Guatemala está cambiando. El modelo del Estado como botín, de la cultura de impunidad y del tráfico de influencias fue sacudido a partir del 16 de abril por casos destapados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Ministerio Público. La desarticulación de La Línea, la red de fraude fiscal en las aduanas en la que altos funcionarios de la agencia tributaria (SAT) estaban involucrados en la evasión de impuestos, ha marcado el despertar de un espíritu cívico ausente durante las últimas décadas.

Las manifestaciones multitudinarias y pacíficas que se han ido sucediendo en los últimos tres meses muestran el cansancio de una sociedad harta del clientelismo, la corrupción y de una clase política más interesada en usar los recursos del Estado para defender sus intereses personales, que en destinar fondos públicos para reducir la desigualdad y el analfabetismo.

Las elecciones del 6 de septiembre ocurrieron en medio de un desajuste de los tiempos políticos. Una revolución de la cultura política ciudadana está en marcha pero el régimen político ha quedado rezagado. El sistema desoyó los gritos de cambio durante estos meses y caminó con aparente indiferencia, esperando que la tormenta ciudadana, expresada en calles y plazas de todo el país, fuera pasajera. Pero no lo es.

El principal beneficiado del clima social que vive Guatemala fue Jimmy Morales, quien sin un programa definido y sin un equipo formado consiguió convertirse en el candidato más votado en primera vuelta. Este teólogo evangelista, firme opositor del matrimonio homosexual y del aborto, alcanzó la fama como actor cómico en televisión. Impulsado por su falta de experiencia política y por ser visto como un outsider, los cerca de 1.200.000 votos que ha recibido no son votos a favor de su propuesta, sino de castigo a los corruptos y a la forma en la que se ha gobernado.

En campaña prometió aumentar la inversión en educación, sanidad y desarrollo social, sin embargo, tal y como expresan desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), socia de trabajo de InspirAction, esta medida no es creíble sin una reforma fiscal. Guatemala tiene una recaudación fiscal de tan solo un 10% del PIB, una de las más bajas de Latinoamérica, lo que le impide ofrecer servicios públicos de calidad e invertir en capital humano. A finales de agosto, ICEFI organizó un Encuentro Internacional en el cual investigadores y economistas insistieron en la necesidad de desarrollar una política fiscal justa para atajar la pobreza.

La rival de Morales en segunda vuelta será Sandra Torres, quien se impuso en un agónico recuento final por un 0,05% (5.000 votos) al favorito de las encuestas, Manuel Baldizón. Él y Torres representan las mismas prácticas clientelares que los ciudadanos llevan rechazando desde que comenzó la protesta: compra de votos, acarreo de votantes en autobuses y discriminación, especialmente contra pueblos indígenas, mujeres y jóvenes.

Fundamental el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora de Cooperativas y ONG de Guatemala (CONGCOOP) en estas elecciones, que reportó que hubo 208 denuncias por irregularidades y delitos electorales y que las Juntas Receptoras de Voto (JRV) no atendieron en su idioma materno a los indígenas.

Además de los comicios presidenciales, Guatemala elegía ese día a sus alcaldes y a los parlamentarios del Congreso de la República. La CONGCOOP lamentó que el cambio y el voto de castigo no se extendiesen, ya que nuevamente se reeligieron diputados señalados de actos ilícitos y se constató la falta de representación en puestos públicos de mujeres (4% de alcaldesas y 10% de diputadas)

A medianoche del domingo electoral empezaba a ser tendencia en Twitter el hashtag #MeDueleGuatemala, mostrando la decepción de los guatemaltecos ante unos candidatos que “representan lo mismo”. Morales, apoyado por un partido fundado por militares de la línea más dura y empresarios; y Torres, que carga con el lastre del desgate y de los problemas del Gobierno de su exesposo Álvaro Colom, de quién se divorció para presentarse a las elecciones, su fama de autoritaria y el señalamiento de la CICIG de que su partido se financió ilegalmente en 2007 para llegar al poder.

Muchos hubieran preferido elegir a Miguel Ángel Gálvez –el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B que ha encarcelado al expresidente Otto Pérez Molina y Baldetti– o a Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, principal organismo en el que los guatemaltecos confían para regenerar el país. Camisetas y pancartas con sus caras abundaron durante las protestas. Son ídolos en un país acostumbrado a la impunidad e injusticia.

Guatemala empieza a despertar y Pérez Molina lo verá desde la cárcel. Su caída fue vertiginosa. Tras aferrarse al cargo durante meses para protegerse de los tribunales, finalmente los diputados votaron retirarle la inmunidad. La sesión fue emotiva desde el inicio, cuando una cadena humana escoltó entre vítores y cánticos del himno nacional a los parlamentarios que llegaban a pie hasta el Congreso. Diputados de su partido y sus aliados votaron a favor y los acontecimientos se precipitaron. A medianoche Pérez Molina renunció y al finalizar el día el juez Gálvez ordenó su ingreso en prisión.

Otro que tampoco será consciente del momento de cambio que vive el país es Ríos Montt. Los guatemaltecos son un pueblo tenaz que no se rinde. Paso a paso van logrando hitos históricos y tras décadas de presión están cerca de confirmar otro. A pesar de que por su demencia no podrá ir a la cárcel, una corte de justicia ha dado su visto bueno para que se reanude el juicio contra el exdictador por genocidio. Tendrá que volver a escuchar los crímenes y horrores que se cometieron durante su mandato. Verá y oirá como Guatemala dice que ya no más. Que ya no más impunidad.

El Constitucional ha concluido que República Dominicana no tendrá que acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la contraria a la retirada de la nacionalidad a los dominicanos de origen haitiano

Miles de personas en República Dominicana están en un limbo jurídico, les han despojado de su nacionalidad y les obligan a inscribirse en un registro de extranjeros para regularizar su situación

El ministro de Exteriores dominicano reconoció el lunes que cumpliría la sentencia, antes de conocer la resolución del Constitucional

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El 22 de julio, la Fuerza Aérea Colombiana inició un proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Alto Guayabal, en la región de Chocó, al noroeste de Colombia. Allí vive el pueblo indígena Emberá, uno de los 34 pueblos indígenas de Colombia identificados en riesgo de desaparición física y cultural.

El avión sobrevoló su comunidad y roció herbicidas químicos indiscriminadamente, tanto en las zonas donde había cultivos ilícitos como en las que solo eran cultivos de alimentos.

Su agua y sus cultivos han sido contaminados y muchos miembros de la comunidad, incluso niños, están empezando a contraer enfermedades.

Tras la fumigación el pueblo Emberá escribió a las autoridades colombianas denunciando los hechos y exigiendo una vez más al gobierno de Colombia que respete sus derechos, su tierra y sus vidas. El pueblo Emberá ha solicitado además apoyo urgente sanitario, alimentos de emergencia y suministros de agua limpia.

Los Emberá no se oponen a la erradicación de la coca, de hecho en 2012 ellos mismos pidieron al gobierno ayuda para su erradicación, expresando al mismo tiempo el rechazo total a la fumigación aérea.

El gobierno colombiano debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y cumplir la Constitución colombiana y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ya que ambas garantizan el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas para las actividades que vayan a realizarse en sus tierras.

Colombia cuenta con más de 100 grupos indígenas y en su Constitución reconoce los derechos de estas minorías étnicas. Sin embargo, para muchos pueblos indígenas conservar su cultura tradicional es una lucha diaria.

Doce comunidades indígenas vencen la amenaza minera

Doce comunidades indígenas vencen la amenaza mineraLos Emberá originarios de Panamá han vivido en el bosque durante siglos pero esta no es ni mucho menos la primera vez que se ven gravemente amenazados.

En 2009 el Gobierno Colombiano concedió a la minera norteamericana Muriel Mining Corporation la explotación de sus recursos naturales. Doce comunidades indígenas afectadas por el proyecto afirmaron que la consulta previa no se había realizado adecuadamente, y expresaron su rechazo a toda actividad minera en su territorio.

La organización InspirAction, junto a su contraparte Justicia y Paz de Colombia, presentó una demanda en nombre de estas comunidades para detener el proyecto y obtuvieron un fallo a favor de las comunidades por parte de la Corte Constitucional de Colombia.

Esta decisión establece un precedente en cuanto al derecho de las comunidades indígenas y tribales al consentimiento libre, previo e informado, así como para llevar a cabo procesos de consulta con sus propios mecanismos tradicionales. El pueblo Emberá fue un ejemplo de lucha y defensa de su territorio.

Jaiquierma junto con otras mujeres Emberá, encabezó una marcha para proteger su montaña sagrada el Cerro Careperro. Decididas a parar la explotación minera en su territorio, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en 2009.

Jaiquierma relata por qué lideró la marcha para proteger el cerro Careperro, sagrado para los Emberá.

Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas bajo el lema “Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los tratados, acuerdos, y otros arreglos constructivos”.

Por ello, mientras los diálogos de paz entre el gobierno Colombia y la guerrilla de las FARC continúan en La Habana, hoy la organización InspirAction insiste en que el acuerdo final de paz debe en cuenta la problemática sobre la tierra y debe proteger con especial atención a los pueblos indígenas.