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Dejemos algo claro desde el principio: no es cierto que “las ONGD” hayan perdido capacidad de movilización social crítica. Simplemente porque ni la han tenido, ni la han pretendido, ni hace 20 años, ni ahora. No sabemos dónde se forjó tal leyenda urbana sobre un tiempo originario en que las ONGD movilizaban a la gente, pero, en cualquier caso, ya va siendo hora de desmontar el mito.

Las acampadas por el 0,7% de mediados de los 90 no fueron obra de las ONGD -siempre, hablando en su conjunto y salvando contadísimas excepciones-. Podemos hablar en primera persona, de la acampada en Barcelona, en la que, a lo largo de más de un kilómetro de la Avenida Diagonal llena de tiendas, solamente había 4 -ni 3, ni 5- pertenecientes a organizaciones dedicadas a la cooperación. Más bien al contrario, fueron las acampadas por el 0,7% quienes originaron indirectamente el fenómeno “ONGD” tal como lo conocemos hoy.

El relativo éxito de las movilizaciones dio el impulso decisivo y la legitimidad social para conseguir que hasta hace dos años hubiera una política pública de cooperación al desarrollo, la promoción de la paz y los derechos humanos en casi todas las administraciones del Estado español. Esto se tradujo en multiplicación de las oportunidades para obtener fondos públicos y no públicos a proyectos, para las ONGD, la inmensa mayoría de las cuales, insistimos, estaba tranquilamente rellenando formularios en sus oficinas, durante aquellas acampadas. Esos años de bonanza han inflado a algunas entidades que, dotadas de un poder económico considerable, han copado los medios y han construido una imagen muy sesgada en el imaginario colectivo, dentro del amplio abanico que la denominación “ONGD” ofrece.

No, señora, caballero: la mayoría de las organizaciones que seguimos trabajando en la solidaridad internacional no le vamos a asaltar por la calle, parapetadas tras personas contratadas en precario que piden su eterna fidelidad y su número de cuenta; ni vamos a hacer una campaña de autopromoción justificada en la autosatisfacción personal de ayudar, patrocinada por bancos que se ganan la vida vendiendo armas o echando a familias de sus casas, y son rescatados con el dinero que se niega a la educación o a la sanidad pública. No somos así.

Durante años se ha buscado cualquier excusa para no molestar a nadie con posiciones políticas claras y comprometidas (ojo, no partidarias, políticas), y seguir manteniendo una relación excelente con el principal financiador de la cooperación o con la gran esperanza blanca de los últimos tiempos para salvar los muebles en el sector: la empresa privada. Se ha optado claramente por el autismo en los asuntos más sensibles en nuestro país, por mucho que fueran los mismos en los que se trabajaba a nivel internacional y se hiciera bandera constantemente de una más que inconcreta “coherencia de políticas”. Nunca se consideró mantener una posición independiente real, y el proceso de conversión en meros ejecutores de una política y una estrategia cada vez más ajenas se fue consolidando.

Nada que objetar, fue el camino de esas organizaciones a las que hoy se asocia pública e insistentemente con el término “ONGD”. Pero que nadie se queje ahora de que la gente les considere irrelevantes en tanto que instrumentos de transformación social. Nadie suele pensar eso de una empresa de servicios en el exterior, que es en lo que se han convertido. Cabría además pedir que no se planteen operaciones publicitarias entorno a su “vuelta a los ruedos” de la movilización social: es triste ver cómo los equipos de “marketing social” desmontan constantemente el significado de las palabras.

En el momento en que la generación que ha despertado a la política con el 15M decida (o no) que debe articular su acción a través de organizaciones, veremos si aquellas estructuras internacionalistas surgidas en los 80 y 90s, que se han mantenido junto a los movimientos sociales durante todo este tiempo, sirven todavía para un propósito transformador. Veremos si son útiles, cuando la lucha por la defensa de los derechos básicos ha llamado a nuestra puerta y nos afectan directamente los conflictos que antes veíamos tan lejanos.

Lo de menos es que permanezcan las estructuras, lo importante es que existan las que se necesiten en cada momento.

Con el diluido Plan de Derechos Humanos y Empresas vamos a perder una gran oportunidad: no se van a plantear medidas obligatorias ni reformas legales que, por ejemplo, nos permitan investigar en un tribunal español los impactos negativos de empresas españolas en el exterior

"¿Si la empresa o el banco tienen participación en negocios como el armamentístico, pueden ser aceptados como

partners

en un proyecto de cooperación de la AECID? "Si lo hace a través de su fundación sí, claro. Son personas jurídicas independientes"

El caso de Gas Natural y de sus filiales en Guatemala es un ejemplo de lo que la desregulación entorno a la responsabilidad empresarial con respecto a los derechos humanos puede acarrear, y es bueno recordarlo ahora que se discute, por decirrlo de alguna manera, el Plan de Empresas y Derechos Humanos que la Comisión Europea nos ha obligado a elaborar como país. En España sigue valiendo aquello de que 'inventen los demás' en materia de innovación, también en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Recuerdo, hace algunos años, en una mesa redonda en el Congreso con representante de la sociedad civil, empresas y representantes parlamentarios y de la Administración, cómo el portavoz del Banco de España nos aclaró que la consigna era esperar a ver qué hacían los demás países en cuanto a la regulación de la responsabilidad de las industrias extractivas en el exterior y luego ver qué hacíamos desde nuestro país. 'España es demasiado pequeña como para tomar iniciativas relevantes en ese campo', nos dijo, 'hay que esperar a ver qué se decide en los grandes centros económicos'.

Carles me ha pedido apoyo para un proyecto de electrificación rural en una comunidad en las tierras altas en Guatemala. Se sienta ante mí y comienza a ponerme en situación: “Se trata de una comunidad bien organizada, gracias al trabajo que algunos religiosos han venido haciendo durante muchos años”. En realidad, no se trata tanto de electrificar como de proveer de energía: hasta la llegada de Unión Fenosa, que luego fue absorbida por Gas Natural, el precio de la energía era asequible para las comunidades, que tenían su propia infraestructura de distribución.

La empresa, a través de artimañas y acuerdos poco claros o inclumplidos, se quedó al final con la propiedad de la infraestructura eléctrica que no había construido. “Se trata de que ellos puedan generar su propia energía a través de un salto de agua y no tener que depender de la empresa. Gas Natural se fue, la empresa eléctrica cambio de dueños, pero para la gente de la comunidad todo permanece igual”.

Efectivamente, La Caixa y el resto de dueños de Gas Natural se deshicieron de sus filiares en Guatemala, vendiéndoselas a una firma de capital riesgo británico, para poner punto y final a un conflicto que dejó varios muertos entre las filas del Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), muy activos contra los cortes que la distribuidora eléctrica practicó a miles de familias en el departamento de San Marcos, así como una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano, obligándole a devolver 200 millones cobrados ilegalmente a sus clientes.

Es evidente que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ultima el Gobierno español a instancias de la UE, obedece a la necesidad de ésta de presentarse con una imagen renovada en los mercados emergentes, en un momento especialmente duro para la economía europea. Sin embargo, vamos a perder una gran oportunidad: lejos de lo que exige gran parte de la sociedad civil española, no se van a plantear medidas obligatorias ni reformas legales que, por ejemplo, nos permitan a la postre dilucidar en un tribunal español las eventuales responsabilidades que Gas Natural tuviera en su día en Guatemala. Al contrario, la administración española está poniendo todo su empeño en suavizar esa entrada en mercados con grandes perspectivas, en una dinámica en la que la cooperación al desarrollo está siendo utilizada y manoseada sin miramientos.

Ahí está el caso de ACCIONA, rival de Gas Natural, quien no duda en utilizar su Fundación para edulcorar su imagen en el conflicto del istmo de Tehuantepec (México) antes las posible violaciones de derechos que la instalación de grandes parques eólicos esté generando, siempre con la absoluta colaboración de la AECID. ¿Y si la empresa o el banco tienen participación en negocios como el armamentístico, pueden ser aceptados como partners en un proyecto de cooperación? “Si lo hace a través de su fundación sí, claro. Son personas jurídicas independientes”, nos decía el responsable de la AECID para este tipo de alianzas. Si la propia administración no quiere ver relaciones tan evidentes de dependencia entre empresas y fundaciones, imagínense qué les podemos pedir desde la sociedad civil respecto al establecimiento de responsabilidades entre empresas promotores, filiales y subcontratas en el Plan en ciernes.

Esta claro que la consigna del actual gobierno español es mirar hacia otro lado y no hacer de los derechos humanos casus belli. A veces cargamos las tintas contra países como Estados Unidos y olvidamos que es precisamente allí donde se ha avanzado algo al respecto. Esperemos que como decía el amigo del Banco de España aquella vez, el ejemplo nos permita actuar en nuestro país, dejemos de invertir en operaciones de imagen y contribuyamos, aunque sea humildemente, con nuestra responsabilidad para construir un orden internacional justo, del que tampoco escapen aquellas empresas a las que sólo les importan sus beneficios.