La dinámica política ha hecho coincidir esta semana del Orgullo LGTBI con el mercadeo indigno que están negociando en el prime time de la televisión las derechas del PP y de VOX en diferentes gobiernos autonómicos. El País Valencià, les Illes Balears o Extremadura están siendo objeto de un tráfico comercial donde se habla muy poco de estos territorios en cuestión y mucho de asuntos ideológicos que van a suponer retrocesos, sobre todo, para las mujeres y las personas LGTBI. En una democracia plena, poner en duda las violencias machistas o los derechos humanos de las personas LGTBI tendría que estar prohibido. Directamente. Hemos pasado del ‘no nos metamos en eso’ de Mariano Rajoy sobre las políticas feministas al ‘yo soy heterosexual y no celebro el día del Orgullo Gay’ de Abascal en las políticas LGTBI. El hilo azul de la negación. 

La prohibición de colgar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de Náquera no es una anécdota; es categoría. Es un aviso a navegantes de los gobiernos ultras del PP y de VOX para las personas que todavía no tenemos todos nuestros derechos garantizados. En este sentido, el problema no es que la ultraderecha de Abascal proponga eliminar derechos, visibilización y sensibilización de las personas LGTBI como están haciendo en estos acuerdos de gobierno, el problema es que la derecha del PP lo acepte. Que una ultracatólica y antiabortista presida les Corts valencianes es un retroceso como país; pero es, especialmente, un retroceso para los colectivos que estamos en el punto de mira de la batalla ideológica de reacción que están librando el PP y VOX en el campo de juego de nuestras vidas. No vamos a permitir que jueguen con lo más básico que es lo que nos define como personas. 

Yo vengo de una generación, la que jugó su infancia en los años ochenta y experimentó su juventud en los noventa que, por suerte, ya no hemos sufrido la persecución hacia las personas LGTBI que sí que sufrieron las generaciones anteriores. Pero todavía existía el peso de la puerta de los armarios sobre nuestra propia existencia. Una generación que no teníamos referentes LGTBI positivos en nuestro entorno, tampoco a nivel mediático, y que heredamos las conquistas de las generaciones pasadas y recogimos la bandera de la lucha por nuestros derechos. Una bandera que ahora las derechas ultras nos invitan a que abandones. Y justo ahí es donde nos quieren devolver. Esos referentes necesarios sí que existen hoy en día y es lo que pretenden eliminar con esta guerra sucia contra nuestra esencia. A eliminar cualquier referente LGTBI que normalice nuestra propia existencia, a matar cualquier alusión a la diversidad sexual en un país democrático que haga pedagogía en la ciudadanía y a asfixiar la cama de derechos igualitarios que hemos confeccionado a lo largo de muchos años y muchas luchas. 

Retirar banderas y cuestionarnos es el primer paso para restituir el estigma sobre nosotres. Así es que, las negociaciones indignas con el chantaje sobre nuestros derechos no son negociaciones políticas. No pueden serlo. Porque están negociando con mi propio derecho a la existencia. Están utilizando su homofobia para negar mis derechos constitucionales. La línea que separa una negociación política legítima entre dos socios y la vulneración de derechos fundamentales no es una línea fina; es muy gorda. Y el PP la está traspasando. Ante esta situación, el 23 de julio no vamos a decidir solamente quién nos gobierna; vamos a decidir si tenemos derecho a vivir nuestra vida o no. Y ante esta dicotomía no se valen matices. Salgamos a llenar las urnas de orgullo.

El martes por la noche, después de mucho tiempo, nos fuimos a dormir con una buena noticia: el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por la ultraderecha y ha avalado la nueva Ley Orgánica de Educación que aprobó la mayoría progresista y plurinacional del Congreso de los Diputados. En primer lugar, es un avance sobre lo que viene pasando en los últimos años que el Tribunal Constitucional no pretenda erigirse en tercera cámara parlamentaria y modificar una ley aprobada por la voluntad de la soberanía popular. Y, en segundo lugar, es significativo especialmente que el Constitucional avale dos aspectos que la ultraderecha pero también la derecha de Feijóo utilizó ideológicamente como arma de confrontación contra el Gobierno de coalición: los conciertos a las escuelas que segregan por sexos y el modelo de inmersión lingüística en Catalunya.

Sobre las escuelas sexistas que segregan alumnos por sexo utilizando dinero público, especialmente en centros vinculados a órdenes ultrarreligiosas como el Opus Dei o Legionarios de Cristo, se trata de un avance democrático de primer nivel. Era poco democrático que, con subvenciones públicas por parte de toda la ciudadanía, no se aplicase el principio de la coeducación que debe ser uno de los vectores fundamentales de nuestro sistema educativo si de verdad queremos conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria y, por lo tanto, más justa. Estaba totalmente fuera del sentido común que, en comunidades como Catalunya, por ejemplo, tanto los gobiernos de CiU-Junts y los de ERC, mantuvieran conciertos por un valor de 30 millones de euros a escuelas que separaban alumnos en función de su sexo mientras, en cambio, sigue infrafinanciada la escuela pública y es la comunidad autónoma líder en barracones, con más de un millar de estos en los pueblos y las ciudades catalanas.

Avanzar en coeducación es también avanzar en un sistema educativo más democrático. Por este motivo, los logros de la LOMLOE no se deben quedar solamente en frenar los conciertos sexistas de estas escuelas. Ahora hay que seguir desplegándola y aplicar también los aspectos que expulsan los conciertos elitistas de nuestro sistema educativo. Si la segregación por sexos, aunque residual, era una mancha en nuestro sistema, la segregación socioeconómica que se da a través de los conciertos educativos elitistas sigue siendo la gran mácula que todavía persiste en la educación española. Por esto, la LOMLOE, que nació fruto de un espíritu inclusivo de la educación española, debe transitar por propuestas, sanciones y retiradas de conciertos educativos a aquellos centros que incumplan la función social de la educación y el equilibrio del alumnado con necesidades educativas especiales.

Si la derecha española utilizó este tipo de conciertos para confrontar con el Gobierno de coalición, la derecha catalana lo hizo también con el modelo de inmersión lingüística en Catalunya. Recuerdo como Junts per Catalunya votó en contra de la ley aludiendo a que era falso que se protegiese y se blindase el modelo catalán de enseñanzas lingüísticas. Ahora, el Tribunal Constitucional pone en evidencia que el partido de Laura Borràs utilizó este argumento como relato y no tuvo ningún escrúpulo en hacerlo siendo consciente de que perjudicaba a una herramienta de cohesión social tan potente como es la lengua y la inmersión lingüística. En este sentido, el Constitucional ha avalado que la LOMLOE retire al castellano el papel de lengua vehicular del sistema educativo en Catalunya porque, afirma, eso no lo explicita así la Constitución Española. El manido argumento que han utilizado hasta la saciedad formaciones como Vox, Ciudadanos o PP queda desmontado justamente por el árbitro de la Constitución. Un tribunal que, pese a su politización y el secuestro político por parte del PP, no ha tenido más remedio que reconocer la evidencia.

Sería un buen momento para que el trío de las derechas asumiese el compromiso de no volver a instrumentalizar la lengua, de no politizar el modelo educativo de la escuela pública catalana y de no usar la rica diversidad lingüística de nuestro país como arma de tensión. No lo van a hacer porque no entienden la España en la que viven. Porque ponen sus mal entendidos intereses partidistas por encima de la convivencia entre los diferentes pueblos de España.

No obstante, la sentencia que hemos conocido respecto a la LOMLOE por parte del Tribunal Constitucional sí que demuestra una cosa: mantener un modelo educativo inclusivo y cohesionador como el de la LOMLOE depende de la voluntad política; no hay un mandato constitucional que apueste por uno u otro modelo. Por este motivo, y ahora que estamos a unos meses de agotar la legislatura del primer gobierno de coalición de España, una legislatura muy rica en elaboración de leyes sociales, es el momento de recordar que es vital mantener el Gobierno de coalición y sus alianzas progresistas y plurinacionales de cara al futuro si pretendemos que el sistema educativo español no vuelva a dar pasos atrás y nos sitúe otra vez en las épocas más oscuras de la ley Wert, la LOMCE, y la década de recortes educativos que dejó a la educación pública española en sus peores índices de inversión.

Las indignas e intolerables palabras del responsable del comité organizador del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, Nasser Al-Khated, amenazando a las personas LGTBI para que no expresen muestras de cariño en público durante la celebración del mundial porque la homosexualidad está prohibida en este país han abierto un interesante debate que debemos aprovechar. De facto, está reconociendo que en el Mundial habrá aficionados de primera que sean libres para celebrar los goles y otros de segunda a quienes nos amenazan por expresar cariño en público. No está de más recordar que la lucha por la defensa de los derechos LGTBI en el mundo nos debe interpelar a todos, a todas y a todes, especialmente a aquellas personas que cuentan con el privilegio de ser altavoces públicos que tienen la potencialidad de dar visibilidad a un tema de interés social, como es el caso de los deportistas. Además, la mayoría de ellos (por suerte, también ellas cada vez más) son referentes y ejemplos de comportamiento para la gente joven y no tan joven.

Ciertamente, lo ideal hubiera sido que la FIFA, que es la entidad competente en estas decisiones, no hubiera optado por celebrar el Mundial en un país que incumple sistemáticamente los más esenciales derechos humanos como Qatar. Por ejemplo, hay sospechas más que fundadas y alertadas por entidades en defensa de los derechos humanos, como es Amnistía Internacional, que avisan de la muerte de 6.700 trabajadores extranjeros ubicados en este país en la preparación de las instalaciones que deben dar cobertura al mundial de fútbol. Si a esto unimos las declaraciones homófobas del responsable del comité organizador no hay duda de que Qatar no debería ser una opción para un evento deportivo de la magnitud del mundial de fútbol. Esto nos lleva a una primera reflexión de base: la FIFA debe modificar su política de colaboración con determinados regímenes políticos que utilizan los eventos deportivos para blanquear su comportamiento contrario a los derechos humanos. No es la primera vez que pasa y no debería volver a pasar.

Ahora bien, teniendo claro que la FIFA ya ha tomado una decisión y que la Federación Española de Fútbol no va a anunciar su renuncia a participar en este Mundial que puede blanquear un régimen homófobo, surge una pregunta que es la que debe centrar el debate: ¿cómo visibilizamos más la lucha de los derechos LGTBI en un país que los vulnera? Desde En Comú Podem le hemos propuesto al presidente de la Federación Española que los jugadores luzcan allí un brazalete en defensa de las personas LGTBI; es una opción. Está claro que lo que no puede pasar es que la selección española vaya a Qatar a jugar el Mundial como si allí no pasara nada porque estaríamos colaborando en la estrategia de blanqueamiento de su régimen. Ir a jugar a Qatar ante un comité organizador homófobo como si estuviésemos jugando en Portugal, Italia o Alemania no puede ser una opción. Hay que darle la vuelta a la situación y ver una oportunidad para visibilizar los derechos LGTBI. Si la selección va a Qatar, debe ir con una protesta que visibilice la situación que se vive en este país. El Mundial de futbol, junto con los Juegos Olímpicos, son indiscutiblemente los eventos deportivos con mayor audiencia televisiva; en el último mundial la cifra de espectadores fue de 1.100 millones de personas. Se trata de un escaparte al mundo que no podemos desaprovechar. En este sentido, el papel del deporte en general, y del fútbol en particular, a la hora de dar visibilidad a luchas muchas veces invisibles hay que tenerlo en cuenta.

En definitiva, se trata de dar la vuelta a la estrategia indigna de un régimen homófobo como Qatar que pretende utilizar el deporte para blanquear su LGTBIfobia. Hay que hacer que el altavoz del fútbol sirva para denunciar la vulneración sistemática de los derechos LGTBI en este país. Y no me imagino mejor acontecimiento que el Mundial. ¿Qué pasaría si, después de marcar un gol en el Mundial, dos jugadores de la selección española se dieran un beso ante las autoridades homófobas de este país? Pensad en la respuesta y ya tendremos el motivo por el que hace falta visibilizar mundialmente nuestra lucha. 

Las crisis son siempre momentos de transformación y de cambio que nos obligan a afrontar con nuevos aprendizajes un futuro todavía desconocido. De la crisis de 2008 aprendimos que los recortes y la austeridad no solo son políticas injustas, sino que son ineficaces. Con la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus hemos tomado más conciencia que nunca de que los salvajes recortes de los últimos diez años han contribuido al colapso de un sistema sanitario que hoy nos está salvando la vida.



Esta lección la hemos tenido que aprender en una situación durísima, inimaginable por muchos y muchas, y tendrá que tener consecuencias políticas que aseguren que nunca más se recorta nuestro sistema de salud pública. Sin embargo, esta emergencia nos tiene que servir también para levantar la vista y ver cuáles son los pilares de nuestra sociedad que hoy también se tambalean por culpa de esta década perdida de austeridad. Veremos, sin duda, cómo la Educación es la otra gran área con la que se han ensañado los recortes. En Catalunya, por ejemplo, los gobiernos de la Generalitat han rebajado la inversión educativa un 17,5% en los últimos años, se ha generado un déficit de docentes de más de 5.000 plazas, una tasa de interinidad del 24% y el gasto familiar en educación se ha incrementado en un 13,3%.



El confinamiento total que vivimos en España y en Catalunya desde que el gobierno central decretó el Estado de Alarma siguiendo las indicaciones del Comité de Expertos sanitarios han situado el debate de la educación en primer término. Ahora todo el mundo está preocupado por si el curso 2019-2020 se podrá acabar presencialmente o tendremos que recurrir a mecanismos telemáticos para finalizarlo. Parece poco razonable pensar que lo que no hemos conseguido hacer en diez años, lo haremos ahora en quince días y raíz de una situación de emergencia inédita en Catalunya y en el mundo.

Hay que recordar que el gobierno de izquierdas aprobó en 2010 el proyecto Educat 1x1 para dotar de un ordenador portátil a todo el alumnado con la intención de potenciar el uso de las tecnologías de la información y evitar la brecha digital que, ya en aquel momento, se hacía evidente en nuestro país. Desgraciadamente, y a consecuencia de los recortes en educación que impuso CiU cuando recuperó el gobierno de la Generalitat, la conselleria de Educación puso punto y final a un proyecto que hoy podría haber solucionado la incertidumbre en este final de curso.

No es momento de reproches, pero hay que aprender que los recortes en educación también nos han hecho perder herramientas para combatir las consecuencias que dejará este maldito covid19. Para el futuro, hay que tomarse seriamente la incorporación real de herramientas telemáticas a la enseñanza evitando que ninguna familia quede excluida. A menudo tenemos a los niños sobreexpuestos a imputs audiovisuales que llegan por internet, pero hemos sido incapaces de incorporar la potencialidad de estas herramientas al sistema educativo.



Ahora, para acabar el curso 2019-2020, las energías no se tendrían que concentrar en cómo ‘calificamos’ este final de curso, sino en cómo acompañamos emocionalmente al alumnado. El otro día, haciendo una videoconferencia con amigas docentes en activo, me decían: “Tenemos ganas de volver al aula, pero no para poner notas a los alumnos y que pasen de curso, sino para ver que están bien, para tranquilizarlos ante esta situación y para acabar el curso con la máxima normalidad posible”. Es el gran papel que tiene la educación: más allá del aprendizaje de contenidos, está el aprendizaje de la vida y de los valores democráticos y de solidaridad. Priorizamos este acompañamiento emocional, psicológico y pedagógico de un final de curso atípico. Tienen que ser las autoridades sanitarias las que, seguramente de forma progresiva, nos digan cuándo podemos recuperar la presencialidad en las aulas y, una vez recuperada, trabajar para que los niños entiendan qué ha pasado y puedan acabar el curso con la misma sonrisa de siempre.



¿Hay que evaluar este final curso? ¿Qué pasa con el tercer trimestre? Todo el mundo nos hacemos estas preguntas. A menudo, pedimos al profesorado una evaluación adaptada a cada alumno y ahora es el momento de extenderla a todo el sistema. Tenemos que acabar el curso basándonos en dos principios: adaptabilidad y flexibilidad. Adaptabilidad porque no tenemos que seguir el mismo proceso de evaluación en cuarto de la ESO o en segundo de Bachillerato, es decir, en los cursos finales de etapa. No se puede considerar lectivo el tercer trimestre porque no hay garantía de equidad en el acceso al sistema. Flexibilidad porque tenemos que tener en cuenta la realidad individual de cada alumno: el entorno físico en el que ha vivido el confinamiento, las circunstancias familiares o la situación socioeconómica; todo aquello que siempre impacta en el rendimiento académico del alumnado multiplicará sus consecuencias en esta situación de emergencia. Lo tenemos que evitar.



Cómo gestionamos este final de curso dirá mucho de la sociedad en que nos encontramos. La Conselleria de Educación ha actuado tarde en la gestión de esta crisis y lo ha hecho intentando centrifugar las responsabilidades directamente en los centros educativos sacudiéndose las propias. No ha sido una gestión sencilla para ninguna administración, soy consciente, pero no puede ser que cada profesor y cada centro tenga que tomar sus propias decisiones en función de aspectos subjetivos por falta de indicaciones por parte de la Conselleria de Educación del Gobierno de la Generalitat porque esto hace todavía más desigual el sistema. Exigimos el liderazgo de la Conselleria a la hora de indicar cómo acabamos este curso, con el componente de acompañamiento emocional que es imprescindible. Cada día los balcones nos recuerdan a las 20h la importancia de nuestro sistema sanitario público y la evidencia de cómo han afectado en él los recortes. Y también tendríamos que tener claro después de esta emergencia del Coronavirus que la Educación es el gran reto del futuro.

Lo que parecía imposible hace escasamente un año se ha producido. La mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat de Catalunya se reunió, por primera vez, el pasado miércoles. A nadie se le escapa que esta reunión no hubiera sido posible sin un gobierno del cual formara parte Unidas Podemos y En Comú Podem. La apuesta por el diálogo, criticada durante mucho de tiempo por muchos sectores diferentes, fue estratégica dentro de nuestra formación política y, como se ha visto, la única salida viable y efectiva al conflicto político que vivimos.

Se equivoca quien, cuando habla de la resolución del conflicto político con Catalunya, contrapone la reivindicación de la libertad de los presos y las presas y el derecho a decidir a la financiación, la inversión en infraestructuras o el blindaje del catalán. Como si hubiera espacios de negociación “de primera” o “de segunda” y como si todo lo citado anteriormente no formara parte de una misma agenda nacional. Es un consenso en el catalanismo y en el soberanismo que el conflicto tiene múltiples causas: la no aceptación de Catalunya como sujeto político, pero también los ataques a la lengua, a nuestra educación, cultura y, también, a la carencia de inversión. En este sentido, precisamente porque el conflicto tiene diferentes orígenes, su resolución no puede pasar por un acuerdo parcial.

Por este motivo, queda claro que cuando el president Torra y Junts per Catalunya afirman que en la mesa de diálogo solo se tiene que hablar de dos cuestiones (la amnistía y el referéndum), lo que están haciendo es demostrar su miopía en relación a una salida del conflicto que, para que pueda durar en el tiempo, tiene que contar con el apoyo de la mayoría de los catalanes y las catalanas. Torra y JxCat hace mucho tiempo que representan a una parte muy pequeña del país en la cual, incluso, ya no se incluye gran parte del independentismo; pero esta ceguera partidista no puede hipotecar la oportunidad de un acuerdo global que nos tiene que permitir construir un nuevo marco de estabilidad en el que seguir avanzando como país. Hace falta, pues, que la mesa de diálogo aborde todas las problemáticas que están en la raíz del conflicto y trabaje con el horizonte de un proyecto de país inclusivo que entienda la soberanía y el autogobierno en toda su dimensión.

En este sentido, el modelo de escuela catalana que queremos proteger a través de la futura ley estatal de educación que tiene que derogar la LOMCE y que llegará al Congreso muy pronto es fundamental. Las falsas acusaciones de adoctrinamiento archivadas por los tribunales, la utilización de la Alta Inspección para intentar modificar aquello que el Estatuto y la Constitución permiten o la amputación de la escuela pública con una doble red que fomenta la segregación socioeconómica son ataques que ha sufrido nuestro modelo educativo y que, sin duda, podría volver a sufrir si el gobierno de España vuelve a pasar a manos de la derecha. 

Por eso, hace falta un modelo que blinde la inmersión lingüística, que sitúe la lengua vehicular como elemento de cohesión social y de igualdad de oportunidades entre un alumnado de origen lingüístico cada vez más diverso o que promueva la compensación en función de la realidad sociolingüística de cada territorio siendo el marco acordado entre Gobiernos. Y esto podría pasar en el contexto de una mesa de diálogo que es demasiado valiosa como para acotarla a un único tema. ¿Renunciaremos a un marco que dé estabilidad y seguridad jurídica a nuestro sistema educativo en un momento en el que claramente la derecha quiere utilizar la educación como arma para desgastar al gobierno de coalición? No se me ocurre que Junts per Catalunya colabore en una irresponsabilidad histórica de esta magnitud. En el actual modelo de escuela catalana tan importante ha sido el contenido en clave inclusiva de utilizar la lengua de forma compensatoria como el consenso previo con el que se diseñó el modelo. Un diseño que incluía fuerzas ideológicamente tan dispares como PSUC, PSC, ERC o CiU, y que tampoco suscitó el voto en contra del PP de aquel momento. Ahora, hay que volver a reformular los acuerdos de país de forma transversal y la mesa de diálogo es una oportunidad única.

La intención tendría que ser garantizar un marco estable que recomponga las confianzas políticas, aborde las soluciones desde un diálogo sincero y transversal y construya un proyecto de país inclusivo; para todos los catalanes y las catalanas, piensen lo que piensen. Una propuesta mayoritaria que nos facilite salir de las vías fracasadas actuales que han agotado la política como camino de resolución de los conflictos políticos, pero que, paradójicamente, nos han hecho evidente que la política es la única salida posible.

En su encuentro con el Jefe del Estado, el presidente en funciones Pedro Sánchez ha afirmado que existe una “desconfianza recíproca” entre el PSOE y Unidas Podemos. Sinceramente, me parece una frivolidad. Cuando unas negociaciones, como las de la investidura, se encallan hay dos caminos: o se rebaja la tensión para recuperar la negociación allí donde se dejó, o se enfanga todavía más para que nada avance. Pedro Sánchez y el Partido Socialista parece que están más volcados en preparar una campaña electoral que en llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Parece que la repetición electoral es la opción de Sánchez.

Si fuese así, Sánchez cometería una grave irresponsabilidad. Lo peor, en política, no es generar desconfianza respecto a tu socio, aunque sea preferente. Ese tipo de desconfianzas se pueden corregir fácilmente transitando acuerdos, compartiendo gobiernos o sumando esfuerzos para hacer avanzar a España. La peor desconfianza, especialmente para las izquierdas, es la que se puede generar entre la política y la ciudadanía.

Una hipotética desconfianza entre PSOE y Unidas Podemos se puede recomponer; la desconfianza entre la ciudadanía y las fuerzas progresistas sería más difícil. Y eso es lo que Pedro Sánchez está poniendo en riesgo. Si las izquierdas defraudamos a la ciudadanía porque no somos capaces de llegar a un acuerdo programático y de gobierno, no tienen por qué otorgarnos una segunda oportunidad. Esperemos que Sánchez no equivoque su estrategia y coqueteando con una repetición electoral acabe entregando el gobierno del estado al trío de las derechas para que sean ellos los que desplieguen el proyecto deconstituyente que tienen previsto.

Han sido los propios sindicatos de clase, CCOO y UGT, quienes el pasado jueves advirtieron a Sánchez de la necesidad imperante de llegar ya a un acuerdo con Unidas Podemos. Que se deje de excusas y que se ponga a negociar con Unidas Podemos. Muy acertadamente, las centrales sindicales reconocían que existe una clara mayoría de izquierdas en el Congreso, y es obligación de quien ha ganado las elecciones transformar esa mayoría parlamentaria en una mayoría estable y de gobierno que implemente una política progresista.

Objetivos tan transformadores como derogar las reformas laborales, blindar el sistema público de pensiones o combatir la desigualdad y la precariedad laboral deben estar por encima de lo coyuntural de las confianzas políticas entre formaciones.

Además, estamos ante una oportunidad histórica también para Catalunya. Una parte del independentismo está virando su estrategia al darse cuenta de que combatir la intransigencia con más intransigencia no lleva a ningún lado. Y otra parte no tiene estrategia a largo plazo más allá de un adelanto electoral en Catalunya que no resolvería nada. Es el momento de apostar por un gobierno progresista y plurinacional que aborde desde el diálogo la situación política. Le interesa a España y también a Catalunya. Lo quiere la ciudadanía, según todas las encuestas.

Todavía estamos a tiempo. Antes del 23 de septiembre se tienen que recuperar las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para profundizar en unos acuerdos que desbloqueen la situación. Supongo que después de ejercer el poder en los tiempos del bipartidismo es difícil asimilar que los gobiernos monocolores son reliquias históricas. La política municipal ya hace tiempo que lo sabe. En los gobiernos autonómicos de la España del 2019 ya hay más ejecutivos en coalición que gobernados por una sola fuerza política. 20 de los 28 países de la Unión Europea también están gobernados por dos o más partidos. Es cuestión de meses que esa situación llegue también al gobierno central. Y Pedro Sánchez, ya sin excusas, debe decidir: o el ciclo de gobiernos plurales lo inaugura la izquierda o la derecha no tendrá ninguna duda en hacerlo.

En los últimos días no paramos de escuchar hablar de los másteres universitarios: de la salida de la política de Cristina Cifuentes (más por las cremas que por el máster), la vergüenza de un Pablo Casado que no da explicaciones sobre el suyo, el currículum inflado de Albert Rivera que ha hecho que su boomerang se le volviera en contra o las explicaciones y publicación de su tesis a las que se ha visto obligado a recurrir el presidente Pedro Sánchez.

El necesario debate sobre la honestidad de nuestros representantes públicos –el verdadero trasfondo con el que se debería enfocar la cuestión– se está escondiendo, porque no interesa ni a PP ni a Ciudadanos ni al PSOE, detrás de la cortina del sistema universitario español. Pero detrás de estos mastergate hay tres cuestiones graves: la degradación de las universidades públicas, la banalización del esfuerzo de los y las estudiantes y la exclusión universitaria de quien no pueda pagarse un máster.

Las políticas impuestas en los últimos años pretenden una degradación de las universidades públicas que se habían convertido en uno de los elementos fundamentales de corrección de las desigualdades y del fomento de la igualdad de oportunidades. La precariedad laboral del profesorado, la falta de atención a la carrera científica e investigadora, el incremento desmedido de las tasas universitarias que ha expulsado a 127.000 alumnos de familias sin recursos de la universidad o la mercantilización de una Universidad más pensada en satisfacer los intereses del mercado que en formar personas con conciencia crítica no son los síntomas de la crisis económica sino que son políticas promovidas desde los gobiernos europeos neoliberales.

La banalización del esfuerzo es otra de las consecuencias del caso de los másters. Quien tenga un máster sabe del esfuerzo, la dedicación en tiempo y en sacrificios de la vida personal, familiar y social y de la inversión económica que esto supone. Que durante el bipartidismo ha habido connivencia entre las élites económicas y las élites políticas es algo que todas sabemos y uno de los elementos por los cuales los espacios del cambio hemos llegado a la política. Es obligación de los poderes públicos evitar que esas connivencias se den en el mundo universitario, porque entonces acabamos perdiendo los de siempre: las clases populares.

Y, además, también está como trasfondo la exclusión universitaria de quien no pueda pagarse un máster. Las tasas universitarias se han incrementado en España hasta un 300%, siendo Catalunya la Comunidad donde son más altas. Si al precio de la carrera universitaria añadimos el del acceso a un máster, obligatorio para el ejercicio de algunas carreras profesionales, se pierde la equidad en el acceso al sistema universitario. Aquí ha colaborado sobremanera el Plan Bolonia, que con el 3+2 (tres años de grado y dos de máster) ha convertido la educación en un negocio para las universidades privadas. La gravedad del asunto es que este incremento de precios esconde una falta absoluta de relación entre el importe pagado y el ‘coste’ del servicio, que es a lo que obliga el marco normativo vigente. Así, el incremento de precios junto a la política de promoción de másteres para la formación individual ha supuesto que los de siempre, los hijos y las hijas de las clases populares, tengan más dificultad para acceder a la universidad.

Así pues, además de exigir honestidad y transparencia a los cargos públicos también cuando hablen de su formación académica, lo fundamental es adecuar el sistema universitario a las actuales necesidades del estado español. Y aquí hay urgencias.

El gran déficit que tenemos es la falta de un sistema estable, justo y regulado de financiación pública para las universidades públicas. Todo lo demás deriva de este problema principal. Así que una primera urgencia es que, también en el ámbito universitario, el dinero público debe ir destinado a las universidades públicas. Como segunda urgencia está el acceso a las becas y ayudas al estudio, que deben ser fomentadas mientras no se consiga una universidad totalmente gratuita, como tienen Grecia, Dinamarca, Suecia, Noruega o Austria, porque es la única vía efectiva para garantizar el derecho universal a la educación.

Y la tercera gran urgencia: erradicar la precariedad del personal docente e investigador. El sistema universitario español presenta unas plantillas académicas insuficientes, con una falta de plazas estructural que se agrava debido al envejecimiento de las plantillas que no son repuestas; y precarizadas, con unos sueldos que, en muchos casos, hacen incompatible la dedicación a la docencia y la investigación con el desarrollo pleno de la vida, debido al incremento de los contratos temporales y a tiempo parcial en el mundo universitario. Los llamados profesores ‘asociados’, que nacieron en 1983 como figura temporal pero que se han convertido en estructurales del sistema son auténticos profesores en precario que cobran muchas veces menos de 500 euros al mes y deben pagar, además, su cuota de autónomos. Por eso el presidente de los rectores españoles, Roberto Fernández, los definió como ‘profesores pobres’.

En definitiva, digamos las cosas por su nombre. Detrás de los diferentes mastergate (Cifuentes, Casado, Montón o Albert Rivera) hay una evidente falta de transparencia y honestidad de algunos líderes políticos. Pero no se puede esconder la falta de honestidad de eso líderes bajo una estigmatización del sistema universitario. Porque a la gente común no nos regalan los másters. A quien lo puede hacer le cuesta sacrificio, esfuerzo y muchos recursos económicos. Demasiados. Y lo escribe alguien que nunca pudo hacer un máster porque económicamente no me lo podía permitir.

El relato de un país o de un contexto político es una de las grandes piedras angulares de cualquier actor político. Un relato puede ponerlo en marcha todo, pero no todo vale para alimentar un relato. En Catalunya, hace tiempo que vivimos fuertes momentos de tensión política. Eso no hay discurso que lo niegue. Sin embargo, hay algunos, que con el fin de mantener su alegato sobre la situación llevan años empeñados en trasladar esta tensión a las aulas.

Este relato mata dos pájaros de un tiro, mantiene viva la llama de la fractura y consigue estigmatizar, criminalizar y perseguir nuestro modelo de escuela pública. Son grandes irresponsables. Cualquier democracia madura deja a la Educación fuera del escenario legítimo de confrontación política porque es donde nos jugamos el futuro de las próximas generaciones.

La guerra abierta, el fuego cruzado entre PP y C’s por debilitar a la escuela pública y servir en bandeja la ampliación de los conciertos a los modelos escolares más segregadores y más elitistas está llegando demasiado lejos. La denuncia de profesores en Catalunya, el caso del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca o la última noticia conocida que afirma que el Ministerio de Educación, actual titular de la Conselleria d’Ensenyament por la vía del 155, está investigando a más de 50 escuelas en Catalunya es una excusa más para hacer lo que siempre han querido hacer: acabar con el modelo de escuela pública catalana.

No lo consiguieron con Wert, el artífice de la ‘españolización’ de los niños catalanes; el Tribunal Constitucional les ha tumbado la segregación lingüística que pretendía la LOMCE; amenazaron con una casilla de la segregación que finalmente no van a poder implementar por el rechazo mayoritario del Congreso de los Diputados y de la sociedad catalana; y, ahora, pasan a la fase de señalar con nombres y apellidos hasta el punto de que el líder el cuarto partido político en España, Albert Rivera, sea capaz de colgar fotografías de las caras de maestros y maestras en sus redes sociales.

Imagínense por un momento que yo cuelgo en mi twitter la fotografía de algún profesor de las escuelas del Opus Dei, de esas que sí que adoctrinan en la religión católica y que segregan a los alumnos por sexo con dinero público. ¿Se imaginan? Imagínense que cuelgo esa foto y acuso de estar inculcando el odio contra las mujeres. Estaría fuera de lugar y me inhabilitaría como representante público. No nos corresponde a los políticos señalar, culpabilizar y dictar sentencia contra ningún cuerpo profesional, mucho menos el profesorado por lo sensible de su actividad.

Nuestro deber como representantes no es defender a los y las profesoras que piensan como yo, sino defender exista la libertad de opinión. Defiendo la libertad de opinar siempre y cuando lo prioritario sea la educación de nuestros hijos e hijas. Porque una sociedad que no piensa es una sociedad que no está dispuesta a avanzar de forma colectiva. Sin esa libertad para pensar y opinar volveríamos a los tiempos que nos enseñó la magnífica película ‘La Lengua de las Mariposas’. Esa obra de arte que nos mostraba la persecución al profesorado, y en la que el personaje interpretado por Fernando Fernán Gómez era el paradigma de la persecución sufrida por los docentes durante la Guerra Civil. Los fusilaron, los arrastraron, los humillaron, los arruinaron, pero no los vencieron.

«Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar ese tesoro». Fue el empeño de don Gregorio, el entrañable y soñador maestro de la película La lengua de las mariposas. Por favor, señores del PP y de C’s: saquen sus manos adoctrinadoras de la escuela pública y dejen que la próxima generación crezca libre.

Joan Mena. Diputado de En Comú Podem. 

La triple crisis que vive en España no tiene visos de resolverse en manos del gobierno del PP y su alianza por la derecha con Ciudadanos. La crisis socioeconómica que está expulsando a las familias más vulnerables de sus derechos más básicos, la crisis democrática que demuestra que la estructura del Partido Popular es una organización pensada para delinquir y para atrincherarse en el poder y la crisis territorial que evidencia el agotamiento del estado de las autonomías necesitan retos valientes que pongan en marcha una idea de país diferente. El mayor síntoma de esta triple crisis se está viviendo en la Generalitat de Catalunya y también en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La mayoría independentista que está legítimamente llamada a formar gobierno en Catalunya, liderados por JxCat y por ERC, se han quedado sin horizonte político. Más allá del evidente error en la judicialización del procés, que se está volviendo en contra del propio gobierno Rajoy, y de la represión que se está desencadenando en todo el estado bajo la excusa de la unidad de la nación, el independentismo ha entrado en una vía de agotamiento evidente por su inefectividad. Detrás de los símbolos, los discursos épicos y las investiduras fallidas, se esconde la evidencia de que no son capaces de formar un gobierno que gobierne para la gente. La guerra entre JxCat y ERC no es una batalla por mejorar las condiciones de vida de la gente, por blindar la educación y la sanidad pública o por incrementar nuestras cuotas de autogobierno ante la amenaza recentralizadora del Estado, sino un intento de JxCat de atrincherarse en el poder y continuar siendo la factoría catalana del poder por el poder. Así pues, el bloqueo en la formación de un más que nunca necesario gobierno para Catalunya está situando al país, cuando más inoportuna es, en una inestabilidad política que afecta en el día a día de los y las catalanas.

La inestabilidad política también se está adueñando del gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso a consecuencia de las falsificaciones, las mentiras y las amenazas del falso máster de la presidenta Cristina Cifuentes. El caso, en sí, escenifica las formas de gobernar del Partido Popular, el poder a costa de lo que sea, y también está poniendo en evidencia el papel de cómplice de la corrupción de Ciudadanos. Los casos de corrupción del PP en Valencia, Baleares, Murcia y ahora también Madrid, dejan de manifiesto que el partido de M. Rajoy necesita de las instituciones para parasitarlas todo lo que puedan pero también para proteger a sus corruptos. Funcionan como un clan. La propia Cifuentes ha dicho que sólo dejará la presidencia de la CAM si se lo pide Mariano Rajoy. Eso es, el capo. La peor corrupción que ejerce el PP no es la de robar dinero de la caja pública, que ya es denostable de por sí. La peor de sus corrupciones es la utilización de las instituciones del estado para sus propios intereses partidistas, para perseguir y criminalizar a sus opositores políticos y para parapetarse detrás de ellas para proteger a sus corruptos.

Ante estos dos escenarios de inestabilidad política, hoy claramente quien está aportando estabilidad evidente son las alcaldías de las principales ciudades del estado, Barcelona y Madrid. Precisamente dos alcaldías del espacio del cambio, en manos de dos mujeres que defienden una política feminista y que se hablan con honestidad. Manuela y Ada, Colau y Carmena, escenifican esa nueva política feminista  que tiene proyectos políticos para la gente. Barcelona no solamente es la ciudad española que más inversión social ha ejecutado a través de sus cuentas públicas, es además la ciudad que está liderando políticas de vivienda, intentando evitar la nueva burbuja de los alquileres inmobiliarios que está expulsando a los y las vecinas de uno de los derechos más fundamentales o las políticas de movilidad. Que pese a la utilización partidista que están haciendo algunos grupos del consistorio barcelonés, el gobierno municipal sigue apostando por la unión de los dos tranvías por la Diagonal, ampliando su apuesta por tener una mirada metropolitana. Y Madrid no solamente es la ciudad española que mejor ha capitaneado sus cuentas públicas y ha recortado el déficit que habían dejado las administraciones del PP en la capital, sino que también está liderando políticas de anticontaminación en la almendra central de la ciudad o en el ámbito de la participación ciudadana en unos presupuestos participativos que se han convertido ya en ejemplares para otros municipios.

Una vez más, el municipalismo liderado por el espacio del cambio demuestra, frente a los bloques antagónicos que hoy se alimentan mutuamente, Madrid y Barcelona se miran a los ojos y se dicen la verdad. Los encuentros entre Ada Colau y Manuela Carmena, imprescindible ejercicio de oxigenación de la vida política, demuestran precisamente eso. Demuestran que, desde la soberanía de cada uno de nuestros territorios, el estado plurinacional es la única solución seguramente a esas tres crisis. Contradiciendo al gran Antonio Machado, entre una España que muere, la de la corrupción del PP y de CiU, y una España que bosteza, la de un PSOE prisionero de las estrategias de la derecha y Ciudadanos como cómplice de esa misma derecha, emerge la España plurinacional del cambio. Frente a los problemas que han liderado Rajoy o Puigdemont, emergen las soluciones de Carmena y de Colau.

Els últims dies hem hagut d’escoltar per part del PSC-PSOE i el PDeCat que la moció de censura presentada per Unidos Podemos - En Comú Podem (UP-ECP) era una moció tàctica. Aquest argument va quedar automàticament descartat amb enquestes prèvies a la moció que van ser realitzades, per exemple la d’Invymark per a LaSexta, on el 50% de la població la considerava justificada i adequada. A banda de les nefastes polítiques neoliberals del PP i d’una gestió profundament privatitzadora i contrària als interessos de les classes populars, la censura al PP va venir motivada per la corrupció sistèmica que està corcant les nostres institucions.

Els governs del Partit Popular (l’estatal, alguns municipals i molts autonòmics) s’han caracteritzat per acumular tres tipus de corrupcions: econòmica, política i democràtica. La corrupció econòmica, on l’enriquiment personal de personatges vinculats a la direcció del partit com Bárcenas, Rato, Granados o González per sobre de l’interès pel bé comú està quedant manifestament demostrada, amb la complicitat de líders del partit com Aguirre, Cifuentes o el mateix Rajoy; la corrupció política, amb enginyeries legislatives organitzades per mantenir les privatitzacions que enriquien il·lícitament als seus amics i impedir els processos de municipalització dels serveis públics que només han tingut per objectiu garantir l’aplicació de les polítiques neoliberals que defensa el PP inclús en aquells territoris, ciutats i pobles on el no havien guanyat les eleccions i la ciutadania els havia negat la responsabilitat de governar; i la corrupció democràtica, amb la utilització irresponsable de les eines d’Estat, que haurien de ser imparcials, com un Tribunal Constitucional polititzat o un Ministeri de l’Interior convertit en comissari polític per a lluitar, espiar i perseguir els adversaris, principalment el procés i Podemos.

Amb aquest femer de corrupció i de guerra bruta, hi havia arguments més que suficients per desautoritzar els qui deien que la moció de censura era tàctica. El que sí va ser tàctic, per contra, és el vot en forma d’abstenció del PSC-PSOE i el PDeCat. Com pot el PSC-PSOE, que ha escollit com a lema per al Congrés de ratificació de Pedro Sánchez “Somos la izquierda” abstenir-se en una moció que censurava les polítiques de la dreta més neoliberal d’Europa si no és per tacticisme polític? Com s’entèn que el PDeCat, que pretén ser avantguarda de la unilateralitat i de la independència, s’abstingui a l’hora de fer fora Mariano Rajoy i el PP que són l’element que més vulnera la sobirania de Catalunya i no permet el referèndum si no és per tacticisme calculat? Tot i saber que era una moció que probablement no s’aprovaria, ni el PSC-PSOE ni el PDeCat, pel sentit simbòlic i el moment en què arribava la moció de censura, no es podien permetre no votar sí. Lo simbòlic és, clarament, molt important en política. No votar decididament contra un govern corrupte, retallador de llibertats i repressor de la sobirania del nostre país com és el govern del Partit Popular anirà sobre les esquenes del PSC-PSOE i del PDeCat durant molt de temps perquè la ciutadania de Catalunya no ho ha entès.

Estan a temps de rectificar. Tinc la sensació que aquesta moció de censura és la prèvia necessària per a una de nova, que s’hauria de presentar més aviat que tard, i que ha de superar el treball brut que farà Ciudadanos per a garantir la continuïtat del govern corrupte de Mariano Rajoy i la por dels últims anys del PSC-PSOE a arribar a acords amb forces com ERC, Bildu o PDeCat, superant la doctrina de la criminalització cap a aquestes forces que ha aconseguit imposar el PP. No serà fàcil, però és possible i, sobre tot, necessari perquè és la única possibilitat per acabar amb la corrupció, retornar drets a la ciutadania i buscar una solució a l’actual carreró llarg i sense sortida de les relacions entre Catalunya i Espanya.

Los últimos días hemos tenido que escuchar por parte del PSC-PSOE y el PDeCat que la moción de censura presentada por Unidos Podemos - En Comú Podem (UP-ECP) era una moción táctica. Este argumento quedó automáticamente descartado con encuestas previas a la moción que fueron realizadas, por ejemplo la de Invymark para LaSexta, donde el 50% de la población la consideraba justificada y adecuada. Aparte de las nefastas políticas neoliberales del PP y de una gestión profundamente privatizadora y contraria a los intereses de las clases populares, la censura al PP vino motivada por la corrupción sistémica que está carcomiendo nuestras instituciones.

Los gobiernos del Partido Popular (el del Estado, algunos municipales y muchos autonómicos) se han caracterizado por acumular tres tipos de corrupciones: económica, política y democrática. La corrupción económica, donde el enriquecimiento personal de personajes vinculados a la dirección del partido como Bárcenas, Rato, Granados o González por encima del interés del bien común está quedando manifiestamente demostrada, con la complicidad de líderes del partido como Aguirre, Cifuentes o el propio Rajoy; la corrupción política, con ingenierías legislativas organizadas para mantener las privatizaciones que enriquecían ilícitamente a sus amigos e impedir los procesos de municipalización de los servicios públicos que sólo han tenido por objetivo garantizar la aplicación de las políticas neoliberales que defiende el PP incluso en aquellos territorios, ciudades y pueblos donde no habían ganado las elecciones y la ciudadanía les había negado la responsabilidad de gobernar; y la corrupción democrática, con la utilización irresponsable de las herramientas de Estado, que deberían ser imparciales, como un Tribunal Constitucional politizado o un Ministerio del Interior convertido en comisario político para luchar, espiar y perseguir a los adversarios, principalmente del proceso catalán y Podemos.

Con este estercolero de corrupción y de guerra sucia, había argumentos más que suficientes para desautorizar a quienes decían que la moción de censura era táctica. Lo que sí fue táctico, por el contrario, es el voto en forma de abstención del PSC-PSOE y el PDeCat. Como puede el PSC-PSOE, que ha escogido como lema para el Congreso de ratificación de Pedro Sánchez “Somos la izquierda” se abstenga en una moción que censuraba las políticas de la derecha más neoliberal de Europa si no es por tacticismo político? ¿Cómo se entiende que el PDeCat, que pretende ser vanguardia de la unilateralidad y de la independencia, se abstenga a la hora de echar a Mariano Rajoy y el PP, que son el elemento que más vulnera la soberanía de Catalunya y no permite el referéndum si no es por tacticismo calculado? Aún sabiendo que era una moción que probablemente no se aprobaría, ni el PSC-PSOE ni el PDeCat, por el sentido simbólico y el momento en que llegaba la moción de censura, no se podían permitir no votar sí. El simbólico es, claramente, muy importante en política. No votar decididamente contra un gobierno corrupto, recortador de libertades y represor de la soberanía de nuestro país como es el gobierno del Partido Popular irá sobre las espaldas del PSC-PSOE y del PDeCat durante mucho tiempo, porque la ciudadanía de Catalunya no lo ha entendido .

Están a tiempo de rectificar. Tengo la sensación de que esta moción de censura es la previa necesaria para una nueva, que debería presentar más pronto que tarde, y que debe superar el trabajo sucio que hará Ciudadanos para garantizar la continuidad del gobierno corrupto de Mariano Rajoy y el miedo de los últimos años del PSC-PSOE a llegar a acuerdos con fuerzas como ERC, Bildu o PDeCat, superando la doctrina de la criminalización hacia estas fuerzas que ha logrado imponer el PP. No será fácil, pero es posible y, sobre todo, necesario porque es la única posibilidad para acabar con la corrupción, devolver derechos a la ciudadanía y buscar una solución al actual callejón largo y sin salida de las relaciones entre Catalunya y España.

“Fer de la llengua una arma de lluita i desgast polític és una de les actituds més irresponsables que es pot esperar d’un representant polític”, assegura Joan Mena, diputat d’En Comú Podem al Congrés

El pacte d’investidura entre el Partit Popular i Ciutadans ha tornat a situar la immersió lingüística com a model educatiu a Catalunya al centre de l’agenda política, i com a eina de desgast per part del nacionalisme espanyol.

La immersió lingüística a Catalunya s’ha evidenciat com el millor model educatiu possible, tenint en compte la realitat lingüística del nostre país, en termes de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats. Lluny de defensar la immersió com a element identitari, de joc de banderes o de posicionaments nacionalistes, una importantíssima majoria social de Catalunya ha defensat aquest model com a element fonamental d’igualtat d’oportunitats. Avui, gràcies a la immersió lingüística, un fill de classe treballadora pot arribar a tenir la mateixa igualtat d’oportunitats que el fill de la burgesia catalana. I aquest és un dels passos de futur més transcendental que pot fer un país tan plural com el nostre.

La primera experiència educativa en immersió lingüística es va donar al Canadà l’any 1965, concretament a l’escola Saint Lambert. Les famílies francòfones d’aquesta escola van detectar que els seus fills, sortint de les etapes d’educació obligatòria, no tenien les competències lingüístiques necessàries i això era un impediment a l’hora de trobar feina. Més enllà dels motius, la metodologia emprada i els objectius aconseguits, que han donat per moltes i variades tesis en pedagogia comparada, l’experiència de Saint Lambert va demostrar una cosa que el model educatiu català d’immersió lingüística també ha deixat palès: l’escolaritat en una segona llengua no representa cap impediment per a aquests alumnes en relació al seu èxit acadèmic. Ho dic, precisament, pel mantra que fan servir tant PP com C’s quan afirmen, rotundament i sense posar-se vermells, que un castellanoparlant té pitjors resultats acadèmics en matèries com, per exemple, matemàtiques. Aquesta és una de les grans mentides desmuntades empíricament. Hi ha només dues proves d’avaluació objectives i objectivables que desmunten aquesta fal·làcia. Tant  les proves PISA (molt criticables en quant a l’ús neoliberal que en fa la UE) com les PAAU (Proves d’Accés a la Universitat) demostren que el nivell competencial en llengua castellana d’un alumne de Sabadell, Girona o Montbrió del Camp és el mateix, o està en els mateixos paràmetres, que el d’un alumne de Madrid, Burgos o Cabra del Santo Cristo.

L’element positiu de la immersió lingüística a Catalunya és que es tracta d’un model pedagògic, defensat per la comunitat educativa en tota la seva transversalitat (institucions, personal educatiu, associacions de famílies i sindicats), que té per objectiu adquirir competència comunicativa en dues llengües (en el nostre cas, castellà i català) sense que l’aprenentatge d’una de les dues comporti la pèrdua de capacitat comunicativa en l’altra. I aquest objectiu ha estat parcialment aconseguit pel model educatiu català. Per què dic parcialment? La meva experiència docent -sóc professor de llengua castellana en excedència- m’ha fet veure que, tot i la immersió lingüística, hi ha bastants casos -cada vegada menys significatius, és cert- d’alumnes que surten sense la competència comunicativa adquirida en llengua catalana. En canvi, són molts pocs els casos -jo no n’he trobat mai cap- d’alumnes que surtin de l’etapa educativa sense la competència comunicativa assolida en llengua castellana. Segurament això té molt a veure amb què l’escola no és la única ‘institució’ (entesa des del punt de vista sociolingüístic) que aporta coneixement a l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’èxit del nostre model és la immersió lingüística, però també la flexibilitat que aquesta té. Sempre dic que el gran tresor que té l’escola pública catalana és el personal docent. Gent compromesa amb el sistema educatiu i amb el sentit comú com a eix vertebrador de la seva acció pedagògica (tot i les retallades en formació que, per desgràcia, s’estan notant a les nostres escoles). La flexibilitat de la immersió lingüística l’atorga el Projecte Curricular de Centre i el Pla Lingüístic de cadascuna de les nostres escoles. En aquest sentit hi ha un marge d’adaptació, en el marc de l’autonomia de cada centre, per a què l’escola detecti les dificultats lingüístiques de l’alumnat i en determini un Pla propi de l’escola. Això fa que, en funció de la realitat sociolingüística de cada territori, es puguin fer adaptacions curriculars i ampliar l’oferta pedagògica en castellà, en català o en anglès sempre amb l’objectiu abans esmentat: aconseguir l’aprenentatge d’una llengua sense perdre capacitat comunicativa en l’altra.

Val a dir que el model català d’immersió lingüística desenvolupat a partir dels anys vuitanta ha esdevingut un referent internacional de l’ensenyament de les llengües. La Llei 7/1983 de normalització lingüística va ser aprovada pel Parlament de Catalunya amb només dos vots en contra. La primera aplicació d’aquest sistema pedagògic es va dur a terme durant el curs 1983-1984 a dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet (com no, amb un alcalde del PSUC, molt conscient de la realitat de la seva localitat). Van ser precisament les famílies castellanoparlants les que més van reivindicar la immersió lingüística, per exemple les de l’escola Rosselló-Porcel, sabent que el futur dels seus fills i filles i la igualtat d’oportunitats respecte d’altres alumnes passava per un model d’aquest tipus. Anys més tard, i després d’una anàlisi rigorosa de l’experiència, la immersió lingüística va ser adoptada com a model d’ensenyament universal en tot el sistema el curs 1992-1993. Avui, la necessitat continua sent la mateixa. Els principals reivindicadors del model d’immersió lingüística hauríem de ser, precisament, les persones castellanoparlants.

Més enllà de la voluntat política irresponsable per part del PP i de C’s, la immersió lingüística catalana demostra que és una eina potent de cohesió del país. Si analitzem la realitat plurilingüe de l’estat espanyol, veiem com en els territoris de parla catalana (Catalunya, País Valencià i Illes Balears), el nivell de coneixement de les llengües oficials, castellà i català, és molt més equilibrat i, per tant, cohesionador a Catalunya que no pas al País Valencià o a les Illes Balears. El model educatiu imposat pel PP als territoris de parla catalana quan ha governat ha deixat clar que el seu objectiu no és fomentar l’ús de les dues llengües, que seria plenament legítim, sinó retornar a una situació de diglòssia lingüística on hi hagi una llengua principal i una altra de secundària, per qüestions i interessos polítics. I, a la vegada, el model educatiu del País Basc, també una comunitat bilingüe, ha suposat la segregació de l’alumnat per qüestions lingüístiques que no hauria de ser desitjable. Així doncs, el millor sistema és el que hem fet servir fins ara a Catalunya.

Per tant, els problemes que existeixen al nostre país en l’àmbit educatiu no són mai per qüestions de llengua. La convivència lingüística al carrer i als patis de les nostres escoles és un tresor que hauríem de saber preservar. Els problemes de les nostres escoles són: la subsidiarietat amb què governs del PP i de CDC volen convertir l’escola pública respecte de la privada, les retallades ideològiques de les polítiques neoliberals i la precarització del personal docent. Aquests sí que són problemes greus al nostre sistema educatiu que el PP promou amb les seves polítiques i que C’s no dedica ni cinc minuts a combatre’ls.

Està clar, perquè així ho hem viscut al Parlament de Catalunya, que tant PP com C’s intenten fer de la llengua una arma de lluita i desgast polític. Aquesta és una de les actituds més irresponsables que es pot esperar d’un representant polític. L’acord PP-C’s utilitza de forma fal·laç la proposta d’educació trilingüe com a argument superador de la immersió lingüística. PP i C’s amaguen, o per desconeixement o per mala fe, que en educació una cosa és que existeixi una llengua vehicular de comunicació de la comunitat educativa (en el nostre cas el català) i una altra que es pugui educar en més d’una llengua. És a dir, el fet que el català sigui la llengua vehicular del nostre sistema educatiu no és contradictori amb què l’alumnat de Catalunya surti de la seva etapa d’escolarització obligatòria amb competència comunicativa en tres llengües: català, castellà i anglès. Objectiu que, per suposat, compartim àmpliament les persones que defensem la immersió lingüística. La part positiva és que l’acord PP-C’s no podrà eliminar el sistema d’immersió lingüística, perquè no només aquest model té un suport majoritari al Parlament de Catalunya, la seu de la sobirania del nostre país, i el personal educatiu de les nostres escoles hi està compromès, sinó sobretot perquè hi ha un suport social massiu a tot el país en la defensa del model d’immersió lingüístic. I aquest suport massiu no respon a qüestions nacionalistes, identitàries ni de banderes, sinó a què les famílies són conscients que aquesta és l’eina fonamental per igualar en drets els i les filles del nostre país. Així doncs, demano a PP i C’s que deixin de fer política amb lletra petita amb la immersió lingüística, perquè no ens podem permetre un país més desigual encara del que les polítiques neoliberals ens estan imposant.

"Hacer de la lengua un arma de lucha y desgaste político es una de las actitudes más irresponsables que se puede esperar de un representante político", considera Joan Mena, diputado de En Comú Podem en el Congreso

El pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos ha vuelto a situar la inmersión lingüística como modelo educativo en Cataluña en el centro de la agenda política, y como herramienta de desgaste por parte del nacionalismo español.

La inmersión lingüística en Cataluña se ha evidenciado como el mejor modelo educativo posible, teniendo en cuenta la realidad lingüística de nuestro país, en términos de cohesión social y de igualdad de oportunidades. Lejos de defender la inmersión como elemento identitario, de juego de banderas o de posicionamientos nacionalistas, una importantísima mayoría social de Cataluña ha defendido este modelo como elemento fundamental de igualdad de oportunidades. Hoy, gracias a la inmersión lingüística, un hijo de clase trabajadora puede llegar a tener la misma igualdad de oportunidades que el hijo de la burguesía catalana. Y este es uno de los pasos de futuro más trascendental que puede dar un país tan plural como el nuestro.

La primera experiencia educativa en inmersión lingüística se dio en Canadá en 1965, concretamente en la escuela Saint Lambert. Las familias francófonas de esta escuela detectaron que sus hijos, saliendo de las etapas de educación obligatoria, no tenían las competencias lingüísticas necesarias y esto era un impedimento a la hora de encontrar trabajo. Más allá de los motivos, la metodología empleada y los objetivos conseguidos, que han dado para muchas y variadas tesis en pedagogía comparada, la experiencia de Saint Lambert demostró algo que el modelo educativo catalán de inmersión lingüística también ha dejado patente: la escolarización en una segunda lengua no representa ningún impedimento para estos alumnos en relación a su éxito académico. Lo digo, precisamente, por el mantra que usan tanto PP como C 's cuando afirman, rotundamente y sin ponerse colorados, que un castellanohablante tiene peores resultados académicos en materias como, por ejemplo, matemáticas. Esta es una de las grandes mentiras desmontadas empíricamente. Hay sólo dos pruebas de evaluación objetivas y objetivables que desmontan esta falacia. Tanto las pruebas PISA (muy criticables en cuanto al uso neoliberal que hace la UE) como las PAAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) demuestran que el nivel competencial en lengua castellana de un alumno de Sabadell, Girona o Montbrió del Camp es el mismo, o está en los mismos parámetros, que el de un alumno de Madrid, Burgos o Cabra del Santo Cristo.

El elemento positivo de la inmersión lingüística en Cataluña es que se trata de un modelo pedagógico, defendido por la comunidad educativa en toda su transversalidad (instituciones, personal educativo, asociaciones de familias y sindicatos), que tiene por objetivo adquirir competencia comunicativa en dos lenguas (en nuestro caso, castellano y catalán) sin que el aprendizaje de una de las dos conlleve la pérdida de capacidad comunicativa en la otra. Y este objetivo ha sido parcialmente alcanzado por el modelo educativo catalán. ¿Por qué digo parcialmente? Mi experiencia docente -soy profesor de lengua castellana en excedencia- me ha hecho ver que, a pesar de la inmersión lingüística, hay bastantes casos -cada vez menos significativos, es cierto- de alumnos que salen sin la competencia comunicativa adquirida en lengua catalana. En cambio, son muy pocos los casos -yo no he encontrado nunca ninguno- de alumnos que finalicen la etapa educativa sin la competencia comunicativa alcanzada en lengua castellana. Seguramente esto tiene mucho que ver con que la escuela no es la única institución (entendida desde el punto de vista sociolingüístico) que aporta conocimiento al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

El éxito de nuestro modelo es la inmersión lingüística, pero también la flexibilidad que ésta tiene. Siempre digo que el gran tesoro que tiene la escuela pública catalana es el personal docente. Gente comprometida con el sistema educativo y con el sentido común como eje vertebrador de su acción pedagógica (a pesar de los recortes en formación que, por desgracia, se están notando en nuestras escuelas). La flexibilidad de la inmersión lingüística la otorga el Proyecto Curricular de Centro y el Plan Lingüístico de cada una de nuestras escuelas. En este sentido hay un margen de adaptación, en el marco de la autonomía de cada centro, para que la escuela detecte las dificultades lingüísticas del alumnado y determine un Plan propio de la escuela. Esto hace que, en función de la realidad sociolingüística de cada territorio, se puedan hacer adaptaciones curriculares y ampliar la oferta pedagógica en castellano, en catalán o en inglés siempre con el objetivo antes mencionado: conseguir el aprendizaje de una lengua sin perder capacidad comunicativa en la otra.

Cabe decir que el modelo catalán de inmersión lingüística desarrollado a partir de los años ochenta se ha convertido en un referente internacional de la enseñanza de las lenguas. La Ley 7/1983 de normalización lingüística fue aprobada por el Parlament de Catalunya con sólo dos votos en contra. La primera aplicación de este sistema pedagógico se llevó a cabo durante el curso 1983-1984 en diecinueve escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet (como no, con un alcalde del PSUC, muy consciente de la realidad de su localidad). Fueron precisamente las familias castellanohablantes las que más reivindicaron la inmersión lingüística, por ejemplo las de la escuela Rosselló-Porcel, sabiendo que el futuro de sus hijos y la igualdad de oportunidades respecto de otros alumnos pasaban por un modelo de este tipo. Años más tarde, y después de un análisis riguroso de la experiencia, la inmersión lingüística fue adoptada como modelo de enseñanza universal en todo el sistema el curso 1992-1993. Hoy, la necesidad sigue siendo la misma. Los principales reivindicadores del modelo de inmersión lingüística deberíamos ser, precisamente, las personas castellanohablantes.

Más allá de la voluntad política irresponsable por parte del PP y de Ciudadanos, la inmersión lingüística catalana demuestra que es una herramienta potente de cohesión del país. Si analizamos la realidad plurilingüe de España, vemos como en los territorios de habla catalana (Cataluña, Valencia y las Islas Baleares), el nivel de conocimiento de las lenguas oficiales, castellano y catalán, es mucho más equilibrado y, por tanto , cohesionador en Cataluña que en el País Valenciano o en las Islas Baleares. El modelo educativo impuesto por el PP en los territorios de habla catalana cuando ha gobernado ha dejado claro que su objetivo no es fomentar el uso de las dos lenguas, que sería plenamente legítimo, sino retornar a una situación de diglosia lingüística donde haya una lengua principal y otra secundaria, por cuestiones e intereses políticos. Y, a la vez, el modelo educativo del País Vasco, también una comunidad bilingüe, ha supuesto la segregación del alumnado por cuestiones lingüísticas que no debería ser deseable. Así pues, el mejor sistema es el que hemos utilizado hasta ahora en Cataluña.

Por tanto, los problemas que existen en nuestro país en el ámbito educativo no son nunca por cuestiones de lengua. La convivencia lingüística en la calle y en los patios de nuestras escuelas es un tesoro que deberíamos saber preservar. Los problemas de nuestras escuelas son: la subsidiariedad con que gobiernos del PP y de CDC quieren convertir la escuela pública respecto de la privada, los recortes ideológicos de las políticas neoliberales y la precarización del personal docente. Estos sí son problemas graves en nuestro sistema educativo que el PP promueve con sus políticas y que C 's no dedica ni cinco minutos a combatirlos.

Está claro, porque así lo hemos vivido en el Parlament de Catalunya, que tanto PP como C 's intentan hacer de la lengua un arma de lucha y desgaste político. Esta es una de las actitudes más irresponsables que se puede esperar de un representante político. El acuerdo PP-C 's utiliza de forma falaz la propuesta de educación trilingüe como argumento superador de la inmersión lingüística. PP y C 's esconden, o por desconocimiento o por mala fe, que en educación una cosa es que exista una lengua vehicular de comunicación de la comunidad educativa (en nuestro caso el catalán) y otra que se pueda educar en más de una lengua. Es decir, el hecho de que el catalán sea la lengua vehicular de nuestro sistema educativo no es contradictorio con que el alumnado de Cataluña salga de su etapa de escolarización obligatoria con competencia comunicativa en tres lenguas: catalán, castellano e inglés. Objetivo que, por supuesto, compartimos ampliamente las personas que defendemos la inmersión lingüística. La parte positiva es que el acuerdo PP-C 's no podrá eliminar el sistema de inmersión lingüística, porque no sólo este modelo tiene un apoyo mayoritario en el Parlament de Catalunya, la sede de la soberanía de nuestro país, y el personal educativo de las nuestras escuelas está comprometido, sino sobre todo porque hay un apoyo social masivo en todo el país en la defensa del modelo de inmersión lingüística. Y este apoyo masivo no responde a cuestiones nacionalistas, identitarias ni de banderas, sino a que las familias son conscientes de que esta es la herramienta fundamental para igualar en derechos a los y las hijas de nuestro país. Así pues, pido a PP y C 's que dejen de hacer política con letra pequeña con la inmersión lingüística, porque no nos podemos permitir un país más desigual aún del que las políticas neoliberales nos están imponiendo.

La violencia contra las personas que defienden el medio ambiente se produce en muchos países donde empresas transnacionales tienen importantes intereses, en muchas ocasiones con la connivencia de los gobiernos y del poder financiero

Con una diferencia de quince días, Honduras ha vivido el asesinato de dos de sus líderes medioambientalistas más reconocidos en el país, Berta Cáceres y Nelson García. Ambos estaban vinculados al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y respondían a un mismo patrón: conocidos líderes medioambientalistas que se enfrentaban al poder monolítico de las grandes multinacionales que especulan con la tierra. La persecución, la amenaza y la violencia contra las personas que defienden el medio ambiente se produce en muchos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen importantes intereses, en muchas ocasiones con la connivencia de los gobiernos y del poder financiero.

Según el informe Global Witness, en 2014 fueron asesinadas 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. De todos los países donde se producen este tipo de crímenes, Honduras es el más peligroso per cápita. El asesinato de Nelson García, tal y como ocurrió con el de Berta Cáceres, demuestra la desprotección que padecen en Honduras los defensores medioambientales y la impunidad que, con la aquiescencia del gobierno, pesa sobre estos crímenes.

Tanto el asesinato de Berta Cáceres como el de Nelson García, y otros tantos defensores de la tierra, demuestran lo costoso que resulta defender los derechos sociales y medioambientales en determinados países, especialmente en Honduras. En el caso del asesinato de Nelson García, que se produjo en el marco de un desalojo a 150 familias que trabajaban en la comunidad ocupada de Río Chiquito, la Red de Defensoras de la Tierra ha denunciado la existencia de heridos, violencia policial y amenazas de detención contra dos activistas más del COPINH. Esto constata la connivencia, en forma de dejación de las responsabilidades en la investigación de estos crímenes y en una abusiva violencia policial activa del gobierno hondureño que, claramente, se posiciona al lado de los poderosos de las empresas transnacionales y contra los derechos sociales y medioambientales de los pueblos indígenas.

La lucha de los activistas del COPINH y de otras organizaciones con idéntico objetivo es una lucha activa a favor de los intereses de las clases populares y contra los privilegios y la especulación que provocan los poderosos. Los defensores de la tierra hondureños se dejan, literalmente, la vida contra el desarrollo colonialista, y más concretamente contra los proyectos hidroeléctricos, que dejan huella en el planeta en general y en Centroamérica en particular. En ese sentido, el gobierno de España también tiene una alta responsabilidad en estos aspectos. Un gobierno que estuviera comprometido con los derechos humanos y las luchas medioambientalistas, debería poner en marcha, desde España, mecanismos propios de control y penalización a empresas de origen español que vulneren los derechos humanos en terceros países. El gobierno del PP, por supuesto, no tiene la voluntad política de aplicar estas sanciones: sus aliados son, precisamente, las empresas que vulneran derechos en terceros países y no los y las ciudadanas de estos países. La lucha de los activistas debe ser la lucha de todos y de todas. No permitir que el planeta caiga en las manos especulativas de los grandes nombres propios del capitalismo salvaje que trincha nuestros territorios es un esfuerzo titánico que no solo beneficia a sus comunidades regionales, sino que, fundamentalmente, batalla por la buena salud del planeta Tierra. 

Evidentemente, estos asesinatos también tienen mucho de crímenes políticos. Tanto la propia muerte de estos destacados líderes medioambientales, en muchas ocasiones ligados también a movilizaciones de carácter político y de regeneración democrática en sus países, como la impunidad que supone asesinar a un activista denotan que su compromiso no interesa ni a las grandes empresas transnacionales ni a los gobiernos que están sometidos y arrodillados ante el poder de las empresas que especulan con el territorio. Podríamos afirmar que detrás de estos crímenes está una lucha por la soberanía: la soberanía privativa en manos de una oligarquía enriquecida con la especulación de los recursos naturales y la soberanía popular que pelea por convertir a estos territorios en espacios libres de especulación. Nuevamente, estamos ante la disputa hegemónica de la soberanía de nuestros pueblos: o mantienen el control de las decisiones los oligarcas que hacen negocio con nuestros derechos, o recuperamos el gobierno para los pueblos, que son sus legítimos propietarios. La impunidad ante estos crímenes y el no cumplimento de la Carta de los Derechos Humanos en este país centroamericano no es únicamente responsabilidad del gobierno de Honduras. La comunidad internacional también tiene la responsabilidad de ejercer la presión necesaria sobre el gobierno de Honduras para que cese la ofensiva desarrollista y extractivista a la que se une la represión contra los defensores de la tierra.

Hay un aspecto importante que también se debería poder analizar, en el caso de Honduras, y extraer las conclusiones adecuadas. La represión contra los líderes indígenas hondureños se ha disparado exponencialmente desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009 en que fue derrocado el presidente electo democráticamente, José Manuel Zelaya. Este indigno episodio atropelló la institucionalidad hondureña al resolver a través de un mecanismo ilegal, como es un golpe de facto, una disputa política entre los intereses más conversadores vinculados al ejército y a los EEUU, frente a los avances democráticos y populares que Zelaya había impulsado desde su llegada al ejecutivo. Como si pasar por encima de las instituciones democráticas fuera más grave en Europa o en EEUU que en África o Centroamérica. Detrás de todo esto, hay una cuestión fundamental: ¿pueden los intereses económicos de las empresas transnacionales derrocar gobiernos en América Latina para defender sus privilegios? Esa pregunta debe ser fruto de otra reflexión. Deberíamos conseguir lo que dice aquella canción de Joaquín Sabina, “que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena”. A Berta Cáceres y a Nelson García les ha salido muy caro ser valientes, pero si los gobiernos democráticos y la sociedad europea no combatimos estos asesinatos seremos cómplices y tan culpables como los autores materiales e intelectuales de los mismos.

"El paper que tenim, en aquests temps difícils, les esquerres (Podem, IU i les Confluències) és el d'alliberar al PSOE de l'enclusa que el lliga a les polítiques de dretes del Partit Popular", assegura el diputat d'En Comú Podem, Joan Mena

Des de la investidura programadament fallida de Pedro Sánchez els passats dies dos i quatre de març, la política espanyola continua en un estat de bucle entre la teatralització i els actes partidistes de campanya. En aquests últims dies, hem sabut que Pedro Sánchez i Albert Rivera estan disposats a comptar amb el PP de Mariano Rajoy per sumar-lo al seu acord “reformista i de progrés” (té nassos unir en la mateixa frase PP, Ciutadans, reforma i progrés!).

També ens ha explicat Ciutadans que si el candidat a ser investit no és Mariano Rajoy, però és una altra persona del Partit Popular, estan disposats a negociar. I és clar, com Pedro Sánchez ja ens va dir que darrere seu hi ha 130 diputats i diputades (els que sumen PSOE i Ciutadans), entenem que ell també està disposat a negociar si el nom per a ser investit no és Mariano Rajoy.



El problema és que PP, PSOE i Ciutadans han caigut premeditadament en l'estratègia de parlar de noms propis (la investidura de Pedro, la de Rajoy, la d'alguna altra persona del PP i fins i tot Rivera no hi renuncia) per no parlar de polítiques. Necessiten parlar de persones per no haver de parlar de polítiques, que és l'important. El canvi que requereix Espanya, la regeneració democràtica que va guanyar representada per diferents opcions en les darreres eleccions del 20D, es fonamenta en aplicar noves polítiques, no en un canvi substantiu de noms i cognoms.

Això és el que interessa al bipartidisme avui encarnat per PP, PSOE i també Ciutadans; però no és el que interessa al conjunt dels i les espanyoles. La gent ha votat per canviar de polítiques, per recuperar drets, per blindar serveis públics i no per substituir un president per un altre i que segueixi fent les mateixes polítiques al servei dels poderosos i d'esquena a la ciutadania. No es tracta doncs d'investir persones, es tracta d'investir polítiques, perquè només millorarem la vida de la gent, especialment de la més vulnerable, si investim unes polítiques diferents a les que han governat en els últims anys.



A la investidura només hi ha dues opcions sòlides: o les polítiques continuistes disposades en algun format de gran coalició o les polítiques d'esquerres amb una suma coalitzada de forces del canvi. És a dir, o un govern on intervinguin per activa o per passiva PP, PSOE i Ciutadans, o un govern de progrés on hi participin PSOE, Podem, IU i les confluències. Per moltes voltes que el PSOE de Pedro Sánchez li vulgui donar a la situació, ell sap que només hi ha aquestes dues sortides. I del PSOE depèn. Sense cap dubte, els interessos de la Unió Europea i dels grans poders fàctics, econòmics i financers que treballen políticament dins l'estat espanyol ja estan intentant afermar una opció continuista en forma de Gran Coalició.

Si el president és Sánchez, Rajoy o una altra persona del PP, és el de menys. El que interessa al gran capital és que les polítiques que ha desenvolupat el PP de Mariano Rajoy segueixin cap endavant, i no perdin el traç gros que s'ha imposat a tot Europa arran d'aprofitar la crisi econòmica com a excusa per a retallar drets i serveis públics, i oferir-los en forma de privatitzacions i retallades, en safata de plata, als amics del poder.



I enfront d'aquesta alternativa, que té pinta de ser la que s'acabi imposant abans d'unes hipotètiques noves eleccions al juny de 2016 que no interessen a ningú, i molt menys als més poderosos del país, només hi ha una opció real de canvi: un govern de coalició entre PSOE, Podem, IU i les confluències. Aquest gran acord de progrés hauria de reconstruir la democràcia perduda amb els últims governs de Zapatero i Rajoy (modificació de l'article 135, LOMCE, Llei Mordassa, Llei d'Estabilitat Pressupostària, últimes reformes laborals, etc.), reconstruir les polítiques socials al nostre país (incrementar el valor adquisitiu dels pensionistes, pujar el Salari Mínim fins als mil euros, revertir les retallades en educació, sanitat i polítiques socials, millorar l'ocupació i un pla perquè els espanyols retornin de l'exili forçat a què els governs neoliberals els han sotmès) i, per descomptat, un nou pacte territorial basat en la democràcia. La democràcia consisteix en què els ciutadans i les ciutadanes, després d'un procés d'informació, un procés de deliberació, i on totes les opcions possibles estiguin igualment representades, puguin votar el futur polític del seu país.



El paper que tenim, en aquests temps difícils, les esquerres (Podem, IU i les Confluències) és el d'alliberar al PSOE de l'enclusa que el lliga a les polítiques de dretes del Partit Popular, recuperar una part important dels seus votants, perquè són gent d'esquerres, i treballar per una democràcia plena, pel blindatge dels drets socials i els serveis públics i pel dret a l'autodeterminació que han de tenir tots els pobles com a element cohesionador d'un nou Pacte Territorial. Només així aconseguirem un autèntic govern del canvi. La resta de possibilitats són capes de vernís per a un sistema que fa anys que està donant símptomes de descomposició.

"El papel que tenemos, en estos tiempos difíciles, las izquierdas (Podemos, IU y las Confluencias) es el de liberar al PSOE del yunque que lo ata a las políticas de derechas del Partido Popular", asegura el diputado en el Congreso de En Comú Podem, Joan Mena

Desde la investidura programadamente fallida de Pedro Sánchez los pasados días dos y cuatro de marzo, la política española continúa en un estado de bucle entre la teatralización y los actos partidistas de campaña. En estos últimos días, hemos sabido que Pedro Sánchez y Albert Rivera están dispuestos a contar con el PP de Mariano Rajoy para sumarlo a su acuerdo “reformista y de progreso” (¡tiene narices unir en la misma frase PP, Ciudadanos, reforma y progreso!).

También nos ha contado Ciudadanos que si el candidato a ser investido no es Mariano Rajoy, pero es otra persona del Partido Popular, están dispuestos a negociar. Y claro, como Pedro Sánchez ya nos dijo que detrás suyo hay 130 diputados y diputadas (los que suman PSOE y C’s), entendemos que él también está dispuesto a negociar si el nombre para ser investido no es Mariano Rajoy.

El problema es que PP, PSOE y Ciudadanos han caído premeditadamente en la estrategia de hablar de nombres propios (la investidura de Pedro, la de Rajoy, la de alguna otra persona del PP e incluso Rivera no renuncia a ello) para no hablar de políticas. Necesitan hablar de personas para no tener que hablar de políticas, que es lo importante. El cambio que requiere España, la regeneración democrática que ganó representada por diferentes opciones en las últimas elecciones del 20D, se fundamenta en aplicar nuevas políticas, no en un cambio sustantivo de nombres y apellidos.

Eso es lo que interesa al bipartidismo hoy encarnado por PP, PSOE y también C’s; pero no es lo que interesa al conjunto de los y las españolas. La gente ha votado para cambiar de políticas, para recuperar derechos, para blindar servicios públicos y no para sustituir un presidente por otro y que siga haciendo las mismas políticas al servicio de los poderosos y de espaldas a la ciudadanía. No se trata pues de investir personas, se trata de investir políticas, porque sólo mejoraremos la vida de la gente, especialmente de la más vulnerable, si investimos unas políticas diferentes a las que han gobernado en los últimos años.

En la investidura sólo hay dos opciones sólidas: o las políticas continuistas dispuestas en algún formato de gran coalición o las políticas de izquierdas con una suma coaligada de fuerzas del cambio. Es decir, o un gobierno donde intervengan por activa o por pasiva PP, PSOE y C’s, o un gobierno de progreso donde participen PSOE, Podemos, IU y las confluencias. Por muchas vueltas que el PSOE de Pedro Sánchez le quiera dar a la situación, él sabe que sólo hay estas dos salidas. Y del PSOE depende. Sin lugar a dudas, los intereses de la Unión Europea y de los grandes poderes fácticos, económicos y financieros que trabajan políticamente dentro del estado español ya están intentando afianzar una opción continuista en forma de Gran Coalición.

Si el presidente es Sánchez, si es Rajoy o si es otra persona del PP, es lo de menos. Lo que interesa al gran capital es que las políticas que ha desarrollado el PP de Mariano Rajoy sigan hacia adelante, y no pierdan el trazo gordo que se ha impuesto en toda Europa a raíz de aprovechar la crisis económica como excusa para recortar derechos y servicios públicos, y ofrecerlos, en forma de privatizaciones y recortes, en bandeja de plata a los amigos del poder.

Y frente a esa alternativa, que tiene pinta de ser la que se acabe imponiendo antes de unas hipotéticas nuevas elecciones en junio de 2016 que no interesan a nadie, y mucho menos a los más poderosos del país, sólo hay una opción real de cambio: un gobierno de coalición entre PSOE, Podemos, IU y las confluencias. Este gran acuerdo de progreso debería reconstruir la democracia perdida con los últimos gobiernos de Zapatero y Rajoy (modificación del artículo 135, LOMCE, Ley Mordaza, Ley de Estabilidad Presupuestaria, últimas reformas laborales, etc), reconstruir las políticas sociales en nuestro país (incrementar el valor adquisitivo de los pensionistas, subir el Salario Mínimo hasta los mil euros, revertir los recortes en educación, sanidad y políticas sociales, mejorar la ocupación y un plan para que los españoles retornen del exilio forzado al que los gobiernos neoliberales los han sometido) y, por supuesto, un nuevo pacto territorial basado en la democracia. La democracia consiste en que los ciudadanos y las ciudadanas, después de un proceso de información, un proceso de deliberación, y donde todas las opciones posibles estén igualmente representadas, puedan votar el futuro político de su país.

El papel que tenemos, en estos tiempos difíciles, las izquierdas (Podemos, IU y las Confluencias) es el de liberar al PSOE del yunque que lo ata a las políticas de derechas del Partido Popular, recuperar a una parte importante de sus votantes, porque son gente de izquierdas, y trabajar por una democracia plena, por el blindaje de los derechos sociales y los servicios públicos y por el derecho a la autodeterminación que deben tener todos los pueblos como elemento cohesionador de un nuevo Pacto Territorial. Sólo así conseguiremos un auténtico gobierno del cambio. El resto de posibilidades son capas de barniz para un sistema que hace años que está dando síntomas de descomposición.

Cal iniciar un procés constituent que no prefiguri el resultat final de la relació que Catalunya acabi tenint amb la resta de l’Estat, sinó que permeti fer un referèndum que sigui vinculant.

La present legislatura va començar el 23 de gener de 2013 al Parlament de Catalunya amb la força que donava que el 63% dels diputats i diputades reconeguéssim Catalunya com un subjecte polític amb la capacitat de decidir el seu futur. Malauradament, i només pels interessos electoralistes i partidistes d’Artur Mas i CDC, el dret a decidir acaba la legislatura dividit i confrontant entre sí.

La gran força del dret a decidir és que gent que no és independentista, com és el meu cas, doni suport a què la ciutadania pugui decidir el futur, des de la radicalitat democràtica. La gran irresponsabilitat d’Artur Mas en el final d’aquesta legislatura ha estat la de fer confrontar i percebre com a adversaris aquells que defensem el dret a l’autodeterminació dels pobles des de sensibilitats o enfocaments diferents. I tot a causa d’una estratègia marcadament electoral. Aquesta confrontació només farà que la situació entri en un cul de sac sense sortida o que acabi guanyant l’immobilisme bipartidista del PP i del PSOE.

Entendre les eleccions del 27S com a plebiscit sobre la independència debilita la força del dret a decidir perquè el divideix. A més, no podem acceptar subterfugis ni succedanis que substitueixin un referèndum. La consulta no està amortitzada perquè no es va voler fer el 9N en el format en què estava pactat. Així doncs, les eleccions del 27S han de ser constituents. Perquè cal tancar una etapa, l’autonòmica, i obrir-ne una de nova que defensi la plena sobirania de Catalunya, però no una sobirania sotmesa a les imposicions de la Troika o del TTIP que defensa CDC, sinó la plena sobirania nacional, social i democràtica. Evidentment, cal que aquest procés constituent no estigui subordinat a cap altre procés d’aquest tipus, que tant de bo es pugui dur a terme també a Espanya i al conjunt d’Europa.

Quina és la diferència? El plebiscit que planteja Mas, a banda de ser una trampa perquè ell mai no defensarà la sobirania de les classes populars en aspectes socials o democràtics, fa que les llistes que es presentaran a les eleccions triïn en nom de la ciutadania, quan el dret a l’autodeterminació l’han d’exercir directament, i no per delegació, els i les catalanes. Per tant, cal iniciar un procés constituent que no prefiguri el resultat final de la relació que Catalunya acabi tenint amb la resta de l’Estat, sinó que permeti fer un referèndum que sigui vinculant.

A més, amb l’aritmètica parlamentària a la mà, seria més intel·ligent optar per l’opció del procés constituent. Segons les últimes enquestes, la independència a través d’unes eleccions sumaria el 46% dels vots, mentre que el suport a un inici constituent tindria l’aval del 63% del Parlament i, a sobre, acabaria amb la celebració d’un referèndum vinculant. Per què hem de dividir el dret a decidir per declarar una hipotètica independència amb el 46% dels vots, que no es podrà fer ni tindrà el reconeixement de ningú, i no optem per obrir un procés constituent per decidir-ho tot que comptaria amb el 63% dels suports parlamentaris?

Està clar: si això no es fa, és perquè a CDC només li interessa una independència formal, asfixiada pel TTIP i per la Troika i no la sobirania plena en els àmbits nacional, social i democràtic. I perquè ERC ha avalat aquesta tesi amb l’acceptació de la llista “Junts pel Sí a Mas” que no ens traurà de l’actual atzucac. L’alternativa, doncs, és esperar que guanyi la confluència de “Catalunya sí que es pot”, que aposta per  un full de ruta constituent que impliqui la realització d’un referèndum per decidir quina relació volem mantenir amb l’Estat, un procés de definició d’un nou marc jurídic i institucional de Catalunya, i l’elaboració d’una Constitució i la seva posterior ratificació.

Hay que iniciar un proceso constituyente que no prefigure el resultado final de la relación que Catalunya acabe teniendo con el resto del Estado, sino que permita hacer un referéndum que sea vinculante.

La presente legislatura empezó el 23 de enero de 2013 en el Parlament de Catalunya con la fuerza que daba que el 63% de los diputados y diputadas reconociéramos Catalunya como un sujeto político con la capacidad de decidir su futuro. Desgraciadamente, y sólo por los intereses electoralistas y partidistas de Artur Mas y CDC, el derecho a decidir termina la legislatura dividido y confrontado entre sí.

La gran fuerza del derecho a decidir es que gente que no es independentista, como es mi caso, apoye que la ciudadanía pueda decidir el futuro, desde la radicalidad democrática. La gran irresponsabilidad de Artur Mas en el final de esta legislatura ha sido la de hacer confrontar y percibir como adversarios aquellos que defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos desde sensibilidades o enfoques diferentes. Y todo debido a una estrategia marcadamente electoral. Esta confrontación sólo hará que la situación entre en un callejón sin salida o que termine ganando el inmovilismo bipartidista del PP y del PSOE.

Entender las elecciones del 27S como plebiscito sobre la independencia debilita la fuerza del derecho a decidir porque lo divide. Además, no podemos aceptar subterfugios ni sucedáneos que sustituyan un referéndum. La consulta no está amortizada porque no se quiso hacer el 9N en el formato en que estaba pactado. Así pues, las elecciones del 27S deben ser constituyentes. Porque hay que cerrar una etapa, la autonómica, y abrir una nueva que defienda la plena soberanía de Catalunya, pero no una soberanía sometida a las imposiciones de la Troika o del TTIP que defiende CDC, sino la plena soberanía nacional, social y democrática. Evidentemente, es necesario que este proceso constituyente no esté subordinado a ningún otro proceso de este tipo, que ojalá se pueda llevar a cabo también en España y en el conjunto de Europa.

¿Cuál es la diferencia? El plebiscito que plantea Mas, aparte de ser una trampa porque él nunca defenderá la soberanía de las clases populares en aspectos sociales o democráticos, hace que las listas que se presentarán a las elecciones se elijan en nombre de la ciudadanía, cuando el derecho a la autodeterminación lo deben ejercer directamente, y no por delegación, los y las catalanas. Por lo tanto, hay que iniciar un proceso constituyente que no prefigure el resultado final de la relación que Catalunya acabe teniendo con el resto del Estado, sino que permita hacer un referéndum que sea vinculante.

Además, con la aritmética parlamentaria en la mano, sería más inteligente optar por la opción del proceso constituyente. Según las últimas encuestas, la independencia a través de unas elecciones sumaría el 46% de los votos, mientras que el apoyo a un inicio constituyente tendría el aval del 63% del Parlamento y, encima, acabaría con la celebración de un referéndum vinculante. ¿Por qué tenemos que dividir el derecho a decidir para declarar una hipotética independencia con el 46% de los votos, que no se podrá hacer ni tendrá el reconocimiento de nadie, y no optamos por abrir un proceso constituyente para decidirlo todo que contaría con el 63% de los apoyos parlamentarios?

Está claro: si esto no se hace, es porque en CDC sólo interesa una independencia formal, asfixiada por el TTIP y por la Troika y no la soberanía plena en los ámbitos nacional, social y democrático. Y porque ERC ha avalado esta tesis con la aceptación de la lista “Junts pel Sí a Mas” que no nos sacará del actual callejón sin salida. La alternativa, pues, es de esperar que gane la confluencia de “Catalunya sí que es pot”, que apuesta por una hoja de ruta constituyente que implique la realización de un referéndum para decidir qué relación queremos mantener con el Estado, un proceso de definición de un nuevo marco jurídico e institucional de Catalunya, y la elaboración de una Constitución y su posterior ratificación.

Entre el inmovilismo de los unos y la unilateralidad de los demás, nos vemos abocados a un callejón sin salida de difícil gestión, que tapa el necesario debate social y democrático que se requiere en Catalunya

En las últimas 48 horas el proceso de soberanía de Catalunya ha evidenciado que se encuentra en un callejón sin salida y que hay que gestionar políticamente la salida para evitar la frustración de una parte importante de la ciudadanía.

El gobierno del Estado español, por un lado, continúa en un inmovilismo quejoso que no acepta que en Catalunya hay una mayoría social que quiere ser actor principal y decidir el futuro político de nuestro país para la vida democrática. Este inmovilismo se escenificó el pasado 25 de febrero con una resolución del Tribunal Constitucional que declara ilegal la convocatoria del proceso participativo del 9N. Un gran disparate. Nadie puede ilegalizar una de las mayores movilizaciones vividas en Catalunya. Nadie podrá anular, por ninguna de las vías, mi expresión con un sí/no el pasado 9 de noviembre. Ahora, el Tribunal Constitucional nos dice que dos de los artículos de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria son ilegales, porque se pretendía hacer un referéndum y esta es una competencia exclusiva del estado que, por cierto, no quiso delegarlo en Catalunya como se solicitó en una proposición elevada al Congreso. Por otra parte, el pacto de gobierno entre CiU y ERC se encuentra también en una situación de unilateralidad sin mandato democrático por parte de los y las catalanas, que lo único que hace es alejar una parte de los defensores del derecho a decidir y empequeñecer el elemento más interesante de todo el proceso: su amplísima mayoría social y política. Un claro ejemplo de ello es que, 24 horas después de la resolución del TC, el 26 de febrero, el Consejo de Garantías Estatutarias haya declarado anticonstitucionales las “estructuras de estado” acordadas en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.

Así pues, entre el inmovilismo de los unos y la unilateralidad de los demás, nos vemos abocados a un callejón sin salida de difícil gestión, que tapa el necesario debate social y democrático que se requiere en Catalunya. Las elevadas cifras de paro, los 50.000 niños en situación de malnutrición, los recortes y privatizaciones del sistema sanitario catalán, el fraude fiscal masivo de la familia Pujol o la voluntad de CiU de inyectar más de mil trescientos millones de euros a las empresas de sus amigos con el Plan Juncker, nos presentan un panorama político y social altamente preocupante.

¿Qué podemos hacer para salir de este callejón sin salida? Hay tres elementos que habría que priorizar políticamente por parte de las fuerzas catalanas que defendemos la radicalidad democrática y la centralidad de la clase trabajadora en este proceso: primero, hay que acumular fuerzas con el resto de pueblos del estado y el resto de fuerzas políticas que, aquí y allá, defendemos la radicalidad democrática como vía de solución a los conflictos territoriales que hoy presenta el estado español. La Constitución Española ya no es, ni puede ser, una solución a los conflictos democráticos y territoriales del estado porque se ha convertido en una jaula de la que tiene el candado un bipartidismo que nos quiere ahogar. Catalunya no está sola en el ataque que recibimos por parte del gobierno centralista y antidemocrático del PP. Somos el asno de sus golpes y donde más se evidencia esta cultura retrógrada, ciertamente, pero no somos únicos. El estado también ha atacado leyes aprobadas por la legítima mayoría parlamentaria en Andalucía, Canarias o el País Vasco. La acumulación de fuerzas de las clases populares coordinadas en el conjunto del estado nos otorga una fuerza indescriptible. Segundo, hay que buscar complicidades con el resto de pueblos europeos que también están sufriendo la voracidad capitalista de la Unión Europea y sus herramientas ideológicas. Podremos salir del actual callejón sin salida cuando desmontemos una UE pensada sólo para los grandes estados arrodillados delante de los intereses de los Mercados y de espaldas a los pueblos y naciones que conforman la Europa de los trabajadores. Y tercero, no debemos dar la consulta legal, con garantías democráticas y vinculante, por amortizada. Hay que hacer la consulta. Una consulta que exprese un mandato democrático del conjunto del pueblo, y esta consulta no son unas elecciones plebiscitarias porque eso vuelve a empequeñecer el derecho a la autodeterminación. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que cambiar el 'tenim pressa' por 'tenim força' porque eso nos hace imbatibles.

Entre l’immobilisme dels uns i la unilateralitat dels altres, ens veiem abocats a un cul de sac de difícil gestió, que tapa el necessari debat social i democràtic que hom requereix a Catalunya

En les darreres 48 hores el procés de sobirania de Catalunya ha evidenciat que es troba en un cul de sac i que cal gestionar políticament la sortida per evitar la frustració d’una part important de la ciutadania.

El govern de l’estat espanyol, per una banda, continua en un immobilisme queixós que no accepta que a Catalunya hi ha una majoria social que vol ser actor principal i decidir el futur polític del nostre país per la vida democràtica. Aquest immobilisme es va escenificar el passat 25 de febrer amb una resolució del Tribunal Constitucional que declara il·legal la convocatòria del procés participatiu del 9N. Un gran disbarat. Ningú pot il·legalitzar una de les majors mobilitzacions viscudes mai a Catalunya. Ningú podrà anular, per cap de les vies, la meva expressió amb un sí/no el passat 9 de novembre. Ara, el Tribunal Constitucional ens diu que dos dels articles de la Llei de Consultes i el decret de convocatòria són il·legals, perquè es pretenia fer un referèndum i aquesta és una competència exclusiva de l’estat que, per cert, no va voler delegar a Catalunya com es va sol·licitar en una proposició elevada al Congrés. Per altra banda, el pacte de govern entre CiU i ERC es troba també en una situació d’unilateralitat sense mandat democràtic per part dels i les catalanes, que l’únic que fa és allunyar una part dels defensors del dret a decidir i empetitir l’element més interessant de tot el procés: la seva amplíssima majoria social i política. Un clar exemple d’això és que, 24 hores més tard de la resolució del TC, el 26 de febrer, el Consell de Garanties Estatutàries hagi declarat anticonstitucionals les “estructures d’estat” acordades en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres.

Així doncs, entre l’immobilisme dels uns i la unilateralitat dels altres, ens veiem abocats a un cul de sac de difícil gestió, que tapa el necessari debat social i democràtic que hom requereix a Catalunya. Les elevades xifres d’atur, els 50.000 nens en situació de malnutrició, les retallades i privatitzacions del sistema sanitari català, el frau fiscal massiu de la família Pujol o la voluntat de CiU d’injectar més de mil tres-cents milions d’euros a les empreses dels seus amics amb el Pla Juncker, ens presenten un panorama polític i social altament preocupant.

Què podem fer per sortir d’aquest cul de sac? Hi ha tres elements que caldria prioritzar políticament per part de les forces catalanes que defensem la radicalitat democràtica i la centralitat de la classe treballadora en aquest procés: primer, cal acumular forces amb la resta de pobles de l’estat i la resta de forces polítiques que, aquí i allà, defensem la radicalitat democràtica com a via de solució als conflictes territorials que avui presenta l’estat espanyol. La Constitució Espanyola ja no és, ni pot ser, una solució als conflictes democràtics i territorials de l’estat perquè s’ha convertit en una gàbia de la qual té el cadenat un bipartidisme que ens vol ofegar. Catalunya no està sola en l’atac que rebem per part del govern centralista i antidemocràtic del PP. Som l’ase dels seus cops i on més s’evidencia aquesta cultura retrògrada, certament, però no som únics. L’estat també ha atacat lleis aprovades per la legítima majoria parlamentària a Andalusia, Canàries o el País Basc. L’acumulació de forces de les classes populars coordinades al conjunt de l’estat ens atorga una força indescriptible. Segon, cal buscar complicitats amb la resta de pobles europeus que també estan patint la voracitat capitalista de la Unió Europea i les seves eines ideològiques. Podrem sortir de l’actual atzucac quan desmuntem una UE pensada només pels grans estats agenollats davant dels interessos dels Mercats i d’esquena als pobles i nacions que conformen l’Europa dels treballadors. I tercer, no hem de donar la consulta legal, amb garanties democràtiques i vinculant, per amortitzada. Cal fer la consulta. Una consulta que expressi un mandat democràtic del conjunt del poble, i aquesta consulta no són unes eleccions plebiscitàries perquè això torna a empetitir el dret a l’autodeterminació. Tenim molta feina per fer. Hem de canviar el ‘tenim pressa’ pel ‘tenim força’ perquè això ens fa imbatibles.