La renuncia, en cierto modo inesperada, de José Luis Ábalos a su acta de diputado, plantea una serie de cuestiones de relevante interés político, constitucional y jurídico. Afecta a temas como los aforamientos, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la doble instancia. 

Los aforamientos, considerados como un privilegio, siempre han suscitado un intenso debate. En nuestro ordenamiento jurídico alcanza dimensiones incuestionablemente desmesuradas. Por supuesto, nada que objetar a la barrera previa del suplicatorio para dirigir un procedimiento penal contra un diputado o senador. Ahora bien, una vez superado este escollo: ¿es indispensable que la investigación y el enjuiciamiento corresponda al Tribunal Supremo? En nuestro sistema procesal así lo establece la ley, pero en otros países no tienen este ¿privilegio? La inflación de aforamientos que otorga nuestra ley Orgánica del Poder Judicial (según el artículo 57) llama la atención a la inmensa mayoría de los juristas y no encuentra parangón en los países de nuestro entorno. Por citar solo dos ejemplos; no tiene sentido que gocen de aforamiento el Defensor del Pueblo o los Consejeros de Estado. Con la decisión de Ábalos nos enfrentamos a una cuestión previa que sirve para delimitar las posibilidades y efectos de una renuncia al aforamiento.  

Como ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, el aforamiento es una prerrogativa cuya regulación corresponde al legislador. Aconseja su reducción por tratarse de un privilegio que, como todos, debe ser otorgado restrictivamente.

La renuncia al aforamiento afecta al derecho constitucional, reconocido también en los Pactos internacionales suscritos por España (Declaración Universal de Derechos Humanos y Pacto Internacional de derecho civiles y políticos), como condición previa para que se respeten las reglas del debido proceso, componente esencial del estado de derecho. En todo caso y en estos momentos, el juez competente para juzgar a los que ostentan la condición de parlamentarios es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

El señalamiento de la fecha del comienzo del juicio oral estaba previsto, sin precisión, para el mes de abril. Se trata de un caso más de enriquecimiento fraudulento y delictivo a costa del estado de emergencia provocado por los efectos de la pandemia. Un comportamiento deleznable que, hasta el momento, solo se ha saldado con una condena, aunque notoriamente han sido protagonizados por varios personajes de una cierta relevancia pública.   

No creo que nadie discuta el derecho y la posibilidad de renunciar al fuero procesal abandonando el cargo que lo concedía. Las razones para tomar esta decisión pueden ser muy variadas, sin descartar la estrategia de buscar una dilación o un tribunal que considera más proclive a sus tesis exculpatorias. Esta motivación puede ser criticable, pero en ningún caso se puede privar a nadie de este derecho porque además están en juego derechos fundamentales.  

De manera unánime se ha dado por sentado que, a pesar de la renuncia, la competencia sigue en manos del Tribunal Supremo. Esta afirmación se basa en un acuerdo del Pleno. Reproduzco literalmente su texto para que el lector valore su fuerza vinculante:

Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de dos mil catorce. 

ÚNICO ASUNTO: Efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado. 

ACUERDO: En las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Vaya por delante que los Plenos no jurisdiccionales y por supuesto la jurisprudencia pueden y deben ser evolutivos, retocando o abandonando líneas tradicionales. Las razones para adoptar esta decisión deben estar sólidamente motivadas y razonadas. He asistido a numerosos Plenos no jurisdiccionales, pero no he visto ningún acuerdo tan carente de fundamentación y justificación.

La cuestión fue llevada a Pleno por un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del TSJ de la Comunidad Valenciana en el caso Fitur, que acordó remitir a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento del caso tras la renuncia a su acta de diputadas autonómicas de dos acusadas, después de que el Tribunal Superior hubiese señalado ya el día del inicio de la vista oral. Ambas renunciaron al acta de diputadas autonómicas días antes del comienzo de la vista oral, por lo que el TSJCV considera que la Audiencia de Valencia era el órgano competente para celebrar ese juicio.

Las objeciones a los aforamientos ante el Tribunal Supremo proceden fundamentalmente de los que mantenemos que supone la privación de un derecho fundamental a la doble instancia, es decir de un recurso a un tribunal superior. La Sala Segunda del Tribunal Supremo no tiene por encima ningún órgano jurisdiccional que pueda corregir sus decisiones. En varias ocasiones he apuntado que una posible solución pasaría por la ampliación de las competencias de la Sala especial del artículo 61e de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite revisar algunas sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El aforamiento ante el Tribunal Supremo supone una contravención del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a la doble instancia en materia penal. Sectores de la doctrina advierten que España, a diferencia de otros países como Italia o Bélgica, no planteó reserva alguna a la aplicación de su contenido. En consecuencia, adquiere plena relevancia lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución (CE) que consagra el derecho al juez ordinario predeterminado y la aplicación directa del Pacto Internacional según establece el artículo 10.2 de la CE. 

Esta interpretación se ve reforzada por los votos particulares emitidos por el magistrado Tomás S. Vives Antón en las SSTC 64/2011 y 66/2011 que refuerzan lo anteriormente comentado, proporcionando luz y claridad a la controversia. Al fin y al cabo, esta discusión es más aparente que real. Acepta la imposibilidad de otorgar el amparo anulando la sentencia emitida contra el aforado, ya que deviene firme por el simple hecho de que no cabe recurso contra ella. No obstante, admite la necesidad de haber concedido el amparo en el único sentido de declarar la vulneración del derecho al recurso en los términos del artículo 14.5 del Pacto Internacional. Reconoce que la vulneración no se ha producido por la acción de los Tribunales, más bien por las deficiencias de la Ley: la “insuficiencia de la Ley que solo el legislador puede remediar y que constituye, por sí sola, una vulneración del derecho fundamental”.

Además, el aforamiento produce efectos perversos e injustificables para el resto de las personas acusadas que no ostentan esta condición. Koldo Gracia y Víctor Aldama, si el Tribunal Supremo mantiene su competencia -espero que con argumentos más sólidos que los contenidos en el Pleno que he transcrito-, tienen la posibilidad, junto con Ábalos, de solicitar el amparo del Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.     

No creo que nadie discuta la prioridad de la protección de los derechos fundamentales frente a normas procesales que, como hemos comentado, han merecido la crítica de gran parte de la doctrina. El Tribunal Constitucional, en la misma línea, ha propugnado la reducción de los aforamientos y ha puesto de relieve que es más acorde con el principio de igualdad ante la ley, la restricción al máximo de los aforamientos. La pelota está en el tejado de los legisladores.

Algunos autores, entre ellos el profesor Jorge de Esteban, sitúan los comienzos del constitucionalismo español en la Constitución de Bayona de 1808, que otros consideran una especie de Carta otorgada e impuesta por la voluntad soberana del emperador Napoleón Bonaparte en favor de su hermano José Bonaparte, que muchos ignoran que reinó en España durante casi cinco años. En ella aparece por primera vez la institución de Senado, con la alta misión de velar sobre la conservación de la libertad individual y la libertad de imprenta, es decir, de expresión. La Constitución de 1812 no contempla la existencia del Senado como cuerpo colegislador.

La institución del Senado como cuerpo colegislador aparece por primera vez en la Constitución 1837. En ella se establece que las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, el Senado y el Congreso de los Diputados, con iguales facultades. Cualquiera de ellos puede elaborar leyes, pero si la otra Cámara discrepa o las altera se nombraba una comisión mixta paritaria para llegar a un acuerdo. Tradicionalmente, el Senado ha tenido una composición elitista, porque entre sus componentes, nombrados por el Rey, se incluían miembros de la familia real o altos cargos institucionales, con la condición de vitalicios o natos.

En la Constitución de 1876 se mantiene el sistema bicameral (Congreso y Senado). Son senadores vitalicios los hijos del Rey y se consideran natos los capitanes generales del Ejército y el almirante de la Armada, el patriarca de las Indias, los arzobispos y los presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas. Desaparece en la Constitución de la Segunda República y no vuelve a reaparecer hasta la vigente Constitución de 1978.

Como pone de relieve Rafael Escudero Alday en su libro 'Modelos de democracia en España', Jiménez de Asúa, en el debate constituyente que elaboró la Constitución republicana, advirtió que la creación de una segunda Cámara de representación corporativa sería una fuente inagotable de enfrentamientos entre ambas.

El Senado actúa como segunda Cámara. Tiene la iniciativa legislativa enviando proposiciones de ley para que sean tomadas en consideración por el Congreso. Por otro lado, los proyectos de ley, una vez aprobados por el Congreso, pasan para una segunda lectura al Senado que puede vetar el proyecto o bien introducir enmiendas. En todo caso, el veto o las enmiendas pueden ser rechazadas por mayoría absoluta e incluso por mayoría simple por el Congreso. Por eso son muchos los que opinan que se debería constituir como una Cámara de representación territorial y algunos propugnan directamente su supresión.

Como es sabido, en estos momentos el PP tiene la mayoría absoluta, como en otros tiempos la tuvieron junto con el PSOE en el Congreso. Las mayorías absolutas en el Congreso permiten al Ejecutivo desarrollar con facilidad sus políticas, pero no se debe olvidar que en una democracia no se puede aplicar el rodillo. Es prioritario el consenso, el respeto a las minorías y no utilizarla para fines espurios. En el caso del Senado, ante su inutilidad para bloquear iniciativas legislativas, el PP ha decidido convertirlo en una especie de tribunal inquisitivo para fines partidistas con grave quebranto de las previsiones constitucionales.

El artículo 76 de la Constitución establece que el Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación se pueda poner en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.

La Constitución exige, como un presupuesto ineludible, que exista un interés público suficiente y adecuadamente motivado. Todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y no pueden actuar arbitrariamente. Es cierto que el interés público es un concepto jurídico indeterminado, pero, en todo caso no se puede disociar de la búsqueda del bienestar general y el beneficio de la colectividad, por encima del interés particular y, por supuesto, del partidista.

El Reglamento del Senado contempla la posibilidad de crear Comisiones de Investigación o Especiales para realizar estudios sobre cualquier asunto de interés público. Podrán requerir, para declarar ante las mismas a cualquier persona, excepto a los jueces y magistrados, que no podrán comparecer por hechos relacionados con su actividad jurisdiccional. Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las comisiones de investigación. El ciudadano requerido podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo. También puede requerir la comparecencia de los miembros del Gobierno o de cualquier autoridad o funcionario público. En este último caso, para disipar cualquier duda sobre el oportunismo político y desviación de sus fines, se debe acreditar que el llamamiento de una persona se realiza porque, sin su presencia, no sería posible cumplir con los objetivos y finalidad para los que las Comisiones fueron creadas.

Como se ha señalado por un sector de la doctrina, las comisiones de investigación no pueden constituirse con el único fin de controlar al Poder Ejecutivo. También plantean problemas sobre su eficaz funcionamiento cuando el objeto de la Comisión está siendo investigado judicialmente. No pueden interferir en las competencias propias del poder judicial y del poder ejecutivo. En principio no existe prohibición expresa de coexistencia de investigaciones parlamentaria y judicial, salvo en Francia y Portugal, donde debe suspenderse la primera en caso de existir un proceso penal vigente. Como es sabido, la coincidencia en el tiempo de una comisión de investigación con una causa penal sobre el mismo asunto o persona a la vez enjuiciada e investigada produce interferencias en el funcionamiento de las comisiones, que se deben plegar a la preferencia de la jurisdicción penal y las garantías procesales.

Un reciente Auto del juez instructor del Tribunal Supremo de fecha 7 de enero de 2026, en la causa seguida contra José Luis Ábalos y otros, resalta que el paralelo desarrollo de ambas investigaciones puede entorpecer, perturbar o provocar graves interferencias en la averiguación o enjuiciamiento de hechos de naturaleza potencialmente delictiva. Recuerda que en tales casos deberá operarse con aplicación del principio de “concordancia práctica” de origen alemán. Este principio es una regla de interpretación constitucional que exige buscar una armonía entre normas constitucionales que puedan entrar en colisión.

La realidad nos demuestra que la mayoría absoluta del PP en el Senado se utiliza para crear comisiones de investigación que se solapan con investigaciones judiciales en marcha con el único objetivo de conseguir la comparecencia del presidente del Gobierno, ministros y otros altos cargos para criticar su actuación política en ámbitos, como las Comisiones de investigación, que no están previstos para estos fines.

Los tiempos electorales, en una sociedad democrática normalizada, los marcan las leyes o los acontecimientos políticos. En estos momentos estamos viviendo una anómala intromisión por parte de la judicatura en el calendario electoral, impulsando de forma descarada las apetencias de los partidos políticos que, tras descartar las posibilidades constitucionales que les proporciona la moción de censura, esperan confiados en que determinadas resoluciones judiciales les hagan el trabajo sucio. El punto culminante se ha alcanzado con la condena inaudita del fiscal general del Estado por desmentir una información que le acusaba de haber cometido un delito de prevaricación. Desde hace tiempo la vida política española ha estado jalonada de resoluciones judiciales carentes de fundamentos fácticos y jurídicos que han erosionado las actividades políticas de partidos situados en el espectro de la izquierda, alimentando, con la ayuda de un torrente de medios de comunicación, la posibilidad de la confrontación dialéctica entre opciones ideológicas pluralistas y diferenciadas.

Una parte, pero no toda, de la alineación política de un grupo importante de sectores de la judicatura tiene su origen en el sistema de selección de las personas que deciden pasar por la tortura memorística que supone aprenderse contra reloj una serie de temas que se tienen que exponer oralmente en el tiempo tasado de quince minutos. Ocupando su asiento ante el tribunal que va a decidir su futuro, con una jarra de agua a su disposición para que pasen el mal trago o se hidraten entre tema y tema, disponen de quince minutos para examinar los temas que le han tocado en suerte y tomar notas para su exposición, si no deciden retirarse ante la imposibilidad, por su mala suerte, de afrontar con éxito el cante oral de los temas que le han salido al azar.

Si consiguen superar los escollos, normalmente después de varios intentos, la tendencia natural del opositor que lo ha conseguido le lleva a disfrutar de un merecido descanso hasta ser destinado a su primera plaza. Es inevitable y muy humano que su horizonte sea llegar al más alto grado dentro de la pirámide judicial. El sistema de selección y promoción, encomendado, en gran parte, al Consejo General del Poder Judicial, fomenta una indeseable politización que le lleva a integrarse en aquellas asociaciones judiciales que están más cercanas a los aledaños del poder. La cuestión no tendría más relevancia si, además de sus legítimas aspiraciones, el joven adquiere la conciencia de que estas no pueden anteponerse a la necesaria independencia e imparcialidad que debe revestir la función de administrar justicia. 

Algunos jueces se han erigido en actores indeseables de la vida política, poniendo su independencia e imparcialidad al servicio de intereses políticos partidistas con resoluciones que no superan los cánones exigibles de racionalidad, motivación y respeto a la legalidad. Los casos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y de su hermano solo se explican por un activismo político del juez y la jueza que los han tramitado. El del fiscal general del Estado ha estallado con toda su potencia demoledora del Estado de derecho.

Esos y otros casos que les han antecedido los he descrito como una especie de golpe judicial permanente que erosiona los pilares de la democracia, que no son otros que la división de poderes. Algunos me han reprochado airadamente que estoy incurriendo en un exceso valorativo que me descalifica. A todos les recomiendo la lectura de la obra de Curzio Malaparte, 'La técnica del golpe de Estado'. Por si les parece una obra tendenciosa, les remito a las alegaciones de la Fiscalía que acusó a los independentistas catalanes sosteniendo que las rebeliones del siglo XXI no necesitan del uso de las armas.

Saben que actúan con total impunidad porque los favorecidos por sus injustificadas actuaciones disponen de una maquinaria mediática que les pone a cubierto de cualquier sanción disciplinaria. A los que presumen indebidamente de independencia e imparcialidad les recuerdo los comentarios que se contienen en los 'Tratados sobre la organización judicial y la codificación' de Jeremy Bentham, 1843: “La palabra independencia es muy hermosa cuando se aplica al esfuerzo moral de un juez que se resiste a la autoridad y a los empeños de poderosos; pero es necesario no dejarse engañar con esta palabra; porque si se abusa de ella para sacar por consecuencia que un juez debe ser independiente hasta el punto de no tener que dar cuenta de su conducta, de mirar con indiferencia la opinión pública, de considerar su empleo como una propiedad que no puede perder sino por causa de prevaricaciones justificadas, en breve veremos los resultados deplorables en la negligencia de sus obligaciones o en su altanería y el despotismo de sus modales”.  

Mantener la independencia, sobre todo en los asuntos de fuerte impacto político o económico, es una cuestión que depende de las cualidades personales del juzgador. El valor para mantener el equilibrio ante las críticas e incluso las presiones políticas es fundamental para que se refuerce la confianza de la sociedad en la justicia. Ahora bien, la independencia no significa que puedan actuar al margen de la legalidad. El sometimiento al imperio de la ley es el dique de contención, frente a la arbitrariedad judicial.

Los vicios de origen, la indisimulada adscripción política de algunas asociaciones judiciales que proclaman, sin pudor, la ilegitimidad de un Gobierno que cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios elegidos por la soberanía popular y la ostentación por parte de políticos del Partido Popular de su poder para marcar la senda que deben seguir los jueces hasta conseguir derribar al Gobierno e incluso llevar a prisión a su presidente, son los causantes del lodo en el que se ha convertido nuestro panorama político. Se puede todavía revertir el desastre, si las togas recobran sus valores y retornan a los Palacios de Justicia y los políticos se dedican a la noble tarea de proponer proyectos y alternativas para mejorar la vida de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros acaba de dar la luz verde para iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal como lo conocemos los que hemos podido acceder a su contenido. Me llama la atención un párrafo de la Exposición de Motivos: “La tarea de construir un proceso penal que, como el establecido en 1882, aspire a adaptar la Administración de Justicia española a las exigencias del contexto internacional, constitucional y socio-económico de su tiempo, no puede acometerse desde la ingenuidad o el sectarismo político”. Por supuesto que estos vicios no pueden enturbiar el debate que necesariamente suscita una ley que es fundamental para mantener el orden y la paz social.    

Las líneas maestras de lo que debe ser el proceso penal de una sociedad democrática están trazadas desde hace muchos años por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950), por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966) y por nuestra Constitución que las recoge en el art. 24. En todos estos textos se proclama el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Se pone el acento en la necesidad de la existencia de jueces independientes, inamovibles, imparciales y sometidos al imperio de la ley. En nuestra Constitución (Art. 124) estas cualidades no concurren íntegramente en el Ministerio Fiscal.   

La decisión de encomendar la investigación al Ministerio Fiscal, controlado en determinados aspectos por un juez de garantías, se viene debatiendo desde hace años. Algunos cuestionamos, desde hace tiempo, las ventajas que pudiera ofrecer el cambio de modelo. Se invoca como justificación, la necesidad de adaptarse al contexto internacional, constitucional y socioeconómico, sin profundizar ni tener en cuenta las especiales circunstancias que configuran la institución del Ministerio Fiscal en países tan cercanos a nuestra cultura jurídica como Francia o Italia. 

No se pueden trasplantar modelos procesales sin el riesgo de que se produzca un rechazo ante la incompatibilidad del órgano trasplantado con el cuerpo del que lo recibe. En Francia tienen la condición de Magistrados del Ministerio Público y además ostentan el monopolio de la acción penal, sin compartirla con las víctimas (solo pueden ejercitar la acción civil de indemnización) ni, por supuesto, con una acción popular inexistente. En Italia, y Portugal tienen un sistema parecido por lo que, los problemas que pueda plantear la investigación por el Ministerio Fiscal son menores.  

Antes de optar por un sistema de investigación encomendado al Ministerio Fiscal, es necesario afrontar una remodelación del Estatuto del Ministerio Fiscal en aspectos constitucionales y procesales. La atribución de la investigación al Ministerio Fiscal, suprimiendo la figura del juez instructor, me plantea problemas de constitucionalidad y funcionalidad. 

En relación con su constitucionalidad, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin entrar en el fondo de la cuestión, ha deslizado algunas reflexiones sobre la investigación fiscal en el marco de la Constitución, especialmente en lo referente a derechos fundamentales y al principio de imparcialidad. Admito que estos peligros pueden ser controlados por el llamado juez de garantías, pero quedan subsistentes otros como la tutela judicial efectiva, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley e incluso puede afectar al derecho de defensa.   

La competencia para investigar los delitos corresponde al juez de instrucción de la demarcación territorial donde ejerce sus funciones. La determinación del juez de instrucción es objetiva e inamovible, pero esta norma se quiebra en el caso de la investigación del Ministerio Fiscal que se puede llevar desde la sede de la Fiscalía Provincial o de las Fiscalías de área que abarcan varios territorios judiciales. El sistema propuesto permite elegir e incluso cambiar por razón de la especialidad delictiva, la persona a la que corresponde la investigación. En definitiva, nos encontraríamos ante una modalidad de jueces especiales vetada por la Constitución.

La participación de la acusación particular y de la popular en el transcurso de la investigación no queda clara salvo en el caso de que la Fiscalía decida sobreseer y archivar la causa en contra de sus pretensiones. En este caso disponen de los correspondientes recursos. Si requieren cualquier diligencia de prueba deben esperar a que el fiscal decida. Si solicitan medidas cautelares que afectan al derecho fundamental a la libertad de la persona investigada no se pueden dirigir directamente al juez de garantías, sino que tienen que articular su pretensión a través del fiscal investigador.  

La investigación exige un conjunto de actuaciones que van desde la toma de declaración al investigado, los testigos y la práctica de informes periciales hasta la invasión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilios o sedes sociales o el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas o telemáticas. En estos últimos casos, según la reforma, no hay duda de que la decisión tiene que ser avalada por el juez de garantías. Para que sean eficaces se tiene que declarar el secreto de las medidas, decisión que corresponde al juez. El análisis de la procedencia de la petición exige la ponderación de la necesidad y razonabilidad de su práctica. O el juez actúa como un robot de respuesta automática o se puede frustrar la eficacia de una entrada y registro que, para ser efectiva, tiene que basarse en el factor sorpresa para impedir su frustración. Menos problemas plantea la interceptación de las comunicaciones.

Las medidas cautelares que afectan al derecho a la libertad van desde la prisión provisional a la restricción de la libre circulación. La decisión de adoptar la medida de la prisión provisional no ofrece grandes novedades y la puede solicitar tanto el Ministerio Fiscal como las partes personadas. Requiere una vistilla en la que el juez de garantías puede concederla o denegarla. Contra dicha decisión solo cabe el recurso de reforma ante el mismo juez. Las medidas cautelares restrictivas de libertad abarcan un amplio espectro. Entre otras contemplan las pulseras de localización hasta la prohibición de las salir de la Unión Europea como espacio de libertad seguridad y justicia. Su puesta en práctica y su modificación, sustitución o levantamiento suponen una especie de carrusel de ida y vuelta entre el Fiscal, las partes y el juez de garantías. Un gasto y una pérdida de tiempo innecesario. 

El juez de instrucción diseñado en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, con las inevitables adaptaciones a la evolución social y los avances de las tecnologías de la comunicación, ha convivido y resistido con diversos regímenes políticos; monarquías de corte liberal, una primera dictadura mixta con Rey y dictador, la II República, una Dictadura sangrienta y fascista y ahora con una monarquía parlamentaria basada en un Estado social y democrático de derecho sin que se haya observado la más mínima disfunción o confrontación con la legislación vigente en cada uno de esos periodos. He desempeñado mi función como fiscal durante la Dictadura y buena parte de la transición política y puedo afirmar que si algo ha funcionado mal no es por culpa de la regulación de las funciones del juez de instrucción sino por la actuación de algunas personas que han desempeñado esas funciones. Esa es la razón que me ha llevado a escribir estas líneas.  

Admito que puedo ser tachado de conservador, pero como dijo Albert Camus:“ Yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena”.

El Gobierno de Israel, después de cometer un genocidio que hemos presenciado en vivo y en directo en las pantallas de nuestros televisores, acaba de cometer un acto de piratería. Soy consciente de que cuando se imputa al Estado de Israel la comisión de crímenes de derecho internacional, surge una pléyade de juristas y comentaristas que tratan de diluir la acusación con argumentos que considero evasivos y leguleyos. Sostienen, en el caso del genocidio, que todavía ningún Tribunal internacional (Corte de Justicia Internacional de la Haya o Tribunal Penal Internacional) han calificado, de momento, los hechos como un genocidio según la definición de la Convención de 1948 o el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Etimológicamente, la palabra “genocidio” se formó a partir del término griego “genos” (raza, pueblo) y el sufijo latino “-cide” (matar, acto de matar). Que cada uno saque sus conclusiones. Si lo prefieren sustituyo genocidio por holocausto o pogromo.

El abordaje en aguas internacionales de la flotilla de la libertad es inequívocamente un acto de piratería, aunque reconozco que pueden existir dificultades para encajarlo en las normas legales que la definen. Los “heroicos soldados israelíes”, armados como si fueran a entrar en combate, sabían que a bordo se encontraban personas que solo querían llamar la atención sobre la inhumana hambruna que habían impuesto a la población gazatí. Su valor y sacrificio ha movilizado a gran parte de la comunidad internacional. La rupestre y fascistoide derecha española apoya el genocidio y la piratería. El deprimente e histriónico balbuceo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo mofa de un acto de dignidad humana, la retrata de cuerpo entero. Le sugiero, vistos los precedentes, que otorgue a los piratas la medalla de oro de su Comunidad, como ha hecho recientemente con la Vuelta ciclista a España.

Hugo Grocio, en su monumental obra 'De Mare Liberum', sentó las bases para la libre circulación por los océanos. No en vano ha sido considerado como el padre del Derecho internacional. A partir de sus teorías, que también había desarrollado nuestro Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, se han construido los principios y usos internacionales que se deben observar en la cada vez más insustituible necesidad de utilizar el trasporte marítimo como motor de la economía. Consciente de la necesidad de establecer unas reglas universales, adaptadas a las actuales circunstancias, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre el Derecho del Mar, en un acto en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982. Israel, que de forma reiterada ha manifestado su desprecio por la Resoluciones de Naciones Unidas, no ha firmado ni ratificado esta Convención. Pedirle al Estado de Israel que cumpla con la legalidad internacional es tan ingenuo como pedirle a un león que se vuelva vegetariano.

Sin embargo, precisamente el hecho de que Israel haya escogido voluntariamente quedarse al margen de la Convención -es decir, fuera de la ley- facilita la posibilidad de solicitar de los tribunales internacionales un pronunciamiento sobre el abordaje y asalto de la flotilla. Lo sucedido puede ser considerado en el lenguaje común como un flagrante acto de piratería. Si Israel hubiera firmado la Convención, tendríamos dificultades técnicas para calificarla de esta manera. Estaríamos ante un conflicto entre un Estado, al margen de la ley del mar, y unos particulares de muy diversos países que se vieron asaltados y abordados no solo en un espacio de mar libre, sino que vieron interrumpido su paso inocente que, en modo alguno, podía originar riesgo alguno para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.  

Según su jurisprudencia, la competencia del Tribunal se extiende a todas las controversias y demandas que le sean sometidas de conformidad con esta Convención y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia al Tribunal. Este ha demostrado en sus actuaciones una gran flexibilidad, porque muchas de sus normas se han convertido en derecho consuetudinario y, además, admite la posibilidad de acceso a entidades diferentes a los Estados. Dicha flexibilidad permite que se tomen en cuenta las opiniones de las partes. Con la eficiencia en el manejo de los casos se busca que el Tribunal siga procesos efectivos para determinar los hechos y el derecho, que sea justo para las partes, sin dilaciones innecesarias. 

El punto de partida es la vieja definición de piratería (art. 15 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre Alta Mar), reproducida casi literalmente por el artículo 101.a) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982: “Constituye piratería cualquier acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación dirigido contra un buque en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos”. Naciones Unidas considera actos de piratería los que amenazan la seguridad marítima y ponen en peligro a la gente del mar. Los ataques piratas pueden tener amplias ramificaciones, como la interrupción de la asistencia humanitaria... Es previsible que el Estado de Israel no comparezca, pero ello no es obstáculo para un pronunciamiento en el que se declare el abordaje como un acto de piratería.

Permanece abierta la vía al Tribunal Internacional de Justicia porque España, al firmar el Protocolo de ratificación de la Convención del Derecho del Mar, elige a la Corte Internacional de Justicia como medio para solucionar las controversias relativas a la interpretación o aplicación de la presente Convención. La función de la Corte es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. Deberá aplicar las convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. También podrá emitir opiniones consultivas. 

Los actos de piratería no pueden quedar sin respuesta y rechazo de la comunidad internacional. 

Rotundamente, el fiscal general del Estado no debe dimitir. Añado más, está obligado a seguir hasta el final. El voto particular de la Sala de Apelación lo confirma. Se ha visto inmerso en un proceso judicial en el que el juez instructor ha utilizado estrategias y argumentos políticos despreciando las reglas procesales. Basta leer el inicio del Auto de apertura del juicio oral en el que comienza diciendo que “Siguiendo las indicaciones de la Presidencia del Gobierno (...)”; es decir, se señala a un inductor de los hechos presuntamente delictivos, para después abandonar toda investigación en esta línea. Su estrategia política quedó de manifiesto cuando acordó de manera ilegal, desproporcionada y temeraria la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado como si fuese una guarida de narcotraficantes.

Los que sostienen la culpabilidad del fiscal general tergiversan los hechos y los tiempos. Por ello me parece indispensable reconstruirlos. En una fecha no determinada del año 2023, el “ciudadano particular” Alberto González Amador es requerido por la Agencia Tributaria para que comparezca en un expediente de inspección en el que se detectan dos delitos contra la Hacienda Pública y una falsedad documental. En ese año, otros 26.000 ciudadanos pasaron por el mismo trance.

Siguiendo los trámites marcados por la Ley General Tributaria, la persona requerida debe comparecer acompañada de un asesor fiscal para discutir los conceptos y partidas que el inspector, o inspectora, estima defraudatorios. Después de un largo debate, que puede durar meses, la Agencia Tributaria concluye, en el caso que nos ocupa, que existen dos delitos contra la Hacienda Pública y una falsedad documental. El paso siguiente es dar traslado del expediente al Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para que, a la vista de su contenido y teniendo en cuenta que se trata de un delito que pudiéramos denominar “matemático”, lo judicialice dando traslado al Decanato para que lo turne al juzgado de instrucción al que por turno corresponda. En principio, aquí termina el periplo de un expediente sancionador.

Lo que voy a narrar a continuación es lo que sucede en el 99% de los casos de delitos contra la Hacienda Pública. El asesor fiscal tira la toalla y advierte a su cliente que debe consultar con un abogado para decidir cuáles son los pasos siguientes. En la inmensa mayoría de los casos, el abogado aconseja a su cliente que trate de llegar a una conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Esto es lo que hizo el abogado de González Amador en el famoso email de 2 de febrero de 2024 dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que solicitó que, cuando se conociese el nombre de la persona designada para tramitar el expediente, se pusiese en contacto con él, facilitando incluso el número de su teléfono móvil.

A partir de este momento, numerosas personas de la Fiscalía Provincial de Madrid y de la Abogacía del Estado tienen conocimiento de esta petición sin que haya constancia de ninguna filtración, entre otras razones, porque nadie, o muy pocos, conocían la relación de González Amador con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que esperar hasta el 12 de marzo de 2024 para conocer el contenido del email del fiscal designado, Julián Salto, en contestación a lo solicitado. En síntesis, venía a decir que ya había pasado el expediente a los juzgados pero que no había ningún inconveniente para iniciar conversaciones sobre la conformidad que pedía.

Es absolutamente falso que el fiscal general del Estado y su Secretaría Técnica conociesen, en esa fecha, la existencia de un pacto de conformidad o que tuviesen ninguna intervención en él. Se trataba de un caso de los muchos que se tramitan a diario en todas las Fiscalías de España. Existe un protocolo firmado en el año 2009 entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía de España en el que se establece que solamente las conversaciones entre el abogado y el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena aplicable son confidenciales.

Es alrededor de esta última fecha cuando comienzan a surgir noticias, en diversos medios de comunicación, sobre la existencia de un procedimiento judicial por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El interés periodístico solo se puede explicar porque alguien conocía y reveló que el investigado y la presidenta eran pareja. En esos momentos estaríamos ante lo que Calderón de la Barca tituló 'El secreto a voces'. Como es lógico, los periodistas llamados a declarar se amparan en el secreto profesional de las fuentes, que, en este momento, se habían ampliado a todos los funcionarios del decanato de la plaza de Castilla y a los que integraban la plantilla del juzgado de instrucción número 19, al que correspondió la tramitación del procedimiento.

La conformidad es una institución extraprocesal en la que solo intervienen el solicitante y el fiscal. El que pide la conformidad se despoja de su derecho a no declararse culpable, pudiendo rectificar su postura en cualquier momento, incluso al comienzo del juicio oral. Hasta ese instante, el pacto no forma parte de las actuaciones judiciales.

En todo caso, los hechos, si se demostrase su comisión, nunca se pueden incardinar en el artículo 417 del Código Penal, que solo está previsto para las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas. Y es evidente, léase la Constitución, que el Ministerio Fiscal no forma parte de la Administración Pública, ya que está integrado en el Título que regula el Poder Judicial y su Estatuto lo define como un órgano de relevancia constitucional.

Solamente trascendió la negociación del pacto de conformidad cuando El Mundo, en su edición digital de la noche del día 13 de marzo y en la de papel del 14, publicó una noticia que coincide con una información filtrada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y al parecer también de un “ciudadano particular”, en la que se decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando era este quien lo había solicitado, y se añadía que el fiscal general del Estado se había opuesto.

Como es lógico, el Fiscal General reaccionó inmediatamente y puso en marcha todos los mecanismos de comunicación con la Fiscalía Provincial y la Fiscalía superior de Madrid parar redactar urgentemente una nota de ocho puntos, poniendo de relieve la falsedad de lo publicado, que hizo pública sobre las 10:00 h el día 14. Como se puede suponer, los intercambios de información para redactar la nota fueron numerosos hasta el punto de que la famosa UCO considera que el Fiscal General tuvo una actuación preeminente, cosa absolutamente lógica. Significativamente, el Tribunal Supremo la califica como frenética. Como era de esperar se cumplieron los vaticinios del Jefe de Gabinete de la Presidenta y nos enfrentamos a un hecho insólito en los anales de la historia judicial española, el Fiscal General del Estado sentado, como acusado, ante el Tribunal Supremo por unos hechos que no son constitutivos de delito.

Todo lo sucedido a partir del 15 de junio de 2015, en la pastelería La Suiza de Gijón ha tenido una gran trascendencia mediática debido a la decisión, injustificada e injustificable, del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón que ha decidido el ingreso en prisión de seis sindicalistas (cinco mujeres y un hombre) condenados por haber cometido un delito continuado de coacciones graves y otro contra la Administración de Justicia, a las penas de dos años de prisión por el primero y un año y seis meses por el segundo. El relato de hechos de la sentencia, desmesuradamente extenso que más se parece a una crónica que se podría titular “Relato de un despido injustificado”. A lo largo de varios folios describe toda una serie de acontecimientos con profusión de detalles, aunque omite algunos aspectos que considero fundamentales para explicar lo sucedido y tergiversa otros que son relevantes para la valoración jurídica de todo lo acontecido.

El día mencionado una trabajadora de la pastelería que estaba embarazada comenzó a sentirse mal y pidió irse a casa, pero el dueño no se lo permitió. Llamó a su pareja contándole lo que había pasado y este, naturalmente indignado, acudió a la pastelería, discutiendo con el propietario y propinando un manotazo a uno de los frigoríficos causando leves desperfectos. La causa del incidente se omite en el relato de hechos de la sentencia que trasmite la impresión de que la pareja era una persona violenta. El resto del relato se ajusta, más o menos, a la realidad. Lo cierto es que cuando terminó la baja por maternidad se intentó solucionar el conflicto solicitando una indemnización a través de los cauces legales iniciándose conversaciones a través de los representantes legales de la empleada y del empresario. Los contactos fracasaron por lo que las empleadas y el sindicato CNT decidieron convocar concentraciones ante la pastelería, la mayoría de las cuales fueron autorizadas por la Delegación del Gobierno. Lo sucedido ha sido considerado como una coacción continuada grave y un delito contra la Administración de justicia. El material fáctico justificaba la aplicación de una atenuante analógica. Se puso en marcha el sistema de recursos, primero ante la Audiencia Provincial, después el Tribunal Supremo y finalmente ante el Tribunal constitucional.

Pero no vamos a dedicar estas líneas a su valoración sino a la incomprensible y vindicativa actuación del Juez respecto de la suspensión de la condena, cuando ya todo se había consumado. Concurrían todas las circunstancias contempladas en el artículo 80 del Código Penal para la suspensión de la condena, incluida la satisfacción de las responsabilidades civiles. Las circunstancias personales de las condenadas y su conducta posterior al hecho abonaban la posibilidad de que cualquier juez que no haya perdido su sentido de la imparcialidad y del respeto a la legalidad constitucional y penal, hubiera tomado una decisión favorable a esta medida. En el momento de acordar la prisión habían transcurrido más de ocho años desde la finalización de los acontecimientos. Las personas afectadas desempeñan, en estos momentos, actividades profesionales (Profesores, cuidadores sociales, veterinarios, una de ellas era cantante de una orquesta y dos padres de un hijo menor de edad) lo que acredita, con creces, su inserción en la sociedad por lo que no tenía sentido el cumplimiento de la condena al haberse cumplido una de las previsiones de la finalidad de la pena prevista en el artículo 25 de la Constitución.

Legalmente disponía de la posibilidad de conceder la suspensión del cumplimiento de la condena, teniendo en cuenta que la pena máxima no superaba los dos años y la otra tenía una duración de año y medio. Lo autoriza el apartado 3 del artículo 80. ¿Puede el juez mirándose en el espejo, sostener que es razonable y justo acordar la entrada en prisión sabiendo que se estaba tramitando una petición de indulto? El artículo 4 del Código Penal ha legalizado la doctrina jurisprudencial que establecía la posibilidad de que el órgano sentenciador pueda suspender la ejecución de la pena, mientras se resuelva la petición de indulto, cuando la finalidad de este sea ilusoria si se ordena el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia.

El apoyo a la medida de gracia ha sido masivo y ha calado en la sensibilidad social, lo que aconseja su urgente y preferente tramitación. Mientras esta decisión se materializa (en mi opinión el indulto tiene que ser total), la entrada en prisión ha puesto en marcha los paliativos que contempla la legislación penitenciaria. Una interpretación flexible y adecuada a las circunstancias del caso, de las normas recogidas en la ley general penitenciaria y en el reglamento que desarrolla su aplicación, posibilita una clasificación inmediata en el tercer grado que se aplica a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Permite cumplir la condena fuera del centro penitenciario, con salidas diurnas y regresando al centro para pernoctar.

Uno de los hijos de los dueños de la pastelería que se presenta en las redes sociales como un “falso Asesor de Seguridad del Presidente Donald Trump” y anticomunista, esto es sin duda cierto, ha manifestado rencorosamente que “Haremos lo posible para que cumplan entera su condena, para mí no son sindicalistas: son delincuentes”. Desconozco, en este momento, si ha tomado alguna iniciativa. El juez ha manifestado, en otras resoluciones, su rechazo al sindicalismo y un sesgo ideológico inequívocamente reaccionario. No sé si le acompañará en esta deriva o tendrá el propósito de oponerse a la medida.

Señor juez, seguramente estará orgulloso de su resolución. Me preocupa que cuente con el apoyo de las asociaciones judiciales que se autoproclaman profesionales e independientes. Ha hecho temblar los pilares de la justicia y la credibilidad de los demócratas en la recta e imparcial función judicial.

La esposa o compañera de un presidente del Gobierno, puede ser ingeniera, médico o profesora. En ningún caso tiene que renunciar a su actividad profesional por el hecho de que su marido o compañero haya alcanzado tan alta distinción y que, por razones de seguridad, tenga que trasladar su domicilio al Palacio de la Moncloa. Una vez instalados, sus ocupaciones se ven incrementadas por el nuevo estatus que implica ser la esposa del presidente.

Recibe numerosas cartas para que interceda en un determinado asunto, invitaciones a diversos actos o incluso presidencias honoríficas de algunas instituciones, en fin, un catálogo de actividades para las que necesita que alguien le lleve la agenda y la correspondencia. Como es lógico, la habilitación de la infraestructura funcional y personal ha correspondido siempre al secretario general de la Presidencia del Gobierno. A nadie puede extrañar que esa persona atienda a correos o llamadas telefónicas relacionadas con las actividades profesionales de la esposa del presidente. Siempre ha sido así y nunca se ha estimado que sean constitutivas de delito.

Este gabinete de apoyo no está institucionalizado, pero desde hace tiempo se ha consolidado como una práctica habitual que, por lo menos data de la época de la Presidencia de José María Aznar, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Begoña Gómez ha dispuesto de este apoyo desde su llegada a la Moncloa (año 2018) sin que nadie, desde la oposición o los medios de comunicación, haya formulado objeción alguna. Como es público y notorio, Begoña Gómez no tiene título universitario, sin embargo, desde 1996 a 1999, dirigió el Centro de Negocios Atenea. Comenzó a trabajar con el grupo Inmark en el año 2000 y se convirtió en Directora de Consultoría en Externalización Comercial, cargo que ocupó hasta 2018. Entre 2018 y 2022, fue directora ejecutiva del África Center del Instituto de Empresa. Desde 2020, por decisión del Rectorado de la Universidad Complutense, codirigió la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

La Cátedra extraordinaria concedida a Begoña Gómez se ajustaba escrupulosamente a lo previsto en el Reglamento de 15 de diciembre de 2015 de la Universidad Complutense. Begoña Gómez buscó los patrocinios necesarios para que la Complutense no gastase ni un solo euro de dinero público en los nuevos cursos. Todo transcurría con normalidad hasta que “el prestigioso gabinete jurídico Manos Limpias” decidió presentar una querella fundamentada en recortes de periódicos contra Begoña Gómez imputándole la comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta iniciativa debió ser archivada sin más trámites, pero el asunto cayó en manos del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular el juez Peinado, que el 24 de abril de 2024, es decir cuatro años después de que se hubiese adjudicado la cátedra, abrió unas diligencias previas para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Cualquier juez que respete y cumpla las funciones jurisdiccionales que le encomienda la soberanía nacional, debe conocer que la ley le obliga a rechazar las querellas sobre hechos que no son constitutivos de delito o manifiestamente infundadas. Debió recabar de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno si existía ese gabinete de apoyo, desde que época y cuáles eran sus funciones. Es perfectamente lógico que si la esposa del presidente desempeña una actividad profesional, la persona designada para ayudarla reciba llamadas telefónicas y conteste a correos relacionados con su dedicación profesional.

También se hubiera dirigido al Rectorado de la Universidad Complutense para que le informase sobre las normas que regulaban la concesión de las Cátedras especiales. Con todos estos datos, rechazaría de plano la querella e incluso podría reprochar al querellante su temeraria iniciativa. La estrambótica tramitación realizada por el juez Peinado no tiene precedentes en la historia judicial española. Como si fueran racimos de cerezas, acumula nuevos delitos (intrusismo, apropiación indebida, malversación de fondos públicos) y abre una nueva vía contra el Ministro de la Presidencia y la funcionaria designada. En el curso de su desvariada investigación (que ya lleva más de un año), invade el Palacio de la Moncloa para preguntar al Presidente, si Begoña Gómez es su esposa (menos mal que no le pidió el certificado de matrimonio).

Enardecido por el aplauso entusiástico de muchos medios de comunicación y opinadores y la pasividad del Consejo del Poder Judicial, decidió entrar por segunda vez en la Presidencia del Gobierno, para interrogar al Ministro Félix Bolaños sobre su responsabilidad en el nombramiento de la funcionaria que se designó para asistir a la esposa del Presidente. El numerito de la tarima y el interrogatorio del Ministro podrían servir de inspiración a un guionista de una comedia bufa si no fueran de extrema gravedad institucional.

A partir de este momento entramos en un vodevil, en forma de Exposición ¿motivada? a la Sala segunda del Tribunal Supremo para que investigue al Ministro de la Presidencia y Justicia, por estimar que existen posibles delitos de falso testimonio y malversación de caudales públicos y para que no falte de nada, solicita que entren de nuevo en la sede de la Presidencia del Gobierno no se sabe con qué objetivos, aunque parece que sin límites en cuanto a su extensión.

Cuando parecía que todo estaba abocado a un archivo, la Audiencia Provincial ha dictado un Auto preocupante. Estima que la funcionaria se “excedió en sus funciones ”y que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar. Para construir el delito de malversación de caudales públicos invocan una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014 que condena a una concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento que durante varios años utilizó a diversos empleados municipales, pertenecientes a la Brigada de Obras y Servicios, para realizar tareas particulares en su segunda residencia. Como puede leerse la “homogeneidad” brilla por su ausencia.

Desliza una afirmación que debe ser urgentemente eliminada porque resulta absolutamente improcedente. Le dice al juez Peinado que la investigación sobre la funcionaria debe estar encaminada a comprobar si sus actividades se le encomendaron para favorecer “el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias”. Este juicio de valor solo lo pueden hacer unos jueces activistas o ignorantes. Están prejuzgando la existencia del delito. Pero aquí no pasa nada. Como se decía en épocas remotas en RTVE “permanezcan atentos a la pantalla”.

La ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, en su artículo 187.1 establece que, en Audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces y Magistrados usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Su uso se identifica con el respeto y dignidad debida a la Administración de justicia encarnada en la persona del juez o magistrado.

La Exposición de Motivos del Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes pretende mejorar la imagen y representación del propio Poder Judicial, haciendo posible la plasmación visual del rango y régimen constitucional del Poder Judicial y su solemnidad y respetabilidad como Poder del Estado, ante los ciudadanos y el resto de los Poderes e Instituciones. El artículo 33 regula el uso de la toga e insignias del cargo en actos judiciales solemnes y actos jurisdiccionales. Según su texto, las normas de este Título se aplicarán al uso de la toga e insignias del cargo en los actos protocolarios y en las actuaciones jurisdiccionales que se celebren en los estrados de cada Juzgado o Tribunal. Fuera de estos casos, Jueces y Magistrados no usarán la toga e insignias, salvo para cumplimentar al Rey.

Me preocupa y me asombra que el Consejo General del Poder Judicial no haya tomado ninguna decisión ni advertencia sobre estas actitudes indecorosas de algunos miembros de un poder del Estado que utilizan el signo distintivo de la toga en concentraciones exhibicionistas y partidistas con el propósito, incuestionablemente inconstitucional, de utilizar los edificios y los símbolos para protestar sobre leyes aprobadas por el Parlamento. Demuestran que su cultura democrática está bajo mínimos. Por supuestos tienen pleno derecho a discrepar de determinadas leyes, sin perjuicio de someterse a su imperio, pero utilizando otros cauces más democráticos como el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

En julio de 2006, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una Resolución que se plasmó en las conocidas como Reglas de Bangalore. En ellas traza las guías básicas sobre la independencia de la Judicatura. Entre otras cosas, se dice que un juez garantizará que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza del público en su independencia y de la judicatura. Cuando ejerza los derechos y libertades que le corresponden, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura. La movilización togada, con un cierto aire insurreccional, comenzó de forma alarmante contra la ley de amnistía que anunciaba el propósito de alcanzar “la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Este objetivo, emanado de una ley aprobada en la sede en la que radica la soberanía nacional, ha sido rechazada por unas personas que han recibido la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no de la soberanía popular, sino de un ejercicio de memoria que es lo más parecido a un concurso televisivo. Esa tarde se repartió la suerte y remató la faena. No en vano Gregorio Marañón consideraba que las dos fiestas nacionales eran las oposiciones y los toros.

El estrambote final que estamos viviendo estos días ha cambiado de tema. Un Proyecto de ley propone modificar el sistema de acceso libre a la judicatura y al Ministerio Fiscal. Lo que tenemos en estos momentos es un método absurdo en el que los factores decisivos son la suerte y el control del tiempo que se debe emplear en la exposición oral ante un Tribunal de variada composición (jueces, fiscales, Abogados del Estado, Catedráticos, Abogados y Letrados de la Administración de Justicia). Cada aspirante dispondrá de sesenta minutos para el desarrollo de los cinco temas, no debiendo conceder a ninguno de ellos más de quince minutos. Esta medida del tiempo siempre me trae a la cabeza una escena de La Venganza de Don Mendo, cuando explica a Magdalena en qué consiste el juego de las siete y media: Si no llegas, indica que mal tasas, mas ¡ay de ti! si te pasas, si te pasas, es peor

Recuerdo que cuando ingresamos en la entonces Comunidad Económica Europea se celebraba una reunión de magistrados de los Tribunales Supremos de los doce países componentes, en la sede del Tribunal de Justicia de la ahora Unión Europea en Luxemburgo. Terminaba con una cena en la que intercambiábamos experiencias de nuestros respectivos sistemas, Cuando les contábamos nuestro modelo de acceso a la función judicial no salían de su asombre ante semejante barbaridad.

El Proyecto actual es prácticamente el mismo, lo que no nos satisface a muchos, pero añade una prueba escrita eliminatoria que consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos, que versarán sobre derecho civil y procesal civil, y sobre derecho penal y procesal penal. En esta prueba se valorará la capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración. Y, ya era hora de que los ejercicios orales sean grabados.

La mayoría de las asociaciones ha iniciado una cruzada contra esta propuesta en la se incluyen críticas con hipérboles más propias de la oposición de derechas que de un grupo de personas a las que se supone capacidad de raciocinio y ecuanimidad. Creo que es suficiente con la transcripción de alguno de los pasajes: “El panorama que implica esta reforma es desolador (...) La norma supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, a la separación de poderes y especialmente, a la independencia judicial”.

Niegan que el nuevo sistema se adapte a otros modelos europeos. Para despejar las dudas, les animo a que formen una Comisión que recorra los veintisiete países de la Unión europea y una vez terminado, la amplíen al resto de los países que componen el Consejo de Europa para pedirles que apoyen sus extravagantes pretensiones. Pueden aprovechar para pedir, como dice la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que la Comisión Europea intervenga nuestro país ante la ruptura del Estado de Derecho.

Conminan al Ejecutivo para que retire el Proyecto antes del 30 de junio, en caso contrario declararán una huelga de tres días. Mucho se ha discutido sobre la posibilidad de que los jueces, como titulares de un poder del Estado, tenga la posibilidad de declararse en huelga. Es cierto que la ley no lo prohíbe, pero sí la ha regulado en otros ámbitos de la Administración de Justicia (Letrados/as y personal auxiliar) que no tienen poder jurisdiccional. Los convocantes reconocen que se puede utilizar para defender los intereses profesionales, es decir todo lo relativo a la retribución o dotación de medios materiales y personales. Se excluye, por tanto, a la función jurisdiccional que afectaría a la seguridad jurídica y pública. El Consejo del Poder Judicial también debería pronunciarse sobre esta cuestión.

En la mítica película Casablanca, que he visto muchas veces y que volveré a ver cuando me den la oportunidad, ha quedado para la historia una frase que Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman en la romántica despedida en el aeropuerto: “Siempre nos quedará París”.

Algunos jueces y tribunales españoles han retorcido el sentido y el significado de la frase y la utilizan, sustituyendo París por Luxemburgo, como una excusa para rebelarse contra sentencias que estiman contrarias a sus convicciones ideológicas, dejando a un lado su adecuación a los principios constitucionales y legales que deben respetar por imperativo de las normas reguladoras de nuestro sistema procesal. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (más adelante intentaré explicar en qué consiste) se ha convertido en una bandera que se enarbola, con gran repique de campanas de una parte de los medios de comunicación, con el único propósito de sembrar la duda sobre la correcta adecuación a derecho de algunas sentencias sobre asuntos de relevancia política  

España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 en Madrid y se integró efectivamente en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986. Este acontecimiento transformó nuestro tradicional modelo de algunas estructuras del Estado y fundamentalmente del Poder Judicial que pasó a integrarse en un sistema jerárquico de leyes y de principios jurídicos de los que habíamos carecido durante los cuarenta años de dictadura hasta la promulgación de nuestro texto constitucional.

La integración en la Comunidad Económica Europea nos sometió a una amplia gama de Directivas, Reglamentos, Decisiones y Acuerdos emanados de los distintos órganos que componen la actual Unión Europea. Los Reglamentos son actos legislativos vinculantes para todos los miembros. Las Directivas son actos legislativos en los cuales se establecen los objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos. Las Decisiones son vinculantes para aquellos Estados a quienes se dirigen y por último existen también Recomendaciones evidentemente no vinculantes.   

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pasó a integrarse en nuestro sistema judicial convirtiéndose en juez nacional para diversas cuestiones reguladas por el ordenamiento jurídico emanado de los órganos comunitarios. Al mismo tiempo los jueces españoles se transformaban en jueces comunitarios, obligados a la aplicación de esas normas cuando son procedentes para resolver un caso concreto. Acudir al Tribunal de Luxemburgo no puede obedecer a un capricho o a una motivación política.  Como es lógico los jueces y tribunales deben ser rigurosamente cuidadosos antes de tomar esta decisión. Deben sopesar las consecuencias de toda índole que supone utilizar abusivamente la cuestión prejudicial.

En el año 2001, la Junta de Andalucía inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones y despidos a los trabajadores afectados por estos ERE. Se creó una partida presupuestaria aprobada por el Parlamento de Andalucía en los presupuestos de la Comunidad Autónoma cada año ininterrumpidamente. No pongo en duda que en su ejecución hayan existido deficiencias e incluso irregularidades, pero resulta llamativo e incomprensible que, durante diez años, los órganos judiciales hayan permanecido impasibles sin haber tomado ninguna iniciativa para averiguar la posible existencia de hechos delictivos.

Entre las diversas personas condenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, se encontraban los ex presidentes Chaves y Griñán como autores de un delito de prevaricación administrativa.  En dos artículos precedentes sostuve que al tratarse de una ley aprobada en un Parlamento era imposible la existencia de hechos delictivos, sin perjuicio de la responsabilidad política que ciertamente fue dilucidada por los ciudadanos andaluces votando mayoritariamente al Partido Popular.

Los condenados acudieron en amparo al Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente los recursos, ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que se descarte el delito de prevaricación.  La sentencia que resuelve el amparo centra el debate en el principio de la separación de poderes. Sostiene que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Ni un anteproyecto ni un proyecto de ley pueden someterse a un juicio de legalidad y al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de su constitucionalidad.  La sentencia explica que los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes.  

Es cierto que el Tribunal Constitucional, al estimar parcialmente el recurso de amparo y devolver la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dictase una sentencia absolutoria, dejó abierta la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial. Pero esta alternativa no puede dar rienda suelta a iniciativas inspiradas únicamente en la confrontación política con el Tribunal Constitucional. No se puede utilizar la cuestión prejudicial sin un sólido fundamento que la justifique.

El Reglamento de funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marca, de una manera clara y precisa, cuáles son las pautas y requisitos para justificar el planteamiento de una cuestión prejudicial. El artículo 94 exige una exposición concisa del objeto del litigio, los datos fácticos en que se basan las cuestiones planteadas. Se consignarán las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto, la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

Según el artículo 95, el Tribunal de Justicia, mediante un auto motivado, puede rechazar la cuestión prejudicial cuando por su contenido no suscite ninguna duda razonable sobre su inconsistencia. Posibilidad que, en mi opinión, deberán ponderar los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla antes de tomar el camino que conduce a Luxemburgo. Superado este trance, el Tribunal, tratándose de una cuestión penal que afecta a derechos fundamentales, con toda seguridad utilizará el procedimiento de urgencia o, en todo caso, el procedimiento acelerado, lo que retrasaría la restauración de los derechos de las personas indebidamente condenadas. La tramitación exige que todas las peticiones de decisión prejudicial se notifiquen al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y al Banco Central Europeo, para permitirles valorar si tienen un interés particular en la cuestión y decidir si desean ejercer su derecho a presentar alegaciones u observaciones escritas.

El Tribunal de Justicia es un observatorio privilegiado para medir la calidad en los sistemas judiciales de los veintisiete países miembros. La cuestión prejudicial, en principio, está prevista para asuntos de naturaleza civil, mercantil, de competencia o bancarias, sin descartar otras cuestiones de relevancia política o penal.  He pasado casi cincuenta años desempeñando mis funciones en el ámbito del Poder Judicial, conviviendo con personas de las más diversas ideologías de muchas de las cuales guardo muy buenos recuerdos. Las disidencias en la interpretación de las normas son la esencia del Derecho. Me permito aconsejar modestamente a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, que mediten sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial. Los magistrados del Tribunal de Justicia, a la vista de los antecedentes que se les deben facilitar, no tendrán duda de que se trata de una cuestión política interna al margen del derecho comunitario. 

Emulando a Indiana Jones, el juez Hurtado se ha lanzado a una aventura que solo busca reafirmar su íntima convicción de que el contenido de un correo electrónico que debería haber estado guardado en el Arca de la Alianza ha sido profanado por el fiscal general del Estado. En su obsesión por corroborar su firme creencia, no ha dudado en allanar la sede de una institución constitucional en una demostración de su escaso respeto por las reglas que rigen el proceso penal en una sociedad democrática.

Antes de aventurarse a iniciar su arriesgada cruzada debió cerciorarse de la inequívoca existencia de tan sacrosanto secreto. Los hechos que conocemos nos llevan a la convicción de que no ha existido el secreto y que por tanto no pueden ser incardinados en el artículo 417 del Código Penal. En las facultades de Derecho se enseña que para que exista un delito no solamente tiene que haber una acción antijurídica, culpable y punible, sino que, además, tiene que lesionar un bien jurídico protegido por el sistema penal. 

El legislador marca la política criminal que quiere desarrollar y escoge cuáles son los bienes jurídicos protegidos y cuáles quedan al margen del derecho penal.  En los delitos contra la Administración Pública se penalizan, entre otras conductas, la prevaricación, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (artículo 417). Los autores solo pueden ser las autoridades o funcionarios que, sirviendo a la Administración Pública, revelaren secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, agravándose la pena cuando resultare un grave daño para la causa pública o un tercero.

En los delitos contra la Hacienda Pública, el bien jurídico protegido es la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas mediante el pago de los impuestos. Para que pueda perseguirse un delito contra la Hacienda Pública es necesario que la Agencia Tributaria ponga en marcha un expediente de inspección. Como dato informativo, en 2023 fueron inspeccionados 29.674 contribuyentes, se levantaron 62.575 actas, la deuda liquidada en esas actas asciende a 5.382,91 millones de euros y solo 152 denuncias se trasladaron a la Fiscalía por superar el límite de los 120.000 euros exigidos para la existencia de un delito fiscal.

La Fiscalía que recibe el expediente de la Agencia Tributaria tiene como misión judicializarlo, remitiéndolo al Decanato de los jueces para reparto. Es absurdo y absolutamente falso que, en este trámite, el fiscal se dirija al denunciado ofreciéndole una conformidad.

En el caso del “ciudadano particular” González Amador, como en la inmensa mayoría de los supuestos de esta naturaleza, lo lógico es que el abogado, que conoce la lucha del asesor fiscal con el inspector tributario para rebatir la existencia de delito, sea el que solicite una conformidad ante la imposibilidad de desmontar el resultado de la inspección. La cronología de los acontecimientos avala esta realidad. El abogado de la persona a la que se imputa la comisión de un fraude tributario se dirige, utilizando su correo electrónico, al fiscal de Madrid, que lleva esta clase de asuntos, exponiéndole que su cliente admite haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y que solicita iniciar los trámites para una posible conformidad. El fiscal contesta manifestándole que ha judicializado el expediente enviándolo al Decanato pero que sigue abierto a la posibilidad de llegar a un acuerdo.  

En este momento, la Fiscalía General del Estado, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, ni conoce ni le interesa cuál puede ser el desenlace de esta petición de conformidad. Creo que la inmensa mayoría de la gente, por lo menos yo, desconocía que González Amador era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.  

El detonante de todo este lamentable y peligroso espectáculo judicial que estamos viviendo, no es otro que la publicación, en el diario El Mundo, de una nota del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que se afirma que la Fiscalía de Madrid estaba dispuesta a llegar a una conformidad pero que no podía por órdenes “de arriba”. Se podía entender perfectamente que se estaba refiriendo al fiscal general del Estado. Este reacciona, como era de esperar, movilizando a todos los fiscales implicados en el asunto para redactar una nota desmintiendo la falsedad de la información. Esta nota no ha sido considerada como delictiva por la Sala de admisión de querellas del Tribunal Supremo.

El empecinamiento del juez Hurtado en mantener abierta una investigación carente de contenido delictivo traspasa todas las fronteras admisibles en una sociedad democrática y produce un grave quebranto a la credibilidad del sistema judicial. Es evidente que sus decisiones carecen del más mínimo sustento legal. Atenta contra los principios generales del derecho y la normativa procesal. Los ciudadanos pueden pensar, con fundamento, que nos encontramos ante una grave crisis del Estado de derecho.

Además de las medidas inexplicables y dilatorias que ha tomado y que han servido para prolongar una investigación que se está utilizando en el Parlamento como munición política, el juez Hurtado ignora, no sabemos por qué causas, que los hechos en su totalidad no son constitutivos de delito. Como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1991: “La conformidad es una institución que pone fin al proceso basándose en razones utilitarias o de economía procesal evitando la realización del acto del juicio oral y por consiguiente la práctica de las pruebas encaminadas demostrar la realización del hecho imputado”.

Un correo electrónico enviado por un abogado a la Fiscalía solicitando una conformidad de ninguna manera se puede calificar como un secreto protegido por el artículo 417 del Código Penal. En este precepto el legislador lo que tutela es el buen funcionamiento de la Administración Pública. Refuerza esta tesis el art. 103 de la Constitución, que, bajo el Título IV 'Del Gobierno y de la Administración', proclama que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2022 sostiene, para absolver a una recurrente, que su actuación, desvelando un secreto, no llegó a comprometer el buen funcionamiento de la Administración.  

Para confirmar el carácter inequívocamente político de esta incomprensible investigación, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, ignorando que el Consejo General de la Abogacía de España ha firmado un Protocolo (1 abril de 2009) sobre la conformidad con la Fiscalía General del Estado, se lanza, de forma sorpresiva e inédita, a la palestra, querellándose también contra el fiscal general del Estado por haber conculcado el derecho de defensa de un ciudadano “muy particular”. La conformidad, en ningún caso, vulnera el derecho de defensa, ya que en cualquier fase del proceso, e incluso en el momento de iniciarse el juicio oral, cabe retractarse de la conformidad manifestada.

El Protocolo regula la forma en que deben desarrollarse las conformidades. Las solicitudes dirigidas al fiscal por los abogados defensores deberán atenderse con la máxima rapidez y diligencia, ofreciendo el contacto personal y directo en el tiempo mínimo imprescindible. La conformidad debe realizarse con plena trasparencia, sin perjuicio de que las negociaciones, intercambios de propuestas, regateos o ajustes gocen de confidencialidad.  Esta confidencialidad, que penalmente no es equiparable al secreto, podría atentar contra el derecho a la intimidad, protegido en otro apartado del Código Penal.

En todo caso, la confidencialidad ha sido rota por el interesado al autorizar al jefe de Gabinete de su pareja que hiciese pública la pretensión de alcanzar una conformidad, aunque tergiversada de forma escandalosa y torticera. Me parece increíble que unos hechos de esta naturaleza hayan dado lugar a un procedimiento judicial que no lleva a ninguna parte y que solo sirve para alimentar la contienda política. Por supuesto no ha existido ninguna intencionalidad delictiva sino solamente el propósito de servir a las exigencias de información veraz, propias de una sociedad democrática.

En el curso de una investigación judicial, la acumulación de pruebas incriminatorias sólidas contra la persona investigada provoca lógica y racionalmente la decisión del implicado, se supone que por consejo de su abogado, de solicitar del Ministerio Fiscal la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la pena que podría derivarse de un hecho inequívocamente delictivo. No dispongo de datos estadísticos contrastados, pero se puede asegurar que, a lo largo de un año judicial, pueden ser miles las peticiones de llegar a un acuerdo que termine con una resolución judicial acorde con los intereses del peticionario. 

Si proyectamos esta incidencia sobre los delitos contra la Hacienda Pública, la cifra aumenta proporcionalmente porque se trata de un delito que admite pocas posibilidades de defensa cuando la inspección de la Agencia Tributaria, después de un laborioso y metódico procedimiento, ha llegado a la conclusión de que el fraude supera los 120.000 euros, límite de la frontera delictiva.

La solicitud de una conformidad, en ningún caso puede considerarse como un secreto, cuyo conocimiento interfiera en las diligencias de investigación en marcha o en las posibilidades de defensa de la persona que la toma. Existe un Protocolo, firmado el 1 de abril de 2009, entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía de España que regula la forma en que deben desarrollarse las posibles conformidades. La Fiscalía ha dictado una Instrucción para desarrollar el mecanismo de la conformidad. Las solicitudes dirigidas al fiscal por los abogados defensores deberán atenderse con la máxima rapidez y diligencia, ofreciendo el contacto personal y directo en el tiempo mínimo imprescindible. Trata de evitar un trámite burocrático forzoso y formal para la relación entre abogados y fiscales. Cuando existen perjudicados y víctimas la conformidad no puede realizarse a puerta cerrada. 

La conformidad debe realizarse con plena trasparencia, según el Protocolo, sin perjuicio de que las negociaciones, intercambios de propuestas, regateos o ajustes, gocen de confidencialidad. En el caso que se está investigando, lo que aparece en los medios de comunicación es la dirección de un email, que incuestionablemente es un dato privado de la persona, en este caso un abogado, que tiene su titularidad. Solicitar de la Fiscalía una posible conformidad es una iniciativa personal que no afecta al secreto de las actuaciones ni compromete sus posibilidades de defensa. El Protocolo admite que pueda retractarse, en cualquier fase del procedimiento e incluso en el momento de dar comienzo a las sesiones del juicio oral lo que pone de manifiesto que sus posibilidades de defensa permanecen intactas.

La persona que manifiesta libre y voluntariamente que quiere una conformidad no puede alegar, si este hecho se publica, que se ha atentado contra su intimidad o revelado sus secretos. En consecuencia, su querella, en mi opinión, no tiene posibilidades de prosperar por inexistencia de delito. El único dato personal que se contiene en el tan difundido email es el que se desprende de las siglas o elementos componentes que identifican  a su titular. El conocimiento del nombre del abogado que interviene en un caso de relevancia pública le proporciona una publicidad que en modo alguno le perjudica. 

En la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, todo arranca de la publicación de una nota de la presidenta de la Comunidad de Madrid (no concibo que ningún jefe de gabinete actúe sin el permiso o consentimiento de su superior) dirigida al diario El Mundo que alcanza unas cotas de tergiversación y mentira que son difícilmente compatibles con las obligaciones de todo servidor público en el marco de la confrontación política. Se decía que había sido el fiscal el que se había dirigido al abogado de la pareja de la presidenta proponiéndole una conformidad y que el fiscal general del Estado se había opuesto a esta decisión. El redactor de la nota debía conocer que en el 99,99% de los casos es el abogado el que lógicamente solicita la conformidad y que en la inmensa mayoría el fiscal general desconoce cómo se tramita dicha petición.

Ante esta falsedad el fiscal general reaccionó indignado. Estimó que la opinión pública merecía una información veraz según las pautas que marca la Constitución. La nota informativa emitida por la Fiscalía es impecable, hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha estimado que no es constitutiva de delito; sin embargo, de forma sorprendente, considera que existe un posible delito de revelación de secretos que afecta al derecho de defensa. No alcanzo a comprender cuál es el objetivo de la investigación que se ha marcado el magistrado instructor al que ha correspondido la tramitación de las querellas en las que, por supuesto, no podía faltar Manos Limpias.

También es sorprendente la actitud de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Interpone una querella inédita, por lo menos en los anales recientes de esta institución. Somos varios los abogados que estamos esperando una explicación razonada y razonable de esta iniciativa porque, como ellos mismos dicen en su escrito, nos encontramos ante una intervención del Colegio de Abogados extraordinariamente singular, anómala y sin precedentes.

Para terminar, que nadie se llame a engaño. Todo el entramado político, mediático y judicial no apunta de manera directa al fiscal general del Estado sino que, por elevación, busca una posible imputación del presidente del Gobierno, que tuvo una intervención desafortunada cuando dijo que la Fiscalía dependía del Gobierno. Desde la perspectiva  de los principios generales del derecho y de las garantías del debido proceso, se puede afirmar que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, con grave quebranto del principio de proporcionalidad y notoria falta de racionalidad, ordenó entrar en el despacho de Álvaro García Ortiz (sic) y no en el del Fiscal General del Estado, para incautarse y volcar los discos duros de todas las terminales informáticas del servicio general de la Fiscalía en los que se contiene información de todas las Fiscalías de España y de organismos encargados de la seguridad del Estado.

La ley Orgánica del Poder judicial considera como falta muy grave dictar resoluciones que causen perjuicio grave al interés público o lesionen los derechos fundamentales. No parece que se vaya a incoar un expediente disciplinario ni se espera un pronunciamiento o comentario sobre la gravedad de la decisión de autorizar la entrada en la sede de la Fiscalía General del Estado sin causa justificada. Auguro un devenir del procedimiento que seguramente sorprenderá a muchos lectores. Es casi seguro que alguna de las acusaciones solicitará que se eleve una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se investigue al presidente del Gobierno y posiblemente se acuerde, es una hipótesis, la nulidad del procedimiento seguido contra Amador González (Un ciudadano muy particular) por vulneración de derechos fundamentales. Cosas veredes amigo Sancho.   

El título de este artículo podría servir para que algún guionista, estoy pensando en Woody Allen, de la mano de un productor avispado, rodara una película basada en los acontecimientos que hemos vivido estos días en la residencia del embajador de España en Caracas. Yo les aconsejaría que se olvidasen de elegir actores profesionales y, si pueden convencerles, utilizar a los protagonistas reales.

El pasado 28 de julio se celebraron las elecciones venezolanas para elegir presidente por un periodo de seis años. Según la mayoría de los observadores, la jornada transcurrió con una cierta normalidad con incidentes aislados. A partir del cierre de los colegios electorales comenzaron las declaraciones del oficialismo y la oposición adjudicándose la victoria.  Permítanme que dude de las cifras facilitadas por ambos bandos. No me parece verosímil que la oposición haya arrasado con un 70% ni que Maduro, mientras no demuestre lo contrario, haya obtenido la mayoría necesarias para proclamarse vencedor.

A partir de este momento se desatan los acontecimientos que son seguidos con atención y preocupación por la comunidad internacional. Estados Unidos, varios países americanos (Brasil, Chile y México), la Unión europea y, por supuesto, el Gobierno español exigen que se presenten las actas para aceptar el resultado. Con la única intención de provocar un conflicto echando gasolina al fuego, la derecha extrema y la extrema derecha consiguen convocar un Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el 11 de septiembre, en el que, con la sorprendente alianza de del PNV, se decide reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

El Gobierno de Venezuela reacciona con varias medidas de manual. Retirada de embajadores y llamada a consulta. Como la reacción pudiera resultar desmesurada, detiene el día 14 a dos españoles a los que acusa de haber entrado en Venezuela con el propósito de realizar actos terroristas. En una de sus comparecencias habituales en la televisión, realiza unas manifestaciones delirantes que solo se pueden explicar por la pérdida de control de sus facultades intelectivas. Acusa al CNI español, que depende del Ministerio de Defensa y, en última instancia, de la Presidencia del Gobierno, de organizar un plan para asesinarle. Por favor, señor Maduro, recupere el sentido y reconozca que lo dijo en un momento de arrebato.

Pero es hora de volver al verdadero protagonista de la historia, Edmundo González Urrutia, y de los sucesivos pasos que da hasta refugiarse en la Embajada de los Países Bajos. Nicolás Maduro vuelve a la carga para atacar a su contrincante electoral. El tono no sé si le beneficia en Venezuela, pero sí que causa una mala impresión en los que le escuchamos. Le llamó cobarde y le retó a que saliese de su madriguera. Sabía, como es lógico, que se había refugiado en la Embajada de los Países Bajos porque, según los usos diplomáticos, había informado al Gobierno del acogimiento. En sus dependencias permaneció, según las informaciones, durante casi un mes.

No hace falta ser Sherlock Holmes para deducir que, desde su asilo, tuvo tiempo para meditar e incluso consultar cual era la decisión que debía tomar. Me imagino la tensión emocional que debió vivir, en medio de la tormenta que le rodeaba. Entregarse, sabiendo lo que le esperaba, o asilarse en España, país en la que ya viven alguno de sus predecesores. Esta duda hamletiana le debió asaltar durante días y quizá en las noches de insomnio. No creo que nadie se puede creer dotado de una superioridad ética que le permita juzgar su decisión, sin perjuicio de sus valoraciones políticas. Sin embargo, el Sr. González Pons saltó como un resorte con afirmaciones de grueso calibre. En su primer mensaje vierte un velado reproche a Edmundo González por haber aceptado el exilio y carga contra el Gobierno pero sin mencionar la existencia de coacciones. Cuando se conocen las fotografías de la firma del documento en la residencia del Embajador de España, los dirigentes del PP, que parecen haber visto un holograma en lugar de las imágenes que nos han ofrecido las televisiones, construyen la disparatada teoría de la cooperación necesaria del Gobierno de España. Saben que cuentan con el apoyo de la numerosa batería mediática que repican la misma versión, seguros de que una gran parte de la población terminará admitiéndola como una verdad revelada.

Las piezas no encajan y son difícilmente digeribles. Con sus burdos razonamientos sostienen que el Gobierno de España ha dado un golpe de Estado contra la oposición sin tener en cuenta que su cabeza visible se refugia en el país que ha cooperado en la trama. Todo muy lógico y racional. Edmundo González ha desmentido las coacciones al llegar a España. Me permito informarle que ha venido a un país en el que el lema de muchos medios de comunicación es: no dejes que la realidad te estropee un buen titular o construir una noticia a sabiendas de su falsedad.

La coacción indudablemente ha existido y solo puede imputarse al Gobierno de Venezuela. Ante la presión ejercida sobre su persona, Edmundo González escoge España como lugar de asilo. El Ministerio de Asuntos Exteriores acepta la petición y decide poner la residencia del Embajador como recinto en el que se escenifica la firma de una decisión que ya se había tomado por su protagonista. Desde allí salió con un salvoconducto hacia el aeropuerto, donde tenía que recogerlo un avión de las Fuerzas aéreas españolas tal como se había convenido.

En la escena final que hemos visto y oído, nuestro embajador no utilizó ningún instrumento coactivo, se limitó a ofrecer a los asistentes una botella de whisky como detalle de cortesía. Aquí se acaba la historia. El guion no da para más. Después de la palabra 'Fin', solo cabe añadir: Esta película se inspira en hechos reales. Invito a los amables lectores a poner, según su criterio, lo que en los usos cinematográficos se denominan: títulos de crédito.

El activismo político de algunos sectores de la judicatura se ha desatado de forma inusitada y preocupante a partir de la promulgación de la ley de amnistía. La rebelión de las togas en contra de su aplicación ha adquirido unas dimensiones de tal intensidad que afectan profundamente a nuestra estabilidad constitucional y democrática.  

Al margen de esta cuestión, existen dos procedimientos penales cuyo desenlace no ha sido valorado en su verdadera dimensión por los partidos políticos y por la opinión pública. Su desarrollo puede originar una crisis política e institucional hasta ahora desconocida en nuestra historia democrática. Me refiero al procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Fiscal General del Estado y a las diligencias penales que está llevando a cabo el juez Peinado, teóricamente contra Begoña Gómez, pero que, cada vez con más nitidez, apuntan hacia la persona del presidente del Gobierno. 

La nota informativa cuya publicación ordenó el Fiscal General solo pretendía salir al paso de una noticia tergiversada deliberadamente por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su pareja, después de una inspección tributaria minuciosa, terminó reconociendo que había cometido delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Anticipándose a las noticias que necesariamente iba a desencadenar la judicialización de estas actividades delictivas, difundió el bulo de que había sido la Fiscalía la que había tomado la iniciativa, hecho insólito, de ofrecer un acuerdo de conformidad para fijar la pena. Además, añadió que el Fiscal General se había opuesto a esta propuesta. La nota de la Fiscalía solo pretendía salir al paso de esta falsa noticia precisando la realidad de lo acontecido. ¿Dónde está el ánimo específico de atentar contra la intimidad, difundir secretos que ya eran conocidos o perjudicar su derecho de defensa? No obstante, el implicado y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, presentan sendas querellas por delitos contra la intimidad y de revelación de secretos que por razones de aforamiento, corresponden al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. El Fiscal General del Estado asume la responsabilidad de la publicación de la nota informativa y el magistrado instructor, sin más trámites, eleva una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la que corresponde la competencia para enjuiciar los hechos que se atribuyen a los altos cargos del Estado. A la vista de todo lo sucedido, solo el retorcimiento de la ley puede llevar a formalizar una acusación. En todo caso, la implicación de tan alta Magistratura exige que sea el Pleno de la Sala el que se pronuncie sobre tan disparatada decisión.  Esperemos los acontecimientos.  

El otro asunto, de más alto impacto político, afecta, por lo menos indirectamente, a la figura del presidente del Gobierno. El juzgado 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Peinado, asumió la iniciativa de abrir unas diligencias penales contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a instancias del prestigioso gabinete jurídico autodenominado Manos Limpias. A ella se han unido otros colectivos no menos renombrados, como Iustitia Europa o Hazte Oír y, como era previsible, el partido político Vox. Todos ellos especialistas en ejercitar, sin tasa ni medida, la acción popular. 

Las excentricidades, por no llamarlas de otra manera, del juez Peinado se han producido en cadena causando la estupefacción del mundo jurídico. Se necesitaría un libreto para comentarlas. Solo unos apuntes. Por su propio imperio, saltándose la ley, decide denegar al presidente del Gobierno el privilegio de contestar por escrito, como testigo, a las preguntas que quiera formular personalmente o las partes. Monta un show mediático invadiendo el Complejo presidencial de la Moncloa y al mismo tiempo, despojando al Presidente de su investidura política reconociéndole solamente la condición de esposo de la investigada con la consecuencia legal de poder negarse a declarar por sus vínculos familiares. 

Su última decisión, por el momento, descalifica a cualquier persona que ostente la condición de juez. Después de pensarlo unos días, adopta una medida que demuestra su desconocimiento de la función judicial o quizá sea un anuncio de las decisiones que pretende adoptar en el futuro. Decide entregar a las partes el vídeo de la no declaración del presidente del Gobierno que, como testigo y esposo de la investigada, se acogió a su derecho a no declarar. Ignorando la jurisprudencia del Tribunal Supremo consolidada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que el silencio puede dar lugar a la formación de inferencias de carácter inculpatorio. Tal argumento penetra en el mundo del esoterismo y constituye un elemento más para llegar a la conclusión de que el juez pretende implicar al presidente del Gobierno contra toda lógica y razón. Espero que por lo menos haya adoptado las medidas técnicas exigibles para detectar de dónde procede la filtración de las imágenes, en el caso de que se produzca.

Por supuesto, una vez más demuestra su ignorancia y tendenciosidad al desconocer los principios más elementales de la valoración de las pruebas. La sentencia de 26 de julio de 2016 sienta la doctrina de que el silencio, como estrategia procesal, no es en abstracto una prueba incriminatoria. No se puede obtener ningún rendimiento probatorio ni siquiera introduciendo las preguntas que se pretendían formular ya que el acusado ha anticipado su voluntad de no responder a ninguna de las preguntas sea cual sea su contenido.

Ante la previsible inadmisión de las querellas presentadas por el Presidente del Gobierno y su esposa Begoña Gómez contra el juez Peinado, este tiene las manos libres para realizar las inferencias que estime oportunas para elevar una imaginaria exposición al Tribunal Supremo solicitando la inculpación del Presidente del Gobierno. A la vista de los antecedentes no me atrevo a pronosticar el resultado. 

Los tiempos y los precedentes me permiten albergar los peores augurios. Hace tiempo que algunos jueces han abandonado la senda de las garantías del debido proceso propio de los principios de seguridad y justicia que imperan en la Unión Europea. Nos acercamos peligrosamente a Bolivia. Pregunten a Evo Morales. Es sabido cómo terminó Julio César. Un augur ciego le advirtió del peligro que le acechaba en el Senado en los idus de marzo. Existen diversas formas de eliminar a los más altos gobernantes. La que he descrito, es simplemente un personal augurio.  Espero y deseo equivocarme. 

La justicia es un ideal inalcanzable. Así lo reconoció uno de los genios de la ciencia del derecho, Hans Kelsen, en la lección magistral titulada '¿Qué es la Justicia?' que impartió el 27 de mayo de 1952 con motivo de su jubilación en la Universidad de California Berkeley. El contenido de su disertación se encuentra en un libro que ha tenido una gran difusión y cuya lectura recomiendo. Considera que una definición de Justicia es totalmente insuficiente, ya que esta debe fijar un valor absoluto que no puede asimilarse a los valores relativos que una moral positiva o un orden jurídico garantizan. Con la honestidad y el rigor intelectual que adornan todas sus obras, termina advirtiendo: “Comencé este estudio con el interrogante ¿Qué es la justicia? La justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”.

No puede haber justicia sin libertad, paz, democracia y tolerancia. Nuestra Constitución, en el artículo 10.1, nos recuerda que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. En definitiva, no puede existir un orden social y una convivencia democrática sin un ordenamiento jurídico que regule con claridad y equilibrio las relaciones individuales y sociales.

Los encargados de aplicar las leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, son los jueces y magistrados, que reciben este influyente y trascendental poder de la soberanía popular según se desprende del artículo 117 de la Constitución cuando proclama que la justicia emana del pueblo. La formación de los jueces y su responsabilidad es un presupuesto ineludible para que el sistema funcione, pero todo resultaría inútil si no se diseña una red territorial dotada de los recursos humanos y medios materiales suficientes para que las demandas y reclamaciones sean resueltas no solo de forma racional y comprensible, sino también en un tiempo razonable.

A los ciudadanos y ciudadanas que acuden a los juzgados y tribunales en demanda de una decisión que satisfaga las pretensiones que estiman justas les tienes sin cuidado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve en prórroga cinco años o incluso que pudiera seguir otros cinco más. Las sedes judiciales han seguido abiertas en las horas de oficina y han actuado con mayor o menor diligencia o efectividad, según los casos, a pesar de la anormal e irregular situación que ha vivido el Consejo.

Nunca he entendido por qué la anormal e indeseable prórroga del CGPJ se ha elevado a la categoría de una gravísima crisis política e institucional. En mi opinión, su impacto sobre el sistema democrático se ha desorbitado por los partidos políticos y la mayoría de los medios de comunicación. Ninguno de los veintiséis países restantes que configuran la Unión Europea ha mostrado la más mínima preocupación por la situación de nuestro Consejo del Poder Judicial. Ante su evidente responsabilidad en la demora de la renovación, el Partido Popular ha maniobrado en las instituciones europeas para que la Comisión y el Parlamento se implicaran en un conflicto que, como alguna vez se le escapó al Comisario Reynders, era una cuestión interna de España. Su intento de lograr un pronunciamiento en el Parlamento Europeo tuvo un éxito apoteósico: acudieron 70 de los 717 Parlamentarios entonces existentes. A partir del año 2018, en el que se debió producir la renovación de los vocales, y hasta el momento presente se han producido resoluciones judiciales de una relevancia internacional que han traspasado nuestras fronteras, como la condena a los políticos independentistas catalanes. Hemos conocido actuaciones judiciales que encajan perfectamente en el extendido concepto conocido como lawfare. Hemos asistido a la insólita rebelión, tolerada impasiblemente por el Consejo, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y al espectáculo lamentable de algunos jueces saliendo en manifestaciones estáticas a las puertas de los Palacios de Justicia para rechazar una ley de amnistía que no estaba aprobada y que tendrán que aplicar por estar sometidos al imperio de la ley.

El CGPJ, según la Constitución (Artículo 122.1 CE), es el órgano de gobierno del Poder Judicial y una Ley Orgánica establecerá su Estatuto, actividades de sus miembros y funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Es decir, sus actividades son fundamentalmente administrativas y no afectan para nada a las decisiones independientes que puedan tomar los órganos judiciales.

Sin Consejo del Poder Judicial se puede vivir y funcionar, como lo demuestran otros países de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Países Bajos, que carecen de esta institución y no por ello el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales ha sufrido merma en la valoración de la opinión pública.

Recientemente, el PSOE y el Partido Popular han llegado a un acuerdo rimbombantemente llamado pacto de Estado, del que se queda fuera el resto de las formaciones políticas que también forman parte de la estructura del Estado, que ha cristalizado en una Proposición de Ley de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial y la que regula el Estatuto del Ministerio fiscal. Me parece que su texto solo va a contribuir a exacerbar los defectos actuales.

Una disposición adicional abre una puerta a la esperanza. Se impone al CGPJ la elaboración de un informe con objeto de examinar los sistemas europeos y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados. Súbitamente se cierra la puerta y los redactores del texto exigen una mayoría de tres quintos “conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución (sic)”.  Parece que no han leído el texto constitucional, en el que la mayoría de tres quintos solo se exige para designar a los vocales no judiciales. La forma de elección de los vocales judiciales, según la Constitución, será regulada por una ley orgánica, que deja abierta varias posibilidades y variantes. Espero que ese error se rectifique cuando se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación.

Cuando llegue ese momento, deberá tenerse en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1986 que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la modificación del régimen de nombramiento de los vocales judiciales impuesta por la ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. La sentencia advierte que se debe “mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos y señaladamente el poder judicial”.

El CGPJ necesita una remodelación a fondo. Su función primordial sería la de velar por el buen funcionamiento del servicio público de la administración de justicia exigiendo a los otros poderes una dotación presupuestaria que satisfaga el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta motivada y rápida a sus pretensiones.

La mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino parecerlo. Esta frase, que al parecer pronunció Julio César, se ha convertido en un paremio (perdón por el culteranismo), es decir, dicho o frase hecha; precepto, máxima, refrán o construcción lingüística que puede usarse como modismo o locución adverbial y por cualquier enunciado breve, sentencioso e ingenioso que trasmite un mensaje instructivo, incitando a la reflexión intelectual o moral.

Algunos paradigmas han cambiado sustancialmente. La enseñanza se ha generalizado y son muchas las personas que tienen acceso a títulos o grados de mayor o menor nivel y la posibilidad de encauzar su vida profesional según sus personales intereses. Sin perjuicio de la inmodificable garantía de igualdad y no discriminación, lo cierto es que las circunstancias de la vida colocan a determinadas personas en un estatus que puede modificar o adaptar su actividad profesional por razón de su acceso a relevantes funciones públicas en su entorno personal o familiar.

Los sistemas democráticos y la lucha de las mujeres por conquistar la igualdad de derechos civiles y políticos han permitido que algunas hayan alcanzado la más alta representación de un Estado: Indira Gandi, Margaret Thatcher, Dilma Rousseff y muchas otras. Sus esposos o parejas han continuado desarrollando sus actividades profesionales sin mayores objeciones y sin que nadie les exigiese renunciar a su trabajo o modo de vida.

El ejemplo más cercano a nuestra vida política lo podemos encontrar en Carmen Romero, esposa durante muchos años del presidente del Gobierno Felipe González. Cuando llegó al Palacio de La Moncloa se dio la circunstancia de que por primera vez una mujer con trabajo propio e independiente asumía el papel de “primera dama”. En una entrevista dejó para la posteridad un mensaje de rabiosa actualidad: “No hay un estatuto especial para ser la mujer del presidente, sólo luchar por no dejar de ser tú misma”.

Begoña Gómez se trasladó en su juventud a Madrid, donde decidió escoger su trayectoria profesional, especializándose en mercadotecnia, y accediendo a algunos títulos como dirección de empresas y otros. Desde 2022 codirige la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 contrajo matrimonio con el actual presidente del Gobierno Pedro Sanchez. Durante muchos años sus actividades profesionales eran absolutamente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno mediante la moción de censura a Mariano Rajoy hasta las elecciones de mayo de 2023, las actividades empresariales de Begoña Gómez pasaron desapercibidas para la opinión pública. Ante el evidente éxito de la derecha y extrema derecha, el presidente del Gobierno reacciona convocando elecciones generales para el 23 de julio siguiente. A la vista de su resultado y su nueva investidura, la maquinaria mediática al servicio de la derecha concentra su foco de atención en  las actividades profesionales de Begoña Gómez, alcanzando un nivel de turbulencia que es difícil encontrar en las hemerotecas.

Como era de esperar, no tardó en entrar en escena el colectivo de funcionarios de Manos Limpias, cuya única actividad conocida es la de regar los juzgados de denuncias y querellas que merecerían ser rechazadas de plano por su absoluta falta de rigor jurídico. Siempre contra personas o partidos políticos de izquierdas y nunca contra el PP o Vox. Un juez al que le tocó la grotesca denuncia, suponemos que por riguroso turno de reparto, la tomó en consideración con absoluta falta de razonamiento a pesar de sus defectos formales e inconsistencia, sabiendo que la persona afectada era la esposa del presidente del Gobierno y que sus repercusiones políticas sobre las elecciones catalanas y europeas eran inevitables, como así se demostró en la realidad, y puso en marcha la maquinaria judicial sin pararse ni un momento en razonar sobre la admisibilidad de ese engendro procesal que le había  tocado en suerte.

Algunos jueces, y entre ellos el Sr. Peinado, consideran que el sistema procesal penal es como una caja registradora y, cuando les llega el papel que les envía el Decanato, lo convierten automáticamente en una diligencia penal sin tener en cuenta los efectos que esa decisión conlleva para el denunciado o querellado, ignorando que una admisión a trámite automatizada surte unos efectos demoledores. El sistema no funciona como un robot. El art. 313 de la ley procesal penal exige que la querella se desestime si los hechos no constituyen delito, y algo similar dice el art. 269 en relación con la denuncia.

La desestimación de la querella, sin realizar diligencias de investigación, cuando los hechos no constituyen delito es perfectamente respetuosa con los derechos del querellante y es una consecuencia del deber del juez de proteger los derechos del querellado. De hecho, debe afirmarse que el instructor, como garante de los derechos del querellado, está obligado a impedir que sus derechos fundamentales y, por supuesto, su seguridad jurídica y su tranquilidad personal se vean afectados por una investigación penal sin fundamento.

Como ha dicho el Tribunal Supremo, “se trata de aplicar el mismo principio que es exigible cuando se trata de restringir los derechos fundamentales del artículo 18 C.E.”  (es decir su derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen), pues “de lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia”. No se puede perturbar a un ciudadano de un modo tan claro si no es en los casos establecidos por la Ley; y esos casos no abarcan la investigación de una conducta que ya prima facie se revela no delictiva. Ahora bien: esta respuesta ha de ser debidamente fundada en Derecho. Como contrapartida, el querellante tiene derecho a una respuesta suficientemente fundada y motivada cuando ve su pretensión indebidamente desestimada.

La lectura del panfleto presentado por Manos Limpias, que por lo menos reconoce que puede contener hechos falsos, no puede sustentar una decisión tan gravosa y sobre todo de tanto impacto personal y político. A partir de su indebida toma en consideración, se acumulan una serie de anomalías procesales que denotan una ignorancia inexcusable. En primer lugar, dice que solicita la “declaración testifical de la imputada” (!), expresión incompatible con un mínimo conocimiento del derecho. Declara un inaudito secreto del sumario cuando los hechos son públicos y notorios. Sostiene que concurren “sospechosos indicios”, conceptos incompatibles en el proceso penal. La reproducción del audio en el que se toma declaración al director de El Confidencial revela su total ignorancia sobre lo que es un testimonio. Por si faltaba poco, ha abierto una especie de ventanilla en la que, por el módico precio de 10.000 euros, cualquiera puede ejercitar la acción popular y apuntarse al festejo.

Permanezcan atentos a la pantalla porque sin duda la comparecencia y declaración de Begoña Gómez puede resultar un espectáculo de dimensiones inesperadas. El Consejo General del Poder Judicial, con la legitimidad que le proporciona su actual estado, ha recordado al presidente del Gobierno que debe haber una cierta “contención” en la crítica a las actuaciones judiciales. Ha perdido la oportunidad de recordar a los jueces que deben ser ellos los que tienen que hacer gala de la virtud de la contención. 

Según la mitología griega Europa era una princesa fenicia a la que Zeus raptó, adoptando la forma de un toro blanco, y se la llevó desde las orillas de lo que hoy es el Líbano hasta la isla de Creta. Premonitoriamente la historia la relata Ovidio en su obra 'Las metamorfosis'. Las metamorfosis evolucionan positivamente cuando provocan   transformación. mutación o cambio para perfeccionar un sistema, pero también genera efectos negativos cuando supone la transmutación de algo en otra cosa distinta.

La actual Unión Europea nace de las cenizas de la Segunda Guerra mundial y ha experimentado una profunda evolución positiva hasta llegar a su actual configuración.  En algún momento de su evolución surgió la idea de transformarla en una especie de los Estados Unidos de Europa. El Reino Unido, celoso de su “esplendido aislamiento”, que ha culminado con el Brexit, se opuso a esta idea y se sustituyó por la actual denominación más aséptica de Unión Europea.

Un rápido recorrido por las sucesivas fases no puede omitir una mención y un merecido homenaje a Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak , a los que se denomina como los “Padres de Europa”. De acuerdo con el Plan Schuman, seis países firman un Tratado (1952) para crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) con la finalidad de gestionar en común sus industrias del carbón y del acero.  Estos seis países son Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En estos tiempos cobran vigencia y ojalá sirvieran de advertencia, las palabras de Robert Schuman: “La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. La puesta en común de las producciones de carbón y de acero cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas”.  

Entre las instituciones que configuran la actual Unión Europea cada vez están adquiriendo un mayor relieve las competencias del Parlamento Europeo, como organismo representativo de los ciudadanos de Europa. La elección de sus miembros asegura la plena legitimidad democrática de la Unión. Debe estar totalmente asociado al proceso legislativo europeo y ejercer, en nombre de los ciudadanos, un control político sobre las otras instituciones de la Unión. El Tratado de Maastricht (1992) subordinó a la aprobación previa del Parlamento, el nombramiento por parte de los Estados miembros de la presidencia y los miembros de la Comisión como órgano colegiado. Su producción legislativa (Directivas, Acuerdos, Reglamentos) pasa a integrarse en la legislación de los Estados miembros.

Las primeras elecciones, por sufragio directo, para elegir a los miembros de esta amplia asamblea parlamentaria (720 escaños), tuvieron lugar en 1979 y en estos momentos, estamos llamados a las urnas, el próximo día 9 de junio, para elegir a los europarlamentarios que corresponden a nuestro país (61 escaños). Las tensiones y los conflictos de intereses entre los veintiséis países que actualmente componen la Unión Europea, han sido continuos, pero se han superado con mayores o menores concesiones. Siempre han existido partidos políticos, incluso países euroescépticos, pero se ha impuesto el realismo y se han sorteado los obstáculos. asentándose mayoritariamente entre los ciudadanos que actualmente la componen.

La geopolítica y las corrientes autoritarias y antidemocráticas que han llevado a un personaje como Donald Trump a la presidencia del país que encarnaba la bandera de los derechos civiles y de la democracia han repercutido, por desgracia, en numerosos países. El continente europeo no podía ser ajeno a estas tendencias y en el seno de la Unión han surgido fuertes y peligrosas inclinaciones hacia posiciones antidemocráticas que ponen en riesgo sus principios fundacionales. Creo que, en mayor o menor medida, no existe país que no padezca estas reaccionarias corrientes de pensamiento. La homofobia, el rechazo al diferente, el recorte de libertades, el cierre de fronteras a los que piden asilo y mejores oportunidades y el negacionismo del cambio climático son algunas de las políticas que se implantaran en Europa si triunfan mayoritariamente las propuestas de los movimientos de la ultraderecha que tratan de revivir el pasado.

Nuestro porcentaje de participación en estos comicios siempre ha sido bajo. Solo en las últimas (2019) se superó ligeramente, por unas décimas, el 50%. Los debates sobre las que se celebraran el 9 de junio deberían versar sobre el presente y futuro de la Unión Europea y los conflictos y retos comunes a los que nos enfrentamos. Sin embargo, el bloque de la derecha prefiere aparcar estas preferencias y decantar el voto en función de las tensiones políticas internas. Pretenden utilizar su resultado, que estiman favorable, como un plebiscito que sirva como herramienta para derrocar al Gobierno. Recomiendo paciencia, solo unas elecciones generales pueden incidir sobre el panorama político nacional. 

Está en juego el modelo democrático y los valores que inspiraron a los fundadores. Este espíritu, en mi opinión, solo se encarna en liberales auténticos, socialdemócratas, verdes y grupos políticos similares. El grupo popular español y ahora parece que el europeo, no tiene reparo en aliarse con la extrema derecha para retroceder en derechos y libertades. Atención a las posibles propuestas sobre el aborto que pueden llevarnos a recortes parecidos a los del Tribunal Supremo norteamericano. Respecto del divorcio no hay problema, todo el espectro de la derecha ha demostrado que son unos verdaderos entusiastas.

Como ya he señalado, por mucho que se empeñen los corifeos de la derecha extrema y la extrema derecha española las elecciones del 9 de junio son solo europeas. El índice de participación, en plena tensión política, va a ser muy significativo. El elector español tiene ante la urna dos opciones; la Europa de las libertades, la tolerancia y la cultura de la Ilustración o retroceder a tiempos oscuros y desenlace incierto que fueron los que despertaron la conciencia de los que pusieron las bases para que surgiera una Europa que ahuyentase los fantasmas del pasado.

En el caso de un triunfo del denominado Grupo Popular se podría reproducir el mito del rapto de Europa en versión actualizada. La sección española, fiel a nuestras esencias, puede proponer como emblema la imagen de un toro de lidia corneando la idea fundacional de Europa. Estoy seguro de que no conseguirían matarla pero la pueden dejar malherida. 

Hemos vivido cinco días políticamente convulsos e inciertos del mes de abril y estamos en vísperas de las elecciones catalanas. Volviendo a los hechos de abril, era evidente que desde hacía tiempo se venían difundiendo en los medios de comunicación determinadas actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, algunas de ellas muy anteriores a que llegase a instalarse en el Palacio de la Moncloa. Cualquiera puede conocerlas con detalle si entra en los buscadores digitales. Como era de esperar, dado el ambiente político que preside el debate y la confrontación que impera en nuestra vida democrática, en un primer momento todo había quedado en críticas, petición de responsabilidades políticas y comparecencias en comisiones de investigación. Súbitamente, el pasado 24 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid abre unas diligencias penales de investigación contra ella, en virtud de una simple denuncia del colectivo Manos Limpias, que, como puede comprobarse en el escueto escrito, carece en absoluto de legitimación para presentarla. No obstante, la causa sigue adelante.

La grave decisión de criminalizar unas actividades profesionales impactó emocionalmente, como es lógico, en su esposo el presidente del Gobierno, que, en mi opinión y con absoluto respeto a sus sentimientos, reaccionó de forma equivocada. La situación era inédita y no tenía precedentes en nuestra historia democrática, pero no era suficiente para provocar un paréntesis paralizador de las actividades del Ejecutivo que provoca la natural inestabilidad política y la consiguiente intranquilidad entre la ciudadanía y en las esferas económicas nacionales y extranjeras. Por otro lado, conviene recordar que la Ley del Gobierno solo contempla la dimisión, en ningún caso la suspensión de las actividades del presidente. 

Al conocer la noticia de la decisión judicial, sale precipitadamente del hemiciclo, se refugia en el espacio de su intimidad y decide redactar un escrito dirigido a todos los ciudadanos que recoge unas reflexiones personales, denunciando todo lo que está aconteciendo en el mundo político, mediático y judicial. Seguramente el silencio absoluto hubiera sido una muestra de insensibilidad personal, e incluso la cólera me parece justificada, pero ambos sentimientos, personalmente respetables, creo que no justifican una decisión como la adoptada.  

Después de cinco días frenéticos, en los que se dispararon las especulaciones sobre las causas de la dimisión y los pronósticos sobre la decisión que adoptaría una vez transcurrido el periodo de reflexión, reaparece solemnemente en las escalinatas del Palacio de la Moncloa anunciando que continuará en el cargo. Lee un comunicado en el que se entremezclan las duras críticas al clima creado por los medios de comunicación, con especiales reproches a la actitud y manifestaciones de los líderes de la oposición. Utiliza un signo ortográfico, el punto y aparte, como metáfora para anunciar un cambio en la política venidera. Sostiene y lo comparto que la “difamación personal y familiar nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego”.

Nada que objetar a su propósito de avanzar en la conquista, consolidación y mejora de los derechos y libertades que proclama nuestra Constitución y todos los Tratados internacionales sobre los derechos humanos. Lamentablemente la necesaria regeneración democrática requiere algo más que el Boletín Oficial del Estado. Las convicciones democráticas necesitan ser cultivadas desde la escuela y fortalecidas con la formación continuada en los valores de la convivencia, la tolerancia y el respeto por el disidente y el extraño. Se va construyendo día a día.  

Cuando entre en vigor la ley de amnistía, es posible que la continuidad de la legislatura se consolide y resista. Después de las elecciones catalanas y europeas queda mucha política social y económica por hacer que no nace de un punto y aparte sino de inactividades del pasado. Una ley de viviendas, salarios, jornada laboral y sistema tributario, entre otras, podrían vivificar la legislatura. Una ley de seguridad ciudadana es imprescindible en democracia, pero hay que eliminar artículos que coartan el ejercicio de derechos fundamentales reprimidos, recortados y sancionados con multas exorbitantes. Siempre debe estar presente el artículo 10 de la Constitución en el que se puede leer que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

En estos momentos, todo está pendiente del resultado de las elecciones catalanas. La habitual irrupción de las terminales judiciales en los procesos políticos ha introducido una variante que altera el tablero electoral que se venía detectando desde hacía unos meses. Los avances demoscópicos daban un triunfo arrollador a PSC y a Salvador Illa, seguido de ERC y en un tercer lugar Junts. En mi opinión, todo cambia el 24 de enero cuando el juez Garcia-Castellón, con la anuencia del juez Marchena y su Sala, deciden incluir en su investigación sobre Tsunami Democrátic, que consideran organización terrorista, a Carles Puigdemont. A pesar de este fantasmagórico pronunciamiento, es incomprensible que sigan sin emitir una orden de detención y entrega contra un “terrorista”, sabiendo que, en estos momentos, tiene su residencia a pocos kilómetros de la frontera. Considerar a una plataforma ciudadana, que se constituyó con el exclusivo propósito de organizar protestas por la injustificada condena de los políticos independentistas, como una organización terrorista ha provocado un natural malestar y rechazo en gran parte de la sociedad catalana, independientemente de su adscripción política.

La encuesta realizada para el grupo Prisa, entre el 30 de abril y el 2 de mayo, refleja una subida espectacular de Junts que, en su franja alta, se acerca a dos escaños del PSC si este se queda en la franja baja. Todavía faltan unos días hasta el 12 de mayo para que las especulaciones se conviertan en una realidad estadísticamente contabilizada. Si se consolida esta tendencia, Junts y ERC conformarían una mayoría absoluta, con o sin la posible aportación de la CUP, que cambiaría totalmente el panorama político catalán. 

ERC, partido comprometido con la democracia y los avances sociales, se podría encontrar en una encrucijada. Integrarse en un tripartito ya experimentado en el pasado (con PSC y Comuns) o participar en un gobierno independentista con la presidencia de Carles Puigdemont, que sería muy difícil de rechazar sin crear un conflicto de consecuencias imprevisibles. Nos queda la tranquilidad de su promesa de seguir con el actual compromiso de apoyar al Gobierno en el Parlamento español.

La pelota está en el tejado de Junts, que tiene la oportunidad de decantarse por el apoyo parlamentario en Madrid o provocar una crisis que nos lleve a una moción de confianza de consecuencias imprevisibles. Si añadimos que la encuesta sitúa a Carles Puigdemont en el primer lugar de  preferencia de los lideres, no es descartable que pueda comprometer la  supervivencia   del Gobierno de coalición.   

Los demócratas españoles que, ciertamente en un número reducido, nos hemos pronunciado en contra de la condena por la Sala Segunda contra actividades político parlamentarias incuestionablemente inconstitucionales pero en absoluto constitutivas de delito, estamos legitimados para solicitar de Junts que, con sus siete escaños, mantenga, por lo menos durante un tiempo razonable, el difícil equilibrio actual, puesto en cuestión por los últimos acontecimientos. La alternativa es la convocatoria de nuevas elecciones generales que podrían –no es tan seguro como piensan sus lideres– dar paso a una forma de gobernar que ya han puesto de manifiesto en la Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que forman coalición PP y Vox.  El domingo 12 de mayo nos jugamos algo más que el gobierno de la Generalitat.  

La actitud que está tomando el Senado ante la ley de amnistía me recuerda la inmortal obra de William Shakespeare 'Julio Cesar' en la que se relata de forma magistral la conjura de los senadores para asesinarle por considerarlo un dictador. Recrea la conspiración, el homicidio y sus secuelas políticas. Constituye uno de los varios trabajos shakespearianos basados en hechos históricos. La mayoría de las lecturas del texto realizadas a través de los siglos sostienen que Casio y los otros conspiradores actuaron motivados por la envidia y la ambición, mientras que Bruto se mueve por causas de honor y de lealtad a la patria. Si esto es así, en el momento presente, no encuentro a nadie que pueda encarnar la figura de Bruto.

Los que sostienen empecinadamente que todo lo ocurrido en el desarrollo de la hoja de ruta del procés, anunciado como promesa electoral y desarrollado a través de instituciones representativas de la soberanía popular, como el Parlament y el Gobierno de la Generalitat, constituyó una rebelión/sedición que estuvo adecuadamente castigada con penas de 13 años de prisión, creo que demuestran una notable miopía jurídica y política. Al otro lado de los Pirineos la cuestión se ve de otra manera, como se ha demostrado con las resoluciones de los jueces europeos y organismos internacionales.

Nuestros constituyentes optaron por un sistema bicameral, integrado bajo la denominación general de las Cortes Generales, que abarca al Congreso de los Diputados y al Senado. Como sucede en todos los sistemas bicamerales existe un reparto de competencias y atribuciones con predominio de la Cámara baja, el Congreso de los Diputados. Hasta el momento presente este reparto de competencias parece que ha funcionado con una cierta normalidad y sin graves confrontaciones.

La ley de amnistía ha venido a trastocar la vida política hasta tal punto que el nivel de confrontación dialéctica e institucional ha llegado a cotas indeseables y peligrosas para la estabilidad democrática de nuestra convivencia. A la refriega se ha unido, insólitamente, con grave quebranto del equilibrio de poderes y el deber de imparcialidad, consustancial al ejercicio de las funciones judiciales, no solo la mayoría del Consejo del Poder Judicial caducado sino también un grupo de asociaciones judiciales que han mostrado una beligerancia, en todo caso prematura, que deben reservar para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Corrupción política, ruptura de España, humillación, traición a la patria, incluso la calificación de delincuentes; estos han sido los improperios que el PP, Vox y sus extensas terminales mediáticas han utilizado para atacar la decisión política de tramitar la ley.  Inmersos en este clima, las instituciones que constituyen los pilares de la democracia y del Estado de derecho, como el legislativo y el judicial, no pueden convertirse en  beligerantes contradictores, actuando al margen de sus funciones constitucionales.

Las reglas del juego están claramente delimitadas y tradicionalmente se han respetado. El Senado es una Cámara de segunda lectura de las leyes y su función está determinada con nitidez y precisión en el artículo 90 de la Constitución. El presidente del Senado una vez recibida una ley elaborada por el Congreso, deberá someterla a deliberación. Cumplidos todos los trámites previstos en su Reglamento, la última palabra la tiene el Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta del PP en el Senado ha puesto en marcha una carrera de obstáculos con unas decisiones que solo pretenden hibernar, durante dos meses, la tramitación de la ley, conscientes de que no tiene ninguna otra posibilidad de evitar su promulgación.

La conjura se ha desarrollado en diversos escenarios. Primero se dirigen a la Comisión de Venecia, organismo consultivo integrado en el Consejo de Europa para que emitiera un dictamen sobre la constitucionalidad de la amnistía. Conviene recordar que su Asamblea Parlamentaria había criticado rotundamente las condenas impuestas a los líderes independentistas. Nada que objetar a las consideraciones que hace el informe sobre la conveniencia del consenso, la tramitación sosegada y su posible inclusión en el texto constitucional. Pero dicho en términos coloquiales, creo que todos estaremos de acuerdo en que no está el horno para estos bollos. En definitiva, la Comisión concluye afirmando que la amnistía es perfectamente constitucional.

Pero los conjurados, lejos de desanimarse, no dudan en malversar las previsiones constitucionales y legales. Los letrados habían advertido que la Mesa del Senado no puede calificar una ley como ordinaria o urgente ni puede negarse a la tramitación, fuere el que fuere el resultado de esta (vetar, enmendar, o no pronunciarse), porque de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 90.1 de la Constitución que establece que solo el Gobierno o el Congreso puede adoptar esta decisión. Los “fervorosos constitucionalistas” no han dudado en saltarse la Constitución modificando el Reglamento del Senado porque para eso disponen de la mayoría absoluta. Cuando el Tribunal Constitucional anule este artículo del Reglamento (Art.133) dirán que está politizado y a las órdenes del Gobierno.

Enredados en sus maquinaciones se han sacado de la manga un inédito conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado sin que sepamos muy bien cuáles han sido las competencias constitucionales y reglamentarias que les han sido arrebatadas. Incluso alguno de sus medios y columnistas afines, reconocen que es un camino hacia ninguna parte. Han apuñalado simbólicamente la Constitución y la democracia, pero la amnistía sigue viva.

Cuando la ley termine su periplo y se publique en el BOE, sus efectos serán inmediatos y sin duda se aplicarán por la mayoría de los jueces implicados. Espero atentamente las razones que la Sala Segunda del Tribunal Supremo y quizá algún otro tribunal esgriman para plantear cuestiones de institucionalidad o vulneraciones de las normas de la Unión Europea ante su Tribunal de Justicia.

Para los que suspiran por la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones que otorguen el poder al PP, en exclusiva o en alianza con Vox, conviene recordarles que las leyes de amnistía son irrevocables. La democracia y la Constitución como expresión de los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político están siendo atacados desde diversos flancos.  No se puede ser constitucionalista si antes no se es demócrata.

A la vista de lo que estamos contemplando, me parece que la conjura no alcanza la grandeza dramática de la obra de Shakespeare y se queda en una pataleta que solo pretende manipular y degradar las instituciones democráticas. En su momento habrá que restablecer la legalidad quebrantada. El Senado como emanación de la soberanía nacional seguirá existiendo y los conjurados, tarde o temprano terminarán perdiendo su condición de senadores. Las experiencias que estamos viviendo con la ruptura del bipartidismo me lleva a recordar nuevamente el drama de Julio Cesar. Del mismo modo que le advirtieron que se cuidase de los idus de marzo, ante el panorama que se avecina debemos cuidarnos de las mayorías absolutas. Inevitablemente caen en la tentación de monopolizar el poder en detrimento de la democracia.

Soy consciente de que esta tesis no goza de la opinión mayoritaria de los analistas políticos. Ante la masiva, inusitada y sin precedentes, movilización política, jurídica, judicial y mediática que se ha desatado sobre la Proposición de Ley de Amnistía propiciada por el PSOE y el Gobierno para amnistiar no solo a los políticos, sino a un multitud de personas que permanecen sometidas a procedimientos judiciales por todo lo sucedido a lo largo del proceso independentista catalán, se hace necesario reflexionar sobre el impacto de la amnistía sobre los procesos electorales que se celebren antes de la aprobación de la ley y de que se produzcan los efectos de su aplicación.

La sentencia del procés ha recibido las críticas de la inmensa mayoría de la comunidad jurídica internacional y de los organismos oficiales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos (Comité Derechos Humanos ONU, Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias, Consejo de Europa). Estamos a la espera de lo que decida el TEDH, que ya nos ha advertido que se va a pronunciar sobre las demandas interpuestas por los políticos condenados. Hasta el momento, todas las órdenes europeas de detención y entrega puestas en marcha por el juez instructor del Tribunal Supremo han sido rechazadas.

Los jueces Garcia Castellón y Aguirre, ante la inevitable tramitación de la proposición de ley, sacaron del baúl de los recuerdos (más de tres años paralizadas) sendas causas que califican como constitutivas de terrorismo y alta traición, imputando a Puigdemont y Marta Rovira la autoría de estos delitos con el único objeto de entorpecer, utilizando desviadamente su potestad jurisdiccional, la tramitación de la ley. El primero ha enviado una Comisión rogatoria a Suiza que produce vergüenza ajena. Ya en los inicios de la apertura del procedimiento judicial en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia suizo, ante la apertura de un proceso por rebelión y el refugio en su país de Marta Rovira y Ana Gabriel, advirtió que no pensaba tramitar ninguna extradición porque consideraba que se trataba de asuntos estrictamente políticos.

Acaba de conocerse la decisión de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) suiza en relación con la estrambótica y bochornosa petición de localización de Marta Rovira por medio de una Comisión Rogatoria, cuando bastaba una petición policial que sería contestada en el acto, vía telemática ya que no estaba en desconocido paradero. Por otro lado, la OFJ considera que los hechos que relata el auto del juez García Castellón en todo caso tendrían la consideración de delitos políticos, y es una tradición del país  helvético de no conceder la extradición por delitos políticos. También le pregunta al juez por los posibles efectos que tendría la amnistía sobre la persona reclamada.  

Volviendo al tema del impacto de la amnistía en los resultados del PSOE en las recientes elecciones autonómicas de Galicia me atrevo a realizar algunas consideraciones. Tomando como referencia las anteriores elecciones, de 2020, el PSOE tenía 14 parlamentarios y nada indicaba que estuvieran en condiciones de superar esa cifra. Incluso era en cierto modo natural la pérdida de uno o dos escaños, pero no la estrepitosa caída de cinco. No comparto la tesis de los que sostienen que todo se debe a la falta de proyección pública del cabeza de lista, José Ramón Gómez Besteiro, político que fue objeto hace siete años de una investigación judicial que se podría calificar como una modalidad de lawfare.  Demostrada la inocencia, en principio debería suscitar un deseo de reivindicar su actual proyección pública.

Por tanto, creo que hay que buscar otros motivos para explicar la debacle. Sus propuestas de políticas de gobierno eran las mismas que presentaban otros partidos de izquierda salvo el componente profundamente galleguista que encarna el BNG. Los resultados, pendientes de los votos del CERA, arrojan una pérdida de unos 50.000 votos y cinco escaños. Tiempo habrá para detectar ese movimiento o trasvase de votos que no creo que se deba a cálculos sobre el voto útil. 

Es un hecho constatado que muchos sectores del PSOE, no solo los históricos, se han manifestado en contra de la concesión de la amnistía a los políticos catalanes sin tener en cuenta a muchas otras personas encausadas, principalmente directores y directoras de Colegios que cedieron las aulas y ciudadanos y ciudadanas que participaron en las mesas que se exponen a perder su carrera profesional de funcionarios públicos si se les impone alguna pena. En este bloque se pueden encontrar muchos de los socialistas que han decidido no votar por su rechazo a las opciones independentistas. 

No me parece lógico que traspasasen su voto al BNG, que tiene un componente nacionalista e independentista con matices. No descarto, dadas las peculiaridades de la cultura política galaica, en la que no imperan la confrontación y la crispación que se observan en otras latitudes azuzadas por medios de comunicación –especialmente en Madrid–, que muchos votasen al PP, sin descartar la abstención.

La oposición a la amnistía se ha convertido en la mayoría de los medios de comunicación y espacios culturales del ámbito jurídico, incluida la insólita posición de la mayoría de las Asociaciones judiciales, en una verdadera cruzada para salvar a España del riesgo de descomposición. Las manifestaciones y las pancartas me recuerdan, dado mis años, las Misiones que organizaba el nacional-catolicismo para salvar las almas de los habitantes de una población en la que se rezaba el Rosario de la aurora, se suspendía toda clase de espectáculos –sustituidos por sermones de oradores sagrados– y se cerraban las casas de prostitución, rebautizadas como de tolerancia. Recuerdo haber visto una pancarta con el lema “Melilla contra el pecado”.  Aquí y ahora se repite insistentemente que la amnistía es inmoral.

Mientras la Ley de Amnistía no esté en el BOE y se imponga su aplicación por el mandato constitucional que advierte a los jueces que su legitimidad democrática se fundamenta en el respeto al imperio de la ley, estará abierta la inevitable influencia de esta medida de clemencia como un factor importante para orientar el voto.  Tenemos en perspectiva las elecciones vascas, fijadas para el 21 de abril y las que se convoquen para el Parlamento Europeo el próximo mes de junio. Espero que, a pesar de la modificación de los tiempos del Senado, más propia de una jugada de tahúres que de representantes de la soberanía popular, antes de esa fecha ya se puedan detectar y valorar sus efectos beneficiosos sobre la convivencia o la “conllevancia”, como diría Ortega y Gasset.

Las noticias que me llegan sobre el acuerdo definitivo en el texto de la ley no son, de momento, demasiado alentadores. Espero que los vientos de Galicia hayan llegado hasta Waterloo y que el inquilino de la casa del número 34 de la Avenida de l'Avocat medite sobre las consecuencias de una definitiva ruptura del acuerdo. Lo ideal sería que los políticos que respetan las reglas del Estado de derecho convenciesen a los ciudadanos de que ni Puigdemont es Bin Laden ni la amnistía un arma de destrucción masiva.