o molt endeutats- aquestes propostes municipalistes s'hauran d'enfrontar a les imposicions de la Troica convertides en lleis. Com la priorització del pagament del deute que limita -i en molts municipis impedeix-qualsevol intent de política progressista.

Per a això es necessitaran aliances entre aquestes intervencions en els ajuntaments i propostes supramunicipals que ens permetin treballar a escales estatal i europea. Component un moviment també de majories a aquests nivells podrem optar per un horitzó constituent que potenciï i sobretot asseguri qualsevol victòria local que puguem aconseguir.

L'aposta està a l'altura de les possibilitats. El repte, d'allò per guanyar.

Guanyem Igualada, Guanyem Mollet, Guanyem Hospitalet, Guanyem Terrassa y hasta Guanyem Madrid. Apenas unas horas después de que se hiciese pública la iniciativa de Barcelona, nuevos perfiles de Twitter y Facebook como estos eran reservados y hasta compartían espontáneamente un mismo logo.

Las expectativas que ha generado esta propuesta no sólo tienen que ver con el perfil público y la credibilidad de Ada Colau. Están relacionadas con que Guanyem Barcelona se identifica como la primera apuesta de movimiento post 15M para las elecciones municipales. Un intento virtuoso de encajar lo mejor que dio cuerpo a la toma de las plazas: activistas que dejan atrás identidades resistencialistas, gente sin militancia previa movilizada recientemente por los impactos de la crisis y personas de las bases de partidos que piensan que las cosas pueden hacerse de otra manera. Todos trabajando juntos con un objetivo común: ganar una ciudad para la revolución democrática, detener la creciente brecha que divide Barcelona entre barrios ricos y pobres y el sufrimiento cotidiano que esto implica para una gran parte de las personas que la habitan.

Si se ha de ganar, la apuesta necesariamente tiene que ser de mayorías. Sólo se puede construir hegemonía componiéndose en la diversidad, lo que tiene que verse no como una debilidad, sino como una fortaleza, pero que ciertamente te pone en el punto de mira de la ortodoxia militante. Esta diversidad -verdadero experimento irrenunciable- pone en aprietos a las personas acostumbradas a una política de minorías, de objetivos maximalistas. Es más fácil entenderte entre iguales, te pone en menos en juego, duermes más tranquilo. Pero parece que esa fase terminó para nosotros. La oportunidad obliga a ir en otra dirección, donde por momentos hay más preguntas que respuestas pero también, una especie de fe absoluta en que no se pueden alcanzar grandes cosas sin arriesgarse al mismo nivel.

A los partidos más tradicionales afines a la propuesta también les costará entrar en otra lógica. No porque difieran en objetivos sino porque tienen ritmos propios y sus propias servidumbres. Poseen un pasado, una posición estratégica: es decir, quieren permanecer. ¿Se pueden componer sin diluirse, manteniéndose reconocibles para sus bases? ¿Pueden combinar sus estructuras con formas más asamblearias de democracia directa? En cualquier caso, la exigencia de los tiempos que vivimos también es para con ellos. Su mayor riesgo, perder relevancia social en un momento de oportunidad política de transformación único para todos.

Pero componerse con otros no es un fin en sí mismo ni un cheque en blanco, es una herramienta para llevar a las instituciones las demandas contenidas en las movilizaciones ciudadanas de los últimos años. En este periodo se ha producido una acumulación de propuestas articuladas que podrían hacerse efectivas, convertirse en leyes, verdaderas alternativas al “no se puede” de nuestros gobernantes. También experiencias de autogestión ciudadana y saberes de participación y democracia de base que pueden condensarse para asumir con fuerza el reto que tenemos por delante. Experiencias que además serán imprescindibles para sostener en el tiempo y con cierto nivel de exigencia desde abajo las apuestas municipalistas en curso.

Con estos mimbres podremos encarar la revolución democrática que necesitamos que ha de pasar por hacer políticas de contención del sufrimiento social que han provocado la crisis, los recortes y las privatizaciones. Pero que también, de manera imprescindible, ha de impulsar la transformación de las propias instituciones, lo único que sostendrá a medio y largo plazo cualquier medida de reparto de riqueza que se quiera acometer. Tarde o temprano -más temprano para los municipios pequeños o muy endeudados- estas propuestas municipalistas tendrán que enfrentarse a las imposiciones de la Troika convertidas en leyes. Como la priorización del pago de la deuda que limita -y en muchos municipios impide- cualquier intento de política progresista.

Para ello se necesitarán alianzas entre estas intervenciones en los ayuntamientos y propuestas supramunicipales que nos permitan trabajar a escalas estatal y europea. Componiendo un movimiento también de mayorías a esos niveles podremos optar por un horizonte constituyente que potencie y sobre todo asegure cualquier victoria local que podamos conseguir.

La apuesta está a la altura de las posibilidades. El reto, de lo por ganar.

Costas Lapavitsas es profesor de economía en la Universidad de Londres. Su último libro Profiting without producing constituye una radiografía imprescindible para entender lo que llama la financiarización, el crecimiento incontrolado del sistema financiero y la imposición de sus intereses a toda la sociedad. En español ha publicado Crisis en la Eurozona, donde carga contra las medidas de austeridad en la eurozona. Tiene muchas esperanzas en Syriza, pero advierte de que su principio de permanecer en la eurozona encuentra serias resistencias dentro de sus propias filas. Lapavistas acaba de estar en Barcelona invitado por la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, el Observatorio de la Deuda y el Seminario Taifa.

¿Cómo será el voto griego para las europeas?

En este momento hay mucho descontento y rabia, existe al mismo tiempo desesperación y falta de capacidad organizativa. No sé si la gente en Europa lo entiende, pero los griegos están muy frustrados pero también muy desilusionados y se sienten débiles. Es posible que el Pasok –el viejo partido de gobierno socialdemócrata– desaparezca completamente, y Nueva Democracia –el partido de derechas en el poder– sufra importantes pérdidas. Es probable que Syriza crezca y llegue a ser el más votado aunque no sé si podría gobernar en solitario. Es de prever un crecimiento del partido fascista hasta situarse como segundo o tercer partido.

Las elecciones europeas combinadas con las municipales en Grecia –se producirán al mismo tiempo– van a ser un acontecimiento político significativo. Las elecciones europeas pueden suponer una transformación completa del mapa político y electoral griego. Si el voto de la coalición gobernante de la derecha y el Pasok se desploma, será muy difícil para ellos seguir gobernando con estabilidad y llevar a cabo las medidas que exige la Troika.

Y esto sumado a la candidatura de Alexis Tsipras, el líder de Syriza, a la presidencia de la Comisión Europea.

Creo que es un error que Tsipras acceda a la presidencia europea, es muy peligroso. En cualquier caso, es extremadamente importante que Syriza lo haga bien, especialmente si se convierte en el partido más votado en Grecia, porque está generando mucha esperanza, tanto en Grecia como en el resto de Europa. Esto se produce por algunas razones: la izquierda por fin puede ser un actor fundamental, no tiene que ser marginal. Es decir, puede constituirse en una verdadera alternativa de gobierno. Pero hay que tener claro lo que Syriza es capaz de hacer y lo que no.

Syriza tendrá que enfrentar grandes dificultades si es elegida. En parte por su propio funcionamiento interno, su composición, y también por algunos problemas objetivos con los que se encontrará tanto en el país como fuera. Si Syriza no cumple las expectativas, pierde el control sobre su propia formación o no da la talla, la situación para la izquierda será muy complicada. La apuesta es muy alta.

En el 2012, hubo en Grecia un default. A partir de los resultados de este proceso, ¿podemos deducir que el impago es una variable política?default

La manera en que los griegos hicieron su default en 2012 es la peor manera posible. Ningún otro país de Europa, o del mundo, debería manejar un default de esa manera. Si se da, ha de ser soberano y tiene que estar pensado desde las necesidades del deudor, no desde las necesidades del prestamista.

El default griego fue organizado por la Troika y por eso fue tan malo. Lo que pasó en Grecia es que el impago fue de la deuda privada y no de la pública. Así que los grandes perdedores fueron los prestamistas griegos, bancos griegos, propietarios de bonos y fondos de pensiones griegos. Como consecuencia, el Estado tuvo que endeudarse otra vez para rescatar a los bancos que estaban en apuros tras el default. Esta debe ser la primera vez en la historia que un país hace un default contra sí mismo, en vez de hacerlo contra prestamistas extranjeros con el objetivo de restaurar su economía. Grecia reestructuró su deuda y complicó aún más su situación. Es increíble. Por lo tanto, el default es un elemento muy importante, pero tiene que ser organizado de otra manera. Tenéis razón, la política aquí es muy importante. La forma política de hacerlo es que sea en interés del deudor con presión desde abajo.

En España la visión más generalizada ahora mismo es que estamos a salvo de esa situación. El Gobierno, basándose en algunos indicadores macroeconómicos positivos, afirma que la crisis ha terminado y que estamos creciendo.

Dos cosas han cambiado en Europa de forma parecida en España y en Grecia respecto a 2010 e incluso a 2012. La primera es que en la periferia el déficit en cuenta corriente ha decrecido por la recesión. Las importaciones descienden, por lo tanto el déficit exterior se ha reducido. Lo segundo es que el déficit presupuestario también ha decrecido por la recesión. Entonces se ha producido cierta estabilización por el lado fiscal y por el de cuenta corriente. Además esta situación se reforzó gracias a la actuación del Banco Central Europeo hace algo más de un año, cuando Draghi dijo que haría lo que fuese necesario hacer. Entonces la combinación entre la contracción del déficit y Draghi estabilizando los mercados financieros ha dado como resultado que no hay una presión inmediata de default. Los mercados financieros se han calmado.

Pero si miramos la economía real podemos ver que en realidad, esta estabilización se ha producido más bien por destrucción: la economía está destruida, el desempleo se incrementa, la recesión está siendo muy profunda. Esto es lo que está estabilizando a los mercados. No es una situación sostenible porque es poco probable que haya un crecimiento rápido que repare las pérdidas. Todas las evidencias indican que las economías de la periferia se estancarán. Esto no es resolver la crisis, sino transformar una aguda crisis financiera en una crisis duradera de la economía real que es lo que han producido las medidas de austeridad

En Grecia se acaba de prorrogar la moratoria por la cual no se puede desahuciar una primera vivienda. La situación en España es distinta, ¿a qué se debe?

En Grecia la situación es bastante turbia. La Troika está presionando en favor de la suspensión de la moratoria para que los bancos puedan deshacerse de algunas de sus inversiones inmobiliarias. Dice que así podrán sanear sus balances para que cuando lo hayan hecho puedan empezar a prestar otra vez. Esta lógica es tan intrincada que no engaña a nadie: los bancos prestarán si les permitimos que echen a la gente de sus casas porque esto es bueno para los balances. Sólo el FMI podría inventar algo así. Es una idea demasiado manufacturada.

El Gobierno griego no quiere suspender la moratoria aunque está bajo presión. Y no quiere hacerlo, no porque sienta simpatía por los propietarios o inquilinos, sino porque se da cuenta de que suspender la moratoria sería dinamita política. Como España, Grecia tiene una de las proporciones de propietarios más altas de Europa. Es una cuestión cultural, asociada a la idea de éxito social. Empezar a echar gente de sus casas porque se retrasan en sus pagos implicaría un incremento enorme de la conflictividad política. Y el Gobierno lo sabe, así que se está resistiendo. Esto demuestra la diferencia de posibilidades de acción política en contextos distintos como Grecia y España.

La posición de Syriza no es la mayoritaria dentro de la izquierda porque se opone a la austeridad pero con una fuerte apuesta por la moneda única y la UE. ¿Qué supone esta postura en el marco político de la UE?

Para mí es exactamente lo que la clase dirigente europea desea. Porque Syriza dice: “Nosotros queremos permanecer en el euro y vamos a permanecer pase lo que pase y además vamos a ser radicales”. Pero clase dirigente sabe que esta opción es imposible. Lo realmente peligroso de Syriza es que contiene una corriente de izquierda radical –un 40% de la coalición– que no está de acuerdo con esta propuesta y que puede llegar a suponer un peligro de ruptura. En otras palabras, Syriza no es un cuerpo político fiable. Es impredecible. Y es esta posibilidad de una radicalización de la coalición lo que preocupa realmente a la clase dirigente europea.

Por otra parte, si Syriza resulta elegida, habrá un crecimiento de las demandas populares, incluso aunque la gente esté pesimista y pasiva. Si hay un Gobierno de Syriza, querrán medidas en relación a sus salarios, pensiones, trabajo, etc, todo tipo de demandas. Esto sí supone una amenaza para la clase dirigente europea. Además, otros países europeos pensarán: nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso Syriza encarna una promesa pero también supone un riesgo enorme.

Parece que identifica “izquierda” con la postura que propugna salir del euro. ¿Por qué?

A mi entender, esta postura es la única que abre la posibilidad de hacer políticas de izquierda radical que cambien la relación de fuerzas en favor del trabajo y contra el capital; políticas que son necesarias para restablecer el daño infligido a los países europeos en los últimos años debido a la crisis. Son políticas sensatas, fundamentales, como redistribución, control o nacionalización de los bancos, reorganización de la producción. Estos cambios son imposibles, en mi opinión, dentro de la unión monetaria y significan lo contrario de lo que significa hoy la Unión Europea.

Puedo ser más específico: un Gobierno radical en Grecia debería dejar de pagar una parte importante de la deuda, que de otra manera es insostenible, así como cambiar las políticas fiscales y monetarias. No podemos asumir la austeridad, no podemos apostar por superávits fiscales. Tiene que haber políticas diferentes, que permitan el crecimiento de la economía. Un Gobierno radical debería nacionalizar la banca y crear bancos públicos que dieran soporte a la reorganización de la producción. Si atendemos a estas propuestas, nos damos cuenta de que no pueden darse dentro de la estructura de la unión monetaria hoy.

¿No cree que si llegamos a la situación en la que un Gobierno pueda aplicar esas medidas, la situación política europea habrá cambiado tanto que podría pensarse en cambios en la propia arquitectura de la UE?

A veces la izquierda necesita al Estado nación para proteger los derechos de los trabajadores y los derechos democráticos, y no puede hacerse de otra manera. El Gobierno de Grecia o de Portugal no puede cambiar la estructura de la Unión Europea, pero sí puede intervenir en Grecia y Portugal. Por supuesto, el mío no es un argumento nacionalista. En ocasiones puedes utilizar los mecanismos del Estado nación para crear una corriente internacional.

Si en 2010 se hubiera dado la posibilidad de una serie de gobiernos de izquierda en varios países de Europa hablaríamos, pero ahora ya llevamos cuatro años de crisis. Y en estos cuatro años Grecia ha sido destrozada, Portugal y España están muy mal. No estamos discutiendo sobre casos ideales. Y sabemos que Syriza tiene una posibilidad real de estar en el Gobierno y tiene que decidir qué hacer aquí y ahora.

Si llegas al poder sin un plan, pensando que vas a cambiar la UE, la consecuencia será el caos. Pero sí hay una serie de cosas que puedes hacer. Y tienes que preparar a tu gente, mantenerles informados de lo que es posible. Puedes involucrar a la gente en este proceso, porque al final de ahí es de donde proviene tu fuerza.

¿Cómo se pide que se enfrenten a las consecuencias negativas de un tipo de transición así, por ejemplo, con los costes de volver a una moneda nacional?

Tienen que entender que hay que elegir entre una muerte lenta, que es lo que han estado experimentando, o un shock controlado del que vamos a salir después. Si ese es el caso, el shock y su gestión serán más fáciles: podrás intervenir sobre la circulación monetaria, nacionalizar los bancos y ponerlos bajo control público e imponer medidas para impedir la fuga de capitales. Intervenir en los mercados de petróleo, medicinas y alimentos. Habrá que hacer provisión para cubrir las necesidades inmediatas por un corto periodo de tiempo hasta que la demanda vuelva a normalizarse. Todo esto se puede implementar de forma controlada si el Gobierno de izquierdas está seguro de que tiene que hacerlo.

Gran parte de su trabajo se centra en la financiarización. ¿Puede explicar qué significa y qué consecuencias tiene en el capitalismo contemporáneo?

Financiarización es un término que hace referencia al crecimiento del sistema financiero que podemos ver en el mundo capitalista desarrollado en las últimas tres o cuatro décadas. Un crecimiento enorme de las finanzas, relacionado con el resto de la economía. Al mismo tiempo, hay un aumento del beneficio financiero. Una enorme, inusitada proporción de beneficios proviene ahora de las finanzas. Lo podemos comprobar en los EEUU y en otros países donde lo hemos medido. También sabemos que el tipo de estrato social que obtiene estos beneficios financieros es ahora muy diferente del anterior. Sabemos que hay una pequeña minoría de gente asociada con el sistema financiero que obtiene una buena parte de estos beneficios a través de bonos, salarios y demás, no por prestar dinero, sino como remuneración por trabajar en las finanzas. Esto cambia la estratificación social porque este grupo de gente tiene un gran poder de influencia sobre las políticas públicas.

Mi visión es que esto se produce de forma más profunda de lo que parece y que supone una transformación histórica, una transformación estructural del capitalismo. Podemos descubrir básicamente tres tendencias. Primero, negocios no financieros industriales y comerciales se han financiarizado, lo que supone que no se apoyan tanto en los bancos para sus inversiones y que obtienen beneficios de su participación directa en el sistema financiero. Segundo, los bancos también se han transformado y han empezado a obtener beneficios de otros bancos, tanto apostando en los mercados financieros como prestando dinero a individuos y familias. Y el tercer elemento es que las propias familias e individuos –la gente trabajadora de países desarrollados– también se han financiarizado. Se endeudan más y tienen más activos financieros.

Hay un problema importante y es que los servicios públicos como la educación, la salud, las pensiones o la vivienda –la fundamental– han sufrido recortes, y ahora hay una gestión privada de estos servicios públicos que está mediada por las finanzas. Y por supuesto, no puedes dejar a las finanzas gestionar derechos o necesidades básicas. Por tanto, los salarios están financiarizados, los ahorros están financiarizados y el sistema financiero obtiene beneficios de ellos.

¿Entonces si la financiarización significa un gran cambio en el capitalismo, cómo deben adaptarse las luchas a este cambio?adaptarse

Esta es una buena pregunta sobre la que la izquierda tiene que empezar a pensar. Porque la historia es importante, tenemos que construir sobre lo que hubo, pero debemos adaptar las luchas a las condiciones presentes y a las transformaciones que ha sufrido el capitalismo. Tenemos que pensar en cómo oponernos a la financiarización y como revertirla. Necesitamos pensar en maneras de restaurar los servicios públicos. Por supuesto, hay que planear cómo revertir la financiarización y cómo crear banca pública, y encontrar maneras de controlar los flujos de capital, poniendo restricciones a su circulación. Y también hay que pensar en formas de reorganizar la economía productiva. Para mí, luchar contra la financiarización, revertirla, es la forma fundamental de luchar hoy contra el capitalismo.

Michael Hardt es conocido como coautor –junto a Toni Negri– de obras como Imperio o Commonwealth referencias clave del pensamiento político actual. Su última obra, Declaración, ha sido escrita a pie de calle a partir de las movilizaciones que se dieron en el 2011 –Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street– y que ellos conceptualizan como pertenecientes a un “ciclo común de protestas”.

El libro reflexiona sobre las prácticas que se generaron en las ocupaciones de las plazas y pretende ser una llamada a continuar la rebelión bajo otras formas. Esto implica preguntarse por las posibilidades de generar nuevas instituciones a partir de las revueltas acontecidas; capaces, tal vez, de impulsar procesos constituyentes de nuevo cuño.

Desde la filosofía política, Hardt ha tratado de articular su trabajo con los movimientos y las luchas sociales presentes. Como parte de esta labor, ha participado en un ciclo de debates en diversas ciudades españolas organizado por la Fundación de los Comunes en colaboración con el MACBA y el MNCARS.

Las revueltas de 2011 suceden en sitios alejados entre sí, con demandas distintas, también con expresiones de lucha diferentes. ¿Por qué deberíamos considerarlas como parte del mismo ciclo?

Aquí yo añadiría también las que se han producido este año como la del parque Gezi en Turquía. Para mí es importante verlas como parte del mismo ciclo por dos razones. La primera es que los activistas se han inspirado unos en otros. Por ejemplo, en Egipto quedó claro en enero de 2011: cuando tomaron la plaza habían visto lo que había pasado en Túnez, e incluso usaron varios de sus lemas. También es probable que no se hubiese dado un 15M de la forma en que se dio sin la toma de Tahrir.

La segunda y más importante, es que comparten las mismas prácticas y aspiraciones. Prácticas políticas como la acampada, por supuesto, y formas de organización que se dieron allí: trabajo en comisiones, asambleas generales, etc. Todos estos espacios eran lugares de fuerte experimentación en la cooperación y también laboratorios comunicativos fundamentales que generaban, por así decir, un terreno común. Un terreno común en las prácticas y en las aspiraciones, sobre todo en lo que respecta a la cuestión de la democracia. La democracia que nos ha sido dada no es lo que debe ser la democracia. Y así, a través de sus expresiones y también de un trabajo de la imaginación, trataban de resignificar la democracia.

La tercera es una perspectiva desde Estados Unidos, que tiene una cultura muy miope, una mirada de corto alcance. A raíz de que se produjera Occupy Wall Street, los medios y los ciudadanos empezaron a darse cuenta de lo que pasaba en otros lugares del mundo. De esta manera pudieron reconocer que Occupy Wall Street pertenece a un ciclo internacional de luchas del cual es una expresión más. Y esto constituye un antídoto contra la miopía estadounidense, pero también sirve para hacer visible el poder de contagio de estas experiencias e ideas. Sin embargo, hay que decir que, aunque estas luchas pertenecen al mismo ciclo, están profundamente enraizadas en cuestiones locales y nacionales.

Respecto a ese común que producen y comparten estas experiencias, ¿qué se dicen unas a otras?

No es que mantengan un diálogo sino que dicen: mira lo que están haciendo en tal lugar, nosotros podemos hacer algo así también. Es una forma de inspiración, y más importante aún, un trabajo de traducción. Por ejemplo, cómo podemos traducir la lucha contra una dictadura en una lucha contra la dictadura de los mercados. Es como si hubieran descubierto su propio Mubarak en Wall Street y eso es una forma de traducción.

La cuestión central para mí en este ciclo ha sido sin duda la de la democracia. De alguna manera, los movimientos de España han sido los más avanzados políticamente en su cuestionamiento de la representación y también preguntándose cómo actualizar la cuestión de la democracia. Para nosotros ha sido un aprendizaje porque era muy difícil hablar de democracia. En la escuela nos enseñaron que hay elecciones cada cuatro o seis años, financiadas por corporaciones y lideradas por candidatos que ni siquiera nos gustan. Esto es lo que nos habían dicho que significaba la democracia. Supone un gran éxito político ser capaces de cuestionarlo.

Para la izquierda desde hace décadas era muy difícil decir democracia porque el término había sido tan tergiversado que no significaba nada para nosotros. Mientras que todos los movimientos del 2011, aunque de distintas maneras, han operado como una crítica y un cuestionamiento. Y al mismo tiempo han encarnado, aunque sea por poco tiempo y en pequeña escala, un nuevo significado para la palabra democracia. Esto es central porque instaura un principio que puede ser ya la base de un proceso constituyente: el rechazo de la representación y las profundas consecuencias que implica.

Ahora se percibe cierta desaceleración en el momento destituyente que inauguran las luchas del 2011, por lo menos en España. Algunos incluso afirman que “no está pasando nada” o que “el 15M como promesa ha fracasado”. ¿Qué les respondería?

Para mí la cuestión no es que las acampadas se terminasen, hay muchas razones por las que lo hicieron y una muy importante es la represión. Pero en cualquier caso no estaban pensadas para perdurar. El reto es ver si han sido capaces de crear proyectos contagiosos basados en las aspiraciones y prácticas que se produjeron durante las acampadas. La pregunta más importante del momento es cómo crear procesos constituyentes que hagan perdurar estos deseos que se desplegaron durante las acampadas.

A menudo se nos plantea como si sólo tuviésemos dos elecciones: o hacemos algo bonito –alegre, democrático, horizontal e igualitario– pero poco efectivo y de corta duración, o generamos instituciones feas –jerárquicas, lideradas de forma tradicional, centralizadas– pero efectivas y duraderas. Yo rechazo la idea de que no podamos crear algo que sea hermoso y al mismo tiempo efectivo. Creo que hemos sido buenos organizando una plaza dos meses y quizá no tan buenos en transformar efectivamente la sociedad. Pero esta cuestión nos sirve para abordar la noción de proceso constituyente. Ni tener fe absoluta en la creación espontánea, ni devenir una institución a imagen y semejanza del Estado, sino crear un proyecto organizativo en movimiento constante, democrático, igualitario y participativo. Esta es la pregunta fundamental para los movimientos en estos momentos. Y creo que los conceptos y las prácticas de lo común son una buena base para pensar sobre ello y aquí podemos ver ya las prácticas de los movimientos en las plazas como prefiguradoras. Este podría ser el mejor modo de comprender el trabajo y los logros del ciclo de luchas de 2011.

En el libro tratan el tema de la producción de afectos en las plazas, ¿también se refiere a esto cuándo habla de la capacidad prefigurativa de las movilizaciones?

Una de las cosas que los campamentos y ocupaciones establecieron –y que es un hecho incontestable– es que hacer política no es sólo una cuestión de razón e intereses materiales, sino que es también una cuestión de construcción de afectos comunes y esto es central en cualquier acción transformadora. En este sentido, la alegría y la felicidad que envolvió a las acampadas y ocupaciones me parece extremadamente importante no sólo como un efecto secundario. Mi percepción de la Puerta del Sol, de Gezi Park o Zuccotti Park –y creo que es algo transversal a estas experiencias– es que todas ensayaron la creación de un nuevo repertorio de afectos. Parte del proceso de politización de mucha gente que no había tenido experiencias previas pasó por experimentar un entrenamiento en estos afectos, en aprender cómo relacionarnos de forma distinta entre nosotros.

Una de las cosas más hermosas de Gezi Park en Estambul es que creo que supuso la transformación de los que se implicaron. Por ejemplo, había mucha implicación de feministas y activistas de luchas LGTB –Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales– lo que conllevó una pedagogía política o pública para los participantes. También hubo foros en los que miembros de la izquierda nacionalista turca pudieron comprender lo que les sucedía a los kurdos con los que nunca habían coincidido. Incluso había declaraciones de gente que decía: “He visto lo que los medios dicen de nosotros ahora y ya no voy a creer nunca más lo que dicen de los movimientos kurdos”. Este es un ejemplo de cómo estas luchan enseñan a relacionarnos de forma distinta. Además, esto es algo que perdura después de las acampadas. Es más, quizás podríamos pensar la creación de afectos como una institución. Yo diría que es una riqueza social que todavía permanece latente y que puede ser reactivada en cualquier momento. Este es un buen punto de partida para pensar qué tipo de nuevas instituciones pueden garantizar la extensión de las experiencias de las acampadas a una escala mayor y duradera.

En el libro comentan que la información por sí sola no es suficiente para cambiar las cosas. Se sabe de la corrupción pero se sigue votando a los mismos partidos corruptos. ¿Cómo se tiene que articular la información para que sea verdaderamente transformadora?

La democracia representativa es lo contrario de la política del cara a cara. Una de las formas de poner en cuestión la democracia y todas las formas de representación creo que está vinculada con el hecho de estar juntos. En este sentido, una manera de contrarrestar los límites de la información –tanto mediática como la difundida por las redes sociales– es articular este tipo de verdades con una política de poner el cuerpo como, por ejemplo, cuando se para un desahucio. Hay un límite de la potencia democratizadora y política de la comunicación digital, o incluso de las ideas, que requiere una presencia y una participación corporal y tomar decisiones juntos. Esto está relacionado con lo que he dicho antes sobre la creación de afectos políticos. Somos capaces de crear nuevas verdades sólo cuando dejamos de ser individuos y nos constituimos a nosotros mismos en nuestras relaciones con los demás.

Esta forma de creación de verdades a partir de una política de poner el cuerpo parece hablarnos de una apuesta aparentemente distinta a lo que podría ser un proceso constituyente del que hablaba antes.

Una de las características de un proceso democrático como el que es necesario para una dinámica constituyente es la cuestión de la temporalidad lenta: el tiempo necesario para hacer un proceso verdaderamente participativo. Sin embargo, hay algunos problemas urgentes que deben ser enfrentados hoy: la gente no tiene casas, por ejemplo. No podemos esperar hasta resolver el problema de la democracia, tenemos que entrar en acción y no creo que esto vaya en contra de lo otro. Podemos organizar las respuestas necesarias que se precisan para solventar problemas urgentes mientras nos enfrentamos al problema de hacer una nueva democracia y nuevas relaciones sociales basadas en lo común. De hecho, podemos considerar estos contrapoderes como fundamento de esta misma dinámica, como parte de esta constituyente en movimiento.

En Declaración hablan de las “instituciones del común”. ¿Cuál sería la vinculación entre dinámica constituyente y comunes? ¿Cómo algunos bienes sociales –el agua, los bancos y la educación– podrían ser constitucionalizados como comunes?Declaración

La idea general de los comunes como propuesta es que nuestras elecciones respecto a la gestión de la riqueza social no están limitadas a la dicotomía Estado/propiedad privada. Hoy en día estas ideas están en quiebra. Hay opciones que no pasan por elegir entre neoliberalismo –el imperio de la propiedad privada– o el Estado que regula y burocratiza la gestión de lo público. Transformar nuestra riqueza social en un común implica un proceso diferente. Si tanto los bienes públicos como privados están definidos por el acceso limitado y el monopolio en la toma de decisiones, constitucionalizar, inventar las instituciones del común pasa por criticar la idea de propiedad.

Significa crear los medios para un acceso libre y abierto y también los mecanismos democráticos e incluso las instituciones de autogobierno necesarias para su gestión. Y estos principios pueden ser igualmente aplicados a la cultura y al agua, a la música y a los bancos. Entonces no sería tan difícil imaginar cómo sería hacer algo así con servicios públicos como el agua o la electricidad. Tendría que pasar por hacer que las decisiones sobre su producción y distribución, e incluso sobre los precios fuesen tomadas colectivamente.

En Berlín, por ejemplo, hace dos semanas hubo un referéndum para hacer de la energía un común. La electricidad en Berlín fue privatizada después de la reunificación, y ahora en vez de nacionalizarla y ponerla bajo el control del Estado, los activistas proponían una junta de ciudadanos que pudiera tomar las decisiones importantes. Por ejemplo sobre su producción: si producirla con plantas nucleares o con renovables o cómo conseguir el máximo acceso y al mismo tiempo que fuese sostenible. Esto me parece un ejemplo práctico y un ejemplo de lucha para trabajar fuera de las falsas dicotomías que nos permitan imaginar otras formas de democracia. Esto es algo esencial para nuestras vidas.

¿Qué es ganar y cómo ganar en la actual coyuntura política? Son las preguntas centrales que se plantea Emmanuel Rodríguez en su último libro Hipótesis Democracia, preguntas parecidas a las que se hicieron en la Comuna de París, las revueltas del 68 o durante la Transición Española. A todas estas experiencias y a otras interroga el libro como mapas capaces de guiarnos por este presente en crisis. Las respuestas incluyen la palabra democracia y la palabra revolución –que el autor se encarga de volver a vincular a partir de su revisión histórica– y se articulan en torno a un buen número de cuestiones que están aún por resolver.

La obra, dice el autor, es resultado de discusiones mantenidas colectivamente en espacios políticos de la autonomía del Estado español como el Observatorio Metropolitano y la Fundación de los Comunes de las que forma parte, y ha sido publicada por Traficantes de Sueños, una editorial inusual que cuelga todas sus publicaciones en internet. Por eso, ésta se encuentra disponible para su descarga.

El libro se plantea alrededor un órdago: la crisis es de naturaleza esencialmente política y no tiene solución. Sin embargo hay voces institucionales que anuncian ya los primeros signos de recuperación económica o que pronostican el fin de la crisis para fechas más o menos próximas.

La crisis europea es fundamentalmente una crisis bancaria que se ha convertido en una crisis de deuda pública. Pero entre rescatar a las poblaciones –lo que implicaba apostar por el crecimiento–o rescatar a los bancos, todas las políticas se han orientado a rescatar a estos últimos. Hoy vivimos, especialmente a escala europea, bajo un gobierno de los acreedores. Un gobierno de los grandes bancos, de las grandes instituciones financieras que están apostando por la recuperación del beneficio mediante la especulación con la deuda pública de los países periféricos. Dicho de otro modo, no va a haber una solución productiva para el capitalismo europeo. Además, la financiarización como respuesta a la crisis, tiende a ser tan precaria y limitada como su mecanismo de crecimiento: las burbujas patrimoniales y de crédito. La inestabilidad del capitalismo financiero sólo puede dar lugar a un capitalismo en crisis. Por tanto, el mando financiero es hoy el principal impedimento para la recuperación económica.

En esta coyuntura, no hay más opción que asumir el riesgo de empujar una transformación radical del sistema o aceptar la involución política y social. No se trata de una alternativa ideológica, la revolución ha vuelto a convertirse en nuestra tarea.

¿Por qué dices que no hay posibilidad de reforma? ¿Qué responderías a aquellos que hablan de apostar por salidas de corte neokeynesiano?

Las propuestas neokeynesianas tienden a olvidar la estructura del poder financiero y que actualmente la renta financiera es la fuente de beneficio principal en Occidente. La figura del capitalista es básicamente la del inversor: inmobiliario, bursátil. Por lo que sus intereses entran en contradicción total con una política basada en el crecimiento de los salarios y del gasto público, problemas que resultan consustanciales a cualquier tipo de salida neokeynesiana. El problema es una vez más, político, de gobierno. Cualquier apuesta de salida de la crisis tiene que venir acompañada por un cambio en la relación de fuerzas capaz de terminar con este mando financiero al que se pliegan los gobiernos europeos.

En Hipótesis Democracia explicas por qué los movimientos sociales o la izquierda han desterrado la palabra revolución del vocabulario político al uso –como legado de los cuestionamientos de las movilizaciones de los 60/70 o de la forma en que se configuró la postmodernidad en términos ideológicos–. ¿Por qué valdría la pena recuperarla en este contexto?

Cuando un régimen, un determinado modelo de relación de los ciudadanos con el Estado y también de organización de la producción y de reparto de los excedentes, es incapaz de reformarse a nivel interno –y este parece que lo es– la única salida es un cambio institucional, un cambio de régimen. Esto es lo que en términos clásicos se llamaba revolución. Es evidente la incapacidad del propio régimen de reformarse a sí mismo o de generar interlocutores progresivos dentro de la esfera económica y política capaces de enfrentar su propia reforma. Por tanto, lo único que nos queda a los ciudadanos es o bien aceptar la desposesión que se está produciendo tanto a escala de estado como de Europa con la destrucción de los derechos sociales, o bien impulsar un cambio de régimen. Esto no implica siquiera pensar en un horizonte de superación del capitalismo, pero al menos sí la transformación de este régimen despótico que han impuesto las grandes agencias europeas, lo que llamamos neoliberalismo, capitalismo financiero.

15M como proceso constituyente

En este sentido, ¿qué democracia prefigura el 15M? ¿Qué escenario prepara para pensar un nuevo ordenamiento institucional?

El 15M en tanto acontecimiento, en tanto revolución democrática, plantea fundamentalmente una crítica negativa, un proceso destituyente del régimen actual; un apuntalamiento de la crisis de las instancias de representación.

Pero el 15M, sobre todo durante sus primeros meses, nos muestra la potencia de lo que podría ser un movimiento constituyente. Lo que se produce en las plazas no es solamente la redacción de una serie de “cartas de quejas”, sino un programa de reforma completo de la propia estructura del Estado, e incluso de la propia organización social. Esto es lo que se traduce en distintas comisiones que piensan cambios en las leyes electorales, en materia educativa, sanitaria, etc. En su forma es profundamente democrático porque este proceso de deliberación se da por medios no delegados sino en un lugar en el que cada voz tiene su propio derecho a expresarse, a ser escuchada y discutida por iguales.

Respecto a esa potencia constituyente, lo que habitualmente se dice del 15M es que es una expresión amalgamada de voces muy distintas; que el “no somos de derechas ni de izquierdas” es la constatación de que no existe ni podía existir un programa común. Sin embargo, tú afirmas en tu libro que la nueva constitución ya está redactada en sus presupuestos. ¿Cuál sería su contenido?

Precisamente al no «ser ni de izquierdas ni derechas» el 15M construye un programa político común: la democracia. No debemos entender que estas luchas son meramente reactivas frente al poder destructor de los recortes del gobierno financiero, sino que también prefiguran nuevas formas de organización del Estado. Si es posible pensar e imponer un nuevo ordenamiento institucional será porque éste haya sido prefigurado en las luchas que están dando forma a los contenidos de la nueva constitución.

De forma general respecto a las demandas, podemos decir que hay un impulso democratizador muy fuerte en todo lo relacionado con la representación política y con la articulación de los distintos poderes públicos. En ese sentido, tendríamos que hablar de un régimen político en el que los partidos y las formas de representación ocupasen un lugar menor, frente a formas de control ciudadano directo e incluso de participación directa; donde los mecanismos de consulta, las iniciativas legislativas populares, los organismos de control sobre los representantes tuviesen mayor relevancia de la que tienen ahora. Esto es incluso más importante que los cambios electorales como las listas abiertas, una persona igual a un voto, etc.

También por supuesto, tendría que haber una serie de cambios respecto a los derechos que estarían recogidos en la constitución, que ya no pueden ser derechos meramente secundarios, meramente formales. El derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y otros deben estar claramente garantizados y con los medios financieros e institucionales necesarios. Pero además, no deberían ser simplemente derechos otorgados de forma burocrática sino que –tal y como han prefigurado las mareas– sean sistemas públicos verdaderamente democráticos, donde los ciudadanos, las comunidades de usuarios de los servicios, profesionales –profesores, sanitarios– puedan intervenir, ya que son los que tienen más claras cuáles son las necesidades de los ciudadanos y cómo se tiene que organizar el servicio de la forma más eficaz. Todo este proceso viene ya enunciado por las luchas que se se están dando ahora. Por supuesto, a través de la vía de una democratización real, manifestada por ejemplo en la forma de entender estos servicios públicos y buena parte de los bienes estatales como servicios y bienes comunes. En este sentido, debemos recalcar una y otra otra vez que los llamados bienes públicos no son propiedad del Estado, son del común, del común social.

En estos momentos hay un debate en torno a lo que el 15M debería dejar en términos organizativos: mientras que algunos se manifiestan radicalmente en contra de cualquier articulación que vaya más allá de la espontaneidad de las plazas –la desligitimación que ha provocado el 15M acabará necesariamente por redundar en una salida democrática– otros creen que los movimientos surgidos al calor del 15M deberían ser la avanzada organizativa de un proceso de transformación radical del sistema. ¿Cómo te posicionarías en ese debate?

El 15M nos enseña que vivimos en una sociedad que no es democrática pero también que vivimos en un sistema que está regido por poderes materiales que tienen una facticidad, como por ejemplo: el Estado y el poder financiero. El gran problema del 15M –que es un problema nuestro y que no hemos resuelto– es cómo traducir esas aspiraciones democráticas en un cambio institucional. Una revolución no puede quedar reducida a una mera revolución cultural. Toda revolución para que perdure tiene que encontrar los medios para generar nuevas instituciones democráticas. Este es el reto que se plantea a día de hoy: cómo traducir el espíritu del 15M en un cambio político duradero. Para lo cual hay que ser capaces de desplazar a los partidos, de producir cambios en las instituciones, de cambiar las leyes, la propia Constitución, de revertir la situación de deterioro de los derechos sociales y laborales. Y para eso se necesitan formas organizativas. ¿Cuáles van a a ser esas formas organizativas? Es una de las preguntas centrales actualmente.

Los movimientos 15M y previos han desarrollado muchas. La experiencia de la PAH, de las Mareas, son muy sugerentes en este sentido. Pero es inevitable plantearse cómo puede ser esa nueva organización política –en términos de movilización pero seguramente también electorales– capaz de imponer una nueva constitución.

La revolución será europea o no será

Por otra parte, en el caso de que algo así se diese en el marco del Estado español, ¿cómo sería posible escalar el conflicto a nivel europeo siendo las situaciones de partida y los efectos de la crisis tan disímiles en las distintas realidades nacionales?

Bueno, ese es un interrogante esencial. Tenemos que pensar que lo que se está produciendo aquí es solamente una revuelta provincial. Tenemos que entender España –y también las naciones que integra el Estado español– como provincias dentro de un marco territorial mucho más amplio que es Europa. A día de hoy, el gobierno es un gobierno europeo y las instancias de poder económico están localizadas en una escala territorial que no es la de un Estado o comunidad autónoma sino europea –aunque haya por supuesto oligarquías y burguesías nacionales y locales–. Las decisiones más determinantes para las políticas públicas se toman a nivel europeo y nuestro marco económico es esencialmente europeo. En este sentido, deberíamos reconocer que Europa es un hecho irreversible que ha producido instancias políticas y niveles de integración económica que no tienen vuelta atrás, salvo si queremos asumir un empobrecimiento social absoluto. Por eso, tenemos que pensar una nueva Europa verdaderamente democrática y federal. Esto implica –al contrario de lo que normalmente propone la izquierda, que es recuperar soberanía a nivel de los estados nacionales– asumir una federación política y económica real. Supone asumir que haya políticas de redistribución fiscal y de la riqueza a nivel europeo y políticas de control financiero a nivel europeo. Lejos de que esto sea antidemocrático, es el único proyecto democrático sustancial que podemos defender.

Que exista democracia a escala de un solo país es prácticamente imposible. La capacidad de generar políticas de redistribución de la riqueza solamente se puede producir a nivel continental. Hoy los gobiernos nacionales no mandan.

¿Cómo un país como Alemania aceptaría algo así, siendo como es ganador dentro de esa especialización territorial dentro del continente?

Alemania no es un país ganador, es un país perdedor, esta es una de las grandes paradojas de la Unión Europea. Realmente no es ni mucho menos una superpotencia, como tampoco lo es Francia. Son pequeñas provincias europeas con ciertas ventajas sobre otras. En el caso alemán, es un país especializado en productos de tecnología media, ni mucho menos de alta tecnología. Su competitividad se mide no a escala internacional, sino a nivel europeo, donde van a parar la mayor parte de sus exportaciones. Y para ser “competitivo” ha tenido que abaratar sus cortes laborales por medio una política salvaje de precarización y destrucción de su estado del bienestar.

Lo que tenemos que trabajar es precisamente cómo se generan esos procesos de solidaridad desde abajo a escala europea. Por ejemplo, con esos ocho millones de personas que tienen minijobs dentro de Alemania, con sus propios precarizados.

Partiendo de estos supuestos, ¿podría haber una solución democrática y una salida de la crisis para Cataluña por la vía de la independencia?

Ahí en Cataluña se tendrá que determinar qué es lo que significa la independencia para distintos segmentos y sectores sociales. Para la oligarquía catalana –que es, desde mi punto de vista, la gran impulsora del proyecto soberanista “blando”– independencia quiere decir básicamente independencia fiscal. Por supuesto esto no tiene nada que ver con un proyecto democrático europeo, sencillamente lo que trata es de obtener ciertas ventajas competitivas, en beneficio de su propia oligarquía, en este juego de intercambios que se producen a nivel europeo. Para las clases trabajadores o medias catalanas la independencia significará otra cosa totalmente distinta, seguramente más de lo mismo: más precariedad, más destrucción del Estado social.

En cualquier caso, la única salida democratizadora posible pasa precisamente por una alianza en términos políticos con los países del sur y por un proyecto de federación europeo construido de abajo arriba basado en una redistribución fiscal. Es decir, no se puede ser anticapitalista hoy si no se reconocen los fenómenos de desigualdad a nivel territorial que produce el capitalismo. La única manera de contrapesar estas geografías de la desigualdad no es con políticas soberanistas sino con políticas de distribución de la riqueza a escala continental. Por lo tanto, la independencia fiscal es justamente lo contrario, es solo la solución, vía autonomía fiscal, para un barrio rico dentro de una ciudad pobre.

El edificio era modesto: dos plantas, con balcones que miraban a una calle con palmeras. La calle desembocaba en un paseo que recorría la costa donde familias sonrosadas caminaban mirando al mar o comprando souvenirs. Todavía no era tiempo de playa, la primavera estaba tardando en llegar a Mallorca ese 21 abril.

Dentro del edificio en uno de los apartamentos, Antonio Moreno justo terminaba su desayuno del domingo cuando llamaron a la puerta. No sonó el timbre, golpearon. En la puerta, Ana, la vecina de arriba le dio su móvil y le pidió que llamase. Balbuceaba, era difícil de entender.

– Arriba, arriba –dijo.

Antonio subió una planta, en la escalera encontró a un joven tendido cubierto de sangre. Las baldosas blancas tenían charcos de sangre. El joven no conseguía hablar. Se llamaba Alpha, tenía 28 años, era de Senegal y sangraba por la nariz y la boca. Le acababan de reventar los pulmones en su propia casa. Así es una muerte por tuberculosis. Sólo que nadie muere de tuberculosis en España hoy día en una feliz zona playera en una de las regiones más ricas de Europa.

***

Si hubiese sido una muerte menos sangrienta o de alguien mayor quizás hubiera pasado desapercibida. Es probable que hubiese sido registrada como producida por “causas naturales”. Pero los medios descubren el caso y lo convierten en un símbolo: el primer migrante muerto por falta de asistencia sanitaria después de la aprobación del Real Decreto 16/2012.

Mediante esta ley que entró en vigor en septiembre del año pasado, los migrantes sin permiso de residencia fueron privados del derecho al uso normal de la red sanitaria pública. A partir de entonces solo serían atendidos de forma gratuita en urgencias, salvo en el caso de menores y embarazadas que en teoría tienen acceso total.

El decreto también modificaba radicalmente el sentido y alcance de la sanidad pública. La salud ya no es un derecho universal, por eso se puede excluir a los migrantes. Ya no somos ciudadanos, sino “asegurados”, según la terminología de la empresa privada. A partir de su aprobación, nuestro acceso a la salud está vinculado al trabajo presente o pasado. Para no dejarse fuera a varios millones de españoles que no tienen trabajo, un desarrollo posterior de la norma creó otra categoría excepcional para aquellos que no cobren más de 100.000 euros. La función de la ley es acabar conceptualmente con un derecho de todos y abrir la puerta a un futuro incierto donde los límites entre quien tiene acceso y quien no podrán ser modificados con facilidad. Sólo es una cuestión de tiempo.

Los primeros en caer constituyen el eslabón más débil: más de 870.000 migrantes sin permiso de residencia a quienes ya se ha retirado la tarjeta sanitaria.

***

Este era el caso de Alpha Pam, que pese a llevar casi ocho años en España no tenía papeles. Su amigo Kalidou Amadou Gaye sí trabajaba y residía legalmente aquí y era el que sostenía la mayor parte de los gastos comunes. Era su “hermano africano”, de distinta sangre pero compartiendo todo desde adolescentes. En Dakar durmieron en la misma cama un tiempo y se enamoraron por primera vez de la misma mujer. Desde hace un par de años, vivían juntos en Can Picafort, una zona turística del norte de Mallorca.

Kalidou está ahora en uno de sus parques. Sentado en el banco no se nota tanto lo alto que es, lo alto y flaco que es. Parece vestido de domingo. Lleva un traje tradicional senegalés de satén color crema y un bolso en el pecho con la foto de un santón sufí –que era una de las posesiones más preciadas de su amigo muerto– . Mira al frente, la mirada perdida. Justo delante, unos niños juegan y gritan en los columpios. La voz es baja y monocorde.

–Cada día pienso que si lo hubiese sabido antes...–se refiere a la tuberculosis, extremadamente familiar para los senegaleses–. Si no hubiésemos venido aquí seguiría vivo, no habría muerto de eso en mi país.

Aunque soñaba con Nueva York y Londres, en su periplo migratorio Alpha pasó primero por Andalucía y Granollers. Allí trabajó en agricultura y vendiendo cosas por la calle hasta que se instaló con su amigo en este pueblo. Kalidou dice que aquí se sentían bien. Su casa es agradable, tenían muchos amigos, el sol, el mar y la nostalgia de su país y de los lugares a los que todavía no habían viajado.

-Hablamos muchas veces de cómo sería volver juntos a Senegal. Todavía no lo habíamos hecho porque Alpha no podía salir del país y yo trabajaba. Jamás pensé que volvería así, con su cuerpo dentro de una caja.

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En noviembre del año pasado, según Kalidou y otros amigos, el habitual buen humor de Alpha se resintió porque empezó a encontrarse mal: tosía mucho y estaba un poco débil.

En el Centro de Atención Primaria de Can Picafort le atendieron varias veces de urgencias, pero al no tener tarjeta sanitaria no tenía asignado médico de cabecera y era más difícil hacer un seguimiento de la evolución de su enfermedad.

Le vieron médicos distintos. Sistemáticamente le diagnosticaban bronquitis que es lo más común para los síntomas que tenía. Solo que a partir de tres semanas ya no puede ser una bronquitis y se tiene que contemplar la posibilidad de tuberculosis u otros problemas respiratorios graves.

Ventolin, Primperan, Effelgaran, Sueroral, Enantyum, Nolotil, Espidifen, Paracetamol: los medicamentos se agolpaban en la estantería de Alpha. Ninguno le hacía mejorar.

El primer día del año su novia Alaina lo encontró bastante mal: había perdido peso y tenía fiebre. Alaina trató de convencerle para que volviese al centro pero él le contestó:

–¿Para qué? No va a servir para nada, estoy harto de ir y de que no me hagan caso.

A finales de febrero, seguía empeorando. Era ya evidente que no iba a curarse sin ayuda, y lo intentó otra vez. En esa ocasión, el médico que le atendió ya sospechaba de tuberculosis, así que le hizo la prueba de Mantoux que sirve para detectar la enfermedad a través de la reacción en la piel de una punción superficial. Al cabo de tres días, el 28 de febrero, Alpha regresó a por los resultados que fueron negativos. Sin embargo, ese día el médico recogió en el informe que Alpha era amigo de una familia que tenía ingresado a un niño por tuberculosis. La sospecha persistía. La prueba definitiva sería una placa que el médico no podía hacer en su centro. “Derivo al Hospital de Inca para radiografía de tórax y valoración ya que ha habido brote de tuberculosis en Can Picafort y sospechamos que este sea el caso primario” –el primero en sufrir la enfermedad dentro de un mismo grupo de contagio–, escribió el médico en el informe.

Consunción, tisis, mal del rey, plaga blanca, mal de vivir o mal del siglo. Estos son algunos de los nombres por los que se ha conocido a la tuberculosis: la enfermedad más vieja que afecta al ser humano, la que más vidas se ha llevado durante la historia de la humanidad.

Hoy constituye la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del sida.

Pero la muerte no siempre nos iguala. Si se mira el mapa de la distribución mundial de la riqueza, coincide exactamente con el de la incidencia de la enfermedad, pero a la inversa. Es una patología de los países pobres, pero también de los pobres de los países ricos.

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Pero no todos los portadores enferman. Su contagio y desarrollo tienen que ver con las malas condiciones de vida y con su asociación con otros problemas de salud. Hacinamiento, viviendas en malas condiciones, jornadas de trabajo prolongadas, mala alimentación, problemas en el acceso a la salud: todos estos factores influyen. Las muertes que produce son muy pocas en los países de la UE15 –los más desarrollados de Europa–. Al menos por ahora.

La tuberculosis mata muy lentamente. Normalmente sólo fallecen por su causa aquellas personas con el sistema inmunitario comprometido como los enfermos de sida. Sobre todo porque es una enfermedad fácilmente curable mediante la administración de antibióticos. A las dos o tres semanas del inicio del tratamiento ya no es contagiosa. Pero el proceso es largo, de seis a nueve meses, por lo que se aconseja un correcto seguimiento del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud –OMS– los errores en la continuidad de la medicación están conduciendo al surgimiento de cepas resistentes a los fármacos. Esas cepas no son fácilmente curables y pueden ser una consecuencia indeseable más del fin de la universalidad de la asistencia sanitaria. En España, los recortes en salud, la exclusión de los migrantes sin papeles, las privatizaciones, el copago y otras medidas de este tipo están pavimentando el camino hacia la posible proliferación de enfermedades infecciosas, como advierten las asociaciones de médicos. En Grecia ya ha pasado. Los estudios realizados en los últimos años después del estallido de la crisis y el impacto de las políticas de austeridad apuntan al aumento considerable de infecciones por VIH y tuberculosis además del crecimiento de la mortalidad en general.

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El hospital de Inca es un gran edificio de cristal y ladrillo, nuevo, con todas las comodidades. En un cartel de la entrada alguien ha dibujado unas tijeras dentro de una indicación de prohibido que quiere significar: “no a los recortes”. El 5 de abril, Alpha fue con la hoja de derivación del centro de atención primaria a hacerse la radiografía que le había pedido el médico. Ese día, unas enfermeras estaban fumando en el jardín. Él lo había dejado seis meses antes cuando empezó la tos y el malestar. Ya ni siquiera le apetecía. Además de la tos, a menudo tenía fiebre, temblores y escalofríos.

Kalidou le acompañaba para darle ánimos en esta ocasión, porque según él, ya había sido rechazado antes aunque no pueda demostrarlo. Las denegaciones de asistencia no quedan registradas en la burocracia hospitalaria. Las cámaras de seguridad borran las imágenes cada dos semanas. La Consejería de Sanidad niega la visita anterior y una posterior de la que informan sus amigos. En realidad, no es tan importante, porque ese mismo día con solo una radiografía Alpha hubiese sido diagnosticado.

– Sabíamos que no iba a ser fácil –dice ahora Kalidou–. Nosotros nunca pasamos los primeros pero tampoco esperábamos lo que ocurrió.

En urgencias se podían leer algunos carteles: “Zona de videovigilancia” y “Presente: tarjeta sanitaria internacional o seguro privado”.

Dentro, dos trabajadores de admisión quedaban protegidos del público por un grueso cristal dentro de una salita con forma de pecera. La que recibió a Kalidou y Alpha les dijo:

–Sin tarjeta sanitaria no podéis ser atendidos. Es la ley.

–Está empadronado, se encuentra muy mal, necesita una placa de aquí –dijo Kalidou señalando al pecho. Y le entregó un papel donde constaba inscrito como residente.

Pero el personal de admisión fue inflexible. No se puede. Si quiere ser atendido tendrá que firmar un compromiso de pago. La factura le llegará más tarde. Después de pensárselo un momento firmaron los dos. Kalidou también tuvo que dejar sus datos como “avalista”. No tenían ni idea de qué les podía costar, tampoco se lo dijeron.

Cuando llevaban como una hora y media más o menos esperando, Kalidou salió a fumar. Estaba seguro de que iban a ingresar a su amigo. Así que aprovechó para llamar a su novia y pedirle que preparase una bolsa con el pijama y otras cosas que Alpha pudiese necesitar en el hospital. Cuando terminó la llamada, apenas habían pasado ni cinco minutos, las puertas automáticas de urgencias se abrieron y su amigo salió.

Alpha había sido atendido en el tiempo que duró la llamada. Salió desolado, con más medicamentos y el mismo diagnóstico: bronquitis. Le habían prescrito también seguimiento por su médico de cabecera, sólo que no tenía. No consiguió que le hiciesen la radiografía de tórax donde se hubiesen visto sin margen de error las cavernas que provoca en los pulmones el virus de la tuberculosis. Dos semanas después, sus vecinos lo verán asfixiarse con su propia sangre en la escalera de casa.

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Esta narración deja algunas preguntas sin respuesta. Para desentrañar la cadena de acontecimientos que ha posibilitado la muerte faltan por conocerse datos, motivaciones, responsabilidades. Estos quizás lleguen a saberse en profundidad cuando se hagan públicos los resultados de la investigación judicial en marcha. Mientras, en los interrogantes que se han abierto florecen las versiones.

En la confusión inicial algunos medios culpabilizaron al propio Alpha por no llevar la hora de derivación donde el médico de atención primaria pedía la radiografía. Pero la propia Consejería de Sanidad de Baleares en su informe sobre el caso dice que sí la llevaba. ¿Es eso tan importante?

Los médicos consultados dicen que es extraño que un médico niegue una prueba relativamente barata cuando lo pide otro médico. Quizás es menos extraño si contemplamos el contexto de recortes –60 millones de euros menos para sanidad en Baleares– y de presiones sobre los profesionales sanitarios. En este hospital, se ha presupuestado un millón de euros menos para personal durante este ejercicio. Eso significa más horas de trabajo, no cubrir bajas, más interinos y menos fijos. ¿Era la médico que atendió a Alpha una contratada eventual? ¿Cuántas horas llevaba trabajando? ¿Estaban recibiendo presiones los profesionales para ahorrar en pruebas diagnósticas? El año anterior, el Sindicato de Enfermería –SATSE– se quejaba públicamente de que las urgencias del hospital estaban colapsadas, de que los enfermeros estaban “desbordados” y exigían más recursos. Pero los recortes continuaron.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad Balear –en manos del PP– ha puesto el acento en las responsabilidades del centro, ha despedido al gerente por las facturaciones ilegales y ha expedientado a los trabajadores: a la administrativa de admisión, al enfermero de triaje y al médico que le atendió. Es la línea oficial de respuesta. La ministra Ana Mato, al ser interrogada sobre el caso en el Congreso afirmó que “desgraciadamente, a veces se producen errores” y que la ley garantiza la asistencia sanitaria a todos por igual. El gobierno justifica sus decisiones con argumentos económicos pero no quiere asumir públicamente que la muerte es una consecuencia de sus políticas.

¿Queda asegurada realmente la asistencia sanitaria de los migrantes a los que les ha sido retirada la tarjeta sanitaria? ¿Sirve la atención exclusiva en urgencias para garantizar el derecho a la salud?

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Tras la muerte de Alpha, su novia Alaina quiso averiguar si estaba infectada. En este caso el procedimiento fue totalmente distinto. Alaina acudió a su médico de cabecera quien también consideró necesaria una radiografía. Sin embargo, esta vez le dieron hora para la prueba desde el mismo centro de atención primaria. Alaina no acudió a urgencias, sino que fue directamente a radiología. No tuvo que llevar una hoja de derivación en la mano, ni pasar por admisión, ni volver a explicar su caso a un enfermero y a un médico. Los resultados de la prueba volvieron a su médico de cabecera directamente por vía informática. Alaina estaba bien, no se había infectado.

Esto es lo que hubiese pasado con Alpha de haber tenido tarjeta sanitaria. No se le hubiese podido negar la prueba diagnóstica. El propio sistema público se habría ahorrado cuatro o cinco visitas al centro de salud y al hospital. Y lo más importante, hubiese tenido la posibilidad de seguimiento de su enfermedad por un único médico evitando que su caso fuese evaluado una y otra vez dependiendo del tiempo disponible del profesional para su atención, su buena voluntad o su cansancio.

Nuestro sistema de atención primaria basado en los médicos de cabecera es el pilar de la asistencia sanitaria española. Asegura un correcto seguimiento del paciente y protocolos claros e iguales para todos. Ahorra costes, sirve para la detección temprana de enfermedades y las previene. Además, hacía de nuestro sistema sanitario uno de los más eficientes: el séptimo en calidad de todo el mundo –según la OMS– con muy poca inversión. El Decreto Ley 16/2012 lo pone en peligro.

Urgencias no sirve para atender los problemas de salud de la población migrante. Pero además, es difícil cuantificar el ahorro que supone sacar a unos cientos de miles del sistema cuando esto puede provocar brotes de enfermedades que al final tendrá que acabar absorbiendo la sanidad pública.

El propio protocolo para el control de las enfermedades infectocontagiosas pierde efectividad, ya que tiene que hacerse un seguimiento de todas las personas que están en contacto con los enfermos para investigar un posible contagio, pero eso se controlaba a través de los médicos de cabecera. Todo este sistema se desmorona si una parte importante de la población no tiene tarjeta sanitaria.

El Govern Balear se apresuró a retirarla incluso antes de la entrada en vigor del real decreto. Unas 20.000 personas quedaron sin tarjeta en esta comunidad. Otras como Andalucía, Asturias, o País Vasco han desobedecido la ley. Pero el Tribunal Constitucional les ha dado la razón alegando que limitar el acceso a la sanidad para algunos colectivos puede afectar a “toda la sociedad” y que los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”. Sin embargo las decisiones del gobierno no se han visto afectadas por esta sentencia.

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–Si me llega la factura, qué voy a hacer –dice Kalidou cuando le preguntan por el compromiso de pago que firmó en urgencias. Se supone que el compromiso se firma porque luego el centro decide si es o no una urgencia y si no lo es envía la factura. Es un sistema bastante arbitrario porque no existe una definición clara de lo que es una urgencia y tampoco es algo que deba decidir un administrativo. De hecho, la facturación a inmigrantes, embarazadas e incluso niños –supuestos cubiertos por la ley– e incluso a españoles sin tarjeta sanitaria, era algo habitual en Baleares desde antes de la muerte de Alpha.

Médicos del Mundo lleva tiempo denunciándolo. En su sede hoy suenan los teléfonos. Alguien sale a repartir jeringuillas pero no encuentra compañero. Los sonidos se cuelan en la oficina de Paco Garrido, coordinador de la ONG en Baleares. Hay bastante ajetreo porque con los recortes y la exclusión de los migrantes, la entidad tiene que hacerse cargo de problemas que antes asistían la sanidad pública o los servicios sociales.

–Dos semanas antes de la muerte de Alpha nosotros nos habíamos reunido con el Conseller de Sanidad –Martí Sansaloni– y con el Presidente de la comunidad –Jose Ramón Bauzá– para informarles de más de 140 casos de vulneraciones de derechos, de los que muchos eran facturaciones indebidas. También de nuestra preocupación ante la posibilidad de rebrotes de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis por la dificultad de diagnosticar a las personas que quedaban excluidas de la atención.

Tras la muerte de Alpha, el Conseller negó que supiera de las facturaciones, a pesar de la rueda de prensa que Médicos de Mundo y otras ONG dieron antes de la reunión para hacer público su contenido.

Garrido muestra ahora facturas de los centros que a veces llegan a casa de los migrantes que acuden a urgencias. Como la de una enferma de cáncer a la que le llegó una por más de 22.000 euros. Pero también algunas emitidas a embarazadas y niños.

–El problema es una ley ambigua que dicen está pensada para evitar el turismo sanitario pero que genera barreras de acceso a los inmigrantes. En cada comunidad se aplica de una manera. En lugares como Madrid o Galicia se ha facturado sistemáticamente, en otras depende del momento. En Baleares no son casos puntuales o “errores” como declara el gobierno de la comunidad. Está normalizado. El Instituto Balear de la Salud desde hace muchos meses no da instrucciones escritas y firmadas a los responsables de admisión sobre cómo gestionar estas facturaciones –de urgencias, menores y embarazadas– porque saben que es ilegal. La facturación se hace para provocar un efecto disuasorio, para evitar que los inmigrantes acudan incluso a urgencias. Muchas personas desisten de ser atendidas por miedo a ser facturadas.

Para Garrido la solución está en devolver la tarjeta a los migrantes que residen en las islas.

–Cuesta más dinero quitar la tarjeta que mantenerla porque tratar a la gente en urgencias es más caro, además de que no están pensadas para eso y corres el riesgo de colapsarlas; las enfermedades crónicas se agravan y acaban necesitando hospitalización; la detección de enfermedades es más tardía, y multiplicas el efecto contagio, entre otros efectos adversos.

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¿Por qué se ha retirado la asistencia sanitaria a los migrantes sin papeles aunque la medida no supone un ahorro real? ¿Hacía falta cambiar el modelo desde la universalidad al del aseguramiento sólo para excluir a este colectivo?

Cuando los argumentos económicos no sirven, lo que queda es la naturalización. Cuesta acostumbrar a la ciudadanía a perder un derecho. Hay que hacerle sentir la excepcionalidad de la asistencia sanitaria. Ha de volverse habitual morir de enfermedades fácilmente curables para convencernos de que tiene que ser así, de que la salud debe ser únicamente el derecho de unos pocos. Sin embargo, ya hay más de 2.200 médicos que se han declarado objetores de conciencia y que están atendiendo a todo el mundo pese a las trabas burocráticas.

El cambio de modelo de la sanidad universal por el de “asegurados” es el paso previo a la privatización. La idea es introducirlo poco a poco para combatir resistencias.

En Baleares el gobierno autonómico del PP ha coqueteado con la idea y aunque durante la campaña electoral del 2011 se habló incluso de privatizar hospitales completos –como el de Inca– al final tuvieron que dar marcha atrás por presiones dentro de su propio partido y de sus bases. La estrategia ahora es hacerlo poco a poco. Primero vendieron todos los servicios no sanitarios de los hospitales incluidos los aparcamientos. El mayo pasado ya sacaron un concurso por valor de ocho millones de euros que van a ir directamente a la prestación de servicios sanitarios, desde consultas o geriátricos a operaciones y hospitalizaciones.

La gestión privada de la sanidad avanza en las autonomías del PP sobre todo en Madrid y Valencia. En Valencia se han adjudicado a la empresa privada los hospitales de nueva construcción, mientras que en Madrid se han privatizado centros completos no sin resistencia de los propios trabajadores y de los usuarios. De ahí la Marea Blanca, movimiento que lucha por la sanidad pública y que en una consulta popular realizada en Madrid consiguió el voto de casi un millón de personas. El resultado fue unánime: más del 99% estaba a favor de una sanidad universal y de gestión pública.

La justificación de las privatizaciones es otra vez, los motivos económicos. Dejando de lado las consideraciones éticas sobre si la salud debería regirse o no por este tipo de criterios, no hay ningún estudio que ratifique que la gestión privada es más barata que la pública. Por el contrario, las experiencias que se llevaron a cabo en Inglaterra durante fines de los 90 y los 2000 – y que constituyen la inspiración para nuestros gobernantes– han acabado con un aumento del gasto público en salud e incluso son la intervención del Estado para rescatar hospitales quebrados.

La ministra, Ana Mato, dice que “no podemos pagar la sanidad a todos los ciudadanos que vienen a España”. Sin embargo la sanidad se financia con impuestos indirectos no progresivos que también pagan los migrantes con o sin documentos: IVA o impuestos al tabaco, alcohol y gasolina. Con su ya conocida habilidad para malear el lenguaje, el gobierno habla de “déficit” del sistema público de salud y justifica los recortes y las exclusiones bajo el concepto de la “sostenibilidad”. Pero los presupuestos de sanidad se establecen mediante decreto. Es decir, no puede tener déficit a no ser que se adjudiquen menos recursos de los necesarios. Sin embargo España es uno de los países de la UE15 que menos dedica a salud. El presupuesto asignado es una cuestión política. El problema aquí es el de quién decide o cómo se decide en contra de los deseos de la mayoría. Es decir, el problema es el problema de la democracia.

El año pasado se recortaron 7.000 millones de euros en sanidad. Este año serán otros 3.000. Todo a instancias de la troika –Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que responde a los intereses del capital financiero muy feliz de poder entrar a un nuevo nicho de mercado tan rentable como el de la sanidad.

Estos recortes generan malas condiciones laborales, menos recursos y por tanto, peor atención y mayores listas de espera. La consecuencia a medio plazo: el progresivo abandono de la clase media que empieza a contratar seguros privados. Que la clase media –con mayor capacidad de movilización e influencia– abandone la sanidad, asegura una privatización sin resistencias.

Del lado de los ganadores de esta partida: gente de la casta de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ahora es gestor de la empresa privada adjudicataria de los los análisis clínicos que él mismo privatizó. Este ejemplo ilustra el pasaje entre poder político y económico en los procesos privatizadores y a qué intereses responden las muertes que ya se están produciendo en España. Muertes como las de Alpha.

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El 22 de abril Kalidou volvió a casa después de un breve viaje. Dentro todavía estaba la sangre: sangre en el suelo, sangre en el sofá. Y los restos de la intervención médica de urgencia: gasas, papeles, jeringuillas y más sangre en ellos. La imagen de la muerte que no había presenciado se le hizo evidente. Así como los objetos del amigo están todavía en la casa y le acompañan cotidianamente, día a día.

Mientras Kalidou limpiaba, el médico forense cortaba, revisaba, analizaba, cosía y recomponía el cuerpo para llegar a una conclusión por fin. Al principio dudaba, buscaba indicios de otras enfermedades. Después, ante la evidencia, escribió en el informe:

“Causa definitiva de la muerte: asfixia por aspiración sanguínea masiva provocada por hemorragia pulmonar debido a tuberculosis no tratada”.