El pasado 3 de diciembre el Senado italiano dio su voto de confianza al primer ministro, Matteo Renzi, para seguir adelante con el Jobs Act, una nueva reforma laboral. Dicha reforma pretende cambiar el controvertido Artículo 18 del Estatuto de Trabajadores que hasta ahora protege a los mismos de ser despedidos por motivos injustos. El Jobs Act ha sido una de las bazas que Renzi ha presentado ante los inversores y la Unión Europea para demostrar que se toma en serio la puesta en marcha de reformas estructurales en un momento en el que Italia está en el punto de mira de las instituciones europeas por su déficit presupuestario.

Mientras el exterior aplaude la valentía de Renzi por poner sobre la mesa reformas impopulares, el debate está servido en el interior. Dos de los sindicatos italianos, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) han convocado una huelga general para el 12 de diciembre a la que no se ha sumado el tercer sindicato italiano, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CSIL).

El Jobs Act se enmarca en un proceso de desregularización del mercado laboral que se ha visto acelerado desde que comenzó la crisis económica. En 2009, el Gobierno de Berlusconi firmó un importante acuerdo de negociación colectiva con dos de los sindicatos, la CISL y la UIL. El Acuerdo de 2009 ha marcado un antes y un después en la regulación de la negociación colectiva italiana desmontando los principios en los que se sustentaba el hasta entonces texto de referencia de 1993. Algunos de los cambios introducidos fueron la creación de un nuevo índice para calcular los salarios, la implantación de las “cláusulas abiertas” y una nueva reorganización de la negociación colectiva que debilitaría el frente sindical, según la CGIL, la cual se opuso al acuerdo y convocó una huelga contra el mismo.

El Gobierno de Monti también puso en marcha en 2012 un proceso de diálogo con los sindicatos para implementar una nueva reforma laboral, la denominada Reforma Fornero. Ya entonces uno de los motivos de desacuerdo de los sindicatos giro también en torno al Artículo 18 y al mismo estilo de negociación impuesto por el Gobierno que relegó el papel de los sindicatos a meros espectadores pero sin capacidad de intervenir en el diseño de la reforma. Finalmente, la CSIL y la UIL dieron su apoyo a la reforma y la CGIL volvió a oponerse.

El Jobs Act de Renzi pretende dar una nueva vuelta de tuerca al Artículo 18 para implementar las medidas que quedaron diluidas en la reforma de Monti. Y también pretende dar una nueva vuelta de tuerca en lo referente al estilo de toma de decisiones del Gobierno ya que esta vez Renzi ha ignorado directamente a los sindicatos y los ha situado como parte del problema (mercado laboral rígido) y no de la solución (más flexibilidad).

En esto último, ser ignorados por el Gobierno, también tienen experiencia los sindicatos españoles. Las dos grandes reformas laborales aprobadas durante la crisis en España, la del PSOE en 2010 y la del PP en 2012, fueron implementadas de manera unilateral y contra ellas se opusieron los dos sindicatos mayoritarios españoles convocando dos huelgas generales. Ambas reformas se enmarcan también, al igual que las italianas, en un proceso de progresiva flexibilización del mercado laboral e incluyen medidas encaminadas a facilitar el despido y a descentralizar la negociación colectiva.

Durante la crisis podemos apreciar una tendencia común en el estilo de toma de decisiones de los Gobiernos en ambos países. Los procesos de toma de decisiones de las reformas laborales italianas y españolas difieren bastante de lo ocurrido en los años 90 en los que hubo una emergencia de pactos sociales en ambos países para decidir sobre estas y otras cuestiones. Por el contrario, en los últimos años ha habido un aumento del unilateralismo que ha estado propiciado principalmente por dos factores. Uno, la influencia de la presión externa para implementar las reformas. Y, dos, la percepción de que los sindicatos ya no tienen poder de veto para paralizar los cambios.

Por su parte, los sindicatos han desarrollado estrategias diferentes en ambos países. La diferencia fundamental entre las organizaciones sindicales españolas e italianas es que mientras que las primeras han desarrollado una estrategia basada en la unidad de acción desde hace décadas, las segundas cuentan con una trayectoria de división sindical. La competencia entre la CGIL, la CSIL y la UIL ha estado vigente desde que en 1984 se desmoronara el gran acuerdo al que llegaron las centrales italianas en el “Otoño caliente” en 1969. Desde entonces, aunque han llegado en ocasiones a acuerdos específicos, lo que ha predominado ha sido la división sindical.

Dos factores fundamentales contribuyen a explicar esta diferencia. Primero, las herencias de las relaciones entre los partidos políticos y los sindicatos. Y, segundo, el diseño institucional de las relaciones industriales.

En España, los lazos originales entre el Partido Comunista (PC) y CCOO desaparecieron hace unas décadas. Tras el giro del PC hacia el ‘Eurocomunismo’ se produjo una disolución de los objetivos revolucionarios del partido. La desaparición de la idea de lucha de clases acabó afectando también a CCOO que pasó de ser un sindicato combativo a un sindicato que prioriza el diálogo social. Respecto a las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la UGT, estas se rompieron oficialmente a mediados de los 80 cuando la UGT se opuso a los planes de reestructuración industrial del PSOE pero esto no supuso un cambio en la ideología del sindicato. Estos procesos han dado lugar a una convergencia ideológica entre los dos sindicatos basada en el reformismo socialdemócrata que ha facilitado la estrategia de unidad de acción entre ellos.

Este proceso de “social democratización” sindical también se ha podido observar en Italia pero con una serie de pautas y ritmos diferentes. Aunque los lazos formales entre sindicatos y partidos políticos, la CGIL con los partidos comunistas y socialistas, la UIL con los partidos reformistas y la CISL con el partido demócrata cristiano, desaparecieron después de los cambios políticos de los noventa, las referencias culturales han seguido siendo importantes y se han visto reforzadas por la necesidad de subrayar su identidad diferente debido a sus relaciones competitivas. Es lo que Martín Artiles denomina la “ideología adversarial” que ha propiciado que las diferencias ideológicas y culturales hayan tenido efectos más duraderos en Italia que en España.

Pero las diferencias culturales originarias no han provocado la unidad o la división por sí solas. El segundo factor, las instituciones de los sistemas de relaciones industriales, también han contribuido a ello. En España, la existencia de reglas claras de representación en los comités de empresa y de número de afiliados similares ha facilitado la falta de competencia entre CCOO y UGT. Además, ambos sindicatos han conseguido una representación institucional que excede a su número de afiliados gracias a las cláusulas de extensión de los acuerdos de la negociación colectiva. Todo esto ha dado lugar al desarrollo de una identidad más preocupada por su representación institucional a través del uso de la concertación que por la movilización para conseguir más afiliados.

Por el contrario, en Italia, la inexistencia de reglas claras de representación en los comités de empresa ha reforzado el carácter competitivo de las relaciones sindicales y las diferencias identitarias de los sindicatos. En este sentido, la CGIL ha desarrollado una identidad militante, que prioriza la confrontación política sobre el diálogo social, mientras que la CISL y UIL han desarrollado identidades basadas en el uso de la concertación y el diálogo.

Durante la crisis, en España se ha mantenido la unidad de acción mientras que en Italia la división sindical ha sido la constante. La CSIL y la UIL han participado en los procesos de concertación siempre que han sido facilitados por el Gobierno y han firmado todos los acuerdos mientras que la CGIL se ha opuesto a los mismos. Por otra parte, aunque CCOO y UGT han convocado dos huelgas generales frente a las reformas laborales, éstas han sido interpretadas no como una estrategia de movilización de los trabajadores sino de interpelación a los Gobiernos para llegar a acuerdos dentro de un marco corporatista.

Como conclusión, podríamos decir que las estrategias sindicales en Italia y España frente a las reformas laborales vendrían a confirmar la tesis apuntada por Richard Hyman sobre la alta resiliencia de las identidades de los sindicatos ante momentos de cambio.

Los sindicatos son organizaciones muy importantes para conseguir una sociedad más equitativa debido a su interés por la justicia social. Sin embargo, esta función está siendo cuestionada como consecuencia del aumento de la desigualdad desde hace varias décadas en sociedades ricas y supuestamente desarrolladas en las que los sindicatos siguen reteniendo parte de su influencia.

Aunque el aumento de los desequilibrios salariales suele venir asociado a los cambios en los factores económicos (el cambio tecnológico, la globalización, la movilidad del capital, etc.), existe un debate abierto sobre si las políticas y los contextos institucionales de cada país sirven o no de colchón para frenar el aumento de la desigualdad (Baccaro 2008, Pontusson, Rueda y Way 2002, Kenworthy y Pontusson 2005).

Este artículo pretende hacer una comparación entre los países liberales y los países corporativistas con el objetivo de observar si las diferencias en las instituciones laborales han influido o no en el aumento de la desigualdad. Algunos países, como el Reino Unido, son economías liberales de mercado, en las que los derechos laborales están más liberalizados y los sindicatos asumen un papel residual.

Sin embargo, otros países europeos como Dinamarca o Suecia tienen una economía social de mercado en la que existen instituciones corporativistas sólidas y en las que los sindicatos cuentan con una mayor representación en las instituciones y una mayor densidad sindical. La desigualdad golpea a todos ellos pero lo hace con diferente intensidad.

Según un informe de la OCDE (2011), en todos los países las diferencias entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre aumentaron, pero en unos países, como el Reino Unido, ese aumento fue mucho mayor que en otros, como en los países nórdicos o de la Europa continental.

Existen dos cuestiones que pueden haber influido en este resultado. Primero, los países corporativistas parten de una situación de igualdad mayor gracias al pacto social que se fraguó después de la II Guerra Mundial entre el capital y el trabajo. En aquellos años se le atribuyó a los sindicatos, junto a los partidos de izquierda, demócratacristianos y socialcristianos, un rol clave en la creación de los Estados de bienestar y en la consecución de derechos laborales y sociales para las clases trabajadoras.

Aunque en los países liberales también se desarrolló el Estado de bienestar después de la IIGM, su consolidación nunca llegó a ser tan profunda como en los otros. A esto se le suma el que tampoco se consolidasen derechos laborales y de representación sindical al mismo nivel que en los países corporativistas. En los años de crecimiento económico de posguerra, el pleno empleo hizo que los países liberales pudiesen igualar a los corporativistas en equidad pero esto no duró mucho tiempo.

El segundo factor que influye en que la desigualdad sea diferente entre los países liberales y corporativistas está en relación con los cambios ocurridos a raíz de la crisis de los 70, como la aparición del neoliberalismo y la globalización.

La desigualdad golpeó más fuerte a los países liberales en esa época por la desaparición del pleno empleo, por la inexistencia de instituciones laborales como la negociación colectiva centralizada y otros derechos laborales y sociales, y por la falta de sindicatos fuertes y de Gobiernos de izquierda relativamente largos. Estos factores sí posibilitaron que en los países corporativistas se pudiesen seguir manteniendo sociedades más igualitarias.

Entonces, ¿por qué la desigualdad salarial ha aumentado también recientemente en los países corporativistas? Esto es porque si bien, en las décadas posteriores a la IIGM, las organizaciones sindicales tuvieron una función clave en la regulación de la relación entre el empleo y los salarios, con objetivos redistributivos (aumento de salarios para las capas más desfavorecidas), esto cambió también a partir de mediados de los 80 y principios de los 90 en los países corporativistas.

Con la crisis de los 80 y más tarde con la entrada de los países en el mercado común europeo, emerge una nueva herramienta de negociación tripartita en esos países entre los Gobiernos, los sindicatos y los empresarios: los pactos sociales. Estos pactos tenían el objetivo de conseguir economías más competitivas y se basaron en la cesión por parte de las organizaciones sindicales en temas de moderación salarial.

Esta estrategia de contención de salarios también se ha mantenido con el tiempo en el terreno de la negociación colectiva. Así, para garantizar el empleo, las organizaciones sindicales han seguido comprometiendo el aumento de los salarios y cediendo en temas de flexibilidad.

En este sentido se puede hablar de una pérdida de carácter redistributivo de la negociación colectiva. El desamor entre los sindicatos y la igualdad comienza cuando las negociaciones colectivas y los pactos sociales pierden su carácter redistributivo y pasan a tener un carácter legitimador. Es decir, los sindicatos participan en las negociaciones con el objetivo de legitimar su papel institucional pero no para conseguir más igualdad.

Es lo que se conoce como el desplazamiento de objetivos de Michels. Aunque los países corporativistas siguen teniendo una densidad sindical alta y unas instituciones laborales sólidas, éstas han ido modificando sus fines con el paso de los años.

Aun así, la relación de pareja entre sindicatos e igualdad parece salvarse, a pesar del aumento de desempleo y de las diferencias salariales, por el papel del Estado de bienestar. Una cosa es la desigualdad salarial y otra la desigualdad una vez que el Estado ha realizado las transferencias correspondientes a los ciudadanos en temas como protección de desempleo, pensiones, etc. Los países que cuentan con unas políticas de bienestar generosas, que suelen ser países con instituciones corporativistas sólidas y sindicatos fuertes, ofrecen mejores resultados con respecto a la igualdad.

Esto no significa que el Estado de bienestar no sea redistributivo en los países liberales. De hecho, si tomamos dos casos paradigmáticos como son Reino Unido y Dinamarca a finales de los 90, la redistribución a través de los impuestos y de las transferencias era similar; sin embargo, los índices de redistribución en el caso danés eran más altos, ya que la desigualdad en el mercado era menor. Es decir, los países liberales parten de una situación de desigualdad en el mercado mayor, por lo que el efecto redistribuidor del Estado de bienestar no puede llegar a igualar a los corporativistas.

En conclusión, mientras los sindicatos sigan manteniendo como estrategia la defensa del Estado de bienestar podrán seguir teniendo un papel, aunque indirecto, en la consecución de sociedades más equitativas. El interrogante se abre ante los recientes recortes de los Estados de bienestar y en cómo éstos están influyendo en el aumento de la desigualdad. De esto y de la habilidad de los sindicatos para crear herramientas alternativas a la negociación colectiva depende el que la crisis de pareja entre los sindicatos y la igualdad se quede sólo en eso, en una crisis, y no llegue al desamor.

¿A qué sectores de la sociedad son realmente capaces de movilizar los sindicatos?

Las estrategias de confrontación no han tenido como resultado que los gobiernos den marcha atrás a los recortes

Existe evidencia para pensar que la falta de representación de los 'outsiders' habría minado el poder de veto de los sindicatos

La crisis económica ha sacado a la luz una cuestión clave: el papel de los sindicatos frente a las políticas de austeridad y su poder de oposición a ellas. Ante el nuevo escenario de austeridad y de estrategias gubernamentales liberalizadoras y desreguladoras, tanto del mercado laboral como del Estado de Bienestar, las organizaciones sindicales se ven forzadas, cada vez más, a poner en marcha nuevas estrategias. Los sindicatos tienen que explorar nuevos caminos que les permitan seguir desarrollando un papel relevante en el campo de la defensa de los derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras. Al mismo tiempo, tienen que mantener o revitalizar su poder institucional, en la empresa u organizativo, apelando a nuevas bases sociales y a nuevas formas de resolución de conflictos y de intervención responsable en las políticas económicas.

Los sindicatos se encontraban ya con una afiliación disminuida y en una posición defensiva en 2008 cuando la crisis económica estalló en algunos países europeos como España. Varios fenómenos habían contribuido al declive de las organizaciones sindicales en las últimas décadas, como la reestructuración del mercado laboral y la progresiva desregulación de los derechos laborales. Desde la recesión de los años setenta se han producido una serie de cambios en los mercados laborales europeos como el aumento de la temporalidad y de la parcialidad que se han visto acentuados por la actual crisis y a los que hay que añadir otros problemas como el del paro, que afecta significativamente a España.

Además, la fuerza de los sindicatos en las empresas ha disminuido tras las recientes reformas laborales, las cuales han minado la autonomía y la libertad de las organizaciones sindicales y han cambiado los criterios de representatividad de los interlocutores sociales. A esto se le suma la tendencia hacia la descentralización colectiva y la crisis actual en la negociación de los convenios. De hecho, en los últimos cinco años se han reducido casi a la mitad el número de convenios firmados, de 5.987 en 2008 a 3.378 en 2012.

Como resultado de los cambios de estas últimas décadas, puede interpretarse tanto la falta de influencia de los sindicatos en las empresas como el hecho de que las organizaciones sindicales no hayan sido capaces de evitar las medidas de austeridad de los Gobiernos del PSOE y PP desde que comenzó la crisis.

La crisis económica ha erosionado los procesos de concertación social española. Esto, unido a la debilidad de los sindicatos como actores influyentes en la toma de decisiones políticas, explica que el recurso de la Huelga General por parte de CCOO y UGT haya sido el más frecuente para oponerse a algunas medidas de austeridad como las reformas laborales, las reducciones salariales del sector público o la reforma de las pensiones. Sin embargo, estas estrategias de confrontación no han tenido como resultado que los gobiernos den marcha atrás a los recortes. Dejando a un lado el desigual seguimiento que hayan podido tener, queda patente que el recurso a la huelga como medida tradicional de oposición se evidencia como insuficiente para oponerse a las impopulares medidas de austeridad.

Desde el punto de vista organizativo y de su poder en la empresa y respecto a su base social, esto plantea a los sindicatos una serie de interrogantes estratégicos: ¿a qué sectores de la sociedad son realmente capaces de movilizar? ¿Se sienten los sectores más afectados por las medidas de austeridad representados por los mismos? Parte de la respuesta es que las organizaciones sindicales, acostumbradas a tener una base de afiliación sindical relativamente estable caracterizada por contratos indefinidos mayoritariamente en la industria y en el sector público (insiders), están encontrando serias dificultades para relacionarse con los colectivos más afectados por las medidas de austeridad, principalmente los jóvenes, los precarios y los parados (outsiders). Sin embargo, esto es muy importante, ya que existe evidencia para pensar que la falta de representación de los outsiders habría minado el poder de veto de los sindicatos al tener dificultades para movilizar a este sector.

Ante este nuevo reto los sindicatos parecen estar anclados en modelos y estrategias del pasado. Concretamente, los sindicatos mayoritarios españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT), continúan aplicando el modelo de sindicato de servicios y no han probado otros modelos sindicales para conseguir aumentar su base de afiliación en los sectores en los que predominan los contratos temporales y la inestabilidad. Las organizaciones sindicales mayoritarias siguen sin explorar otros modelos de sindicalismo como los denominados sindicalismos de movimiento social o de comunidad, basados en la búsqueda de afiliación nueva en las empresas a través de la realización de campañas informativas y con más implicación de los trabajadores en la toma de decisiones de la organización.

Desde el punto de vista de la participación y del poder institucional, los sindicatos se plantean otra serie de interrogantes: ¿cómo recuperar la importancia de la concertación y el diálogo social de antes de la crisis? ¿Cómo aumentar su capacidad de veto? ¿Cómo relacionarse con los partidos políticos? CCOO y UGT siguen apostando por el modelo interlocutor social responsable que busca influencia política a través del diálogo y la concertación, sin embargo, las reglas del juego han cambiado. Los sindicatos, en parte por el tipo de instituciones corporatistas de nuestro país, están anclados en un modelo de diálogo social débil y altamente dependiente de la contingencia y de la voluntad del Gobierno en cuestión. Las organizaciones sindicales aún no han sabido reaccionar de manera estratégica ante los continuos desplantes de los Gobiernos, tanto del PSOE como el actual del PP, que han recurrido con frecuencia a la aplicación de reformas de manera unilateral.

Además, otro de los motivos del escaso poder de veto de los sindicatos ante los recortes es la falta de alianzas de las organizaciones sindicales con los partidos con representación parlamentaria al agotarse el entendimiento tradicional de las organizaciones sindicales con los partidos socialdemócratas. A pesar de los tímidos acercamientos entre los sindicatos y otras fuerzas políticas, como Izquierda Unida, o sociales, como la Cumbre Social, las organizaciones sindicales no han podido construir una amplia mayoría social para hacer llegar a los gobiernos su programa alternativo a las políticas de austeridad.

En conclusión, los sindicatos no han invertido suficientes recursos para relacionarse con los outsiders y, en el ámbito estatal, recurren a modelos del pasado sin desarrollar nuevas estrategias de movilización ni nuevas alianzas. Las organizaciones sindicales están aún adaptándose a los nuevos cambios ante los que parecen mostrar una actitud conservadora que les hace amarrarse a estrategias del pasado. Una cuerda invisible que impide que den rienda suelta a nuevos caminos aún sin explorar.