Sin suficiente comida, sin suficientes camas y sin suficientes respuestas. Así malviven varios cientos de personas dentro del campamento griego de Moria, convertido, desde el pasado 20 de marzo –día en que entró en funcionamiento el polémico pacto entra la Unión Europea y Turquía– en centro de detención para los refugiados y migrantes que llegan a las islas griegas de forma irregular. Pese a que no hay permiso oficial para la prensa, eldiario.es ha logrado acceder a él.

El centro de detención de Moria, de 4,7 hectáreas, está instalado en un acuartelamiento militar griego, rodeado de olivares. El perímetro externo es una verja copada de una espiral espinosa. “Es como un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros donde privan de libertad a migrantes irregulares antes de ser deportados), pero sin camas y con gente durmiendo al raso”, resumen voluntarios españoles que han operado dentro del mismo.

Al otro lado del camino que rodea el alambrado por el oeste reposan los toldos blancos del campo gestionado por voluntarios 'Better days for Moria' (Mejores días para Moria), hoy apenas habitado porque sus inquilinos fueron evacuados, y cuya calidez contrasta con los fríos cubículos prefabricados del centro de detención vecino.

Un detalle inquietante: tres caravanas de venta de comida instaladas a diez metros de la verja. Sus clientes están dentro del centro de detención. El vendedor, cada cierto tiempo, recibe un grito desde la valla, se acerca, anota la comanda, vuelve al carro, prepara el encargo, retorna al alambrado, pasa el encargo como puede por debajo de los hierros, se cobra un euro por lata de bebida y más de dos euros por bocata. Los agentes de Grecia, responsables de alimentar con suficiencia a sus detenidos, observan impávidos.

Tras la retirada parcial o total de varias ONG de Moria, en protesta por su conversión en centro de detención, el Ejército griego es el encargado de dar la comida a los internos. La prepara una empresa de catering de Lesbos. La mayoría de los arrestados con los que ha hablado eldiario.es coincide en que el menú es “insuficiente” y “de mala calidad”. Un refugiado sirio critica que, en una ocasión, los uniformados agredieron a un hombre que protestaba porque le habían negado llevar una ración a su mujer, impedida en la cama.

Para verificar esta y otras denuncias, logramos cruzar la puerta de Moria, guardada por policías griegos y flanqueada por alambres de espino. Nada más penetrar, eldiario.es se topa con una pareja de marroquíes. A duras penas pudiéndose expresar en inglés, explican que llegaron hace un día. A partir de ahí todo son dudas. A diferencia de la siria, la iraquí o la afgana, su nacionalidad, la argelina y la paquistaní son las que, se cree, se toparán con más obstáculos a la hora de obtener derecho a asilo. Y más facilidades para ser devueltas a Turquía.

Es mediodía y hay una larguísima cola formada a la entrada de una tienda de campaña. De ella salen mujeres adultas con un recipiente con ensalada, un bollo y un tetrabrik pequeño de zumo entre las manos. Oficialmente, algo así se sirve tres veces al día. Joaquín Urías, un voluntario español y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla que ha estado dentro de Moria, denuncia que “sólo se está disponiendo de 400 menús para alimentar a 600 personas”. La consecuencia: los refugiados se ven obligados a pagar para complementar su dieta.

Al hambre se le suma el frío. “Por la noche nos helamos. Ya no es que no tengamos climatización dentro de los dormitorios, ¡es que faltan mantas!”, lamenta Alí, un joven afgano. En efecto, dentro del cubículo de plástico sólo encontramos un puñado de pírricas mantas y, en un pedazo de suelo, una alfombra con el logo de ACNUR. “Las ONG Dirty Girls y Oxfam se encargaban de proveer de mantas y lavarlas. Tras su retirada, hay una deficiencia en este aspecto”, lamenta Urías.

Sin bastantes mantas, a los refugiados bajo arresto en Moria sólo les queda el calor humano. De hecho, hasta 12 personas se deben acumular en cada tienda prefabricada, de apenas 20 metros cuadrados. “Algunos nos hemos visto obligados a dormir al raso por falta de sitio”, asegura Hamza, un sirio en la veintena. Los más afortunados en ese CIE disponen de incómodos catres, donde tampoco se garantiza el calor. Ni siquiera en la ducha, ya que, denuncian los arrestados, el agua es fría.

“Un refugiado, por definición, es un individuo en un país extranjero sin protección de ningún Estado. Pero ese no es el caso de los internados en Moria, quienes, como arrestados, se hallan bajo protección del Estado griego”, recalca Joaquín Urías, quien prosigue: “En la UE, un niño internado y sin acceso a la educación es una violación de los derechos humanos”. En el centro de detención de Moria hay muchos niños y no hay escuela. Algunos pequeños juegan al fútbol; otros yacen en silencio a la vera de sus padres.

“Mis hijos me preguntaron si hicimos algo malo”

“Los niños aprenden qué es una cárcel viendo la tele. Nada más llegar aquí, los míos me preguntaron si habíamos hecho algo malo para acabar en una cárcel”, recuerda apesadumbrado Behram, un expolicía afgano que tuvo que salir de su país temeroso de represalias de los talibanes. Lleva una niña de pocos años en los brazos y otro chiquitín, con mirada aterrada, aferrado a su pierna. A su lado Gulam, un chaval de la ciudad afgana de Kunduz, explica que sus hermanos tienen 10 y cuatro años.

Durante los tiempos en que Moria era un campo de acogida, algunas ONG gestionaban el complejo familiar, un área especialmente protegida para las familias y las personas más vulnerables. Aunque se puede comprobar que hay áreas cercadas dentro del hoy centro de detención, guardadas por policías y algunos cooperantes, también se puede acceder a casas contenedor habitadas por familias sin pasar una segunda alambrada.

Hamza, que indica que llegó a Moria el 19 de marzo por la noche, detalla que durante sus primeros cuatro días tuvo prohibido salir de un sector alambrado dentro del CIE. Otros refugiados contactados ofrecen datos similares. Joaquín Urías lo confirma: “No fue hasta la protesta –una concentración de voluntarios ocurrida el jueves pasado– que ampliaron la libertad de movimiento de los internos para evitar motines. Han llegado a introducir antidisturbios, algo brutal habiendo dentro familias con niños”.

975 peticiones de asilo registradas

Según Emmanouil Chatzichalkias, un abogado de Lesbos que trata de asistir a los arrestados en Moria, 975 internados han solicitado asilo a fecha de 28 de marzo. Se estima que podría haber más personas en el CIE, ya que a los internos se les ofrece pedir asilo o bien aceptar la deportación directa a Turquía. El abogado, gracias a fuentes policiales propias, ha sabido que “un grupo de paquistaníes” ha sido deportado de Lesbos a Turquía recientemente, aunque no puede determinar cuántos.

Así, los arrestados en Moria se hallan sin suficiente comida, sin calefacción, sin escuela y sin asesoramiento legal, cuando la ley griega, recuerda Chatzichalkias, dice que “todo detenido debe tener acceso a un abogado gratuito, si no puede permitírselo”.

Aunque ACNUR es una de las organizaciones que permanece activa en Moria, oficialmente, con “ánimo de asistir en las solicitudes de asilo”, Hamza reconoce que ha pedido asilo, pero sólo le han dado un número y le han dicho que espere. A Alí le han dicho que vaya a la embajada afgana en Atenas a pedir un abogado, aunque no puede salir del CIE. La pareja marroquí no sabe nada. Un chico paquistaní, en un inglés raquítico, dice que ni siquiera hay traductores de lengua urdu para leerle sus derechos como arrestado.

La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR) indica que hoy hay 3.727.542 refugiados sirios registrados en el exterior. Detrás de las cifras se esconden los nombres de Mahmud Noman Absi, de Ala Adnan Jalil, de Amran Yihad Yarban y de la pequeña Yara Taleb Ahmad. Todos intentaban alcanzar Italia, un lugar seguro para vivir, y acabaron engañados por unos traficantes de personas y abandonados en una embarcación cerca de Egipto. Su rescate no puso fin al sufrimiento: ahora, 16 sirios y 56 palestinos refugiados en Siria viven hacinados en una prisión de Karmus, en Egipto, como reflejan las imágenes que uno de los afectados ha enviado a eldiario.es.

Las fotografías las envía Amran Yihad Yarban, gracias a un teléfono móvil que han conseguido colar en las celdas. De 22 años y natural de Maaret Namal (provincia norteña de Idlib), este joven desertó del ejército sirio para evitar colaborar en la masacre de civiles que ejecuta desde marzo de 2011. Luego regentó un pequeño negocio en su pueblo natal hasta que los toneles de dinamita que lanzan helicópteros del régimen –y cuya existencia Bashar Asad desmintió a la BBC recientemente– lo destruyó.

Yarban huyó a Turquía donde compartió suerte con otro centenar de refugiados. Todos fueron engañados, a mediados de octubre pasado, por una mafia de tráfico de personas formada por turcos y egipcios. “Inicialmente éramos 105 en total. Nos prometieron, previo pago de seis mil dólares cada uno, desembarcar en Italia”, explica por teléfono a eldiario.es Yarban.

“Zarpamos del puerto de Mersin (ciudad al sur de Turquía) y nos llevaron a lo que entendimos eran aguas internacionales. Allí nos trasladaron a otro barco cuya tripulación era egipcia. Allí pasamos, sin apenas comer, unos doce días. Al cabo de este tiempo, nos embarcaron en un tercer bote, esta vez más pequeño. Nos introdujeron a todos en una cámara frigorífica. Navegamos”, continúa.

Fue en aquella oscuridad cuando, a pesar de la falta de cobertura y la confiscación de sus teléfonos móviles, se percataron del timo mafioso. “El GPS del teléfono que uno de nosotros llevaba escondido nos emplazó no rumbo a Italia, como creíamos, sino rumbo a aguas egipcias. Se montó un motín a bordo. Hubo heridos. Los contrabandistas nos amenazaron con pistolas. Cuando surcábamos el mar a la altura de un islote egipcio, los mafiosos escaparon del bote tras dañarlo hasta provocar su hundimiento. En la refriega final nos hicimos con el teléfono satélite de uno de los traficantes, con el cual llamamos a los guardacostas”.

Hacinados en una prisión egipcia

23 de octubre de 2014. Empezaba el siguiente capítulo de la tragedia.

“Los agentes de Egipto nos rescataron y nos pusieron a disposición de la Inteligencia, que a su vez nos llevó ante el juez. Este ordenó nuestra liberación, pero la Policía, lejos de eso, nos encarceló. Solo aquellos que tenían pasaporte fueron liberados. Volvieron a Turquía. Pero el gobierno turco rechazó a quienes no lo teníamos (algo común entre los jóvenes que rechazan unirse al ejército sirio, pues se les retiran los pasaportes). Nos quedamos en Egipto 16 sirios y 56 palestinos refugiados en Siria”.

Mahmud Noman Absi, de Ala Adnan Jalil, de Amran Yihad Yarban, de Aysam Ahmad Afara, de la pequeña Yara Taleb Ahmad, de Mohamed Mustafa Musa, de Nishir Abderrahman Karmun, de Ozman Ahmad Malak, de Yazal Bashar Yawish, de Yusef Mohammed Salhadi, de Mustafa Mahmud Saad, de Mohamed Taleb Ahmed, de Somar Sleyman Gadir, de Mohamed Mustafa Musa, de Amer Mohamed Jalil y del niño de once años Jaled Burhan Fetahi. La menor tiene siete meses; el mayor, 55 años. Proceden de las provincias de Lataquía, de Idlib o de Damasco. Muchos son activistas alzados o desertores de las Fuerzas Armadas de Siria. Junto a ellos, los 56 palestinos refugiados en Siria que han residido en los campos de Handarat o Yarmuk.

Los encarcelaron en la cochambre de prisión de Karmus. Todos los sirios no palestinos –el resto está en otro lugar en las mismas pésimas condiciones— duermen hacinados en un cuarto paupérrimo. Apenas los alimentan, y sólo logran comprar algo de lo que necesitan con el dinero que les pasan algunos familiares. Cada veinte días se les permite salir a un patio con luz natural a estirar las piernas. “Durante el día no hacemos absolutamente nada”. Un equipo de Médicos Sin Fronteras los somete periódicamente a revisiones médicas. “Nos prohíben los teléfonos móviles”, explica Yarban, “pero conseguimos colar uno en secreto en la celda”. Es solo gracias a la cámara de ese aparato que eldiario.es ha logrado publicar las imágenes de ese antro que es su casa en el exilio.

“Condiciones miserables” de los refugiados sirios

Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch (HRW) han denunciado en continuas ocasiones la xenofobia, las “condiciones miserables” que en Egipto se brinda –paradójicamente, ya que es el mayor país árabe– a los refugiados sirios. Especialmente a los palestinos de Siria, a los que la policía bloquea las peticiones de asilo y trata de deportar al Líbano, donde no pueden quedarse más de 48h,  o de vuelta a Siria.

El ejecutivo egipcio calcula que hay unos 300.000 refugiados sirios en el país. La ONU tiene registrados a poco más de la mitad. A quienes llegan se les otorga una visa de un mes que, a menos que los refugiados huyan, acabará caducando. A partir de ahí, detenciones arbitrarias, acoso de las fuerzas de seguridad y amenazas de deportación a Siria. “Hemos exigido en repetidas ocasiones a las autoridades egipcias que liberen a los solicitantes de asilo que han sido detenidos por permanencia ilegal o por intentar escapar a Europa”, subraya la investigadora de HRW en Oriente Medio Lama Fakih.

Amrad Yihad Yarban sigue esperando una respuesta para él y los suyos. “La policía nos dice que esperan a que algún país nos acepte. Pero ninguno lo hace. Hemos pedido al secretario general de la ONU Ban Ki Moon que se nos aloje, al menos, en un campo de refugiados. Nada. Hasta el embajador en Egipto de la Coalición Nacional Siria –ente político opositor al régimen sirio fuera del país– nos ha dicho que no puede hacer nada por nosotros”.

La huida a otro país es la opción desesperada. La que pone a gente como Yarban y el resto del grupo a merced de las mafias y de una muerte muy posible bajo las aguas del Mediterráneo. Entre 2013 y 2014, cuando las organizaciones y los medios internacionales todavía visibilizaban el drama de las víctimas inocentes de la guerra de Siria, HRW calculó que, de 1.500 refugiados detenidos, al menos 1.200 habían sido coaccionados a partir de Egipto.

El riesgo de deportación a la tierra de origen pesa, como una espada de Damocles, sobre la testa de Yarban. “Si nos devuelven a  Siria nos matarán, porque el gobierno nos busca. Ya uno de nuestros compañeros, desesperado ante la situación, intentó suicidarse. Todos llevamos siempre con nosotros una cuchilla de afeitar para cortarnos las venas en cuanto se nos comunique la orden de deportación. Estamos preparados”.

“¿Hay alguien en España que pueda enviarme una pierna ortopédica?”, suplica trémula Cemile, de 35 años y tendida en un colchón en el suelo de una enfermería improvisada en el pueblo fronterizo de Suruç. Su huida de Kobani a la desesperada, vadeando la verja que separa esa localidad kurdo-siria con Turquía, le costó un muñón en la pierna izquierda.

Kobani está, desde hace tres meses, asediada por el ISIS. Los yihadistas acechan por este, oeste y sur. Al norte, la puerta fronteriza sellada a la entrada de armas y voluntarias kurdo turcos, el alambrado de espino y un cinturón de minas conforman lo que los kurdos llaman “el cuarto frente”.

Human Rights Watch cuenta al menos tres muertos y nueve heridos por las minas desde el inicio del sitio. La mayoría de víctimas son niños. La hija de Cemile, siete años, se quemó la cara al explotar la mina que hirió a su madre. Mohamed Jalil e Idris Jalo, ambos jóvenes de la aldea de Tel Shair, murieron mientras cruzaban a Turqía.

En el corredor de Tel Shair, extendido de oeste a norte de la plaza sitiada, se han registrado hasta 70 explosiones de minas entre el 15 de septiembre pasado y el 15 de noviembre. No siempre provocaron víctimas, pero podrían haber más: en esa misma zona aguardan unos 2.000 civiles, junto a sus vehículos e únicas posesiones, porque Turquía no les ha permitido introducirlos en su suelo.

Las minas antipersona persiguen, en un conflicto bélico, causar el número máximo de bajas en el enemigo para dañar su aparato logístico. En especial cuando, en vez de matar, incapacitan a quien las pisa, pues saturan los servicios sanitarios en la retaguardia. Importa poco que sean objetivos civiles o militares. Por eso África y los Balcanes siguen repletos de ellas. La Campaña para la Prohibición de las Minas Antipersona informa de que 2013 hubo 2.403 bajas civiles en todo el mundo por minas antipersona, un 7% más que en 2012. La mitad de ellas fueron niños.

Estos artefactos son unos viejos conocidos de los kurdos, población que habita a banda y banda de las divisorias de Oriente Medio desde hace tantos siglos que hasta comparte lazos familiares. En la década de los cincuenta del siglo pasado, alegando la necesidad “evitar los cruces ilegales”, Turquía enterró 615.419 minas a lo largo de sus 911 kilómetros de frontera con Siria.

La turco-siria es la franja más minada por las fuerzas de seguridad de Ankara. Pero a día de hoy 194.033 minas separan Irán de Turquía – o Rojhelat de Bakur Kurdistan, en términos políticos kurdos – y 68.896 explosivos por presión permanecen en 384 kilómetros de alambre con ‘Başûr Kurdistan’ o Irak.

En 1984 la guerrilla kurdo turca Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) emprende su lucha armada. El enfrentamiento –los milicianos se basan en Irak para atacar- sirvió de excusa para que, a pesar de asumir en 2004 las exigencias de la Convención de Ottawa de acabar con las minas antipersona, hoy sólo se haya limpiado el 1% de las minas.

El plazo para acabar con las zonas minadas acababa este 2014. Turquía ha logrado una prórroga hasta 2022 con la excusa de que la falta de coordinación, problemas meteorológicos y amenazas para la seguridad nacional complican las tareas de retirada de artefactos.

El PKK, por su parte, se comprometió con la organización humanitaria Appel de Genève a dejar de usar minas antipersona y erradicarla de sus arsenales en 2006. En el año siguiente, según anuncia el ente en su web, eliminaron 770 minas antipersona y 2.500 artefactos explosivos. No hay datos acerca de en qué zonas podrían quedar minas antipersona del PKK colocadas. Hasta marzo de 2013, cuando anunció un alto al fuego para negociar la paz con Turquía, la guerrilla atentó con minas activadas por control remoto.

Mientras tanto el contador de víctimas sigue subiendo. Los de Kobani fueron los últimos de un recuento de más de 168 bajas civiles – 56 de ellos muertos - sólo entre 2004 y 2012 según cifras oficiales turcas. El supervisor de la Campaña para la Prohibición de las Minas Antipersona pone en cuestión las cifras turcas y eleva a 377 el número de bajas.

Datos del supervisor señalan que 1.269 personas, la mayoría soldados turcos, murieron entre 1984 y 2010 por minas activadas por presión, por control remoto u otros explosivos. Según la Fundación Turca para los Derechos Humanos (TIHV) 128 menores murieron entre 1999 y 2011 por minas antipersona. Son casos como el de Behzat Özer, publicado en Eldiario.es.

Quienes huyen de Siria también han sufrido las minas puestas en los límites fronterizos por el régimen de Bashar Asad. Human Rights Watch también denunció por ello en 2012 a Damasco, que al no ser firmante de la Convención de Ottawa se desconoce cuántos explosivos ha desperdigado. Tampoco hay datos claros de cuántas víctimas han dejado.

Este medio entrevistó hace dos años a Ahmed –nombre ficticio-, un opositor veinteañero en suelo turco, que relataba artimañas para atravesar campos que suponían minados. “Algunos sirios usaron animales domésticos, los cuales hacían caminar justo frente a ellos. Algunos campesinos llegaron a perder todas su vacas por el estallido de minas”.

Con el tiempo, dice Ahmed, perfeccionaron las técnicas. “Se esturreaba por el suelo un tipo de queso sirio, muy oloroso, y se esperaba a que jabalíes u otros animales salvajes acudiesen atraídos por él. Si no morían, se podía pasar”. Por último, asegura, se instalaron grandes bolas de metal negra frente a tractores, los cuales se hacían pasar por el minado.

Para los kurdos, la instalación de aquel amasijo de alambres hace un puñado de décadas supuso un agravante. “Al no poder cruzarlo de forma legal para visitar a sus familias porque se les exige documentación oficial de los que suelen carecer”, enfatiza Nihayet, miembro del Consejo Femenino de Suruç “al final acaban caminando por campos de minas hasta dar con un agujero en la valla”.

Aunque también hay terrenos minados alrededor de cuarteles policiales y en la tensa frontera con Armenia, los kurdos siguen viendo la colocación de minas como parte de una guerra no sólo contra el PKK, sino contra toda su población. Nihayet, se reafirma al concluir: “Las minas son un arma para separar social, económica y culturalmente a los kurdos”.

Las manos de Shauzen guían el pespunte con la misma viveza con que se expresa, en perfecto turco, entre dobladillo y dobladillo: “Mi madre era turcomana y mi padre árabe. Y aquí estoy. Ya ves”. No gira la sonrisa. Coqueta, busca su mejor perfil para la foto. “Ahí donde la ves, ¿te has fijado?, en su silla de ruedas, logró escapar hasta aquí desde Latakia”, explica Shaza Barakat.

Barakat. De los Barakat que tuvieron que emigrar de Idlib (ciudad del noroeste de Siria) después de la masacre emprendida en 1982, por Hafez Asad (padre de Bashar Al-Asad), contra los Hermanos Musulmanes. Allí, Shaza perdió a su padre. La última carnicería de los Asad se llevó en octubre de 2012 a su hijo, Omar, y pocos meses después a Aymen, su marido. “Era un poeta y escritor de libros infantiles muy respetado”, relata Shaza sonriente.

“Trabajar cura mi dolor”, concluye Shaza Barakat, que pese a rozar los cincuenta está envejecida por la desdicha. Muestra, orgullosa, el local que ha alquilado cerca de una de las principales avenidas del distrito estambulita de Fatih. Escaparate adentro trabajan Shauzen, Mohammed, Aladín y Mahmud entre hilos y retales. Um Husein cocina y prepara el té. Su pequeña sólo deja de corretear entre las máquinas de costura para rezar.

El local tiene grandes ventanales en el piso que está a nivel de calle. Allí hay, instaladas junto a los cristales, dos máquinas de coser. Flanqueándolas, una gran mesa de trabajo. A su lado, un sofá y una mesita donde descansar. El piso subterráneo, al que se accede por unas empinadas escaleras, sólo tiene una pequeña ventana para recibir aire del exterior. En la otra han instalado un sistema de ventilación que permite airear la zona. En la sala, pintada toda de blanco para combatir la claustrofobia, seis máquinas de coser más alineadas de tres entres.

Sin permiso de trabajo ni estatus de refugiados

En Turquía hay 761 mil refugiados sirios inscritos, aunque todo apunta a que la cifra es harto superior. Ya son minoría los que viven en los 22 campos dispersados por las provincias sureñas del país. Aunque ha invertido en ellos más de 700 millones de dólares (514 millones de euros) de su propio bolsillo, y eso le convierte en el gobierno más generoso de cuantos han acogido refugiados sirios, Ankara –que no les llama “refugiados”, sino “huéspedes”- no les concede el estatus de refugiado de Naciones Unidas.

Los turcos tampoco cumplen aún con la recomendación de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) de garantizarles permisos de trabajo. Eso se traduce, sobre los parques y rotondas de Estambul, en cientos de familias enteras malviviendo a base de pedir limosna con la mirada saturada de incomprensión. Sólo en en ciudad hay unos 100.000, según organizaciones no gubernamentales.

Los activistas advierten del grave riesgo de exclusión que están sufriendo los refugiados sirios, que ya han sufrido episodios de expulsión de barrios, palizas e incluso quema de sus chabolas a manos de empleados municipales. La población turca, mayoritariamente opuesta a las políticas aplicadas por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan en Siria, no ha mostrado grandes alardes de aceptación de los recién llegados.

Los “elegidos” del proyecto de Shaza

“Los sirios necesitan dinero para vivir”, se justifica decidida Shaza. Por eso abrió, hace un mes, un taller de confección. Es el segundo que impulsa. “Hace dos años abrimos uno en Reyhanli – ciudad turca fronteriza con Siria. Hoy trabajan allí unas treinta viudas, pero hay cien más que trabajan desde su casa. Les damos el material y ellas fabrican piezas a mano. Mira...”, muestra orgullosa, en fotos, tapetes de colores vivos.

Shaza ha redactado un proyecto, elaborado el presupuesto y presentado ante un mecenas. “Conseguí que un sirio residente en Estados Unidos pagara la puesta a punto, el alquiler del local para seis meses y las máquinas de coser”, cuenta. “Cada poco le envío fotos de nuestro trabajo, y pronto vendrá a visitarnos para comprobar que funciona”. Muestra una fotografía en la que aparece, escrito a mano, un balance de cuentas. “Poner a punto y arrancar el taller nos ha costado 25.000 dólares [18.360 euros]”, repasa.

A fin de clonar el modelo que funciona en Reyhanli, Shaza ha elegido concienzudamente a las personas a quien emplear. Um Huseyin, viuda y con un hijo muerto en Alepo, a duras penas puede mantener a su padre enfermo. Mahmud tuvo que escapar de Damasco, para evitar su arresto, dejando atrás a su hija Nagham, una bebé de cinco meses que necesita una operación de espalda. Se maneja bien entre telas, aunque jamás fue lo suyo. Algo más le cuesta a Aladdin, aunque silencioso escucha los consejos del resto para dar puntada con hilo. “Con un poco de suerte, podremos emplear a hasta 20 personas”, celebra Barakat. “Las busco a través de grupos de Facebook, o contactos de conocidos”.

Con el dinero del mecenas compran el material para confeccionar las prendas. Unas treinta túnicas al día y otros tantos chándales. Lo siguiente es darles salida. Shaza consiguió que asociaciones de cooperantes estadounidenses, británicas y saudíes adquirieran las piezas producidas en el taller de Reyhanli. Por ahora ha conseguido que la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH), conocida por haber fletado el Mavi Mármara, compre parte de lo confeccionado.

¿Qué hay detrás del 'Made in Turkey'?

Hay docenas de talleres de ropa esturreados por los sótanos de Estambul, los cuales producen gran parte de la ropa que vestimos etiquetada como 'Made in Turkey'. Algunos son lugares lóbregos, sin apenas ventilación, en los que se trabaja de sol a sol por un sueldo pírrico.

Muchos de los empleados en esos lugares son afganos en situación irregular huidos de su propia tragedia, a quienes también se niega el estatus de refugiado de la ONU. Aunque la guerra siria, iniciada hace tres años y que ya acumula más de 160.000 muertos, también ha arrastrado a gran número de víctimas a estos rincones.

Un sueldo común en cualquier taller clandestino, por diez horas diarias, rodea las 600 liras turcas. El sueldo mínimo interprofesional en Turquía es de 800 liras turcas (277 euros). “En Reyhanli pagamos 700 liras turcas (240 euros) al mes. Pero en Estambul el precio de la vida es mucho más caro, así que debemos pagar más. Aún no sé cuánto podré darles”, piensa Shaza en voz alta. “En unos meses, con la ayuda de Dios, lo podré solucionar”.

“Yo no me quedo ni un céntimo”, se defiende Shaza Barakat, que admite que el Gobierno “mira para otro lado” con actividades como la suya, dada la imposibilidad de registrar a los sirios en la seguridad social. En su taller trabajan unas diez horas. Este medio ha podido constatar que el ritmo de trabajo en el taller de Barakat es notablemente menor que en otro regentado por Harun, un ciudadano de origen afgano que posee un taller en el cercano distrito de Zeytinburnu.

Barakat se queja de que, desde que Arabia Saudí listó a los Hermanos Musulmanes como 'organización terrorista', la financiación de actividades de apoyo a los refugiados como la suya pasa por un momento difícil. “El dinero que llega desde Kuwait no alcanza el 10% del presupuesto total. Y ya no hablemos de Europa. De allí no llega nada”, lamenta. “Los sirios están abandonados por todo el mundo. Su existencia es miserable”. Por primera vez, frunce el ceño y enciende su mirada: “Hago lo que puedo. No puedo ayudar a todos. Ojalá pudiese. Algo es algo. Pero no voy a rendirme. ¿De acuerdo?”.

“Fuimos la sombra de los oficiales españoles en suelo afgano. Estábamos en las reuniones, en la preparación de las operaciones y hasta en los combates. Día y noche juntos. Los militares no salían fuera de la base sin nosotros”. Mumtaz y Sanjar, dos jóvenes intérpretes afganos contratados por las fuerzas armadas de España, no abandonaron a las tropas en tres años. Defensa sí lo ha hecho.

Junto a estos dos chavales, que estudiaron Filología Hispánica en la Universidad de Kabul –la capital afgana–, hay cuarenta intérpretes más. Trabajaron por cuenta del Ejército español hasta su repliegue de Badghis, a finales de septiembre del año pasado. Momento en que el calvario comenzó. “En mi pueblo”, cuenta Sanjar, compungido, los talibán han escrito: “'Cortaremos la cabeza a quienes hayan trabajado para los infieles'”.

El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, declaró el 18 de diciembre en el Congreso que Exteriores concedería visados a 25 de los cuarenta y poco intérpretes. Desde entonces, mutismo. Los traductores que permanecen en Kabul siguen sin escuchar una respuesta diferente al “esperamos la llamada de Madrid”. A Sanjar y Mumtaz ya les han recomendado en el consulado que dejen de venir: “Ya os llamaremos si hay algo”.

Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran a eldiario.es que, a petición de Exteriores, han enviado “los informes solicitados” y “recomendado conceder 28 visados y 22 compensaciones económicas” en función del riesgo que corren los traductores. “Nuestro trabajo ya está hecho”, matiza el portavoz de Defensa, quien añade que “entiende” que Exteriores está tramitando los visados “con normalidad”. Este medio ha llamado hasta en dos ocasiones a Exteriores y no ha podido obtener ninguna información al respecto.

Sanjar relata cómo, enfundados en traje militar español, servían de nexo entre los mandos españoles y el pupilo Ejército Nacional de Afganistán, al que adiestraban. La labor incluía intervenciones en zonas de combate. “Una vez cooperé evacuando a un herido de la brigada paracaidista”, cuenta Mumtaz. “En los hospitales teníamos que traducir lo que decían los médicos. Así, llegamos a pasar más de 24 horas en el centro médico”.

La paulatina retirada de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF, en siglas inglesas) ha permitido a los rigoristas religiosos talibán ganar terreno. El Gobierno de Hamid Karzai y sus fuerzas armadas, corruptas y repletas de antiguos insurgentes no pueden contenerles. El principal objetivo de los talibán está siendo dar caza a quienes cooperaron con los extranjeros. Como Mumtaz y Sanjar.

El Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU considera a los intérpretes un grupo bajo máxima amenaza. “Trabajé hasta el 2 de septiembre pasado”, aclara Mumtaz. “En los últimos días, preguntamos por la posibilidad de recibir visados para refugiarnos en España. Siempre respondían que habían pasado nuestros informes a Defensa, que al irse las tropas nos darían esos visados. Pero el día en que se fueron sólo nos dijeron: ‘Suerte’”.

Huida a Estambul

No encontraron una actitud más receptiva en la embajada de España en Kabul, donde entregaron la documentación necesaria para solicitar asilo por motivos humanitarios. Siempre nos decían “todo depende de que envíen la respuesta los de Madrid”, lamenta Mumtaz. Abrumados por el hastío y el miedo a acabar con la hoja de un puñal en el cuello, Sanjar y Mumtaz huyeron a Turquía.

El mismo estribillo oído en Kabul lo han escuchado cada viernes en el consulado español de Estambul, en donde pidieron auxilio hace un mes. El resto del tiempo lo matan viendo girar las manijas del reloj. Últimamente Mumtaz ha encontrado trabajo de costurero, con un sueldo miserable y un horario eterno. A Sanjar, talludo, no le aceptaron porque no cabía en el taller.

Sanjar recuerda que EEUU ha anunciado la concesión de visados a al menos 2.500 intérpretes. Uno de ellos es el hermano de Mumtaz, que ya está en suelo norteamericano con su mujer, a la que también dieron visado. El Reino Unido también concederá 600 visas y compensaciones económicas a sus antiguos intérpretes. Han anunciado lo mismo países con contingentes de soldados menores que España, como Noruega o Dinamarca.

“Engañé a mi familia diciendo que trabajaba con civiles”

Las horas se alargan en el “pozo”, así es como llaman Mumtaz y Sanjar al sótano estambulita en el que viven. “Mi padre ya me dijo que acabaría pasando esto”, lamenta Sanjar, cariacontecido. “Por eso engañé a mi familia diciéndoles que trabajaba con civiles en Herat en vez de en la base militar de Qala-e-now”, en Badghis. “Mi padre lo sabía, y estaba en contra, pero ¿qué otro trabajo había para nosotros?”, exclama Mumtaz.

Mumtaz y su padre, originarios de una zona rural en la peligrosa provincia de Logar, al este del país, acordaron no decir nada a los vecinos. Pero a los dos años se enteraron. “A mi familia le empezaron a llegar advertencias para que dejara mi trabajo. Finalmente, mi padre me pidió que no visitara el pueblo en vacaciones”. Sanjar recuerda situaciones similares. “Los que ahora son soldados del ejército afgano nos conocen y tienen contactos con los talibán”.

“Una vez, durante una inspección de tropas, un soldado afgano me dijo que, de poder, me mataría”, prosigue Sanjar. “Se lo traduje al oficial español, que pasó un informe a los mandos afganos. Estos respondieron que no habían encontrado a quien hizo ese comentario”. La presión en los pueblos sobre quienes han trabajado para los extranjeros, los “colaboracionistas”, ha empujado a muchos a mimetizarse en Kabul.

Los exintérpretes que han acabado en Estambul intentan contener la frustración. Al menos están a salvo hasta que caduque su visa turca, dentro de un mes y medio. No corrió la misma efímera suerte Jawad Wafa, un traductor que había trabajado para las tropas alemanas en Kunduz. Le ejecutaron mientras esperaba luz verde para ir a Alemania. Así lo zanja Sanjar: “Te paran en un control. Si te encuentran un billete de dólar, te matan”.

Oscurecía en Incesu, un puñado de casas asentadas en la falda de uno de los muchos montes terrosos que pueblan la zona. Entre unos matojos a quinientos metros de su hogar Behzat Özer, un vivaracho niño de ocho años que acababa de salir de clase, halló un objeto curioso. “¡Mira!”, le espetó a su amigo Tayfun Can, un año mayor que él. Y aquello explotó. “Al llegar nos encontramos al niño despedazado”, musita abatido su tío Casim a eldiario.es.

Como suele pasar con los sucesos incómodos, pocos medios turcos se detuvieron a contar la historia de Behzat y Tayfun, que salvó la vida. La casa familiar, rodeada de frutales, es rigurosamente austera. El salón principal, como es costumbre en las viviendas kurdas, carece de muebles y está contorneado por cojines coloreados que reposan encima de enormes alfombras. Los padres del niño fallecido no pueden atender a Desalambre pues Huseyin, su padre, está enfermo en el hospital. Toda la familia Özer, una colección de miradas compungidas, se sienta y acompaña a Casim.

La muerte del pequeño Behzat, sardónicamente ocurrida en el 90 aniversario de la República de Turquía, ha devuelto de las tinieblas la tragedia de los explosivos abandonados en el campo turco. Son consecuencia de la guerra librada desde 1984 en esta zona, cerca del vértice confluyente con las fronteras de Irán e Irak, entre la milicia del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas.

Las crestas del valle de Şemdinli son los muros pétreos de un inmenso suplicio para sus once mil habitantes. Sobre las cumbres se aposentan torretas de vigilancia del Ejército turco. Los soldados se turnan para pasear el detector de minas por el arcén de sinuosas carreteras colmadas de puestos de control. De noche, potentes focos de luz que iluminan las laderas del monte siguen buscando fantasmas con Kalashnikov.

El hecho de que Şemdinli sea la vía más rápida hacia la sierra iraquí de Qandil, santuario de los guerrilleros desde hace una década, ha estigmatizado la zona y a sus habitantes. “Siempre nos vieron como miembros del PKK –recuerda Casim Özer–. Nos prohibían ir a nuestras tierras y nos obligaron a venderlas. En ocasiones nos forzaban a abandonar los pueblos. Nos prohibían, entre palizas, hablar el kurdo, la única lengua que sabíamos”.

Los Özer no han sido los únicos golpeados en este lugar por el mal agazapado a ras de tierra. “Behzat es el primer muerto en nuestra aldea –señala Casim–, pero aquí cerca, en el pueblo de Yayla, tres pastoras pisaron una mina hace siete u ocho años. Dos de ellas murieron. El verano pasado, mientras daba de pastar a los animales, un hombre falleció al estallar otra mina a su paso”.

Seferi Yılmaz, hoy regente de una conocida librería local, dedicó quince años de su vida a purgar en la cárcel los excesos cometidos anteriormente en las filas del PKK. Habla de minas con conocimiento de causa: “Colocaron minas por todas partes para evitar que la gente trabajara la tierra. Recuerdo a mujeres que dejaron huérfanos al morir en los huertos. También a infantes fallecidos mientras llevaban las bestias a pastar, en vecindarios incluso más cercanos al centro de Şemdinli que Incesu”.

Cifras opacas

Según la Fundación Turca para los Derechos Humanos (TIHV), 128 menores sufrieron entre 1999 y 2011 un destino similar al de Behzat Özer. En el último registro del suizo Observatorio de Minas y Munición de Dispersión (CMC), de 2011, se cuentan al menos ocho niños entre los 19 civiles afectados por explosivos desperdigados por el campo. Son minas convencionales, minas improvisadas (IED) u otros artefactos de guerra.

Debido al interés político en Turquía por mimetizar las cifras, especialmente las no militares, hay pocos informes concluyentes. El International Crisis Group calcula que en casi 30 años de guerra entre el PKK y Turquía ha habido unos 40.000 muertos. El Ministerio de Interior turco dio cuenta en 2010 de 644 civiles fallecidos por minas desde ese periodo. Sumó a esa cifra 5.091 heridos más, sin especificar su estatus.

Tras la muerte del niño Behzat Özer, los soldados turcos dieron su pésame a los familiares. “Algunos uniformados vinieron al entierro. Les pesaba lo ocurrido”, asegura el tío de Behzat. Pero las Fuerzas Armadas de Turquía (TSK) eximieron responsabilidades en la tragedia. “Inspeccionaron brevemente la zona. Luego nos dijeron que el explosivo había sido una granada de mano rusa y se fueron”, añade Casim, que no ha vuelto a verles por ahí.

“Todas las minas esparcidas llevan grabadas las siglas TSK, sentencia Seferi Yılmaz. Casim Özer no lo ve tan claro y opina que el ”Partido [PKK]“ pudo dejarse algún explosivo abandonado hace años durante sus movimientos de tropas. Turquía, que firmó en 2004 la Convención sobre la prohibición de minas antipersona –que pretende acabar con la fabricación, venta y uso de minas que puedan ser activadas por la víctima–, sólo detalló voluntariamente en su último informe de transparencia las bajas provocadas por minas del PKK.

Pese a que Ankara aseguró en 2011 haberse desecho de todas sus minas antipersona, y que el Estado Mayor declaró haber prohibido su uso ya en 1998, la prensa turca ha informado en al menos dos ocasiones posteriores de la colocación de estos artefactos por parte del ejército. Por otra parte, Yılmaz recuerda que la guerrilla se adhirió a la llamada a dejar de usarlas. Desde 2006, el PKK reconoce usar sólo dispositivos detonados por control remoto, un tipo de dispositivo no vetado por la Convención.

Conflicto kurdo en Turquía

“Ya no estamos en guerra”, insiste Seferi, el exmiliciano que ahora es librero. “Por eso Turquía debe retirar todas las minas inmediatamente”. En marzo de este año, el PKK declaró el cese de la lucha armada y su retirada paulatina de suelo turco. Interrumpió el proceso en septiembre denunciando al Gobierno turco de falta de iniciativa. Entre otras agravios, estaba el de no disminuir, sino incluso aumentar, el músculo militar en Şemdinli.

En el informe de transparencia, los turcos advierten de la presencia de 977.922 minas en sus líneas fronterizas. Señalan, sin dar más datos, que hay 67 zonas minadas en “otros lugares no frontera”. “Turquía anunció que acabaría de limpiar el país de minas en 2014, pero aún anda lejos de cumplir con los requisitos de la Convención”, denuncia al medio kurdo ‘Rudaw’ Muteber Ögreten, coordinadora de la Iniciativa para una Turquía sin Minas. Y remacha: “Han pedido una prórroga de esta labor hasta 2022”.

El otro foco de tensión regional son los 822 km de línea divisoria que separan Turquía del norte de Siria, una zona donde se está consolidando una autonomía kurda simpatizante del PKK. Allí, según las cifras de Ankara, hay escondidas 613.715 minas. “En vez de retirarlas, plantan un muro para supuestamente tapar esos campos minados”, se queja Seferi Yılmaz. La tapia, en construcción, ha puesto a los kurdos en pie de guerra.

Pobreza: otra consecuencia de las minas

De la presencia de minas entre pastos y surcos de tierra se deriva otro problema añadido al riesgo de saltar por los aires. “Con tantos terrenos fértiles repletos de explosivos, muchos vecinos no pueden ganarse la vida”, critica Yılmaz. Esto agrava la pobreza atroz de esta región, que tras años de combates ha llevado a los adultos al hastío y a los jóvenes a la histeria; muchos de ellos acabaron enrolados en las filas del PKK.

“Hay familias perjudicadas por las minas que no han podido llevar su causa a los tribunales sólo por falta de recursos económicos”, pone de relieve Yılmaz. “Quienes van a juicio en ocasiones consiguen una pequeña indemnización y en otras se van con las manos vacías”. Casim Özer, con 53 años y parado, plantea tímidamente la posibilidad de ir ante el juez, aunque la versión de los hechos del ejército le genera confusión y desconfianza.

Las redes de asistencia a las víctimas de minas u otros explosivos son peregrinas y están descentralizadas, lo que no permite hacer un seguimiento a las compensaciones que reciban los afectados por minas antipersona. Turquía, que insiste en destacar en sus informes de transparencia sólo los estragos provocados supuestamente por artefactos puestos por el PKK, ofrece únicamente números exactos de personal militar atendido: ni rastro de civiles.

“No sabemos dónde puede haber más bombas”, dice preocupado Casim Özer. “Hay miedo a que esto se repita”. En la aldea hay más de 45 menores que en un año aparentemente placentero, alega el tío de Behzat, se han dado de bruces de nuevo con el sangriento ayer. “Ya sólo queremos paz. Vivir libres y tranquilos”, pide con los ojos humedecidos. “No me gusta usar la palabra ‘guerra. Pero si mi niño ha sido asesinado, es porque algo sigue ocurriendo”.

Hakan Yaman, padre y conductor de minibús, se topó con disturbios al volver tarde del trabajo. De repente, un chorro de agua a presión le empapó. Como un vendaval, cinco policías se cerraron sobre él cosiéndole a patadas. “¡Acabemos con esto!”: las fuerzas de seguridad arrastraron a Hakan hasta un rincón oscuro. Creyeron oportuno arrancarle el ojo izquierdo con un punzón antes de tirar al hombre, inconsciente, sobre una hoguera.

“Este es el caso que más me horroriza”, relata a Eldiario.es Andrew Gardner, uno de los investigadores de Amnistía Internacional, parapetado tras una taza de té. El drama de Yaman está incluido en un informe demoledor que acaba de presentar la ONG. El texto de 70 páginas desmenuza, ofreciendo testigos, datos y e información jurídica, los abusos cometidos por gobierno, policía y jueces durante las protestas por el parque de Gezi.

En el jardín de la sede de AI, una liviana cortina de lluvia refresca la memoria de aquél sofocante viernes 31 de mayo. De madrugada, docenas de policías irrumpieron en el último pulmón verde del centro de Estambul. Un puñado de activistas resistía desde el lunes anterior en su corazón para evitar una tala masiva de árboles. Primero quemaron sus tiendas de campaña; luego, les ahuyentaron anublando Gezi con gas lacrimógeno.

Indignación contra la represión

Esta acción desmedida reverberó en las calles. A las pocas horas, los uniformados destacados en las principales ciudades del país estaban apabullados ante la cadena de protestas desatadas en respuesta a la represión en Gezi, convertidas ya en disturbios. Incapaces de contener la ira juvenil, agentes y vehículos de agua a presión (TOMA) correteaban desorientados por los aledaños del parque. Cargaban y detenían al tuntún.

He aquí el punto de partida para Gardner. “Si las protestas de Gezi tuvieron tanto eco internacional es por la violencia empleada, amplia y masivamente, contra una protesta decididamente pacífica”, explica Gardner. “Lo inédito de esta vez es que las víctimas de esta brutalidad ya no eran kurdos en la ciudad de Diyarbakir, como era costumbre, sino jóvenes veinteañeros sin militancia política”.

Detrás de la policía está el ministro de Interior Muammer Güler, y el dedo del mismo Primer Ministro. Recep Tayyip Erdoğan acusó a los manifestantes de comulgar con grupos terroristas locales. No contento, el gobierno ha señalado a lo largo del tiempo a la oposición política, a unos incógnitos “lobbies de interés” y hasta al sionismo de organizar y alentar las protestas que encendieron Turquía durante dos meses.

Ataque al disenso

“El principal problema es que este gobierno autoritario no sabe cómo tratar las opiniones disidentes”, señala el investigador de Amnistía Internacional, “esto es algo de lo que advertimos en un informe anterior. Se considera la crítica una amenaza, algo que debe ser machacado a toda costa”. En este paso firme triturando protestas, recuerda AI, el líder turco ha dejado un rastro de graves violaciones de derechos humanos.

Una de las que más preocupa a la ONG y que encabeza su reporte es la denegación del derecho de reunión pacífica. Amnistía Internacional recuerda, además de la propia Constitución turca, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos de 1960 y la Convención Europea para los Derechos Humanos de 1950. Turquía es firmante de todos ellos.

El informe recalca que tampoco hay epígrafe que justifique la dispersión sistemática de protestas pacíficas. Ante la justificación gubernamental de que había violentos infiltrados entre los manifestantes, AI recuerda que la ley internacional no permite tomar la parte por el todo, y que la policía sólo debe actuar contra los elementos que alteran el orden público al mismo tiempo que permiten seguir al resto.

Tampoco la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos juega del lado turco. Algunas de las más de 50.000 sentencias falladas contra Turquía desde que el Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdoğan llegara al poder resaltan que la ausencia de notificación previa no justifican la disolución de una protesta. Más en el caso de las manifestaciones de Gezi, nacidas al calor de la espontaneidad.

Acusados de terrorismo

“Había ocurrido antes, y temíamos que se repitiera durante las protestas de Gezi. Así ha sido”, lamenta Andrew Gardner, “la fiscalía ha recurrido a la Ley Antiterrorista”. Los rigurosos artículos del Código Penal 314 (pertenencia a organización ilegal), 220.6 (crimen en nombre de una organización ilegal) y hasta el 312 (intento de derrocamiento del gobierno) se han usado contra parte de los cerca de 5.000 manifestantes detenidos.

Ankara, detalla Amnistía Internacional, cargó contra todos: estudiantes, activistas, tuiteros, periodistas, arquitectos y hasta sanitarios que atendieron a más de 8.000 heridos durante las protestas. Las cabezas visibles de Solidaridad con Taksim, una plataforma de ciento cincuenta grupos que intentó enhebrar las acciones en defensa del parque de Gezi y que llegaron a sentarse con Erdoğan, serán juzgados como terroristas.

Pero todo el esfuerzo de los tribunales por llevar ante la justicia a los manifestantes queda en nada a la hora de depurar responsabilidades entre los policías. Pese a que el gobierno mostró visos de reconocimiento de los abusos cometidos por los uniformados, sólo 43 antidisturbios han sido pírricamente sancionados. “La policía no estaba ni equipada ni entrenada para gestionar la situación”, enfatiza Gardner.

“Dos aspectos han diferenciado la actuación policial durante las protestas de Gezi de ocasiones anteriores”, aclara Gardner. “Primero, el ingente número de detenciones arbitrarias y extraoficiales”. Se golpeó y confinó durante horas a los detenidos. “En segundo lugar, la notable cantidad de casos de vejaciones sexuales cometidos por los agentes de los que tenemos constancia”, remacha el activista.

Una policía impune

Amnistía Internacional subraya la labor determinante de la prensa local e internacional a la hora de forzar al gobierno a investigar la violencia policial. Andrew Gardner comenta mente el caso del joven de 19 años Ali Ismail Korkmaz: “Si primero miembros del AKP aseguraron que a Korkmaz le habían asesinado sus amigos, luego se demostró que al menos un policía de paisano participó en el apaleamiento que lo mató en Eskisehir”.

La ONG considera que la brutalidad policial está detrás de al menos tres de las seis muertes de manifestantes habidas en el marco de las protestas por el parque de Gezi. Korkmaz entró en un coma terminal entre garrotazos. A Abdullah Cömert, en Antioquía, un cartucho de gas lacrimógeno le destrozó el cráneo. En Ankara, un policía abrió fuego real contra los manifestantes. Mató a uno de ellos, Ethem Sarısülük.

El policía que mató a Cömert no ha acudido aún ante el fiscal. Familiares de Sarisülük, así como testigos de su asesinato, denuncian presiones policiales. Piden una pena mínima para el autor de los disparos. El caso de Korkmaz ha consistido en una carrera de obstáculos para acceder a la identificación de los autores de la paliza. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron dañadas adrede.

“La sensación de impunidad policial es generalizada. La lentitud y lo intrincado de las investigaciones contra los abusos policiales hacen creer en ello”, esgrime Andrew Gardner. El investigador se alarma ante la cantidad de heridos que temían ir a hospitales por miedo a ser identificados. O que se negaban a interponer denuncias para evitar futuras consecuencias y creyendo que sería en vano.

Amnistía Internacional ha redactado su informe a partir de un trabajo de campo realizado entre junio y agosto en Antioquía, Esmirna, Ankara y Estambul, las urbes que acogieron más manifestaciones pro Gezi. Se han conducido alrededor de cien entrevistas, la mayoría cara a cara. Pero el dossier sólo detalla unas treinta. “Temerosos de perjuicios futuros, muchos se negaban a ser identificados”, apunta Gardner.

Los padres de Berkin Elvan son del grupo que ha querido dar la cara. El joven, de catorce años, salió de casa el 16 de junio a comprar el pan. La tragedia se cruzó en su camino cuando un policía, disparando desde unos veinte metros, le abrió la cabeza con una lata de gas pimienta. El chico está en coma desde entonces. Sus agresores se han encargado de reprimir duramente toda concentración pacífica de apoyo.

También ha dado el paso Hülya Arslan, que acampó junto a su madre en el microcosmos que ocupó Gezi a principios de junio. El día 11 por la noche, en el curso de un intento de desalojo del campamento, una bala de plástico policial reventó el ojo de la joven. Eylem Karadağ y Deniz Erşahin denuncian tocamientos y vejaciones sexuales de antidisturbios en Ankara. Los mismos cuya actuación Erdoğan tildó de “legendaria”.

Gas lacrimógeno letal

Corretea como una exhalación por su oficina. Meriç Eyuboğlu, que desde el minuto cero puso su experiencia como abogada a disposición de las víctimas de la policía turca, no de abasto atendiéndolas. “Se violaron varios acuerdos internacionales sobre uso de fuerza, como el que prohíbe usar gas lacrimógeno en lugares cerrados o en instalaciones médicas”, aclara. “Tampoco se facilitó asistencia médica apropiada a los afectados”.

Eyuboğlu indica que, según la Convención de Ginebra, el gas lacrimógeno está sometido a las directrices sobre armas convencionales. Otro de los puntos más críticos al respecto es la confiscación y destrucción de máscaras anti gas a manifestantes en los mismos lugares en los que se estaba gaseando. Andrew Garder define esta práctica, que se volvió habitual y de la que Eldiario.es fue testigo, como “tortura”.

El doctor Gazihan Çağlar, voluntario de la Asociación Médica de Turquía (TTB), asegura que al menos dos ciudadanos turcos murieron de infarto tras exponerse durante horas al gas lacrimógeno lanzado en las protestas. Algunos estudios consideran que esta arma antidisturbios, llamada también CS, puede tener efectos letales para el corazón y el hígado e incluso provocar abortos.

Extensiones de calle cubiertas de gas fueron imagen de postal de las protestas de Gezi. Durante los primeros 20 días de manifestaciones la policía agotó toda una provisión anual de 130.000 cartuchos de CS. Al poco, Interior compró 400.000 más. Según la TTB, 11 personas perdieron un ojo y 104 sufrieron heridas traumáticas craneales como consecuencia de su disparo de forma inapropiada: se dispararon a la altura de la cabeza.

Junto al gas, los otros protagonistas fueron los vehículos TOMA. Los fabrica la empresa turca Nurol bajo licencia de Beit Alpha, compañía asentada en el ‘kibbutz’ israelí homónimo. Pese a que Turquía lo negó en repetidas veces, este medio comprobó como las fuerzas de seguridad mezclaban con el agua a presión de los TOMA componentes químicos no especificados que provocaban quemaduras de primer grado.

Balas plásticas y balas de pintura para señalar a los objetivos a detener. Patrullas de fieles al primer ministro Erdoğan, armados con palos, siendo escoltados por la policía hasta un lugar en el que atacar a manifestantes. Más recientemente, uso de bolas de plástico que hieren al impactar en la piel y que, al romperse, desprenden una sustancia que provoca vómitos. El arsenal de los antidisturbios turcos se extiende.

Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y China son algunos de los países que facilitaron las labores de represión policial al vender al gobierno turco material represor. “Amnistía Internacional pide a estos países y a otros posibles proveedores un cese temporal de su actividad hasta Turquía investigue y aclare todas las denuncias de abusos cometidos”, puntualiza Andrew Gardner.

El factor Estrasburgo

Rıza Türmen pasó una década de juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Toda demanda individual abierta contra los excesos policiales debe agotar la vía ordinaria antes de llegar a Estrasburgo”, advierte. “Sin embargo”, matiza, “si el TEDH considera que una serie de violaciones se han convertido en práctica administrativa, puede aceptar directamente demandas asociadas a esa erosión de derechos”.

“Dependerá de si Turquía investiga a fondo y juzga la actuación policial que Estrasburgo se implique o no”, comenta lacónico Andrew Gardner, “pero veo a Erdoğan encallado en su discurso provocador”. Recientemente, el Primer Ministro ha pedido a sus votantes que denuncien a los vecinos que participen en caceroladas. Además, planea introducir en los barrios un sistema electrónico de denuncias anónimas.

Las pistas apuntan a que el rumbo del ‘premier’ no virará. El 27 de septiembre, el Consejo de Europa denunció el incumplimiento de la sentencia del caso ‘Oya Ataman contra Turquía’. “El TEDH sigue recibiendo demandas de interferencias en el derecho a manifestación pacífica y de uso excesivo de la fuerza en protestas, así como falta de soluciones para remediarlo”, rezaba su comunicado.

Contención en las cargas y más supervisión, entrenamiento policial, reformas legales, investigación exhaustiva de los abusos…Amnistía Internacional recomienda y lamenta la fría respuesta de Ankara estos mensajes. Por eso Andrew Garder, un británico poco dado a la efusividad, le cuesta mantener el optimismo tras meses de minucioso trabajo: “Si te digo la verdad, pocas esperanzas tengo de que Erdoğan reaccione”.

Cuando a Husein (nombre ficticio), un joven sirio de 14 años y mirada vivaracha, se le preguntó por el significado del tatuaje con forma de cimitarra que sella su pecho, su padre le soltó una reprimenda en árabe para evitar ser entendido: “¡Te dije que te lo taparas bien!”. “Nada, fíjate”, respondió entonces el chaval, en turco, mostrando el dibujo de su camiseta interior. “Sólo es Michael Jackson”, musitó, sonrisa desangelada, ante la mirada consternada del progenitor.

En la cruenta guerra de Siria, cualquier señal de identidad religiosa puede ser un pasaporte hacia la muerte. Lucir en la piel el simbólico tatuaje de la cimitarra de Alí, común entre los miembros de la comunidad aleví y etnia turcomana residentes en Siria, bastó para que yihadistas opositores a Asad le rebanaran el brazo al hermano de Zeinab (ficticio) en el distrito del Shajur, en Alepo. “Antes, ya habían amenazado a mi madre con cortarle la mano por el mismo motivo”, relata enfurecida.

Estaban acorralados por el caos. “No teníamos problemas con nuestros vecinos suníes, pero sí con los barbudos extranjeros”, matiza Hassan, un joyero al que la guerra ha arrebatado el negocio, refiriéndose a los yihadistas. “Venían diariamente al barrio. Amenazaban con matarnos y derruir nuestra mezquita”, añade. Hicieron ambas cosas. Al grito de “Dios es grande”, milicianos opositores dinamitaron el templo aleví. La explosión mató al hijo de siete años de Zeinab.

Hassan habla de vecinos asesinados a manos de los alzados. Asegura haber presenciado ataques bomba y caídas de cohetes, y que por eso su familia y unas veinte más tomaron la decisión de exiliarse. Antes de partir cubrieron sus tatuajes con barro: una delación sería fatal. Pero para el exjoyero, la parte más tortuosa del camino fue la llegada: “Ya en Turquía, tuvimos que vivir durante dos semanas de la mendicidad y la venta de pañuelos en [la ciudad de] Gaziantep”.

Ayuda humanitaria escasa

La pobreza predomina entre la mayoría del medio millón de refugiados sirios en Turquía. Una ayuda humanitaria que no alcanza para todos, sumada a las tensiones sectarias que han estallado en Siria, han perjudicado a minorías como la turcomana, de 3,5 millones de miembros. A finales de julio, la entrada de 1.500 refugiados turcomanos en uno de los veinte campamentos que hay en suelo turco derivó en un motín de sus nuevos vecinos árabes.

Gran parte de esta comunidad étnica turcohablante, originaria de Asia Central y extendida en pequeños núcleos al norte de Siria, profesa la rama suní del islam. Organizados en el Movimiento Democrático Turcomano Sirio, los suníes se unieron a la Coalición Nacional Siria, principal antagonista del régimen. Su llamada a luchar por una Siria territorialmente unida y socialmente cohesionada ha dejado al margen a sus 'hermanos' de fe aleví, cuya mayoría idolatra a Asad.

Minorías hermanas

Pese a que jamás fueron objeto de devoción del presidente sirio, que es fiel alauita, el avance del fundamentalismo suní entre las filas opositoras ha hecho de la afinidad religiosa cola de contacto con Damasco. El alauismo y el alevismo son corrientes espirituales paralelas, nacidas durante la Edad Media. Su base tiene un pie en el chiísmo islámico y el otro en un conjunto de prácticas y doctrinas próximas al chamanismo y anteriores a Mahoma.

Alevíes y alauíes aguardan el descubrimiento del duodécimo imán, el Mahdí. Como los chiíes iraníes o libaneses, validan la línea sucesoria de Alí, yerno del profeta. Su base preislámica está compuesta de conceptos como la creencia en la esencia divina del ser humano y la inclusión de danzas y músicas rituales en su celebración comunitaria semanal, los jueves por la noche. Debido a la heterodoxia de sus prácticas religiosas, el sunismo ha tendido a tacharles de “infieles”.

Hay entre 15 y 20 millones de alevíes en Turquía, un 20% de los cuales son de etnia kurda. Se concentran en comunidades extendidas por toda la geografía, denominadas 'cem' y orientadas por un anciano al que llaman 'dedé'. Se reúnen en los llamados 'cemeví' (casa de la comunidad). La negativa del Gobierno a reconocer estos edificios como lugar de culto les obliga a hacer una pirueta legal y organizarse como centros culturales, donde tienen prohibido cumplir sus ritos funerarios.

Perdidos en Estambul

El té arde. Cemsi Onuk, presidente del centro cultural aleví Pir Sultan Abdal del distrito estambuliota de Gaziospanpasa, lo deja enfriar mientras relata su pedazo de historia. “Nos enteramos por la prensa de su llegada a la ciudad. Alevíes de Gaziantep les habían pagado billetes de autobús. Acudimos inmediatamente a un parque del barrio de Kumkapi”. Allí estaba Hassan y unos 400 alevíes turcomanos más, todos llegados del norte de Siria, durmiendo al raso y pidiendo limosna.

“No querían escucharnos”, prosigue Onuk, “tenían miedo. Costó explicarles que veníamos a ayudarles. Al final, logramos convencer a trece de ellos, que vinieron a nuestro cemeví del barrio de Yunus Emre, se ducharon y cenaron”. El fruto del trabajo de los siguientes días está registrado en el folio que el líder aleví saca del bolsillo de su camisa y desdobla primorosamente: “Hoy ya hay con nosotros 30 niñas, 37 niños, 24 mujeres y 20 hombres. Hay familias con 6 o 7 pequeños”.

En un país cuyo primer ministro lo ha apostado todo a la caída del régimen sirio, los refugiados turcomanos alevíes sólo confían sus correligionarios turcos. “Habían rechazado, por miedo, la oferta del Gobierno de alojarse en los mismos campamentos que los damnificados por Asad”, aclara Cemsi Onuk. Estos exiliados denuncian haber oído, por boca de familiares, casos de amenazas de muerte, violación de mujeres y secuestro de alauíes para cobrar rescates a manos de opositores.

Refugiados por separado

Hace un año, el Gobierno turco se planteó abrir campamentos distintos para todas las comunidades que habían convivido en Siria. Respondían a la incipiente llegada de cristianos asirios. Al igual que los turcomanos alevíes, esta comunidad se vio atrapada en la disyuntiva de apoyar a una revolución, que simpatizaba cada vez más con el islamismo, u oír cantos de sirenas damasquinas, quienes tras décadas reprimiéndolas, intentaban venderse como garantes de las minorías.

Los planes de Tayyip Erdogan no fueron necesarios. Temerosos de sufrir represalias a manos de sus ayer vecinos en campamentos compartidos, los asirios buscaron directamente cobijo en el monasterio cristiano de Mor Gabriel, sito en la provincia sureña de Mardin. Los monjes pactaron con Ankara canalizar la ayuda humanitaria para sus huéspedes refugiados, que coordina la Agencia del Primer Ministro para la Gestión de Catástrofes y Emergencias (AFAD).

El Gobierno interviene

“¿Ahora sí os importan? ¿Por qué no les habéis atendido antes?”, preguntó Cemsi Onuk al jefe de policía. Un contingente de agentes se había personado en el cemevi para trasladar a los turcomanos alevíes a un campamento compartido con los suníes. La intentona no fructificó y provocó que, presos del pánico, veinte de los refugiados abandonaran el cemeví. “Ninguno de ellos acepta la propuesta gubernamental. Temen que las condiciones de seguridad sean insuficientes”, aclara Onuk.

Poco después, el Gobierno solicitó una entrevista con el presidente del cemeví de Yunus Emre. En ese primer contacto, las autoridades solicitaron una lista detallada de todos los refugiados a los que daban cobijo. “Ankara dijo que hay 10.000 refugiados turcomanos alevíes en Turquía”, explica Onuk. “Sabemos, además, que una parte fue acogida por comunidades alevíes de la ciudad de Esmirna. Y que sólo en Estambul hay al menos 3.000, muchos aún durmiendo en parques y plazas”.

De nada sirvió el encuentro inicial. Poco después, un escuadrón de policías, aún mayor que el de la primera visita, se presentó en Yunus Emre para llevarse por la fuerza a los refugiados. “Fue dramático”, lamenta el líder comunitario. “Algunos lloraban aterrorizados por la escena”. Decenas de fieles alevíes, procedentes de todos los barrios de Estambul, acudieron a bloquear la tarea de los uniformados, que finalmente volvieron a irse con las manos vacías.

Lo ocurrido llevó a la dirección del cemeví a declararse responsable de los refugiados. Acudieron a la Seguridad Social para inscribirles, instalaron tres carpas en el patio del centro de culto y cinco voluntarios organizaron una cocina para dispensar tres menús diarios. Numerosos vecinos del barrio de Yunus Emre, de mayoría aleví, acuden diariamente para entregar comida, enseres de limpieza y material doméstico. 250 refugiados duermen gratis en pisos cedidos por los ciudadanos.

“Sólo hemos hecho una reflexión humanitaria”, puntualiza Vedat Kara, portavoz de la Coordinadora de Entidades Alevíes de Estambul. “Ambos pertenecemos a la misma escuela aleví, la Bektasí, pero junto a ellos también estamos atendiendo a algunas familias turcomanas suníes”, añade. “Ya no necesitamos la ayuda del Gobierno. Sólo queremos actuar de intermediarios entre ellos y la Administración para que se les garantice seguridad y un estatus de refugiado”.

Sin estatus reconocido

El día en que el primer ministro Erdogan se refirió a los exiliados usando el término “huéspedes”, estaba ofreciéndoles un regalo envenenado. Con 500 millones de euros, Turquía es el país receptor que más ha invertido en los desplazados por el conflicto de Siria. Sin embargo, la decisión de no otorgarles el estatus de refugiado reconocido por la ONU, alegando que se trataba de un “alojo temporal”, inhabilita a las víctimas para solicitar asilo político o conseguir un permiso de trabajo.

Esta situación desquicia a Hassan que, anclado en el rincón de una de las carpas plantadas frente al cemeví de Yunus Emre, observa sombrío a su alrededor. Sus ojeras, que asoman bajo unos ojos abatidos, sobresalen en un rostro vencido por la inexpresión. “Tenía un buen trabajo”, musita. “Desde que empezó la guerra, sólo he vivido de la caridad. Primero, del dinero que nos pagaba el Ejército sirio; luego, de la limosna. Es vergonzoso, a mi edad y así... ¡sólo quiero poder trabajar!”.

Pese a que se sabe que el régimen ha facilitado armas a minorías como la cristiana para formar milicias de defensa en sus regiones, este refugiado asegura que no fue así en su caso. “Es el Ejército el que nos protege. Mi hermano se unió a él. Es cierto que asesinan a gente, pero porque ellos nos atacan. ¿Qué otra opción tenían?”, se pregunta. “Hay soldados traidores. Cuando el Gobierno les da el dinero que debe ir destinado a nosotros, desertan con él sin entregárnoslo”, comenta indignado.

Una pequeña de ojos chispeantes se cuelga del cuello de Hassan. “Estoy aquí por ellos. Soy padre de familia y debo protegerles”, suspira trazando una sonrisa que pronto se apaga. “En principio dejé a mis padres en Alepo porque, al ser mayores, el desplazamiento era difícil”. El padre aleví transpira arrepentimiento con sus palabras: “Ahora sí que estoy preocupado por ellos. Me gustaría de veras poder irles a buscar o enviarles dinero para que vengan. Pero no tengo nada”.

Los días parecen eones en el cemeví de Yunus Emre. No muy lejos de allí, Cemsi Onuk celebra la tímida oferta del Gobierno turco de abrir un campo de refugiados para los alevíes turcomanos en la provincia de Malatya. Aún así, no resultan buenas noticias para Hassan, que con nulo sarcasmo confiesa que algunos de los suyos se plantean volver a sus hogares: “¿Qué mas dará morir allí que aquí? Ya estamos acabados”.

El Primero de Mayo de 2012 pilló a contrapié a toda la izquierda turca. Los combativos troskistas, leninistas y marxistas de toda la vida, concentrados en la plaza de Taksim en Estambul, contemplaban contrariados la columna de cien pañuelos palestinos, velos y niqabs que marchaba hacia ellos. “¡Dios, pan y libertad!”, gritaban rabiosos, puño en alto. Así se presentaron los Musulmanes Anticapitalistas, uno de los grupos más llamativos que acamparon en el parque de Gezi.

“Acumular propiedades y riqueza no está alabado por el Corán. Al contrario, el libro sagrado pide constantemente compartir todo lo que tengamos de más”, asegura a eldiario.es Ihsan Eliaçik (Kayseri, 1961). Este conocido teólogo y escritor turco es el inspirador de la organización y de su ideario. Para él, la esencia de la lucha contra el capitalismo no se encuentra en los libros de Karl Marx, sino en las suras del texto que inspira la segunda mayor religión del planeta.

“Creemos que en Turquía y en la mayor parte del mundo musulmán la esencia del Corán y la lucha del profeta se han malinterpretado. La esencia del islam no se ha entendido del todo”, asevera Cihan Ebrari, un joven talludo de aspecto 'hippie', que lleva años bebiendo de la teoría de Eliaçik. El mentor va más allá: “En Turquía la religión se ha convertido en un entretenimiento para adinerados. La gente se ha convertido en esclavos de su tarjeta de crédito”.

Las familias turcas dedican hoy más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar deudas. Es una de las consecuencias del brutal crecimiento económico experimentado por Turquía durante la última década (5,2% del PIB de media entre 2002 y 2011) bajo el mando del conservador Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, 2013 se está saldando con una desaceleración hasta el 3% del PIB y la caída de hasta un tercio del volumen de exportaciones, la principal fuente de riqueza del país.

Tal y como resalta el periodista turco Mustafa Akyol, esta lectura de la religión en términos económicos no es compartida por todos. “Otros, yo incluido, pensamos que de hecho, es el Islam el que ha promovido el libre mercado desde el principio, pues justicia social no equivale a socialismo”, aclara en un artículo escrito para Al-Monitor. El autor cita al académico local Murat Çizakça y a sus escritos, en los que defiende que, en verdad, lo que el Islam y sus prácticas han propuesto a lo largo de la historia es un “capitalismo islámico”.

Tal y como recuerda la investigadora Elaheh Rostami-Povey en su libro Iran's influence (La influencia de Irán), la República Islámica aceptó las reglas del libre mercado tras someterlas a la Ijtihad. Este término jurídico islámico se refiere a la reflexión independiente, partiendo del Corán y los hadices, que un intelectual religioso (llamado mujtahid) debe hacer para resolver un dilema legal. Tal fue el caso entonces.

La 'sharía' y los bancos

Uno de los atributos economico-religiosos más conocidos del Islam es su sistema bancario. La sharía, o ley islámica no permite el pago de intereses fijos ni variables en los préstamos de dinero. El actual Gobierno de Turquía ha promovido y pavimentado la llegada de la banca islámica. Llamada en el país banca de participación, y dedicada a ofrecer productos financieros halal (libres de pecado), hoy representa un 5% del pastel bancario turco.

Precisamente la economía ha sido una de las protagonistas entre bambalinas de los disturbios por el parque de Gezi. Tayyip Erdogan culpó abiertamente a unos entes externos, llamados por él “lobies de interés”, de organizar las protestas para minar el poderío económico turco y beneficiarse de ello. El primer ministro, que recientemente ha acabado de pagar todas las deudas contraídas con el Fondo Monetario Internacional, culpó al sionismo de alentar el levantamiento social y prometió castigar a los especuladores.

Acto seguido, Erdogan anunció una investigación de todas las grandes transacciones de dinero hechas desde el extranjero antes y durante las protestas, llamó a la ciudadanía a deshacerse de tarjetas de crédito y propuso mover todos los depósitos de los turcos a bancos de titularidad pública. Los expertos advierten del riesgo de generar desconfianza entre los inversores que conlleva esta estrategia, nada sospechosa de ser comunista.

La semana pasada, a la luz de los candiles, el Banco Central Turco elevó las tasas de interés en préstamos del 6,5 al 7,25%, a fin de salvar a la lira turca de la caída que estaba sufriendo desde los primeros días de manifestaciones. El ente bancario nacional, que ha invertido este año más de 6.000 millones de dólares para mantener a flote su moneda, ha sido también víctima de las intenciones de la Reserva Federal estadounidense de frenar sus compras de bonos extranjeros.

Valores universales

“Los principios fundamentales del Corán están basados en valores universales: la justicia, la honestidad, el amor y el perdón”, señala el pensador. “No debes dañar a nadie, no debes robar, no deberías mentir y no deberías permanecer silencioso ante las injusticias”. Eliaçik no considera los rituales religiosos algo imprescindible en la religión sino una “elección personal”, y defiende la discusión teológica como forma de abordar y aplicar los asuntos tabú.

“El Islam no te exige que regules asuntos como el aborto o el alcohol. Tampoco impone el velo a las mujeres. Lo que te pide es que te deshagas de la brecha entre ricos y pobres”, insiste Ihsan Eliaçik en una entrevista en el periódico turco Hurriyet. En una clara crítica al Gobierno turco, que objeta abiertamente del aborto y recientemente ha estrechado el cerco al consumo de bebidas alcohólicas, el líder anticapitalista lamenta que un partido político haya “secuestrado” su religión.

El número de seguidores de Eliaçik crece en el país. Lo prueba el más de un centenar de vecinos presentes esta noche en la ruptura comunitaria del ayuno del Ramadán que han organizado Eliaçik y los suyos en Maçka, en uno de los distritos más laicos de Estambul. Entre todos extienden mantas y periódicos sobre el césped del parque de la Democracia. Los ciudadanos, que han traído la comida de casa, recorren las mesas ofreciendo sus platos al resto. A la hora del Iftar, uno de los presentes se levanta y canta la plegaria de viva voz.

“Comenzamos estos iftares en 2011, y casualmente también lo hicimos en el parque de Gezi”, explica a este periódico Eliaçik, “pretendíamos protestar contra los lujosos menús que se hacen en esta época”. En el primer día del Ramadán de este año, el teólogo compartió mantas, formando largas hileras en la calle Istiklal de Estambul, junto a homosexuales, vagabundos, feministas y todo tipo de indignados contra el Gobierno del AKP.

Con el Gobierno usando fondos públicos para invitar a acólitos y votantes a banquetes de catering en plazas como la de Taksim, bien protegidos por la Policía, los Musulmanes Anticapitalistas se juntan en otros rincones de diversas ciudades de Turquía. Su antagonismo contra el primer ministro no queda aquí. En su documento fundacional exigen el fin de los privilegios religiosos para los fieles suníes, piden más derechos para los kurdos y reconocen el genocidio armenio de 1915, una de las mayores piedras en el zapato del jefe de Gobierno.

Los ataques de Erdogan

Las constantes críticas que Eliaçik lanza desde su cuenta de Twitter a Erdogan y la Yesil sosyete (Sociedad verde), que es como se conoce a la élite económica pía nacida a la sombra del AKP durante la última década, ha sido ferozmente respondida por el líder turco. A mediados de julio, Erdogan pidió al teólogo una compensación de 50.000 liras turcas (cerca de 20.000 euros) por “insultos” vertidos en 12 tuits escritos durante los días en que los disturbios encendían Turquía.

“Son antiguos amigos. Nos llevábamos bien, pero ahora hay un gato negro entre nosotros”, responde algo cortante Eliaçik. Ese gato negro son el poder y los intereses, de los cuales se están aprovechando para lograr sus intereses. Ya no nos llevamos tan bien como antes, aunque aún mantenemos buena relación con algunos“, se esfuerza en matizar el escritor, cuya dejada barba y ropajes descuidados invitan a creer que el contertulio se encuentra ante un religioso poco dado a la moderación verbal.

En la sede social de los Musulmanes Anticapitalistas, en el corazón de Fatih, el distrito más conservador de Estambul, hay colgados carteles con fotografías de Malcom X y Luter King. Antes del inicio de una rueda de prensa hacen sonar el Comandante Che Guevara de Víctor Jara. Entre estas paredes, el día en que el grupo se presentó en sociedad, tuvo lugar un acalorado debate terminológico entre los asistentes al acto. Como ya es costumbre en la organización.

Ihsan Eliaçik se esmera en señalar que respeta el ateísmo, pero no defiende un Estado laico. “Entiendo el secularismo así: los clérigos no deben tener autoridad para mandar porque son justo eso, clérigos”, matiza en Hurriyet. Sin embargo, añade: “El Corán dice cosas positivas sobre el Estado. ¿Por qué no deberíamos tenerlas en cuenta?. El secularismo clásico excluye al libro sagrado, pero podemos contar con su guía, que atañe a todos los valores universales”. Y ejemplifica: “Se escribe que la soberanía pertenece al pueblo, que delega en su Parlamento. Junto a esto, podemos escribir que Dios ordena justicia”.

“Plantamos un cartel en Gezi. Decía que 'Dios tiene todo el poder, y sale de Taksim'”, destaca Ihsan Eliaçik, recordando otras batallas pasadas junto a los suyos. “En su momento nos movilizamos a favor de que las estudiantes pudiesen acudir a clase con el velo islámico”, subraya, refiriéndose a una de sus causas defendidas, esta compartida por Erdogan. “Por eso no es justo que ahora se nos acuse de estar movidos por una conspiración internacional”. Y remacha, apesadumbrado: “Es algo moral. Vi los palos que repartía el Gobierno en Taksim. Vi la desigualdad. Vi a la gente sufriendo... y allí me fui”.