Uno de los ensayos más célebres, más aterradores y peor entendidos del siglo pasado se titula “Eichmann en Jerusalén”. Lo escribió Hannah Arendt, una filósofa judía que tuvo que huir de la Alemania nazi y se exilió a Estados Unidos, donde alcanzó una enorme fama como pensadora política. El personaje central de su libro, Adolf Eichmann, fue un teniente coronel de las SS. Un nazi al que durante la Segunda Guerra Mundial se le asignó una misión especialmente atroz: exterminar a todos los judíos de Europa. A todos: hombres y mujeres; ancianos y ancianas, niños y niñas. Sin distinción.  

El libro de Arendt ha pasado a la fama como un ensayo sobre la naturaleza del mal. Algo a lo que ayudó sin duda su subtítulo: “Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal”. Sin embargo, como su misma autora reconoció después, en su mayor parte no es nada de eso. Cuando uno lo lee – una lectura estremecedora – asiste a una descripción descarnada y metódica del proceso mediante el que los nazis primero pensaron y luego ejecutaron su tentativa de eliminación del pueblo judío. Antes de decidirse a acabar con ellos, habían barajado expulsarlos, la primera solución, o concentrarlos, la segunda. Dada la imposibilidad técnica de ambas, optaron por la que vieron factible, exterminarlos. La solución final. Arribaron a ella en una reunión (no “conferencia”, como suele traducirse) de altos jerarcas nazis en Wansee, en 1942. 

Pocas cosas señalan de una manera más patente la criminal obcecación del nazismo con los judíos que el hecho, totalmente irracional desde un punto de vista militar, de que tomaran esa decisión sin esperar a ganar la guerra. Desviaron un nada desdeñable conjunto de elementos operativos a exterminar a millones de personas civiles, no contendientes, mientras, a la vez, libraban el mayor conflicto bélico de todos los tiempos. Así, al mismo tiempo que sus ejércitos conquistaban Europa, organizaron toda una industria de la muerte a lo largo de la geografía del continente. En cada país invadido, una vez que el ejército defensor se había rendido, los nazis avanzaban pueblo por pueblo y obligaban a los alcaldes a que les entregaran a todos los judíos de la localidad. Los subían a trenes de ganado y nadie sabía ya más de ellos. Hombres y mujeres; ancianos y ancianas, niños y niñas. Todos, sin distinción.

Esa industria de la muerte tenía un principio, que eran esos trenes, y un final, que eran los campos de exterminio. Porque no eran campos “de concentración”, como suele decirse, sino otra cosa. Todo un universo de aniquilación, un conjunto de instalaciones siniestras diseñadas para acabar, del modo más rápido, más barato y más eficaz, con millones de personas que para ellos, en su delirio moral, no eran seres humanos, sino tan solo un problema técnico al que dar salida. 

Eichmann fue el encargado de lo que hoy llamaríamos la “logística” del plan. Toda la complejísima organización de los innumerables trenes que tenían que cruzar Europa, a veces de una punta a otra, hasta las fábricas de la muerte, localizadas siempre en el Este: Auschwitz, Treblinka, etc. Miles de ferrocarriles que atravesaban un continente en guerra, cargados con su desdichada mercancía humana, y que tenían que llegar a destino con precisión germánica. Se dedicó a ello en cuerpo y alma, sabiendo en todo momento cuál era la estación final de los convoyes que él organizaba y lo que significaba. 

Tras la derrota nazi, Eichmann huyó a Argentina, donde vivió ocultó bajo una identidad falsa. Allí fue secuestrado el 11 de mayo de 1960 por agentes del servicio de inteligencia israelí, llevado a Jerusalén, juzgado durante meses y ejecutado en la horca. Fue la única pena de muerte jamás aplicada por el sistema judicial de Israel. Arendt estuvo presente en el juicio, enviada por la revista The New Yorker. Por entonces era ya una pensadora célebre, y “Eichmann en Jerusalén”, que fue el libro que publicó con sus reflexiones sobre aquel proceso y sobre la solución final, se convirtió en un clásico casi de modo instantáneo. Léanlo, es una estremecedora radiografía de los extremos de deshumanización que los seres humanos podemos alcanzar cuando creemos tener razón. 

Como he dicho, fue la propia Arendt la que dejó escrito que esa obra no pretendía ser “un tratado sobre la naturaleza del mal”. Con todo, lo cierto es que desvela con tanta lucidez algo sobre la maldad humana que esa ha sido la lección más influyente de su libro. Observando a Eichmann, Arendt afirma que el mal no es, frente a lo que suele darse por hecho, algo propio de sádicos, de personas crueles, de monstruos morales. Lo que ella descubre, y lo que intenta explicar al lector, es que las peores atrocidades las ejecutan personas completamente ordinarias, anodinas, corrientes. El mal no es perverso, es banal. Lo llevan a cabo, con la conciencia magníficamente tranquila, personas como usted o como yo, que aman a sus familias, respetan a sus vecinos y cumplen con las normas básicas de comportamiento social. 

“Esta normalidad”, sigue Arendt, resulta “mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas”. Y ello porque sus perpetradores cometen sus infamias “en circunstancias que casi les impiden saber o intuir que realizan actos de maldad”. Eichmann sabía que estaba llevando a la muerte a millones de personas. Lo que no entendía, lo que no alcanzaba a vislumbrar, era que aquello estaba mal. Hombres y mujeres; ancianos y ancianas, niños y niñas. Todos, sin distinción, enviados por él al matadero. Pero él no veía mal alguno. Creía, y lo creía sinceramente, que aquello era lo que se debía hacer. 

Me he acordado de esta famosísima tesis de Arendt sobre el mal al escuchar, hace unos días, a Aznar sostener que no entiende por qué a Israel “se le pide comedimiento” en lo que está haciendo en Gaza. A su juicio, “Israel tiene que terminar esta operación, y la tiene que terminar bien para los intereses de todo el mundo occidental”, y por tanto lo que hay que hacer es permitirle acabar cuanto antes. Que le llame “operación” y no “masacre” es muy indicativo, pues el lenguaje es el reflejo de la degradación interior. Aznar no es un nazi ni un fascista, no estoy diciendo eso. Hay un abismo moral y político entre sus planteamientos, que se circunscriben con claridad a la idea básica de la soberanía popular y a los principios del Estado del derecho, y los de un Hitler o un Goebbels, que estaban en otra galaxia normativa. Pero sí que creo que Aznar ha perdido, en el contexto israelí, la capacidad de distinguir el bien del mal. 

Eichmann sabía que sus acciones suponían matar a millones de personas indefensas, pero lo consideraba correcto. Aznar sabe que Israel ha matado a más de 30.000 civiles inocentes, 15.000 de ellos niños, pero lo considera necesario. Ambos, por decirlo con Arendt, “no se dan cuenta” del significado de sus actos o de sus palabras. Hay en ellos una “carencia de imaginación”, una “irreflexión” propiamente moral que les impide ver lo que todos los demás vemos. Los demás vemos el mal. No hace falta que nadie nos lo explique, es inmediato. Ellos no pueden. 

Esa incapacidad ética es complejísima, y a ella se arriba tras un largo camino de deshumanización del rival, un camino que, por lo demás, conlleva siempre una paralela deshumanización del propio ideal. Eichmann lo hacía todo por “el Tercer Reich”, Aznar habla continuamente de “Occidente”. Tal Reich y tal Occidente son, en sus manos, capaces de matar niños inocentes, en un caso porque nacieron judíos, en el otro porque nacieron palestinos. ¿No sería más lógico anteponer su calidad de niños a cualquier otra cosa? La banalidad del mal consiste seguramente en la pasmosa tranquilidad con la que algunos parecen vivir sin enfrentarse jamás a esa pregunta.

En 2008 publiqué en el periódico más vendido del País Vasco un artículo contra la tortura. Contra toda, pero especialmente contra la que sufrieron no pocos detenidos de ETA. La línea argumental consistía en darle la vuelta a la versión oficial (u oficiosa) sobre el asunto. Tal versión sostenía que, dado que somos un Estado de Derecho, entonces no podía haber tortura. Yo alegaba que, muy al contrario, un Estado de Derecho no se caracteriza porque resulte metafísicamente imposible que en su interior las fuerzas de seguridad se salten la ley, sino más bien porque en su seno laten dispositivos legales que posibilitan perseguir cualquier actividad criminal, también la realizada por las fuerzas del orden. Son tales dispositivos los que explican que la tortura y los abusos policiales se tornen menos probables en una democracia que en un régimen autoritario. 

Por ello –proseguía– el sentido correcto de la línea argumental no era el habitual “no hay tortura porque somos un Estado de Derecho”, sino el inverso: “Si no hay tortura, entonces somos un Estado de Derecho”. Sobra decir, por lo demás, que la de la tortura es una cuestión de grado, no de clase, y ahí citaba a organismos que, por entonces (no sé ahora, ojalá hayamos mejorado), nos dejaban en muy mal lugar. Tanto organizaciones oficiales (nada menos que la ONU y la Unión Europea) como no gubernamentales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras) arrojaban sobre nuestro país una siniestra sombra de sospecha, y eso, concluía, debería hacernos recapacitar.

Me he acordado de aquel texto porque hoy observo un juego de justificaciones casi idéntico en torno a la cuestión del denominado lawfare. Muchos parecen abrazar la tesis oficial (u oficiosa) según la cual, “dado que somos un Estado de Derecho, entonces no puede haber lawfare”. Pero, de nuevo, tal afirmación se reduce a una petición de principio completamente circular y vacía que no solo imposibilita, sino que, además, desacredita cualquier tipo de tentativa de contrastación empírica, condenándola a la hoguera del antipatriotismo, del resentimiento o de cualquiera de los novedosos rostros de la anti-España. Porque, por encima de moralismos y sofismas, de lo que se trata es de comprobar si, en la medida que exista lawfare, nuestro Estado de Derecho lo detecta y lo combate con eficacia. 

Por descontado, es complicado descubrir el lawfare. Con la tortura y otras violaciones de Derechos Humanos existen no pocas organizaciones internacionales dedicadas a su vigilancia y denuncia, pero con el lawfare todo es más complejo. Contamos, sin embargo, con dos indicios considerablemente sólidos. Los dos tienen que ver con Europa. Uno con “Europa horizontal” y otro con “Europa vertical”. Me explico.

Horizontalmente, todos los Estados de Derecho europeos que se han pronunciado sobre los aspectos judiciales relativos al denominado procés han protegido a los políticos catalanes frente a los requerimientos del Estado de Derecho español. Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica y ahora Suiza, que ha llegado a interesarse por el “carácter político” de las pesquisas de un juez español, han rechazado entregar a los independentistas que los jueces españoles les solicitaban. 

Este primer indicio es especialmente relevante. Primero, porque todos esos países son “Estados de Derecho” con igual, si no mayor, razón que nosotros. Y, segundo, porque se trata de delitos especialmente graves, penados con muchos años de cárcel. Si Tejero se hubiera refugiado en cualquiera de esos países, nadie duda de que habría sido inmediatamente extraditado. La reticencia, comúnmente compartida por cinco Estados democráticos europeos, tiene que ver (les ahorro las florituras jurídicas) con el hecho de que ninguno ve en el relato de los hechos, tal y como lo exponen los jueces españoles, nada delictivo. Es muy extraño, por no decir muy grave, que tantos Estados de Derecho no vean ningún delito en unos hechos en los que nuestro Tribunal Supremo llegó a ver, siquiera indiciariamente, “Rebelión” –uno de los delitos más penados del código penal– y en los que un juez español observa ahora nada menos que “terrorismo”. La apreciación judicial de los hechos admite cierto margen de subjetividad, pero resulta incomprensible que unos vean inocencia donde otros ven 30 años de cárcel. Y es muy revelador que se trate de delitos que tienen que ver con la política, no con la propiedad privada, la libertad sexual, u otros valores que todas las democracias comparten. 

Verticalmente, y aunque algunos parezcan haberlo olvidado, lo cierto es que el Estado de Derecho español no es solo español, es también europeo. Hay tribunales europeos cuya jurisdicción, de acuerdo a la legalidad española libremente adoptada por nuestro Parlamento, se sitúa por encima del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional españoles. Aunque de momento es pronto para saber qué dictaminarán, no lo es para asegurar una evidencia: en cuanto ideal legitimador, el paradigma del “Estado de Derecho” podrá esgrimirse tan solo al final de todo el proceso jurídico, y ese proceso se encuentra todavía abierto. Es solo una opinión, pero yo al menos creo que varias de las reclamaciones que los políticos catalanes han elevado a tales tribunales van a ser atendidas. Veremos. 

Ambos indicios –horizontal y vertical– señalan que el funcionamiento de los Tribunales españoles a lo largo del “proceso al procés” ha resultado anómalo. La palabra que he utilizado al principio ha sido lawfare. Con todo, y perdonen el giro final, a mi juicio lo que ha ocurrido no ha sido estrictamente lawfare. Ha sido algo diferente, tan diferente y específicamente español que quizás no tenga ni nombre. Yo lo denominaría “justicierismo”. Pero eso, me temo, da para otro artículo… 

La Ley del Talión se encuentra en el código de Hammurabi, un texto babilónico promulgado hace unos 3.750 años. Surge combinando sus artículos 196, “Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo” y 200, “Si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, su igual, se le arrancará su diente”. El “ojo por ojo, diente por diente” resultante configura, como es sabido, una suerte de plasmación clásica del primitivismo moral, aquel universo arcaico y feroz que la Modernidad y la Ilustración lograron, tras muchos siglos y mucha sangre, dejar atrás. Todas las magníficas construcciones jurídicas democráticas posteriores, empezando por la Declaración de Derechos de la ONU de 1948, se levantan sobre la superación del Talión. 

Suelo pedir a mis alumnos de primero de Derecho que, con objeto de acercarnos al concepto de justicia – un ideal en cuyo interior bullen a su vez otros muchos ideales que conviene distinguir e identificar – comparen ese “ojo por ojo, diente por diente” con el segundo mandamiento tal y como este aparece en la Biblia, libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17. Antes de que se acerquen al mismo, les prevengo a los estudiantes con relación a la cuestión religiosa. Por un lado, una cosa son los Diez Mandamientos católicos, tal y como la Iglesia los enseña hoy, y otra, no idéntica, los mandamientos que, de acuerdo al Éxodo, Jehová trasladó a Moisés hace más de tres milenios para que los comunicara al pueblo judío. Como una mera lectura superficial revela, tienen un aire común, pero no son lo mismo.

Por otro, les digo, si alguno de vosotros es cristiano y alberga fe en su corazón, ello ni debe ni puede influir en la aproximación puramente científica que toca adoptar aquí, en una universidad: desde una perspectiva racional, única que procede en estas aulas, la Biblia fue escrita a lo largo de más de mil años, por diferentes hombres pertenecientes a distintas sociedades y culturas, y sus textos vieron la luz nada menos que en tres lenguas diferentes y sucesivas. Constituye sin duda uno de los documentos históricos más antiguos y fascinantes que atesoramos para acercarnos al pasado e intentar comprenderlo. En cada una de sus palabras, los setenta y seis libros que la forman reflejan las creencias – morales, cosmológicas, médicas, políticas y de todo tipo – de la concreta sociedad que las alumbró. Son esas creencias las que nos interesan. Por lo demás, añado recordando a Tomás de Aquino, si la fe es tal como debe ser – algo que por definición excede a la razón y la trasciende – en nada se verá afectada por lo que esa misma razón descubra.

Tras ello, les expongo en toda su cruda literalidad el segundo mandamiento de Moisés: “No te inclinarás (ante imágenes de otros dioses), ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen”. “Visitar la maldad” es una construcción lingüística un tanto rebuscada que significa, en esencia, “vengarse de” o “castigar a”. Lo que el Éxodo establece, por tanto, es que Jehová no solo castigará a quién adore a otros dioses, sino a sus hijos, a los hijos de los hijos e incluso a los hijos de estos últimos. Tres generaciones heredarán el estigma de la maldad originaria y serán visitadas por la ira del altísimo. 

Los chavales enseguida vislumbran que, por bárbara que sea Ley del Talión, en las palabras del versículo bíblico late algo todavía más oscuro. A partir de ahí se genera un diálogo. Se busca que transformen esa intuición en un término moral y jurídico, que conviertan el desnudo presentimiento en un concepto analítico que les sirva para atrapar lo que distingue a un mandato del otro. Todos barruntan que “la Ley del Talión” es más justa que el versículo, la práctica en el aula consiste en que averigüen por qué. 

Pronto lo descubrimos. Por un lado, Hammurabi castiga individuos, no grupos. Solo la concreta persona que haya vaciado el ojo o arrancado el diente responde de su acción, no su familia, no su clan, no su pueblo. Individuación de la pena. Jehová es más cruel, más atroz, más inhumano: castiga a los niños por algo que no han hecho y se venga incluso de los que no han nacido todavía. En un universo así el concepto de inocencia no existe. Frente a ello, nuestro concepto de “justicia” – el de todos, de derechas y de izquierdas, de arriba y de abajo, pues todos somos modernos - se basa en la responsabilidad individual. Los castigos colectivos nos repelen, nos resultan bárbaros, injustos de raíz, despiadados. Desde la Modernidad todos profesamos un ideal de justicia, y para todo ideal de justicia digno de tal nombre solo el individuo y su voluntad pueden ser los responsables de cada acción. El Jehová de Éxodo profesa un ideal que no es de justicia, sino de escarmiento: no hay inocentes, sino solo un precio terrible a pagar por el mero hecho de haber nacido.

Además, en Hammurabi encontramos un primer vestigio – parco y apenas incipiente, pero vestigio al fin y al cabo – de proporcionalidad en el castigo. Si vacías un ojo perderás un ojo, pero no los dos, ni los brazos, ni la vida, ni nada que exceda lo que hiciste. Si arrancas un diente, igual. Esta suerte de protoproporcionalidad, entendida como mera simetría, nos parece bárbara hoy, y lo es, pero en su día supuso un límite y una contención ante el quebranto a aplicar. Un pequeño avance. Los alumnos aprenden así dos elementos constitutivos del concepto moderno de justicia: responsabilidad individual, proporcionalidad de la pena. No son los únicos, pero sin duda son imprescindibles: sabemos que todo lo que no incluya a ambos no es justicia, sino barbarie.

¿Hace falta que señale qué país enarbola hoy – incluso explícitamente, y eso es lo más descorazonador – la atroz y pavorosa concepción de aquel iracundo dios del Sinaí? ¿Hace falta advertir que todas y cada una de las justificaciones que Israel está desplegando para respaldar la masacre no encuentran cobijo bajo los ropajes de la justicia, sino tan solo bajo los miserables harapos del escarmiento? Bajo cualquier acepción razonable de ambos conceptos, lo que están haciendo en Gaza ni es “legítimo” ni es “defensa”: es una carnicería brutal que ni siquiera alcanza el paupérrimo y siniestro nivel de la Ley del Talión. 

No estoy diciendo, en absoluto, que la respuesta de Netanyahu se explique por la tradición judía. Ni remotamente: el judaísmo, el cristianismo y el islam son tan capaces de las mejores comprensiones de la moral como de las peores. Porque una cosa es la moral, o la política, y otra la religión. Lo que estoy diciendo es que la respuesta de Israel – no de los judíos - es incontestablemente brutal, salvaje e inhumana. Lo que estoy diciendo es que nadie que entienda con un mínimo de rigor el significado de la voz “justicia” puede disculpar algo así. Comprendo, por descontado, que muchísima gente colocara en su Twitter una bandera de Israel el día 8 de octubre, tras la matanza perpetrada por Hamás. En la limpia y sencilla compasión con el sufrimiento de los inocentes sigue latiendo el mayor caudal de humanidad que albergamos.  Pero seguir apoyando hoy a Israel, tras 5.000 niños muertos, es declararse partidario de una aberración moral sobre la que no creo que quepa discusión alguna.   

En el universo moral del que brota la respuesta de Israel no caben “inocentes”, porque la sola existencia de un inocente tornaría ilícita toda violencia. Es un universo brutal, ciego, despiadado. Como el de Hamás el 7 de octubre. En ese universo los niños no solo mueren, sino que está justificado que mueran, eso es lo terrible. Por eso las razones de ambos, de Israel y de Hamás, son, bajo diferentes dioses, la mismas, exactamente las mismas. Por eso condenar el terrorismo de Hamás y condenar el terrorismo de Israel son una y la misma cosa, y por eso lo imperativo ahora es detener la masacre. No un corredor humanitario, no un alto el fuego por definición transitorio: detener la masacre. Y, tras ello, alumbrar nuevos caminos.

Los entresijos interpretativos del artículo 99 de nuestra Constitución han dado estos días para mucho. En un extremo, algunos creen que el texto legal otorga tanto poder al rey que este, en uso de sus atribuciones moderadoras y arbitrales, debería impedir que Sánchez intente formar gobierno con el apoyo de Bildu y Junts, ya que tal cosa iría contra la unidad de la patria. No hace falta que les diga que el mencionado extremo es el del lado derecho y que se trata de una lectura que atenta contra la esencia de la democracia: el soberano ya no sería ni el pueblo ni el parlamento por él elegido, sino un monarca hereditario que se arroga para sí el poder de decidir discrecionalmente cuál es el “bien común”.

No hay, es interesante reseñarlo, intérpretes que se hayan atrevido a algo similar desde la izquierda o desde nacionalismos distintos al español. Esto es: que hayan planteado que, en uso de esas mismas atribuciones arbitrales, Felipe VI no debería permitir que Feijóo alcance el poder pactando con Vox, ya que ello pondría en peligro postulados igualmente constitucionales (la descentralización autonómica, ciertos derechos sociales que solo pueden garantizarse con un estado impositivo y redistribuidor, etc). Un desequilibrio, me malicio, que se debe sobre todo a la percepción que sobre su figura pública se ha ido construyendo en torno al actual monarca, a quien todo el mundo intuye más cercano a unos parámetros que a otros. Algo que sin duda casa mal con la idea de neutralidad sobre la que bascula todo su papel y que debería preocupar a los demócratas, primero, y, también pero en muy segundo lugar, a los monárquicos.

Sea de ello lo que fuere, el comunicado de Zarzuela proponiendo a Feijóo como candidato incluye una faz muy positiva, inmediata, que consiste en que se ha generado un protocolo que será difícil sortear, y eso aclara el paisaje para futuras situaciones. Pero arrastra también otra carga, no tan luminosa, que tiene que ver, por un lado, con la concreta decisión tomada, y, por otro y sobre todo, con el modo de tomarla.

Empecemos por lo primero. ¿Qué posibilidades tiene a su disposición el rey tras unas elecciones? Una, optar por el candidato del partido con más escaños. Dos, hacerlo por el candidato que tenga garantizados más escaños en la investidura, aún sin mayoría para salir elegido. Tres, designar solo al candidato que tenga garantizada tal mayoría. Feijóo es ahora mismo el candidato que satisface “uno” y “dos”. Nadie satisface “tres”. 

A mi juicio, y sin duda, el protocolo debería establecer este orden: tres, dos, uno. Creo que sobran las razones (aunque, como demuestra el primer párrafo de este artículo, algunos no parecen tenerlas muy claras). Más allá de eso, el comunicado de la Casa Real aduce que ya se ha generado una “costumbre” de elegir al que más escaños haya obtenido (esto es: “uno”), y que, dado que no existe una opción “tres”, se opta por tal alternativa. Así al menos considero que se ha de interpretar esta frase literal del mismo: “En el procedimiento de consultas llevado a cabo por Su Majestad el Rey no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura (opción tres) que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre (opción uno)”. 

Veo dos problemas. Primero, el protocolo decidido desde Zarzuela, que parece ser “tres”, cuando exista y, de no existir, entonces “uno”, esto es, el más votado. Esta primacía del “tres” se establece, ciertamente, bajo ropajes lingüísticos en exceso abiertos e innecesariamente alambicados: no entiendo la intercalación de ese enigmático “en su caso” y la consiguiente conjugación en subjuntivo (“hiciera decaer”). Pero, más allá de eso, no es concebible que una candidatura “tres” no sea designada. Donde veo un evidente problema es en la posibilidad de que en el futuro las urnas arrojen un candidato “uno” y un candidato “dos” diferentes. No creo que la Casa Real mantuviera, en tal tesitura, la “costumbre” de designar a “uno”, el más votado, frente a “dos”, el más respaldado por los representantes electos, puesto que supondría desautorizar así la correlación de fuerzas parlamentarias y hacer añicos la lógica democrática que dictamina que el soberano es el Parlamento y no el Rey. Se ha perdido, en consecuencia, una inmejorable ocasión para establecer un protocolo que, en el futuro, hiciera innecesarias las cábalas a las que nos hemos visto sometidos estos días. 

El segundo problema descansa en la tesis de Zarzuela según la cual “salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre”. Es decir, según interpretan en la Casa Real, en España ha habido una costumbre constitucional, extendida desde 1979, según la cual el Rey ha elegido siempre, excepción hecha del inaudito plante de Rajoy en 2016, al candidato con más escaños. Es decir, a la “lista más votada”, que es como gustan de denominar a tal opción – si bien no siempre, sino tan solo cuando a ellos les beneficia - desde el Partido Popular.

Esta interpretación de la primacía histórica de “uno” es muy discutible. En todas las legislaturas citadas ocurría que el candidato “uno” era a la vez el “dos”, y en muchas de ellas tal candidato era además el “tres”. Así que, cuando no hubo candidato “tres”, la práctica consistió en nombrar al “uno”, cierto… pero es que a su vez era el “dos”. Por tanto, cuando se distingue analíticamente una posibilidad de otra, la práctica histórica nada nos dice con respecto a la prevalencia de uno sobre el otro. 

La primacía, que yo creo indudable, de “dos” sobre “uno” – en caso, repito, de que fueran candidatos diferentes – viene por lo demás respaldada por el hecho, muy certeramente señalado aquí por una pluma especialmente penetrante siempre, de que la hipotética obligación de optar por “uno” haría innecesaria la ronda de conversaciones del monarca. Que el Rey tuviera que designar siempre al candidato de la lista con más escaños entraría, en efecto, en contradicción con el sentido del artículo 99 en su conjunto, pues tal automatismo haría innecesaria la actuación de Zarzuela. Y, ya que constitucionalmente el Rey tiene algo que decir al respecto, en caso de que en el futuro surgiera un “dos” diferente a un “uno”, la propia costumbre seguida durante nuestra historia democrática avalaría, también, la elección de “dos”, tanto como la de “uno”. Digo también porque, además de tal legitimación – caso de que lo sea – meramente histórica, la opción “dos” recibiría, sobre todo, una evidente y creo que indiscutible legitimación democrática. 

Por lo demás, todo esto viene a cuento de la decisión tomada. Harina de otro costal es, como ya he mencionado, la cuestión de cómo se ha tomado la decisión. Pero es agosto, el calor azota y ustedes no me han hecho nada, así que, si les parece, lo dejamos para otro día…

Hace unos meses, cuando comenzó la gresca interna en Sumar, desde Podemos asumían –y creo que no les faltaba razón- dos cosas. La primera, que la suya era una fuerza mucho mayor que la del resto de partidos de Sumar. En palabras de Monedero, Yolanda Díaz “no va a poder explicar por qué siendo la elegida para sumar todos los fragmentos de la izquierda, se ha empeñado en parecer querer dejar fuera al fragmento más grande”. La segunda, que no había que fiarse ni de las encuestas adversas ni de las toneladas de opiniones críticas. En el pasado los sondeos y los análisis siempre les habían ninguneado, pero Podemos había sorprendido tras cada cita electoral, cual ave fénix, logrando superar las sombrías expectativas que los diferentes medios habían publicitado por doquier. 

Por doloroso que resulte, las urnas han pulverizado ambas asunciones. Por un lado, ha sido la ciudadanía –no las encuestas, no los medios, no el Ibex– la que ha hablado. Y el veredicto ha establecido que el fragmento de Podemos es, en el espacio de la izquierda del PSOE, minúsculo en comparación con el fragmento Sumar. Aterradoramente minúsculo. 

En el cuadro de abajo confronto las fuerzas de Podemos y las de Sumar, pero lo hago sumando los votos de las doce elecciones autonómicas. Lo habitual ha sido, estos días, obtener los totales partidistas a partir de las municipales. Esta estrategia tiene la ventaja obvia de que los municipios cubren toda España. Sin embargo, por muchos motivos, las elecciones autonómicas probablemente supongan una radiografía más cercana a lo que habría sido una votación en clave nacional. Faltan cinco autonomías, cierto, pero no creo que la situación de Podemos en alguna de ellas altere sustancialmente la conclusión (más bien al contrario, de hecho). Sea de ello lo que fuere, estos son los datos:

Los partidos que están en Sumar recibieron 1.052.208 votos frente a los 46.436 que recibió Podemos. Esto es: el fragmento Sumar es 22 veces mayor que el fragmento Podemos. Hay 451.476 votos, por otro lado, que no resultan tan fácilmente transferibles a uno u otro lado. Se trata de votos concedidos a listas en las que Podemos e IU se presentaban mezclados y, como es sabido, ocurre que IU ya dejó claro que estaría en Sumar. Supongamos que la mitad de esos electores son para IU y la otra mitad para Podemos. En ese caso, Sumar tendría 1.278.146 votos frente a 272.374 de Podemos. Bajo este cálculo Sumar sigue siendo casi cinco veces mayor. Por lo demás, como la tabla refleja, Ciudadanos obtuvo 147.537 votos, no muchos menos que los de Podemos bajo esta hipótesis (hipótesis que, por muchas razones, resulta muy generosa para Podemos). Y en Ciudadanos han decidido no presentarse.  

¿Qué hacer? En Sumar están tentados de olvidarse de Podemos. A juicio de muchos, se trata de un fragmento no solo minúsculo, sino contraproducente. Ya existían voces que defendían, incluso cuando se asumía que era el fragmento principal, la conveniencia de no pactar con Podemos. Ahora que es casi insignificante, esa tentación es mucho mayor. Creo que sería un error. Las elecciones de julio se van a decidir en el tercer puesto. Lo importante no es el oro ni la plata, lo importante es el bronce: Vox o Sumar. Son ellos los que van a decidir el gobierno. Y, sin Podemos, Sumar no podrá alcanzar el bronce. 

No se trata de quedar tercero en número de votos, sino de quedar tercero en escaños. Debido a la indecencia de sistema electoral que seguimos padeciendo – ojalá Sumar (o incluso Vox), si queda tercero, exija su reforma inmediata – una cosa no implica la otra. Es surrealista, es antidemocrático y es demencial, pero así es: hay votos que valen más que otros. Así que Sumar necesita a Podemos, porque necesita ganar a Vox en las circunscripciones medianas y pequeñas. Y, en ellas, Sumar por sí solo (IU, básicamente, en esos lares) tiene poco que hacer si hay una papeleta rival de Podemos en la circunscripción. 

Es, con todo, del lado de Podemos dónde la situación es más desesperada. De nuevo: ¿qué hacer? Pueden ir en solitario: un suicidio. Pueden iniciar con Yolanda la habitual negociación entre aparatos (reuniones, listas, nombres en la papeleta, cuotas): un hastío infinito. Tienen todo el derecho y es lo que están haciendo todos los grupos del universo Sumar. En esa negociación son un fragmento diminuto pero, como he dicho, necesario. Si quieren exigir cuotas, tienen margen. Van a conseguir poquísimo y, por el camino – lo importante, ahora, es el camino – van a generar más cansancio, más desgana y más desafección. 

En Podemos tienen que reflexionar sobre el tipo de poder que ostentan ahora: no pueden sumar, pero pueden impedir. Se trata de un poder muy difícil de manejar, porque es sustancialmente negativo. Como ocurría en la Tierra Media con el Anillo único, si lo usan, si caen en la tentación, ese poder les manchará, y manchará asimismo a todo el espacio. Y todo estará perdido. Tienen ser Bombadil o Bilbo, y no Smeagol.

Es muy, muy difícil, pero todavía pueden. Pueden hacer algo que hasta apenas hemos visto pero que algunos de ellos sí han hecho: autocrítica. Preguntarse qué ha pasado, qué responsabilidad tienen ellos y qué medidas han de tomar. Y, mientras reflexionan, pueden darle a Yolanda todos sus votos, integrarse sin demasiado a cambio, asumir su nueva condición de fragmento pequeñito y aprender a crecer, de nuevo, a partir de su tamaño actual. Levantar la voz y decir, como dijeron antes, muchas veces, en un tiempo que hemos olvidado pero que en este país aconteció una vez, hace no tanto: “Somos un instrumento, no un fin”. Nos fiamos de Yolanda – después de todo fuimos nosotros los que la pusimos al frente – y ella sabrá qué camino ha de tomar para ganar el bronce, y con qué gente. Porque nos jugamos mucho. 

Conseguirán lo mismo: poquísimo (aunque sí algo: Yolanda no les dejará sin nada). Pero lo importante no es la cuota de poder que habrán conseguido, sino lo que, por un instante, habrán vuelto a ser: aquellos iluminados que no querían ir deprisa, porque iban lejos; que no querían el poder, sino el proyecto; y que, cuando el mundo era joven, despertaron a la política un 15 de mayo de hace mucho, mucho tiempo… pero ojalá que no tanto. Tienen que arrojar su poder al fuego, solo entonces podrán ilusionar de nuevo.

Hace unos años, tras una inauguración de ya no recuerdo qué, Esperanza Aguirre soltó algo así como “es que a los arquitectos habría que matarlos a todos”. A mí me hizo mucha gracia -confieso que incluso pensé: “¡Por fin alguien lo dice!”-, pero el humor, ya se sabe, va por barrios. El señor José Antonio Granero, a la sazón decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, aseguró que las declaraciones de Aguirre eran “intolerables” y que suponían “un desprecio al trabajo de los profesionales” (entiendo que a los de la arquitectura). Muchos otros - especialmente en la izquierda- mostraron idéntica indignación. Se montó un pequeño escándalo mediático y la propia Aguirre acabó pidiendo perdón en un comunicado.

Unos años más tarde, unos titiriteros fueron detenidos por representar una obra en la que aparecía un personaje con una pancarta en la que podía leerse “gora alka-eta”. Cuando uno acudía a la trama, descubría que el pasaje en cuestión era una crítica a los montajes policiales: un agente de la ley le encasquetaba a un personaje esa pancarta, le hacía una foto y así podía inculparle. En pocas ocasiones la ficción ha anticipado tan certeramente la realidad: tras el consiguiente aquelarre mediático –promovido esta vez por la derecha- a los titiriteros lo que se les encasquetó fue nada menos que una acusación de “enaltecimiento del terrorismo”. Se les mandó a prisión sin fianza y pasaron cinco días entre rejas. 

En otro episodio de esta pendiente resbaladiza por la que, como sociedad, nos venimos despeñando desde hace un tiempo, en el año 2019 fue condenado un artista “ultrarracionalista” por el caso del Tour de la Manada. Quizás lo recuerden, se trataba de una web que afirmaba organizar una visita al recorrido que siguieron los miembros de la Manada por las calles de Pamplona antes de la violación. Aquí no hubo ni izquierdas ni derechas: el rechazo a una web así fue unánime. Pero es que todo era, por supuesto, mentira.

A los tres días exactos de abrir la web, en cuanto sus responsables –un indefinible colectivo de activistas denominado Homo Velamine - vieron que el escándalo mediático había superado sus expectativas, quitaron toda referencia al ficticio tour y en su lugar colgaron una nota explicativa. En ella incluyeron los pantallazos de la impresionante cobertura mediática de los dos días anteriores junto a una reflexión sobre el sensacionalismo que la acción había provocado, sensacionalismo que era precisamente lo que ellos querían denunciar. Dio igual. Los medios que informaban de la web ni siquiera se molestaban en ir a la web a contrastar los hechos. Siguieron hablando del “Tour de la Manada” durante semanas como si fuera cierto. La indignación cabalgaba desaforada y exigía una víctima. 

La tuvo. Año y medio de prisión, indemnización de 15.000 euros y 12.000 euros en costas para el responsable de aquello, Anónimo García, líder de Homo Velamine, que aparece en la foto que acompaña a este artículo en una descacharrante performance que - ya es casualidad - él y su grupo le habían hecho unos años antes a Esperanza Aguirre. Porque Homo Velamine tiene toda una acreditada trayectoria de sátira política a sus espaldas. Que a un tipo como el de la foto le estemos aplicando el código penal debería ser motivo de reflexión.

En los tres casos mencionados opera un peligrosísimo proceso psicológico gracias al cual los hechos empíricos, susceptibles de verdad o falsedad, acaban siendo sustituidos por un arrollador sentimiento de indignación ante el que no cabe gradación alguna, sino tan solo el conmigo o contra mí. Cuando eso ocurre, los mecanismos psicológicos que posibilitan el humor, la ironía y los dobles sentidos sencillamente desaparecen: es como si la sociedad se volviera asperger y fuera incapaz de leer entre líneas. 

Da igual que, como en el Tour, el desmentido de la acción sea explícito: toda una web que solo había que leer, respaldada por un colectivo de activistas consolidado explicando que su objetivo era denunciar el carroñerismo mediático. Da igual que, como en los títeres, lo sea implícito: “alka-eta” era, en la propia trama, algo cuya mera exhibición provocaba que a alguien se le detuviera, esto es, era algo malo, pernicioso, censurable. Interpretar que se estaba enalteciendo a “alka-eta” porque aparecía en una pancarta resulta tan atinado como interpretar que en Caperucita se enaltece al lobo porque aparece disfrazado de abuelita. Ya incluso da igual que el desmentido sea, como con Esperanza Aguirre, meramente lógico: pero, ¿cómo va a decir nadie en serio que hay que matar a todos los arquitectos, por el amor de Dios? Todo eso es del todo intrascendente, porque aquí el mundo exterior no interviene más que como excusa, subterfugio o percutor para que entre en la sala el verdadero protagonista de la función, que no es otro que el propio yo en todo su indignado y justiciero resplandor. 

En los tres casos, en efecto, no juzgamos hechos, sino que nos juzgamos a nosotros mismos. Los hechos (Esperanza Aguirre, los titiriteros, Homo Velamine) actúan solo para poner a prueba nuestra pureza, nuestra inmaculada integridad, nuestra decencia. En cuanto sea eso lo que, siquiera inconscientemente, uno crea que está en juego, la racionalidad salta por los aires y en su lugar aparece la desnuda pertenencia. Al contrario que la compleja catalogación jurídica de los hechos –que constituye todo un adelanto procesal y ético– los mecanismos de identificación grupal funcionan mediante relaciones binarias y excluyentes que reproducen la división fundamental de la moralidad: el bien y el mal, o, en su versión más extendida, ellos y nosotros. 

Cuando eso ocurre, no hay lugar para los matices. O estas con los que denuncian o con los denunciados, esto es: o estás con la izquierda o con Aguirre, o estás con las víctimas de ETA o con los titiriteros, o estás con la víctima de la manada o con Velamine. O pureza o traición, no hay más. Cada vez que esa suerte de disposición entra en escena – y últimamente lo hace por doquier - retrocedemos un poco en la escala del progreso social. 

Al caso Homo Velamine todavía le queda recorrido, estando previsto que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto en 2023. Sin duda se tratará de una decisión que dirá mucho del modelo de convivencia que entre todos estamos construyendo. Aunque nunca las suficientes, se oye muchas veces aquello de “si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia”. Lo mismo, exactamente lo mismo, cabe decir del humor y de la sátira: en muchas ocasiones pueden resultar molestos… pero imagina una sociedad sin ellos.

En una reciente entrevista en La Razón, el vocal del Consejo General del Poder Judicial D. José María Macías Castaño – que es, de acuerdo al citado periódico, el “puntal” del bloque conservador de tal órgano – afirmaba impertérrito que “hacer lo adecuado no es síntoma de rebelión, sino de responsabilidad”. Ocurre, sin embargo, que en este caso “lo adecuado” es, según él mismo reconoce, saltarse la ley, en concreto la Ley Orgánica 8/2022, que el Parlamento aprobó recientemente. Que a él, en cuanto ciudadano y por tanto a título personal, esa norma le parezca una irresponsabilidad resulta perfectamente legítimo. Pero que, en su calidad de magistrado, afirme públicamente que las leyes que a uno le parezcan “inadecuadas” no han de cumplirse es de una temeridad que raya en la incapacitación. Y que lo haga, ya como instalado en el colmo del despropósito, desde uno de los veinte sillones que constituyen el Gobierno de los jueces refleja el punto de deterioro institucional que hemos alcanzado. ¿Qué está ocurriendo? 

Una y otra vez el señor Macías justifica su desobediencia en aras de “la independencia judicial”, lo cual no deja de resultar doblemente sarcástico. Por un lado, y desde un punto de vista teórico, ¿qué es la independencia judicial sino la seguridad de que los jueces se encuentren, tal y como la Constitución establece, “sometidos tan solo al imperio de la ley”? Convertidos de golpe a la doctrina absolutista, premoderna y profundamente iliberal del Derecho Natural, algunos parecen asumir que tienen hilo directo con “La Verdad”, así con mayúsculas (con “La Adecuación”, más bien, que vendría a ser su hermana gemela), de tal modo que se sitúan por encima de la ley vigente, del Parlamento democráticamente elegido, de la Soberanía Popular y de otras minucias de similar calado. ¿Para qué elecciones, representación y alternancia cuando ya sabemos distinguir “lo adecuado” de lo que no lo es? Costó siglos – y mucha sangre - superar esa concepción del Derecho, y sorprende y asusta a partes iguales encontrarla nada menos que en el corazón del Gobierno de los jueces.

Pero es del lado de la práctica de donde procede el mayor cinismo. De los 5.408 jueces que hay en España, los únicos que – siquiera por un elemental sentido del pudor – jamás deberían hablar de “independencia judicial” con respecto al poder político son los 12 magistrados que se sientan entre los 20 vocales que tiene el Consejo, porque todos y cada uno de esos 12 magistrados saben a ciencia cierta qué partido concreto los ha colocado ahí. De independencia judicial pueden hablar los miles de jueces “de abajo”, los de a pie de calle. Hombres y mujeres (sobre todo mujeres: ya son el 56%) que han aprobado una oposición durísima y que, ellos y ellas sí, se limitan a aplicar la ley y lo hacen, como debe ser, con una venda en los ojos que impide favoritismos y componendas. Independientes son el juez Castro imputando a la Infanta o la jueza Alaya haciendo lo propio con Griñán y Chaves, pero… ¿Macías y los otros 11 jueces elegidos para el Consejo por los diferentes partidos son los que van a garantizar la independencia judicial? Oigan, por favor. Un respeto al sentido común. Lo que garantizan es precisamente lo contrario. 

La percepción que los ciudadanos españoles tienen de “la independencia judicial” es una de las más bajas de Europa. No es una percepción que se genere debido a la actividad de los jueces y juezas “de abajo”, a aquellos con los que los ciudadanos de pie tratamos en su caso. Muy al contrario, tiene su origen en la evidente y palmaria politización de la cúpula del poder judicial: el CGPJ, el Tribunal supremo y los Tribunales superiores de Justicia. Es en “las alturas judiciales” donde la ciudadanía ve que la cosa está podrida de partidismo. Y lo ve porque sencillamente lo está. 

Todo este episodio del CGPJ – incomprensible, por lo demás, para el ciudadano medio – se explica única y exclusivamente porque sus 20 vocales están politizados hasta la médula. El señor Macías, por descontado, niega rotundamente ese extremo y afirma que “no hay una correa de transmisión desde los partidos”. Pero es falso, la hay. La primera gran decisión que tuvieron que tomar los 20 vocales, en su primera reunión, consistía en elegir a su presidente. Fue en 2013 y eligieron a Carlos Lesmes. Pero, como todo el mundo sabe y la prensa publicó con absoluta normalidad, no fueron ellos los que lo hicieron: fueron Rajoy y Rubalcaba. Ocurre que el PP y el PSOE acostumbran a comunicar a la ciudadanía el candidato que elegirán los 20 vocales antes de que estos se reúnan, deliberen y voten. Si eso no fuera suficiente prueba de la existencia de esa correa, el wasap de Cosidó, senador del PP, felicitando a sus compañeros de partido porque “controlaremos desde detrás la Sala segunda” debería desterrar cualquier duda al respecto. Y echen, en fin, un vistazo al CV de Álvaro Cuesta, elegido en el CGPJ por el PSOE… ¿de veras alguien cree que este señor no está politizado?

Lo que está ocurriendo es una vergüenza brutal sobrevenida sobre una vergüenza inicial. La vergüenza inicial es el procedimiento de elección del Consejo, que lo coloca a los pies de los partidos, y con él a toda la cúpula judicial. La vergüenza sobrevenida y brutal es lo que está haciendo el PP, que lleva cuatro años bloqueando la renovación. El principal partido de la oposición incumple la ley abiertamente. No lo hace por “la independencia judicial”, todo lo contrario: lo hace porque en el Consejo actual tiene mayoría y por tanto el control. Esto es, lo hace por la “dependencia judicial” más descarnada que se pueda concebir. Se está llevando por delante la institución, tal y como Cristina Cifuentes se llevó por delante a la Universidad Rey Juan Carlos. Le da igual. Pablo Casado llegó a un acuerdo de renovación, Feijoo prefiere el bloqueo. Sin siquiera tocar el poder, el actual PP ha logrado pudrir todavía más una situación ya de por sí vergonzosa, como constantemente nos recuerdan desde Europa. Con moderados así, ¿quién necesita radicales? 

No dejan de sorprenderme las constantes acusaciones de “deslealtad” dirigidas a Podemos no ya cada vez que surge un desencuentro entre los ministros de ese partido y los de la parte socialista – algo, como voy a intentar defender, completamente normal en cualquier democracia - sino incluso cuando diputados de Podemos critican al Gobierno desde el Parlamento, algo que configura el abecé de la división de poderes en su versión digamos clásica. En muchos casos esas recriminaciones son tan solo una señal más, otra, de una apabullante falta de ecuanimidad. Acusar de deslealtad a Podemos en el Gobierno de la Nación mientras se jalean los adelantamientos electorales provocados por Ayuso o Mañueco y la consiguiente defenestración de Ciudadanos – su socio de gobierno en ambos casos - revela una parcialidad tan evidente que sobra cualquier comentario. Pero no solo es eso. Hay también algo de incomprensión de la lógica política en un contexto multipartidista.

¿Debe Podemos, como formación política, asumir resignadamente todo lo que Pedro Sánchez decida durante los cuatro años de su mandato? ¿Es deslealtad que exteriorice lo que piensa? En buena lógica, la lealtad solo cabe exigirse con respecto al cumplimiento de un pacto o acuerdo determinado. Lo contrario – la ausencia de discrepancias en todo, durante cuatro años – no sería lealtad, sino más bien identidad o fusión. Y una coalición no es eso: es el acuerdo entre dos sujetos diferentes que deciden colaborar en la consecución de ciertos objetivos comunes, pero manteniendo su particular identidad. 

Ese pacto o acuerdo, que es de lo único de lo que puede exigirse en rigor “lealtad” - y sobra decir que tanto a una parte como a la otra - es público, se firmó el 30 de diciembre de 2019, y se supone que orienta la acción del Gobierno. Que durante el transcurso de la legislatura surjan temas frente a los que ambos partidos mantienen una postura diferenciada – Cataluña, Marruecos, las distintas visiones del feminismo, Ucrania, la Monarquía, etc. – es algo que va de suyo en la lógica de todo gobierno de coalición, y sorprende que aquí, lejos de entenderse como señal de normalidad democrática, se interprete constantemente como traición, felonía, infamia y defección. Décadas de bipartidismo han hecho sin duda mella en nuestra percepción de la esfera política. 

Pero no se trata solo, creo, de una cuestión de expresión de preferencias y por tanto de la mera posibilidad de deliberación democrática. Se trata de que el pluripartidismo ha acabado configurándose como uno de los mejores y más eficaces complementos de la triada clásica “legislativo, ejecutivo, judicial” que seguimos enseñando como una suerte de latiguillo escolástico, pero que ha perdido en parte su razón de ser. Dejemos a un lado el poder judicial, que - cuando es independiente del poder político, cosa que aquí está lejos de ser del todo cierta -  puede controlar a los otros dos. Lo cierto es que, en un universo con partidos políticos – es decir: en todas las democracias realmente existentes – que el legislativo controle al ejecutivo, o viceversa, constituye una entelequia. La cuestión no es si esos dos poderes estatales existen, que lo hacen siempre, sino si en ellos impera un solo partido o varios. 

Si solo es un partido el que copa tanto Moncloa como el Congreso, la mera posibilidad de control mutuo desaparece. ¿De veras hemos de creer que Felipe González, jefe de filas del PSOE, podía ser controlado por la mayoría parlamentaria de diputados socialistas, que eran sus subordinados? ¿Quién controlaba a quién, los diputados populares a Rajoy o Rajoy, líder indiscutible del PP, a sus parlamentarios? En casos así no hay dos poderes – legislativo y ejecutivo – operando y vigilándose, sino uno solo: el partido político que, si tiene mayoría absoluta, es el verdadero poder que se sobrepone a los otros dos y los somete. 

Bajo una coalición, sin embargo, el sujeto que dirige tanto uno como otro poder ya no es uno, sino varios. Dos partidos, en nuestro caso. Y solo en la medida que mantengan su propia identidad y su propia línea de acción diferenciada podrán controlarse uno al otro, porque el pluripartidismo – que en Europa es la norma, recordemos – se ha configurado de alguna manera como el sustituto institucional de un control legislativo/ejecutivo que, sin él, no puede existir ya en las democracias de partidos.  Por eso, a la postre, y un tanto paradójicamente, lo cierto es que los que se rasgan las vestiduras cada vez que Podemos se desmarca de la acción del Gobierno e incluso lo critica (cosa que, por lo demás, en buena lógica institucional debería hacer también el propio PSOE, aunque tal extremo se empieza a contemplar ya como política ficción pura y dura) no están, en el fondo, más que o bien malentendiendo la realidad política e institucional del pluripartidismo,  o bien anhelando el anterior universo bipartidista y pensando desde él y desde los parámetros que han configurado, durante demasiado tiempo, la mirada de muchos. 

A falta – por supuesto - de una investigación independiente, todo apunta a que en Bucha, en Borodyanka y en muchas otras localidades ucranianas el ejército ruso ha llevado a cabo brutales crímenes de guerra contra la población. Las imágenes de los cuerpos acribillados, el descubrimiento constante de fosas comunes repletas de civiles y los desgarradores testimonios de los supervivientes despiertan en nosotros una sanísima indignación moral que pide a gritos justicia, y pocas cosas nos resultarían moralmente más hermosas que poder ver a Putin, responsable último de esas ignominias, sentado ante un tribunal internacional y juzgado en consecuencia. Ese sentimiento natural y esa reclamación elemental de justicia es lo que nos separa de la barbarie, y sobre ambas descansan las mejores construcciones jurídicas de las que hemos sido capaces de dotarnos para organizar nuestra vida en común: los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho.

Pero idéntica indignación, movida por idéntico sentimiento natural, nos deberían despertar entonces – incluso a posteriori, esto es: hoy, ahora – los civiles asesinados en Irak y las abrumadoras evidencias de que allí nuestros ejércitos cometieron las mismas e idénticas atrocidades, sólo que, de momento, en un número extraordinariamente mayor. A mí también me gustaría ver sentados ante un tribunal internacional a Bush, a Blair y a Aznar, que, a falta – por supuesto - de una investigación independiente, son los responsables últimos de aquella carnicería de inocentes. Y, sin embargo, algunos solo parecen albergar en su interior la indignación moral, el natural sentimiento de repulsa y la universal aspiración de justicia para unos civiles inocentes… pero no para otros. 

¿Qué es lo que modifica la disposición de millones de personas – perfectamente honestas y sensatas, por lo demás - a ver un delito en un lado, pero a negarlo en el otro? ¿Qué causa opera para que se juzguen con distintas varas de medir sucesos en esencia similares? ¿Qué mágico elemento actúa en esa suerte de distorsión de la percepción moral? Conviene, creo, señalar estas y otras contradicciones, porque de la resolución de las mismas – o de su mero descubrimiento, pues su eficacia descansa en que son del todo inconscientes – depende en buena medida la posibilidad de progresar hacia la construcción de un mundo basado en los valores de la humanidad y en lo que nos une o la amenaza de retroceder hacia uno basado en las naciones y en lo que nos separa. 

Hay sin duda muchas respuestas a esos interrogantes, pero una descuella con particular fuerza: los míos, la mera pertenencia, el llamado de la tribu. La identidad sigue siendo un factor determinante en nuestra conducta política, del mismo modo que la territorialidad lo es en la de muchos animales. Cuando son “los nuestros” los que cometen atrocidades, no solo no las vemos tan claras como cuando las cometen otros, sino que las justificamos casi de modo inevitable. 

Frente a esa identificación irracional con los míos – y “los míos” pueden ser los de mi nación, los de mi religión, los de mi ideología y los de numerosos otros santuarios - se levanta lo mejor de la tradición de la modernidad: la juridicidad propia del Estado de derecho. Las leyes no han de guiarse primordialmente ni por la identidad del sujeto ni por los motivos que lo mueven. La venda que la justicia lleva en los ojos señala que lo único susceptible de juicio son las concretas acciones, y no otra cosa. Lo contrario es el derecho penal del enemigo, y por tanto la fuerza bruta, la ausencia de normas y la barbarie. Lo que vimos en Irak, lo que vemos ahora en Ucrania, lo que hemos de aprender a no repetir. 

“Por qué Occidente tiene la culpa de Ucrania” es el título de una charla impartida en 2015 por John Mearsheimer. Pese a lo que puede parecer, Mearsheimer no es ningún nostálgico de la dictadura soviética. Tampoco un nacionalista de corte tradicional, del tipo de los Bolsonaro, Le Pen, Salvini o Abascal, cuya ideología resulta estructuralmente similar la de Putin, a quien no por casualidad admiran. Muy al contrario, es uno de los más reputados especialistas mundiales en Relaciones Internacionales, el más destacado académico de la escuela “realista”, en la línea de Kissinger, quien también, por cierto, comparte su visión sobre el conflicto de Ucrania. En la charla – que roza hoy los 25 millones de visitas en Youtube, algo completamente insólito en una conferencia académica - Mearsheimer afirmaba que la incorporación de Ucrania a la OTAN suponía una línea roja que obligaría a Rusia a intervenir en el país. La conferencia está en inglés, y cuando la veía me llamó la atención el verbo que el autor usaba para referirse a esa posibilidad: antes de permitir que eso ocurriera, afirmaba, Putin “wretch” Ucrania. Tuve que mirar lo que significaba “wretch”, no me acordaba. Significa “destrozar”. 

Mearsheimer dice textualmente que lo que Putin estaba haciendo en 2014 con su intervención tapada en el Donbás era decir a Occidente: “tú no puedes tener Ucrania, y, antes de dejar que la tengas, la destrozaré”. “¿Está loco, es irracional? No lo creo, es simplemente estratégico” afirmaba el académico. Tiene un objetivo y utiliza los medios a su alcance para alcanzarlo. Como el destrozo del Donbás que Putin inició en 2014 – 14.000 muertos, según la ONU - no fue suficiente para impedir la entrada de Ucrania en la OTAN, en 2022 ha acabado invadiendo el país y provocando una nauseabunda sangría.

Este martes 5 de abril el Almirante General López Calderón – el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el más alto cargo militar español - afirmaba en Madrid que “Putin ha perdido ya la guerra, al menos desde el punto de vista político y estratégico”. Pero el caso es que la noción de “perder” - como la de su contraparte, “ganar” – solo cobran sentido atadas a un objetivo que las dote de significado y las configure. ¿Cuál es el objetivo de Putin? ¿Qué perseguía política y estratégicamente? Parece descartado que quisiera “conquistar Ucrania”, como se repite sin parar. El sitio de Kiev no parece haber sido tanto un intento de invasión de la capital como más bien una brutal amenaza al gobierno de Zelenski para que se exiliara o accediera a las exigencias de Putin. Zelenski, sin embargo, ha decidido resistir y enfrentarse militarmente a los rusos. Una vez asumido ese extremo, Putin se retira de Kiev. 

Eso, en efecto, no ha salido como él esperaba, y ha sufrido una derrota. Pero la propia toma del gobierno ucraniano no podía ser, en sí misma, el objetivo de la guerra, sino más bien un medio para lograr sus verdaderos objetivos. Si Zelenski se hubiera rendido, Putin los hubiera conseguido sin guerra de por medio, solo mediante la amenaza de la misma (entiéndase ese “solo” con todas las consecuencias – violación de la legalidad internacional y no pocos muertos- que conllevaban los primeros días de la invasión). Zelenski, sin embargo, decidió resistir, y la situación es la que es. Más allá de eso, ¿cuáles podemos suponer que son los objetivos de Putin? 

Si el primero consistía en que Ucrania no formara parte de la OTAN, ya lo ha conseguido. El segundo parece ser anexionarse un corredor que una Crimea con el Donbás. Desgraciadamente, todo hace sospechar que las atrocidades que hemos visto en Bucha, en Borodianka y en otras ciudades conforme el ejército ruso se retiraba de Kiev pueden ser solo una tenue avanzadilla de lo que veremos en el Donbás, donde la estrategia ya no es amenazar, sino conquistar a sangre y fuego. Mariúpol es ahora el siguiente objetivo. De esa ciudad habían llegado noticias e imágenes brutales de barbaridades cometidas al parecer por los propios ucranianos contra la población prorrusa. En caso de que los rusos entren – una contingencia que el propio JEMAD asumía el martes - el escenario no podrá ser más terrorífico. 

El tercer objetivo es probablemente interno. En 2014, con la anexión incruenta de Crimea, la popularidad de Putin subió del 63 al 70%. Ahora, tras la invasión, se ha disparado al 81% (es curioso, por cierto, que esta noticia haya tardado más de una semana en llegar a España, frente a lo ocurrido en otros países). Si el objetivo principal de las sanciones económicas consiste en hundir la aceptación de Putin entre los rusos, el fracaso es estrepitoso. Cuando llegan cadáveres a un país, resulta muy complicado que la población se posicione contra la causa por la que han muerto sus soldados y a favor de los que los han matado. Frente a la sangre de los propios jamás o muy pocas veces han servido las razones, sino solo la pura y desnuda pertenencia. “Entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre”, afirmó célebremente Camús. Él era francés, su madre argelina, pero la cita es universal: en Bruselas no parecen entender que, cuando se trata de elegir entre la justicia y los hijos, en Rusia no son diferentes a nadie. Si a esa evidencia le añadimos el hecho de que la población rusa cree sinceramente que su gobierno está haciendo lo correcto – si en Estados Unidos, con libertad de prensa, había una mayoría favorable a la invasión de Irak, ¿qué podemos pensar de la población rusa, sometida a un estricto bloqueo informativo por su gobierno? -  la eficacia de las sanciones es un perfecto brindis al sol. 

Es en este plano interno en el que, por lo demás, hay que situar la apelación de Putin a la “desnazificación” de Ucrania, una argucia ideológica que legitima la guerra nada menos que mediante su vinculación con la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Europa del fascismo, una gesta sagrada entre los rusos. Se trata de un elemento que cumple un papel similar al de las supuestas armas masivas de Sadam Hussein. Da igual que sea esencialmente falso: para resultar eficaz basta con que exista algún pequeño indicio al respecto, y, existir, existen. Los rusos matan a ciudadanos de Bucha creyendo que son nazis, como Aznar sigue justificando la atrocidad de Irak porque él creía que había armas. 

Y hay, por último, un cuarto factor, uno que por su complejidad psicológica no sé si atiende a la categoría de objetivo – algo que está al final de la acción y que tira de ella desde un hipotético futuro – o a la de causa – algo que se sitúa al principio y que empuja a la acción, que la impele, que la provoca desde el ahora, y que, frente a la racionalidad medios-fines propia de la noción de “objetivo”, posee una naturaleza más bien pasional y por tanto inasible a la razón. Mearsheimer cita muchas veces, refiriéndose a Rusia, dos emociones que en cierto sentido son opuestas pero que, a la vez, configuran la misma pulsión: la humillación y el orgullo. Rusia es un viejo imperio que busca su lugar en el mundo, que se siente ninguneado y despreciado y que ha encontrado en Putin su redentor. Y la humillación y el orgullo son quizás las pasiones más peligrosas e incontrolables que pueden cobijar los corazones humanos. 

De los cuatro objetivos, lleva camino de lograr los cuatro. En 2014 no le importó provocar 14.000 muertes en Donbás. Se le ignoró y ahora ha dado un zarpazo sangriento sobre la mesa y ha originado una masacre y una guerra todavía peores. Armas y sanciones es todo lo que escuchamos como respuesta. No solo es que ni unas ni otras parece que funcionen, es que es evidente que agravan el drama. Solo algunos, entre tanta oscuridad, señalan fugaces posibilidades de engendrar algo de luz. Yo no creo, ni remotamente, que Occidente tenga la culpa de la tragedia ucraniana, que es atribuible por entero a Putin. Pero sí creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias, que podían haber sido muy distintas si se hubiera hecho política de otra manera. Una manera realista, no solo moralizante.

Dada la situación militar real y el sufrimiento del pueblo español (…) lo verdaderamente vergonzoso fue haber permitido que la guerra durara tanto tiempo.

George Orwell, sobre la guerra civil española.

Durante estos días, a cuento de la cuestión de si debíamos o no enviar armas a Ucrania, se ha traído a colación la guerra civil española. El argumento reza que, de la misma manera que la obligación política y moral de las democracias de la época era haber ayudado, tras el golpe de estado militar, al gobierno legítimo de la primera democracia española, ahora, por idénticas razones, se nos impone el deber de enviar ayuda a los defensores ucranianos. A priori es difícil no estar de acuerdo. 

Pero la cuestión es más, muchísimo más compleja. ¿Es “en la guerra civil española”, así en abstracto, donde tal apoyo hubiera estado justificado? Depende. En julio de 1936, al principio de la guerra, sin duda habría supuesto una enorme ayuda para la democracia española. El fascismo italiano y los nazis alemanes no dudaron en apoyar a los golpistas, y probablemente eso decantó la guerra. Aunque implica adentrarse en argumentos contrafácticos, y por tanto indemostrables, parece lógico suponer que, si Francia y Gran Bretaña hubieran apoyado a las autoridades españolas elegidas en las urnas, quizás no habríamos sufrido cuatro décadas de dictadura franquista. Pero el caso es que esa misma decisión, de haberse tomado en marzo de 1939 - cuando, desde una perspectiva estrictamente militar, el gobierno legítimo de España se encontraba a todas luces vencido tras tres años de guerra – no hubiera tenido mucho sentido. Un apoyo militar aliado - no hablo de entrar en la guerra, sino de algo parecido al contingente alemán e italiano - hubiera servido para alargar la guerra y para elevar el número de muertes, pero no para decantar en ningún sentido el final de la misma. Una conclusión que se torna todavía más evidente si la desplazamos unos años en el tiempo e imaginamos que a alguna potencia extranjera se le hubiera ocurrido apoyar militarmente al Maquis, la guerrilla antifranquista que mantuvo cierta presencia en los Pirineos hasta los años 50 e, incluso, 60. Hubiera supuesto un despropósito.  

La frase de Orwell que abre este artículo se sitúa en marzo de 1939, cuando el Coronel Casado, fiel al gobierno legítimo de España hasta entonces, dio un golpe de Estado para poder rendir Madrid ante Franco. Orwell asume que en ese momento la decisión de Casado era la correcta, la única que cabalmente cabía tomar, puesto que continuar la guerra carecía ya de sentido alguno. ¿Por qué? A Orwell no se le puede reprochar nada. Estuvo combatiendo, al lado de la democracia, con los Brigadistas Internacionales, de manera totalmente voluntaria. Se dejó la piel, y no hay duda del compromiso que adquirió con su época. Y, sin embargo, en un determinado momento asume que hay que rendirse. ¿Qué razón le empuja a ello? Como siempre en él, no puede ser más honesto: “la situación militar real”, aduce como todo motivo. “La situación militar real”, esto es, el abismo sin ley ni derecho que media entre lo justo y lo posible y que nos sitúa frente a dilemas tan despiadados, tan atroces y tan injustos como inevitables. Camús lo expresó muy bien: “Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa”.

¿Cuál es “la situación militar real” en Ucrania ahora mismo? ¿Estamos en el momento 1936 o estamos en el momento Casado? Creo que no lo sabemos, y creo también que estamos lejos de estar informados. La diferencia entre unas noticias y otras es tan abrumadora que yo al menos asumo que lo que mayoritariamente nos llega es propaganda. Pero hay algo que sí sabemos: en un determinado momento, se alcanzará un acuerdo. Zelenski está demostrando una talla humana descomunal, y, como en un chispazo, ha devuelto a un ámbito tan desacreditado como la política una aureola de admiración. Las insidias sobre su supuesto filonazismo y similares sombras son infamias, pura basura. Sus antecedentes políticos son impecables. Es un demócrata y representa a la democracia frente a un tirano que ha pisoteado el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas. Pero, precisamente por eso, combate contra una maquinaria militar brutal que carece de motivo alguno para detenerse. Su momento Casado llegará. Quizás ya ha llegado. 

Franco lo quería todo: toda España, y tras una limpieza ideológica, además, de la mitad de los españoles que él consideraba traidores. No está claro – o al menos yo no tengo claro – qué quiere Putin. ¿Quiere Crimea, el Dombás y un compromiso de neutralidad para Ucrania? ¿Quiere toda Ucrania? ¿Quiere Europa, y esto es solo el primer paso, como dicen algunos? Aquí también reina la propaganda más que la información. Creo que “la situación militar real” y los objetivos finales de Putin – cosa ambas que repito que ignoro – van de la mano, e intuyo que ver un mapa de Ucrania con los frentes actuales del ejército ruso acerca bastante la respuesta. Pero, sea como sea, espero que, cuando a Zelenski le llegue la fatídica hora del momento Casado, los gobiernos occidentales le hagan ver que en ese instante los pocos despojos que la guerra, el horror y la miseria humanas dejan a la moral y a la responsabilidad políticas caen siempre del lado del abismo que linda con lo posible, jamás del flanco que reclama la razón y la justicia y por tanto el irredentismo, la gloria y el orgullo. Porque esos mismos gobiernos, hasta ahora, no sé si han estado a la altura, sino todo lo contrario. 

La reciente visita de Yolanda Díaz –Vicepresidenta del Gobierno y miembro del Partido Comunista de España– al Papa Francisco merecía seguramente un debate de mayor calado que el que se suscitó en nuestro solar patrio, si es que de “debate” puede tildarse la polvareda de insultos y vilipendios que el suceso vino, al menos entre alguna derecha, a levantar.  

La izquierda y el cristianismo han compartido siempre ciertos valores, cierta comprensión del ser humano que los separa radicalmente del acercamiento que abraza la concepción moral que subyace en la mirada, puramente economicista, del denominado “neoliberalismo” (tengo mis precauciones contra esa etiqueta, que hace de la libertad patrimonio solo de unos, pero no entraré en eso aquí). El mandato evangélico que reza aquello de “el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo” y el concepto, propio de la tradición de la izquierda, denominado “progresividad fiscal” comparten un mismo sustrato ético, un entendimiento de la sociedad como conjunto de obligaciones entrelazadas y no como mero agregado de átomos aislados. 

Algo similar ocurre con el hermosísimo mandato de Mateo 25 - “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” - y la preocupación por los inmigrantes, que siempre ha estado más del lado de la izquierda que del de la derecha. Hay, por descontado, diferencias entre ambos acercamientos. La izquierda siempre ha entendido que la caridad cristiana era profundamente insuficiente, y que había que trasladarla al corazón de lo público, institucionalizarla. Pero, más allá de eso, la raíz, el impulso, el latido que palpita tanto en un ámbito como en el otro es idéntico. Y es esa raíz, ese impulso o ese latido el que el así llamado “neoliberalismo” rechaza. Para esa mirada la suerte de los demás no es algo públicamente relevante, sino tan ajena a la responsabilidad de cada cual como los fenómenos atmosféricos. Si el otro pasa hambre o carece de túnica o ha sido expulsado al Mediterráneo en una patera, no es problema nuestro. O, mejor, no es un problema político: dependerá de la moral personal de cada uno. 

Aquí cruza otra divisoria, la nación. El gran mérito de los nuevos gurús del movimiento internacional de derecha radical ha consistido sobre todo en lograr imbricar –de modo casi diría que contra natura– entidades que en su misma esencia repelen el individualismo, el atomismo metodológico y la concepción del ser humano como mera máquina de calcular beneficios, como son por esencia la religión y la nación, con una doctrina económica que concibe al otro como mero competidor frente al que el único espacio compartido es precisamente el de la competencia, esto es, el mercado. 

Para lograr esa imbricación han de proceder a un vaciamiento previo, a un entendimiento determinado de la nación y de la religión (y de muchas otras categorías, por descontado). La nación se define como identidad frente a los de fuera, como mera frontera. No como solar común en el que deliberar entre todos sobre cómo articular la vida pública –un enfoque eminentemente político, en el que lo primero que se ha de abordar son las diferencias entre unos y otros, las de nacimiento, oportunidades y riqueza, en primer lugar, y todas las otras (sexualidad, pertenencia, memoria, etc.), en segundo– sino como mera pertenencia, en un enfoque meramente identitario de los de dentro contra los de fuera que anula toda otra dimensión y que condena a la categoría de traidor –o de mal “mal español”, por decirlo con la expresión exacta– a quien no se someta al mismo.

Lo mismo hacen con la religión. Aquí uno de los ideólogos de esta nueva pero antiquísima derecha extirpa (a capricho, todo hay que decirlo: menudo ejemplo de cherry picking) al cristianismo de toda entraña moral: ser cristiano no es obrar bien, no es ser buena persona, no es seguir los mandamientos o el Sermón de la Montaña. Ser cristiano consiste en creer que Jesús resucitó para salvarte, y punto. Una concepción de la religión completamente desligada de cualquier sustrato ético y por tanto perfectamente funcional para el juego identitario. 

Nada de extraño tiene, así, que la visita de Yolanda Díaz al papa –y el papa en sí, por descontado– les saquen de quicio. Frente a la mirada de la vieja nueva derecha radical, en la concepción religiosa de Francisco sí hay una lectura moral del mundo. Y esa lectura se traslada a la nación de los católicos, que es el mundo, pues no en vano “católico” significa “universal”. Y lo mismo ocurre, ya en el terreno de lo específicamente político y nacional, con la noción de “patria”. Solo cuando se la ha vaciado de todo sentido moral para transformarla en una mera identificación grupal puede caber, ¡entera!, en un pin, en una pulserita, en una bandera o en la reivindicación de un yelmo medieval. En esa concepción o estás con nosotros o con el enemigo. Cuando, por el contrario, se la concibe como lugar de diálogo y discusión política, afloran los conflictos y aparece la política. La política de verdad, no la tachunda de la identidad.  

El hecho de que Fátima Hamed luciera el velo en su encuentro con Yolanda Díaz y otras políticas ha despertado de nuevo la polémica. Una polémica que tiene abiertos, al menos, tres frentes: el de la izquierda, el del laicismo y el del feminismo. Se trata de una cuestión, vaya por delante, considerablemente espinosa, en cuyo interior bullen complejísimos elementos culturales, históricos y hasta biográficos. Nada de extraño tiene, por ello, que no se encuentre resuelta, sino más bien todo lo contrario. 

Quizás la manera más fácil de abordar el tema del velo venga de uno de los extremos, el que aboga directamente por su prohibición, una postura que, si bien por razones distintas, abrazan ideologías completamente contrarias: hay feministas, laicistas y gentes de izquierdas que prohibirían el velo, exactamente como lo prohibirían la extrema derecha, el nacionalismo blanco y otros curiosos compañeros de viaje. El hecho mismo de que defiendan una medida tan extrema, que supone violentar la voluntad de las ciudadanas adultas que quieran lucir el velo, señala la intensidad con que defienden los ideales que, respectivamente, persiguen proteger con ella. Cierto feminismo asume que el velo es intrínsecamente machista, y que bajo ningún concepto puede permitirse, porque atenta contra la libertad de las mujeres. Cierto laicismo afirma que el velo es inevitablemente religioso, y que por tanto carece de espacio en el lugar público. Y cierta izquierda, por fin, en la medida en que se identifica con ambos idearios, abraza la prohibición. La derecha, el nacionalismo y los otros protegen sus particulares dogmas: la nación, Europa, Occidente, etc., interpretados – eso sí – al modo reaccionario: solo caben los que son como ellos. 

A mi juicio la prohibición no es una salida sensata. Primero, porque supone un doble rasero con respecto al trato ofrecido a otras religiones. Si abogamos por suprimir el velo de las musulmanas, en buena lógica tendríamos que hacer lo propio con cualquier prenda católica equiparable. Resulta cuanto menos llamativo que el velo de las musulmanas azuce recurrentemente la polémica, mientras que el de las monjas católicas pase en buena medida desapercibido. Lucía Caram y Teresa Forcades, monjas que se han señalado claramente a la izquierda, no levantaron una controversia semejante, ni nadie – que yo sepa – solicitó la prohibición de su indumentaria. Y tan machista como el velo de las monjas es, sin duda, la sotana de los curas, pero nadie podrá negar el activismo de ciertos sacerdotes – la Teología de la Liberación en América Latina, el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, etc. – a los que jamás nadie reprochó nada desde la izquierda, sino al contrario. ¿Por qué a Fatima Hamed, en vez reconocérsele sus méritos políticos, la contemplamos desde un prisma diferente?

Eso me lleva al segundo argumento. La polémica del velo es, sobre todo, un arma de reducción masiva. Ciega la mirada por completo a todo aquello que no sea el aspecto religioso (que, en el fondo, se enfoca desde parámetros culturales y/o nacionales) e impide cualquier otra perspectiva. Toda la actividad – de Fátima Hamed en este caso, pero sobre todo de todas y cada una de las chicas y mujeres con velo que vemos en nuestro día a día – queda reducida al hecho de que son musulmanas. Y, sin embargo, de la misma manera que católicos lo son o lo eran Franco, Oriol Junqueras, Pitita Ridruejo, Valle Inclán, el Padre Apeles, Pierce Brosnan y no pocos etarras, esas miles y miles de mujeres serán también completamente diferentes las unas de las otras, completamente diversas y completamente únicas… ¿por qué a ellas las reducimos a un velo?

El último argumento contra la prohibición tiene que ver con la libertad. El velo es indiscutiblemente un ropaje machista en cuyo origen late una concepción de la mujer como creación completamente subordinada al hombre, para el que ellas han de ataviarse de una u otra manera. No es una prenda que surja de la autonomía y libertad de las mujeres, de su propia y soberana espontaneidad, sino una que se concibe desde la mirada del hombre, a cuyos deseos y perspectivas ellas han de someterse. Pero precisamente porque su origen no es la propia autodeterminación personal de las mujeres, su final no podrá venir tampoco de fuera. Imponerles un no-velo es imponerles algo. Todas las buenas razones con las que se quiera adornar una decisión así palidecerán ante el hecho de que, de nuevo, no son ellas las que libremente deciden, sino que otros – antes los musulmanes varones, ahora cierto feminismo, cierta izquierda, cierto laicismo, cierta nación española, cierta Europa o cierto Occidente: qué más da – lo hacen por ellas. 

La liberación de las mujeres en la modernidad europea no fue un camino de rosas: se transitó a lo largo de casi dos siglos, muchas mujeres empujaban en contra, y todavía está lejos de haberse culminado. Esas dificultades están ahí porque son producto de la libertad de las propias mujeres. Las musulmanas han de hacer lo mismo – ya lo están haciendo, de hecho, y, aunque la loca aceleración comunicativa que nos aflige no nos deje ver con claridad, a una velocidad mayor que la nuestra – y han de hacerlo por sí mismas, esto es, cómo y cuándo quieran. Cuando miro a Fátima Hamed veo, como cuando leía sobre el Padre Llanos, a una personalidad política, y no otra cosa. E intento que ni la sotana de uno ni el velo de la otra desvíen demasiado mi mirada. 

Resulta tristísima la suerte de desprestigio en la que paulatinamente se está sumiendo la Constitución de 1978. Una constitución que nació en su día como una promesa colectiva, una ilusión democrática capaz de unir a todo el arco político, desde el Partido Comunista hasta la Alianza Popular de Fraga y que, a tenor de todos los indicios, va a acabar sus días oscurecida, marchita y vaciada de toda savia vital por aquellos que dicen hablar en su nombre. 

Los rastros de su decadencia son muchos, pero algunos sobresalen especialmente. En primerísimo lugar, la numantina negativa a reformarla. Las dos únicas ocasiones en las que el parlamento ha modificado el texto constitucional lo ha hecho obligado –“presionado”, si prefieren el eufemismo– desde fuera. Una, en 1992, para hacer posible que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran presentarse como candidatos a las elecciones municipales, algo a lo que el Tratado de Maastricht nos obligaba. Otra, en 2011, por las presiones austericidas de la troika, en un episodio que los habituales defensores de “la soberanía nacional” acostumbran a pasar por alto. 

Se trata de una anomalía democrática especialmente significativa y lacerante. Si el pacto fundamental que vincula a la ciudadanía con las instituciones no se renueva cada cierto tiempo, nada tiene de extraño que germinen en el cuerpo social la desafección y el desencanto. La inconfesable sensación de herejía que rodea entre nosotros a la mera mención de la posibilidad de una reforma constitucional solo puede abordarse desde los parámetros del psicoanálisis: sencillamente no es racional. La expresión al uso -“abrir el melón”, como quien se acerca a un peligroso artefacto explosivo (con el que nuestra democracia vino, al parecer, al mundo) y no a un texto legal elaborado libremente entre todos- ya lo dice todo. Desde al menos 2008, existe una supermayoría social que aboga por la reforma, pero una y otra vez esta se asume, por alguna extraña razón, como imposible. Todo ocurre como si, en vez de ser nosotros los soberanos y dueños de la Carta Magna, fuera ella, dotada de voluntad propia y dispuesta a no ser manoseada por advenedizos, la dueña y señora, siendo los ciudadanos sus vasallos. Más del 70% de los españoles estamos por la reforma, desde hace más de una década, pero no es que no se reforme, es que ni siquiera se intenta. Es anatema. 

Los elementos fundamentales que están en tela de juicio son, por lo demás, los históricos de nuestro constitucionalismo. La cuestión territorial, en primerísimo lugar. La situación en Cataluña hubiera sido motivo más que suficiente –¿qué otro, si no?– para proceder a una renovación de un pacto que ya se ha quedado obsoleto. Frente a esa respuesta política –como la que se procedió a abordar en Canadá con Quebec y en Gran Bretaña con Escocia– aquí se prefirió cargar dos cruceros con antidisturbios y acudir al conflicto cachiporra en mano. Por descontado, la judicialización del caso catalán lo ha envenenado sin avanzar un ápice en su solución. Algunos parecen pensar que, dado que ya no se visibiliza la ruptura de una parte de la población catalana con la Constitución, la cosa se ha solucionado. Pero una mirada más de fondo no se compadece bien con semejante diagnóstico: por primera vez en la historia, los votantes proindependencia han sido mayoría no solo en escaños, sino además en número, algo que nunca, ni en los peores tiempos del procés, había sucedido. Para quien sepa lo que significa la palabra “futuro” el problema no se ha mitigado, sino al contrario. 

La monarquía, en segundo lugar. Hay poco que decir de la cantidad de desprestigio que se ha echado a sí misma la institución tras la abdicación de Juan Carlos I. La corrupción del emérito, por lo demás, no se percibe como un hecho aislado, sino más bien como la punta del iceberg de un sistema en el que parecía permitirse. Y ocurre que, una vez expuesta al debate público, la cuestión de la Corona no puede zafarse ya de la pregunta por su legitimidad democrática. Juan Carlos I la obtuvo por su trayectoria tras la muerte de Franco, a cuyos herederos traicionó. Pero está por ver si Felipe podrá revalidar de algún modo esa gesta. De momento, y al contrario que su padre, ha perdido al nacionalismo catalán y, por extensión, a los otros no españolistas. Y por el flanco izquierdo las razones meramente estratégicas por las que el comunismo se alió con la monarquía tras la muerte de Franco han desaparecido. El horizonte es otro. 

Pero es quizás en la cuestión de la percepción de la estructura política y judicial dónde la fisura es mayor, y ya es decir. El descrédito que sufre la esfera de la representación parece ya crónico. La imagen de la justicia, por su parte, no es mucho mejor. Seguimos siendo uno de los países de la Unión Europea en el que la ciudadanía percibe que la Justicia es menos independiente del poder político. Un mal que, lejos de remitir, también se agudiza. 

Todas estas tensiones bullen en una olla cerrada en la que algunos se afanan en impedir toda reforma constitucional, esto es, en abrir una válvula que libere la presión. Lo hacen, además, apropiándose unilateralmente de los elementos que, en cuanto que se suponen de todos, deberían unirnos: la bandera, la nación y la Constitución de 1978. Esta última apropiación resulta relativamente reciente, y es la que ha supuesto una mutación con respecto a las primeras décadas tras 1978. La bandera y la nación ya nacieron, en buena medida, bajo el estigma de ser sobre todo de unos más que de otros. La Constitución, sin embargo, era de todos. El empeño de algunos en denominarse “constitucionalistas” no es otra cosa que la demostración de que, en el fondo, no lo son. O de que no entienden la Constitución como un acuerdo de todos, sino como un trágala de algunos. La patética elección de los miembros del Tribunal Constitucional a la que estamos asistiendo estos días no se puede explicar por sí misma: si se mira con perspectiva, no es otra cosa que una sombra más en un proceso de oscurecimiento que viene de lejos. 

El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio

Jorge Luis Borges

Cuando el PP recurrió la ley que regulaba los matrimonios entre personas del mismo sexo alegó que esos enlaces desnaturalizaban “la institución básica del matrimonio”. Su argumentación giró en torno al artículo 32 del texto constitucional, según el cual “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. A su juicio, de ahí solo podía desprenderse que, tal y como la Constitución lo entiende, el matrimonio lo era tan solo entre hombre y mujer, y que cualquier otra cosa era contraria a la norma fundamental. 

El Tribunal Constitucional dirimió la cuestión siete años más tarde, y lo hizo por una mayoría considerablemente amplia. Ocho magistrados juzgaron que la Constitución no prohíbe en ninguna parte de su articulado entender el matrimonio como un enlace entre dos personas del mismo sexo. Los otros tres miembros del Tribunal, por contra, defendían que el artículo citado solo podía leerse como una confirmación de que el matrimonio, constitucionalmente hablando, solo puede serlo entre hombre y mujer. Es un ejemplo de manual del tipo de cuestiones a las que ha de enfrentarse un Tribunal Constitucional. En ningún cielo platónico y trascendente está establecido qué es exactamente lo que la Constitución entiende por “matrimonio” de modo objetivo, indiscutible y sub especie aeternitatis. Por ello necesitamos, nosotros y todas las democracias realmente existentes, un Tribunal que interprete de uno u otro modo las palabras, los sentidos y los ángulos muertos de la ley fundamental. 

Hay, por descontado, varias posibilidades interpretativas. Una -a mi juicio especialmente endeble- consiste en decidir que el concepto constitucional de “matrimonio” no puede ser otro que el que, allá por 1978, tenían en la cabeza las personas que redactaron la Constitución y los ciudadanos que la aprobaron. Esta posibilidad se denomina “originalismo”. De acuerdo a la misma, en 2021 tendríamos que regirnos con arreglo a las concepciones morales del mundo propias del año 1978. En el ejemplo del matrimonio, es evidente que por aquel entonces nadie podía siquiera llegar a concebir la idea de una boda entre dos hombres -no digamos dos mujeres-, y que, por tanto, la provinciana y sombría y pacata mentalidad moral de aquella época sería la que, un poco como el Cid ganando batallas después de muerto, habría de imponerse en nuestros días. 

Hay, desde luego, muchas más teorías, y mucho más razonables, sobre cómo se ha de interpretar la ley, pero se las ahorraré. Lo que les puedo decir es que todas -y, por encima de todas ellas, el hecho mismo de tener que decidirse por una de ellas- implican algún tipo de decisión digamos moral. O subjetiva. O normativa.  O valorativa. O personal. O debatible. O como quieran decirlo. Aquí utilizaré el nombre más extendido: todas envuelven decisiones en buena medida políticas. No solo políticas, cierto: antes han de pasar un filtro jurídico. Pero, superado ese test de juridicidad, el fundamento en el que, como sociedad, nos apoyamos para decantarnos por una u otra posibilidad es un fundamento político. Esto es, discutible. Sería muy bonito que no fuera así, pero es que, en tal caso, y como ya sabía Aristóteles, seríamos bestias o seríamos dioses, pero sin duda no seríamos hombres y mujeres. 

Así que, frente a las empanadas mentales que me temo escucharemos estos días, hay que tener algo claro con respecto al pacto por el que el PSOE y el PP han acordado cuatro candidatos para el Tribunal Constitucional: son nombramientos que obedecen claramente a una motivación política, y está bien que así sea. O, más bien, no hay otra posibilidad democrática que no sea esa. Por eso todas las democracias tienen algún tipo de institución encargada de interpretar la Constitución y, aunque los mecanismos son muy variados, en todas el meollo es político. Esto es, ¡horror!, partidista. Aquí conviene aclarar algunos extremos.

Primero. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Intuyo que los tertulianos de guardia estarán ya citando a Montesquieu, y hablando de la división de poderes, y apelando a la independencia judicial, etc… Créanme: desbarran. La constitución y su interpretación son algo cuya esencia política es tan evidente que no merece la pena detenerse a señalar. 

Segundo. El político es un criterio de decisión continuamente vilipendiado, pero no deberíamos olvidar sus virtudes. Desde cierto punto de vista, recuerda mucho al proceder científico: no hay una verdad, sino una búsqueda; no se alcanza nunca nada definitivo, sino que se avanza siempre; no hay un tribunal externo o un criterio firme al que poder apelar, sino una misma y única instancia que se corrige a sí misma y que, de alguna manera, se alimenta de sus errores y lo sabe. En la ciencia, los avances son incesantes y multidisciplinares, y se plasman en innumerables publicaciones que se denominan “periódicas”; en política son más azarosos, pero también cristalizan cada cuatro años, esto es, periódicamente. Frente a otras pretensiones, la periodicidad encierra en su seno el reconocimiento de la ignorancia, de la imprevisión o del extravío. En 1978 que dos mujeres se amasen y quisieran compartir sus vidas se consideraba una aberración. Hoy es un logro moral. No conviene olvidar que se lo debemos a lo político, no a lo jurídico. 

Tercero. Los criterios han de ser políticos, pero por eso mismo sujetos a crítica política. Los motivos que han llevado al PSOE y a Podemos a designar a sus dos candidatos parecen, a priori, razonables. Hasta dónde sé, han elegido dos candidatos que, a la hora de interpretar la constitución, lo hagan de acuerdo a valores políticos progresistas. Los criterios del PP, por el contrario, parecen más bien clientelares. Las dos personas seleccionadas son conocidas por un seguimiento casi lacayuno de las órdenes o los intereses -no del ideario- del partido. Una incluso fue recusada, con éxito, en un proceso judicial por ese motivo. Mi intuición es que el PP  -su negociador, al parecer, ha sido Teodoro García, cuya formación jurídica consiste en que es ingeniero de Telecomunicación- está aquí haciendo política en el peor sentido. No la política de ideas y valores que debe hacer todo partido liberal o conservador digno de ambos idearios, sino la de intereses de parte y sucios cambalaches que traslucía aquel vergonzoso wasap de Cosidó -“controlar la Sala Segunda desde detrás”, ¿recuerdan?- si bien ahora aplicada nada menos que al Constitucional. Si yo fuera votante, cargo o intelectual del PP, me preocuparía. 

Cuarto. La elección de las otras dos instituciones es un monumento al bochorno. El Defensor del Pueblo se concibe ya por el PSOE y el PP como una suerte de premio personal para sus vacas sagradas en busca de un remanso jubilar. Un poco, para que me entiendan, como una suerte de Senado unipersonal. Bipersonal, más bien, gracias a ese magnífico hallazgo laboral, entiendo que bien remunerado, de la “adjunta al defensor”: ahora son dos cargos, bipartito en estado puro. Que un Tribunal “de Cuentas” tenga doce jefes (¡doce!) y que los doce sean elegidos por criterios “políticos” (clientelares, más bien), cuando las cuentas son lo más técnico que existe en este mundo, es como para que Valle-Inclán resucite solo para describirnos este nuevo e insuperable esperpento. También, por lo demás, es una vergüenza lo del bloqueo por parte del PP al pacto para nombrar un nuevo CGPJ (que, este sí, debería estar del todo fuera de las garras partidistas, porque es nada menos que el gobierno del Poder Judicial). En fin, el panorama es tan desolador que quita el aliento. Por hoy, tendremos que dejarlo, pero seguiremos, me temo.

Los estragos que sigue causando cierta concepción de la historia sobre el tipo de mirada que dirigimos hacia el pasado sobresalen en la cuestión de la colonización de América y en las recurrentes polémicas que se originan a su alrededor. Quizás la muestra más representativa de hasta qué punto toda esa enseñanza de “la Historia” no descansa en otra cosa que en lo que Ferlosio llamaba “literatura escolar de auténtico tebeo” la ofreció aquella boutade que tuvo a bien regalarnos Aznar cuando, en 1987, al verse en la tesitura de tener que escoger un personaje histórico al que admirara, optó nada menos que por el Cid, un mercenario especialmente cruel del siglo XI y, no contento con la hazaña, no dudó en posar, subido en la torre de algún castillo vallisoletano, disfrazado de algo parecido a un caballero medieval.

Casi con seguridad, a Aznar le vino a la cabeza el Cid porque lo que él había mamado desde niño – y lo que sin duda continúa configurando su universo moral -  es que Rodrigo Díaz de Vivar fue un héroe de la “historia de España”. Pero ni el Cid fue otra cosa que una suerte de soldado de fortuna a sueldo de príncipes tanto cristianos como musulmanes, ni “España” existía en el siglo XI ni, sobre todo, aunque hubiera existido y aunque el Cid hubiera sido uno de sus más exitosos militares, cuesta entender qué tiene eso de meritorio cuando a uno no le inoculan como de tapadillo – disfrazada de “historia” – una mitología nacional-militarista tan evidentemente pueril y moralmente hueca que se mantiene incólume si – con idénticas gestas, batallas, descubrimientos, hazañas e insuperables victorias – uno cambia “España” por “Francia” o por “Italia” o por “Turquía” o por “Tailandia” o por “Euskal-Herria”. Que el juguete siga funcionando a la perfección con independencia del nombre del sujeto desvela la medida en la que en ese tipo de “historia” lo sustancial no son las acciones, susceptibles de mayor o menor moralidad, de los diferentes agentes que pueblan el relato, sino el propio sujeto protagonista, que no es nunca la gente, sino siempre “la nación”. Y la nación ni entiende ni puede entender de moral, pues la moral, en la concepción nacionalista del pasado, se encuentra por completo sometida a su servicio. 

Ciertamente, aquella grotesca chirigota de Aznar ocurrió en 1987, y uno asumiría que la actual enseñanza de la historia poco tendrá que ver con las lecciones que el futuro presidente, cuando niño, habría interiorizado desde su pupitre del colegio de El Pilar allá por los años 60 del pasado siglo. No estoy diciendo, dios me libre, que no se haya avanzado con respecto a la morralla franquista -  no especialmente peor a este respecto, sospecho, que las morrallas anteriores – pero el avance no ha sido el que uno hubiera podido esperar. El currículum oficial de la asignatura de “Historia de España”, de segundo de bachillerato, habla de “nuestro pasado”, pero hete aquí que arranca en el Paleolítico. ¿De verdad los hombres y mujeres que vivieron en las cuevas de Altamira hace 15.000 años son en algún sentido mínimamente coherente más “españoles”, y por tanto más parte de “nuestro pasado”, que los que vivieron a unos 300 kilómetros al noreste, en la cueva de Duruthy, que a día de hoy resulta ser territorio francés? ¿Quiénes somos los “nosotros” de ese “nuestro pasado”? Todavía se escucha por doquier aquello de que Séneca y Trajano “nacieron en España”, cuando no, directamente, que ambos eran “españoles”. Quizás lo que debamos plantearnos enseñar a nuestros hijos no es historia “de España”, sino historia de la humanidad. Sustituir la historia – siempre nacional – por algo parecido a la antropología. Estudiar a los seres humanos, sujetos de eso que llamamos la moral y por tanto responsables y víctimas de sus muy diversas costumbres, creencias, logros e infamias; y desterrar de nuestra mirada las naciones, protagonistas de eso que denominamos, así con mayúsculas, “la Historia”, que solo entiende de grandeza y de sus correspondientes tributos en muerte y sacrificios. Hegel, el mayor corruptor de la contemplación del pasado que han conocido los tiempos, lo sintetizó a la perfección cuando dejó escrito aquella barbaridad sangrienta: “la historia no es el lugar de la felicidad. Los periodos felices son páginas blancas”. 

Si a todos los españolitos – y no españolitos, pues el mal de la historia me temo que es planetario, global, urbi et orbi - nos han metido en la cabeza, ataviado de “cultura”, “erudición” y “conocimiento”, semejante farragón intelectual, nada tiene de extraño que no pocos ciudadanos, cuando les preguntan por la colonización de América, asuman con la mayor de las naturalidades el conjunto de indigeribles subterfugios que suele configurar el menú de la justificación de que aquello debe conmemorarse (no digo recordarse, sino conmemorarse, esto es, celebrarse en algún sentido).

Uno de ellos, que asusta de puro absurdo, lo configura el hecho de que millones de nuestros convecinos consideren, a la vez y sin atisbo de contradicción, que la colonización de América fue algo bueno y positivo para el progreso de aquellos indios malditos y equivocados, pero que, por contra, los españoles que el 2 de mayo se levantaron contra el imperio afrancesado e ilustrado de Napoleón ofrecieron el mayor de los servicios a la patria; o que, mientras en Viriato puede admirarse a todo un mártir hispano de la resistencia contra los romanos, Tupac Amaru no fue otra cosa que un miserable traidor. Hasta ese punto, sin que ellos lo sospechen, no son ellos los que piensan, sino que es la nación que los ha educado la que les dicta lo que deben pensar. 

El número de bajas sufridas por la coalición internacional en la guerra de Afganistán tiene su propia entrada en Wikipedia. Ahí se detallan tales bajas – que son 3.609 en total – de acuerdo a su país de procedencia, de acuerdo al año en que se produjeron y de acuerdo a la provincia afgana en la que tuvieron lugar. Las bajas sufridas por el pueblo afgano, por el contrario, no parecen preocupar tanto. Algunas fuentes hablan de unas 165.000. Otras, de 150.000. Otras elevan la cifra hasta 234.675. En todos esos cálculos, alrededor de una cuarta parte de las víctimas son civiles. Esta desproporción entre una y otra información se acentúa en el caso de soldados españoles. De nuevo, conocemos con exactitud el número de bajas totales (104: 79 por accidente aéreo, 18 por atentado, 2 por accidente y 5 por infarto). Pero preguntar por el número de bajas que nuestros soldados hayan podido ocasionar resulta algo parecido a un anatema. Es como si la propia voluntad de saber constituyera una ofensa. 

¿Qué hemos hecho durante 20 años en Afganistán? Lo que debería generar una honesta mirada hacia nosotros mismos se ha transformando en una suerte de doble huida hacia la cobardía moral. Por un lado, descargamos la responsabilidad en Estados Unidos. Por otro, parecemos querer creer que nuestra presencia en el país ha sido bienintencionada, digna, virtuosa. Ambas huidas están entrelazadas: asumimos que también Estados Unidos - o, en la versión más grandilocuente, “Occidente” – estaba en el país por algún tipo de motivo elevado, y eso hace que nuestra presencia resulte menos perturbadora. La función que “las mujeres” están cumpliendo en esta suerte de purificación moral de tapadillo es digna del más alambicado de los divanes. Somos los defensores de las madres, de las hermanas y de las novias, pero repasen las cifras: hemos matado a 50.000 civiles, esto es: hemos matado a sus hijos, a sus hermanos, a sus novios. Y, por descontado, a ellas mismas. ¿Podemos ser, a la vez, salvador e invasor? La propia pregunta resulta esquizofrénica. No remite a una respuesta, sino a un diagnóstico: es una pregunta demente. Pero es lo que, mayoritariamente, hemos intentado creer: nos hemos ido y ha llegado el desastre. La posibilidad de que el desastre fuéramos nosotros (o, si quieren, la posibilidad de que el desastre también fuéramos nosotros), ni siquiera asoma a nuestra conciencia. No queremos enfrentarla. 

Ya sé que, al ritmo desatinado y descabezado que imponen los medios de comunicación, Afganistán ya no es noticia, pero quizás convenga elevar algunas dudas y preguntas incómodas. ¿Por qué fuimos allí? Solo hay un motivo: Estados Unidos. Imaginen por un momento que el 11S hubiera ocurrido en Angola, que los casi 3.000 muertos de aquel atentado hubieran sido angoleños y que hubiera sido Angola la que hubiera liderado la coalición internacional. Alguien dirá, “Angola ni es una democracia, ni pertenece a la OTAN”. De acuerdo, cambien Angola por Polonia. Jamás hubiera habido “coalición internacional” que acompañara a uno u otro país a la aventura. Jamás hubiéramos necesitado lavar nuestra conciencia en uno u otro sentido. La guerra de Afganistán no hubiera tenido lugar. 

¿Por qué seguimos a Estados Unidos, pero no a otros países? Es una pregunta interesante. El tipo de ascendencia que ese país tiene sobre nosotros, y sobre muchos otros países, es doble. Es cultural, desde luego, pero a la vez es económica. No haberse alineado con la mayor potencia económica mundial hubiera tenido sin duda consecuencias negativas para nuestros intereses. Cierta izquierda simplista tiende a ver “los intereses económicos” como una suerte de propiedad o monopolio de los poderosos, de los de arriba, las multinacionales, el poder, los bancos, etc. Pero todo es mucho más complejo, endiabladamente más complejo. Miren Kichi en Cádiz, protagonista de la que a mi juicio ha sido la renuncia más explícita y reveladora – reveladora de cómo funciona el mundo y de lo lejos que estamos de entenderlo y por tanto de poder cambiarlo - que ha llevado a cabo Podemos desde el poder. A pesar de todo lo dicho en su programa electoral, Podemos en Cádiz ha acabado defendiendo la fabricación de armas y su venta a una dictadura como Arabia Saudí. Todo para defender los trabajos de la gente. Abramos los ojos: eso son, también, “intereses económicos”. Si gobiernos liderados por fuerzas transformadoras como Podemos se tragan sus palabras al llegar a poder, ¿qué no harán otros gobiernos liderados por fuerzas políticas que no albergan semejantes escrúpulos morales ni siquiera cuando redactan sus idearios? A la vista está.  

Otra pregunta incómoda, que aunque no lo parezca tiene todo que ver con Afganistán: ¿qué significa que el mal sea algo banal? “Eichman en Jerusalén. Un ensayo sobre la banalidad del mal”, el famosísimo ensayo que Hannah Arendt publicó en 1963, se interpreta muchas veces de un modo completamente erróneo o desencaminado. La propia Arendt defendió después que lo que pretendía señalar no era tanto que el mal fuera algo de lo que sus perpetradores responsabilizan a otros – la obediencia debida, que también – sino sobre todo algo de lo que sencillamente no se es consciente. A su juicio, si demonizamos el mal, si asumimos que el mal solo lo pueden provocar monstruos desalmados, en cierto modo les absolvemos a ellos y, sobre todo, nos absolvemos a nosotros mismos de nuestro mayor crimen, el de no pensar las cosas consecuentemente. El de no responsabilizarnos, hasta las heces, de nuestros actos. 

¿Qué hemos sido en Afganistán? Lo realmente perturbador es que ni siquiera nos planteamos la posibilidad de que el mal haya estado de nuestro lado y de que los sembradores de terror y de muerte hayamos sido nosotros. Inconscientes del mal, tal y como avisaba Arendt; cobardes ante la verdad, como denunciaba Ferlosio: “todas las trampas, todas las rebeliones, todos los cinismos, todas las hipocresías, todas las neurosis, todos los disimulos, todas las supersticiones, todos los dogmatismos, todos los rencores, se originan en esta universal mala conciencia y en el denodado empeño por rehuir el trance de mirar cara a cara el espantoso rostro del dolor”. 

La muerte de George Washington fue especialmente dolorosa. En todo momento se encontró atendido por tres médicos, pero no solo no pudieron hacer nada para impedir su padecimiento, sino que, de hecho, fueron ellos mismos los que le provocaron ese final. Para tratar –es un decir– una simple infección de garganta, que era toda la dolencia que presentaba el desdichado, le aplicaron hasta tres sangrías, extrayéndole casi cuatro litros de sangre. El mismo Washington les animó a hacerlo, ya que creía firmemente en la eficacia del procedimiento. Tenía 68 años y se encontraba perfectamente sano. El día anterior estuvo inspeccionando su plantación de Mont Vernon. Murió el 14 de diciembre de 1799, desangrado y asfixiado en una agonía que se extendió durante diez horas.

Las sangrías son un ejemplo perfecto de supersticiones, creencias cuyo fundamento y eficacia, aunque del todo indemostrables, no se ponen en duda debido a la sola inercia de la tradición. Hay supersticiones considerablemente inocuas, como la que afirma que pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Y hay otras, como la de las sangrías, que son funestas. Desde tiempo inmemorial se pensaba que la sangre no circulaba, sino que se mantenía estanca en el cuerpo. Ante todo tipo de dolencias, se recetaba extraer sangre, asumiendo que o bien estaba enferma o bien que había un exceso de la misma en el cuerpo. El procedimiento era atroz: no solo no ayudaba en absoluto, sino que en muchos casos provocaba la muerte. Además, los cirujanos/barberos encargados de aplicarlas no desinfectaban las cuchillas –desconocían por completo la existencia de microrganismos– por lo que propagaban las enfermedades infecciosas de enfermo a enfermo. Un despropósito.

Del mismo modo que las sangrías son una superstición sanitaria, cierto tipo de creencias pueden considerarse con todo derecho supersticiones políticas. Una especialmente extendida es la de la pena de muerte. Hay millones de personas que siguen pensando que, para acabar con la delincuencia, la pena de muerte funciona. Pero solo hay que ver los datos: lo que funciona para acabar con la delincuencia es la igualdad económica, la justicia en las relaciones sociales y el progreso. Cuanto más avanzada es una sociedad, menos criminalidad alberga. Por eso los países con pena de muerte son los más atrasados y, a la vez, los que presentan una criminalidad mayor y resultan más peligrosos. Probablemente la única excepción a esa evidencia la constituye –por razones culturales complejas– Estados Unidos. 

Otra superstición política palmaria especialmente extendida es la de las “invasiones humanitarias”. Digo “invasiones” y no “intervenciones”, un eufemismo en el que no deberíamos caer: cuando un ejército extranjero entra en otro país y toma el control, el nombre correcto es ese, lo otro es propaganda. Invadir militarmente un país “por su bien” es como sacar sangre a una persona “para mejorar su salud”: una aberración. Pero, como con las sangrías, hay millones de personas que creen en el procedimiento. 

Joe Biden ha declarado ahora que el motivo de la invasión de Afganistán fue “prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense”. Es muy discutible. Sin duda ese fue uno de los motivos, pero no el motivo principal. En Octubre de 2001, cuando los Estados Unidos bombardearon Kabul, la pulsión psicológica que les empujaba no fue otra que la venganza. Habían muerto casi 3000 personas en los atentados del 11-S y tenían que “hacer algo”. Invadir Afganistán era tan razonable como extraer sangre a un enfermo, pero emocionalmente aplacaba el brutal sentimiento de desasosiego y desorientación en el que se había sumido el país. Lo demás –ayudar a los afganos, construir una democracia, salvar a las mujeres– fueron subterfugios sobrevenidos. El sentimiento de unanimidad que incendió el país –disentir equivalía a traicionar– se extendió también al exterior: los aliados se vieron arrastrados al abismo. De haber estado viva, Hannah Arendt nos hubiera recordado los peligros del conmigo o contra mí y la peligrosísima afinidad que ata a la unanimidad con el totalitarismo. Hubieran sido páginas especialmente lúcidas. 

Pero dejemos la filosofía y vayamos a la eficacia. En las Torres Gemelas murieron 2.996 personas. Para vengarse –o “en respuesta”, si prefieren el eufemismo– Estados Unidos invadió Afganistán. En el siempre enloquecido y sediento altar del orgullo herido se ha dejado nada menos que 2.451 soldados muertos y dos billones de dólares. Entre los aliados los muertos han sido 1.144, entre ellos 102 españoles. Los heridos son más de 20.000. La masacre sufrida por el pueblo afgano –tan inocente en todo esto, conviene recordarlo, como todas y cada una de las víctimas de las Torres Gemelas– es muchísimo mayor: se habla de entre 170 y 240.000 bajas, entre ellos 50.000 civiles. Los desplazados son 1,2 millones. La cantidad de heridos la supongo astronómica. La desolación en el que el país ha quedado sumido durante 20 años, indecible. Todo en vano. 

Otras invasiones “humanitarias” han arrojado idéntico resultado: Irak, un desastre. Libia, un desastre. Como en una metáfora perfecta de la desesperación y el sinsentido que acompañan a ciertas supersticiones políticas, parece que entre los soldados estadounidenses en Afganistán ha habido más muertes por suicidio que por ataques militares. Qué locura sin nombre, qué horror sin consuelo. Y todavía escucharemos, no dentro de demasiado tiempo, que es necesario invadir este o aquel país por motivos “humanitarios”. Cuando llegue ese momento, acuérdense de la muerte de Washington.

El Parlamento de Texas, de mayoría republicana, aprobó en junio una orden por la que se prohíbe a todo comercio o entidad oficial requerir a los ciudadanos texanos no ya un certificado de vacunación COVID, sino directamente cualquier tipo de información relacionada con la vacuna. Se garantizaba así, en palabras del también republicano Gobernador Greg Abbott, “la libertad de ir donde cada uno quiera sin limitación alguna”. En el otro extremo, Francia empezó el mes pasado a exigir un certificado COVID para acceder a determinados espacios, un certificado que previsiblemente se extenderá más en el presente mes de agosto. Ambos países reflejan en buena medida las dos caras de la moneda: ¿Certificado COVID sí o no? 

Plantear las cosas de modo dicotómico, tal y como acabo de hacer en el párrafo precedente, quizás sea parte del problema. Como ha señalado el experto en bioética Íñigo de Miguel, el concepto de “pasaporte” juega aquí un papel confuso. Un pasaporte es algo que ofrece solo dos opciones: o puedes pasar o no, no hay más alternativas. Esa esencia binaria se traslada de modo inmediato al plano ético: o estamos a favor, o estamos en contra. Y para ambas posturas existen a nuestra disposición infinidad de argumentos, todos ellos basados en derechos. Unos esgrimen la libertad; otros la salud, y por tanto la vida. A un lado Bolívar: “La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida”. A otro Cicerón: “Salus populi suprema lex”. Se trata de valores fundamentales para toda sociedad democrática. Esa disposición de cosas parece casi obligarnos al enconamiento. O estamos radicalmente a favor, o radicalmente en contra. 

Pero el pasaporte COVID no es, o no debería ser, un indicador dicotómico, un todo o nada que algunos poseen y otros no. Quizás sería mejor denominarlo “carné COVID”, o algo similar, porque se trata, más bien, de una regulación flexible, como lo es el carné de conducir: yo puedo conducir un coche, pero no un camión ni un autobús. De hecho, tanto es así que puede defenderse que la idea que subyace al pasaporte COVID está ya entre nosotros, aunque no lo denominemos así. Uno de los nombres que recibe es “mascarilla”, porque, en efecto, la mascarilla es ahora mismo una suerte de pasaporte que nos permite, o no, entrar en el interior de los bares y de cualquier espacio cerrado. Es una señal que permite que unos “pasen” y otros no, esto es: un pasaporte. 

Como ocurre con el permiso de conducir, en realidad vivir en sociedad es de modo inevitable vivir rodeados de prohibiciones. Necesitamos permisos –esto es, “pasaportes”– para manipular alimentos, para comprar medicinas, para portar armas, para dar clase, para vender cosas e incluso para deambular por la calle, puesto que por ciertas partes de la misma está prohibido hacerlo. Sin entrar en profundidades filosóficas, y por paradójico que parezca, es precisamente ese juego de prohibiciones el que hace que podamos ser libres. Así que lo más probable es que la salida al laberinto no sea “pasaporte COVID sí o no” sino, más bien, “en qué contextos resulta permisible limitar ciertas libertades”. 

Como Iñigo de Miguel defiende, si entendemos así el carné COVID –como una regulación racional de la vida en sociedad, y no al estilo de un sello en el brazo que te concede o deniega derechos tan inalienables como el de acceder a la discoteca–, probablemente el debate se oriente de modo más productivo. Lo que el ejemplo de la mascarilla demuestra es que no se trata de sí o no, sino de articular entre todos una gradación prudente de un estado de cosas inusitadamente nuevo y peligroso. No podemos exigir lo mismo al enfermero que trabaja en una residencia de ancianos que al excursionista que sale a la montaña. A este último es razonable no pedirle demasiado, pero al primero parece lógico obligarle a que se vacune y a que nos lo demuestre, tal y como le obligamos a que nos muestre su título universitario. Si usted está de acuerdo con esta última frase, entonces está de acuerdo con el “pasaporte COVID”. Otra cosa es la regulación concreta del mismo. Esa debería ser la cuestión a debate, sin aspavientos, ultimátums, ni catastrofismos de opereta. 

¿Quién establece los límites? ¿Quién marca las pautas? Es evidente que, en una sociedad democrática, el parlamento, que responde cada cuatro años a la voluntad de la ciudadanía. Conozco muy bien la cita de Hayek que afirma que “las emergencias han sido siempre el pretexto mediante el que se han erosionado las salvaguardas de la libertad individual”, pero creo que aquí no estamos ante ese tipo de escenario. La emergencia del COVID no parece precisamente un invento del Gobierno, y sin duda tiene todos los visos que adornan a una verdadera fatalidad. Las libertades que se ven afectadas no forman parte del núcleo duro de la concepción democrática. Es muy costoso renunciar a ellas, desde luego: estamos hablando de limitar el acceso a lugares públicos y de regular la vida cotidiana hasta extremos que hace solo dos años nos hubieran parecido inconcebibles. Pero permanecen indemnes las libertades que nos permiten tanto pensar por nosotros mismos como, sobre todo, participar en lo público. El Gobierno y el Parlamento siguen dependiendo de nosotros, porque la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y las libertades políticas no se han tocado y resultaría extrañísimo que alguien amenazara con lesionarlas debido a la pandemia. Nadie ha planteado, de momento, convertir a la sociedad española en algo parecido a la biblioteca universitaria de cierta universidad navarra en la que, al parecer, existen libros prohibidos, de tal manera que los universitarios que en ella estudian tienen que pedir permiso a un tutor o padre espiritual para leerlos. Cuando eso ocurra, cuando nos traten como a menores de edad incapaces de tomar decisiones, me acordaré de Hayek. Mientras tanto, hablemos entre todos de cómo regular el carné COVID, convengamos qué contextos requieren una mayor inmunidad y cuales permiten una mayor relajación y, sobre todo, olvidemos dicotomías divisivas y absurdas. Combatamos a la vez al mortal virus infeccioso y a los perniciosos extremismos políticos y mentales. 

De acuerdo a cierta imagen idealizada y profundamente errónea, mientras en lo político reinan el desacuerdo y la polémica, lo jurídico dibujaría un remanso de luz y claridad en el que todo se halla firmemente establecido de acuerdo a principios y reglas inmutables. Frente al guirigay de lo político, la infalible quietud de lo jurídico. Si todavía quedaban defensores de esta suerte de estampa, supongo que la pandemia se habrá llevado por delante, junto con decenas de miles de vidas, la certeza que al respecto pudieran albergar.

Ya en mayo del presente año pudimos asistir a una primera demostración de que, en lo tocante a su seguridad y certeza, lo jurídico se encuentra lejos de configurar algo parecido a un teorema matemático. Una vez agotada la vigencia del estado de alarma, los Tribunales Superiores de cada comunidad autónoma tenían que avalar, o no, las medidas sanitarias acordadas por los diferentes gobiernos autonómicos. La discrepancia judicial era tan profunda que afectaba, primero, a la mera cuestión de la posibilidad de que tales medidas se tomaran. De acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la ley 3/1986 no solo permitía a los gobiernos autonómicos adoptar unas u otras medidas, sino que, si no fuera así, tal ley “no tendría razón de ser ni sentido”. Una contundencia interpretativa que no convencía a sus homólogos del País Vasco, que estimaron que “nuestro ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado”.

Por descontado, si ni siquiera había acuerdo a la hora de decidir si las medidas eran o no legales, imagínense a la hora de decidir qué medidas. No ha habido tribunal ni juez que no se haya lanzado – con una contundencia y seguridad dignas de mejor causa – a establecer nada menos que juicios de proporcionalidad entre las medidas sanitarias adoptadas y los efectos previsibles de la misma de cara a mitigar la pandemia. Y así hemos visto a jueces avalar el toque de queda y a otros prohibirlo; a jueces establecer la pertinencia de los cierres perimetrales y a otros negarla; a unos estimando la eficacia de restringir las reuniones y a otros dictaminar, muy serios, que pelillos a la mar; y a los de más allá, por último, calibrar el número exacto - ni uno más, ni uno menos - de comensales que resulta aconsejable que compartan mesa en una terraza de cara a evitar la propagación del virus.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no ha venido más que culminar esta sorprendente deriva. No en lo relativo al contenido – no hemos visto, todavía, a los miembros del Alto Tribunal metidos a epidemiólogos de baratillo, pero, al paso que vamos, todo se andará – pero sí en lo tocante a la completa indefinición jurídica que la propia sentencia viene a reflejar. 6 vocales contra 5. Los votos particulares traslucen además argumentaciones completamente dispares no ya en su conclusión, sino sobre todo en su propia perspectiva, en su mera concepción, si queremos. Y, lo que es más significativo, no hay ninguna línea ideológica clara. Es curioso: la ideología, aunque deplorable siempre cuando se mezcla con lo jurídico, por lo menos responde a un orden previo, a una estructura, a cierta estabilidad interpretativa. Aquí, ni eso. La palabra es guirigay, como lo fue en mayo con las diferentes decisiones de los Tribunales Autonómicos. Y, si la ley lo puede decir todo, entonces es evidente que no dice nada.

Hace unos meses, un juez – creo que del Tribunal Superior vasco, pero me ahorro a mí mismo el esfuerzo de buscar en internet quién era: qué más da – dijo algo así como que los epidemiólogos eran médicos de familia con un cursillo extra. Si esa es la mentalidad de parte de la judicatura, no es de extrañar lo que está ocurriendo. No sé qué inaudita querencia empuja hacia este estado de cosas – solo en España, al parecer - pero yo al menos algo tengo claro: “salus pública” no significa, como muchos se empeñan en traducir, “salud pública”; significa “salvación pública”.

Son los médicos, los científicos, los sanitarios y los equipos de salud los que nos están salvando la vida. Son ellos – y los políticos que hemos elegido - los que dirigen esa campaña de salvación y toman las decisiones que creen más oportunas. Por supuesto que están limitando nuestros derechos: no hace falta que los tribunales nos lo recuerden, lo sabemos y lo entendemos desde el primer muerto. Si hubiera un consenso jurídico apabullante, inmaculado, pétreo e indiscutido, de acuerdo. Pero, como es obvio que no lo hay, hay una salida muy sencilla, que resulta perfectamente legítima desde un punto de vista jurídico a tenor de no pocas interpretaciones, y que consiste en dejar hacer a los especialistas médicos y en no poner palos en las ruedas. Ellos responden ante la evidencia científica y ante su vocación de servicio. Los políticos responden ante nosotros cada cuatro años. Los jueces aplican la ley. Así que, si no la tienen muy muy muy muy clara y además hay gente muriendo, déjenles a ellos.