Hace años tuve el honor de traducir y comentar el libro de Benjamin Barber Democracia Fuerte. La colisión entre la imperiosa necesidad de poner a disposición de la ciudadanía instrumentos de participación directa que hicieran realidad la tan aclamada -tan solo a nivel teórico- “voluntad popular” y la mecánica propia de la filosofía política liberal, encarnada en la representación institucional o “delegación hacia abajo”, viene siendo patente desde que el pensamiento democrático fue absorbido por el homónimo liberal. El pueblo, el verdadero príncipe, es temido y pasa a ser considerado una especie de fiera ingobernable, voluble en su ánimo y caprichosa en sus deseos. Dicha imagen es lo que Barber denominó zookeeping o enjaulamiento, mediante el cual los ciudadanos son protegidos paternalistamente de sus propias decisiones, precisando de una especie de Leviatán que evite a la anarquía y el desorden de las masas gobernadas por pasiones que se contagian histérica e irracionalmente. Así, la perspectiva de una democracia fuerte, en la que los individuos se involucren en el día a día de su comunidad deja paso a una visión débil, en la que los sujetos ceden sus funciones a terceros actores: políticos profesionales, economistas y planificadores sociales. El hombre político se desvanece y únicamente se ocupa de su ámbito privado. Las libertades y los derechos se entregan a enormes y complejas maquinarias para su óptima gestión. La participación política, en sentido lato, deja paso a la representación orgánica.

Bien, pero una democracia que desee avanzar en la dirección de la democratización como vía de mejora del sistema político tiene que desechar esa imagen, al menos como modelo único. En el caso español, es comprensible que se haya mantenido así por el diseño arbitrado para consolidar formaciones políticas e instituciones tras el franquismo. Sin embargo, la sociedad española ya es lo suficientemente madura como para empezar a recorrer un camino que revitalice –o “regenere”- nuestro sistema político. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los teóricos y filósofos de la democracia están de acuerdo en que es en el ámbito local donde se ha de experimentar la legitimidad y los grandes méritos del modelo de convivencia por la cercanía y el impacto sobre la vida de los ciudadanos. Ahora bien, aquí se acaba el consenso.

¿La elección directa de los regidores puede servir de acicate para dar un salto de calidad en el sistema democrático español? Eso depende desde dónde se mire y cuál sea el procedimiento propuesto. Si el objetivo es, en efecto, revitalizar el sistema a fin de aumentar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y cargos públicos, la representación debe consentir ante la legitimidad, y sobre este principio se deberían ahombrar las estrategias futuras. Lo cual, como consecuencia, implicaría inocular sabia democratizadora en una constitución liberal. En otras palabras, es tanto como afirmar que se ha quebrado la confianza depositada en el pacto social que diluye la voluntad popular en pactos y/o acuerdos de gobierno en sedes extrapopulares, primando la formación de mayorías frente a la determinación de la voluntad popular.

En nuestra Constitución, por respetar el principio de jerarquía normativa, es más que claro. Vayamos al Título VIII, De la organización territorial del Estado, Capítulo II, De la Administración Local, art. 140: “[…] Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los ciudadanos […]” Esto entraña que cualquier modificación del sistema electoral debe respetar el contenido material de dicho artículo. Si se propone una modificación de la LO 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General, es más que probable que se tenga que modificar el tenor anterior. ¿Por qué? Hay Alcaldes que sí son elegidos directamente (Alcaldes pedáneos –art 199.2 LOREG- y Concejo Abierto -art 179.2- LOREG), pero en la inmensa mayoría de las poblaciones españolas no. El Capítulo IV, Sistema electoral, Título III de la LOREG, Disposiciones especiales para las elecciones municipales, tal y como lo conocemos ahora, sería derogado.

No sé en qué línea irá la reforma que pretende nuestro Gobierno, aunque podemos imaginar que estará siendo estudiada la implantación de modelos como el francés o el italiano, o en aras de una mayor simplicidad la “prima electoral” o el bonus para garantizar la gobernabilidad del candidato más votado. Sin embargo, la importación tal cual nunca es aconsejable, ni el diseño rápido es recomendable, ya que a las primeras de cambio se habrá de llevar a cabo “innovaciones”.

En primer lugar, la remisión que se hace en el art. 180 al 163.1 pasaría a la historia, pues la fórmula D’Hont sería inaplicable, a no ser que se optara por deslindar la elección del Alcalde de la de los Concejales. Con un sistema de bonus, esto no sería preciso. Asimismo, la barrera legal del 5% fijada en ese mismo artículo también desaparecería a favor de un porcentaje de adjudicación. Es decir, no solo bastaría con ser el más votado sino qué tanto por ciento es preciso para lograr la Alcaldía, ¿la mitad más uno de los votos emitidos, el 40%,…? Los art. 196 y 197, respectivamente, carecerían de razón de ser, pues con mayoría absoluta ¿de qué sirve el instrumento de la moción de censura o la cuestión de confianza? Lo único que cabe es un referéndum revocatorio para la rendición de cuentas. ¿Qué capacidad de fiscalización real y control efectivo tendrá la oposición? Me temo que se judicializará penal y administrativamente aún más la vida política para bloquear la acción de gobierno y debilitar la imagen de los entonces Alcaldes, a no ser que se modifique sustantivamente la Ley de Bases de Régimen Local en lo tocante a competencias de los concejales y/o grupos políticos a través de la instauración de herramientas para dicho cometido. En cuanto a la estructura de voto para la conformación del resto del pleno municipal, me llevaría una gran sorpresa en caso de no ser listas cerradas y bloqueadas, porque para este supuesto sí serían muy instrumentales, con lo cual la vida interna de los partidos a nivel local no evolucionaría de acuerdo con el espíritu de revitalización.

Son muchas más las reflexiones que podría exponer, pero el espacio es limitado, si bien me gustaría aportar una consideración más, enlazando con las ideas de Benjamin Barber: en política impera el principio de oportunidad, por lo que cualquier actor se valdrá de todos los instrumentos a su alcance para alcanzar sus propósitos partidistas. Cómo lo caractericen y lo que proclamaran al mismo respecto en el pasado, eso ya no importa. La cuestión a sopesar por tales actores, mirando la llave de la jaula, es la de si introducirla en la cerradura y abrir la puerta o volverla a meter en el cajón. Su decisión dependerá de si nos escuchan rugir o no.

Grandes esperanzas habían sido depositadas en las elecciones al parlamento europeo celebradas el pasado domingo. Desde los mentideros más influyentes de este país a nivel mediático se venía profetizando un cambio de tendencia en el comportamiento electoral de los españoles. El mantra que se repetía una y otra vez, hasta la saciedad, es que aflorarían corrientes subterráneas, energías tácitas, que habían permanecidas ocultas a lo largo de nuestra geografía. Había llegado el momento de hacer visible el cambio de rumbo en el modelo político, atacando a la línea de flotación de nuestro actual sistema de partidos, erigido sobre dos grandes formaciones.

La cita para empezar a expresar el descontento con el bipartidismo reinante era el 25 de mayo de 2014. ¿Y qué ha ocurrido? En efecto, como se esperaba el descontento ha aflorado electoralmente, si bien acompañado de una inadvertida sorpresa para los vaticinios –no exentos de cierto sesgo- de los augures: la incidencia más relevante es localizable en el espectro de la tradicionalmente denominada “izquierda”, y con víctimas políticas ya visibles.

Ahora bien, no se trata de ninguna anomalía que el partido en el gobierno haya sufrido retirada de confianza –no sabemos si momentánea- de parte del electorado en un contexto de graves desafíos socio-económicos, bien a través de volatilidad o de abstención. Igualmente, se puede predicar del partido ahora en la oposición, cuyo otrora mandato de gobierno no sirvió para amortiguar los efectos virulentos de años fuertemente anticíclicos. El hecho de que para ambos no se hubiese observado pérdida de votos sí sería de lo más extraño, casi incomprensible. Ese comportamiento desde el electorado, sin duda, se habría dado en cualquier llamada a las urnas, siempre y cuando el contexto socio-económico permaneciese invariable.

No obstante esa circunstancia, hemos de tener en cuenta de que unas elecciones como las europeas poseen una serie de características y especificidades que las singularizan frente a otras de ámbito doméstico. La lejanía de Europa, de su construcción y de sus instituciones, el conocimiento muchas veces inexacto de su funcionamiento, la percepción de una utilidad difusa, o un convencimiento muy extendido de una Europa de varias velocidades,… son -entre otros- factores determinantes a la hora de concitar una participación no muy amplia. Al no votar al Presidente de la Comisión, simplemente elegimos a un número de parlamentarios (en nuestro caso 54 ). No es que Europa no despierte interés, sino más bien que no despierta el interés que debiera. Si Europa nos parece distante, entonces el referente válido que nos puede impulsar tanto a ejercer el derecho al voto como la inclinación del mismo ha de ser necesariamente otro: a nivel psico-social, la población vota en clave nacional.

Los clivajes que han sido estimulados para ganar la convocatoria europea son exactamente los mismos que los que operan en otras, utilizando como armas arrojadizas para incitar o desincentivar el voto dificultades estrictamente internas, junto a desafortunadas anécdotas que han vaciado la campaña de todo contenido europeísta. Son las zozobras experimentadas en nuestro umbral de bienestar, o las advertidas en el de otros, las que van a determinar la elección de preferencias. Aunque aquí cabe una pregunta: ¿únicamente la mayoría del electorado se atreve a votar según su primera elección de acuerdo con una jerarquía de preferencias en unas elecciones como las europeas? Responder afirmativamente nos conduciría -estimo- a un insufrible sinsentido y a un vaciado de valor a todo lo que significa el proyecto de construcción europea. .

Los resultados del 25 de Mayo, a tenor de las tesis anteriores, por un lado deberían ser interpretados cualitativamente bajo particularidades propias del escenario español, esto es, marcada e intensificada tendencia a la dualidad social y pugna por el “derecho a decidir”; y, por otro, la presencia de un elemento cuantitativo concluyente: el sistema electoral vigente para estas elecciones (circunscripción única, ausencia de barrera electoral y fórmula D’Hont –la estructura de voto no es relevante-). La complementariedad de dichos enfoques nos hará ver el bosque.

La irrupción fulgurante de una fuerza política como PODEMOS (7,97%), junto a una pérdida significativa de sufragios por parte del PP (26,06%) y del PSOE (23%), al paraguas de un porcentaje de participación casi idéntico al de 2009 (45,84%), es lo más destacable de los resultados. ¡Imagino que casi todas las formaciones que han obtenido representación estarán satisfechas por el hecho de que se encuentran sobrerrepresentadas! Pero, visto así, sería posible realizar lecturas de lo más variopintas. Sé sobradamente que la extrapolación a unas elecciones generales puede llevar a la confusión, que las distintas elecciones son inconmensurables entre sí. Ahora bien, no estaría de más reflexionar sobre si el sistema electoral previsto en la LOREG para la configuración del Congreso de los Diputados permitiría una realineación del sistema de partidos como ahora muchos están pregonando, erigiéndola como una verdad indubitable. Pero diseñemos un experimento de laboratorio con las variables reales –pero falibles para unas elecciones generales- del pasado 25 de Mayo, por lo que introduciré algunas correcciones. Veamos la tabla número 1.

Una cierta modificación en el sistema de partidos solamente es posible en aquellas circunscripciones cuya densidad sea alta, lo que provocará un efecto mecánico de la fórmula D’Hont muy proporcional. En concreto, siete son las arenas (color amarillo ocre) en las que eso sería posible, pero sobre todo Madrid y Barcelona, y a mayor distancia Valencia. Una hipotética representación de PODEMOS en el hemiciclo, con 19 diputados, sería posible gracias a esas siete circunscripciones, en las que obtendría 11 diputados. Los ocho restantes se reparten entre circunscripciones con una densidad de siete o más diputados (color gris). En total, estamos refiriéndonos a 15 circunscripciones, mientras que el sistema electoral prevé un total de 52. Es en ese vasto resto donde se observa un “bipartidismo circunscripcional”. Es más, si tomamos como referencia el promedio de la barrera efectiva en cada una de las circunscripciones a lo largo del archivo histórico de las elecciones generales desde 1977, así como el incremento de la participación, el destino de formaciones como PODEMOS es el reservado a IU y UPyD, ya que no poseen la “utilidad territorial del voto” como es el caso de CIU, ERC, PNV y BILDU.

En otras palabras, el sistema electoral para las elecciones generales, diseñado en pro de la estabilidad, sigue protegiendo un sistema de partidos no excesivamente representativo en sede parlamentaria. No es de extrañar, por tanto, que debería darse no un vuelco sino un terremoto electoral de consecuencias verdaderamente sorprendentes para romper con el bipartidismo reinante (dado el grado de concentración de voto). Incluso para asegurar la gobernabilidad del país, en caso de un sistema tri o tetrapartidista, no sería descartable que tuvieran eco las voces que ya proponen polarizar al electorado mediante un sistema de bloques a fin de evitar la dispersión y la proliferación de voto perdido, al estilo de la II República. Sería tanto como sustituir la cuota de representación por la cuota de poder. Quizá el pragmatismo y la utilidad empujen hacia ese puerto. Sin embargo, no se dan de momento las condiciones objetivas, aun cuando el objetivo sea la formación de nuevas mayorías. ¿El fin justificará los medios? El tiempo lo dirá.

La medición de los rendimientos de cualquier sistema democrático nunca es una tarea fácil, aunque se disponga de un amplio arsenal de instrumentos para ello. El primer gran obstáculo que se ha de sortear radica en el ámbito terminológico. Tenemos que saber de qué estamos hablando con precisión y rigor para no perdernos en demagogias inútiles y en discursos retóricos, artificiosos y huecos.

La construcción de definiciones para calificar democracias siempre estará impregnada de un fuerte contenido ideológico, y en ese sentido las palabras que se seleccionen no serán neutrales sino que serán representativas de un paradigma teórico que pretende una implantación práctica mediante una remodelación progresiva de la realidad del régimen estudiado. El caso de la democracia española no es una excepción.

Casi todo el mundo está convencido de que se trata de una de las democracias más consolidadas y avanzadas del planeta, si bien las concentraciones populares y la eclosión de movimientos sociales desde un tiempo a esta parte podrían servir de argumento en contrario (o si se quiere, de la plasmación de una narrativa diferente). La imagen que se busca expandir como país y marca es la pertenencia a un club selecto. Cualquier duda que se esparza sobre esa apreciación sería como una especie de apostasía antisistema. La contrariedad se localiza en los referentes con los que contrastamos. Es decir, ¿miramos hacia arriba o hacia abajo? Lo único que estamos en condiciones de demostrar es que nuestro régimen democrático alcanza unos estándares mínimos, y en ese sentido es homologable como democracia. Pero nada más.

Por ello, cabría plantearse algunas interrogantes fundamentales sobre la semántica de los términos a la hora de abrir un debate certero, pues será el significado concedido a las palabras el que determine los objetivos a conseguir. ¿Qué implica afirmar que una democracia es homologable? Tan solo se expresa que ese sistema parece albergar una serie de requisitos exigidos, aunque la homologación también puede ser clasificada en grados ascendentes. Esto es, mientras más requisitos cumpla un régimen, más homologable es como democracia. A su vez, esto apunta a que todas las democracias no son igualmente homologables, salvando las apariencias. ¿Cuál es el nivel de homologación de la democracia española? Si miramos “hacia abajo”, estamos cerca del suelo; en cambio, “hacia arriba” nos hace ser conscientes del camino que todavía nos queda por andar. Así pues, mencionar en exclusiva y aisladamente el adjetivo “homologable” no nos aporta nada de información, ya que se tiene que mostrar cuál es el marco de relaciones en el que nos situamos. Y, por supuesto, no es de recibo aludir en conjunto a los diversos barómetros internacionales, ya que cada uno es diferente en su diseño y propósitos. Ambos sofismas abundan para construir discursos manipuladores. Aun así y en el mejor de los casos, la homologación no sirve para mucho excepto para propaganda. Hay que dar el salto hacia la verificación positiva y creciente: no debemos contentarnos con que la democracia española cumpla requisitos sino que tales exigencias operen adecuadamente. Llegados a este punto, el dolor de cuello, de tanto “mirar hacia arriba”, se nos hace insoportable e insufrible.

Igualmente, que una democracia sea homologable no es sinónimo de “consolidada”. La perdurabilidad de un régimen democrático depende de la ponderación de muchos factores. Lo que sí parece incuestionable es que a medida que se afianza la democracia como ideal, resulta menos posible la caída del régimen. Esto nos lleva a una conclusión básica: una democracia que no se experimente como tal corre peligro. La consolidación se encuentra en razón directamente proporcional con la legitimidad percibida. Todo proceso de consolidación es una cuestión de tiempo. Cada régimen lleva su ritmo, pero no se puede eternizar porque el curso de la desligitimación es mucho más acelerado. La legitimidad involucra un equilibrio inestable entre los diversos mecanismos de control: la preponderancia o la excesiva influencia de algunos de ellos sobre el resto sembrará incertidumbre y disfuncionalidad. Se tomará la parte por el todo y serán esgrimidos como instrumentos de poder efectivo. Toda percepción en la sociedad de masas es inducida con el propósito de generar unos efectos a gran escala. ¿Qué ideal de democracia se nos está proponiendo? ¿Reforma del régimen democrático o ruptura con el sistema político imperante? ¿Quiénes saldrían beneficiados en una circunstancia u otra? ¿La reforma podría desembocar en ruptura o la ruptura sembraría las semillas de un continuismo disfrazado? ¿Qué tipo de proceso es el más conveniente para la democracia española: medidas paliativas o terapia de choque? ¿Fomentar la indefensión aprendida o formar ciudadanos? Todo estará en dependencia del régimen que se desee “consolidar”. Confiemos en que la máxima de Il Gattopardo no nos atropelle de nuevo.

Sin embargo, el factor que hace cobrar un plus de calidad a las democracias se localiza en los puentes que cada régimen sea capaz de erigir entre la consolidación y la calidad del sistema. No es descartable que una democracia sea longeva con un nivel bajo de legitimidad. Cualquier régimen democrático sobre el que, desde su diseño inicial por el poder constituyente, se blanda sobre su cabeza la espada de Damocles de la decadencia está condenado a transitar por zozobras de diversa índole, sin excluir su extinción. Incluso no estaría de más establecer una serie de cruces entre consolidación y calidad, con diversos escenarios posibles. Un esquema que llevaría a contemplar transformaciones –sustanciales o no- en el régimen, o bien simplemente cambio de régimen. Si desde el principio se ha permitido cierto tipo de conductas, el nivel de confianza en los poderes del Estado y en sus distintas instituciones político-administrativas tiende a disminuir. El pacto social quiebra y, con gran complejidad, se aceptarán medidas reconciliatorias. La democracia española está repleta de ejemplos que se reproducen una y otra vez. Digamos que estamos ante elementos que se retroalimentan y coimplican: el diseño del régimen político y la baja calidad del mismo.

La actual democracia española resiste con ventilación asistida. Pero así, ¿hasta cuándo?